Igualdad quiere garantizar el aborto en los hospitales públicos regulando la objeción de conciencia

La reforma de la ley del aborto de 2010 toma cuerpo y aspira a incluir un amplio abanico de medidas enfocadas no solo en los derechos reproductivos de las mujeres, sino también en su salud sexual. El Gobierno está todavía trabajando en los detalles del proyecto, aunque en un primer momento se había comprometido a contar con una versión el diciembre pasado. En cualquier caso, la norma está todavía en proceso de negociación con sus socios y deberá contar con el aval de los grupos parlamentarios. Este miércoles, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha ofrecido en la Comisión de Igualdad del Congreso algunos detalles sobre la norma que está tejiendo su departamento, mano a mano con el Instituto de las Mujeres. 

Centros públicos y objeción de conciencia

"Interrumpir voluntariamente el embarazo va a estar garantizado en todos los hospitales públicos", ha afirmado la ministra. Sobre la mesa, el desplazamiento de las mujeres que no encuentran en sus provincias la posibilidad de interrumpir su embarazo, las cuatro comunidades –Madrid, Castilla-La Mancha, Murcia y Extremadura– que no han practicado ningún aborto en 2020 y el 78% de interrupciones en centros privados. Son estas irregularidades las que el ministerio quiere corregir.

La garantía de un aborto accesible en la red pública va estrechamente ligado a la objeción de conciencia. "Es imprescindible que todos los centros con servicio de ginecología y obstetricia cuenten con profesionales que garanticen la interrupción voluntaria del embarazo", ha señalado Montero. La titular de la cartera cree importante respetar el derecho constitucional de la objeción de conciencia, siempre que sea "escrupulosamente compatible con el derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos".

Sobre la regulación del derecho a la objeción de conciencia, la futura ley del aborto tiene un claro referente: la ley de eutanasia. La reciente ley obliga a las administraciones sanitarias a crear un registro de profesionales sanitarios objetores, con el objetivo de "facilitar la necesaria información a la administración sanitaria para que esta pueda garantizar una adecuada gestión de la prestación". Es este el modelo que la ley del aborto prevé seguir.

Menores y reflexión impuesta

El derecho a la libre interrupción del embarazo parte de una decisión autónoma y meditada por parte de las mujeres que la toman. Por ello, el Ministerio de Igualdad eliminará toda imposición de reflexión en el acceso a la prestación sanitaria. Se esfumará la obligación de recibir el sobre que actualmente recogen las mujeres que solicitan interrumpir su embarazo, con información sobre las implicaciones que conlleva el aborto, alternativas a su práctica y ayudas a la maternidad. El sobre desaparecerá de manera generalizada y solo se entregará a quienes así lo soliciten. Igualmente, se eliminarán los tres días de reflexión obligatoria que existen por ley. 

Igualdad también derogará, tal como se comprometió desde el inicio de la legislatura, la reforma que introdujo el Gobierno de Mariano Rajoy relativa a las menores de 16 y 17 años, quienes a día de hoy deben contar con el permiso de sus progenitores para abortar.

Aborto farmacológico

La futura norma blindará además que sea la mujer quien decida el método de interrupción. Esta semana, precisamente, colectivos feministas denunciaron los obstáculos a la hora de acceder al aborto quirúrgico en Lleida. Hace justo un año, el Ministerio de Sanidad deslizó la posibilidad de potenciar el aborto vía fármacos en las primeras nueve semanas de gestación, un extremo al que la ministra de Igualdad se opuso de manera tajante. "El aborto farmacológico nunca debe ser la única opción, ni siquiera la prioritaria", decía en redes sociales.

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"Aún hoy, si una mujer decide abortar, en muchas ocasiones se le ofrece solo el aborto farmacológico y debe abortar en su casa, muchas veces sin la información suficiente y teniendo como consecuencia una experiencia de dolorosas contracciones y grandes sangrados que no deberían vivirse sin la atención especializada y adecuada", ha dicho este miércoles. 

Salud menstrual

Lo adelantó la ministra a principios de febrero: los productos de salud menstrual deben ser accesibles para todas las mujeres. La futura ley quiere combatir el problema de pobreza menstrual que la crisis sanitaria ha puesto de relieve. 

"Las mujeres pagan todos los meses, por el hecho de ser mujeres, un IVA del 10% por productos que son de primera necesidad. Queremos cambiarlo para que productos de salud menstrual, de higiene femenina, así como pañales para niños y niñas, y otros productos esenciales, sean accesibles siempre y para todas las mujeres". Montero no ha dado más detalles sobre una eventual reducción del gravamen a estos productos o el reparto de los mismos en centros educativos o de trabajo. Ligado a estos últimos, tampoco ha especificado si la futura ley contemplará algún tipo de permiso laboral, siguiendo la estela de algunas propuestas ya desarrolladas en el país, como la aprobada en el seno del Ayuntamiento de Girona.