La Fiscalía quiere poner fin a los vientres de alquiler, cargando contra uno de sus principales sustentos: las agencias que difunden, promocionan y blindan esta práctica. Y lo hace enarbolando como principal bandera la estrategia de la publicidad ilícita. Este miércoles, la Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió al Ministerio de Igualdad el bloqueo del acceso desde el territorio español a las páginas web de hasta trece agencias dedicadas expresamente a publicitar vientres de alquiler, al considerar que ofrecen y realizan "prácticas comerciales de gestación subrogada" declaradas ilegales en nuestras fronteras. 

Fuentes del departamento de Ana Redondo reiteran su "alto compromiso con la persecución de la explotación sexual reproductiva" y confirman que el Instituto de las Mujeres tiene "el mandato de velar por la igualdad y la dignidad de las mujeres, lo que incluye actuar frente a la publicidad ilícita de la gestación por sustitución cuando vulnera el ordenamiento jurídico español". 

Las mismas fuentes subrayan, no obstante, que el ministerio no tiene "capacidad administrativa de bloquear webs", así que la mañana del jueves ha dado traslado a la Abogacía del Estado de la petición realizada por la Fiscalía. Aunque es pronto para concretar acciones, una posibilidad que no descartan las fuentes consultadas por infoLibre pasa por demandar a las compañías señaladas, pero todavía no hay ninguna decisión tomada al respecto. El Instituto de las Mujeres ha pedido a la Abogacía del Estado "asesoría y una reunión, si fuera preciso", puntualizan las mismas voces. 

Lo cierto es que en noviembre del año pasado la Fiscalía sí cerró por primera vez distintos sitios online de idéntica naturaleza, pero con sede en España. Como esa clausura no puede replicarla respecto a las webs extranjeras, lo que busca ahora es limitar su acceso desde aquí, haciendo un llamamiento a las instituciones. La Fiscalía ya había anunciado entonces que ese sería su próximo paso: la fiscala de consumo de Barcelona, Paloma Pelegrín, reconoció en rueda de prensa que existen "multitud" de páginas web internacionales que promocionan esta práctica ilegal a través de delegaciones nacionales. En aquel momento, la propia fiscala deslizó que tendrían que ser las administraciones quienes tomaran cartas en el asunto.

Pero no parece tan sencillo. "El Instituto de las Mujeres ya ha ido por la vía legal hasta donde se le ha permitido con las empresas que ellos señalaron" y sus acciones ni siquiera han derivado necesariamente en el cierre de las webs, señalan las fuentes pulsadas, quienes reiteran las dificultades de poder clausurar sitios online, especialmente con dominio en el extranjero. 

Las trece empresas que están ahora en el punto de mira son Success-Maternidad Subrogada, Go4Baby, Tammuz Family, Circle Surrogacy, Growing Generations, New Life Global Network, Surrogacy Beyond Borders, Surrogacy4All, Family Source Consultatns, Surrogacy Network, Betaplus Fertility,Miracle Surrogacy y Invest Medical LLC. Algunas tienen su sede en Estados Unidos, y otras en México e incluso en Israel.

Núria González, abogada y autora del libro Vientres de alquiler. La mala gente (2021, Luz y taquígrafos), celebra los pasos adelante en la batalla contra la gestación subrogada, pero expresa dudas respecto al impacto real del cierre de las páginas web. "Todo suma, pero hay herramientas suficientes para que no se produzca esa publicidad. Muchos de los contratos se firman aquí, lo que sería interesante es seguir el rastro de esos pagos", argumenta la letrada. 

Lo dice con conocimiento de causa. A través de su asociación feminista L'Escola, la abogada solicitó en octubre del año pasado a la Fiscalía que investigara la denuncia de catorce parejas españolas contra una empresa mexicana que promocionaba vientres de alquiler, por un supuesto delito de estafa. La agencia tenía sede en Madrid y se presentaba como "líder del sector", ofreciendo servicios de consultoría y acompañamiento. González pidió que se tirara del hilo, pero su denuncia fue archivada. 

La experta sí cree que el anuncio tiene un impacto simbólico, pero expresa dudas respecto a que suponga un cambio de paradigma. En esa línea, la abogada traza un símil con las medidas en torno a la prostitución. "Se prohibieron los anuncios de prostitución en los periódicos, pero ¿qué impacto ha tenido eso en la industria?", se pregunta.

"El mensaje es correcto, pero necesitamos una acción contundente", exclama. "La Fiscalía tiene que investigar las denuncias que ya se han presentado y prohibir esta práctica. Tiene herramientas y tiene los argumentos". 

Cuando Núria González señala que las instituciones tienen las herramientas y los argumentos para tomar medidas efectivas y garantistas contra los vientres de alquiler, se refiere a dos cuestiones concretas: la legislación como herramienta; la jurisprudencia como argumento.

El décimo artículo de la ley sobre técnicas de reproducción humana asistida, vigente desde el año 2006, califica como "nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero". 

El artículo 221 del Código Penal castiga a quien "mediando compensación económica, entregue a otra persona un hijo, descendiente o cualquier menor aunque no concurra relación de filiación o parentesco" y también persigue a "la persona que lo reciba y el intermediario, aunque la entrega del menor se hubiese efectuado en país extranjero".

Y en la reforma de la ley del aborto, se incluyó la gestación por sustitución como una forma de violencia reproductiva contra las mujeres y entre las medidas de prevención se introdujo expresamente la prohibición de la publicidad. 

En abril de 2025, además, el Gobierno aprobó una instrucción para prohibir la inscripción consular de los bebés nacidos a partir de esta práctica.

En cuanto a los argumentos, la letrada mira directamente hacia una institución muy concreta: el Tribunal Supremo. Hace más de una década, el tribunal se pronunció por primera vez de forma crítica contra los vientres de alquiler, reconociéndolo como una práctica que vulnera "la dignidad de la mujer gestante y del niño, mercantilizando la gestación y la filiación" y permitiendo a "determinados intermediarios realizar negocio con ellos, posibilitando la explotación del estado de necesidad en que se encuentran mujeres jóvenes en situación de pobreza".

Es, en términos generales, la estela que han ido siguiendo los magistrados a lo largo del tiempo. En diversas sentencias dictadas en los últimos años, el Supremo ratifica su postura y reitera que los vientres de alquiler atentan contra "los más elementales derechos fundamentales de la madre gestante y del niño". Pero además, los jueces han puesto la lupa también sobre el hecho de que las agencias de intermediación puedan actuar y publicitarse "libremente". Lo hacen, añadían en una de sus sentencias más recientes, "sin ninguna traba", promocionando su actividad a pesar de que la ley considera ilícito el contenido que "atente contra la dignidad de la persona o vulnere los valores y derechos reconocidos en la Constitución".

Pero los argumentos no sólo vienen de los tribunales españoles, sino que cada vez son más habituales en el plano internacional. Naciones Unidas también lo cataloga como una forma de "explotación de las mujeres" y asegura que "refuerza las normas patriarcales al mercantilizar y cosificar el cuerpo de las mujeres y exponer a las madres sustitutas y a los niños a graves violaciones de los derechos humanos", según un informe publicado en agosto del año pasado por la relatora especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas.

Un estudio ha comprobado que la contaminación atmosférica durante el embarazo se asocia con una maduración cerebral más lenta en los bebés, según recoge EFE.

La investigación, publicada en la revista Environment International, es una colaboración entre investigadores del Hospital del Mar, del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) (centro impulsado por la Fundación ”la Caixa”) y del área de Epidemiología y Salud Pública del CIBER (CIBERESP).

Según ha informado el Hospital del Mar, es el primer trabajo que ha analizado el desarrollo cerebral en el primer mes de vida, teniendo en cuenta la mielinización. Este es un proceso clave en la maduración del cerebro, en el que la mielina recubre las conexiones neuronales y las hace eficientes para la transmisión de información. 

Los bebés de madres expuestas a niveles más altos de partículas finas en suspensión durante el embarazo muestran una mielinización más lenta en esta etapa tan temprana de la vida, lo que puede ser perjudicial para el niño. 

Ahora bien, aún queda por determinar si el efecto observado en este estudio tendrá consecuencias negativas en las capacidades de los niños.

Para llevar a cabo el estudio se reclutaron mujeres embarazadas en seguimiento en el Hospital Clínic de Barcelona, el Hospital de Sant Pau y el Hospital Sant Joan de Déu. 

Los investigadores monitorizaron los niveles de contaminantes atmosféricos a los que estaban expuestas durante la gestación y, después del parto, se seleccionaron 132 bebés. 

A estos neonatos se les realizó una resonancia magnética antes de cumplir el primer mes de vida para observar el grado de maduración cerebral según sus niveles de mielinización.

Los resultados muestran una correlación clara entre una mayor exposición materna a PM2.5 (partículas diminutas de 2,5 micras de diámetro en aire contaminado) durante el embarazo y una menor mielinización en el cerebro de los bebés.

La contaminación analizada incluye esas partículas diminutas, unas treinta veces más finas que un cabello humano, y que están formadas por elementos nocivos derivados del proceso de combustión y compuestos orgánicos tóxicos, pero también por elementos esenciales para el desarrollo cerebral, como el hierro, el cobre o el zinc. 

Por ello, todavía es necesario investigar cómo afecta cada uno de estos componentes al desarrollo del cerebro de los bebés. 

Los investigadores han resaltado que el estudio se hizo en Barcelona con la zona de bajas emisiones ya en vigor, así que reclaman seguir avanzando en los planes para descontaminar las ciudades.

Entre un 20 y un 50% de las personas que menstrúan sufren síndrome premenstrual. Esto es que, antes de la regla, experimentan irritabilidad, fatiga, dolores musculares, entre otros muchos síntomas. Pero algunas de ellas, tienen signos mucho más graves, llegando a aparecer depresión y ansiedad. Es el llamado trastorno disfórico premenstrual.

Es una dolencia muy poco estudiada, cuenta a SINC Miriam Al Adib, ginecóloga y divulgadora. De hecho, hasta 2019 no fue reconocido por la Organización Mundial de la Salud. Y tampoco se tienen datos definitivos de su prevalencia, aunque se estima que afecta entre el 3 y el 8% de las mujeres en edad fértil, según la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia.

Pero Al Adib destaca que es un trastorno “muy grave”. “Las pacientes tienen síntomas de ansiedad, depresión mayor, crisis de pánico, crisis de ira e incluso ideas suicidas”, dice la ginecóloga. Por ejemplo, un estudio reciente realizado en Suecia indicó que las mujeres que padecen trastornos premenstruales diagnosticados antes de los 25 años presentan un riesgo más alto de mortalidad por todas las causas y de muerte por suicidio.

Lo que diferencia a este trastorno de otras dolencias es que los síntomas desaparecen en el momento de la menstruación. “Empecé a notar que a partir de los días 15 y 16 del ciclo tenía una bajada emocional muy fuerte”, cuenta una de las pacientes de Al Adib en una entrevista en su cuenta de Instagram. Según relata, durante este tiempo sufría insomnio y síntomas de depresión. “Luego me bajaba la regla y se acababa todo. Pero al mes siguiente volvía a pasar”, añade.

Este carácter cíclico, combinando episodios de bienestar en la ovulación y depresión antes de la menstruación, hace que muchas veces se desprecie su gravedad.

Diana Sánchez, psicóloga y sexóloga del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, ha trabajado con personas que sufren este trastorno y subraya la frustración de las pacientes para tener un diagnóstico.

“Se sienten muy poco escuchadas. Cuando iban a atención primaria, les decían que no pasaba nada, que era cíclico y que tenía poca solución”, cuenta la psicóloga a SINC. “Ellas me transmiten que sienten mucha impotencia y frustración ante algo que a ellas le imposibilita tener una vida normal y casi nadie se toma en serio”, dice. Y añade: “como muchas cosas que nos ocurren a las mujeres, se ha normalizado algo que no es tal”. 

Pero precisamente este carácter recurrente es también la clave para diagnosticarlo. “Hasta hace poco, yo no estaba familiarizada con este trastorno. Por eso al principio me costaba tanto diagnosticarlo, porque no encontraba un detonante para el comportamiento que sufrían las pacientes”, señala. Hasta que empezó a fijarse en que, en ciertos casos, estos episodios ocurrían todos los meses unos diez días antes de la menstruación.

Tampoco se saben bien sus causas, lo que hace que los especialistas solo puedan basarse en la sintomatología clínica para diagnosticar. Así, una revisión de estudios publicada en 2023 en Neuroscience & Biobehavioral Reviews subraya que existen muchos factores que rodean a este trastorno, entre ellos una carga genética, pero no están todos caracterizados. Los autores sugieren que un factor clave es una respuesta anómala del cerebro a las fluctuaciones de las hormonas sexuales.

La ginecóloga Miriam Al Adib señala que “lo que sí se sabe es que detrás de esto hay un déficit en la acción de la progesterona”, explica Al Adib.

En el ciclo menstrual existen dos fases principales, donde suben y bajan hormonas y tienen efectos por todo el cuerpo. En la primera fase, de la regla a la ovulación, hay un predominio de estrógenos, que activan la actividad neural y el sistema inmunológico, entre otras cosas. En la segunda, predomina la progesterona.

“Este baile hormonal tiene como objetivo preparar el cuerpo para el embarazo. La progesterona, la hormona progestación, baja la vigilancia inmunológica y activa el sistema GABA del cerebro, que es el que nos da calma y tranquilidad”, señala la ginecóloga. 

Pero si hay algún desajuste en el eje de acción de estas hormonas, la progesterona será la que primero se quede atrás. “Si el cuerpo no está preparado para el embarazo, ya sea por estrés u otra razón, la primera hormona que se va a recortar es la progesterona. Y, en lugar de activar el sistema GABA y estar más tranquilas, se está más irritable”, explica Al Adib.

La ginecóloga puntualiza que otra de las hipótesis es que la culpa no sea de un déficit de progesterona, sino de un mal funcionamiento de los receptores de estas hormonas en el organismo. Pero, de nuevo, las causas están por resolver.

Tampoco hay una terapia clara, por una falta de estudios, y cada paciente responde de forma distinta. Al tratarse de un problema con base hormonal, uno de los primeros tratamientos que se recomiendan son los contraceptivos, que han demostrado efectividad en algunas pacientes, como muestra un ensayo de 2011 publicado en la revista Contraception y otro en 2008 en The Journal of Reproductive Medicine.

Otra de las terapias principales son los antidepresivos, bloqueadores de la recaptación de la serotonina, administrándolos dos semanas antes de la menstruación. Una revisión de estudios publicada en 2024 en la biblioteca Cochrane llegó a la conclusión de que “probablemente” reducen los síntomas en personas con síndrome premenstrual y trastorno disfórico premenstrual. Aunque los autores subrayan un aumento del riesgo de efectos adversos, entre los que se incluye la ansiedad y la ideación suicida, especialmente si se interrumpe el tratamiento de forma brusca.

“En realidad es como un parche. Este tratamiento te condiciona a tomártelos durante toda tu vida reproductiva”, señala la psicóloga Diana Sánchez. Otro tratamiento que se está investigando en algunos centros, entre ellos el de Al Adib, es la administración de progesterona natural intravaginal, que ya se receta para el síndrome premenstrual. 

Sánchez apunta que también se recomienda “un poco lo de siempre, llevar un estilo de vida saludable: buena alimentación, hacer ejercicio, suprimir el consumo de alcohol y cafeína”, porque también mejoran la ansiedad y la depresión. Esto mejora la calidad de algunas pacientes, pero en otras no es suficiente.

También señala la terapia psicológica como “otra de las patas del tratamiento”. “Sin una vida saludable y terapia, la medicación sola no va a funcionar”, apunta.

Tanto Sánchez como Al Adib coinciden en que no existe una fórmula perfecta de tratamiento. Y advierten que, si no se amplía el conocimiento sobre esta dolencia, seguirá así. Lo que está en juego es la calidad de vida de, al menos, un 3% de las mujeres.

Este artículo fue publicado originalmente en la Agencia SINC, la agencia de noticias científicas de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.

La reforma laboral de 2022 ha supuesto un cambio notable en el paisaje con que acostumbraba a dibujarse el mercado de trabajo español, abonado al abuso del contrato temporal. Las estadísticas así lo revelan, con un crecimiento del empleo indefinido de 3,4 millones de afiliados en los últimos años y una caída de 10 puntos porcentuales en la tasa de temporalidad. De forma que también se han alterado las pautas del despido: ha aumentado el número de los indefinidos a los que se rescinde el contrato y disminuido los ceses de temporales. Al tiempo, se han reducido las cuantías medias de las indemnizaciones que reciben los fijos y crecido las compensaciones que reciben los temporales. El motivo principal es que cada vez se despide a trabajadores indefinidos con menos antigüedad. En cambio, los temporales tienen 12 días por año trabajado como compensación, pero si la empresa prescinde de ellos por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas, la indemnización sube a 20 días.

También se ha producido un cambio más sorprendente. Desde 2022, cuando entró en vigor la última reforma laboral, las indemnizaciones que las empresas pagan a las mujeres con contratos indefinidos y desde 2021 también a las fijas discontinuas. Nunca había ocurrido antes. Al menos en su cuantía media, según constata la última Estadística de despidos y su coste, que publicó el Ministerio de Trabajo hace apenas dos semanas.

El dato es llamativo porque los salarios de las mujeres son inferiores a los de los hombres y son precisamente las retribuciones el parámetro básico sobre el que se calcula la indemnización: 20 días de sueldo por año trabajado para los despidos por causas objetivas, 33 días para los improcedentes. De hecho, en 2022, el último año del que ha publicado datos la Encuesta de estructura salarial del INE, la brecha salarial, entendida como la diferencia entre el salario bruto por hora de hombres y mujeres, se situó en el 9%.

Es más, la encuesta se encarga de destacar que, en todas las actividades económicas en las que la representación femenina es “significativa”, las mujeres tienen siempre un salario inferior al de los hombres. Otra muestra adicional de la desigualdad salarial por sexos es que el 30% de las mujeres percibió en 2022 menos de 15.000 euros anuales, mientras que en el caso de los hombres no llegaron al 14%. Por el contrario, en la parte superior de los salarios, el 35% de los hombres cobró más de 30.000 euros anuales, pero sólo superó ese límite el 27% de mujeres.

Y esa diferencia se reproduce independientemente del tipo de contrato. Los sueldos de las mujeres con contrato indefinido son un 10,2% inferiores a los de los hombres y un 5,5% menores si tienen contratos temporales.

No obstante, los salarios femeninos no han dejado de subir, e incluso mejoran más que los de los hombres. En 2022, el sueldo medio de las mujeres creció un 5,1%, mientras que el de los hombres lo hizo un 3,5%. Aun así, ese año el salario medio de las trabajadoras españolas ascendía a 24.359,82 euros; el de los trabajadores se elevaba a 29.381,84 euros, un 20,6% más.

El segundo parámetro para calcular la indemnización es la antigüedad del trabajador o trabajadora. ¿Están despidiendo las empresas a trabajadoras más veteranas?

La estadística de Trabajo no ayuda a contestar a esa pregunta. Porque, al desglosar las cuantías medias de los despidos por la antigüedad del trabajador y su sexo, resulta que las mujeres cobran indemnizaciones más elevadas sólo cuando llevan menos de tres meses en la empresa. Las cantidades recibidas por los hombres empiezan a ser superiores que las recibidas por las mujeres cuando acumulan más de tres meses de antigüedad. Y la brecha se agranda según crece el tiempo de permanencia en la empresa: mientras que entre tres y seis meses de antigüedad la diferencia entre la indemnización masculina y la femenina es sólo de 80,6 euros a favor de los hombres, entre uno y dos años ya es de 814,3 euros, y nada menos que de 4.872,4 euros si llevan más de dos años trabajando en la misma compañía.

infoLibre ha preguntado tanto al Ministerio de Trabajo como a CCOO y UGT por las causas de este cambio. El departamento que encabeza Yolanda Díaz atribuye el alza de las indemnizaciones de las mujeres al aumento del número de mujeres que han pasado de tener contratos temporales a indefinidos desde la reforma laboral. Según la estadística de contratos del SEPE, las conversiones de contratos temporales a indefinidos de mujeres ascienden a 1,01 millones desde enero de 2022 hasta noviembre de 2024. En el caso de los hombres, fueron 1,2 millones. En 2022, el primer año de aplicación de la reforma, las conversiones de temporales a indefinidos se dispararon hasta 1,32 millones, un 51,8% más que en 2021. Pero crecieron mucho más las de mujeres: las 228.232 nuevas indefinidas equivalen a un alza del 62,2%, mientras que los 226.817 nuevos indefinidos dejan su mejora en un 44,4%. Las que fueron despedidas de entre esas nuevas indefinidas consiguieron así mayores indemnizaciones debido a su mayor antigüedad, explica el Ministerio de Trabajo.

Por su parte, UGT apunta hacia “la maternidad y la conciliación” como posibles factores. “Las empresas pagan más dinero en estos casos cuando despiden”, explica el sindicato, a falta de un análisis más detallado. CCOO cree que puede deberse a que se despiden más hombres que mujeres, lo que puede haber “tirado hacia abajo” la media de las indemnizaciones masculinas. Ciertamente, en 2023 se rescindió el contrato a 345.165 hombres, 97.754 más que a mujeres. No sólo ha crecido más el número de hombres despedidos desde 2021 –han aumentado un 35,4% en esos tres años, cuatro puntos porcentuales más que los de mujeres–, sino que también lo ha hecho la brecha con el número de mujeres. Si en 2021 se despedía a un 35% más de hombres que de mujeres, en 2023 la diferencia alcanzaba el 39,5%.

Así, la cuantía media de una indemnización por despido para una mujer con contrato indefinido a tiempo completo alcanzó en 2023 los 10.201,5 euros, 656,6 euros más que la pagada a un hombre, casi un 7% más. Las indefinidas a tiempo parcial también cobraron –2.281,3 euros– más el año pasado al ser despedidas que los hombres con esos mismos contratos, 701,8 euros más de media. Pero eso no es una novedad, puesto que siempre ha sido así: los contratos a tiempo parcial son en su mayoría firmados por mujeres. Las fijas discontinuas percibieron indemnizaciones de 1.728,5 euros, 296,6 euros más –un 21% más– que sus compañeros masculinos, pero también se trata de un tipo de contrato muy feminizado. Eso sí, el cambio de tendencia se adelantó un año a la reforma laboral, porque comenzó en 2021.

Por el contrario, los hombres siguen recibiendo compensaciones más altas cuando tienen contratos temporales, tanto con jornada completa como parcial: 483 más en el primer caso y apenas 29 euros más en el segundo.

La estadística de Trabajo permite además echar la vista más atrás y comparar el número de despidos y la cuantía de las indemnizaciones desde 2015. Los trabajadores a los que se extinguió el contrato han crecido un 32% en ese plazo de tiempo, desde la gran crisis financiera, cuando la tasa de paro era del 23,8% –en el primer trimestre de 2015–, hasta la posreforma laboral, con un 11,7% al cierre de 2023, casi 12 puntos menos. Han aumentado tanto los despidos disciplinarios –un 28%– como los objetivos –un 42,5%–, pero han caído los colectivos, los ERE, un 48,8% desde el máximo que alcanzaron en 2021. Aun así, siguen un 18,3% por encima de los registrados en 2015.

Lo mismo ocurre si el recuento se hace según el tipo de contrato. Los de indefinidos a tiempo completo se han disparado un 78% y aún más los de indefinidos a tiempo parcial, un 116%. Como también se hacen muchísimos más contratos fijos discontinuos, sus despidos casi se han sextuplicado desde 2015, cuando era una figura poco usada por las empresas. En sintonía con la caída del empleo temporal abusivo, se han recortado igualmente los ceses de estos trabajadores, un 68,3% los empleados a jornada completa y un 72,6% los de jornada parcial.

Pero sin duda lo más significativo es la caída de las indemnizaciones: casi un 26% desde 2015, desde los 10.045 euros de 2015 hasta los 7.446,3 euros de 2023. En el caso de quienes tenían un contrato indefinido a tiempo completo, la reducción de la cuantía media casi es del 50% –de 19.380 euros a 9.768– , y casi de un 40% la de quienes tenían uno a tiempo parcial. Para los fijos discontinuos el recorte ha sido mayor, de un 70,4%, de 5.275,4 a 1.559 euros. Por el contrario, las compensaciones de los temporales han mejorado en ocho años un 19% –hasta 1.466 euros–  y un 34% –hasta 660,7 euros–, dependiendo de si la jornada era completa o parcial.

El pasado mes de julio, el Comité Europeo de Derechos Sociales dictaminó, a resultas de una reclamación presentada por UGT, que las indemnizaciones establecidas por la ley española para los despidos improcedentes no son lo bastante elevadas “para reparar el daño real sufrido” por el trabajador y “para ser disuasorios para el empleador”. A su juicio, el sistema de indemnización “tasado y topado” español no respeta la Carta Social Europea, que España ha firmado. La intención manifestada por el Ministerio de Trabajo es cumplir esa resolución modificando el actual sistema de cálculo de las compensaciones por despido improcedente, de forma que éstas sean realmente “reparativas” del daño causado al trabajador.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes en Oviedo la ampliación de la cartera básica común del Sistema Nacional de Salud en el cribado neonatal —la conocida como prueba del talón— aumentando de siete a once las enfermedades detectables con dicha prueba. Además ha indicado que el consejo de Ministros de este martes va a "examinar los pasos necesarios para duplicar ese número de aquí al primer trimestre del año 2025".

"El objetivo es mejorar el bienestar de nuestra población, hacer más sostenible el sistema, homogeneizar esta prestación en el conjunto del país para que la salud de los españoles y españolas no dependa ni de su código postal ni, lógicamente, de sus ingresos", ha dicho Sánchez tras realizar una visita al Laboratorio de cribado neonatal del Hospital Central Universitario de Asturias, HUCA.

Ha explicado el presidente del Gobierno que el cribado neonatal es "una práctica segura que permite diagnosticar y tratar precozmente congénitas en recién nacidos". Actualmente la prueba solo cubre test para siete enfermedades y esto sitúa a España a la cola de Europa.

"Además, hace que en nuestro país no exista equidad, que existan grandes desigualdades en el acceso, pues mientras hay comunidades autónomas donde se limitan a determinadas esas siete enfermedades de la cartera común, otras detectan hasta treinta. Por eso vamos a corregir ese problema y que en las próximas semanas lo que vamos a hacer es aumentar la cartera de enfermedades detectables de 7 a 11", ha manifestado Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno ha indicado también que el Sistema Nacional de Salud es "la joya del estado del bienestar" y por eso el Ejecutivo está "multiplicando su inversión en él". Además ha agradecido y puesto en valor el trabajo de todos los profesionales sanitarios. También se ha referido el presidente a la futura Agencia Estatal de Salud Pública.

"Sé que aquí en Asturias, como me ha comentado el presidente en una conversación privada que hemos tenido, pues hay expectación sobre la Agencia Estatal de Salud Pública que se va a crear. En el ánimo del Gobierno de España está la desconcentración y que, por tanto, el Estado se acerque a todos y cada uno de los territorios como una forma de garantizar y de fortalecer la cohesión territorial. Así se hace patria, acercando el Estado a todos y cada uno de los territorios, a todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanos vivan donde vivan", ha dicho.

También se ha referido a la Ley de Gestión Pública del Sistema Nacional de Salud, que a su juicio servirá como "blindaje" del modelo público frente a quienes tienen o tengan en un futuro tentación para privatizarlo. "Nosotros creemos en nuestro modelo, un modelo público, de calidad, que vamos a seguir reforzando. Lo haremos de la mano de nuestros profesionales, pero por encima de todo, lo haremos de la mano de la inmensa mayoría de la sociedad que quiere una sanidad pública gratuita, de calidad y universal", ha dicho.

Pedro Sánchez no ha escatimado en elogios hacía la sanidad en el Principado y ha indicado que el HUCA es sin duda "un prodigioso mecanismo de precisión que combina instalaciones modernas y extraordinarios profesionales, pero además es el símbolo de una apuesta colectiva, de un compromiso mantenido en el tiempo en favor de la sanidad pública".

Así, ha destacado que el Principado de Asturias está a la vanguardia en inversión en sanidad pública y en el podio del gasto sanitario público por habitante, con una inversión récord de 2.322 millones de euros en sanidad para el año 2024.

Además ha indicado que Asturias está a la cabeza en tasa de donación de órganos, muy por encima de la media nacional y además esta comunidad autónoma, fue la primera en alcanzar el 70% de la población vacunada durante la pandemia.

Pedro Sánchez ha estado acompañado en su visita al Hospital Central Universitario por el presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, y la delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa.

El Hospital Universitari i Politècnic La Fe de Valencia ha realizado con éxito, por primera vez en España, una intervención quirúrgica para extirpar un tumor cardiaco a una bebé diagnosticada en periodo fetal, es decir, antes de nacer. Se trataba de un tumor cardiaco poco frecuente conocido como teratoma pericárdico observado en la semana 24 de gestación (5 meses y medio) y que se comportó de manera agresiva, comprimiendo el corazón y estructuras vecinas y amenazando la vida de la pequeña y también de la madre.

Dada la complejidad de la situación, se realizó un seguimiento exhaustivo de la gestación por la comisión de malformaciones fetales del hospital valenciano, integrada por especialistas en obstetricia, neonatología, genética, cirugía, cardiología, neurología y radiología pediátricas.

Este comité decidió inicialmente un manejo intrauterino con la realización por parte de obstetricia de técnicas para aliviar la compresión del tumor con el fin de que la bebé cumpliera semanas de gestación y evitar el nacimiento prematuro. En la semana 28 de la gestación, es decir, a los seis meses y medio, y dada la gravedad extrema, se decide extraer a la bebé mediante cesárea, con tan solo 900 gramos de peso.

Según Raquel Escrig, jefa de sección de Neonatología, “la complejidad del procedimiento venía dada por el hecho de que, por las características del tumor, la paciente podría fallecer inmediatamente tras cortar el cordón umbilical que la mantenía unida a la madre. Así, había que mantenerla unida a la placenta mientras se estabilizaba y se iniciaba el acto quirúrgico”. Se trata de la técnica conocida como Ex Útero Intrapartum Treatment o EXIT.

El equipo quirúrgico estuvo formado por más de una treintena de profesionales: un grupo para para la madre con anestesiología obstétrica y especialistas en obstetricia y ginecología; y el segundo para la bebé, con neonatología, anestesiología pediátrica, cirugía pediátrica, cardiología pediátrica y cirugía cardiaca infantil, en el mismo quirófano. Durante varios días, se estudió y se ensayó la cirugía recreando el escenario mediante simulación clínica. Es la primera vez que en el Hospital La Fe se realiza este tipo de operativo.

Tras la cesárea, la niña se mantuvo con vida gracias a la asistencia placentaria que le proporcionaba su madre, lo que permitió su intubación previa al pinzamiento del cordón umbilical y su intervención quirúrgica inmediata para la extirpación del tumor que comprometía su vida.

“Se trata de un caso excepcional por tratarse de una bebé prematura. Existen en la literatura científica escasos reportes de niños que, con tan bajo peso, hayan sobrevivido sin secuelas a este tipo de tumores cardiacos, explica Sonia Garcés, especialista en anestesiología pediátrica del Hospital La Fe.

La paciente requirió una nueva intervención dos meses después por los servicios de cirugía pediátrica, cirugía cardiaca infantil, anestesiología pediátrica y la unidad de cuidados intensivos pediátricos y reanimación para eliminar restos del tumor que había crecido nuevamente. Tras la misma y dos ciclos de quimioterapia en oncología infantil, está libre de la enfermedad.

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Este artículo fue publicado originalmente en la Agencia Sinc, la agencia de noticias científicas de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.

Ante el aumento de las temperaturas en todo el mundo, un nuevo estudio dirigido por la Universidad de Monash (Australia) ha analizado si este hecho está vinculado con los partos prematuros. Los resultados se publican en la revista JAMA Pediatrics.

Realizado entre 2000 y 2020 sobre 1,2 millones de nacimientos en Sídney, este trabajo pone de manifiesto una fuerte asociación entre el riesgo dar a luz antes de completar 37 semanas de embarazo y la exposición a calor extremo en el tercer trimestre.

Eso sí, los datos sugieren que las gestantes que residen en zonas con abundantes espacios verdes y una amplia cubierta arbórea podrían mitigar estas amenazas.

“En los últimos años hemos observado un aumento significativo de la frecuencia de los días de calor extremo, una tendencia preocupante atribuida a los efectos del cambio climático”, explica a SINC Shanshan (Shandy) Li, de la Facultad de Salud Pública y Medicina Preventiva de Monash y directora de la investigación, “y se prevé que esta tendencia empeore en el futuro, lo que supondría riesgos aún mayores”.

“El nacimiento prematuro puede afectar profundamente al desarrollo cerebral y aumentar la susceptibilidad a ciertos trastornos psiquiátricos”, añade Li, “sin embargo, nuestra comprensión de la conexión entre la exposición al calor y el nacimiento prematuro sigue siendo limitada”.

Para los autores, los servicios sanitarios deberían considerar la posibilidad de prepararse para un aumento de los partos entre la semana 21 y la 37 a medida que se calienta nuestro clima.

“Nuestro objetivo es proporcionar pruebas convincentes a gobiernos, comunidades, servicios de salud pública, médicos y particulares. Estas evidencias les capacitarán para aplicar medidas destinadas a reducir los riesgos asociados a los partos prematuros causados por la exposición al calor”, continúa la investigadora.

La investigación concluyó que la exposición al calor extremo diurno y nocturno en el tercer trimestre estaba estrechamente relacionada con un mayor riesgo de parto prematuro, a diferencia de la misma exposición en el primer o segundo trimestre.

Esta asociación existía para todos los niveles de vegetación de la zona, aunque la fuerza de la asociación disminuía ligeramente para las mujeres que vivían en zonas con más árboles. Según los autores, esto plantea la posibilidad de que dicho verdor pueda mejorar parte del riesgo excesivo de la exposición al calor extremo en el tercer trimestre, “aunque no se conocen del todo los posibles efectos paliativos de los espacios verdes o los árboles en los partos prematuros inducidos por el calor”, dice Li.

“Los resultados subrayan el papel fundamental de los profesionales sanitarios a la hora de aconsejar a las embarazadas que reduzcan al mínimo su exposición al calor excesivo, sobre todo durante ese tercer trimestre, como medida para mitigar el riesgo de parto prematuro”, apunta la autora.

“Además, ponen de relieve la acuciante necesidad de que los gobiernos y las comunidades, tanto a escala local como mundial, den prioridad a la ampliación de los espacios verdes mediante iniciativas como la plantación de más árboles y el establecimiento de praderas”, puntualiza.

Cada vez hay más pruebas epidemiológicas, aunque todavía limitadas, que relacionan las temperaturas ambientales prenatales con los resultados del parto, sostiene por su parte Yuming Guo, autor principal del estudio.

“La temperatura nocturna del aire, en particular el calor extremo durante la noche, afecta significativamente a la salud, incluido el sueño y el descanso. La calidad y la duración del sueño afectan a diversos aspectos de la salud, y las alteraciones de estos factores pueden tener consecuencias en los resultados del embarazo”, señala.

“Las altas temperaturas nocturnas pueden alterar los ritmos circadianos e influir potencialmente en la presión arterial, lo que puede ser un problema para las embarazadas. Dado el aumento previsto de los grados a medida que se calienta nuestro planeta, resulta crucial comprender sus repercusiones en los resultados del parto y desarrollar estrategias para mitigar los riesgos”, insiste.

Sobre las posibles diferencias entre los diversos países del mundo, Li afirma que el riesgo de parto prematuro relacionado con la exposición al calor puede variar de un país a otro debido a distintos factores socioeconómicos y demográficos. Y, sobre España, “dada la creciente frecuencia de días calurosos y la relativamente baja prevalencia del aire acondicionado, es concebible que en este contexto puedan existir riesgos de parto prematuro asociados a la exposición al calor”, concluye.

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Este artículo fue publicado originalmente en la Agencia Sinc, la agencia de noticias científicas de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado, por primera vez, el derecho de los trabajadores varones a disfrutar de permisos retribuidos para asistir a técnicas de preparación al parto, según Europa Press.

En un fallo con fecha del pasado día 7 de noviembre, el alto tribunal gallego ha avalado una sentencia emitida por el Juzgado de lo Social número 4 de Vigo, en la que se da la razón a un demandante de este derecho, representante legal del personal de una empresa.

La decisión de primera instancia, sin embargo, no reconoce a los hombres el permiso para acudir a exámenes prenatales, también solicitado por el demandante. El TSXG coincide "con el acertado criterio de la juzgadora de instancia" de no extender este permiso a los trabajadores varones y demás personas progenitoras que no son gestantes. Por lo tanto, ha desestimado el recurso interpuesto por el representante contra la sentencia de ese juzgado, en el que demandaba que también se le reconociese el permiso para exámenes prenatales.

La Sala de lo Social del TSXG indica en la resolución que está de acuerdo con la argumentación de la juzgadora de primera instancia, quien considera que ambos permisos son, en su origen, exclusivamente femeninos, pero destaca que "la evolución normativa, jurisprudencial y doctrinal acaecida desde entonces" le hace llegar a la conclusión de que el permiso para técnicas de preparación al parto "debe ser extendido a los trabajadores varones, pues en otro caso sería discriminatorio por razón de sexo.

Los magistrados del alto tribunal gallego avalan la diferencia entre un permiso y otro, pues subrayan que el permiso para exámenes prenatales "es un derecho de maternidad" que "se puede reconocer solo a las mujeres embarazadas". Y, respecto al permiso para asistir a técnicas de preparación al parto, afirman que "no encuentra habilitación para su carácter sexuado en la Directiva 92/85 de la Comunidad Europea", por lo que concluyen es "un derecho de conciliación que, como tal, no puede tener carácter sexuado".

La Sala de lo Social añade en la sentencia, respecto a los permisos para técnicas de preparación al parto, que "la propia redacción de las normas no excluye a los trabajadores padres y demás personas no gestantes, pues, mientras que obviamente estos no pueden ser sometidos a permisos prenatales, sí pueden asistir a las técnicas de preparación al parto, y desde la perspectiva del buen fin del proceso de maternidad/gestación, ello suele ser saludable recomendación". La resolución no es firme, pues cabe presentar recurso ante el Tribunal Supremo.

La imagen puede resultar inquietante. Un montón de fetos, alineados, en una especie de burbuja que simula un útero. Fetos que flotan en el líquido amniótico, artificial claro, y que crecen conectados a una máquina. La imagen la han imaginado en el cine y es lo que muchos han vaticinado que ocurrirá si se sigue adelante con la investigación de un grupo de científicos estadounidenses que han creado un útero artificial. Ya lo han probado con corderos y ahora quieren empezar los ensayos con humanos.

Su objetivo, dicen, es ayudar a todos esos bebés prematuros que tienen muchas dificultades para salir adelante. Creen que, recreando el útero materno, podrían mitigar las secuelas posteriores en su desarrollo y lograr que la gestación de ese feto fuera lo más real posible, lo más parecido a seguir dentro del vientre de su madre y sin secuelas ni complicaciones. Un embarazo “normal”.

Pero como todo avance científico y médico, esto genera muchas dudas éticas. ¿Cómo vamos a regular que esos úteros artificiales sólo se utilicen para la gestación de bebés prematuros? ¿Por qué se va a prohibir que, en un futuro, no tan lejano, esos úteros se utilicen para madres que no pueden quedarse embarazadas? ¿Y cómo evitaremos entonces que, abierta esa puerta, empecemos a regularizar que las madres no tengan por qué gestar necesariamente a su bebé, a su hijo o hija? No es la primera vez que la ciencia propone esto.

El otro día escuchaba un debate sobre cómo las carreras profesionales de las mujeres siguen viéndose mermadas por una cuestión biológica: su maternidad frena muchas veces su ascenso, frena en seco sus carreras. Mientras la de ellos sigue sin alterarse lo más mínimo. Renunciar a ser madres es lo que muchas se plantean para no caer en esa carrera frenética. Retrasarlo, congelar sus óvulos, no está al alcance de todas, así que las opciones son pocas: o ser madre, o no renunciar a realizarme profesionalmente. La disyuntiva es perversa, cruel y demuestra que no estamos entendiendo cómo debe ser esta sociedad en la que hay que elegir entre trabajo y vida, entre realizarte profesionalmente o realizarte personalmente. Y en la que seguimos necesitando que nazcan muchos más niños. Tenemos un problema enorme de natalidad.

Muchas mujeres entendieron que, para triunfar profesionalmente, había que replicar lo que hacían ellos: desentenderse de su rol como padres y centrarse únicamente en su rol como ejecutivo, directivos. Hacer jornadas laborales eternas en las que la conciliación no existía, ni se contemplaba. Y con esa premisa, hipotecaron durante años todo lo que no fuera trabajo. Si quiero llegar a ocupar un puesto de responsabilidad, tendré que hacer lo que hacen ellos.

Afortunadamente eso ha ido cambiando. Creo que algo hemos avanzado equiparando, por ejemplo, las bajas maternales y paternales. Yo me la tuve que repartir con mi marido cuando fui madre de mi segundo hijo. Pero que los dos puedan y deban cogerse los mismos 4 meses, iguala a hombres y mujeres a la hora de contratar un perfil profesional. Y soy consciente de que sigue habiendo hombres que renuncian a ese permiso paternal, exactamente por lo mismo que muchas mujeres, en su momento, renunciaban a “desaparecer” 4 meses de su puesto de trabajo.

Desde luego que todo esto necesita de políticas, de soluciones. Que la maternidad sea algo que se delegue en una “máquina” creo que todavía queda muy lejos, por mucho que algunos científicos intenten seguir avanzando en ese camino. Necesitamos que la ciencia avance para mejorar nuestra vida, pero no para que la desnaturalicemos. No podemos entregarnos a esos avances sin perder de vista sus límites éticos. Lo estamos viendo ya con la Inteligencia Artificial. No podemos ir por detrás en esto: hay que adelantarse y establecer esos límites cuanto antes. 

"En los próximos días daré a luz al que será mi tercer hijo. Lo más probable es que nazca por cesárea (...). Por la cercanía —vivo a 7 minutos— debería nacer en el Hospital Clínico Universitario de Santiago (CHUS) pero, salvo que me ponga de parto antes, nacerá en una cesárea programada en el hospital del Salnés (en Vilagarcía de Arousa, a unos 50 kilómetros), perteneciente a otra área sanitaria y más lejos de mi domicilio, para que no se violen mis derechos y los de mi hija por nacer". 

Así comienza una madre embarazada el testimonio hecho público por la Asociación de Pacientes e Usuarios do CHUS, con el que la entidad pretende denunciar cómo el servicio de ginecología y obstetricia del área sanitaria compostelana "incumple los criterios de atención recogidos en el Plan de Parto y Nacimiento del Servicio Gallego de Salud (Sergas) del año 2017". 

En ese plan se aclara que en el caso de un parto por cesárea o instrumental "se promoverá, al igual que en el parto eutócico, el acompañamiento continuado, la intimidad y el contacto inmediato piel con piel después tras el nacimiento". Una recomendación que coincide con las de las organizaciones sanitarias internacionales pero que se incumple sistemáticamente en varias áreas sanitarias gallegas, lo que lleva a numerosas mujeres a programar el nacimiento de sus hijos en el hospital del Salnés, que mantiene juntos a madre y bebé salvo que algún problema médico lo imposibilite. 

El propio plan del Sergas aclara, como dice B.B.D., la mujer embarazada que ofrece su testimonio, que el contacto piel con piel de un neonato con su madre nada más nacer y de forma ininterrumpida "es importante y beneficioso, porque disminuye el riesgo de hemorragia materna, de depresión posparto, favoreciendo la instauración de la lactancia materna y la adaptación a la vida extrauterina del bebé, entre otras causas". 

"No hay excusas de ningún tipo ni razones para mantener la separación de madre y recién nacido en estos casos, no solo por los beneficios de mantenerlos juntos, sino por los perjuicios que supone lo contrario. No descubrimos nada nuevo, hay recomendaciones de todo tipo, desde la Asociación Española de Pediatría hasta la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el propio Sergas", explica Cristina Lojo, profesional del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo y vicepresidenta de la Asociación Galega de Matronas (AGAM) . 

"Ese piel con piel y ese primer contacto con el hijo es fundamental por lo que significa en el vínculo, en el inicio de la lactancia, en el proceso hormonal de la mujer, en la reducción del dolor. Además, ese primer contacto, ese primer periodo sensitivo y de alerta de los pequeños antes de caer en un sueño profundo hay que aprovecharlo porque son horas que no se pueden recuperar", añade Lojo.

"A pesar de todas las evidencias científicas y recomendaciones que existen, en el CHUS, en el caso de la cesárea, siguen separando a las madres de los bebés sin ningún criterio médico pertinente. Si mi hija nace allí, al igual que me pasó con mis otros niños, estaremos horas separados, yo haciendo el despertar de la anestesia sola, y mi hija con su padre, que es maravilloso, pero no es el hábitat natural donde debe estar un bebé recién nacido, ni tiene pechos para amamantar como se debe", explica. 

La afectada solicitó por registro la modificación del protocolo para que se aplicase algo "tan simple" como permitir a la pareja entrar en el despertar y "estar juntos iniciando la lactancia materna". "No recibí ninguna respuesta de los responsables de los servicios a los que se lo dirigí, dejando que el tiempo pase y que me quede sin opciones", explica. 

"Por desgracia, en este y en otros hospitales, se sigue banalizando la importancia que tiene ese contacto precoz e ininterrumpido y se sigue minimizando el impacto negativo que estas malas prácticas tienen sobre las madres y las crianzas, formando parte de lo que se conoce como violencia obstétrica y forzar a mujeres a recurrir a lo que se conoce como turismo obstétrico, buscando un hospital que nos respete", insiste. 

Porque el caso de esta madre no es único. También sucede en el Hospital Universitario de A Coruña, en Lugo, en Vigo... Y hasta hace poco en Pontevedra. Las quejas —públicas e incluso por escrito a la dirección, pero también privadas y sin salir a la luz— se repiten desde hace años en las familias. No hace mucho, varias mujeres fundaron en la provincia de Pontevedra la plataforma Loita, con la intención de que el Sergas actualizase sus protocolos. Y hace sólo unos días consiguieron lo que consideran una "victoria histórica". 

Fue tras el caso de Ruth Abonjo, una vecina de Sanxenxo que el pasado mes de julio dio a luz a sus gemelos en el Hospital Provincial de Pontevedra. Semanas antes, reclamó a los directivos del Sergas y al gerente de área, José Flores, de que su pareja pudiera estar con ella, aunque el parto fuera por cesárea, y que ella pudiese realizar el contacto piel con piel con sus bebés. Lo consiguió a pesar de que el hospital le advirtieron en un primer momento que el padre no tenía sitio en el quirófano y que el piel con piel era imposible por falta de espacio y personal en el área de reanimación. 

Finalmente, el gerente le garantizó el cambio de protocolos para que, desde ya, en el Hospital Provincial de Pontevedra se facilite a las mujeres "un parto respetado". "Fue gracias a la gran empatía del gerente con nuestra causa y a la implicación de cientos de profesionales de nuestra área sanitaria", destacó en ese momento la plataforma. 

Fue el primer triunfo de la plataforma Loita —cofundada por la propia Ruth— pero no el último. En el área sanitaria de Vigo, y ante las mismas exigencias, su gerente, Javier Puente, trasladó al colectivo la intención de trabajar lo antes posible en la actualización del protocolo de parto en el Hospital Álvaro Cunqueiro, con la creación de un comisión con la presencia de colectivos que reclaman ese cambio. "Sabemos que en el área de Santiago también se está trabajando en un nuevo protocolo y en la mejora, pero lleva tiempo porque hay muchos profesionales implicados al que poner de acuerdos: pediatras, anestesistas, obstetras, enfermeras, matronas...", confirma AGAM.

Su vicepresidenta, Cristina Lojo, aclara —también por su propia experiencia— que la "clave" a la hora de cambiar los protocolos es "la implicación del personal, la voluntad, pero también los recursos". "En muchos casos, permitir ese contacto piel con piel y la no separación de madre y bebé tras una cesárea es una cuestión de falta de personal o de espacios", explica, poniendo como ejemplo el caso del Hospital Álvaro Cunqueiro, en Vigo. "A pesar de ser un hospital nuevo, no hay un área de reanimación obstétrica ideal para evitar esa separación dándole a la madre los cuidados que requiere un postoperatorio… Porque tampoco hay que banalizar con lo que es una operación que necesita un control exhaustivo" añade. 

"Cada hospital de la red del Sergas está trabajando en su protocolo de humanización de los partos por cesárea", confirma a Praza.gal la Conselleria de Sanidade, que aclara que "hay que tener en cuenta la delicadeza del trabajo en un quirófano" a la hora de modificar el métodos seguidos hasta ahora en la mayoría de las áreas sanitarias. "Galicia quiere facilitar el acompañamiento y el piel a piel en los partos por cesárea en todos los hospitales de su red", insisten desde el departamento que dirige Julio García Comesaña.

Porque, advierten desde AGAM, si algo explica los avances de los últimos meses y los compromisos en diversas áreas sanitarias para cambiar los protocolos de parto "es la presión social de las mujeres, las usuarias y el movimiento de las familias". "Las matronas llevamos mucho tiempo reclamando cambios y el cumplimiento de las recomendaciones, pero también llevamos tiempo advirtiendo que sin las demandas de las usuarias sería imposible conseguir lo que se está consiguiendo", explica. 

Por el momento, y a pesar de los avances, en el CHUS aún no se han aplicado estas demandas. "¿Por qué un hospital comarcal es capaz de garantizar derechos desde hace años y uno de primer nivel como el CHUS no? ¿Por qué en los ocho años que han pasado desde el nacimiento de mi hijo mayor no se ha avanzado nada y siguen coartando derechos que ya están reconocidos y que reducirían comorbilidades y otros problemas sanitarios? ¿Cuánto más tenemos que esperar las mujeres del área sanitaria de Santiago para que gerencias y profesionales se unan y garanticen y respeten los derechos básicos?", pregunta la madre que hizo público su testimonio a través de la Asociación de Pacientes y Usuarios del CHUS. 

La entidad recuerda que en los puntos 3 y 6 del Plan de Parto y Nacimiento del Sergas "se reconoce expresamente, por el carácter beneficioso tanto para la madre como para el neonato, que se debe garantizar el contacto piel con piel tras el parto vaginal o por cesárea todo el tiempo que la madre desee". "Exigimos que se ponga fin a la arbitrariedad que se practica en esta área sanitaria y que B.B.D. sea la última paciente que tenga que verse obligada a buscar atención en otro hospital", sostiene la asociación que hace un llamamiento a todas las embarazadas a "reclamar un trato digno que respete los derechos de madres y recién nacidos".

Aquí puedes leer el texto original en gallego.

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha asegurado este lunes que lo que se denomina "gestación subrogada" es un "eufemismo" para "esconder algo que significa violación de los derechos humanos, de los derechos sexuales de las mujeres y los derechos de los niños" y ha avanzado que se está trabajando en un anteproyecto de ley que recogerá nuevas formas de trata de seres humanos, según ha informado Europa Press.

Así lo ha asegurado la ministra en declaraciones a los medios de comunicación en Segovia, donde ha inaugurado, junto a la alcaldesa, Clara Martín, el nuevo edificio de los juzgados.

"La trata de seres humanos es un fenómeno criminal que atenta contra todos y cada uno de los derechos fundamentales de una persona, contra su vida, su salud, su salud sexual y reproductiva, contra su libertad, su honor... es un crimen horrendo", ha aseverado la ministra al ser preguntada por la regulación de la gestación subrogada.

Al respecto, Llop ha explicado que a nivel europeo se está trabajando sobre la trata de seres humanos que es una "modernización" para ir más allá de directiva de 2011, además de que en España se está trabajando en un anteproyecto de ley de trata, que ya ha sido elevado a primera vuelta del Consejo de Ministros "y que ha recibido informes de los órganos consultivos y un informe muy favorable del CGPJ", ha explicado Pilar Llop.

Se trata de tipificar nuevas formas de trata, como la servidumbre o la esclavitud, y "va más allá de la persecución del delito" ya que se aborda la protección de los derechos de las víctimas, por lo que es "un texto integral que aborda todo lo que tiene que ver con la trata de seres humanos para que en la sociedad no se puede tratar ni cometer delitos con las personas", ha manifestado la ministra de Justicia.

Asimismo, Llop ha apuntado que se va a tipificar una forma de trata como es la adopción ilegal, lo que es "muy importante" tras la orden internacional emitida para la detención de Putin por crímenes de agresión por la deportación de 16.000 niños ucranianos a Rusia.

Sobre la gestión subrogada, Pilar Llop ha matizado que lo llama "vientre de alquiler" porque no hay que "usar eufemismos para esconder algo que significa violar los derechos humanos, los derechos sexuales de las mujeres, y los derechos de los niños y las niñas".

Al respecto, la ministra de Justicia ha aseverado que en algunos países la gestación subrogada es una práctica legal, pero se producen en muchos casos "vulneraciones muy graves de los derechos humanos" y también hay gestaciones subrogadas "que no responden a la legalidad y se utilizan falsas gestaciones subrogadas para la compra venta de menores".

"En democracia no se puede permitir que los cuerpos de las personas o las personas sean un objeto más de consumo. En una democracia los seres humanos no se compran, no se venden y no se trafica con los seres humanos", ha concluido Pilar Llop.

La actriz Ana Obregón ha sido madre por gestación subrogada en Miami, Estados Unidos. Según ha publicado la revista del corazón Hola, la presentadora de televisión ha viajado hasta allí para recoger a la bebé, tras lo que ha salido del hospital en silla de ruedas y con ella en brazos pese a no haber estado embarazada. Según ha dicho Nius, la imagen, portada de la edición de la revista de este miércoles, se ha podido producir por el protocolo del propio hospital.

La niña nació el pasado 20 de marzo en un hospital estadounidense en el que comprar bebés por gestación subrogada es una práctica legal. Allí fue donde Ana Obregón, de ahora 68 años, recogió a la pequeña Ana el pasado 22 de marzo.

Pese a que la gestación subrogada sea una práctica legal en Estados Unidos, la justicia española es categórica en su legislación. El Tribunal Supremo afirmaba en abril de 2022 que la práctica supone una grave vulneración de derechos. Vulneración de derechos para las madres gestantes, pero también para los niños en general.

La noticia ha provocado tal revuelo que todos los partidos políticos han reaccionado a ella. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha recordado que la nueva Ley de derechos sexuales y derechos reproductivos reconoce la gestación subrogada, "que no es legal en España", como "una forma de violencia contra las mujeres". En la misma línea, el portavoz adjunto de Unidas Podemos en la Cámara Baja, Enrique Santiago, ha mostrado una "posición clara" en contra de la gestación subrogada y de que "se puedan comprar y vender embarazos", por lo que ha criticado la "mercantilización de la mujer".

La vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha declarado que el PSOE "no" está a favor de la gestación subrogada, una práctica que considera "una forma más de explotación del cuerpo de la mujer" aunque ha añadido que hay que analizar "cada caso concreto".

Por su parte, la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, no ha dejado clara la postura de su formación sobre la gestación subrogada y ha advertido de que es un "aspecto complejo que merece debates profundos y serenos", sin "olvidar" que involucra a menores.

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha insistido este lunes en que los médicos están obligados a informar a las embarazadas del protocolo que él denominó como antiaborto con medidas como la posibilidad de escuchar el latido del bebé en las primeras semanas y ha asegurado que le "gusta mucho" el modelo aplicado por el Gobierno de conservador nacionalista de Hungría, según ha informado Europa Press.

García-Gallardo ha vuelto a referirse al protocolo que se abordó el pasado jueves en el Consejo de Gobierno para insistir en que las medidas incluidas son de obligado cumplimiento para todos los profesionales de la Sanidad como cualquier protocolo sanitario. "Nadie le va a tirar a una mujer la información a la cara sino que conozcan que esa información está ahí para ellas", ha explicado.

Así, ha considerado que "cualquier intento de confundir puede caer en saco roto" y ha asegurado que no se siente desautorizado por sus socios del PP, en concreto por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y por el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, quien debe dictar la orden en la que se incluyan las medidas establecidas en el protocolo y que, además de ofrecer la posibilidad de escuchar los latidos del bebé en las primeras semanas y atención psicológica, incluye una ecografía 4-D, cuyo plazo para hacerla no ha precisado pese a explicar que se puede realizar también al inicio del embarazo y no sólo a partir del tercer trimestre.

En cuanto al requerimiento oficial remitido por el Gobierno central a Castilla y León en torno a estas medidas, García-Gallardo lo ha tachado de "intento de coartar la libre acción de Gobierno", y ha agradecido la respuesta "contundente" de Mañueco y Vázquez, al tiempo que ha considerado que se trata de una "sobreactuación" del Ejecutivo para "tapar" su "ineptitud" para "proteger" a las mujeres.

Así, el vicepresidente ha insistido en que con este protocolo "Castilla y León se consolida con estas medidas como la región más protectora de los derechos de la madre embarazada", al tiempo que ha defendido que no se trata de una "coacción" para las mujeres sino de "ofrecer más información".

García-Gallardo ha señalado a Hungría como el país en el que se mira en cuanto a los protocolos sobre el embarazo. "Hungría efectivamente me gusta mucho, ofrece alternativas, información y medidas en positivo para adoptar una decisión como esta con toda la información posible", ha reseñado.

El vicepresidente de la Junta ha asegurado que le sorprende que se vea como "descabellado" ofrecer más información a las mujeres sobre el desarrollo de la vida prenatal y ha insistido en que las medidas adoptadas han sido pactadas por el Gobierno regional en su conjunto.

"¿Por qué les asusta tanto a ustedes que las mujeres tengan la posibilidad de escuchar el latido del feto?", se ha preguntado García-Gallardo, a lo que ha añadido: "La que se ha montado por qué ofrezcamos la posibilidad de que madres embarazadas escuchen el latido".

Finalmente ha asegurado que el Gobierno de Castilla y León es un gobierno "fuerte, unido y estable".

Quienes no vieron Cinco lobitos en el cine la están viendo ahora en las plataformas y quedan igual de rotos. Cinco lobitos no cuenta nada que no supiéramos, pero nos sienta durante una hora y cuarenta y cuatro minutos frente a todo lo que el frenesí de producir y consumir quiere que olvidemos. Que somos interdependientes, que la vida es muy frágil, que alguien tiene que cuidar a quien cuida. Cinco lobitos es una película excelente, pero creo que la conmoción que deja revela también lo invisibles que son las tareas que sostienen la vida y quienes las desempeñan. El sistema nos pinta jóvenes y sanos, trabajando y consumiendo, y todo lo que queda fuera de ese marco no existe. Creo que nosotros tendemos a hacer lo mismo.

Pensamos, por ejemplo, que si subimos contenido en redes sociales de nuestra vida como madres aburriremos a quienes no lo son. Nadie considera, sin embargo, no compartir sus fotos esquiando o viendo el fútbol, dos dedicaciones que a tantas personas no podrían interesarnos menos. Hay una escena en Gilmore Girls, mi serie favorita sobre vivir, en la que Lorelai Gilmore, madre soltera y entusiasta, se emociona en una reunión escolar porque comienzan unas pruebas importantes para los alumnos. Un señor gris le pregunta por qué se emociona por eso. Ella le dice: Tú juegas al golf, ¿no? Explícame lo tuyo y yo te explico lo mío.

A Rigoberta Bandini se le critica haber hecho “demasiadas” (sic) canciones con referencias a la maternidad. Exactamente unas tres entre los miles de letras del pop-indie español dedicadas al me dejó con el corazón roto y a la nada misma. Yo he sido madre casi en paralelo a ella y le agradezco infinito la representación: “Antes de ser madre, era como, a ver, la peña qué exagerada, no puede ser tan heavy. Bueno, se te multiplica todo, es como estar vivo pero con 2.000 tentáculos más”. A mí eso, el desdoble, no me lo nombró nadie hasta el último mes de embarazo: no es que dejes de vivir solo para ti mismo, como se ha dicho siempre, sino que vives dos vidas en paralelo hasta el fin de los días.

En la práctica, eso quiere decir que un día sin pena ni gloria entra en el calendario porque oyes a tu hijo reconocer las vocales por primera vez; y también que la felicidad de esa reunión de trabajo que salió bien se te olvida en cuanto te llaman para decirte que a lo mejor le han pegado en el colegio. Es así todo el rato, todos los días. Seguramente me gusta ser madre porque a lo que más miedo le tengo en la vida es al aburrimiento y ahora ya no existe.

A veces hago el ejercicio de buscar qué pensaba sobre ser madre antes de serlo y lo más impresionante es que no pensaba nada. Entre la ingente cantidad de información a la que he estado expuesta no había nada sobre ese universo. Y un día llegas al segundo trimestre de embarazo teniendo que hacer un máster exprés en lactancia, posparto, sacaleches, alimentación infantil, calzado respetuoso y otras disciplinas. Descubres cosas interesantes y hasta graciosas, pero te han enseñado a pensar que solo puedes compartirlas con otras madres. Y si no lo piensas ya viene una editora y te lo dice: “Querida, eso es de nicho”.

Entre las cosas que no se hablan sobre la maternidad está, por ejemplo, que no es automática. Crecemos con tanto terror a quedarnos embarazadas que llegamos a los treinta y pico sin tener interiorizado que no es tan fácil ni tan rápido, ni posible durante el mismo tiempo para todas. Ahora este tema está entrando en el debate público colocado muy a medida por las empresas de congelación de óvulos. No hay resquicio de la vida humana que se le escape al capitalismo.

Sobre ser madre solo había pensado en el derecho a no serlo. Ahora que soy madre lo defiendo más si cabe: nadie debería ser madre sin desearlo. Es la experiencia más transformadora que se me ocurre: algo tan brutal como desdoblarte en otra persona. A mí me está gustando mucho más de lo que había oído que te podía gustar ser madre. Creo que puede pasar exactamente lo contrario. No sé si hay mucha manera de saberlo antes. Diría que no es tan importante eso de que “te gusten los niños” (¿qué significa exactamente? Nadie dice “que te gusten los adultos”). Creo que tienes que soportar, incluso abrazar, la idea que tan bien cuenta Cinco lobitos: que dependan de ti. Creo que hay que tener ganas de volver a descubrirlo todo. Creo que hay que tener muchas ganas de vivir para hacerlo por partida doble. 

Hace tiempo que las mujeres saben que el derecho al aborto, el que tanto esfuerzo y movilizaciones costó, no es un asunto ni mucho menos resuelto. Que la libre interrupción del embarazo tiene todavía sus fallas y que las mujeres no deben bajar la guardia. En plena reforma de la Ley de 2010, la ministra Irene Montero ha puesto de relieve todas esas grietas: desplazamientos a otras provincias, tiempos impuestos de reflexión, comunidades que no practican abortos, aumento del método farmacológico y un protagonismo irrisorio de la red pública. A las puertas de este 8M, tres mujeres toman la palabra para compartir en primera persona vivencias marcadas de una u otra manera por el aborto.

Nuria Laspeñas pasó por dos interrupciones del embarazo. La primera, en 2017, abonó el terreno de lo que sería una depresión. Fue en una clínica privada, en la semana 16 de gestación y después de confirmar que su futuro bebé nacería con una enfermedad genética. "Tuvimos que tomar la decisión de interrumpir o seguir", sin saber muy bien las consecuencias que acarrearía una u otra alternativa. El bebé podría nacer, tal vez tener cierta calidad de vida, o tal vez no. La incertidumbre era demasiada y la pareja asumía ya la crianza de un niño de tres años. "No sabíamos cómo de mal estaría, cómo afectaría a nuestra vida y nadie me decía con certeza si mi bebé nacería con algo grave", lamenta. Nuria lo resume como "la dicotomía de querer hacerlo y no poder, la lucha del corazón y la cabeza". 

A la crudeza de la propia decisión le siguió la herida del proceso de interrupción del embarazo. A Nuria le hirió la falta de información y la incapacidad derivada para tomar decisiones. Si pudiera rebobinar, habría elegido poder ver el cuerpo de su futuro bebé y tener su particular ritual de despedida. En 2016 el Tribunal Constitucional dio la razón a una madre que pidió incinerar los restos del feto que abortó. "No me habían hecho daño físico, pero entré en depresión", afirma la madre. 

Nuria encontró en otras mujeres el apoyo necesario para verbalizar conceptos hasta el momento ajenos a la interrupción del embarazo, como duelo gestacional. Hoy es vicepresidenta de la organización A Contracor y secretaria de la Federación de Duelo Gestacional Neonatal y Perinatal de España (FEDUP). "Para mí lo más importante ha sido encontrar a una igual", sentencia, porque tras tomar una decisión de ese calado "te sientes la persona más mala del mundo, la sociedad te hace creer eso". 

El siguiente embarazo llegó dos años después, pero a las 18 semanas el mismo diagnóstico volvió a caer sobre ella como un jarro de agua fría. Entonces tenía algo claro: iba a pelear por sus derechos. Inició una batalla con la mutua para poder abortar en un hospital público, y contra todo pronóstico salió victoriosa. "Para mí volver a aquella clínica era una tortura, suponía recrear todo lo que había vivido y había conseguido olvidar", narra. Esta segunda vez la experiencia fue diametralmente opuesta y significó que la madre pudo "sanar", expresa, porque los profesionales "respetaron" sus decisiones: ver el cuerpo, estar con él, contar con el acompañamiento de su pareja. Pero también reconocer y respetar su duelo. "Fue muy duro, fue real, pero fue maravilloso".

El duelo que atraviesa a tantas mujeres tras una interrupción del embarazo no significa que el dolor vertebre de forma intrínseca cada experiencia. Con su historia, Elisabeth Falomir busca no impugnar un relato que cree hegemónico, pero sí aportar vivencias alternativas, quizá más invisibles, quizá menos atractivas para el titular. Su relato empezó con un correo electrónico dirigido a su madre, tras reparar en que el reto para ella no estaba en el propio hecho de abortar, sino que lo realmente difícil era compartir su vivencia. A partir de esa misiva nació el fanzine Abortos felices (Episkaia, 2021), que abraza hoy su cuarta edición.

La historia de Elisabeth, pero sobre todo su forma de evocarla, rompe esquemas. No fue un aborto, ni dos, fueron tres. Apenas recuerda a qué edad, ni el momento preciso. Sí recuerda el tiempo que hacía cuando se dirigía a la clínica privada. Y que después de cada intervención tuvo mucha hambre. Tres abortos. El peso simbólico de la cifra no es poco: "Lo que trasciende en esas miradas de juicio cuando hablo de tres abortos es que ya no puede tratarse de un accidente, ya no sirve la excusa de que un error lo tiene cualquiera". La cifra de tres abortos echa por tierra las razones que hacen del propio hecho de interrumpir el embarazo una decisión respaldada por la necesidad extrema. "La capacidad de gestar es una cosa sacralizada, llevarlo con ligereza no está bien visto porque atañe a algo delicado: la sexualidad de las mujeres", sostiene Elisabeth.

A quien aborta, escribe la autora en su fanzine, le está permitida "una estrecha selección de sentimientos: alivio, culpa, vergüenza. Si vas feliz a abortar, sin duda eres una mala persona". Precisamente porque la representación cultural del aborto, completa, muestra "invariablemente a alguien sometido a una decisión difícil: traumática en el peor caso, un mal menor en el mejor". No hay lugar para historias como la suya, en las que el júbilo sustituye al trauma.

"Creo que el tiempo me ha ido haciendo menos complaciente y menos dispuesta a aceptar la narrativa hegemónica", reconoce Elisabeth, quien se rebela contra el "relato de terror" en torno al aborto: "Pareciera que un embarazo no deseado es lo peor que te puede pasar. Lo primero que se te da es el pésame, como si no viviéramos en un país en el que los derechos reproductivos están asegurados". Aunque, precisa, "hasta cierto punto y con deficiencias".

Elisabeth es cuidadosa en sus formas. No quiere invalidar el discurso que ha girado tradicionalmente en torno al sufrimiento y que de hecho representa la situación de muchas mujeres. "No busco negar que esa experiencia sea así para muchas y acepto todos los matices. Mi vivencia no viene a superponerse a otras, sino a expandir realidades", clama. Pero cree que ya es hora de cambiar el foco y "pelear por el escalón siguiente".

Cuando Sonia Lamas coge el teléfono sabe que al día siguiente un grupo de antiabortistas se plantará frente a la clínica Dator, en Madrid. Empieza, una vez más, la campaña 40 días por la vida. Ya son viejos conocidos y sus dardos cada vez están menos afilados, pero aún duelen. Sonia recuerda la primera vez que uno de estos grupos la abordó, allá por 2015. "Dos chicos de entre 20 y 23 años me siguieron hasta el metro. Me di la vuelta y les dije que me dejaran de perseguir", recuerda. Sonia acababa de salir de la clínica de interrupción del embarazo no para pedir información, ni para someterse a una intervención. Aquel era y sigue siendo su centro de trabajo. "Si vienes con nosotros tu sueldo no va a estar manchado de sangre", lanzaron los dos desconocidos. Sería la primera vez, pero no la última. Y con el tiempo, la psicóloga decidió no perder el tiempo tratando de confrontar con ellos.

Rezos en las inmediaciones, pancartas con fotos de bebés –bebés ya nacidos, insiste en recalcar la psicóloga–, aroma a colonia infantil a las puertas de las clínicas y vehículos ecográficos, son algunas de las acciones con las que Sonia ha aprendido a convivir. "Vivir permanentemente en alerta no es sano para nadie", reconoce la también portavoz de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) en Madrid. Por mucho que Sonia se vaya a dormir sabiendo que al día siguiente su clínica amanecerá con pancartas de grupos antiabortistas, el acoso hace mella. "Sé que mañana cuando vaya a trabajar habrá programada una campaña, sé que tengo que estar más alerta, sé que las mujeres van a sufrir acoso", abunda, "pero velar por su seguridad compensa". El Congreso acaba de aprobar, sin el respaldo de la derecha, penalizar el acoso antiabortista ante las clínicas.

Una mujer embarazada de 37 años de edad e infectada por coronavirus ha fallecido este domingo en el Hospital Materno Infantil de A Coruña, donde era sometida a una cesárea de urgencia, en la cual se le extrajo a la criatura, que nació muerta, según han confirmado a Europa Press fuentes sanitarias conocedoras del caso.

La mujer, que tenía una patología crónica previa, según figura en el último balance del Servizo Galego de Saúde (Sergas), se sintió mal este sábado por la noche, al presentar fiebre. Cuando ingresó este domingo por la mañana con contracciones fue sometida a la prueba para determinar si estaba infectada con Covid-19, dado su estado febril y a que iba a ser conducida a quirófano para practicarle una cesárea, un test que dio positivo.

Según fuentes sanitarias, durante la intervención en quirófano en el Hospital Teresa Herrera, el centro materno-infantil del Complejo Hospitalario de A Coruña (Chuac), se registraron complicaciones y la mujer falleció, mientras que su bebé nació muerto.

Además, según el último balance del Sergas, en las últimas horas también fallecieron una mujer y un hombre de 85 y 84 años, ambos ingresados en el Hospital Lucus Agusti de Lugo, y una mujer de 71 años atendida en el Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol (Chuf). Todos ellos tenían varias patologías previas. De esta forma, las víctimas de la pandemia de coronavirus en Galicia se elevan a 69, después de que durante la jornada de este domingo falleciesen también dos mujeres y tres hombres, todos ellos con patologías previas.

Piden un "plan de prevención que permita dar a conocer el drama del aborto". Una estrategia, dicen, que incluiría "apoyo emocional, laboral, educativo, médico y económico para promover la continuación del embarazo". También aspiran a "formar a los profesionales que están en contacto con las mujeres embarazadas en situación de riesgo de aborto voluntario" con el objetivo de ofrecerles "una alternativa a este drama personal y social que supone cada aborto". A su vez, señalan, se implementarán medidas para "garantizar la calidad de la asistencia en todos los abortorios públicos y privados", para que los centros cumplan con "la legislación vigente, evitando de esta forma cualquier práctica irregular". Todos los entrecomillados pertenecen a Vox. Concretamente al punto quince de la moción debatida y votada este jueves en el Parlamento de Andalucía.

La formación se ha quedado sola en sus planteamientos: el epígrafe relativo al aborto ha sido rechazado por 70 votos en contra (PSOE, Ciudadanos y Adelante Andalucía), 12 a favor (Vox) y 26 abstenciones (PP). El resto de la moción, que contempla cuestiones como la elaboración de una ley andaluza de protección a la familia, ha sido aprobado con el apoyo de Ciudadanos y PP.

El parlamentario de Vox Manuel Gavira presentó la propuesta como "un asunto ajeno a cualquier ideología". Además de la ley andaluza de familias, reclamó un plan para fomentar la independencia de "los jóvenes en edad temprana para que tengan familias antes y nazcan niños antes". También aprovechó su intervención para pedir ayudas dirigidas a las familias numerosas: "Cuanto mayor sea la ayuda para las familias, más fácil les pondremos la posibilidad de que nazcan españoles". Vox quiere "fomentar la natalidad" a través de un plan autonómico que ofrezca "apoyo a esas valientes mujeres que deciden seguir adelante con el embarazo".

"Aquí hay mucho fariseo suelto. A los señores de PSOE y Adelante Andalucía no les interesa la familia, la natalidad, las ayudas a la familia, el reto demográfico, la España vaciada, los abuelos... Lo suyo es una gran mentira", remató el diputado. Tanto el PP como Ciudadanos presentaron enmiendas para modificar determinados aspectos de la propuesta y todas fueron aceptadas, excepto aquellas relativas al polémico punto quince. La enmienda del PP pedía trabajar en medidas de "educación sexual y reproductiva para evitar el drama que supone un aborto" y cambiaba el término de "abortorios" por "centros donde se practican interrupciones del embarazo". En cuanto a Ciudadanos, el partido naranja pedía garantizar "el respeto a la legislación vigente", que reconoce "el derecho a interrumpir el embarazo dentro de las primeras catorce semanas de gestación", además de fomentar "una adecuada educación afectivo sexual".

A mediados de septiembre, el diputado de Vox Francisco Serrano ya apuntaba a la legalización del aborto como uno de los factores decisivos en el "hundimiento de la natalidad". La interrupción voluntaria del embarazo, decía, se suma a la "crisis" de la familia, la concepción del amor y la ideología de género. En julio, la marca ya registró una proposición no de ley en el Parlamento andaluz con el propósito de ofrecer ayudas de 250 euros a embarazadas menores de 30 años y vulnerables, siempre con el fin último de lastrar el derecho al aborto.

No es el único movimiento que los de Santiago Abascal han avanzado, respecto al aborto, en parlamentos autonómicos. Este jueves, Rocío Monasterio, líder de Vox en la Comunidad de Madrid, abordó el debate sobre el aborto en el Pleno de la Asamblea, después de haber planteado ya una pregunta sobre interrupciones voluntarias del embarazo a principios de mes. Aunque el debate partió de una interpelación formulada por Podemos, sus raíces habían empezado a germinar desde la entrada misma de la ultraderecha en las instituciones.

Monasterio centró todos sus esfuerzos en hablar del aborto como "condenas a muerte". "Estamos hablando de vidas, no de fríos números, de estadísticas", insistió, "de madres que se presentan en la puerta de muchos lugares a pedir ayuda, que han sido víctimas de trata muchas veces, de adolescentes que en su casa les están presionando para que acaben con esa vida". Monasterio aprovechó, además, para criticar un sistema sanitario público que en su opinión "favorece que un centro privado le resuelva el problema, no sabemos cómo, impulsándole a apostar por la muerte y no por la vida".

La presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, replicó en una línea no muy alejada de su interlocutora. "Para mí, el aborto es un fracaso, porque el embarazo no deseado se puede evitar", argumentó. "He conocido a muchas mujeres que se han arrepentido de abortar, porque ese hijo no va a volver. Sin embargo, no conozco a ninguna mujer que se arrepienta de su hijo", afirmó no sin antes tratar de garantizar "la libertad para decidir en un sentido o en el otro".

A principios de octubre, el grupo parlamentario de Vox en Aragón registró varias preguntas sobre las subvenciones o ayudas que reciben las mujeres embarazadas y respecto a la información que reciben aquellas que se "estén cuestionando" la interrupción voluntaria de su embarazo. De nuevo, la ultraderecha institucional centraba su estrategia en apelar a las ayudas dirigidas a mujeres gestantes, al tiempo que rechazaba el derecho a abortar entre aquellas que no quieren continuar con su embarazo.

Ataques a clínicas

Mientras Vox avanza en su objetivo de introducir un debate ampliamente superado, las clínicas que ofrecen servicios de interrupción voluntaria del embarazo se ven sometidas a constantes ataques.

A finales de septiembre, más de seis decenas de organizaciones se unieron en Madrid contra el acoso de los grupos antiabortistas. Según los "cálculos conservadores" efectuados por las plataformas, se producen aproximadamente "cien acciones de acoso al año", de manera que desde el año 2010 "más de 8.000 mujeres han sido víctimas".

El acoso no se produce de forma discreta y espontánea, sino que parte de planes minuciosamente trazados, habitualmente gestados entre grupos ultracatólicos que dicen defender la vida mediante una interpelación directa a mujeres y trabajadores de los centros.

La clínica Dator, en Madrid, es uno de los focos tradicionales para los atacantes. Uno de los últimos episodios frente a sus instalaciones se producía hace menos de un mes. Sus inmediaciones amanecían con pintadas – "sí a la vida" o "no lo hagáis"– y las mujeres que acudían al centro tuvieron que soportar intercepciones a las puertas y folletos con información falsa. Dator forma parte de un listado mucho más amplio. Tal y como informan desde las plataformas que tratan de responder a los ataques, otras clínicas como Isadora o El Bosque, ambas madrileñas, también soportan habitualmente las mismas acciones. "A otros niveles siguen los mismos hostigamientos semanales en clínicas de Madrid, Albacete, Algeciras, Córdoba o Málaga", mientras que "en Murcia suelen ser mensuales".

Este mismo martes, la ciudad de Córdoba amaneció repleta de carteles contra el aborto firmados por Falange Española bajo el lema "100.000 al año gobierne quien gobierne". Ya en octubre, grupos ultra salieron a las calles cordobesas para entregar a las mujeres pines con la forma de dos pies, acompañados por el siguiente texto: "Pies preciosos. Símbolo internacional de pro-vida. Estos pies son idénticos a los de un niño no nacido de diez semanas de gestación. Cuando alguien te vea el pin de los pies preciosos, tú tienes la oportunidad de compartir la humanidad de un no nacido. A las diez semanas, un niño no nacido está perfectamente formado de la cabeza a los pies. Los no nacidos no pueden hablar por sí mismos. Tú hablas por ellos cuando usas sus pies preciosos".

Después de los hijos, ¿serán los nietos los que podrán heredar problemas de salud provocados por la toma de Depakine, el medicamento prescrito a personas epilépticas o bipolares? La asociación de ayuda a los padres de hijos que sufren el síndrome del anticonvulsivo (Apesac) ha hecho cuentas por primera vez. Las cifras, inéditas, son preocupantes: ha contabilizado 99 nietos de personas que tomaron Depakine como potenciales nuevas víctimas del medicamento.

La cápsula, hecha a base de ácido valproico, ha provocado ya hasta 30.400 problemas de neurodesarrollo y hasta 4.100 malformaciones a toda una generación de pequeños entre 1967 y 2016, según la Agencia Nacional de Seguridad del Medicamento (ANSM).

Y no es porque lo hayan tomado ellos mismos, sino porque han sido contaminados por este anticonvulsivo cuando estaban en el vientre de su madre, en tratamiento. Pues bien, es ahora cuando una nueva ola de preocupación se apodera de sus víctimas. Porque los bebés expuestos desde la comercialización del Depakine en Francia, hace 52 años, se han hecho grandes y, a veces, también padres, y entre su prole muchos sufren las mismas complicaciones. ¿El Depakine, fabricado por el laboratorio Sanofi, afecta también a los nietos de quienes lo tomaron, aunque no hayan estado jamás expuestos directamente?

La Apesac ha llevado a cabo la investigación con sus medios propios: de 187 nietos de mujeres en tratamiento con este antiepiléptico durante su embarazo, más de la mitad tienen problemas graves de salud característicos de los daños colaterales del Depakine: un 30% problemas de neurodesarrollo, un 9% malformaciones y un 14% ambos. Malformaciones urogenitales, renales, en las manos y en los pies, cardíacas, del cráneo, dismorfias faciales, problemas de comportamiento, de interacciones sociales, de atención, de aprendizaje, autísticas, visuales, auditivas, psicomotrices, de lenguaje… Los síntomas descubiertos son los mismos para los dos grados de filiación.

¿Qué podría explicar esta herencia? ¿La intoxicación por ácido valproico estaría tan anclada que provocaría estragos de generación en generación? ¿Hasta qué rama del árbol genealógico va a pesar esta carga? Marine Martin necesita respuestas. Desde noviembre de 2017 esta denunciante solicita regularmente al Ministerio de Sanidad que encargue un estudio epidemiológico que pueda confirmar o desmentir esta posible relación de causa-efecto.

Marine Martin pone a disposición la masa de datos de la Apesac, catalogados en detalle en tablas Excel con la larga lista de preocupaciones detectadas, familia por familia. Pero no ha tenido éxito. Preguntado sobre el tema por Mediapart, el Ministerio de Sanidad tampoco nos ha respondido.

¿Cómo interpreta ella este silencio? “Además de lo que costaría el estudio, ello implicaría después indemnizar a más familias, sobre todo por la ansiedad sufrida”, nos indica Marine Martin. “Ciertamente, muchos niños Depakine no serán seguramente padres puesto que están tan afectados que no son capaces ni siquiera de hacerse la comida, pero otros, como mi hija de 19 años, se preguntan si podrán tener hijos sanos”.

Sandrine Bercillon, de 34 años, estuvo expuesta in utero, al contrario que sus cuatro pequeños. Sin embargo, todos han sido diagnosticados como hiperactivos. “Creen que mis hijos son gemelos, todos tienen la misma cabeza, exactamente como la mía”, declara. Podrían perfectamente haber sido afectados por la misma dismorfia característica de los niños Depakine.

“Los chavales Depakine son clones, de generación en generación, todos son iguales, es aterrador. Este medicamento les ha robado la cara”, constata la presidenta de la Apesac.

Sandrine Bercillon y sus hijos tienen también problemas con la vista. Uno sufre incontinencia fecal, otra malformación en las manos y otra escoliosis, como su madre. “Eso me impide coger cosas pesadas”, nos dice la joven. “Yo podría operarme pero tengo el 50% de posibilidades de acabar en una silla de ruedas”. “Si usted supiera cuánto me arrepiento”, interrumpe Martine, su madre, que ha ido a visitarla al centro.

Desde que Sandrine Bercillon oyó hablar de los bebés Depakine, en 2015, ha compilado historiales médicos en una gruesa carpeta para apoyar la demanda de indemnización ante la Oficina Nacional de Indemnización por Accidentes Médicos (Oniam),  lo mismo que otras 457 víctimas. Ninguna ha sido todavía indemnizada.

Sin embargo, los efectos del ácido valproico durante la gestación no se pueden probar. Las autoridades sanitarias francesas son categóricas: estos niños expuestos corren cuatro o cinco veces más riesgo que los demás de desarrollar problemas mentales o de comportamiento. Aunque el vínculo entre el medicamento y la segunda generación no se haya aún establecido.

Un precedente transgeneracional con el Distilbeno

Virginie Escloupier, que vive en Charente-Maritime, busca también respuestas. Su madre tomó Depakine durante sus dos embarazos, en 1984 y 1988, sin conocer el peligro para los bebés. Sanofi no comenzó a mencionar los riesgos en el prospecto del medicamento hasta 2010.

Sin embargo, los médicos lo sabían perfectamente. Cuando su hermana nació con una malformación renal, el historial de maternidad mencionaba entre paréntesis “madre con Depakine”. Le han tenido que quitar un riñón. En cuanto a Virginie, ha tenido que operarse de las rodillas a causa de malformaciones.

Es en 2016, al estallar el escándalo del Depakine, cuando las dos hermanas encuentran una analogía. “Sentíamos que había una causa común entre nuestros diferentes problemas de salud. Habíamos pensado que tenían algo que ver con Chernobil”. “Un geneticista ha probado después que las hermanas están afectadas por complicaciones debidas al ácido valproico”.

Cuando Virginie Escloupier llama a Laurence Blanchard, vicepresidenta de la Apesac, no entiende por qué le hace preguntas sobre sus hijos: ella no ha tomado nunca Depakine. Sin embargo, su hija de 10 años tiene actualmente problemas de agitación, de aprendizaje, problemas visuales y los pies cavos. Esta deformación de origen neurológico le causa dolor al andar: sólo toca el suelo con los dedos y el talón.

Su hijo nació hace seis años y medio con los dedos pequeños retorcidos y dos extraños huecos superpuestos en la espalda, por encima del ano. “Los médicos nos dijeron que era el sitio de la antigua cola de mono”, repite, incrédula, esta treintañera. A la hija de Laurence Blanchard le pasa lo mismo.

Virginie Escloupier muestra en detalle las pruebas que revelan una malformación de la uretra. El chico fue operado siete veces en nueve meses, durante los cuales tuvo que llevar una sonda en el pene. La anomalía en la columna vertebral de su chiquillo tiene un nombre: espina bífida. “Es una de las malformaciones características observadas en los casos de bebés expuestos in utero al Depakine, con un riesgo estimado en un 1% de estos niños, frente al 0,5 a 1 por 1.000 en la población general. Puede ser detectada antes de nacer y proceder a una interrupción médica del embarazo”, explica Audrey Putoux, especialista hospitalaria del servicio de genética y del centro de referencia de anomalías del desarrollo y síndromes malformativos de los Hospicios Civiles de Lyon.

“Entre nuestros pacientes expuestos in utero al ácido valproico, algunos se preguntan si existen riesgos para sus hijos. Es una pregunta legítima pero que no podemos responder porque no existen aún pruebas realizadas en el hombre que permitan hacer una estimación de este riesgo”, informa el experto.

Audrey Putoux espera justamente colmar ese vacío científico y, para ello, se ha unido a un proyecto de investigación. La idea es comparar el número de malformaciones y problemas neurológicos en la descendencia de los niños Depakine con la población general (1) y, así, determinar si existe un efecto transgeneracional.

Ya hay un precedente. El Distilbeno y sus genéricos, prescritos en Francia entre 1950 y 1970 a casi 200.000 mujeres embarazadas para evitar un aborto espontáneo, han causado a sus hijos problemas de infertilidad, de cáncer genital y de seno, anomalías genitales, etc. Pero también a sus nietos, que sufren de obstrucciones del esófago y malformaciones del sexo masculino.

Esto fue una primicia en 2014, cuando fue probada la contaminación de varias generaciones por las investigaciones epidemiológicas financiadas por la ANSM, llevadas a cabo por Michel Tournaire, miembro del consejo científico de la red DES Francia. “Las víctimas el ácido valproico necesitan un estudio similar”, explica.

¿Cómo explicar esta pesada herencia? A través de la epigenética. Porque una exposición a medicamentos puede conllevar modificaciones epigenéticas, es decir, de expresión de los genes, lo que induce cambios hereditarios y por lo tanto transmisibles de generación en generación.

Recientes trabajos internacionales (2) muestran ya que el ácido valproico provoca efectos nocivos en varias generaciones de ratones. ¿Y qué pasa con los hombres y las mujeres? Mediapart ha preguntado a Sanofi y la respuesta es que enviaron un programa de investigación a la European Medicines Agency en noviembre de 2018, pero sólo sobre ratones.

Esta industria explica que será iniciada una primera etapa de estudios pre-clínicos “en los próximos meses”; los resultados deberían estar disponibles a lo largo de 2020. Los tests se basarán “en la duración” y conllevarán “varias etapas”, nos indica sin más precisión el laboratorio, que sigue rechazando contribuir al dispositivo de indemnización de las víctimas de primera generación del Depakine.

  (1) El estudio previsto por la genetista lyonesa consistiría en hacer un seguimiento de alrededor de 200 pacientes en 18 meses, por tres médicos de Rennes y tres de Lyon. Entre los gastos por los trayectos de los pacientes, las pruebas como ecografías, radios, evaluaciones neurológicas y estadísticas, la maestra de conferencias estima que se necesita un presupuesto de entre 600.000 y 700.000 euros.

(2) - The transgenerational inheritance of autism-like phenotypes in mice exposed to valproic acid during pregnancy, 2016.

- Prenatal exposure to sodium valproate alters androgen receptor expression in the developping cerebellum in a region and age specific manner in male and female rats.

- Epigenetic toxicity of environnmental chemicals upon exposure during development – Bisphenol A and valproic acid may have epigenetic effects, 2017. 

- The valproic acid-induced rodent model of autism. 2018. DNA methylation regulates CHRNA7 transcription and can be modulated by valproate, 2019.   

Traducción de Miguel López

Puedes leer el texto completo en francés aquí:

El Hospital Álvaro Cunqueiro (HAC) de Vigo ha enviado un informe al juzgado sobre el caso de un bebé que ingresó el pasado lunes fallecido tras el parto, informa Europa Press.

La madre, de 33 años de edad, fue trasladada al Hospital Álvaro Cunqueiro junto al bebé, según ha confirmado el 061.

El servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia ha informado que recibió una llamada a las 14.00 horas del pasado lunes día 10 en la que se requería asistencia médica en un domicilio.

Al lugar se trasladaron dos ambulancias, una medicalizada y otra asistencial, que llevaron a la mujer y al menor hasta Cunqueiro. El bebé falleció antes de entrar en el centro hospitalario, según ha confirmado el Sergas.

Fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha manifestado que el informe del centro sanitario llegó al juzgado de guardia, el número 5 de Vigo, que tiene intención de inhibirse al juzgado número 4 por la fecha en la que ocurrieron los hechos.

Según ha publicado La Voz de Galicia en su edición de este miércoles se trató de un "parto en casa" y que se llevó a cabo "sin el apoyo de ningún profesional sanitario".

La desigual duración entre los permisos de paternidad y maternidad "no es discriminatoria". Así lo ha determinado el Tribunal Constitucional, que a través de una sentencia dictada el 17 de octubre y publicada este martes, rechaza que la duración inferior de los permisos a los que pueden acceder los padres –cinco semanas para ellos frente a 16 para ellas– vulnere el derecho a la igualdad ante la ley y a no sufrir discriminación por razón de sexo.

La sentencia llega en un momento especialmente candente. El pasado 11 de octubre el Gobierno de Pedro Sánchez y Unidos Podemos fraguaban un acuerdo para los Presupuestos Generales del Estado de 2019 en el que incluían la "equiparación de permisos de paternidad y maternidad" a 16 semanas, remunerados al 100%, como parte del camino hacia una "sociedad más feminista". La ampliación del permiso de paternidad se prevé gradual: en 2019 será de ocho semanas, al año siguiente pasará a ser de doce y en 2021, finalmente, quedará anclado en las 16 semanas, igual que el de maternidad.

El dictamen, de esta manera, rechaza el recurso de amparo solicitado por un hombre, que fue padre en septiembre de 2015. El demandante, que presentó el recurso junto a la Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción (PPiiNA), había disfrutada de trece días de permiso, de acuerdo con la legislación de aquel momento. En un primer fallo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya denegó que su permiso de paternidad pudiera ser equiparable al de maternidad, por lo que el hombre decidió recurrir esta decisión al Tribunal Constitucional.

Los argumentos de los magistrados, quienes reconocen la existencia de "un prolongado debate social y político sobre la conveniencia de ampliar la duración del permiso por paternidad, incluso hasta su equiparación con el permiso por maternidad", giran en torno a una idea: la diferencia entre sexos y el "hecho biológico singular" de las mujeres. En el caso de la madre, dicen, la "finalidad primordial que persigue desde siempre el legislador al establecer el descanso por maternidad" tiene que ver con la "protección de la salud de la mujer trabajadora". Respecto al padre, no obstante, el objetivo no es otro que "favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral".

El Tribunal Constitucional, de hecho, recupera jurisprudencia para señalar que la maternidad, el embarazo y el parto son "una realidad biológica diferencial objeto de protección" y por tanto "las ventajas o excepciones que determine para la mujer no pueden considerarse discriminatorias para el hombre". En consecuencia, señala que "la baja de maternidad está íntimamente relacionada con la condición femenina de la trabajadora" y su principal fundamento "no está en la protección a la familia, sino en la de las madres".

En esta línea, el tribunal se apoya en el artículo 39.2 de la Constitución –que alude precisamente a la protección de las madres– y a los dictados internacionales –"el establecimiento de un permiso de paternidad no viene impuesto hasta la fecha por ninguna norma de Derecho Internacional"–. Es por ello, concluye, que no toda la"desigualdad de trato normativo"atenta contra la igualdad blindada por la Constitución, sino tan sólo las que introducen una "diferencia entre situaciones que puedan considerarse iguales, sin que exista una justificación objetiva y razonable para ello".

"Perpetuación de la discriminación laboral"

El Pleno del Tribunal Constitucional, presidido por Juan José González y compuesto por otros ocho hombres y dos mujeres, no ha alcanzado sin embargo un consenso absoluto. Ha sido precisamente una de las dos magistradas quien ha emitido un voto particular discordante con la posición mayoritaria.

María Luisa Balaguer sostiene que la decisión última debía haber estimado el recurso analizado. El asunto que se plantea, entiende, "se centra en valorar si la configuración de dicho permiso" atenta contra la "igualdad constitucionalmente reconocida como derecho fundamental", pues los permisos de ambos progenitores "no son en absoluto coincidentes".

El análisis realizado por el tribunal, lamenta, "permanece ajeno a una realidad mucho más compleja" y el dictamen final "ha perdido la ocasión de explicar por qué las medidas de protección de la parentalidad" se erigen como una barrera que "sólo afecta a las mujeres". Incide, por tanto, "en la perpetuación de la discriminación laboral".

Balaguer cree que el tribunal "se confunde en la identificación de las finalidades de los permisos, y este error está en la base de un modelo indefectiblemente discriminatorio". Aunque la magistrada coincide en que, por motivos obvios, el permiso de paternidad no tiene como objeto garantizar la protección de la maternidad entendida como fenómeno biológico, cree apropiado subrayar que tampoco el permiso de maternidad tiene una única finalidad.

En defensa de esta idea, la jurista recupera dos cuestiones claves: los casos de adopción y la posibilidad de ceder parte del permiso de maternidad. "La configuración actual del mismo permite ceder una parte importante de su disfrute al padre", pero además también cuentan con una duración de 16 semanas "los supuestos de adopción", permiso del que puede "disfrutar cualquiera de los dos progenitores en la medida en que no ha existido parto".

Por tanto, agrega, "ni la finalidad exclusiva del permiso de maternidad es la recuperación física de la madre, ni la finalidad del de paternidad es sólo la conciliación, sino la garantía de la igualdad en el acceso, promoción y desarrollo de la actividad laboral de hombres y mujeres". Se trata, a su juicio, de "repartir entre el padre y la madre el coste laboral que la decisión de tener descendencia tiene en las personas". La magistrada no duda en afirmar, de hecho, que la desigual duración de los permisos "resulta injustificada y desincentiva la contratación de mujeres en edad fértil".

El acuerdo entre el Gobierno y Unidos Podemos ya menciona el argumento laboral en su equiparación de los permisos. "Perseguimos tanto el reconocimiento de un derecho laboral individual para cada persona progenitora en igualdad de condiciones, como el cambio sociocultural que supone una responsabilidad común del cuidado de las hijas e hijos durante el primer año de vida", dice el documento rubricado entre ambas partes.

La jueza cree que la sentencia "ignora que existe un efecto claro de discriminación indirecta de las mujeres, asociado al hecho de la maternidad, que el legislador debiera tratar de erradicar". Critica, además, que la diferencia normativamente dispuesta entre ambos permisos no se basa en otra cosa que el sexo, es decir, "una de las categorías prohibidas contenidas en el artículo 14 de la Constitución", según el cual "todos los españoles son iguales ante la ley" sin que pueda prevalecer discriminación alguna "por razón de nacimiento, raza, sexo, religión u opinión".

Balaguer finaliza su argumentación apelando al bienestar superior del menor. Urge poner sobre la mesa, estima, "el disfrute del derecho a la vida familiar" del que son titulares no sólo los progenitores, sino también los niños y las niñas. La sentencia, en este sentido, "consolida una división de roles en el cuidado que puede y debe ser revisada" de cara a lograr la tan demandada igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.