El día 17 de junio la Seguridad Social registró a 21.949.706 personas cotizando y, con gran probabilidad, la Encuesta de Población Activa (EPA) que publicará el Instituto Nacional de Estadística este próximo 24 de julio reflejará que en España hemos superado los 22 millones de personas con empleo. Es una cifra extraordinaria. Nunca en España hubo tantas personas trabajando.

En los últimos siete años, desde junio de 2018 a junio de 2025, el número de cotizantes a la Seguridad Social se incrementó en 2.854.105 personas, haciendo de España el país que más empleo ha creado en toda la Unión Europea. Un crecimiento del empleo generalizado, que ha beneficiado a todas las actividades económicas y a todos los territorios, pero de forma especial a las mujeres y a las personas más jóvenes.

El número de afiliadas se incrementó en 1,5 millones hasta superar los 10,3 millones de mujeres cotizando, la cifra más alta de la historia. Aumenta más el empleo de las mujeres que el de los hombres y por lo tanto se feminiza nuestro mercado laboral: el 47,2 % de las personas afiliadas son mujeres.

Por otro lado, en estos siete años, el número de cotizantes menores de 25 años aumentó en 485.000, equivalente a un incremento de casi el 50%: el empleo juvenil creció tres veces más que en el resto de los tramos de edad.

Más mujeres, más jóvenes, más personas asalariadas y también más autónomos. Los cotizantes al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) aumentaron en 148.101 personas. Frente a los discursos catastrofistas la realidad es que nunca hubo tantos autónomos cotizando en España.

Más empleo y de mayor calidad contractual, porque gracias a la reforma laboral de 2022, el número de asalariados con contrato indefinido se incrementó en 4.721.969 personas, mientras que las personas que trabajan con un contrato temporal se han reducido en 2.297.806 personas más. Para que se entienda mejor hay casi 5 millones de indefinidos más y 2,3 millones de temporales menos: se ha producido una radical transformación del modelo de relaciones laborales, dejando atrás una temporalidad abusiva, superior al 30 % en 2018, mientras que ahora es de apenas el 12 %, por debajo ya de la media de la Unión Europea. 

La mejora en la calidad del empleo va más allá de la estabilidad laboral, porque en estos años el empleo ha crecido de forma especialmente significativa en las actividades productivas que generan más valor, en las empresas de mayor tamaño y en los grupos de cotización que se corresponden con la formación más elevada, avanzando de forma significativa, aunque aún insuficiente, en la necesaria transformación de nuestra estructura productiva. Un dato lo demuestra: el empleo en Programación y Consultoría aumentó el 70% desde 2018, son 209.010, afiliados más, mientras que el comercio al por menor generó 54.632 empleos, con un incremento del 3 %.

Ya no son la construcción, el comercio y la hostelería las ramas en las que más aumenta el empleo, sino la educación, las actividades de consultoría, el transporte, la industria farmacéutica o la investigación.

Hay mejores empleos en empresas más grandes y en sectores que generan más riqueza, y eso se traslada a mayores salarios. La base media de cotización a la Seguridad Social, que es equivalente al salario bruto, se incrementó el 28,7% desde 2018, lo que supone un incremento de 9 puntos por encima del IPC. Un incremento de bases de cotización en el caso de las mujeres es del 31,4%, lo que ha permitido reducir casi el 20 % la brecha de género.

Una intensa creación de empleo en un escenario económico internacional golpeado por crisis sucesivas. El desplome de la economía mundial por la COVID, con una caída del PIB del 11,4% en 2020, la ruptura de la cadena de suministros en 2021, la crisis de inflación de 2022, la subida de los tipos de interés en 2023, el estancamiento de la economía europea en 2024, con Alemania en recesión, la guerra comercial de Trump en 2025. 

Por primera vez en nuestra historia reciente, la economía y el empleo en España no se resiente y encabeza el crecimiento europeo. Desde 2018 el empleo aumentó en nuestro país el 15%, más del doble que el 6% que de media creció en la Unión Europea y casi siete veces más que Alemania, que se queda en apenas el 2% de incremento.

La protección al empleo con los ERTEs, la subida del 61% del SMI y la estabilidad en el empleo gracias a la reforma laboral de 2022 han cambiado el paradigma laboral en España, demostrando que la mejor política económica es mejorar las condiciones laborales, con mejores empleos y mejores salarios.

Superar los 22 millones de personas empleadas, con más mujeres, más jóvenes, más empleo indefinido y mejores salarios, demuestra que es posible crecer con equidad y modernizar el tejido económico al mismo tiempo. 

Esto no es un punto de llegada, sino una base sólida desde la que seguir construyendo un futuro y un mercado laboral que asegure mejorar la vida de las trabajadoras y los trabajadores.

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Manuel Lago es diputado por Sumar.

El mercado laboral sumó 468.100 empleos en 2024, hasta alcanzar un nuevo récord con 21,85 millones de ocupados, mientras que la tasa de paro se redujo al 10,6 %, el nivel más bajo desde el segundo trimestre de 2008, previo al estallido de la crisis financiera. Según la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) que recoge EFE, el desempleo se redujo en 265.300 personas durante 2024, hasta los 2,59 millones de parados.

En la comparativa trimestral, el empleo sumó 34.800 ocupados en los últimos meses del año gracias a los servicios, mientras que el paro bajó en 158.600, el mayor descenso de la serie (comienza en 2002) para ese periodo exceptuando la pandemia.

"Se acelera la creación de empleo y la reducción del paro en el último trimestre de 2024", ha destacado el Ministerio de Economía, mientras que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha celebrado la creación de empleo de "calidad".

En cifras anuales, el empleo aumenta en mayor medida que disminuye el paro debido al incremento de la población activa, que hizo que 202.800 personas dejaran la inactividad, elevando el total de personas activas en los 24,45 millones. Así, la tasa de ocupación alcanzó el máximo de la serie histórica en un cuarto trimestre en el 67,5 %.

En este contexto, la tasa de paro ha disminuido 1,2 puntos en un año, hasta ese 10,61% a punto de perder el doble dígito y en niveles que no se veían desde hace 16 años.

Por sexo, la de hombres se sitúa en el 9,53%, bajando del 10% por primera vez desde 2008, y la de mujeres cae al 11,83%, la menor desde 2007. En cifras absolutas, el paro disminuyó el pasado año en 98.300 hombres y 167.100 mujeres, de forma que el número de paradas se quedó en los 1,36 millones aún por encima de los 1,23 millones de parados.

Por sectores, el desempleo disminuyó principalmente entre las personas provenientes de los servicios, con 100.000 desempleados menos, en tanto que en la agricultura apenas se redujo en 1.900 personas y en la construcción y la industria registró ligeros aumentos.

También se explica el descenso del paro por la caída del desempleo entre los parados de larga duración, aquellos que llevan más de un año buscando un puesto de trabajo, con 109.100 menos, así como entre aquellos que buscan un primer empleo, con 56.200 menos.

En la evolución del empleo anual, el avance por sexo dejó 260.700 hombres ocupados más, hasta los 11,7 millones, y 207.400 nuevas ocupadas, hasta 10,15 millones, marcando récord para la ocupación femenina.

En cuanto a la nacionalidad, subió en 278.200 personas en los españoles –incluye doble nacionalidad– y en 189.900 en los extranjeros.

Por sectores, el mayor crecimiento se dio en los servicios con 424.600 ocupados más. También aumentó el empleo en construcción, con 44.800 empleos más, y la industria, con 55.300, mientras que se redujo en la agricultura. La mayor parte del empleo en 2024 fue creado por el sector privado, con 453.500 puestos de trabajo, casi el 97 % del total. Los trabajadores por cuenta propia aumentaron en 8.600 en el año hasta 3,2 millones mientras que los asalariados subieron en 455.500 hasta los 18,6 millones.

Por tipo de trabajo, el empleo a tiempo completo subió en 290.700 personas en los 12 últimos meses y el empleo a tiempo parcial en 177.400. Por primera vez en la serie, los ocupados a tiempo parcial superaron los 3 millones elevando la tasa de parcialidad medio punto hasta el 16,7 %.

Por su parte, el empleo indefinido aumentó en 589.400 personas, mientras que el temporal bajó en 133.900. Con esta evolución, la tasa de temporalidad se redujo en el último año cerca de un punto hasta el 15,5 %. 

La tasa de desempleo entre los menores de 25 años se situó a cierre de 2024 en el 24,9%, lo que supone 3,62 puntos menos respecto al cierre de 2023. El número de jóvenes entre 16 y 24 años en situación de desempleo bajó hasta 434.400 personas en 2024, 46.600 menos que un año antes.

Ese descenso se ha producido únicamente entre los hombres, con 227.000 varones en desempleo, 46.800 menos que a cierre de 2023. Por el contrario, entre las menores de 25 años el paro ha aumentado en 200 personas, hasta un total de 207.400 mujeres en situación de desempleo.

Por territorios, Ceuta y Melilla siguen presentado las tasas más altas de desempleo, del 55,06 y el 52,77%, respectivamente. Andalucía es la comunidad con la tasa más alta, del 36,24 %, frente a Madrid que presenta la más baja, del 17,77%. No obstante, la tasa de paro ha descendido en la mayoría de territorios, salvo en Asturias, Cantabria, Galicia, Navarra y País Vasco, donde ha aumentado.

Los hogares con todos sus miembros activos en paro se situaron a cierre de 2024 en 833.500, lo que supone 94.700 menos que un año antes. Los hogares que tenían a todos sus miembros activos ocupados subieron a 11.903.400, tras aumentar en el último año en 249.900.

Solo en el cuarto trimestre, los hogares con todos su miembros en paro disminuyeron en 21.100 y los que tenían a todos sus integrantes trabajando aumentaron en 105.400. 

Sobre la plantilla de Ford de la fábrica de Almussafes, en la Comunitat Valenciana, planea la sombra de un nuevo Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que podría llegar a afectar a más de 1.600 trabajadores, aunque desde UGT matizan que, según el plan que les ha presentado la automovilística, de esa cifra, 626 serían bajas incentivadas con carácter definitivo y 996, despidos objetivos con preferencia de contratación en 2027, fecha en la que la multinacional tiene previsto el lanzamiento de un nuevo vehículo multienergía del que se armarían 300.000 unidades anuales. La propia compañía ha señalado que, mientras eso se produce, “se podría negociar una solución de transición” para unos 1.000 empleados.

Es el cuarto ERE en cuatro años: el primero fue en mayo de 2020, con 350 personas arrastradas a él; el segundo en abril de 2021, cuando se recortó la plantilla en 630 efectivos; el tercero en marzo de 2023, con 1.144 despidos; y el cuarto el que se negocia en la actualidad. En una década, entre 2014 y 2024, se ha producido una reducción de plantilla del 44,8%, desde los 8.840 operarios que se contaban hace diez años, hasta los algo más de 4.800 de este ejercicio. Si en 2022 se fabricaban en València cinco modelos de automóviles, Kuga, Mondeo, S-Max, Transit y Galaxy; en 2024 sólo se monta el primero.

Al mismo tiempo, desde 2012, la multinacional habría recibido más de 180 millones de la Generalitat, según fuentes sindicales. Desde el Gobierno autonómico confirman que sólo este año ha sido la beneficiaria de 7 millones de euros, más otro 1,5 para una entidad formativa vinculada a ella, es decir, 8,5 millones en global. Cuantía que se eleva a los alrededor de 19,5, si se suman los fondos que recibió en 2023. A lo que habría que añadir ayudas estatales que han tenido como destino la misma empresa, según anotan fuentes sindicales.

Las reacciones al ERE no paran de brotar e incluyen un cruce de acusaciones de inacción entre administraciones. De un lado, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, cree inasumible el despido de “un tercio de la plantilla en Almussafes”, sobre todo, cuando la automovilística estadounidense tuvo al cierre de 2023 unos beneficios netos de más de 4.000 millones de euros, si bien, fuentes vinculadas a la empresa replican que en España “no sólo no han obtenido esas ganancias, sino que tienen pérdidas”.

En una entrevista en TVE, Díaz ha defendido que el ERE “está localizado” en la Comunitat Valenciana y, por tanto, “es competencia absoluta de la Generalitat, es decir, del PP, que tiene competencias exclusivas en materia industrial”. Le ha pedido que “actúe”, ya que el ministerio “no puede” para “evitar esta situación”. “Mi posición es que una empresa que tiene beneficios extraordinarios no puede presentar un despido colectivo, no es comprensible”, ha martilleado.

Fuentes del ministerio explican que en materia de trabajo, como en muchas otras, “hay parte transferida a las comunidades y en un ERE de una empresa que afecte sólo a una región, la autoridad laboral es de la comunidad”. Esto es: “La empresa Ford tramitará el suyo con la Generalitat y además las competencias en el marco de industria son de esa administración”, dejan claro. Preguntadas sobre si se puede hacer algo para evitar el ERE, las fuentes consultadas indican que “desde la reforma laboral, Ford tiene mecanismos, antes de recurrir a algo tan traumático como los despidos, por ejemplo, los ERTE, que ya se demostraron útiles en la pandemia o algún plan industrial”. Recuerdan, asimismo, que la empresa no recurrió al PERTE -Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica con acceso a fondos europeos- de la automoción. De hecho, en 2022 la multinacional eligió a la planta valenciana para ensamblar sus vehículos eléctricos para Europa y cerró un acuerdo por la electrificación que conllevó un ajuste de las condiciones laborales para los trabajadores, sin embargo luego optó por aplazar esa hoja de ruta. En cualquier caso, “el ERE tendrán que hacerlo conforme a la legislación vigente y la Inspección de Trabajo emitirá un informe sobre si se adapta o no. Habrá que ver cómo acaba todo”, concluyen desde el ministerio.

Pero desde Valencia defienden que la pelota está en el tejado del Gobierno. En concreto la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat, Nuria Montes, ha acusado al Ejecutivo de estar “eludiendo su responsabilidad” y le ha exigido que “cumpla con su obligación y con los trabajadores de la comunidad”. Fuentes de Industria aseveran, para arrancar, que el ERE “no es de 1.600 personas” y luego aportan que han pedido al Gobierno que active “el Mecanismo RED para todo el sector de la automoción”, al que ha augurado, le esperan años difíciles. Se trata de un instrumento de flexibilización diseñado para conservar el empleo en situaciones de crisis cíclicas o sectoriales que tiene que ser activado por el Consejo de Ministros. Lo han solicitado igualmente el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, e incluso los sindicatos.

Afirman que ellos, dentro de sus competencias, podrán promover actuaciones como “programas de formación y recualificación profesional” para que los trabajadores puedan recolocarse o constituir una comisión con las consellerías que puedan tener algo que ver en el asunto como Industria, Economía, Hacienda y Empleo para estar al tanto del expediente de regulación y ver qué medidas se pueden ir tomando. Pero no pueden frenar el ERE en sí.

¿Hay alguna opción de parar el expediente de regulación que pondría en la calle a 1.600 personas? El secretario general de CCOO Industria del País València, Juan José Picazo, teme que ya lleguen tarde, aunque ve una posibilidad: "Es cierto que si se autorizara y la empresa se acogiera al Mecanismo RED se evitarían despidos, porque una de las condiciones es que no haya destrucción de empleo". Confirma que CCOO, al igual que UGT, lo ha solicitado, ya que, "aunque se tiene que aprobar para un sector, no para una empresa, y para una crisis cíclica, en el automovilismo se va a producir una transformación coyuntural, al pasar del coche de combustión al eléctrico", argumenta. Y encadena: "Esto tiene que ir ligado a planes de formación de los trabajadores durante el tiempo que dure el mecanismo. Se tienen que combinar las dos circunstancias: que se active el RED porque es un sector en transformación, y que, mientras dure, se forme a los trabajadores en la nueva realidad. Es decir, las administraciones no tienen que tirarse los trastos unas a otras, sino aportar de forma ordenada su granito de arena porque todas tienen que hacer", proclama.

Picazo avisa de que "los despidos en Ford" van a provocar un tsunami laboral también "en las empresas auxiliares, donde hay más gente empleada que en los fabricantes y de ellos no habla nadie". "Por tanto -recalca-, queremos el mecanismo RED para todo el sector del auto, fabricantes y empresas auxiliares. Y la formación, que es competencia del Gobierno autonómico". A su juicio, esto sería una salida, ya que bajo ese paraguas "las empresas no pagan salarios y se ahorran cotizaciones, mientras los trabajadores podrían llegar a cobrar hasta el 70% de su base reguladora sin que les compute el desempleo y aprovechar ese periodo para formarse". Con todo, la voluntad de Ford sería imprescindible, dado que "la dificultad que existe para la empresa es que tiene que garantizar el mantenimiento del empleo", advierte.

"Vivimos en un país en el que preferimos estar peleando, dependiendo del color del Gobierno, en vez de pensar en las personas. Si se hubiera hecho esto último, se hubiese llegado a un acuerdo", desliza. Y cierra: "Las malas decisiones históricas que ha ido tomando la dirección de Ford la han situado en una situación de desventaja frente a otros fabricantes, pero el cambio de modelo de combustión a eléctrico tiene que producirse en todas las fábricas. Es una cuestión del todo el sector, sólo que Ford se ha visto afectada primero, debido a que las cosas no se han hecho bien".

De momento, fuentes del Ministerio de Trabajo aseguran sobre el Mecanismo RED que, "si formalmente lo piden", lo "estudiarán" y "eventualmente se llevaría a Consejo de Ministros". Por ahora, "no está sobre la mesa". Habrá que ver si se pasa de las palabras al choque, al todos a una.

La Seguridad Social contó en noviembre con 2.667.664 cotizantes extranjeros de media, lo que supone una caída de 16.272 afiliados respecto al mes anterior y coloca la proporción de trabajadores foráneos en el 12,82 %, siete décimas más que hace un año. En los últimos doce meses, la afiliación media de trabajadores procedentes de otros países ha crecido un 8,6 %, al sumar 210.878 ocupados, de acuerdo con los datos difundidos por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones este martes y recoge EFE.

Del total de afiliados extranjeros, un 56 % son hombres, y el 44 % restante, mujeres, en tanto que el 32,5 % son de países de la Unión Europea (867.610) y el 67,5 %, de terceros países (1.800.054). Los grupos de ocupados más numerosos son de Rumanía (336.164), Marruecos (321.012), Italia (176.379), Colombia (172.985) y Venezuela (146.853).

Por regímenes, el 84 % está afiliado al régimen general y el 16 % restante cotiza en el régimen especial de trabajadores autónomos (RETA).

La Seguridad Social también detalla que, hasta noviembre, hay 66.005 afiliados procedentes de Ucrania, que son 18.746 más que en enero del pasado año, mes previo al impacto de la guerra.

En términos desestacionalizados, el número de afiliados foráneos es de 2,7 millones, tras sumar en noviembre 15.770 trabajadores. Según este cálculo ajustado, desde febrero de 2020 el sistema ha registrado un aumento de más de 509.853 trabajadores procedentes de otros países. 

El paro bajó en 365.300 personas en el segundo trimestre del año, lo que supone un 11,7% menos que en el trimestre anterior, mientras que se crearon 603.900 puestos de trabajo (+2,9%), llevando el total de ocupados por primera vez en la historia a 21.056.700 personas, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), informa Europa Press.

El descenso del desempleo experimentado entre abril y junio es el más elevado en un segundo trimestre desde 1977 y sitúa el nivel de parados en en 2.762.500 personas, su menor cifra desde el tercer trimestre de 2008.

De este modo, la tasa de paro se redujo casi 1,7 puntos en el segundo trimestre, hasta el 11,6%, su valor más bajo desde el tercer trimestre de 2008. Por su parte, la tasa de actividad repuntó cuatro décimas, hasta rozar el 59%, tras aumentar el número de activos en 238.600 personas entre abril y junio (+1%).

En el último año el paro se ha reducido en 157.000 personas (-5,4%) y se han creado 588.700 empleos (+2,9%), mientras que el volumen de activos se ha incrementado en 431.700 personas (+1,8%).

Según el INE, el número de asalariados aumentó en el segundo trimestre en 505.500 personas (+2,9%), de los que 410.100 tenían contrato indefinido (+2,8%) y 95.400, contrato temporal (+3,2%).

El Ministerio de Asuntos Económicos ha calificado los datos como "extraordinarios", lo cual es, "reflejo de la fortaleza y el dinamismo de la economía española que favorece a familias y empresas". En este sentido, el ministerio destaca el aumento de la población activa, de los ocupados y la bajada de la temporalidad y el desempleo, especialmente en el paro juvenil y femenino, que baja a niveles de 2008.

Además, el ministerio celebra que la mejora del empleo es generalizada, con un aumento de la ocupación y reducción del paro en todas las Comunidades Autónomas y que este incremento se ha concentrado en su totalidad en el sector privado.

El secretario de Estado de Empleo y Economía Social de España, Joaquín Pérez Rey, ha asegurado que desde el Ministerio de Trabajo no se tiene nada en contra de los convenios de empresa, los cuales considera "esenciales", pero sí ha reconocido que existen "graves problemas" con los convenios empresariales fraudulentos que empeoran las condiciones del sector, según informa Europa Press. Así lo ha expresado Pérez Rey durante su intervención en un debate sobre la reforma laboral organizado por el Foro de Abogadas y Abogados de Izquierdas (FAI-RADE).

"Los convenios de empresas son esenciales, a quién se le ocurre que nosotros tenemos algo en contra de los convenios de empresa de la SEAT o del sector automovilístico, ninguno, no tenemos ningún problema. Con lo que tenemos graves problemas es con convenios colectivos de empresas, muchos de ellos en fraude en muchas ocasiones, que se aprovechan para bajar las condiciones de la negociación colectiva sectorial, degradando las condiciones de los trabajadores", ha explicado.

En este punto, ha aclarado que con la introducción de la reforma laboral estos supuestos se acaban "de raíz", ya que el nuevo esquema establece la prevalencia del convenio sectorial sobre el empresarial en materia salarial, entre otros puntos.

El secretario ha comentado que contiene "mucha esperanza" en que la reforma funcione y ataque algunos desajustes del mercado laboral, principalmente la temporalidad. Pérez Rey ha explicado que en este sentido el mes de enero se ha registrado un "efecto anticipatorio", ya que un 15% de la contratación ha sido indefinida, un dato que ha superado la estadística histórica durante el primer mes del año.

El secretario de Estado para la agenda 2030, Enrique Santiago, considera que la entrada en vigor de la reforma laboral, y con ella la prevalencia de los convenios sectoriales sobre los de las empresas, supondrá el inicio de unas "condiciones dignas" en el trabajo.

En este sentido, ha recordado que la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 tiene entre sus retos poner fin a la precariedad laboral y acabar con la pobreza y la desigualdad, algo que, en opinión de Santiago, con el nuevo esquema laboral se dará "un paso de gigantes" para la consecución de estos objetivos.

El secretario de Estado ha subrayado la trascendencia de la reforma y ha celebrado que sea una realidad. Asimismo, ha incidido en que el nuevo esquema de trabajo traerá consigo un nuevo paradigma en la relación laboral, de modo que "la norma no va a ser el contrato eventual o temporal, sino que la norma va a pasar a ser el puesto de trabajo fijo y estable".

Para el secretario de Estado, este avance implica un cambio en las dimensiones de la vida de las personas, sobre todo las más vulnerables. "Nadie puede arrendar una vivienda, mucho menos pedir una hipoteca, sin tener un contrato indefinido. Este cambio de paradigma es una mejora de las expectativas de vida", ha apostillado.

Por otro lado, ha destacado la recuperación de la ultractividad en los convenios y el fortalecimiento de la capacidad negociadora de los sindicatos.

De su lado, la secretaria cofederal de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente Peralta, ha expuesto los principales cambios introducidos con la nueva reforma.

Si bien ha manifestado una clara mejora en las relaciones laborales tras la norma, ha recordado que España todavía está un 6,2% por debajo de los salarios registrados antes de 2008. "Se ha avanzado mucho, pero seguimos teniendo una devaluación que no hemos conseguido revertir", ha explicado.

No obstante, Peralta ha destacado otros puntos, como la importancia de la recuperación de la ultractividad o las medidas flexibles internas para no recurrir al despido -como es el caso de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE)-.

En lo que respecta a las indemnizaciones por despido, si bien Peralta ha reconocido que no se ha atajado de forma directa, sí ha puntualizado que, al prevalecer los convenios del sector sobre los de empresa los salarios en muchos sectores mejorarán hasta en 9.000 euros anuales y, por ende, la indemnización por despido será mayor.

"No se ha abordado el despido, pero el hecho de que no se haya tocado la indemnización no significa que esta reforma no actúe sobre la indemnización y no les salga a las empresas más caro despedir", ha explicado, insistiendo en que "si tienes más salario en el supuesto de un despido, no hay que explicar que tendrá más indemnización".

La reunión de este miércoles en la mesa de diálogo social sobre la reforma laboral resultó “más brusca” que de costumbre. Era la primera vez que acudían a la cita los directores generales enviados por Economía y Seguridad Social y que, por orden de Moncloa, se han incorporado a las negociaciones con sindicatos y empresarios que lidera desde marzo el Ministerio de Trabajo. “El ambiente estuvo enrarecido desde el primer momento, aunque los dos nuevos invitados no abrieron la boca, solo tomaron apuntes”, reconoce una de las personas que acudió a la cita.

El encuentro se producía después del enfrentamiento interno en el seno de la coalición sobre “la metodología” de coordinación entre ministerios, pero también sobre el fondo de la reforma laboral e incluso sobre si lo que está encima de la mesa es la derogación o no de la legislación introducida por el PP en 2012, tal y como especifica el acuerdo de Gobierno. La paz se volvió a sellar el martes personalmente entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, con el blindaje del presidente a la hoja de ruta marcada desde la vicepresidencia segunda e incluso con la aceptación del término “derogar”.

Hay quienes interpretan, sin embargo, que la patronal quiere ahora sacar provecho de las últimas turbulencias para adoptar una posición de fuerza. De hecho, los representantes de la CEOE llegaron a la cita del miércoles con posturas mucho más inflexibles que la semana anterior sobre asuntos como la tasa de temporalidad del 15% o incluso con críticas a la reforma de las pensiones (que se discute en otra mesa de diálogo social) y a las nuevas propuestas sobre negociación colectiva.

Indemnización por despido

En mitad del cruce de reproches y con todas las partes en posiciones menos proclives al entendimiento que tan solo siete días antes, los representantes sindicales respondieron a la actitud de la CEOE endureciendo también el tono. “Aquí posiciones maximalistas tenemos todos”, se oyó en la sala. En ese momento, el representante de UGT pidió la palabra para poner encima de la mesa la vuelta a la indemnización de 45 días por año trabajado que el PP redujo a 33 días en el caso de los despidos improcedentes. “Eso no está en el perímetro de la negociación”, le contestaron.

En efecto, la reforma laboral que está en marcha y que el Gobierno se compromete a que suponga “la derogación” de la impulsada por Mariano Rajoy en 2012, no contempla revertir el abaratamiento del despido impulsado durante la anterior crisis económica. Algo que tampoco incluye el acuerdo de coalición que alcanzaron PSOE y Unidas Podemos. Ese capítulo, el de la reforma laboral, fue una de las batallas políticas más enquistadas hasta el final a la hora de redactar el pacto de Gobierno entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Yolanda Díaz, reacia entonces a aceptar el cargo de ministra de Trabajo, defendió que solo concebía esa responsabilidad si era para “derogar” los recortes a los derechos de los trabajadores implementados por el PP en 2012. En el PSOE preferían acotar el impacto de la reforma hablando tan solo “de los aspectos más lesivos”. Sánchez e Iglesias zanjaron a última hora la disputa llegando a una formulación intermedia.

El apartado 1.3 es un epígrafe titulado “Derogaremos la reforma laboral. Recuperaremos los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012”. Pero, a continuación, se apostilla: “En concreto, y con carácter urgente”. Tras esos dos puntos se enumeran hasta seis medidas en el programa de Gobierno. Alguna de ellas ya se ha llevado a cabo, como la derogación de “la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad”. El resto tienen que ver con la negociación colectiva, la subcontratación y la temporalidad, los aspectos que ahora se discuten en la mesa de diálogo y que ya han sido comprometidos en el famoso Componente 23 enviado a Bruselas a cambio de los fondos europeos. No existe mención alguna a la reversión del abaratamiento del despido llevado a cabo en su día por la reforma laboral de Fátima Báñez y que supuso uno de los principales recortes en materia de derechos laborales para los trabajadores.

Objetivo: acabar con la temporalidad

Pero más allá de lo firmado en el pacto de coalición, desde el Gobierno se argumenta que el principal problema que afrontan a día de hoy los trabajadores españoles no es la indemnización que cobran tras ser despedidos si no las causas de la terminación de los contratos, temporales y precarios en un gran número de casos. “Si te hacen un contrato por dos días sueltos y la semana que viene otro igual, la indemnización es lo que menos te preocupa, porque es casi nada. Estamos centrados en acabar con la temporalidad, que es el gran problema de nuestro mercado laboral, tal y como indica Bruselas”, argumentan desde el Gobierno.

“El objetivo es que se despida menos, que se destruya menos empleo y que el que se cree sea más estable y menos precario”, explican desde el Ministerio de Trabajo. Precisamente, en la negociación sobre la reforma laboral otro de las medidas de mayor impacto que se aborda es la permanencia de los ERTE como mecanismo de flexibilidad interna alternativa al despido. En ese sentido, la consonancia es total entre el Ministerio de Trabajo y el área económica de la Moncloa, que coinciden en que escenarios “como que el convenio del sector esté por debajo del de la empresa son mucho más lesivos para los trabajadores” que la cuantía de las indemnizaciones por despido. “La receta que estamos abordando es clara: que crezcan los salarios, que mejore la negociación colectiva y que la temporalidad y la precariedad dejen de estar en los niveles tan extraordinarios de hoy en día”, resumen desde la vicepresidencia segunda.

Ahora, las negociaciones encaran su recta final, teniendo en cuenta que el Gobierno aspira a que la reforma pueda estar lista en el mes de noviembre para poder ser enviada a Bruselas antes de final de año, tal y como está comprometida en el Plan de Recuperación. Que cuestiones como la del encarecimiento del despido queden aparcadas también son interpretadas en todas las partes como un margen de maniobra que los empresarios podrían aprovechar en esta ocasión para sumarse al acuerdo. En ese sentido, el propio presidente del Gobierno y la vicepresidenta Yolanda Díaz han manifestado su intención de apurar todas las opciones para alcanzar un consenso en el que esté la CEOE. “Esta vez, a diferencia del SMI, tienen incentivos. Si entran saben que algo pueden rascar. Están endureciendo sus posturas porque llega la parte decisiva de la negociación, pero hay margen para el acuerdo”, concluyen fuentes de la negociación.

La crisis de 2008 instauró en el imaginario colectivo un temor permanente hacia la Unión Europea y sus políticas de ajuste: “Esto lo exige Bruselas” o “esto no lo permitirá Bruselas” se convirtieron en auténticos mantras que a menudo operaban a modo de autocensura previa por parte de los gobernantes, antes incluso de que ningún responsable comunitario se pronunciase al respecto. Era la Europa de la austeridad, especialmente rigurosa para con los países del sur.

El caso es que esos mantras siguen intentando instalarse ahora, a pesar de que la Bruselas de 2008 no es la de 2021 y de que las recetas neoliberales de la anterior crisis económica han sido sustituidas por políticas expansivas y de carácter social tras la pandemia. Muchos han argumentado en los últimos días que el Gobierno debería andarse con ojo con su reforma laboral porque Europa nos mira con lupa y nos jugamos los multimillonarios fondos europeos.

Lo cierto es que, en líneas generales, la UE ya ha dado el visto bueno a esa reforma laboral. La Comisión aún espera el detalle de la norma que ahora el Ejecutivo de coalición español se dispone a apuntalar tras una intensa batalla interna entre PSOE y Unidas Podemos. Pero Europa ya ha validado los planteamientos más importantes de la nueva legislación laboral que pretende desarrollar el Ejecutivo, sin poner siquiera objeciones al desarrollo normativo avanzado desde el ministerio de Trabajo. Algo que sabemos por el famoso "Componente 23" del llamado Plan de Transformación y Resiliencia, algo así como el precontrato enviado por los países miembros a la Unión Europea para poder acceder a las ayudas de los fondos europeos.

¿Qué es el "componente 23"?

Ese “Componente 23” ya es fruto de un largo proceso de negociaciones en el seno del Gobierno de coalición, con notables discrepancias y enfrentamientos entre los ministerios de Economía, más cauto, y Trabajo, decidido a no dejar rastro de la legislación laboral que el PP implantó en 2012. Esas negociaciones se prolongaron durante seis meses y fueron desencalladas a finales del año pasado por el propio presidente del Gobierno y su equipo. Y el balance que se hizo entonces desde el entorno de Yolanda Díaz fue muy positivo, interpretando incluso que sus tesis habían logrado imponerse a las de Nadia Calviño: se alcanzaba el compromiso de recuperar la ultraactividad (un convenio no decae hasta que el nuevo no entre en vigor), de hacer prevalecer el convenio sectorial al de empresa y de atajar la precariedad implícita en la figura de la subcontratación, entre otras cosas.

Bajo el epígrafe “Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo”, ese "componente 23" se envió a Bruselas. En total, 90 páginas de compromisos adquiridos por España en materia de legislación laboral. En ese texto se enumera cada capítulo de reformas que el Ejecutivo pretende llevar a cabo, se asigna la dotación presupuestaria de aquellas partidas que requieren de inversión pública e incluso se fija qué departamento ministerial es el competente en cada uno de los puntos.

Subcontratación

Uno de los capítulos más explícitos de todo el documento enviado a Bruselas es el de la subcontratación. En este apartado el Gobierno es claro: “Es necesario abordar una reforma que impida que se utilice la externalización de servicios a través de la subcontratación como mecanismo de reducción de los estándares laborales de las personas que trabajan para las empresas subcontratistas”, reza el texto, que añade que “se utiliza cada vez más la externalización para subcontratar tareas que están dentro de la actividad propia de la empresa, del núcleo que define su negocio. Eso hace necesaria una regulación precisa que garantice un nivel adecuado de protección a las personas trabajadoras de las subcontratas en relación a la actividad que realizan”.

La de la subcontratación es una de las líneas rojas para los sindicatos y uno de los asuntos más delicados para la patronal, que siempre reclama respeto a los mecanismos de “flexibilidad” del mercado laboral. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha repetido en las últimas semanas un mismo ejemplo: el modelo de subcontratación actual permite que las camareras de piso o limpiadoras de hoteles encadenen contratos precarios “a 3 euros la hora”.

Ultraactividad y convenios colectivos

Hay otro capítulo, el de la ultraactividad, también enunciado en el "componente 23". En este caso está menos detallado y, por tanto, deja mayor margen a la discusión en el seno del propio Gobierno. Pero también señala cuál es la apuesta. Antes de la reforma laboral de 2012, los convenios se prorrogaban automáticamente hasta la entrada en vigor de un nuevo convenio, algo que los sindicatos defienden que aportaba seguridad a los trabajadores. Pero el Gobierno del Partido Popular introdujo una modificación esencial que hoy sigue vigente: si en el plazo de un año desde la finalización de un convenio no hay otro en vigor, esa regulación decae y los nuevos empleados pasan a tener como marco de referencia el estatuto de los trabajadores y el salario mínimo interprofesional.

Algo que la próxima reforma laboral también abordará, tal y como se enuncia en documento remitido: “la modernización de la arquitectura de negociación colectiva constituye una quinta pieza clave del paquete de reformas que serán elevadas al Diálogo Social, abordando aspectos tales como la ultraactividad de convenios, la relación entre convenios sectoriales y de empresa, y los mecanismos de consulta y negociación en los supuestos de modificación sustancial de las condiciones de trabajo”.

El Gobierno ultima su postura

Todas estas, junto a un amplio paquete de medidas que van desde las políticas activas de empleo, la igualdad retributiva o la implementación de los ERTEs como mecanismos de flexibilidad interna, conforman “la hoja de ruta” de la reforma laboral que va a acometer el Gobierno. A pesar de los choques de los últimos días en el seno de la coalición, el presidente afirmó este jueves durante su comparecencia en la cumbre hispano-lusa que su Ejecutivo cumplirá con ese rumbo trazado. 

Los sindicatos advierten que no admitirán “rebajas” en reformas estructurales como las de la subcontratación, la prevalencia de los convenios sectoriales o la ultraactividad. Su socia de Gobierno, Yolanda Díaz, ha insistido públicamente en su compromiso de “derogar” la reforma laboral del PP, algo que también exigen la mayoría de socios parlamentarios de Pedro Sánchez. El presidente del Ejecutivo destaca la necesidad de que de esa ecuación forme parte también esta vez la CEOE, algo que ya ha ocurrido hasta en doce acuerdos sociales entre empresarios, sindicatos y el Ministerio de Trabajo a lo largo de la legislatura. De momento, la primera parada parece la más trascendente: el martes, el propio Sánchez presidirá una reunión para poner de acuerdo a su propio Consejo de Ministros.

Laboratorios Farmacéuticos Rovi ha fichado a la exministra de Empleo y Seguridad Social Fátima Báñez como nueva consejera, con la categoría de externa independiente, al tiempo que ha nombrado al expresidente del Consejo Económico y Social (CES), Marcos Peña, consejero independiente coordinador, según ha informado este viernes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Báñez, que dejó la política el pasado mes de marzo con la intención de incorporarse a la empresa privada, sucede en el cargo a Enrique Castellón Leal, quien ha presentado su renuncia tras cumplirse doce años desde su nombramiento como consejero de Rovi, lo que afecta a su calificación como consejero externo independiente.

Asimismo, la exministra de Empleo ha sido designada miembro de las comisiones de auditoría y de nombramientos y retribuciones.

De esta forma, la compañía refuerza su consejo con la incorporación de una profesional de "reconocido prestigio y dilatada experiencia en la gestión del talento y su compromiso con las personas".

Báñez es licenciada en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas y completó su formación con un Postgrado en Administración de Empresas en la Universidad de Harvard y el Programa de Liderazgo para la Gestión Pública en el IESE Business School.

Desde diciembre de 2011 hasta junio de 2018, ocupó el cargo de ministra de Empleo y Seguridad Social; así como el de ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en funciones desde agosto de 2016 hasta noviembre de ese mismo año.

Además, la nueva consejera cuenta con una amplia experiencia internacional, habiendo representado al Gobierno de España en el Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores de la UE (EPSCO), el G-20, las Cumbres Iberoamericanas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Foro Internacional de Empleo.

Tras la incorporación de Báñez, el consejo cuenta con tres consejeros ejecutivos, un dominical y tres independientes.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el pasado lunes la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que declaró inconstitucional el método de cálculo de la pensión para los trabajadores a tiempo parcial. De forma que esta misma semana el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha dejado de aplicar el coeficiente reductor que, según el criterio del TC, castigaba a quienes se jubilan tras haber trabajado a tiempo parcial con una pensión menor a las que les correspondería sólo con computárseles el tiempo realmente cotizado.

Al anular el Constitucional ese coeficiente de parcialidad, el Gobierno deberá ahora, además, cambiar la Ley General de la Seguridad Social, eliminando de su disposición adicional séptima la aplicación de ese factor sólo a las pensiones de jubilación de los trabajadores a tiempo parcial. Se mantiene para las de incapacidad permanente. Pero, como queda dicho, la Seguridad Social ya ha comenzado a calcular sin reducción alguna las pensiones de estos trabajadores, aunque sin efecto retroactivo: el cambio sólo beneficiará a quienes se jubilen a partir del 12 de agosto. CCOO ya ha reclamado que se acometa una “reforma integral” de las cotizaciones de los empleados a tiempo parcial.

El Ministerio de Empleo no desglosa en sus estadísticas cuántos pensionistas trabajaron a tiempo parcial y cuántos lo hicieron a tiempo completo. El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), en un dictamen anterior sobre el mismo asunto, calculaba que los trabajadores penalizados por ese coeficiente reductor representan el 65% de los asalariados a tiempo parcial. En concreto, determinaba que los perjudicados eran aquéllos con jornadas por debajo del 67% de la jornada ordinaria, unos dos tercios del total. Según la última Encuesta de Población Activa (EPA), correspondiente al segundo trimestre de este año, en España 2,95 millones de personas trabajan a tiempo parcial, el 14,9% de los asalariados. Si dos tercios tienen jornadas por debajo del 67% del tiempo ordinario de trabajo, los beneficiados por el nuevo método de cálculo de la pensión alcanzarán la cifra de 1,9 millones. Sin embargo, de ese número hay que restar los jubilados que, precisamente por su escaso volumen de cotizaciones, obtienen una pensión por debajo de la cuantía mínima –677,4 euros al mes sin cónyuge al cargo– y, por tanto, tienen derecho a cobrar los llamados complementos a mínimos, que les garantizan ese suelo. Pero las estadísticas oficiales no discriminan entre quiénes de éstos pensionistas trabajaron a tiempo completo y quiénes lo hicieron por horas. En 2017, el último año del que la Seguridad Social ofrece datos completos, un total de 1,37 millones de jubilados cobraban estos complementos.

El Ministerio de Empleo ha anunciado este viernes que revisará de oficio unas 8.500 solicitudes de pensión de trabajadores a tiempo parcial con resolución no firme, de las cuales el 25,8%, unas 2.000, se beneficiarán de un aumento de cuantía de hasta el 4%. De las restantes, 2.000 tienen derecho al complemento a mínimos, y las restantes no subirán porque o bien ya tienen acreditado el 100% de la base reguladora o su jornada era superior al 67% de la ordinaria. 

El departamento también ofrece ahora una cifra de altas de pensión procedentes de empleos a tiempo parcial: el 24%. Es decir, de las 328.159 altas registradas en 2018, 78.758 correspondían a trabajadores por horas. Extrapolando los porcentajes de las resoluciones no firmes que van a ser revisadas, el número de quienes pueden ver su pensión aumentada con el cambio en el método de cálculo se aproximará a las 20.319 personas.

La sentencia del TC tiene su origen en la demanda que un profesor asociado de universidad interpuso tras jubilarse en 2015. Había trabajado a tiempo parcial la mayor parte de su vida laboral: desde 1977 sumaba un tiempo de cotización de 37 años y 10 meses. Sin embargo, al aplicarle el coeficiente de parcialidad, ese tiempo se reducía hasta 33 años y cuatro meses, por lo que, en lugar de cobrar el 100% de la base reguladora a la que tendría derecho si hubiera trabajado a tiempo completo, se quedó con el 95,06%, una pensión de 640,14 euros al mes.

Como lo consideró discriminatorio, acudió al juzgado de lo Social y al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que desestimaron sus demandas. No así el TC, ante el que presentó un recurso de amparo porque, a su juicio, ese método de cálculo vulneraba el principio de igualdad consagrado en el artículo 14 de la Constitución.

“El eslabón más débil del mercado de trabajo”l eslabón más débil

En sus sucesivas sentencias sobre el mismo asunto, el Constitucional siempre ha establecido como “razonable” y acorde con los principios de proporcionalidad y contributividad que las pensiones a tiempo parcial sean de menor cuantía que las de quienes trabajaron el mismo número de años a tiempo completo –éstos han cotizado más–. Pero rechaza como discriminatorio y sin justificación que a los empleados a tiempo parcial, y sólo a ellos, se les aplique un coeficiente que encoge su tiempo de cotización: exigiéndoles más años de cotización que al resto se les dificulta el acceso a las prestaciones.

Esa reducción intentó compensarse en 2013 tras otra sentencia del Tribunal Constitucional. El Gobierno incluyó entonces una medida correctora: tras utilizar el coeficiente de parcialidad, se aplica un multiplicador de 1,5 al número de días cotizados. Es decir, un plus de medio día cotizado por cada día teórico de cotización. Sin embargo, aun con la ayuda del 1,5, sólo quienes han trabajado más del 67% de la jornada ordinaria pueden alcanzar el 100% de la base reguladora. Por ese motivo, el TC critica por insuficiente ese mecanismo corrector. “De ello se deriva una diferencia de trato en la fijación del periodo de cotización, para unos de manera natural, en función del tiempo real (trabajadores a tiempo completo), y para otros artificialmente a partir de un valor reductor (trabajadores a tiempo parcial)”, resume la sentencia. Es más, destaca el tribunal, “el método así implementado castiga, sobre todo, a los trabajadores con menos porcentaje de parcialidad a lo largo de su vida laboral, esto es, a quienes conforman el eslabón más débil del mercado de trabajo”.

Además, como el 74% de los contratos a tiempo parcial, 2,18 millones en el segundo trimestre de este año según la EPA, los firman mujeres, el Constitucional dictamina que ese método de cálculo implica una discriminación indirecta por razón de sexo. La sentencia rechaza los argumentos de la letrada de la Seguridad Social, que esgrimió como “atenuantes” del perjuicio ocasionado a las mujeres las medidas de protección destinadas a ellas, desde el complemento por maternidad hasta los periodos de cotización asimilados por parto y los beneficios por cuidado de hijos. El TC critica que la abogada no cuantificara esos efectos paliativos que, en todo caso, sólo favorecerían a las trabajadoras a tiempo parcial que hayan sido madres.

Contratos precarios, pensiones recortadas “más allá de lo necesario”

La sentencia también se hace eco de un dictamen anterior –del 8 de mayo pasado– emitido por el Tribunal de Justicia de la UE en el mismo sentido: el método de cálculo supone una indiscriminación indirecta basada en el sexo. La argumentación es idéntica: que la pensión de un trabajador a tiempo parcial sea inferior a la de uno a tiempo completo respeta el carácter contributivo del sistema, pero la aplicación del coeficiente reductor “va más allá de lo necesario para alcanzar tal objetivo y representa, para el grupo de los trabajadores que prestaron sus servicios a tiempo parcial reducido, por debajo de dos tercios de un trabajo a tiempo completo comparable, una reducción del importe de la pensión de jubilación superior a la que resultaría únicamente de tomar en consideración su jornada de trabajo pro rata temporis [en proporción al tiempo]”. Y, de nuevo, como la mayoría de los asalariados por horas son mujeres, el sistema de cálculo les perjudica especialmente a ellas.

De los 2,95 millones de personas que trabajan con jornadas a tiempo parcial en España, casi el 56% lo hace porque no ha podido encontrar un empleo a tiempo incompleto. Su número no ha dejado de crecer durante la crisis y la posterior recuperación económica: un 21,2% desde 2007. Si entonces equivalían al 11,8% de los ocupados, hoy casi son el 15%. Según los datos de la última Encuesta de Estructura Salarial, correspondientes a 2017, el salario medio anual de uno de estos asalariados es de 10.684 euros, mientras que el de uno con jornada completa se eleva hasta 27.348. El salario mínimo ese año se situaba en 9.906 euros. Los sindicatos no se cansan de repetir que este tipo de jornadas son fuente de precariedad e incluso de fraude, más que un recurso de flexibilidad, por lo que urgen a un mayor control de su uso por las empresas.

Ana Ercoreca, presidenta de SITSS, habla con infoLibre sobre las condiciones en las que se encuentran los funcionarios. "Necesitamos urgentemente un refuerzo a nivel de personal y material", afirma de forma tajante. Los ordenadores, por ejemplo, son del año 2008 y 2012, de manera que su funcionalidad es escasa y los problemas constantes.

En cuanto al Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, Ercoreca señala que existen actualmente 945 inspectores y 844 subinspectores, de manera que no se cumple la ratio de un inspector por cada diez mil trabajadores que recomienda la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El que propone la organización internacional es además "un modelo individualista, mientras que el nuestro es general e integrado", de manera que se trata de un "cuerpo muy productivo en comparación con otros países". Pero sin recursos suficientes. "Somos muy pocos en el cuerpo y nuestra productividad es del 30%, además hacemos funciones propias del nivel 27 y nos pagan como si trabajáramos en el nivel 26", añade Ercoreca, lo que supone "una diferencia retributiva de 300 euros al mes y que sólo se subsana si recurres".

Mercedes Martínez, portavoz de UPIT, coincide en el diagnóstico. "La falta de recursos es un tema endémico", constata al otro lado del teléfono. "Hay una falta de recursos y una sobrecarga de trabajo" porque el personal no es suficiente para cubrir de forma eficaz las tareas encomendadas. Lo cierto es que "se está haciendo un esfuerzo para agilizar los procesos de convocatoria, pero no es un tema fácil que se pueda solucionar de un día para otro".

El sindicato de Ercoreca se reunió con la ministra Magdalena Valerio en el mes de marzo y puso "encima de la mesa todos estos problemas" detectados. En el Gobierno "son conscientes de que las cosas tienen que mejorarse", sostiene su presidenta y recuerda que "hace dos años había 20 opositores por plaza, pero ahora son 4,5". La Inspección de Trabajo, por tanto, no tiene "un cuerpo opositor, y sin ese cuerpo no hay futuro". Porque, además, aunque se trata de una profesión "muy vocacional", son necesarias "unas buenas condiciones de trabajo".

Para Martínez, el Ministerio de Trabajo debe además "ser consciente de que ahora las actuaciones son más complejas y no se pueden valorar en relación al número". Al final, explica, "todos los planes y programas, si no van acompañados de un sistema también de apoyo, no generan una mayor eficacia ni efectividad". Mejorar la movilidad de los profesionales, así como caminar hacia una equiparación laboral respecto a los inspectores de Hacienda, son también reivindicaciones clásicas.

Registro horario: amplio conocimiento pero escasa implantación

Y en ese escenario se han tenido que enfrentar los inspectores al reto de controlar el buen funcionamiento del nuevo registro de jornada. Todas las empresas, sin excepción, están obligadas a implementar la nueva medida. De lo contrario, se exponen a sanciones que pueden ir desde los 626 euros si el incumplimiento es leve hasta los 6.250 si es grave. El sistema deberá acreditar la hora de comienzo y finalización de la jornada de los trabajadores, aunque en el caso de elementos configurativos internos –pausa, descansos, otros–, será necesario dejar constancia de su existencia para que no se considere como tiempo de trabajo efectivo todo el horario comprendido entre inicio y finalización de jornada.

Según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), relativa al primer trimestre de 2019, los trabajadores españoles realizaron un total de 5,6 millones de horas extraordinarias a la semana, de las que 2,6 millones (el 46%) no fueron retribuidas.

El registro horario "era una de las principales reivindicaciones del mercado de trabajo", explica Ercoreca. Su puesta en marcha "para garantizar que esas horas de más se coticen y se abonen" era un mandato urgente, así que los inspectores están "contentos de que esa medida haya llegado". Desde el 12 de mayo, sostiene, están actuando. Aunque "con cordura y y mesura", dice y pone un ejemplo: "Cuando se aprobó la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en 1995 nadie sabía cómo iba a funcionar y la Inspección de Trabajo fue la piedra angular para asesorar". Además, añade, "la negociación colectiva es protagonista absoluta, es necesario un proceso de diálogo y que decidan de forma consensuada el modelo de registro".

En cuanto a las actuaciones, Ercoreca sostiene que "el sentir general de la Inspección es que se procederá visita a visita, yendo a ver si han empezado a trabajar, si hay un proceso de diálogo". La presidenta del sindicato es partidaria de conceder "un tiempo prudencial" a través del uso del requerimiento, "y si no se sientan a negociar, entonces actuar en consecuencia sancionando".

Para Martínez, que lleva haciendo visitas desde el momento en que se implantó el registro, la impresión es que "sí hay un conocimiento generalizado, gracias a los medios de comunicación, pero no una implantación muy efectiva". Y cuando la hay, dice, suele ser a través de "hojas informales". La Inspección de Trabajo actúa "con imparcialidad y profesionalidad", de manera que en caso de detectar irregularidades "se hace un requerimiento o advertencia para que se lleve conforme a la ley", siempre y cuando "no haya ninguna sospecha o indicio de excesos de jornada". En caso de que los inspectores perciban que "los horarios pueden superar el promedio ordinario, se hace una investigación más profunda que puede llegar a un expediente sancionador".

A juicio de Ercoreca, el principal punto de conflicto tiene que ver con las pausas en la jornada, "que no son tiempo de trabajo a no ser que lo diga el convenio". Ahí, apunta, "habrá mayor conflictividad por parte de las empresas, pero tanto empresarios como trabajadores tienen que ver que no es una medida de control", sino un instrumento para blindar "que esas horas se coticen, garantizar el descanso de doce horas entre jornadas y unos horarios que permitan la conciliación".

La conversión de contratos temporales en indefinidos creció un 17,7% en el primer semestre del año, hasta alcanzar un total de 407.900 conversiones, la cifra más alta desde el año 2008, según un informe de Randstad recogido por Europa Press que analiza la evolución de los contratos convertidos de una modalidad a otra en la última década.

El informe señala que los contratos temporales convertidos a indefinidos han registrado la segunda cifra más elevada de los últimos diez años, solo superada por la alcanzada en 2008 (432.772). En concreto, 407.986 contratos de duración determinada se han convertido en indefinidos en los seis primeros meses del año, lo que supone un aumento del 17,7% respecto al mismo periodo año anterior, cuando se convirtieron 346.655.

Analizando la serie histórica se observa que, tras registrar la cifra más elevada en 2008 (432.772), este tipo de contratos descendió durante cinco ejercicios consecutivos, a excepción de un repunte en 2010 (+8,2%), hasta registrar la cifra más baja en 2013 (197.769). Desde ese año, los contratos de duración determinada convertidos a indefinidos aumentaron durante los siguientes cinco años hasta superar de nuevo las 400.000 conversiones en 2017.

Durante los seis primeros meses de 2017, el 35,9% contratos indefinidos provenían de uno de duración determinada, por lo que la cifra mostrada durante la primera mitad de este año (36,3%) es la más elevada de los últimos seis ejercicios. En 2011 se alcanzó la cifra más elevada, cuando el 42,2% de los contratos indefinidos provenían de una conversión.

Agricultura, el sector con más conversiones

En términos absolutos, el sector servicios es en el que más conversiones se realizan, con 303.172 contratos temporales convertidos a indefinidos. A continuación se sitúan construcción (61.530), industria (31.579) y, por último, agricultura (11.705).

Respecto al año anterior, agricultura es el sector que más ha aumentado el número de contrataciones (+39%). En concreto, el número de contratos temporales convertidos a indefinidos ha aumentado de 8.419 a 11.705. Le siguen industria (+23,5%), construcción (+22,6%) y servicios, que es el sector que muestra menor crecimiento (+15,4%).

El peso de esta tipología de contratos respecto del total de contratos indefinidos también varía dependiendo del sector en donde trabaje el profesional. Así, el sector de la industria es el que muestra un mayor ratio, ya que uno de cada dos (50,9%) contratos indefinidos proviene de uno de duración determinada. Construcción es el sector que se encuentra a continuación, con un 43,7%, seguido por servicios (34,5%) y agricultura (22,4%).

Euskadi y Asturias, las CCAA que más aumentan

Por comunidades autónomas, Extremadura y Andalucía son las regiones en las que estos contratos tienen más peso, ya que el 48,8% y el 48,3% de contratos indefinidos provienen de una conversión.

A continuación, se encuentran Navarra (44,4%), Castilla-La Mancha (43,8%), Galicia (43,3%), Comunidad Valenciana (43%), Castilla y León (42,9%) y Canarias (42,8%), todas ellas por encima del 42%.

Por encima de la media nacional (36,3%), se sitúan también Asturias (41,1%), La Rioja (41,1%), Aragón (40,6%), Cantabria (40,2%) y Euskadi (37,9%). En el lado contrario, con los menores ratios, están Murcia (34,9%), Cataluña (31,7%), Madrid (26,2%) y Baleares (25,9%).

En el caso de las provincias, Córdoba (56,2%), Huelva (54,6%) y Cuenca (54,1%) son las provincias con mayor peso de estos contratos. Les siguen Cádiz (53,1%), Jaén (50,5%) y Ciudad Real (50,2%).

En términos absolutos, Cataluña (73.963), Madrid (62.876) y Andalucía (58.470) son las CCAA que han convertido más contratos en indefinidos en la primera mitad del año. Las contrataciones de estas tres regiones representan el 47,9% del total de estos contratos. Por otro lado, Navarra (5.759), Cantabria (3.863) y La Rioja (2.672) son las que menos contratos de esta tipología han registrado.

Respecto al crecimiento o descenso del número de conversiones respecto al año anterior, Randstad afirma que todas las regiones aumentan el número de contratos temporales convertidos a indefinidos, siendo Euskadi y Asturias son las CCAA que más han aumentado, ambas por encima del 30%. A continuación, se sitúan Navarra, Murcia y Andalucía, con ratios superiores al 25%.

Los trabajadores de Amazon en San Fernando de Henares (Madrid) han comenzado este lunes una huelga cuya duración se prevé de tres días coincidiendo con el PrimeDay de la empresa.

Trabajadores de la empresa Amazon secundan la huelga en las inmediaciones del centro logístico de San Fernando de Henares.

Según ha informado CCOO en un comunicado, la empresa presentó una "primera propuesta" en la mesa de negociación "tras más de 15 días de espera por parte de las organizaciones sindicales". Sin embargo, los avances en ella contemplados eran "insuficientes en todas las materias".

"La propuesta no contempla ninguna de las propuestas presentadas por las organizaciones sindicales y, por ejemplo, establece incremento salarial del 1,1%, lo que no permite ni recuperar tan siquiera el IPC acumulado", critica el sindicato.

En este punto, CCOO ha lamentado "la forma de actuar de la empresa", ya que "no ha hecho más que dilatar tiempos sin buscar un final al conflicto".

Por su parte, UGT ha asegurado que la huelga de Amazon está "totalmente justificada" y lamenta que la multinacional "no haya estado a la altura".

En un comunicado, el sindicato ha lamentado que la dirección de la empresa haya "impedido llegar a un acuerdo con los representantes de los trabajadores del centro logístico y distribución de San Fernando de Henares y evitar la huelga".

UGT considera que no ha existido un "compromiso real" de negociación por parte de la dirección de Amazon y sí "un intento de presentar unas ofertas que están fuera de la realidad, como el aumento salarial del 1,1% de los salarios de la plantilla que es inaceptable.

Por otra parte, el sindicato ha cargado contra "el intentar modificar las condiciones laborales de los trabajadores de Amazon de manera unilateral, saliéndose del marco del convenio colectivo sectorial".

Primeday, el día de mayor ofertas de Amazon

La huelga del centro logístico coincide con la celebración del PrimeDay del gigante del comercio electrónico, que comienza hoy a las 12 horas y durará hasta las 23.59 horas del 17 de julio, un día y medio, con más de un millón de ofertas especiales para los clientes de Amazon Prime en todo el mundo.

La multinacional prevé mejorar en esta edición los resultados del pasado PrimeDay, donde vendieron un 60% más que en 2016 y se convirtió en el evento de compras más grande en Amazon en toda la historia, más que el Cyber Monday y el Black Friday.

Amazón lanzó el programa Prime hace 13 años y ha superado ya los 100 millones de clientes registrados en todo el mundo. En España, el número de clientes Prime se ha duplicado en los últimos 18 meses y, paralelamente, la selección de productos disponibles para estos clientes también se ha duplicado en los últimos años.

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social realizará visitas de inspección en horario especial (horas nocturnas, fin de semana y festivos) para evitar que prolifere el trabajo no declarado, según se recoge en el borrador del Plan Director 2018-2020.

Para llevar a cabo estas visitas, los funcionarios de la Inspección de Trabajo contarán con la colaboración activa de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, según el borrador del Plan al que ha tenido acceso Europa Press.

También continuarán los refuerzos temporales de la inspección tanto en Baleares como en Canarias para incrementar las actuaciones de inspección durante la temporada alta de turismoturismo con el objetivo asegurar que la mano de obra empleada se ajuste a las condiciones establecidas por la norma vigente.

Respecto a los falsos autónomos, el Gobierno quiere que los inspectores incidan en su control, tanto desde el punto de vista de la planificación de actuaciones como en lo que respecta al número de visitas de inspección. Además, desarrollará campañas de inspección focalizadas a los sectores más afectados por este fenómeno.

El Gobierno pretende poner en marcha en el mes de agosto, en el marco del Plan Director contra la Explotación Laboral 2018-2020, un plan de lucha contra el fraude en la contratación temporal y otro contra los abusos en la contratación a tiempo parcial.

El diseño y ejecución de estos dos planes tiene "muy en cuenta" planes similares que han tenido buenos resultados, como el puesto realizado por el Gobierno de las Islas Baleares.

No obstante, estas no serán las dos únicas iniciativas que el Ejecutivo de Pedro Sánchez llevará a cabo para erradicar el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, puesto que dentro de este Plan Director se incluyen medidas tanto inmediatas como a medio plazo.

El objetivo del Gobierno, según el borrador del Plan, es estar más presente en los centros de trabajo y utilizar las medidas sancionadoras y correctivas legalmente previstas para disuadir estos comportamientos en las empresas.

Revisión del cuadro de infracciones y sanciones

Además, el Plan pretende que las reformas de la legislación laboral sustantiva que deriven del diálogo político y del diálogo social estén acompañadas también de una revisión del cuadro de infracciones y sanciones de orden social, particularmente de las sanciones.

Esta revisión se hará con carácter general, pero con particular intensidad y agilidad en determinados ámbitos. Según el borrador, es "necesario reforzar las sanciones asociadas a la contratación temporal abusiva, no tanto con un carácter punitivo, sino con la finalidad de garantizar su carácter coercitivo y disuasorio".

Así, se apuesta por un modelo que establezca un equilibrio adecuado entre el efecto disuasorio de la sanción y el efecto de la actuación inspectora y porque se siga fomentando la conversión de los contratos temporales en indefinidos.

En general, el Gobierno cree que debe ponerse fin a la situación actual en la que las actuaciones inspectoras no llevan aparejada una sanción y solo dan lugar, en la mayoría de los casos, a la conversión de contratos temporales en indefinidos, porque ello "puede conducir a prácticas fraudulentas en determinadas empresas en materia de contratación temporal y desincentivar la realización de contratos indefinidos iniciales para cubrir necesidades permanentes de las empresas".

Diez grandes medidas contra el fraude

El Plan Director se articula entorno a 10 grandes medidas operativas que velan por luchar contra el abuso y el fraude en la utilización de los contratos temporales, contra los abusos en la contratación a tiempo parcial, los excesos de jornadas y las horas no pagadas o por corregir los incumplimientos en materia salarial y los derivados de la externalización de actividades.

También apuesta por frenar la discriminación de género, sobre todo la retributiva, y el acoso, por impulsar acciones contra la vulneración de los derechos fundamentales de las personas trabajadoras, por reforzar la lucha contra la economía irregular o por afrontar las nuevas modalidades de prestación del trabajo en el ámbito digital.

El plan también recoge medidas para regularizar la situación de los trabajadores que se encuentren bajo la figura del "falso becario", para reforzar las actuaciones para reducir la siniestralidad laboral y para garantizar los derechos sindicales para luchar contra la explotación laboral.

Para hacer todo esto posible, el Ejecutivo reforzará los medios humanos y materiales de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Así, considera que es evidente reforzar las plantillas mediante la realización de ofertas de empleo público para este año y los dos próximos (2019-2020) que superen "notablemente" las realizadas hasta ahora que "apenas han servido para cubrir la tasa de reposición".

Por ello, el Ejecutivo incluirá un número de plazas de Inspectores y Subinspectores que se situará por encima del 100% de la tasa de reposición con el objetivo de permitir un incremento "neto y sostenido" de efectivos.

Asimismo, pondrá en marcha el Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, constituirá el Consejo Rector del Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social en septiembre de este año y el Consejo General "inmediatamente después".

El Gobierno pretende realizar un seguimiento y evaluación del plan a través de la Comisión Permanente del Consejo Rector y de la Comisión Permanente del Consejo General del Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Además, se realizará un seguimiento del plan en enero de 2019, con particular atención a los resultados de los planes de choque contra la temporalidad fraudulenta y la utilización irregular de la contratación a tiempo parcial; en julio de 2019 y en enero de 2020.

Planes de choque

El Gobierno pretende aprobar "de manera inmediata" tanto el plan de choque contra el fraude en la contratación temporal y a tiempo parcial en colaboración con las comunidades autónomas para actuar contra el fraude implantado tanto en estas dos contrataciones.

El objetivo en general de estos dos planes es el de afrontar y regularizar el fraude en estas dos materias y el de generar un efecto disuasorio en aquellos que promueven estos tipos de fraude que producen precarización y posibles situaciones de "explotación laboral". Además, supondrán un reforzamiento sustancial de las actuaciones inspectoras entre los meses de agosto y diciembre de este año.

CCOO, UGT, CEOE y Cepyme han alcanzado un principio de acuerdo de subida salarial para este año, que tendrá vigencia hasta 2020, y que establece una subida salarial fija de en torno al 2% más una parte variable del 1% ligada a conceptos como la productividad, los resultados o el absentismo injustificado, según han informado las partes negociadoras.

Las organizaciones sindicales y empresariales han llegado a entendimientos para cerrar el IV AENC tras más de seis meses de negociación y después de que el diálogo se rompiese en julio del año pasado y no se ratificase el acuerdo de subida salarial en 2017.

Los agentes sociales llevaban meses cocinando este acuerdo, aunque hasta hace apenas unas semanas, coincidiendo con la llegada del PSOE al Gobierno, no parecía que fuera a llegar a buen puerto.

Sin embargo, la negociación, liderada por los máximos dirigentes de las organizaciones empresariales y sindicales desde hace unas semanas, ha terminado por desbloquearse y se ha propiciado este preacuerdo.  

El Ministerio de Empleo seleccionó el pasado abril a un ejecutivo de la asociación de empresarios Confemetal, Ignacio Fernández Zurita, para colocarlo al frente de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae), la institución que gestiona las ayudas a la formación de ocupados y desempleados. Es el primer gerente de la Fundae elegido mediante una convocatoria pública a la que se presentaron 41 candidatos. De los 35 que reunían los requisitos del concurso de méritos, Fernández Zurita es quien fue considerado “el perfil técnico más idóneo” por un grupo de trabajo integrado por dos altos funcionarios de Empleo y el secretario del patronato de la fundación.

El nombramiento del ex director de Relaciones Institucionales de Confemetal fue aprobado por el patronato de la Fundae el pasado 5 de abril con las abstenciones de los representantes de CCOO y el sindicato gallego CIG, así como de las comunidades autónomas de Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Andalucía, Baleares y Navarra. Los sindicatos argumentaron que la designación de un ejecutivo de la patronal pone en duda la “independencia y neutralidad” de la fundación, mientras que las comunidades autónomas se quejaron de la falta de transparencia del procedimiento de selección.

El caso es que, según la Ley de Régimen Jurídico del Sector PúblicoLey de Régimen Jurídico del Sector Público, las “autoridades” y, en general, “el personal al servicio de las Administraciones” deben abstenerse de intervenir en cualquier procedimiento cuando tengan “relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto”, o le hayan “prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar”. Es decir, el nuevo gerente de la Fundae debería abstenerse cada vez que tenga que tratar cualquier asunto relacionado con su antiguo empleador, Confemetal, donde ha trabajado desde 2004, según su perfil de Linkedin.

Además, como ha sido ponente habitual, en representación de CEOE y de BusinessEurope –la patronal europea–, en foros y eventos de ámbito nacional y europeo, así como representante de Cepyme en la Mesa de Diálogo Social sobre formación abierta en el Ministerio de Empleo, el gerente también debería abstenerse en los procedimientos relacionados con ambas confederaciones empresariales. Fernández Zurita también ha sido desde 2015 el secretario general de la Asociación Española de Fabricantes de Levadura (AFLE), patronal integrada en la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), que es a su vez miembro de CEOE. Recuérdese que la ley obliga a inhibirse a los empleados públicos que hayan prestado servicios profesionales “de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar” a personas jurídicas en cuyos procedimientos deban intervenir.

A preguntas de infoLibre, la Fundae se limita a responder que, “como siempre ha hecho, vela en todo momento por el estricto cumplimiento de la normativa que le sea de aplicación en todos los ámbitos incluido el de las competencias que ejerza el director gerente por mandato del patronato de la fundación”.

El gerente instruye los expedientes

El gerente tiene entre sus cometidos la “gestión y administración ordinaria” de la Fundae. Pero, además, es el “encargado de la instrucción de los expedientes administrativos de concesión de las ayudas para su resolución”, según puede leerse en la propia web de la fundación, en la página donde se describen las funciones de la gerencia. La convocatoria de subvenciones para formar a trabajadores en competencias digitales, aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 4 de mayo por importe de 60,4 millones de euros, detalla en su artículo 20 la “instrucción del procedimiento”: el gerente “evalúa” las solicitudes de ayudas que presentan las entidades de formación, públicas o privadas, para después “formular la propuesta provisional de resolución debidamente motivada”. La entidad –empresas de formación, también sindicatos y patronales– puede presentar alegaciones, que serán analizadas de nuevo por el gerente. Éste formula entonces la propuesta definitiva de resolución, concediendo o denegando la subvención solicitada.

Por tanto, el gerente tendría que evaluar las solicitudes de ayudas que presentaran las patronales, analizar sus alegaciones en caso de que fueran denegadas de forma provisional y concederlas o rechazarlas definitivamente después.

Sólo en la última convocatoria de subvenciones, el Plan de Formación correspondiente a 2016, la Fundación Confemetal recibió un total de 1,28 millones de euros en tres expedientes: uno para el sector de grandes almacenes, por importe de 740.405,5 euros, otro para empresas de ingeniería y oficinas de estudios técnicos, por valor de 418.896,6 euros, y un tercero para el sector del metal por 129.100,8 euros.

Los tres anteriores gerentes de la fundación eran funcionarios: José María Díaz Zabala, Carlos Gómez Plaza y Alfonso Luengo Álvarez-Santullano. Pero, desde que se reformó el sistema de formación profesional para el empleo, el único requisito para ser gerente de la fundación es ser elegido “entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional”, con arreglo a los principios de publicidad, concurrencia, mérito y capacidad, según consta en el real decreto de 2017 que desarrolló la Ley 30/2015.

De la guerra a la paz

La institución encargada de gestionar los cursos para ocupados y desempleados ha sufrido varias transformaciones a lo largo de los últimos 25 años. En 1993 se creó la Fundación para la Formación Continua (Forcem) y en 2001 la Fundación Tripartita. Ambas se fusionaron en 2004 bajo el nombre de la segunda, que se rebautizó como Fundae en 2015. Desde entonces, la Administración ostenta la mayoría de su patronato que, hasta ese momento, se repartía a partes iguales con los sindicatos y las organizaciones empresariales. Cuando existía la Forcem, en la presidencia se turnaban cada año los sindicatos y las patronales. En dos ocasiones, 1998 y 2000, el presidente fue Javier Ferrer Dufol, entonces vicepresidente de la patronal aragonesa y que, años después, entre 2011 y 2015, presidió Confemetal. Le sustituyó en ésta Antonio Garamendi, ahora presidente de Cepyme y firme candidato a suceder a Juan Rosell al frente de la CEOE.

Esta patronal, una de las más poderosas de la CEOE, firmó junto a la de hostelería (FEHR) y la de Asistencia a la Dependencia (FED) fue de las más beligerantes contra el Ministerio de Empleo tras la reforma del sistema de formación en 2015. Las tres organizaciones recurrieron ante la Audiencia Nacional las convocatorias de subvenciones de 2014 y 2016 –en 2015 no hubo–. Y consiguieron que el tribunal anulara la primera, 139 millones de euros en ayudas. Tanto las patronales como los sindicatos estaban en pie de guerra contra Empleo por haber sido excluida la Comisión Estatal de Formación para el Empleo, el órgano colegiado donde estaban representados, de la gestión y control de los recursos. De hecho, al segundo de los recursos se sumaron también UGT y CCOO.

Pero Confemetal y la patronal de hostelería desistieron, en junio y diciembre de 2017, de las acciones legalesacciones legales que habían emprendido contra Empleo, a la que en un principio acusaban de no haber cumplido la sentencia de la Audiencia Nacional que anuló la convocatoria de subvenciones de 2014.

  El silencio de la Fundae

infoLibre contactó por primera vez con la Fundae el pasado 19 de abril. En ese momento, la fundación se negó a ofrecer una respuesta a las preguntas que le formuló este periódico sobre la posible obligación del nuevo gerente de inhibirse en los expedientes que tuvieran relación con Confemetal, y el resto de las patronales, hasta que Ignacio Fernández Zurita tomara posesión de su cargo.

Una vez nombrado, infoLibre reiteró su consulta sobre la existencia de un posible conflicto de interés debido al anterior empleo del gerente, puesto que la Ley 3/2015, de 30 de marzo, Reguladora del Ejercicio del Alto Cargo de la Administración General del Estado, establece que existirá dicho conflicto si un alto cargo toma una decisión que afecte a los intereses de “personas jurídicas o entidades privadas a las que haya estado vinculado por una relación laboral o profesional de cualquier tipo en los dos años anteriores al nombramiento”.

La fundación respondió entonces que el gerente no tenía la consideración de alto cargo, puesto que había sido contratado como “directivo”. 

El pasado día 21, este periódico le hizo las tres preguntas siguientes:

1. De acuerdo con la Ley 40/2015, todo el personal que está al servicio de la Administración debe inhibirse cuando intervenga en asuntos relacionados con su antiguo empleador. ¿Tendrá que inhibirse el nuevo gerente de la Fundae en los procedimientos relacionados con Confemetal?

2. En caso negativo, ¿en qué normativa legal se basa la Fundae para no aplicar la Ley 40/2015 al nuevo gerente?

3. En caso afirmativo, si Fundae entiende que existe obligación de inhibirse, ¿afectará dicha inhibición también a los asuntos relacionados con CEOE y Cepyme a la vista de que el nuevo gerente ha representado a estas dos patronales en la mesa de diálogo con el Gobierno y en organismos internacionales?

La Fundae no ha querido contestar a ninguna de ellas.

España tiene la segunda tasa de temporalidad más alta de la Unión Europea, sólo superada por Polonia. El 26,1% de los trabajadores poseen un contrato temporal, según la última edición de la Encuesta de Población Activa (EPA). En 2017 el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) registró 21,5 millones de contratos, de los cuales el 91% tenían fecha de extinción. Acudiendo a las estadísticas de la Seguridad Social, las cifras son igualmente reveladoras: en 2016 se registraron 26,02 millones de nuevas afiliaciones, 1,5 veces el número total de cotizantes del sistema –17,85 millones ese año–. Cada día se dan de alta en la Seguridad Social más de 100.000 trabajadores… y otros tantos se dan de baja. En resumen, el flujo de trabajadores de la actividad al paro no sólo es constante sino también enorme.

Además ese trasiego de trabajadores se produce según un patrón temporal muy determinado que han estudiado los investigadores de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA). La mayoría de esos nuevos contratos/afiliaciones se registran los lunes y viernes de cada semana y al principio y final de cada mes. Sobre todo, los lunes: ese día se crean el doble de empleos que el resto de la semana. Los viernes, un 20% más. A final de cada mes se produce una colosal destrucción de empleo. Y ésta crece de intensidad según avanza el año; es decir, aumenta de marzo a agosto: la probabilidad de que un alta se convierta en baja al acabar cada mes es mayor a partir de Semana Santa.

Además, cuando coinciden un lunes o un viernes con el comienzo o el final de un mes, el efecto se disparael efecto se dispara. Así, los lunes de 2017 se crearon de media 213.230 empleos –un jueves, sólo 74.532–, pero ese mismo día se destruyeron también otros 186.548 puestos de trabajo. Los viernes se dieron de baja 100.966 personas en promedio. Como resultado, cada viernes se reduce el stock de afiliados en 25.365 trabajadores, cuando el lunes anterior había aumentado en 26.583. ¿La creación neta de empleo en esa semana promedio? Sólo 3.611 nuevos cotizantes. Como resume uno de los autores del estudio, José Ignacio Conde-Ruiz, “España crea empleo neto el lunes para destruirlo el viernes”.

Pero por encima de esas medias, ha habido días en que por ese efecto calendario donde se suman lunes, primer día de mes y época de apogeo laboral –de marzo a agosto– en España se crearon 387.714 empleos, como el 1 de julio de 2013. O se destruyeron 362.682, como el 1 de agosto de 2016. El 30 de junio de 2017, viernes y final de mes, fueron dados de baja 341.334 trabajadores.

Los picos aumentan con la mejora económica

Los autores del estudio destacan también que estos enormes flujos diarios de creación y destrucción de empleos han aumentado al mismo tiempo que se recupera la economía. Siempre ha existido ese patrón temporal en el mercado de trabajo español, pero desde 2014 se ha intensificado. “¿Es porque las empresas durante la crisis han aprendido a aprovechar al máximo las leyes laborales para minimizar costes? ¿O es por la nueva tecnología digital, que facilita los procesos de trabajo bajo demanda?”, se preguntan José Ignacio Conde-Ruiz, Manu García, Luis A. Puch y Jesús Ruiz, economistas de la Universidad Complutense de Madrid que presentan su trabajo como una herramienta útil para diseñar políticas de lucha contra el fraude.

Con la mejora de la actividad económica, las empresas están utilizando más los contratos temporales y cada vez más breves, para evitar pagar cotizaciones a la Seguridad Social o a los trabajadores los días de vacaciones o festivos. En otras palabras, los contratos temporales tienen poca o ninguna relación con necesidades urgentes o adicionales de producción o ajustes cíclicos. A juicio de los autores del estudio, “estas circunstancias explican por qué las empresas se apoyan en los contratos muy breves, de menos de un mes, de una semana, de un fin de semana o de sólo unos días”.

En efecto, según las estadísticas del SEPE, en 2017 la duración media de un contrato era de sólo 51,67 días, cuando en 2007 alcanzaba 78,55 días. Los contratos de menos de siete días crecieron un 8,4% el año pasado. Entonces se firmaron 5,57 millones de estos minicontratos, cuando hace una década su número, en pleno apogeo económico, era de sólo 2,8 millones. Entonces representaban el 15% de los contratos registrados; hoy equivalen al 26%. La misma tendencia se observa al ampliar el foco un poco más. En 2017 los contratos de menos de un mes de duración ascendieron a 8,14 millones, el 37,8% de los suscritos. En 2007 se firmaron 4,98 millones de contratos que no llegaron a 30 días, el 26,7% del registro del SEPE.

En ningún otro país

El estudio señala a dos sectores como los principales responsables de la masiva creación y destrucción diaria de empleo: el turismo y la agricultura. Que resultan ser, además, dos de las ramas con mayor tasa de temporalidad: el 60% y el 40%, respectivamente, muy por encima de la media nacional del 26,1% antes citada. De ahí, también, la estacionalidad de estos flujos, que se hacen más intensos a partir del verano. Por ese motivo, las ocupaciones que más sufren el efecto lunes son los empleos de la restauración, los dependientes comerciales y los trabajadores no cualificados de la industria. A los que el estudio añade los profesores, no importa el tipo de enseñanza, que son contratados masivamente en septiembre y despedidos del mismo modo cuando acaba el curso. 

Para las empresas, recurrir por sistema a los contratos temporales es una forma de reducir al mínimo el riesgo. Lo que significa que éste se traslada por completo al trabajador, advierten los autores del estudio, un desplazamiento que a su juicio no sólo es “injusto”, sino también “ineficiente”. No hay ningún otro país con unos picos de creación y destrucción de empleo tan pronunciados, destaca además Conde-Ruiz. Ni siquiera alcanzan a España los efectos de calendario observados en Reino Unido y Países Bajos con formas de empleo tan precarias como los contratos de cero horas –en los que el trabajador tiene que estar disponible en cualquier momento, el empresario no garantiza un número mínimo de horas de trabajo ni un salario mínimo– o con las transiciones desde y hasta el autoempleo, según destaca el estudio.

El paro subió en 29.400 personas en el primer trimestre del año, lo que supone un 0,8% más que en el trimestre anterior, hasta situarse el total de desempleados en 3.796.100 personas, según la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La tasa de paro se incrementó dos décimas en el primer trimestre, hasta el 16,74%, mientras que la tasa de actividad bajó tres décimas, hasta el 58,46%, tras reducirse el número de activos en 94.700 personas entre enero y marzo (-0,4%).

La subida del desempleo registrada en el primer trimestre es la más elevada para este periodo desde el año 2013, cuando el desempleo subió en más de 257.200 personas. En los primeros trimestres de 2016 y 2017 se registraron incrementos del desempleo de 11.900 y 17.200 personas, respectivamente, mientras que en 2014 y 2015 hubo descensos de 2.300 y 13.100 parados.

Entre enero y marzo de este año se destruyeron 124.100 empleos, un 0,6% respecto al trimestre anterior, lo que situó el total de ocupados en 18.874.200 personas. Este recorte de puestos de trabajo es el más elevado en un primer trimestre desde 2014, cuando desaparecieron 184.600 empleos.

La destrucción de empleo registrada en los tres primeros meses del año se concentró en el sector privado, que perdió 155.200 empleos (-1%), ya que el sector público generó 31.00 puestos de trabajo, un 1% más respecto al trimestre anterior.

El número de asalariados se redujo entre enero y marzo en 130.300 personas (-0,8%), concentrándose este recorte en los asalariados con contrato temporal, que disminuyeron en 128.900 personas (-3%), frente a un descenso de los asalariados con contrato indefinido de 1.400 personas (-0,01%).

El empleo destruido en el primer trimestre fue a tiempo completo, con 133.100 puestos menos, mientras que el número de ocupados a tiempo parcial se incrementó en 8.900 personas (+0,3%), todas ellas mujeres.

Tres de cada cuatro desempleados perderán cobertura con la nueva ayuda a parados que el Gobierno quiere poner en marcha con motivo de la finalización de la prórroga del Programa de Activación para el Empleo (PAE) y del Programa de Recualificación Profesional (Prepara) el próximo 30 de abril. Según denuncia CCOO,  la Renta Complementaria de Desempleo (RED), programa con el que el Gobierno pretende fusionar las ayudas a parados de larga duración en una única, reducirá, de media, entre uno y tres meses la cobertura de las prestaciones por desempleo. Si el desempleado no tiene familia a su cargo, la merma será aún mayor: entre nueve y 28 meses menos.

El secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, ha asegurado que esta iniciativa sólo mejora la situación de uno de cada cuatro desempleados. Además, ha puesto de relieve que, aunque, en general, se pierden entre uno y tres meses de cobertura, las caídas pueden llegar a rondar los 42 meses, informa Europa Press. Es el caso de los mayores de 45 años con responsabilidades familiares que no han cotizado lo suficiente para acceder a una prestación contributiva: la cobertura pasa de los 66 meses actuales de máximo que se podrían obtener si se encadenan diferentes ayudas (los 21 meses de ayuda actuales más el Prepara, el PAE y la Renta Activa de Inserción) a 24 meses.

Las reducciones más importantes de la protección se concentran en los mayores de 45 años que no han cotizado lo suficiente para acceder a una prestación contributiva, pero también salen muy mal parados todos los beneficiarios de la Renta Activa de Inserción (RAI), que se puede cobrar hasta 11 meses, y se puede solicitar hasta tres veces con un año de espera. Los primeros perderán entre 39 y 42 meses de protección dependiendo de si tienen, o no, cargas familiares.

No tienen acceso a la RAI

Además, cuando estos mayores de 45 años agoten alguna de las prestaciones que plantea la RED, ya no van a poder acceder, como sucede en la actualidad, a la RAI, por lo que, según CCOO, se perderá un "importante" periodo de protección si este colectivo continúa en desempleo. También pierden importantes periodos de prestación los emigrantes retornados, porque tampoco tendrán acceso a la RAI como hasta ahora .

En la primera propuesta del Gobierno el pasado 21 de marzo, según el sindicato, se hacía un "intento de reordenación de las prestaciones asistenciales que perciben los desempleados, aunque presentaba "importantes" limitaciones respecto a la pérdida de periodos de percepción para algunos colectivos y en la transferencia a las comunidades autónomas de algunas prestaciones, o por el hecho de que no se recogían medidas para parados de larga duración.

La segunda propuesta del Ejecutivo, que recibieron las organizaciones sindicales el pasado lunes, pese a que responde a observaciones realizadas tanto por CCOO como por UGT, y permite recibir la nueva ayuda a excarcelados, discapacitados y víctimas de violencia de género, todavía presenta problemas para garantizar el acceso a prestaciones de carácter asistencial para una serie de colectivos concretos.

Ampliar la cobertura

Para el sindicato que lidera Unai Sordo, es necesario abordar de manera integral el sistema de protección por desempleo para reforzar su ámbito. En concreto, la mayor prioridad, desde el punto de vista de CCOO, está en el colectivo de parados de larga y muy larga duración (12 meses los primeros, más de 24 meses los segundos) para los que sería necesario ampliar la cobertura.

"El Gobierno no ha hecho movimiento alguno en estas alternativas y ha propuesto una mera remodelación de las prestaciones hoy existentes, pero le hemos planteado que esto puede no tener sentido, que tenemos el 30 de abril a la vuelta de la esquina y que no se puede mantener en los términos en los que estaban", ha asegurado Bravo, tras afirmar que la opción que las organizaciones sindicales han trasladado al Gobierno es la de reforzar el sistema de Seguridad Social en materia de prestaciones económicas.

El sindicato también ha hecho hincapié en que el sistema cuenta con un excedente de 2.353 millones de euros, debido, en parte, a que la prestación media ha pasado de rondar los 1.000 euros al mes a situarse en cifras cercanas a los 810 euros mensuales, lo que pone en evidencia que hay "un problema con la cobertura del sistema de prestaciones por desempleo". En  la actualidad el número de personas que deberían tener derecho a protección,  porque han trabajo pero no tienen cobertura, asciende a 1,2 millones, explicó Carlos Bravo.

En general, la organización sindical cree que se debería ampliar la cobertura. "No puede ser que todos los movimientos sean para reducir cobertura y aumentar los requisitos", ha subrayado Bravo.

La Fundación Cotec, que promueve la innovación, está integrada por empresas y administraciones locales y autonómicas, y preside el rey Felipe VI, denunció hace escasos días que el Estado ejecutó en 2017 sólo tres de cada 10 euros de su presupuestos para investigación y desarrollo, el mínimo histórico desde 2000. En efecto, según el avance de la liquidación de los Presupuestos del Estado del pasado ejercicio, únicamente se han empleado 1.375 millones de euros de los 4.635 millones consignados, el 29,7%. El Gobierno ha dejado sin gastar 3.259 millones.

No es lo habitual, porque el grado de ejecución de las cuentas públicas alcanzó el 96,8% el pasado ejercicio. Pero la de I+D no resulta la única partida pública que se ha quedado en el cajón pese a ser necesaria o incluso urgente. Sí que constituye la de mayor volumen. De tal forma que es el Ministerio de Economía –que posee las competencias en esta materia– el departamento que pincha de forma ostensible en materia de ejecución presupuestaria: sólo ha gastado el 53,9% del dinero que se asignó. El resto de los ministerios supera el 79,9% de ejecución. Los más cumplidores resultan ser Empleo –99,1%– y Defensa –98,2%–. Aun así, se han quedado sin aprovechar un total de 391,6 millones de euros en inversiones reales y de los 582,43 millones que debían transferirse a las comunidades autónomas por los Fondos de Compensación Interterritorial, sólo se han pagado el 74,3%.

Debido a la ineficacia en el gasto en I+D, también se ha resentido la ejecución presupuestaria del área que las cuentas denominan como “actuaciones de carácter económico”, un total de 13.487 millones de euros. Sólo se han empleado el 64,3%. Además de esa baja ejecución de la I+D, el gasto en comercio, turismo y pymes, otra rúbrica del área, ha sido sólo del 38,6% de las cantidades presupuestadas, 793,36 millones de euros. Del gasto en industria y energía, 1.543 millones, se han quedado en el tintero 569 millones de euros, el 36,8%.

Bajando al detalle de las partidas dependientes del Ministerio de Economía, Luis de Guindos sólo ejecutó el 15% del presupuesto destinado al fomento y coordinación de la investigación científica y técnica, la rúbrica más cuantiosa, con 2.779 millones de euros. En ella se incluyen las transferencias a la Fundación Española para la Ciencia y la Teconología (FECYT) y a diferentes consorcios de alta tecnología o a universidades y laboratorios e incluso al nuevo Telescopio Europeo. El gasto en investigación y desarrollo tecnológico-industrial –ayudas al Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), a programas espaciales o a proyectos aeronáuticos– fue únicamente del 35,5% en 2017.

Además, el ministerio apenas empleó el 41,7% del dinero que se le había dado para promoción comercial e internacionalización de las empresas, que incluye las transferencias al Instituto de Comercio Exterior (ICEX) o el convenio para internacionalizar la economía de Canarias, por ejemplo. De los 866 millones consignados para ayudas a la reconversión y la reindustrialización –compensar intereses de préstamos para construir barcos o dar apoyo financiero a la inversión industrial– únicamente se han gastado 459 millones, el 53%. Las partidas para apoyar a la pequeña y mediana empresa se han utilizado en un 75,7%, y las destinadas al desarrollo industrial, fundamentalmente para promover la “movilidad sostenible” –vehículos híbridos, eléctricos, de gas–, en un 77%.

Agenda Digital en la reserva

En el Ministerio de Energía, que incluye las competencias sobre la Agenda Digital, también se ha notado la baja ejecución: apenas un 23% de los 99,7 millones dedicados a la investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información y el 44,8% de los 539,4 millones destinados a la innovación tecnológica de las telecomunicaciones. Básicamente ambas secciones tienen por objeto apoyar financieramente a empresas y ayuntamientos para implantar la Agenda Digital, la adopción de las TIC en las administraciones públicas y las empresas.

Pero el capítulo más desaprovechado por el departamento de Álvaro Nadal fue la promoción del turismo: de 237,5 millones de euros, sólo gastó el 8,3%. De la rúbrica de desarrollo energético, que incluye los 130,9 millones reservados para compensar a las grandes industrias por los costes adicionales que soportaron para apoyar las energías renovables, únicamente se utilizó el 42,8%.

Pese a que el Ministerio de Empleo es uno de los que más ha aprovechado su presupuesto, las iniciativas para el fomento del empleo se han quedado con un nivel de ejecución del 70,6%. La partida de siete millones de euros destinada a sufragar la asistencia económica extraordinaria a los trabajadores se ha gastado sólo en un 39,9%, y de las partidas para fomentar el trabajo autónomo y la economía social se han quedado sin usar 3,28 millones de euros. Además, según se recoge en el avance de liquidación de las cuentas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), el ministerio dejó sin gastar 350,9 millones de euros en 2017 en subvenciones a la formación de ocupados y desempleados. La partida destinada a los primeros, 1.066 millones de euros, se utilizó en un 73,81%, mientras que la segunda se apuró hasta el 91%.

Sin gastar el 27% del Plan Nacional sobre Drogas

En Sanidad, se han quedado sin gastar el 26,8% de los 50,4 millones reservados para el Plan Nacional sobre Drogas. Para ayudas a ONG y asociaciones de familias numerosas, madres solteras, o al Foro Español de la Familia, entre otras, sólo se ha ejecutado el 56,6% de los 7,36 millones inicialmente presupuestados. De los 11,2 millones destinados a fomentar la donación y trasplante de órganos tampoco se ha gastado más que el 57,7%. Y de los 61,1 millones de la partida para salud pública –enfermedades raras, tropicales y control del sida– se ha utilizado el 58%.

En el Ministerio de Agricultura, el capítulo para cuidar la calidad del agua –transferencias a las confederaciones hidrográficas– sólo se ha ejecutado en un 32,5%. La partida reservada para mejorar los mercados pesqueros ha tenido que mejor aprovechamiento, hasta un 69,4%, y la de protección de los recursos pesqueros, hasta el 70,3%.

El Ministerio de Cultura, en cambio, ha dejado sin gastar el 82,4% de los 13,49 millones reservados para fomentar las industrias culturales –subvenciones a la edición de libros, a la modernización de librerías, a la traducción, becas, ayudas para costear los avales de préstamos para poner en marcha proyectos culturales…–.

Menos suerte aún ha tenido la cooperación para el desarrollocooperación para el desarrollo. Sólo se han empleado el 7,7% de los 227,56 millones de euros dedicados a esta partida, incluida en los presupuestos del Ministerio de Asuntos Exteriores. Para sufragar la aplicación del derecho de asilo, se ha gastado el 60,2% de los casi nueve millones comprometidos. Para financiar la cooperación económica local del Estado –transferencias a la Federación Española de Municipios y Provincias o inversiones en Teruel, por ejemplo– se ha aprovechado sólo el 26,9% de los 140 millones de euros presupuestados.