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El Gobierno de Castilla y León desdice el plan antiaborto de Vox: "Las medidas son voluntarias"

Juan García-Gallardo, y el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

El consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Jesús Julio Carnero, ha subrayado la "absoluta voluntariedad" para "embarazadas y profesionales" de las medidas antiaborto que el vicepresidente, Juan García-Gallardo, anunció el jueves, al tiempo que ha recalcado que "en ningún caso se va a obligar" al personal sanitario "a tomar una decisión en contra de la ley", ha recogido Europa Press.

Pese a que García-Gallardo se refirió a la voluntariedad para las mujeres de acogerse a los servicios contenidos en las medidas, que calificó de "provida", pero sí a la obligatoriedad para los profesionales a la hora de ofrecerlas, Jesús Julio Carnero ha recalcado que se trata de servicios que se podrán adoptar o no "desde la absoluta voluntariedad y libertad para mujeres y profesionales".

Medidas como la posibilidad de que las gestantes reciban asistencia psicológica, puedan escuchar el latido fetal o se realicen una ecografía 4D complementaria con las tres convencionales que se realizan actualmente. Servicios, todos ellos, para "apoyar a las mujeres embarazadas en tanto en cuanto éstas así lo demanden o lo deseen", ha insistido Carnero.

En este sentido, ha señalado que son servicios que "pueden utilizar las mujeres embarazadas", sin discriminar si se dirigen a las que pretenden interrumpir o no su embarazo, sino "en función de que los demanden o no". Todo ello después de que el vicepresidente señalara entre los objetivos de las medidas que "las mujeres que quieran continuar con su embarazo" pudieran contar "con todo el apoyo de la Junta" y tratar así de prevenir la interrupción de las gestaciones.

Por lo que se refiere a la protección del derecho a la objeción de conciencia por parte de los sanitarios que no quieran participar en la interrupción del embarazo, el consejero de la Presidencia ha asegurado que se trata de una fórmula "más garantista" para la "protección de datos" de estos facultativos y ha insistido que las medidas anunciadas el jueves suponen un "total y absoluto respeto a la ley y los protocolos en marcha"

Durante la atención a medios posterior a un encuentro con la asociación Pajarillos Educa en Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha negado que la implementación de estas medidas se abordara en la reunión del Consejo de Gobierno de ayer jueves, aunque, a preguntas de los periodistas, ha evitado valorar si esto supone una desautorización a las palabras del vicepresidente de la Junta. "No creo que ni lo esté desautorizando, ni no desautorizando", ha subrayado, tras lo se ha remitido a la información facilitada por la Consejería de Sanidad, cuya interpretación de los protocolos anunciados es a la que se acoge y la que considera "válida".

Sanidad dice que las medidas buscaban "mejorar la prestación"

Por su parte, el consejero de Sanidad, el conservador Alejandro Vázquez, ha defendido este viernes que las medidas anunciadas por Vox buscaban "mejorar la prestación" que ofrece la Comunidad Autónoma a las mujeres embarazadas, aumentar su difusión e intensificar las mismas, según informa Europa Press.

"A veces el acceso a este tipo de pruebas no está promovido y bien establecido", ha argumentado el consejero de Sanidad respecto a la intención de la Junta de Castilla y León con las medidas relacionadas con el ámbito sanitario y asistencial para el fomento de la natalidad y el apoyo integral a las familias anunciadas ayer.

Dicho esto, ha rehusado entrar a valorar las explicaciones y argumentos que realizó el vicepresidente de la Junta en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en la que presentó las citadas "medidas pro vida" —afirmó que su presencia en el Gobierno valdría la pena si con ellas se evita que un solo niño sea abortado—.

El consejero se ha remitido en todo momento al contenido de la nota de prensa que difundió el Gobierno autonómico en la que informaba de que la Junta va a "promover" una serie de "medidas sanitarias" relacionadas con el fomento a la natalidad y el apoyo a las familias —el texto no contempla el término 'pro vida' reiterado por el vicepresidente en su explicación a los medios— y ha defendido los "cuatro puntos importantes", "consensuados" y realizados "de forma conjunta" entre PP y Vox con la literalidad del comunicado de la Junta que no contempla tampoco la palabra aborto.

Entre esos "cuatro puntos importantes" a "promover" y "difundir" para "mejorar la prestación", ha insistido Vázquez, ha citado de forma expresa la implantación de un protocolo de latido fetal en el primer trimestre de gestación ya que esta monitorización permite el seguimiento de problemas fetales, como retraso del crecimiento o alteraciones en la cantidad de líquido amniótico y de factores de riesgo materno en embarazos de alto riesgo .

También ha destacado la realización de ecografías 4D, una técnica de imagen que, según ha aclarado, ya se ofrece a las mujeres gestantes en casi todos los hospitales de la Comunidad, salvo los de Ávila y Segovia, y que se ha comprometido a "extender todo lo posible" y "lo más pronto posible". "Habrá que complementar el equipamiento en algunos hospitales", ha asumido.

Preguntado por la semana concreta en la que se ofertará esta técnica de imagen, Alejandro Vázquez se ha limitado a circunscribirlo en el último trimestre del embarazo "y siempre bajo criterio médico", ha reiterado ya que las ecografías 4D ayudan a detectar malformaciones fetales.

Vázquez ha apostado también por "respetar" y "velar" por el cumplimiento de todo el articulado que regula la objeción de conciencia de los profesionales, con una mención expresa al artículo 19 apartado 2 de la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, como reza el cuarto punto de la nota de prensa a la que se ha remitido.

Ese artículo 19 recoge que los profesionales sanitarios directamente implicados en la interrupción voluntaria del embarazo tendrán el derecho de ejercer la objeción de conciencia, sin que el acceso y la calidad asistencial de la prestación puedan resultar menoscabadas por el ejercicio de la objeción de conciencia.

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El consejero ha reconocido que en Castilla y León se cumple ese precepto legal pero ha abogado no obstante por "estar vigilantes" para que la ley se siga cumpliendo, al igual que ha pedido para el artículo 4 sobre el derecho a la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo, respecto al que también ha pedido estar "muy vigilantes".

En la nota de prensa a la que se ha remitido titular de Sanidad consta por un lado que el rechazo o la negativa a realizar la intervención de interrupción del embarazo por razones de conciencia es una decisión "siempre individual del personal sanitario directamente implicado en la realización de la interrupción voluntaria del embarazo, que debe manifestarse anticipadamente y por escrito".

Y añade: "En todo caso, los profesionales sanitarios dispensarán tratamiento y atención médica adecuados a las mujeres que lo precisen antes y después de haberse sometido a una intervención de interrupción del embarazo".

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