Un colectivo de organizaciones de trabajadores del sector del espectáculo pide, en un comunicado difundido en vísperas de la inauguración del Festival de Cannes, que se ponga fin al “cribado”, una investigación administrativa impuesta por ley al término de la cual se puede denegar a una persona el acceso a un evento, con lo que puede perder su empleo.

“Desde 2016 ha aparecido el concepto de 'gran evento' en la legislación francesa”, explica el comunicado firmado por los sindicatos Sud Culture, la CGT Spectacle, el colectivo de trabajadores y trabajadoras de festivales de cine Sous les écrans la dèche et le Stucs (Tras las pantallas, miseria y apariencia, Sindicato de Trabajadores Unidos de la Cultura y el Espectáculo).

“Detrás de este término”, prosigue, “se esconden varias disposiciones de seguridad y, en particular, el cribado que, con el pretexto de la lucha antiterrorista, otorga a las prefecturas un poder desmesurado sobre la contratación de trabajadores”.

El dispositivo al que se refiere el colectivo forma parte de las medidas introducidas por la Ley de Seguridad Interior y Lucha contra el Terrorismo (Silt), aprobada al salir del estado de emergencia con el fin de transponer algunas de sus medidas al derecho común.

Esta norma introdujo el artículo L211-11-1 en el Código de Seguridad Interior (CSI), que permite a las autoridades designar, mediante decreto, “los grandes eventos y las grandes concentraciones de personas cuyo objetivo sea asistir a la retransmisión de eventos expuestos a un riesgo de actos terroristas debido a su naturaleza y a la magnitud de su afluencia”.

El acceso a los lugares donde se celebra este gran evento queda así sujeto “a una autorización que expide el organizador previa conformidad de la autoridad administrativa”. Esta última se encarga de llevar a cabo una investigación administrativa de seguridad en el marco de la cual se consultan numerosos ficheros.

“La idea de estas investigaciones administrativas de seguridad es verificar la compatibilidad del perfil de la persona con el empleo o la habilitación”, explica Yoann Nabat, doctor en Derecho Privado por la Universidad de Burdeos y autor de Vigilar y fichar. Retrato de un país bajo control (editorial Divergences, abril de 2026).

“Las investigaciones administrativas de seguridad implican la consulta de una decena de ficheros, sobre todo policiales”, prosigue. “En primer lugar está el fichero TAJ, tratamiento de antecedentes judiciales, que es el principal fichero policial. Su nombre es muy engañoso porque, en realidad, no contiene los antecedentes judiciales y el simple hecho de haber sido considerado sospechoso en un caso basta para que figures en él”.

“También cabe citar el FPR, fichero de personas buscadas, donde se encuentran las famosas ‘fichas S’, de seguridad del Estado”, añade Yoann Nabat. “Pero, en mi opinión, el fichero más problemático es el fichero de prevención de atentados contra la seguridad pública de la policía, el Pasp, y su equivalente en la gendarmería, el Gipasp”.

“Se trata de un fichero muy amplio que incluye información sobre personas que se cree pueden representar una amenaza para la seguridad pública”, detalla el jurista. “Nos situamos, por tanto, en un momento muy anterior a que se cometa un delito. Además, es un fichero estrictamente policial, no hay ningún magistrado que valide el acceso al mismo”.

“Es en el Pasp donde pueden entrar manifestantes y activistas, en nombre de la prevención de atentados contra la seguridad pública”, señala. “La lógica es que un activista o un manifestante podría, con motivo de concentraciones, suponer un riesgo para la seguridad pública”.

“Se consultan muchos otros ficheros, unos diez”, concluye Yoann Nabat. “Pero la búsqueda está automatizada a través de un sistema central, el Accred, que recopila la información de cada fichero. Lo gestiona el Sneas, el servicio nacional de investigaciones administrativas de seguridad”.

Desde la entrada en vigor de la ley Silt, a trabajadores del sector del espectáculo, discontinuos, se les deniega la acreditación que les permitiría acceder a los lugares donde se celebra el evento, y se les rescinde el contrato.

Por ejemplo, “durante los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2024, la prefectura de París emitió cerca de 4.000 dictámenes desfavorables sin justificación alguna; y a otras tantas personas se les impidió trabajar en el evento, privadas de su medio de subsistencia, injustamente precarizadas”, recuerda el comunicado del colectivo intersindical. “Otros eventos culturales o comerciales también son declarados ‘grandes eventos’ y llevan a cabo un cribado de empleados y voluntarios, como el carnaval de Niza o la fiesta del Limón en Menton”.

Camille (ficticio) forma parte de esas trabajadoras que han perdido su empleo tras pasar por la criba. Desde 2023, trabajaba para la “Semana de la Crítica” del Festival de Cannes como responsable de protocolo. Pero el 30 de abril de 2025, poco antes de incorporarse a su tercer contrato de duración determinada de un mes, se enteró de que las autoridades administrativas habían emitido un dictamen desfavorable sobre su acreditación, indispensable para acceder al perímetro de seguridad establecido en torno al festival.

A Camille le confirmaron varias veces su exclusión por parte de su empleador y de la “Semana de la Crítica”, así como los motivos de la misma. La administración no respondió a ninguna de sus solicitudes de explicación. Por ello, el pasado mes de octubre, Camille recurrió ante el Tribunal Administrativo de Lyon para obtener la anulación de la denegación de su acreditación.

En su recurso, el abogado de Camille, Thibault Laforcade, subraya que ella “nunca ha puesto en peligro la seguridad de las personas, la seguridad pública ni la seguridad del Estado con su comportamiento”. Además, “nunca ha sido detenida ni puesta bajo custodia policial”.

Solo un elemento del currículum de Camille podría explicar la desconfianza de las autoridades: el hecho de que se defina como “una activista ecologista” que expresa “sus convicciones públicamente, a veces acudiendo a manifestaciones”. En su recurso, asegura no haber “participado nunca en una sola acción violenta o que haya puesto en peligro la seguridad de las personas, la seguridad pública o la seguridad del Estado” y se presenta como “una activista pacifista que respeta el Estado de derecho”.

“El problema de la represión administrativa es difícil de entender porque se trata de un concepto difuso”, explica Camille a Mediapart. “Es muy difícil determinar qué acción concreta me ha llevado a esta situación. No he podido evitar recordar todos los controles de identidad, más o menos largos, a los que me han sometido en las manifestaciones”.

“No solo he perdido a un empleador con el que había establecido una relación de confianza, sino que además esto me impide optar a un puesto estable en otra organización dentro del Festival de Cannes”, prosigue. “Cuando veo que cada vez más eventos se clasifican como ‘grandes eventos’, me pregunto si no será en todo el sector de eventos donde va a ser cada vez más difícil trabajar cuando se defienden valores ecologistas y de justicia social.”

Basándose en este fichaje político, que parece ser la única explicación al rechazo de la acreditación por parte de la administración, el abogado Thibault Laforcade presentó el jueves 7 de mayo, ante el Consejo Constitucional, una cuestión prioritaria de constitucionalidad (CPC). Este procedimiento permite, en el marco de un proceso ante un tribunal administrativo o judicial, acudir al juez constitucional para solicitarle que se pronuncie sobre una cuestión de derecho.

La CPC presentada por el abogado de Camille se refiere a las disposiciones del artículo L211-11-1 del CSI. Estas, al permitir impedir que una persona ejerza una profesión, “sin excluir la consideración de sus opiniones o de su compromiso activista pacífico y sin prever garantías procesales que aseguren una información suficiente, un acceso efectivo a los elementos determinantes del expediente y un debate contradictorio útil, ¿suponen una vulneración desproporcionada de la libertad de opinión y de expresión, del principio de igualdad y de la prohibición de la discriminación, así como del derecho a un recurso efectivo?”, se pregunta en la CPC.

“No cabe duda de que [el dictamen negativo atribuido a Camille] se basa en el fichaje de los activistas y apunta a las convicciones políticas de nuestra compañera”, afirma por su parte el comunicado intersindical. "Mediante su uso abusivo del cribado, la subprefectura de Grasse pone en peligro sus libertades de expresión y de opinión y practica una discriminación política".

En vísperas de la inauguración del festival, el colectivo ha creado una web que ofrece a los trabajadores del Festival de Cannes una Guía de autodefensa política y jurídica contra el cribado.

Las organizaciones firmantes se ofrecen además “como voluntarias para acompañar en cada trámite a las personas víctimas de un dictamen desfavorable y a las que se haya impedido participar en el evento, sea cual sea su sector de actividad”.

“Cuando me pasó a mí, me quedé como paralizada”, cuenta Camille. “Me daba vergüenza, sobre todo ante los demás profesionales, a quienes no me atrevía a explicar los motivos de mi exclusión. Menos mal que yo tenía algunos conocimientos que me permitieron presentar este recurso. La idea de esta guía es ayudar a las personas que también pasan por lo mismo y recopilar el número de casos para dar visibilidad a esta represión”.

Traducción de Miguel López

"El mal no prevalecerá. Construyamos puentes de paz sin miedo, porque Dios nos ama a todos incondicionalmente”.

(León XIV)

El mundo a la deriva: Apofis despierta

La sensación de naufragio inminente es la que prima en estos tiempos enrarecidos. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, lo resumió con una imagen que no admite réplica: es como si el mundo fuera un navío a la deriva, sin ninguna institución que oriente el comportamiento civilizatorio de las naciones. La fuerza de los tiranos parece imponerse a la voluntad de quienes defendemos los Derechos Humanos. Nos sentimos mayoría, pero una mayoría cohibida ante el acoso y el miedo a las consecuencias de la discrepancia.

En esta confrontación entre la barbarie y la cordura, quienes apostamos por la civilización nos encontramos huérfanos de la ONU, que Trump y Netanyahu pretenden dinamitar o anular; espectadores impotentes del genocidio de Gaza, de las masacres del Líbano, de una guerra ilegal en Irán. Rehenes de una dinámica de violencia y ruina económica que nos estrangula. Avanzando sin brújula, como zombis, a la espera de la siguiente locura de quienes se proclaman —con impunidad pasmosa— defensores de la libertad y la democracia.

Apenas nos da tiempo de sanar el daño antes de que llegue el siguiente. Somos testigos sobrecogidos de la matanza de inocentes por su raza, su lugar de nacimiento o su religión. Y no estallamos de indignación: aceptamos cobardemente la situación, o nos quedamos inermes ante la manipulación permanente de la inmigración por parte de la derecha y la ultraderecha, asumiendo propuestas claramente xenófobas y racistas —como la «prioridad nacional» para acceder a ayudas institucionales— más propias del fascismo que amenaza, de nuevo, nuestra convivencia.

Vivimos bajo el «síndrome del olvido inmediato»: nuestra memoria colectiva es sumamente débil y efímera. Las cifras hablan por sí solas. Según datos del propio Servicio de Inmigración y Aduanas de EE UU, el 8 de enero de 2026 había 68.990 migrantes retenidos entre el ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, decenas de miles de seres humanos reducidos a estadística y silenciados por el siguiente titular. Europa no es ajena a esta deriva: el Abogado General de la UE ha avalado el traslado de migrantes a terceros países extracomunitarios para su internamiento en centros de reclusión, confiando en un respeto a sus derechos que todos sabemos que no será real.

Nuestra capacidad reflexiva se anula al ritmo que avanzan los algoritmos que construyen una inteligencia paralela a la que nos ha dado forma como seres humanos.

Hannah Arendt nos advirtió de que “la maldad nunca es radical; solo es extrema, y puede devastar el mundo entero precisamente porque se extiende como un hongo sobre la superficie”, sin profundidad ni dimensión demoníaca alguna. Es exactamente lo que describe este momento.

Detrás de todo ello están líderes concretos —Trump, Netanyahu, Putin— que ejercen el poder de forma autoritaria, a los que cabría sumar otros varios que en el mundo se han unido para dar forma a una recreación actual de Apofis, la gran serpiente de la mitología egipcia.

En el panteón del Antiguo Egipto, Apofis —también conocida como Apep— era la encarnación del caos primordial: una serpiente colosal que cada noche amenazaba con devorar la barca solar de Ra e impedir que el amanecer llegara al mundo. Representaba las fuerzas destructivas que combaten sin descanso el Ma'at, el principio egipcio de orden, verdad y justicia cósmica. Nunca podía ser destruida definitivamente; solo contenida, conjurada, repelida una y otra vez por la vigilancia y el esfuerzo colectivo de los dioses y los hombres. Es una metáfora de una exactitud perturbadora: el mal autoritario no muere, se transforma y regresa. Y solo la acción constante, la memoria viva y la voluntad de resistir pueden evitar que la oscuridad prevalezca.

Como señaló Umberto Eco, “nuestro deber es desenmascarar el fascismo eterno y señalar con el índice cada una de sus nuevas formas, cada día, en cada rincón del mundo”. Algo tendremos que hacer para superar esta inercia que nos oprime la garganta hasta dejarnos sin aliento.

El informe anual de Amnistía Internacional no deja margen a la duda. Netanyahu, Trump y Putin son señalados como «depredadores» de los derechos humanos —«saqueadores brutales a la caza de trofeos injustos»— y como líderes que desplegaron una ofensiva para lograr el dominio económico y político mediante la destrucción, la represión y la violencia a escala masiva. Y lo que es peor, según la ONG: las prácticas autoritarias se han intensificado en todo el mundo.

Los datos que acompañan ese diagnóstico son escalofriantes: casi el 70% de la población mundial vive hoy bajo regímenes autoritarios mientras las democracias se debilitan de forma acelerada. En ese contexto, EE UU ha ejecutado extrajudicialmente a más de 150 personas mediante el bombardeo de lanchas en el Caribe. Y no pasa nada. Nadie rinde cuentas. Nadie comparece ante ningún tribunal. Tenía razón Martin Luther King cuando advirtió desde su celda de Birmingham que, en el fin, no recordaremos las palabras de nuestros enemigos, sino el silencio de nuestros amigos.

Siguiendo el camino trazado por estos grandes líderes mundiales, sus acólitos nacionales de la derecha y la ultraderecha dan muestras de la misma falta de moral política. Actitudes que salpicaron de intolerancia la madrileña Puerta del Sol, donde la presidenta de la Comunidad de Madrid acogió desde el balcón del antiguo edificio de la DGS franquista —símbolo no casual— a María Corina Machado, mientras una multitud dirigía insultos racistas a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, coreados por el cantante Carlos Baute.

Esta parafernalia no fue casual. De acuerdo con el INE, la población procedente de Venezuela supera ya las 692.000 personas en España, de las que más de 268.000 tienen la nacionalidad española y por tanto derecho a voto en elecciones generales, locales y autonómicas. Solo en Madrid son 72.550 ciudadanos los que pueden acudir a las urnas. Con las cosas de comer, no se juega.

Como antítesis a estas acciones, la semana pasada vivimos un encuentro histórico en Barcelona. Convocados por Pedro Sánchez, presidentes, alcaldes y líderes progresistas de cuatro continentes reclamaron la prevalencia de la legalidad internacional y el respeto democrático: Lula da Silva, Zohran Mamdani —alcalde de Nueva York—, Elly Schlein —secretaria general del Partido Democrático italiano—, Gustavo Petro, Claudia Sheinbaum, los mandatarios de Sudáfrica, Uruguay, Irlanda, Lituania, Albania, Cabo Verde y Barbados, y los vicepresidentes de Alemania, Reino Unido, Austria, Ghana y Botsuana.

En palabras del presidente brasileño: "Nadie tiene que tener vergüenza de ser progresista o ser de izquierda. Elogié a Pedro porque tuvo la valentía de no permitir que los aviones de guerra de EE UU salieran de aquí para bombardear Irán."

Tienen razón quienes han movido ficha para salir de la inercia inmovilista. Es el primer paso para luchar contra este posfascismo que, con el arma de la desinformación, la manipulación y el negacionismo, pretende acabar con décadas de conquistas democráticas. Recordemos cómo Gramsci advertía: “la crisis consiste precisamente en que lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer, y en ese interregno se verifican los fenómenos morbosos más variados”. Ese interregno es el que habitamos, ahora. Y por eso la acción no puede esperar.

Debemos sacudirnos la insensibilidad y hacer frente al ataque a los valores y los derechos humanos que desarrollan las fuerzas de la ultraderecha, a las que se suma una derecha inoperante, mimética e incapaz de ofrecer respuestas concretas a los problemas de la sociedad. Es muy cierto que las coaliciones estratégicas internacionales de extrema derecha suponen un gran riesgo para la democracia, porque traen nuevos modelos de populismo político y autoritarismo. Por eso es necesario rebelarnos y apostar por un capitalismo responsable y redistributivo que haga frente al capitalismo salvaje que nos quiere dominar.

La reflexión del filósofo Josep Ramoneda sintetiza bien el momento: ¿ha tocado fondo el delirio reaccionario? Colombia, México, Uruguay y Sudáfrica acompañan a Brasil y España en un encuentro que tiene el valor de una advertencia contra la ola creciente de impunidad antidemocrática. Se echaba en falta este impulso inicial y se ha producido. Ahora lo importante es desarrollarlo y extenderlo sin demora.

Porque la historia nos enseña que los derechos no se conceden: se conquistan. Y que cada generación tiene la obligación moral de defenderlos contra quienes, disfrazados de libertad, no hacen sino demolerla. Eduardo Galeano definió la utopía como el horizonte que retrocede cada vez que nos acercamos a él; y concluía: ¿para qué sirve la utopía? Para eso: para caminar. Pues bien, caminemos.

El tiempo marcará la evolución de los acontecimientos. Tras esta cumbre de Barcelona —histórica por sus participantes, impactante por sus contenidos—, lo que se dibuja en el ánimo de quienes peleamos por el futuro es la esperanza: la convicción de que esta solo puede ser una realidad favorable si nos empleamos a fondo en diseñarla a través del respeto a los derechos humanos conseguidos a lo largo de décadas. Esa esperanza activa, colectiva y sin miedo, es la única fuerza capaz de contener a Apofis —la gran serpiente del caos— y evitar que implante las tinieblas. Frente a la oscuridad, la única respuesta es continuar encendiendo la luz.

__________________

Baltasar Garzón Real es jurista y autor, entre otros libros, de 'Los disfraces del fascismo' (Planeta).

La libertad de expresión es uno de los pilares fundamentales de las sociedades democráticas. A lo largo de la historia, este derecho ha sido menospreciado, restringido y hasta reprimido en numerosas ocasiones. Sin embargo, la evolución de la conciencia social, junto con el avance de tecnologías como la imprenta y, más recientemente, las plataformas digitales, ha permitido que este derecho se consolide como un elemento incuestionable en la vida cotidiana de las personas. En el contexto actual, donde la información circula a un ritmo vertiginoso gracias a la digitalización, es imprescindible mantener y proteger la libertad de expresión, al tiempo que se reflexiona sobre cómo regular los nuevos medios sin comprometer este derecho fundamental. 

El desarrollo de la imprenta en el siglo XV marcó un antes y un después en la comunicación humana. Este invento democratizó el acceso al conocimiento y permitió que las ideas circularan con mayor libertad. La difusión de pensamientos, críticas y enfoques sobre la realidad política, social y cultural fomentó un ambiente de debate que propició cambios significativos. Movimientos como la Ilustración no hubieran sido posibles sin la capacidad de compartir ideas de forma masiva.

No obstante, la imprenta también trajo consigo nuevos desafíos. Los gobiernos comenzaron a regular la publicación de materiales considerados subversivos o peligrosos. A pesar de estas restricciones, la imprenta sentó las bases para que la libertad de expresión se convirtiera en un valor primordial a luchar y preservar. 

Con la llegada de la tecnología digital, la forma en la que consumimos información ha cambiado radicalmente. Plataformas como redes sociales, blogs y sitios informativos permiten a cualquier individuo convertirse en emisor de contenido. Esto ha democratizado aún más el acceso a la información, pero también ha generado problemas serios, como la propagación de noticias falsas y la desinformación a gran escala.

La preocupación por las fake news no es nueva; siempre ha existido la tendencia a manipular la información para diversos fines. Sin embargo, en la era digital, la velocidad a la que se difunden estas informaciones falsas y la facilidad con que se puede acceder a ellas han amplificado su impacto. Este panorama plantea la necesidad de encontrar un equilibrio entre la libertad de expresión y la regulación de los contenidos en línea. 

A menudo se plantea la necesidad de regular el contenido digital para evitar la propagación de información falsa y dañina. Sin embargo, esta regulación no debe interpretarse como un intento de censura. La identificación de los emisores de contenidos puede ser una herramienta valiosa para asegurar la responsabilidad en la difusión de información. Al exigir que los autores de contenido digital se identifiquen, la sociedad puede reclamar mayor responsabilidad a quienes difunden información, facilitando así un entorno de comunicación más transparente y seguro. Esto está perfectamente regulado en los medios denominados tradicionales, impresos o audiovisuales, donde la publicación de contenidos tiene siempre como último responsable al director de la publicación o al propietario de esta. En dichas cabeceras se realizan publicaciones firmadas, pero también con seudónimos, y en estos últimos es el director el responsable de lo publicado. ¿Por qué no se puede hacer una regulación similar con los medios digitales y redes sociales? ¿quién tiene interés en seguir publicando de forma anónima? 

De la responsabilidad de una noticia o de un conocimiento, tiene que hacerse cargo quien la produce o quien autoriza su publicación, lo que no impide que sea fundamental que esta identificación no comprometa la libertad de expresión, por eso los periodistas y sus empresas tienen garantizado el anonimato de sus fuentes de información. Es necesario regular que se pueda responsabilizar a los propietarios de las plataformas que autorizan información falsa, como pasa con los medios tradicionales.

No obstante, cualquier forma de regulación debe ser cuidadosamente diseñada para no inhibir el intercambio libre de ideas. 

Además de la regulación, es esencial fomentar la educación mediática dentro de la sociedad. Los ciudadanos deben ser capaces de discernir entre información veraz y falsa, y para ello, es necesario enseñarles a evaluar las fuentes y el contenido que consumen. La alfabetización mediática puede empoderar a las personas para que se conviertan en consumidores críticos de información, lo que a su vez puede ayudar a mitigar el impacto negativo de las noticias falsas y preservar la calidad del discurso público.

La lucha por la libertad de expresión no está exenta de retos. En muchas partes del mundo, incluyendo democracias consolidadas, se observa un creciente autoritarismo que busca silenciar voces disidentes. La autocensura se convierte en un mecanismo de defensa ante posibles represalias, lo que limita aún más el debate público. En este contexto, es más importante que nunca defender este derecho, no solo como un principio abstracto, sino como una herramienta vital para la progresión social.

La conclusión es que necesitamos preservar la libertad de expresión en la era digital, y se trata de una tarea que requiere un planteamiento de múltiples dimensiones. La historia nos muestra que este derecho no debe darse por sentado, ya que ha sido y sigue siendo amenazado. La revolución digital ha transformado la comunicación y ha planteado desafíos significativos, pero también oportunidades únicas para el intercambio de ideas y la promoción del conocimiento.

Al buscar un equilibrio entre la libertad de expresión y la necesidad de regular el contenido en línea, es esencial mantener el respeto hacia la autonomía individual y la diversidad de pensamiento. La educación mediática jugará un papel crucial en este proceso, capacitando a los ciudadanos para navegar de manera crítica en un mar de información. Así, debemos construir una sociedad donde la libertad de expresión siga siendo un pilar fundamental, promoviendo un discurso plural y enriquecedor que beneficie a todos, pero responsabilizándonos de lo que informamos o damos a conocer.

_____________________________

José María de la Riva Ámez es profesor de Geografía y ex concejal del Ayuntamiento de Madrid con el PSOE.

Chico-Trópico es un colectivo de artistas multidisciplinar centrado en la música. Formado por Sara Brito y Pedro Buschi, tiene como meta establecer un diálogo con el espacio público y quien lo habita —bebés, niños y humanos con el pelo blanco—  a través del juego, la experimentación y el disfrute.

Uno de sus proyectos es La C.O.S.A. (el Centro Organizado de Sonido Ambulante), una caravana convertida en estudio de grabación que va recorriendo barrios, festivales y centros culturales de todo el país. En su viaje recogen todo lo necesario para crear un archivo sonoro: las historias de vecinos y vecinas, sus risas, el ladrido de sus perros y los gritos de los niños, y con todo ello consiguen crear discos, miniclips, y todo tipo de experimentos audiovisuales.

Actualmente tienen un disco experimental en la exposición "Cañada en el centro", creado con niños de la Cañada Real. La muestra, expuesta en el Centro de Creación Contemporánea Quinta del Sordo, fue visitada recientemente por el ministro de Cultura Ernest Urtasun.

¿Qué les impulsó a formar Chico-Trópico? Se definen como “centralita de acciones artísticas”, ¿qué es una acción artística?

Sara: Chico-Trópico surgió en 2010 como un festival en Casa América en torno a los nuevos sonidos latinoamericanos que en aquella época todavía no se conocían demasiado. La cumbia o nueva cumbia, electrónica, psicodelias… desde un lado experimental.  Empezamos a combinar eso con programación de artistas y a generar procesos participativos, entendiendo los eventos culturales como un lugar donde no solo se va como observador, sino donde las personas del público también pueden generar. Eso conecta con lo de centralita de acciones artísticas, donde la acción puede ser de cualquier ámbito, si bien nosotros nos especializamos en sonido y música. Desarrollamos cuestiones que tienen que ver con el arte de acción, con la performance y con procesos donde sobre todo se pone en relieve el carácter participativo y experimental de la cultura.

Entre otras acciones, tienen el proyecto de La C.O.S.A., ¿cómo funciona y por qué creen que es importante?

S: La idea primera de La C.O.S.A. es crear música y trabajar el sonido en el espacio público, donde este espacio no es solo de paso o de consumo, que es lo que ha pasado en las últimas décadas, sino también un espacio de encontrarse y de crear juntos y juntas.

Pedro: La importancia es la posibilidad de llegar a poblaciones que no tienen un acceso a esos instrumentos. La materia prima es la gente, porque todos venimos de distintos lados y tenemos mucho que ofrecer. Es un trabajo de escucha, no solo de música. Un proceso compositivo basado en la realidad de otra gente que no tiene nada que ver contigo, y que puede ser un ejercicio muy bueno para el ego.

S: En ese sentido creo que hacemos lo contrario de La Voz o de este tipo de concursos, los que llevan la idea de que solo pueden pasar los que cantan bien. Cuando juntas a la gente del mismo barrio, que quizás se conocen pero no en ese contexto creativo vivo, es muy bonito, y no estás en un bar. Creemos que es un valor que tiene la cultura más allá del consumo cultural, la creación y el quitarle toda la patraña de “solo unos pocos son los que pueden hacer”. Lo que hacemos tiene mucho que ver con desacralizar el hacer artístico, y sobre todo empoderar a la gente e invitarla a jugar. Al final La C.O.S.A. y todas las cosas que hacemos son espacios para jugar. El arte es juego. Es interesante que la gente vuelva a jugar.

¿Por qué creen que es importante que se incorpore el “jugar” también en la etapa adulta de la vida?

S: El espacio que nosotros llamamos juego es un espacio de probar, de quitarte el miedo a hacer, e incluso quitarte el miedo al error y al resultado final. El objetivo es disfrutar de los procesos.

P: Por ejemplo, en el último taller que hicimos cogimos unos microscopios digitales, hacíamos fotos a un musgo, lo proyectábamos y pintábamos sobre la proyección. Si te planteas esto como una cosa de perfección, no funciona. 

S: Es sobre todo incorporar el disfrute en las prácticas, en los procesos. Ahí es donde empiezas a jugar. En la vida en general y ojo, que luego en casa de herrero, cuchara de palo. Muchas veces no juegas en tu día a día, pero es importante seguir recordándolo y seguir generando momentos en los que eso sucede, sobre todo en grupo. Ahí aparece un espacio de libertad y de disfrute que hay que reivindicar, sobre todo en los tiempos tan serios y tan terribles en los que estamos.

Han dicho que su intención es habitar el espacio público más allá del consumo. ¿En qué se traduce?

S: Ya solamente poniendo una caravana en medio de una plaza, un espacio para hacer música, estás provocando un cambio en el espacio público y generando un espacio de juego. Uno de los talleres que hemos hecho en diferentes lugares de España y que vamos a hacer en Matadero en mayo y en junio es un trabajo con walky talkies. Te coordinas, te pones en el mismo canal y empezamos a generar un relato colectivo basado en la observación. Ahí estás activando el espacio público de una manera que no es el consumo, sino con la creación.

Casi todos los talleres y las experiencias que hacemos van por ahí. Espacio público, juego, y creación. Y ahí hay un empoderamiento de la gente sobre la ciudad y sobre el disfrute.

En todos estos años de actividad, ¿han notado una evolución en la dificultad de esta tarea?

S: En España hay una hiperlegislación del espacio público y una burocratización de su uso que es evidente. Nos pasa no solo a nosotros, sino a un montón de artistas y personas que trabajan así. Nosotros llevamos 16 años, y sobre todo trabajamos en ciudades. En Madrid se vio una evolución a una mayor legislación, donde todo pasa por una ultra seguridad. Hay una cuestión desde las instituciones, pero el ser humano siempre busca grietas por donde poder activar el espacio público. Ahí hay una lucha.

P: Yo creo que la juventud sí que hace uso del espacio público. Lo podemos ver con los bailes o las batallas de gallos, que tienen un ambientazo y son cosas totalmente autogestionadas. 

¿Cómo puede la gente estar al tanto de sus actividades? 

S: En nuestro Instagram (chico.trópico) vamos compartiendo siempre todas las actividades que hacemos. También en nuestra web.

En abril La C.O.S.A. va a estar en varios lugares de Madrid. El día 16 vamos a estar en la Universidad UDIT siendo parte de un proyecto con colectivos independientes. El 25 y el 26 estaremos también con La C.O.S.A. en 21 Distrititos, uno de los festivales que realiza el programa del Ayuntamiento de Madrid, 21 Distritos. Haremos música y canciones con la gente. Está pensado para familias, pero puede venir quien quiera. En mayo vamos a estar en la celebración de los 100 años del Círculo de Bellas Artes. Estaremos grabando música y haciendo acciones sonoras allí. Hay multitud de oportunidades que iremos compartiendo.

Nueve años después de las movilizaciones sindicales en defensa de una empleada de una pastelería de Gijón que acusaba a su empleador de acoso laboral, y nueve meses después de que un juez ordenara su inmediato ingreso en la prisión de Villabona en contra del criterio del fiscal (que reclamaba la suspensión de la condena), el grupo de sindicalistas de la CNT conocidos por Las seis de La Suiza ha recibido por fin el indulto en el Consejo de Ministros de este martes. La medida de gracia, que considera que su conducta, aunque delictiva, se produjo en el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad sindical, será efectiva a partir del día siguiente, cuando se publique en el BOE.

Las seis de La Suiza –cinco mujeres y un hombre– fueron condenados en junio de 2021 a tres años y seis meses de cárcel por los delitos de coacciones graves y obstrucción a la justicia al considerar que los miembros de la CNT se habían excedido en el ejercicio de la libertad de expresión y la libertad sindical al participar en varias manifestaciones en defensa de una de las trabajadoras de la pastelería La Suiza, en Gijón, que había denunciado al propietario por acoso laboral y sexual. La sentencia, dictada por el Juzgado de lo Penal 1 de la ciudad asturiana, fue ratificada por la Audiencia Provincial y, más adelante, en 2024, por el Tribunal Supremo. El pasado 9 de julio, el juez ordenó su inmediato ingreso en prisión.

El indulto, que ha impulsado el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, y que se ha aprobado en el Consejo de Ministros de este martes, aprecia motivos de equidad, justicia y utilidad pública en la medida de gracia. Se justifica en que la conducta por la que fueron condenados –la participación en varias movilizaciones ante el comercio en el que estaba ocupada la empleada–, se produjo en un contexto laboral y en ejercicio de derechos fundamentales como el de manifestación o la libertad de expresión y la libertad sindical. Con su acción reivindicativa, además, los condenados no tenían la intención de cometer los delitos por los que finalmente fueron condenados.

La medida de gracia llega pese a los informes contrarios emitidos tanto por el Juzgado de lo Penal 1 de Gijón, el autor de la sentencia, como del Ministerio Fiscal, que, sin embargo, el pasado verano, apoyó sin éxito que se suspendiera el encarcelamiento. El Consejo de Ministros indulta las penas de cárcel con la condición de que no vuelvan a ser condenados por ningún delito en los próximos cuatro años.

Todos los miembros de Las seis de La Suiza se encuentran en tercer grado penitenciario desde pocos días después de entrar en la cárcel a la que solo acudían a dormir y de la que estaban exentos los fines de semana. El perdón fue solicitado por una veintena de organizaciones sindicales, el Gobierno de Asturias y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo Yolanda Díaz, que inmediatamente después de su reclusión afirmó que trabajaría desde dentro del Gobierno para lograrlo. "El sindicalismo es un derecho, no un delito", declaró. PSOE, Sumar, IU, Podemos o EH Bildu también se habían mostrado a favor.

Los hechos tienen su origen en un incidente laboral ocurrido en junio de 2015, cuando una empleada de la pastelería La Suiza, que se encontraba embarazada, comenzó a sentirse mal y pidió al dueño del negocio, sin éxito, que le dejara marchar. Al no permitírselo su empleador, llamó a su pareja, que tuvo un altercado con el propietario en el que estropeó un frigorífico de un golpe. La mujer terminó marchándose y, al poco tiempo, le dieron una baja médica por riesgo de aborto.

En 2017, cuando la empleada disfrutaba de su permiso por nacimiento y cuidado de su hijo, decidió que ya no quería trabajar en la pastelería. Aseguraba que sufría ansiedad y estrés y denunció acoso laboral y sexual por el propietario. También acudió a la CNT para que negociara con él la ruptura de su relación laboral, algo a lo que el dueño del negocio se negó.

El sindicato organizó entonces una quincena de concentraciones –la mitad de ellas comunicadas a la Delegación del Gobierno– a la puerta del local en el que, además del dueño, trabajaba su esposa, una hija y dos empleados más. Las primeras contaron con apenas una decena de afiliados de la CNT, pero con el tiempo se fue sumando gente hasta el punto de que, en alguna ocasión, llegaron a congregarse varias decenas de personas que gritaron a favor del cierre del negocio y corearon insultos a los clientes. En alguna de estas protestas se llegó a interrumpir la circulación y se tiró algún petardo. El propietario mantuvo en el juicio que tuvo que cerrar y malvender el negocio a causa de ese movimiento en defensa de su empleada.

La orden de ingreso en prisión contra Las seis de La Suiza llegó ocho años después de los hechos, cuando todos ellos se encontraban perfectamente insertados en la sociedad, con empleo y familias a su cargo. Esa fue la razón esgrimida por sus abogados el verano pasado para evitar su encarcelamiento, que esa medida habría interrumpido la normalidad de sus vidas. Sin embargo, el juez de lo Penal gijonés obvió sus alegaciones y la petición del fiscal de suspender la pena y los envió a Villabona. Tras el cierre de La Suiza en Gijón, su propietario abrió un establecimiento similar en Oviedo.

El Tribunal de Instancia Sección de Instrucción Plaza Número 6 de Valladolid ha acordado la apertura de juicio oral contra el humorista Héctor de Miguel, conocido como Quequé, como supuesto autor de un delito de coacciones cometido contra la presidenta de la fundación ultra Abogados Cristianos, Polonia Castellanos.

En este procedimiento, la Fiscalía reclama dos años de prisión por un delito de coacciones (acoso) y el abono de una indemnización de 6.000 euros por perjuicio y daño moral, y considera responsable civil a la entidad Cadena SER.

En el auto, al que ha tenido acceso EFE este lunes, se solicita al acusado y, en su caso al responsable civil directo y/o subsidiario, que preste fianza de 8.000 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponerse.

La acusación particular demanda dos años de prisión por un delito de acoso y dos años de cárcel por un delito de incitación al odio, además de 12.000 euros por perjuicio y daño moral.

Mientras se disparan las estimaciones sobre el número de víctimas de la represión del poder en Irán —varias fuentes hablan de hasta 30.000 personas muertas—, el acceso a internet se ha restablecido de forma muy limitada y selectiva. Aunque algo aliviado, este apagón digital tiene una duración excepcional en la historia de la República Islámica. Y la contradicción es total con las promesas del Gobierno de poner fin rápidamente a las restricciones.

El vicepresidente del régimen, Hossein Afshin, prometió el 19 de enero que “las actuales restricciones se levantarían en breve”. Pero el portavoz del Gobierno, Fatemeh Mohajerani, precisó posteriormente que la decisión de cortar internet correspondía a los “responsables de seguridad” y confesó en privado a los periodistas que era posible que la conexión no se restableciera antes de finales de marzo.

Este corte de internet ha provocado profundas perturbaciones en la vida cotidiana de los iraníes y su aislamiento del resto del mundo, pero también una ola de preocupación internacional, en particular por el riesgo de que se oculte el alcance de la represión mortal de las movilizaciones populares, sin precedentes desde la revolución de 1979. La insistencia de Irán en mantener este corte prolongado ha despertado además la curiosidad de los observadores sobre los avances en la creación de un “internet nacional”.

Irán es uno de los países que desde hace tiempo impone las restricciones más severas a la libertad de acceso a internet, ya que este acceso plantea una cuestión existencial para el régimen. La República Islámica considera que el internet libre forma parte de una “invasión cultural” de Occidente.

El líder supremo, Ali Khamenei, ha pedido en varias ocasiones, en sus discursos, la adopción de leyes restrictivas. En 2012, creó una institución denominada “Consejo Supremo del Ciberespacio”, encargada de la censura de internet y la aplicación de filtros. Este órgano figura en la lista de instituciones de represión cibernética elaborada por organizaciones internacionales, entre ellas Reporteros sin Fronteras.

El régimen iraní, especialmente durante los movimientos de protesta a escala nacional, considera que el corte de internet es una herramienta eficaz para contener las manifestaciones y, por lo tanto, garantizar su supervivencia política. Desde las manifestaciones de 2009, desencadenadas por la reelección de Mahmud Ahmadineyad como presidente, el recurso a este instrumento es recurrente y alcanza cada vez nuevas dimensiones.

Masoumeh Taherkhani, analista de economía afincada en el Reino Unido, explica a Mediapart que las experiencias anteriores de cortes de internet constituyeron para el poder “una especie de prueba real destinada a reducir los costes de ejecución de cortes posteriores. Pero este objetivo se ha quedado en la teoría. En la realidad económica, el resultado se tradujo en pérdidas considerables para las clases medias y las pequeñas estructuras comerciales de la sociedad”.

El corte actual limita directamente el acceso a servicios vitales como la banca, la salud y la educación, pero el proyecto de “internet nacional” se está desarrollando precisamente para neutralizar esos efectos. Esta red interna tiene por objeto mantener un nivel mínimo de servicios bancarios, administrativos, sanitarios y educativos en caso de corte o deterioro de internet a nivel mundial, y hay indicios de que esta capacidad se ha reforzado considerablemente en comparación con años anteriores.

“Es reveladora la comparación entre noviembre de 2019 y la situación actual”, estima Mehdi Saremifar, analista de tecnología afincado en Canadá. “En 2019, un corte de la red era prácticamente insoportable más allá de unos ocho días, y la presión económica había llevado a la reapertura de internet. En enero de 2026, el corte ha durado casi tres semanas, sin que se observaran signos claros de incapacidad inmediata del sistema”.

Sin embargo, las estadísticas, los informes sobre el terreno y los análisis de los expertos dan testimonio de los daños causados por esta política. Es cierto que no existen cifras precisas, definitivas y verificables sobre el coste económico de los cortes de internet en Irán. Los datos proporcionados por el Gobierno o por instituciones independientes son solo estimaciones y no cálculos reales basados en datos brutos.

Pero, según varias fuentes competentes en la materia, la estimación pública más creíble hasta la fecha proviene de la ONG NetBlocks, que evalúa las pérdidas financieras en Irán relacionadas con el corte de internet en 37 millones de dólares al día. Sobre esta base, y teniendo en cuenta los cortes que se produjeron durante la guerra con Israel, las pérdidas durante el último año superarían los 1.000 millones de dólares.

Mehdi Saremifar precisa que la parte de la economía digital iraní supone entre el 5 % y el 6,5 % de la riqueza nacional. Pero, aparte de los costes estrictamente soportados en este ámbito, los efectos del corte “se manifiestan en el cierre de empresas, la disminución de la confianza económica, la emigración de la mano de obra, etc.”, precisa.

Según las estadísticas disponibles, alrededor de 10 millones de personas en Irán obtienen sus ingresos directa o indirectamente de internet. Pero muchas de esas actividades son pequeñas y poco resistentes y, con cada corte, una parte de ellas nunca vuelve al circuito económico.

Según el propio ministerio de Telecomunicaciones iraní, se han visto privados de acceso a internet unos 73 millones de usuarios. “Estas cifras muestran que las pérdidas reales, especialmente a medio y largo plazo, podrían superar con creces las estimaciones publicadas”, afirma Masoumeh Taherkhani. “El impacto real de esta política se manifestará en el declive duradero de las actividades económicas”.

La idea inicial de crear la Red Nacional de Información (internet nacional) se planteó en 2005, al comienzo de la presidencia del ultraconservador Mahmud Ahmadineyad. En un principio, el proyecto debía completarse en tres años, pero se necesitaron diez años para que, bajo la presidencia de Hassan Rohani, entrara en funcionamiento el núcleo principal de esa red, un centro de intercambio de tráfico de datos de la infraestructura.

En un documento publicado años más tarde bajo el título “Requisitos de la Red Nacional de Información”, figuran como objetivos “la creación de la infraestructura de comunicación del ciberespacio nacional”, “la independencia”, “la gobernanza”, “el saneamiento y la seguridad”, “las tarifas y el modelo económico”, así como “los requisitos culturales”.

Esos títulos muestran que, al separar la red de internet del país de la red mundial, la República Islámica no solo persigue objetivos económicos, consistentes en eludir las sanciones internacionales. Esos objetivos también son de seguridad y culturales, vinculados a la ideología islámica.

Si el desarrollo del internet nacional es tan lento es porque “el desarrollo y el mantenimiento de infraestructuras paralelas, en formato internet nacional, requieren inversiones cuantiosas y continuas”, explica Masoumeh Taherkhani. Y además de que este coste es elevado, el rendimiento de un internet nacional es inferior al de la integración en la economía digital mundial.

“Irán es básicamente un consumidor y no un productor de tecnologías a escala mundial”, explica. “El país no dispone de las capacidades técnicas y operativas necesarias para transferir parte de las redes de servicios al interior del país y nacionalizarlas.”

Aunque la República Islámica ha logrado, mediante cortes generalizados, alcanzar objetivos de seguridad temporales y, mediante el filtrado, objetivos culturales, no ha tenido el mismo éxito en el plano económico, pues la economía digital de cualquier país depende en gran medida de las conexiones mundiales, las plataformas internacionales y la libre circulación de la información.

Contrariamente a las expectativas expresadas al inicio del reciente corte de internet en Irán, ni la comunidad internacional ni las empresas tecnológicas extranjeras han sido capaces de ponerle fin rápidamente.

Las instituciones de defensa de los derechos humanos vinculadas a las Naciones Unidas, entre ellas la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, han calificado el corte de internet como parte de un patrón de represión y violación de los derechos fundamentales.

“Esas declaraciones convirtieron el corte de una decisión técnica en una cuestión de derechos humanos, lo que dificultó cualquier intento de negar su carácter ilegítimo”, explica el analista Mehdi Saremifar. “Pero, a falta de mecanismos coercitivos vinculantes, no tuvieron un efecto disuasorio inmediato.”

Por parte de las empresas tecnológicas no se ha llevado a cabo ninguna acción concreta. Los intentos de crear vías de comunicación alternativas, en particular a través de la red de internet por satélite Starlink, se han topado con perturbaciones técnicas y con la persecución de los usuarios por parte de las autoridades iraníes.

“Esta experiencia demuestra que la eficacia de una intervención exterior, sin modificar el equilibrio de poder interno y sin generar mayores costes para el poder, sigue siendo indirecta y esencialmente a largo plazo, en lugar de operativa e inmediata”, concluye Mehdi Saremifar.

Mostafa Khalaji es periodista independiente. Este es su primer artículo para Mediapart.

Traducción de Miguel López

La Agrupación de Periodistas del sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha publicado este viernes un comunicado en el que exige a los poderes públicos que reaccionen ante la oleada de intimidaciones que están recibiendo algunos comunicadores. Tras el reciente parón del cómico Héctor de Miguel , el abandono de redes de la creadora de contenido Elena Reinés, ambas esta semana y por amenazas de muerte, el sindicato cree necesaria "una respuesta policial y una tutela judicial".

Este mismo jueves, otro episodio de acoso por parte de ultraderecha fue denunciado por la analista política Sarah Santaolalla. En el programa Malas lenguas, aseguraba que ha interpuesto una demanda contra el influencer Vito Quiles, tras un incidente que comenzó en las instalaciones de RTVE en Prado del Rey. La analista asegura que Quiles le siguió "por la carretera de manera temeraria y apareciendo en mi casa con tres matones más, que tuvo que echarles la policía de mi portal y del bar de abajo".

El pasado lunes, Elena Reinés anunció que se marchaba de las redes sociales con un rotundo "voy a parar". Después de sufrir una campaña de acoso, la comunicadora declaró a elDiario.es que todo comenzó después de que Woke Up News, una red de creadores de izquierdas de la que es fundadora, publicara un video desmintiendo bulos sobre el accidente de tren de Adamuz. A partir de la publicación de ese video empezó a recibir mensajes que ella misma describe como "brutales, de violencia explícita y de deseos de muerte", como, por ejemplo: “Te van a coger por la calle y no van a quedar ni tus huesos”.

Héctor de Miguel, el humorista y presentador de Hora Veintipico vivió una historia similar. Tras el último programa, en el que parodiaba al presentador Nacho Abad por su cobertura con "imágenes truculentas" del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), la asociación de policías Jusapol lo señaló y criticó. Otros usuarios, como el activista ultra Alberto Pugilato, pasaron de las críticas a las amenazas directas: "Si algún familiar considera pasarse y darles un par de aplausos como se merecen, aquí tienen las fechas y sitios", publicó en redes sociales. A este comentario le sucedieron otros tantos mensajes de odio y amenazas directas, acompañados de simbología fascista en algunos casos.

Pugilato ya protagonizó una agresión al cómico Jaime Caravaca durante una actuación en Madrid. Cuenta con miles de seguidores en sus redes sociales y ha emitido ya un programa especial en su canal de YouTube en torno a Héctor de Miguel, con otros militantes fascistas, en el que asegura que "este tipo tiene que pagar por sus palabras".

Este aumento de intimidaciones es el que ha motivado al sindicato a exigir responsabilidades políticas: "Trabajar en la información y la comunicación no es una tarea de héroes y heroínas". En el comunicado, aseguran que tanto el Ministerio del Interior como la Fiscalía "deben tomar nota de lo que está ocurriendo", y actuar para que ninguna difamación, acoso o amenaza quede impune.

El periodista Don Lemon, expresentador estrella de la cadena estadounidense CNN, fue arrestado acusado de violar la ley federal mientras cubría una protesta en una iglesia de Saint Paul (Minnesota) contra las redadas migratorias del Gobierno de Donald Trump, informó este viernes su abogado, informa EFE.

Lemon, reportero independiente de 59 años, fue detenido el jueves por la noche en Los Ángeles (EEUU) mientras trabajaba cubriendo los preparativos de la gala de los Premios Grammy, detalló su abogado, Abbe Lowell, en un comunicado.

El pasado 19 de enero, Lemon estuvo en una protesta en la que un grupo de manifestantes interrumpió un servicio religioso en una iglesia para manifestarse contra su pastor, quien también trabaja para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), y corearon consignas como "¡Fuera ICE!".

El Departamento de Justicia del Gobierno de Trump intentó presentar cargos contra ocho personas, incluido el periodista, invocando una ley que protege a quienes participan en servicios religiosos en lugares de culto.

Sin embargo, un juez que revisó las pruebas solo autorizó los cargos contra tres personas y rechazó los presentados contra Lemon y los otros acusados por considerarlos insuficientes. Posteriormente, la fiscalía solicitó a una corte federal de apelaciones la emisión de órdenes de arresto, pero estas fueron denegadas.

El abogado de Lemon subrayó en el comunicado que la Primera Enmienda de la Constitución, que garantiza la libertad de expresión, "existe para proteger a los periodistas cuyo trabajo es arrojar luz sobre la verdad y exigir rendición de cuentas a los poderosos".

La campaña de redadas masivas llevada a cabo en las últimas semanas en Minnesota, un estado de mayoría demócrata, ha provocado numerosas protestas, que fueron reprimidas por fuerzas federales.

Agentes de inmigración mataron a disparos a dos manifestantes de nacionalidad estadounidense, unos hechos que desataron una enorme indignación y forzaron a Trump a relevar el mando operativo y prometer una "desescalada".

No. No me he equivocado. He escrito “hooligangs” a propósito. Y ahora lo voy a escribir bien para decir que se cree que la palabra hooligan podría tener su origen en el apellido irlandés de una familia de pendencieros londinenses y que empezó a utilizarse para calificar a hinchas de fútbol violentos en la década de los sesenta.

Seres de apariencia humana que practicaban la violencia de masas, refugiados en la impunidad del grupo, con una estética concreta, ruidosos y más pendientes de intimidar al rival que de jugar.

Pero no, los que quebraron a mi amigo y compañero Héctor no fueron hooligans, fueron “hooligangs”. Porque a todo lo anterior hay que sumar organización, objetivos y jerarquías. Esto es “gang”.

Así que de este cruce entre “hooligan” y “gang” sale una amorfa y pestilente masa fascista con presencia callejera y mediática, que actúa con el objetivo de ocupar espacios de información. 

Con la decisión tomada por Héctor vemos una vez más que en España hacer chistes sale más caro que amenazar de muerte. 

Pero ya está bien, es hora de poner pie en pared. Los cómicos y las cómicas no podemos tolerar más amenazas de matones mediáticos fascistas y neonazis a sueldo por el PP y por Vox que pretenden callar a las voces progresistas e imponer sus berridos azulones.

Esas voces que denuncian las mentiras del “facherío” con ironía y que caricaturizan su infame ideología con sarcasmo y contra las que cargan, dicen, amparados en la libertad de expresión que aseguran, ojo a esto, que no existe. ¿Contradicción? Más bien cinismo canalla no exento de trazas de incultura y necedad.

Hay que poner pie en pared, sí. Pero también es necesario que el Estado actúe investigando, persiguiendo, sancionando y protegiéndonos de esas bestias que nos señalan, nos insultan y nos amenazan. Unas bestias que existen porque existen los Ndongo, los Quiles y los Negre. Unos Ndongo, unos Quiles y unos Negre que existen porque existen los Feijóo, los Tellado, los Abascal y los Antelos.

Empezaba hablando en términos futbolísticos y terminaré igual. Porque al fascismo le importa una mierda ganar el debate, no busca convencer: busca agotar, sacar del campo al rival por lesión psicológica. No es juego duro, es patada sin balón. Porque quiere jugar solo, que es lo que le gusta del deporte de la política.

Y lo peor es que algunos árbitros han normalizado el insulto y el acoso como parte del juego pero solo para un equipo. Y si tarjetas caen solo hacia un lado al final solo quedará el equipo de los malos.

Cada voz que se apaga no es un problema individual, es una derrota colectiva de la pluralidad. Porque un estado donde solo se escucha a una grada, no es democracia. Héctor, descansa todo lo que necesites, pero vuelve al partido. Te necesitamos. Pero, sobre todo, te queremos.

_____________

Alfredo Díaz es socio de infoLibre.

“Problemas del primer mundo” es una expresión capciosa para definir los dramitas de quien tiene resuelto albedrío, techo y tres comidas diarias cuando trata de ungirse ante los demás de la empatía del afligido merced a cualquier obstáculo a su felicidad y preponderancia. Esta expresión es una forma de lanzar la alerta ante un uso frívolo e impropio de expresiones graves para referir molestias leves o irrelevantes, una advertencia que, para el oficio, resulta indispensable para poner perspectiva geográfica e histórica ante el uso banal de términos como “represión” o “censura”. Por poner un caso extremo, en tiempo y zona de guerra, cuando el periodista español Pablo González fue detenido en Ucrania, acusado de espionaje prorruso, la diplomacia española se esforzó en que fuera trasladado de inmediato a Polonia, es decir, que fuera llevado dentro de territorio UE. Y aunque allí fuera violentado el habeas corpus, que lo fue, y se prolongase su detención de forma ilegal muchísimos meses sin que se formularan los cargos (violando el derecho comunitario), lo que no pasó es que Pablo González desapareciera sin dejar rastro. Por más que muchos crean que es lo mismo estar de este lado de la frontera de los derechos humanos que del otro, si hubiera sido al revés —detenido como sospechoso de espionaje prooccidental en Rusia— y hubiera estado preso del otro lado de la valla, la posibilidad de que se cayera accidentalmente desde un séptimo piso o muriese en prisión por motivos ignotos se habría disparado. Hay sitios donde, aún hoy, una voz crítica puede desaparecer sin más, morir envenenada o ser descuartizada. Pero esos sitios no son Europa Occidental. 

Cuando se come y duerme caliente, la tentación de confundir obstáculos con tremendas violaciones de derechos puede ser inevitable, pero quienes ejercemos la comunicación pública deberíamos ser más prudentes y tener respeto por las María Rezza y los Yamal Jashogi que ponen el cuerpo contra el autoritarismo. La periodista bajo cuya égida The New York Times logró ocho premios Pulitzer, Jill Abramson, daba una conferencia en Madrid hace diez años en la que señalaba que “la censura” era uno de los principales enemigos del periodismo occidental en el siglo XXI, una afirmación de una frivolidad pasmosa sabiendo que ninguna época como esta ha dispuesto de herramientas tan eficaces para difundir información, al punto de que hoy, en un entorno digital occidental, ejercer censura es un ejercicio contraproducente, como señala el llamado efecto Streisand, que certifica que los intentos por silenciar una determinada información disparan su distribución. La rectificación de Disney con el humorista y presentador Jimmy Kimmel, tras anunciar la supresión de su programa, da la medida de las dificultades que, incluso en el autocrático Estados Unidos del trumpismo, enfrentan los censores. No ha habido portada de El jueves más vista que la que un juez ordenó retirar de circulación ni artículo de Gregorio Morán más leído que el que él mismo filtró a terceros cuando el diario La Vanguardia decidió no publicarlo. Hacía muchos años que Fernando Savater no era tan leído como cuando escribió airado contra la “censura” que decía padecer en El País por parte de lo que él consideraba una suerte de ominoso matriarcado. Del mismo modo, nunca el planeta ha estado expuesto a más caricaturas de Mahoma que tras los asesinatos en Charlie Hebdo y ninguna crítica de Ignacio Echevarría fue más leída que la que escribió contra una novela de Bernardo Atxaga y El País decidió no publicar. 

El psicólogo y lingüista Steven Pinker formuló esa obviedad con la elegancia de una proposición científica: “El hecho de que debatamos públicamente sobre la censura es prueba elocuente de sus limitaciones”. Que el polemista Juan Soto Ivars haga ahora una gira nacional para vender su libro sobre el supuesto silenciamiento de ese residuo estadístico llamado “denuncias falsas” [de violencia machista], que además promociona desde sus múltiples tribunas escritas y televisadas, demuestra no solo que no cabe la censura en Occidente sino que victimizarse y llorar en prime time es un adorno aristocrático que se monetiza. Y pese a la obscenidad de tal actitud, en cada ocasión en que un medio prescinde de una firma de opinión, una decisión editorial legítima y mundana, se repite el mismo ritual: el columnista despedido (lo acabamos de ver con Elisa Beni) se declara víctima de “censura” —e incluso algo más grosero: mártir de su honestidad intelectual— y es saludado en redes sociales como un paladín de la libertad de expresión. 

La censura real la definieron con precisión quirúrgica los humoristas argentinos Les Luthiers, en su pieza El acto de Banania, en la que caricaturizaron los regímenes dictatoriales que desangraron el cono sur latinoamericano bajo los auspicios de Henry Kissinger: “Una de las obras que conocemos de esta etapa de Mastropiero es la canción infantil El conejito inocente —contaba el narrador, Marcos Mundstock—; en realidad, lo que se conserva es la versión censurada de la misma, cuyo texto dice: “Había una vez... y comieron perdices”. Mastropiero también compuso, sobre versos del mismo autor, una canción que no llegó a estrenarse, titulada Viva la Libertad. Lamentablemente no se ha conservado el nombre del poeta. Ni el poeta”. 

Este equívoco revela algo más grave, una excrecencia del extremo narcisismo de la pasada era neoliberal: que entendamos la libertad de prensa como un privilegio del comunicador con púlpito, cuando en realidad su enunciación protegía un derecho empresarial a difundir ideas y un derecho ciudadano a recibirlas. La libertad de imprenta blinda el derecho activo de un actor a comunicar, pero nace también para salvaguardar el derecho pasivo del público a saber. En tal sentido, si hubiera censura real en la desaparición de una firma en un medio, el mayor perjudicado no sería el autor implorante sino sus lectores. Pero quienes denuncian “censura” se encarnan a sí mismos en víctimas, apropiándose de un dolo que, de haberse producido, no les pertenece, pues el mal político mayor sería el derecho colectivo a ser informados. 

Ese contexto de frivolidad autoindulgente es el que permitió la aparición de la fantasmática “cultura de la cancelación”, invocada como si existiera un aparato represivo encargado de silenciar lo incorrecto y lo rancio. Lo que se ha dado en llamar “cancelación” no suprime voces, solo cuestiona impunidades y sanciona reputaciones. No evita hablar sino que impide que ciertos discursos sigan siendo prestigiosos sin contestación pública. Es una reprobación social, no una prohibición, porque la corrección política no es sino la forma en la que una sociedad liberal regula lo digno en cada época sin el concurso del legislador. Es decir, es una forma de democracia cruda. Lo que muchos llaman cancelación es solo una pérdida de estatus y, por tanto, de oportunidades profesionales, como explicó el escritor Gonzalo Torné en el ensayo La cancelación y sus enemigos. Y claro, no duele dejar de hablar, lo que duele es dejar de ser escuchado con reverencia cobrando mucho.

Pascal Bruckner aportó una clave decisiva cuando señaló que “la sed de persecución es un deseo perverso de ser distinguido”. Cuando la censura real deja de ser una amenaza cotidiana, algunos buscan simular martirio en pos de relevancia moral, un nuevo narcisismo basado en una biografía engalanada por heridas fingidas. En la célebre novela estadounidense El rojo emblema del valor (1895), Stephen Crane narra la historia del soldado desertor Henry Fleming quien, tras huir de una batalla en la Guerra de Secesión, deja que la sangre seca de su accidentaba peripecia lejos de la lucha sea interpretada por sus compañeros y superiores como el distintivo de su heroico coraje. Tal es el propósito de nuestros nuevos penitentes, que presumen en público de sus vicisitudes profesionales con el propósito de convertirlas en insignias y méritos para obtener devoción y, sobre todo, rentabilizarlos.

Hay un dato revelador que nunca se menciona: esos supuestos censurados rara vez son periodistas, casi nunca son la infantería de las ruedas de prensa, las noticias del día o las investigaciones de meses, no son reporteros que indagan hechos incómodos o cronistas que trasladan lo que ocurre, sino que son opinadores, comentaristas —escritores, intelectuales, profesores, periodistas retirados…, vanidades con firma— que han colonizado el espacio público desplazando al periodista activo del protagonismo en la comunicación. Cuando un reportero choca con un poder político o corporativo puede ser silenciado, apartado, despedido, acosado o amenazado, pero rara vez convierte su biografía en espectáculo público, pues este oficio de impostores obliga a hablar del mundo, no de uno. Cuando un columnista pierde su tribuna, en cambio, lo que se le arrebata no es una función cívica, sino un púlpito, y en su beatificación como víctima no defiende el derecho a saber del lector o el suyo a aportar conocimiento, sino su privilegio de disponer de megafonía para comentar lo que el periodismo genuino revela. 

La censura real es siempre un daño contra la sociedad —porque priva de conocimiento a todos—, no solo contra una firma. Siguiendo a Les Luthiers, mal está que perdamos al poeta, que es una tragedia personal, pero peor es que perdamos los poemas, que es un quebranto a la ciudadanía y a la historia. La censura imaginaria, por el contrario, otorga santidad a quien la reclama, elevando un problema contractual a categoría mística y convirtiendo la vulgaridad de las vicisitudes laborales en las estaciones de un martirio de corchopán. 

Y, sin embargo, cada cese se enuncia como una herida moral, cada traslado de página, como un atentado contra la libertad. En contra de la impresión de Jill Abramson, tal vez el signo de estos tiempos no sea la censura, sino su prestigio. Allí donde la palabra circula sin esfuerzo, no se busca hablar sino consagrarse. Los predicadores anhelan mordaza. Así se levanta un precario mausoleo, no el de quienes descubrieron algo que incomoda al poder, no el de los que plantan cara a la mentira institucional —como nuestros héroes locales, que desnudaron en sede judicial las pretensiones mendaces del Tribunal Supremo sin hallar premio ni tributo—, sino el de quienes aspiran a ser homenajeados por buscar mejor asiento para seguir defendiendo poderes castizos. Levantan así los fariseos su templo a los perseguidos sin persecución, a los de los silenciados con newsletter, a los mártires con podcast, a los cancelados con tribuna televisiva; un panteón de santos falsos sin reliquia ni milagro, donde la única verdad es un ego doliente y tartufo.

La libertad de informar es un principio fundamental vinculado a los derechos humanos. No solo en Francia, sino en todo el mundo. La misión de los periodistas es estar al servicio del derecho a la información y la libertad de expresión, velando por la veracidad de los hechos, el respeto de las fuentes y el derecho de réplica.

El derecho de toda persona a tener acceso a la información y a las ideas se recoge en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU). Al adherirse a esta organización supranacional tras su independencia en 1962, Argelia suscribió de facto esta resolución de 1948.

El miércoles 3 de diciembre, tras la vista de apelación, el tribunal de justicia de Tizi Ouzou, en Argelia, condenó al periodista francés Christophe Gleizes, de 36 años, a siete años de prisión. Nuestro colega, colaborador de So foot y Society, fue detenido el 28 de mayo de 2024 y puesto bajo control judicial, en particular por “entrar en el país con un visado turístico” y por “apología del terrorismo”.

En el estrado, pidió “clemencia” a los jueces y reconoció haber cometido “muchos errores periodísticos a pesar de sus buenas intenciones”, según un periodista de la AFP presente en la vista. Christophe Gleizes admitió pues que debería haber solicitado un visado de periodista y no de turista antes de viajar para realizar un reportaje.

Eso no impidió que la fiscalía solicitara que se aumentara a diez años su primera condena. “El acusado no vino a Argelia para realizar un trabajo periodístico, sino [para cometer] un acto hostil”, afirmó su representante. El tribunal le preguntó si sabía que el Movimiento por la Autodeterminación de Cabilia (MAC) había sido clasificado en mayo de 2021 como terrorista por las autoridades argelinas cuando se reunió con su presidente, Ferhat Mehenni, en París, en octubre del mismo año.

Sea cual sea la respuesta —en este caso, Christophe Gleizes afirmó que no lo sabía—, es necesario recordar que los periodistas no deben identificarse ni con las personas a las que potencialmente implican, ni con los testigos, ni siquiera con sus fuentes. No son defensores de unos ni de otros. Son otra voz, la de los ciudadanos y ciudadanas que quieren saber. Producen hechos de interés general, una vez que estos han sido contrastados, verificados y documentados.

Entrevistar, investigar e informar no es un delito. “El periodismo consiste en recabar información, incluso de personas u organizaciones controvertidas”, señalan las numerosas organizaciones de medios de comunicación francesas que piden la liberación del periodista. “Calificar esta actuación de ‘apología del terrorismo’ equivale a negar la propia naturaleza de la profesión y a amenazar la libertad de información, garantizada por los convenios internacionales. Un periodista que entrevista a un responsable deportivo no es cómplice de sus posiciones: está haciendo su trabajo”.

Tras el fallo, Thibaut Bruttin, director general de Reporteros sin Fronteras (RSF), expresó su estupefacción: “RSF condena con la mayor firmeza la aberrante decisión del tribunal de apelación de Tizi Ouzou, que ha optado por mantener en prisión a un periodista que no ha hecho más que su trabajo.” “Hay que explicar a los magistrados de apelación que un periodista no hace política”, “no es un ideólogo”, “no es un activista”, afirmaba el abogado del periodista, Emmanuel Daoud, antes de la vista.

El abogado intentó, con razón, evitar que el destino de su cliente se viera envuelto en la agitación de las relaciones franco-argelinas, tras el indulto y la liberación por parte de Argel del escritor franco-argelino Boualem Sansal el 12 de noviembre. Así, rechazó la expresión de “rehén”, precisando que Christophe Gleizes había podido recibir visitas y tener acceso a su expediente penal y a sus abogados.

No obstante, al dictar sentencia de prisión para un periodista —sea cual sea su nacionalidad, pues también vale para los periodistas argelinos injustamente encarcelados—, el tribunal viola el derecho de los ciudadanos, independientemente de su nacionalidad, a disponer de información que les permita posicionarse con total autonomía y libertad.

La Carta Mundial de Ética Periodística, ratificada en Túnez en 2019, que recoge los principios de la Carta de Múnich de 1971, así lo establece: “La responsabilidad del periodista ante el público prima sobre cualquier otra responsabilidad, en particular ante sus empleadores y los poderes públicos”.

Lo único que cuenta es el interés general de los lectores y lectoras, más allá de las fronteras. Christophe Gleizes debe ser liberado. Según el procedimiento judicial argelino, solo queda una salida, el indulto que podría concederle el presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune (que solo podría intervenir tras la condena en firme del reportero, que aún puede recurrir en casación).

Esto supone que, junto a los profesionales de la información, los ciudadanos se movilicen para defender su derecho: el de estar informados, directamente por quienes dan testimonio e investigan.

Traducción de Miguel López

El efecto Trump se extiende más allá de las fronteras de Estados Unidos. El domingo 9 de noviembre, los dos máximos responsables de la BBC, la joya de la radiotelevisión pública británica, presentaron su dimisión. La sorprendente salida de Tim Davie, director general, y de Deborah Turness, directora del canal BBC News, se produjo pocos días después de que el periódico conservador británico The Daily Telegraph publicara un documento interno de la BBC. En él se señalaba, en particular, el problemático montaje del discurso de Donald Trump del 6 de enero de 2021 en un documental de 2024, que daba a entender que había incitado a sus seguidores a asaltar el Capitolio.

El presidente americano reaccionó el domingo denunciando a los “periodistas corruptos”, mientras que la portavoz de la Casa Blanca consideró que la BBC “está muriendo porque pertenece a las fake news anti-Trump”.

Aunque la BBC se defendió alegando un error de juicio y presentó sus disculpas, este asunto ilustra bien cómo los medios de comunicación estadounidenses han caído en la ratonera del segundo mandato de Trump: están debilitados por los repetidos ataques del multimillonario contra los fake news media (medios de desinformación, un neologismo) y por sus propios fallos en un entorno cada vez más difícil desde el punto de vista económico.

Donald Trump no esperó a su regreso a la Casa Blanca en enero, ni siquiera a su elección en noviembre de 2024, para volver a la carga, demostrando que estaba decidido a pelearse otra vez.

Un mes antes de su victoria, anunció que demandaría a la empresa Paramount y le reclamó la astronómica suma de casi 10.000 millones de dólares. Acusó a la cadena de televisión CBS, filial de Paramount, de haber emitido una entrevista favorable a Kamala Harris tras modificarla a petición del equipo de campaña de su rival demócrata.

La acusación era totalmente descabellada, según la mayoría de los juristas, pero eso no impidió que Paramount acabara pagando 16 millones de dólares (cerca de 14 millones de euros). Un acuerdo amistoso que se asemejaba más a una extorsión, ya que la empresa actuó bajo presión, por temor a que no se le concediera la luz verde presidencial para la fusión anunciada con Skydance si no accedía a su demanda. Skydance, una empresa de entretenimiento, fue fundada en 2010 por David Ellison, hijo del multimillonario Larry Ellison, fundador del gigante del software Oracle y, sobre todo, gran apoyo y cercano a Donald Trump.

El presidente también ha arremetido contra el sector audiovisual público, simplemente cancelando los fondos destinados a la Corporación para la Radiodifusión Pública (CPB). Esta entidad de derecho privado creada en 1967 se encarga de redistribuir los fondos federales a las cadenas de televisión y de radio locales afiliadas a redes nacionales, como NPR (National Public Radio) para la radio y PBS (Public Broadcasting Service) para la televisión, ambas consideradas demasiado de izquierdas para los trumpistas. En julio, el Congreso también accedió a la petición de la Casa Blanca de revocar 1.100 millones de dólares que ya habían sido asignados a la CPB.

“Esta medida del Congreso es consecuencia del decreto presidencial de la Administración Trump, que suprime la financiación federal de las cadenas de televisión públicas en represalia por sus decisiones editoriales y sus posiciones”, ha reaccionado Katie Fallow, directora adjunta de litigios del Knight First Amendment Institute de la Universidad de Columbia, que defiende la libertad de prensa. “En conjunto, esas medidas silenciarán las voces críticas y reducirán el acceso del público a una información independiente”.

Esta decisión pone en peligro a decenas de emisoras de radio y televisión locales, en un panorama mediático dominado por conglomerados privados que se inclinan cada vez más por Donald Trump.

El Washington Post, bajo las órdenes de Jeff Bezos, su propietario convertido al trumpismo, se ha visto así doblegado. Cincuenta años después de convertirse en el símbolo del periodismo de investigación al provocar la dimisión del presidente Richard Nixon en 1974, tras las revelaciones de Carl Bernstein y Bob Woodward sobre el escándalo Watergate, el diario ya no es ni la sombra de lo que fue.

En enero, la dibujante Ann Telnaes dimitió tras la negativa del periódico a publicar su dibujo: en él se veía a un grupo de multimillonarios de las big tech, entre ellos Bezos —que donó un millón de dólares para la ceremonia de investidura de Donald Trump— y Mark Zuckerberg, director de Meta, postrados ante una estatua de Donald Trump...

La sección de opinión luego pasó a estar bajo el yugo del fundador de Amazon. Una de sus columnistas más veteranas, Karen Attiah, fue despedida por expresarse en las redes sociales tras el asesinato del activista de extrema derecha Charlie Kirk. Denunciaba la violencia política en el país, pero también el “doble rasero racial” en el tratamiento mediático de estos asesinatos. El periódico lo consideró intolerable.

En un artículo publicado en su cuenta de Substack, Karen Attiah destacó que era “la última columnista negra a tiempo completo” del periódico y lamentó que Washington, “una de las zonas más diversas del país, […] ya no tenga un periódico que refleje a la población a la que se supone que debe servir”. Considera que su despido forma parte de “una purga general de las voces negras del mundo académico, los negocios, el Gobierno y los medios de comunicación, una tendencia histórica tan peligrosa como vergonzosa y trágica”.

Otra personalidad de los medios de comunicación, el humorista Jimmy Kimmel, fue suspendido por su empleador, la cadena ABC, tras realizar comentarios burlones sobre la instrumentalización del asesinato de Charlie Kirk por parte de la Administración Trump. Pero, ante las críticas, Disney, la empresa matriz de ABC, finalmente permitió que el presentador volviera a la pantalla. No obstante, varias decenas de cadenas locales decidieron boicotear al conocido crítico de Trump.

En su afán por imponer su punto de vista, la Administración Trump también favorece a los medios de comunicación de derechas y de extrema derecha que apoyan al presidente. A sus periodistas se les concede la oportunidad de formular las primeras preguntas en las ruedas de prensa de la Casa Blanca, que suelen ser una ocasión para elogiar las últimas decisiones del presidente o criticar la cobertura de los medios de comunicación que se consideran demasiado críticos con su líder.

En el departamento de Defensa, rebautizado como departamento de Guerra, la Administración ha ido aún más lejos. El Pentágono ha impuesto condiciones a los periodistas, pidiéndoles que firmen un documento en el que aceptan no solicitar ni publicar determinada información sin la autorización explícita de las autoridades.

La mayoría de los medios, incluso los más conservadores, como Fox y Newsmax, se han negado. En un comunicado, la Asociación de Periodistas del Pentágono consideró que estas nuevas disposiciones “amordazan a los empleados del Pentágono y amenazan con represalias a los periodistas que buscan información que no ha sido aprobada previamente para su publicación”.

Para Amy Kristin Sanders, especialista en la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que protege la libertad de expresión y de prensa, esta nueva normativa “representa un avance sin precedentes en la ofensiva de la Administración Trump contra la prensa y una ruptura histórica con las políticas de las Administraciones anteriores”.

Pero a Trump le trae sin cuidado. Lo principal es imponer su narrativa a toda costa gracias a sus amigos multimillonarios, que ahora pueden contar solo con periodistas complacientes, un escenario similar a la estrategia aplicada por el primer ministro húngaro, Viktor Orbán.

Tras autorizar la fusión entre Paramount y Skydance, Donald Trump tenía motivos para alegrarse. De hecho, el nuevo imperio nombró al frente de CBS News a la periodista Bari Weiss, exempleada del New York Times que posteriormente creó el medio de comunicación The Free Press y se distinguió por sus ataques contra el “wokismo” y las políticas a favor de la diversidad, sumándose a las obsesiones del republicano.

Bajo su dirección, Trump fue entrevistado en Mar-a-Lago, su residencia privada, para el famoso programa 60 Minutes, el mismo que había provocado su ira antes de las elecciones presidenciales de 2024 por su entrevista a Kamala Harris. Trump apenas fue interrumpido, la cadena no emitió una parte de la entrevista, en la que se congratulaba de que “60 Minutes” le hubiera pagado “una fortuna” y se alegraba de la llegada de Bari Weiss.

“Tenéis una nueva directora excelente, francamente, porque la joven que dirige toda vuestra empresa es formidable”, dijo, según la transcripción publicada en la web de CBS News. “Veo que están sucediendo cosas buenas en los medios de comunicación”, afirmó también.

“Esas declaraciones reflejan su alegría por poner el ecosistema informativo estadounidense bajo el control de oligarcas dóciles y complacientes, lo que parece realmente un proceso de orbanización”, escribió el investigador Matt Gertz en la web Media Matters, que descifra la “desinformación conservadora”.

Según el Wall Street Journal, David Ellison ahora tiene la mirada puesta en Warner Bros Discovery. La empresa es propietaria del canal de noticias CNN, que se ha distinguido por su independencia y cuya corresponsal en la Casa Blanca, Kaitlan Collins, sufre regularmente ataques y humillaciones del presidente.

El último objetivo de Donald Trump es, por tanto, la BBC, con la que intenta reproducir el mismo escenario que con Paramount. De hecho, según Fox News, habría enviado una carta al medio británico exigiendo una rectificación antes del viernes de las “declaraciones falsas, difamatorias, denigrantes e incendiarias” difundidas por el documental. De lo contrario, reclamaría 1.000 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios ante los tribunales. Dado que la intimidación funcionó la primera vez, ¿por qué no volver a utilizarla?, se dice seguramente el “rey” de la Casa Blanca.

Traducción de Miguel López

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que considera ajustado a derecho el acto de colocación el día 28 de junio de 2023 de una bandera no oficial del colectivo LGTBI en la fachada de la sede oficial de la Delegación del Gobierno en Valencia, que fue impugnado por la Asociación de Abogados Cristianos.

El alto tribunal concluye que la actuación de la Administración Pública (Delegación del Gobierno en Valencia), consistente en la colocación de una bandera no oficial del colectivo LGTBI en la sede oficial de aquella, el Día Nacional del Orgullo LGTBI, “debe ser conceptuada como una acción positiva a favor de este colectivo LGTBI, de acuerdo con la normativa legal aplicable, sin que aquella resulte contraria al principio de objetividad y neutralidad institucional que el artículo 103.1 de la Constitución impone a la Administración Pública”.

La Sala sigue el mismo criterio que ha aplicado hasta la fecha en otras tres sentencias a favor de la colocación de la bandera LGTBI, impugnada también por Abogados Cristianos, en el Ayuntamiento de Zaragoza, y la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Valladolid.

Políticos, jueces, o incluso cómicos son el objetivo que esta fundación suele atacar con denuncias, a menudo con el argumento de delito de ofensa a los sentimientos religiosos. Algunos ejemplos han sido el locutor y cómico Héctor de Miguel Quequé, la presentadora de RTVE Laura Yustres Lalachús o el también presentador José Miguel Monzón El Gran Wyoming. Sin embargo, la mayoría de estas querellas fallan en contra del grupo religioso o directamente son archivadas.

Pese a la gran cantidad de juicios perdidos, Abogados Cristianos declaró en las últimas cuentas entregadas, unos beneficios superiores al medio millón de euros en 2022, lo que supone más de tres cuartas partes de su facturación, como informó recientemente el medio Público. 

En este caso que atiende a la Delegación de Valencia, el Supremo ha estimado el recurso de casación del abogado del Estado contra la sentencia dictada en apelación por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, que había estimado el recurso de Abogados Cristianos al considerar que el acto de la Delegación del Gobierno fue una vía de hecho, dado que para la colocación de la bandera en el edificio oficial no se siguió ningún procedimiento, ni se dictó ninguna resolución.

El alto tribunal no comparte ese argumento y señala que debe seguir el criterio de los precedentes jurisprudenciales citados, en los que ha resuelto que este tipo de actuaciones deben ser entendidas como medidas de acción positiva de la Administración a favor del colectivo LGTBI, y no contrarias a la neutralidad institucional. Por lo que ha desestimado el fondo del recurso de Abogados Cristianos, y considera innecesario entrar en si dicha asociación tenía o no falta de legitimación para recurrir.

Me siento triste viendo cómo la justicia no es igual para todos y todas, campando libremente personas que se han aprovechado de sus cargos, que han prevaricado, que se han reído del pueblo, mientras otros por sus ideales, por defender lo que democráticamente, mediante las urnas, les dieron, están encarcelados por temas incoherentes, falsos, lejanos de una realidad. 

 Me siento triste viendo cómo gente sale enarbolando banderas, gritando "a por ellos", insultando, repitiendo eslóganes mediáticos, mientras callan, apartan la mirada, cuando en su mismo piso se produce un desahucio, cuando existe una familia que para sobrevivir escarba en el contenedor debajo de la finca donde vive, cuando oyen, escuchan, los lamentos de una mujer, su vecina, ante un hecho de violencia de género. 

Me siento triste cuando se exige, con la excusa de defender una Constitución, una legalidad, que se aplique una ley, se maneje a los entes judiciales, se propongan sanciones injustas, inapropiadas, mientras se saltan leyes como la de memoria democrática, se subvenciona a grupos ultras con dinero público, no se resuelven juicios, sentencias contra la corrupción, malversación. 

Me siento triste cuando mi dignidad, la dignidad de un pueblo que solo quiere la libertad, el bienestar, se manipula, se pisotea, se humilla solo con la excusa de una rotura que nunca, nunca se pretendió, digan lo que digan. Pese a todo, pese a la manipulación, a la represión, mi dignidad siempre me hará estar de pie y nunca de rodillas. Puesto que pese a mi tristeza, a la tristeza del pueblo, mi libertad siempre estará ahí. Hagan lo que hagan los que quieren provocar la tristeza.

------

Ximo Estal es socio de infoLibre

El lápiz, el dedo de Donald Trump dibuja la tendencia del país que decide lo que se hace en el mundo. Si te ríes no sales en el cuadro, en la foto, ha decidido el “emperador”. Tal cual. Lo hemos visto repetidas veces y muy frecuentemente. Se le ocurrió a Jimmy Kimmel, en su programa de la cadena ABC, hacer una inocente pregunta sobre las consecuencias del terrible asesinato de Charlie Kirk y horas después le suspendieron su emisión. Y aunque algunos de sus colegas en otras cadenas han mostrado la continuidad de sus opiniones, los programas de análisis y humor están pendientes de su cesantía. Porque el humor parece un arma peligrosa, un riesgo y depende de los caprichos del poder.

Al principio el programa de Kimmel fue suspendido sine die. Quizá por la vergüenza de su radical decisión, la cadena de televisión que los emitía, perteneciente al conglomerado Disney, quizá por la presión de compañeros de otras cadenas o de los mismos espectadores, el programa volvía a emitirse días más tarde en parte de la cadena, ya que varias pequeñas compañías locales asociadas mantenían su suspensión. No querían correr riesgos. Pero el hecho refleja cuál es la situación en un país que presume de libertad.

Para recuerdo del lector, está la reciente historia de The Washington Post, que censuró una viñeta de una humorista, su colaboradora sueca Ann Telnaes, premio Pulitzer. No publicó el diario capitalino una ilustración en la que ironizaba sobre la pleitesía de los grandes empresarios, que admitían las “recomendaciones” del entonces futuro presidente Donald Trump en cuanto a sus llamativos desplantes como candidato. Aunque no era la primera vez que ocurría algo parecido en la prensa norteamericana. En junio de 2019 la edición internacional de The New York Times decidió que no publicaría más viñetas satíricas. Un dibujo que ironizaba con una caricatura de Benjamín Netanyahu como perro guía, con un collar del que colgaba una estrella de David, conducía a un ciego Donald Trump tocado como judío con su kipá, levantó una protesta como antisemita. El dibujante portugués Antònio Moreira Antunes, su autor, llegó a decir: “Lo políticamente correcto amenaza nuestra profesión”. Todo a pesar de que la viñeta ya había sido publicada en el semanario luso Expresso. El rotativo neoyorkino se disculpaba con unas frases de su editor:  “Una imagen como esa es siempre peligrosa, y en un momento en el que el antisemitismo está resurgiendo en el mundo, es todavía menos aceptable”. Luego vienen las acusaciones de antiamericanismo.

Es decir, atrocidades como lo que sigue ocurriendo en Gaza a pesar del oficial alto el fuego o la deriva de la libertad para adquirir armas de fuego en Estados Unidos no parecen tan peligrosas como los dibujos publicados en los periódicos. Aunque hay antecedentes más insoportables. Lo demuestran hechos como el atentado a la revista Charlie Hebdo (12 asesinados hace ya diez años). Muestra de la barbarie asesina. La intolerancia es la forma más irracional del ser humano, una demostración de debilidad. Charlie Hebdo ya sufrió un atentado en noviembre de 2011 tras publicar una portada con Mahoma como "redactor jefe" que anunciaba "100 latigazos a quienes no se mueran de risa". La web de la revista, tras ser pirateada, aparecía con la frase "Ningún otro Dios que Alá". Ya se había solidarizado el semanario francés con el amenazado danés Jyllandes-Posten que en 2006 publicó caricaturas de Mahoma. En España hubo también atentados por intolerancia. El Jueves se solidarizó publicando en su portada "Íbamos a dibujar a Mahoma ¡pero nos hemos cagao!" Y es que ya en 1977 la revista satírica había sufrido un atentado. Un año después fue el diario El País el atacado. Dos compañeros muertos y varios heridos muy graves entre ambos. El humor es un buen termómetro para comprobar la temperatura política de una sociedad. ¡El humor es peligroso en democracia!

______________________

Fernando Granda es socio de infoLibre.

Mario Guevara no descubrió los métodos brutales del ICE, la policía de inmigración estadounidense, en enero, con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Este periodista salvadoreño lleva informando sobre ellos en las redes sociales desde 2016, al final de la presidencia de Barack Obama.

Creó su propio medio digital, llamado MG News, dirigido a la comunidad hispana, en el que retransmitía en directo desde el terreno, con su teléfono, las protestas y las redadas llevadas a cabo por la “migra”, como llaman los hispanos al ICE.

Fue detenido el 14 de junio, cuando cubría la primera edición de las manifestaciones No Kings en Atlanta, en el estado sureño de Georgia, a pesar de haberse identificado claramente como periodista con un chaleco protector con la inscripción Press. Filmó y retransmitió en directo su propia detención en Facebook.

Acusado de delitos menores, en particular de participar en una reunión ilegal y de obstruir a las fuerzas del orden, el reportero, de 48 años, estuvo en la cárcel casi cien días y luego fue expulsado a El Salvador, su país natal, del que salió hace más de veinte años.

“Durante la presidencia de Obama y el primer mandato de Trump, me centré en las operaciones del ICE. Durante el mandato de Biden se redujeron. Esa especialización hizo que tuviera muchos seguidores en las redes sociales, lo que molestó al ICE, hasta el punto de que, cuando vieron la oportunidad de deportarme, lo hicieron”, ha declarado a Mediapart desde El Salvador.

Mientras estaba detenido, se negó a firmar una carta en la que reconocía que aceptaba abandonar el país por voluntad propia. “Los agentes del ICE me dijeron: ‘Se acabó, firma tu salida voluntaria, te subiremos a un avión y te irás tranquilamente con tu maleta, o pasarás meses en la cárcel’. Utilizaban esa forma de intimidación. Es una tortura mental, emocional, no te agreden físicamente, sino psicológicamente”, afirma.

Mario Guevara vivió en diferentes centros de detención durante tres meses. Los primeros setenta días los pasó en una celda de aislamiento total, un lugar que los inmigrantes llaman “el hoyo”.

“Según los documentos oficiales, me colocaron allí por mi propia protección, pero mi teoría es que querían que me derrumbara y acabara firmando mi salida voluntaria por desesperación”, afirma. “Casi lo consiguen, porque las primeras semanas fueron traumáticas. Estar encerrado veintidós horas al día y ver solo cuatro paredes fue traumático. Con la luz encendida las veinticuatro horas del día, sin saber si era de día o de noche. Fue una experiencia horrible. Casi lo consiguen, pero al final mi familia me dio fuerzas para no firmar. Seguí luchando hasta el final”.

Aunque los fiscales abandonaron rápidamente los cargos, tras confirmar que Mario Guevara no había actuado de forma ilegal y después de que un juez de inmigración le concediera la libertad bajo fianza, el ICE se negó a liberarlo alegando que representaba una amenaza por la retransmisión en directo de las actividades de las fuerzas del orden.

Una de las mayores organizaciones de defensa de los derechos humanos, la ACLU (American Civil Liberties Union), presentó una demanda denunciando una medida de represalia contra una actividad protegida por la primera enmienda de la Constitución, que garantiza la libertad de prensa y de expresión. La ACLU también argumenta que Mario Guevara puede solicitar una tarjeta de residencia permanente, debido a la nacionalidad estadounidense de sus dos hijos, de 21 y 14 años.

Su hija de 27 años se beneficia del estatus DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals, Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), que desde 2012 protege a los inmigrantes que llegaron ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños. Donald Trump quiso eliminar ese programa durante su primer mandato y uno de sus principales asesores, Stephen Miller, afirmó que quería deshacerse de él. Pero desde su regreso a la Casa Blanca, no lo ha tocado.

Tras entrar en Estados Unidos con un visado de turista en 2004, el periodista salvadoreño solicitó asilo, pero su expediente se cerró en 2012. Según sus abogados, Mario Guevara no era residente permanente legal, pero tenía permiso de trabajo y número de la seguridad social.

“Donald Trump prometió detener a los delincuentes, y todo el mundo se alegra por ello”, dice Mario Guevara. “Pero no es eso lo que está haciendo. Es muy probable que los latinos que votaron por Trump se arrepientan, sobre todo si esto afecta a un ser querido, como me ha pasado a mí”.

A pesar de los esfuerzos de sus abogados, Mario Guevara fue finalmente deportado a El Salvador el 3 de octubre. “Estoy separado de mi familia, solo pueden viajar mis dos hijos. Espero que sea algo temporal”, explica, señalando que existe “una persecución contra su comunidad de inmigrantes”. El periodista espera poder volver algún día a Estados Unidos, aunque le lleve “uno o cinco años”.

La ONG Reporteros sin Fronteras, a través de su representante en Estados Unidos, Clayton Weimers, ha denunciado que es “un duro golpe para la libertad de prensa estadounidense”. “Mario fue detenido por su trabajo como periodista y expulsado del país a pesar de que había obtenido permiso para trabajar allí”, declaró en un comunicado. “Con esta expulsión, el Gobierno cree que puede intimidar a los medios de comunicación internacionales para disuadirles de publicar artículos críticos. Expulsar a periodistas es una práctica habitual en los países autoritarios, pero eso nunca debería ocurrir en el país de la primera enmienda”.

Desde su país natal, Mario Guevara explica que quiere seguir trabajando como periodista. Tiene previsto publicar un libro en enero y quiere contar la historia de tres migrantes colombianos con los que convivió en prisión. “De esos tres colombianos, dos tienen historias muy impactantes. Uno de ellos intentó suicidarse. Estoy intentando contactar con su familia para que me cuenten cómo sucedió”.

La Administración Trump pensó que podría silenciarlo. Pero eso solo ha reforzado su voluntad de dar testimonio sobre la suerte que corren en la actualidad los inmigrantes de origen latinoamericano en Estados Unidos. Incluso a miles de kilómetros de distancia.

Un gran número de medios de comunicación y agencias de noticias, entre ellos AFP, Associated Press, Reuters, The New York Times, The Washington Post y las cadenas estadounidenses Fox News y Newsmax, se negaron el martes 14 de octubre a firmar un documento del Pentágono que establecía medidas restrictivas para la prensa, a riesgo de perder su acreditación. En particular, ese documento introduce la idea de que los periodistas acreditados no pueden solicitar ni publicar determinada información sin la autorización explícita del departamento de Defensa.

Esas nuevas disposiciones “amordazan a los empleados del Pentágono y amenazan con represalias a los periodistas que buscan información que no ha sido aprobada previamente para su publicación”, dice preocupada la Asociación de Periodistas del Pentágono (PPA) en un comunicado.

Las restricciones “van en contra de los fundamentos del trabajo periodístico y socavan los derechos previstos en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos”, que consagra la libertad de prensa, escribe la AFP. “Imponen obstáculos innecesarios al trabajo de los periodistas y crean confusión entre las responsabilidades de los empleados del Pentágono y las de los periodistas que cubren la actualidad”.

Esas medidas forman parte de una ofensiva general llevada a cabo desde el regreso al poder de Donald Trump, que restringe el acceso de los periodistas al Pentágono, el principal empleador del país, con un presupuesto anual de varios cientos de miles de millones de dólares.

Traducción de Miguel López

El Departamento de Defensa de EEUU ha retirado las credenciales y el acceso de la gran mayoría de medios nacionales y extranjeros a su sede en el Pentágono, tras el rechazo casi generalizado de sus nuevas normas de prensa, que según los reporteros significan un atentado a la libertad de expresión.

Anunciadas por el secretario del rebautizado como Departamento de Guerra, Pete Hegseth, en septiembre, las nuevas reglas establecen estrictas limitaciones de acceso físico a las instalaciones y a uso de fuentes. También plantean la posibilidad de sanciones por el hecho de solicitar información de interés público sin autorización, aún cuando esta no sea clasificada.

Grandes medios estadounidenses, entre ellos periodistas con más de treinta años de carrera como corresponsales en el Pentágono, entregaron sus credenciales este miércoles, cuando vencía el plazo para aceptar las normas, según pudo constatar EFE.

Entre ellos están The New York Times, The Washington Post, Politico, las agencias Reuters y Associated Press y televisiones como ABC News, CBS News CNN y NBC News, incluida la cadena conservadora Fox News, en la que Hegseth trabajó como comentarista antes de ser escogido por el presidente Donald Trump para el cargo de jefe del Pentágono en enero pasado.

Este miércoles, decenas de reporteros vaciaron sus oficinas en el Pentágono, donde históricamente los corresponsales que reportan a diario tenían zonas de trabajo permanentes y acceso a zonas comunes, y caminaron hacia la salida en masa para indicar su protesta contra las restricciones.

La agencia EFE declinó firmar el nuevo documento de 21 páginas con las nuevas normas y también le fue retirada la credencial de acceso al Pentágono de su corresponsal.

De momento, solo el canal por cable conservador One America News ha aceptado los nuevos términos.

Los miembros de la Asociación de Prensa del Pentágono denunciaron las acciones del Departamento de Defensa contra "periodistas se negaron a adherir a una nueva política de medios debido a su amenaza implícita de criminalizar la información sobre seguridad nacional y exponer a quienes la firmen a un posible procesamiento".

La organización, una de las más antiguas de su tipo en el país, insistió en que "siguen comprometidos con la cobertura sobre el ejército estadounidense", que continuarán realizando fuera de sus antiguos despachos en el Pentágono.

El Departamento de Defensa, el ministerio que recibe más fondos públicos federales, ha dejado de hacer ruedas de prensa con cadencia semanal o de informar en detalle de operaciones militares de interés público como el ataque contra supuestas narcolanchas en el Caribe.

El cuarto poder, la prensa, tiene como función criticar y controlar a los otros tres poderes, como señala Umberto Eco en sus Escritos Morales. Si trabajar contra uno ya se demostró complejo y casi imposible, sobre todo cuando el personaje de turno detentaba todo el poder del Estado, hacerlo contra tres hace imaginar lo difícil que es la labor de los medios de comunicación, de la prensa. Cada uno de ellos se considera el garante casi exclusivo de la democracia, a la vez que los tres olvidan que “la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado” (Art. 1.2 de la Constitución).

Por si fuera poco, de vez en cuando resurgen ideas estrechas partidarias de un nacionalismo rancio que se apoyan en jingoístas como Trump y similares, caracterizados por la falta de fundamentos, cuyo único objetivo es exportar mediocridad e ideas reaccionarias, y desestabilizar la convivencia. Tiempos convulsos.

La democracia, la ciudadanía, tienen ardua tarea, acabará triunfando debido al esfuerzo de la gente, del pueblo, pero está en peligro. Es duro y trabajoso, así que, como dijo el otro, “el que pueda hacer que haga”, y en esas está la mayoría de la ciudadanía. En esa línea, la Fundación Diario Madrid homenajeó a Andrés Rábago, conocido como El Roto, humorista gráfico y pintor.

Si usted mira y recupera los acontecimientos de 1968, observará que fue un año estelar para la humanidad por los acontecimientos acaecidos en todo el mundo.  Casualidades de la vida, en ese año empezó El Roto su actividad. Desde entonces hemos disfrutado de su sabiduría y como dijera alguien en el homenaje, “después del café de la mañana mi otro revulsivo es la viñeta de El Roto”. El dibujo de una simple línea a tinta china se convierte en todo un editorial, una llamada a la razón, una denuncia, una alerta. 

Son importantes los homenajes y reconocimientos en vida para que sean lección cada día. Un orador defendió la libertad de pensamiento y la libertad de expresión; no refirió algo fundamental, el respeto al otro, pero esa idea sobrevolaba el acto cuando se puso el acento en que nunca el autor del homenaje, Andrés Rábago, había personalizado su acción en nadie. Podemos concluir que cada uno de sus trabajos eran una lección de ética, útil a todos, que a nadie daña. Una ética decente, comprometida y muy saludable para la democracia.

Que no se rompa el viñetista y pintor. Que no calle el cantor. Que el periodista siga informando libremente y con rigor. No olvidemos que la muerte de cualquier medio de comunicación mutila la democracia.

______________________________________________

Mariano de la Puente Mayenco es socio de infoLibre.

Guillermo López, profesor de Economía en el IES Prado de Santo Domingo de Alcorcón, ha sido advertido, primero verbalmente y luego por escrito, de que no puede llevar en la escuela una camiseta del Club Deportivo Palestino con los colores del país (aquí toda la información). 

En la carta se llega a decir que como servidor público debe "acatar los valores de la Constitución y del ordenamiento jurídico español". ¿Acaso el derecho a la vida o a la integridad física no está amparado por la Constitución? Por no hablar de la libertad de expresión o de otras consideraciones jurídicas como las que expone el abogado Javier Flores en el citado artículo.

A este despropósito se une el borrado de la bandera palestina que pintaron unos niños con tiza en un colegio de Malasaña, o las órdenes de cese de actividades relacionadas con Palestina que han recibido colegios de la Comunidad de Madrid. ¿Qué tipo de educación es aquella que pretende que sus estudiantes sean ajenos al genocidio? 

Todo esto ocurre en la tierra de la libertad. La misma que iza como bandera la derecha ayusista cuando se trata de tomar cañas o recibir al equipo israelí en la Vuelta Ciclista a España. Ya no hay que acudir a las consabidas disyuntivas entre libertad o igualdad para desmontar el argumento. Es tan sencillo como entender dónde acaba esa libertad: en un mural pintado con tiza, en una camiseta de un profesor, en las clases en defensa de los derechos humanos que imparten los docentes.

Una idea de libertad que ni siquiera descansa ya en ese absurdo de ausencia de reglas, como ha venido proponiendo el neoliberalismo hasta ahora. Las reglas existen, ya lo creo, y se aplican con mano de hierro (y sin guante de terciopelo) para advertir a un profesor de que no puede llevar una camiseta o para perseguir a quienes se oponen a un posicionamiento político, en este caso el de la presidenta Ayuso, que aún no consigue pronunciar la palabra genocidio.

Más allá de los hechos concretos, estos episodios y otros similares evidencian la ausencia de definiciones desde ópticas progresistas de algunos conceptos clave. Son muchos: ¿qué significa hoy la seguridad para los progresistas, qué dimensión tiene la gran olvidada de la revolución francesa, la fraternidad? ¿Qué idea del poder explica la sociedad actual y cuál es la que se maneja desde la izquierda? Y, por supuesto, ¿qué concepto de libertad es el que puede ayudar a construir una propuesta liberadora y acabar con esa falacia que es la ausencia de reglas? 

Sin estos conceptos básicos pensados desde ópticas progresistas, las distintas propuestas ideológicas de las izquierdas caminan cojas, sin hacer pie en una realidad en la que no consiguen ofrecer una alternativa que convenza. Si la libertad de tomar cañas termina en el más férreo ejercicio del poder para silenciar la lucha contra el genocidio, y al mismo tiempo es capaz de convencer a una parte importante de la ciudadanía, es, en buena medida, porque no existe una idea de libertad alternativa, atractiva y liberadora, que sea entendida y compartida por amplios sectores sociales. 

Donde digo libertad, digo también seguridad, democracia, fraternidad, poder… y, por supuesto, migración. La gran cuestión que comparten los votantes de la ultraderecha, como se muestra aquí. La duda vuelve a ser la misma: ¿cuál es la propuesta progresista para gestionar el fenómeno migratorio? En política, y en aspectos ideológicos de forma especial, el espacio vacío no existe. Si alguien lo deja, inmediatamente otro lo ocupará. Pocas cosas más urgentes tienen que hacer hoy las fuerzas progresistas, en lugar de mirar encuestas día sí y día también y abrazar la idea de la inevitabilidad de la derrota.