El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha dictaminado este miércoles que España violó los derechos políticos del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y de los ex consejeros Raül Romeva, Josep Rull y Jordi Turull al suspenderlos de sus funciones públicas tras ser procesados por rebelión porque se hizo antes de que existiera una condena por el procés, según informa Europa Press.

Llega a esa conclusión tras examinar la denuncia de los cuatro exdirigentes catalanes que, durante su detención preventiva, presentaron su caso ante el Comité alegando que la suspensión de sus funciones, previa a la existencia de una condena, violaba sus derechos políticos en virtud del artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

El Gobierno de España, por contra, alegó que los cuatro aceptaron ser sustituidos por otros diputados de su grupo parlamentario mientras durara su suspensión. Y apuntaba que, excepto Romeva, "los autores renunciaron el 17 de mayo de 2019 a su acta de diputados autonómicos para asumir como diputados en el Congreso de los Diputados" tras ser elegidos en las elecciones generales de abril de 2019.

Además, los servicios jurídicos del Estado recordaban que el 14 de octubre de 2019, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo condenó a los autores no por el delito de rebelión sino por el de sedición, y que "se levantó de forma inmediata la suspensión de Romeva como diputado autonómico". El dictamen también recoge que el Gobierno destacó en sus alegaciones a la denuncia de los exmiembros del Govern que el 22 de junio de 2021, "en aras de la utilidad pública, indultó la pena de cárcel a los autores".

En el dictamen de este comité, de 18 páginas y que ha recogido Europa Press, se explica que los cuatro fueron procesados y condenados por su participación en el referéndum independentista y en los hechos posteriores que llevaron al Parlamento de Cataluña a declarar la independencia en octubre de 2017.

Junqueras y los tres consejeros fueron procesados, junto con otros líderes, por el delito de rebelión, que exige un alzamiento violento contra el orden constitucional. En julio de 2018, fueron suspendidos de sus cargos como diputados de acuerdo con la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite la suspensión de funcionarios solo cuando se les acusa de rebelión.

Sin embargo, finalmente en octubre de 2019 fueron condenados por sedición, que, a diferencia del delito de rebelión, no exige el elemento de violencia, levantándose consecuentemente la suspensión en su contra.

Tras exponer las alegaciones y los motivos de admisibilidad de la denuncia, el Comité entra a analizar el fondo y recuerda que, "dado que las suspensiones excepcionales de funciones públicas son impuestas de forma previa a la existencia de una condena, los estándares necesarios para la compatibilidad de estas suspensiones con el Pacto -del Comité de la ONU- serían, en principio, más estrictos que aquellos aplicados con posterioridad a la existencia de una condena".

El Comité considera que España "no ha demostrado" que la aplicación de las leyes nacionales que prevén la suspensión en el cargo se haya llevado a cabo cumpliendo "con el requisito de previsibilidad exigido por el artículo 25 del Pacto". "En las circunstancias del presente caso, una aplicación del derecho interno que resulte automáticamente en la suspensión de funciones de oficiales electos, por presuntos delitos sobre la base de hechos públicos y pacíficos, con anterioridad a la existencia de una condena, precluye un análisis individualizado de la proporcionalidad de la medida y no puede por ende considerarse que cumpla los requisitos de razonabilidad y objetividad exigidos", señala.

Así, al entender que la decisión no se basó en motivos razonables ni objetivos, dictamina que se violó el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que recoge el derecho a "votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores".

Por eso, recuerda que el Estado ahora tiene la obligación de proporcionar a los denunciantes un recurso efectivo, y ello "requiere una reparación integral a los individuos cuyos derechos hayan sido violados". Pero añade que el Comité considera que, en el presente caso, su dictamen sobre el fondo de la reclamación "constituye una reparación suficiente para la violación dictaminada".

Asimismo, recuerda que España debe ahora "garantizar una reparación efectiva y jurídicamente exigible cuando se compruebe una violación" por lo que indica que el Comité "desea recibir del Estado parte, en un plazo de 180 días, información sobre las medidas que haya adoptado para aplicar el presente dictamen". "Se pide asimismo al Estado parte que publique el dictamen del Comité y que le dé amplia difusión", concluye.

Junqueras ha celebrado este dictamen: "Nos da la razón". En varios apuntes en Twitter recogidos por Europa Press, Junqueras ha afirmado que esta resolución también evidencia "que España no puede seguir con estas prácticas represivas contra el independentismo", y ha defendido que la única salida es la amnistía.

Romeva ha calificado el dictamen como un paso importante para el movimiento independentista y una mala noticia para el Estado: "No pueden seguir justificándose, ¡amnistía!", ha destacado.

Jordi Turull y Josep Rull también han celebrado como una "victoria" del independentismo contra el Estado. Turull ha afirmado en un apunte en Twitter, recogido por Europa Press, que está "muy contento de esta nueva victoria internacional del independentismo contra al Estado español y sus represores con toga".

En una entrevista de Cataluña Ràdio, recogida por Europa Press, el secretario general de Junts ha dicho que está satisfecho con el dictamen porque "es una victoria clara del independentismo frente al Estado" español. También ha afirmado que este dictamen genera un precedente para que, ante "según qué actos de represión, se lo piensen dos veces", y ha añadido que da esperanzas para que tenga consecuencias jurídicas en los diferentes tribunales europeos.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, ha asegurado que este dictamen muestra "la arbitrariedad de la justicia española". En varios tuits este miércoles recogidos por Europa Press, el presidente catalán ha calificado de importantísimo este dictamen de Naciones Unidas, y ha afirmado que "la represión y vulneración de derechos fundamentales son límites que nunca se deberían de haber cruzado".

"Hoy, de nuevo, la arbitrariedad de la justicia española deja al descubierto a ojos del mundo las vergüenzas del Estado", ha defendido Aragonés. Considera que no solo se han "violado gravemente los derechos humanos" de los expolíticos, sino también los de todos los catalanes. "Hoy, como siempre, reafirmamos nuestras convicciones por la democracia y las libertades. Por la amnistía y la independencia", ha zanjado el presidente del Ejecutivo catalán.

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha celebrado este dictamen sobre los expresos del 1-O y ha asegurado que es "otro bofetón desde Naciones Unidas en la cara del Estado español por la violación de derechos políticos".

"Los responsables de aquella violación no pueden dar lecciones de democracia y tendrían que asumir responsabilidades. Dieron un golpe a la democracia", ha escrito en un tuit de este miércoles, recogido por Europa Press.

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, y los exconsellers Raül Romeva y Dolors Bassa han presentado demandas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra España por sus condenas por el 1-O.

Lo han explicado en rueda de prensa este miércoles Junqueras, Bassa y Romeva acompañados de los abogados Andreu Van den Eynde y Clara Serra, y también de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, en videoconferencia desde Suiza.

Las defensas de los dirigentes republicanos enmarcan sus demandas en la "persecución política contra el independentismo".

El Pleno de Tribunal Constitucional (TC) ha acordado este miércoles desestimar el recurso de amparo que presentaron el exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras y el exconseller Raül Romeva contra la sentencia del Tribunal Supremo que les condenó por sedición y malversación por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 enmarcado en el procés independentista catalán.

En una nota informativa, recogida por Europa Press, el tribunal de garantías ha precisado que la decisión del Pleno ha contado con los votos particulares discrepantes del vicepresidente Juan Antonio Xiol y los magistrados María Luisa Balaguer y Ramón Sáez. Según ha indicado, en la votación se abstuvieron los magistrados Antonio Narváez y Cándido Conde-Pumpido; tampoco ha participado el magistrado Alfredo Montoya.

Así las cosas, el Pleno ha avalado por seis votos contra tres la sentencia del Supremo que condenó por unanimidad a Junqueras a 13 años de prisión e inhabilitación por un delito de sedición en concurso medial con un delito de malversación de fondos públicos y a Romeva a 12 años de prisión e inhabilitación por los mismos delitos.

Según informó el órgano de garantías, el presidente del TC Pedro González-Trevijano será el ponente de la sentencia en la que se expongan los argumentos por los que se ha desestimado el recurso de ambos dirigentes.

La decisión del Constitucional tiene lugar dos años y cinco meses después de que el tribunal presidido por Manuel Marchena dictara la resolución impugnada. Tanto Junqueras como Romeva recibieron el indulto parcial del Gobierno el pasado junio después de que el Consejo de Ministros aprobara la medida de gracia bajo el concepto de utilidad pública.

Está previsto que el Pleno se reúna de nuevo este jueves para resolver los recursos interpuestos por la exconsellera de Trabajo Dolors Bassa y por el exconseller de Interior Joaquim Forn también contra la sentencia del procés. El magistrado Santiago Martínez-Vares será el responsable de redactar la resolución relativa a Bassa y el magistrado Ricardo Enríquez la relativa a Forn.

El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 5 de Cataluña ha acordado este martes anular la progresión a tercer grado de los presos del 1-O en Lledoners (Barcelona), al estimar el recurso que la Fiscalía presentó en contra de su semilibertad. El auto, consultado por Europa Press, revoca la semilibertad para Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart y Quim Forn.

Hace dos semanas, el mismo juez rechazó suspender cautelarmente la progresión a tercer grado como pidió la Fiscalía, y les mantuvo en tercer grado hasta tomar la decisión sobre el fondo del asunto, que ha publicado este martes. A partir del miércoles volverán a estar clasificados en segundo grado, el régimen penitenciario más habitual, ha explicado la Conselleria de Justicia. El segundo grado penitenciario permite a los presos salir de la cárcel 36 días al año a través de permisos, que deben aprobar la junta de tratamiento o el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, según la duración.

El secretario general de Junts, Jordi Sànchez, y el exconseller Raül Romeva ya anunciaron la decisión a través de sus redes sociales. "Nos quitan el tercer grado. Nos lo acaban de comunicar. De nuevo nos cierran en la cárcel. No nos harán callar ni renunciar a seguir trabajando para construir un país independiente, plenamente libre, democrático y próspero. Seguimos sin desfallecer", ha afirmado Sànchez en un tuit recogido por Europa Press. En junio, los funcionarios de la prisión volverán a revisar la clasificación de los siete, y hasta entonces "tendrán que estudiar cada uno de los casos, y tomarán las decisiones que consideren oportunas con relación a su régimen de vida", ha señalado el Departamento.

Minutos antes, Romeva había abandonado un debate organizado por el Institut Sobiranies al recibir una comunicación no oficial sobre que les retiran el régimen de semilibertad: "Sabíamos que en cualquier momento podría llegar, parece que nos lo comunicarán ahora. Estoy esperando a que nos digan algo. De momento es una comunicación no oficial pero es posible que sea inminente".

Por su parte, el líder de ERC, Oriol Junqueras, ha defendido en Twitter que seguirán "trabajando incansablemente por la libertad, la justicia social y la República Catalana" pese a tener que volver a prisión, y ha llamado a no desfallecer porque asegura que los presos independentistas no lo harán.

El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha reaccionado en la misma red social a la anulación de su tercer grado: "Ni arrepentimientos, ni tercer grado: desde el exilio, la prisión o a pie de calle nunca dejaremos de luchar, nunca".

El exconseller de Junts Jordi Turull también ha sostenido que pese a esta decisión no les pondrán "encarcelar los ideales y el compromiso con el objetivo" de una Cataluña independiente.

Para el exconseller Joaquim Forn, la justicia ha sido "implacable en su voluntad de escarmiento", y considera que el tercer grado les correspondería de manera natural pero se lo han revocado por su condición de presos independentistas.

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha asegurado este martes que la suspensión del tercer grado a los presos del 1-O se debe a que el Estado les tiene miedo y porque el independentismo gana en las elecciones, según él: "Nos vuelven a encerrar porque nos tienen miedo y porque saben que en las urnas no nos ganan".

"Saben que solo nos pueden ganar si prohíben las urnas y si utilizan herramientas no democráticas. En democracia, los campeones somos nosotros", ha reivindicado en un acto frente a la prisión de Lledoners para ingresar a la cárcel después de la suspensión del tercer grado a los presos soberanistas.

El dirigente republicano ha sostenido que el Estado busca alterar la política a través de la justicia pero ha afirmado que desde prisión no desfallecerán: "Saldremos de la cárcel y ganaremos. Hasta la victoria siempre".

El exconseller Raül Romeva ha subrayado que la cárcel es parte de la lucha por la independencia: "Volvemos a la cárcel, es donde nos toca hacer nuestra lucha. Pero no tengáis ninguna duda, la seguiremos haciendo desde dentro".

"Cada decisión de este sistema y de este régimen que nos quiere atemorizados y arrodillados, nos hace más fuertes, más cautivos de nuestras convicciones y más determinados para tirar adelante", ha añadido.

Los abogados de los políticos independentistas condenados por impulsar el 1-O Andreu Van den Eynde, Olga Arderiu y Benet Salellas han criticado la dilación del Tribunal Constitucional (TC) para resolver los recursos que han presentado: "Ha perdido la vergüenza jurídica", ha lamentado Salellas.

En una entrevista este martes en TV3 recogida por Europa Press, Van den Eynde ha acusado al TC de falta de imparcialidad y de haber "un cierto interés en prejuzgar los hechos", tras lo que ha reprochado que dilate pronunciarse sobre los recursos para que el calendario impida que se hagan efectivos.

El TC retoma su actividad presencial este martes con un Pleno en el que abordará las recusaciones presentadas por el exvicepresidente del la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras; el exconseller Raül Romeva, y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell contra los miembros de este órgano. Salellas ha asegurado que el TC "comienza a ser un tribunal no permeable a las decisiones" de otros tribunales internacionales, y ha sostenido que cada vez le importa menos su imagen, lo que ha calificado de preocupante.

Van den Eynde ha insistido en que la dilación para resolver los recursos provoca que no pueda aplicarse porque ya no es efectiva: "Si se resuelve sobre la prisión provisional cuando ya han pasado dos años, ya no es aplicable", y ha acusado al TC de protegerse a sí mismo.

Cambio de prisión de Forcadell

Sobre el traslado de Forcadell desde la prisión de Mas d'Enric, en El Catllar (Tarragona), hasta la Prisión de Mujeres de Barcelona (Wad-Ras), su abogada Olga Arderiu ha explicado que ha sido por un motivo "estrictamente familiar". Ha concretado que inicialmente a Forcadell le correspondía la cárcel de Wad-Ras, porque está empadronada en Sabadell (Barcelona), pero que pidió ir a Mas d'Enric por proximidad a su madre, pero ha añadido que pese a que le han concedido el 100.2 y tiene permiso para salir, "a su madre no la ha visto ni una hora".

Además, relata que debido a la crisis del coronavirus aún la ha visto menos, ya que es una persona mayor y por tanto población de riesgo, por eso ha decidido cambiar de prisión para "estar mas cerca de su familia más inmediata".

Reforma de la sedición

Preguntados por una posible reforma en el Código Penal del delito de sedición, Van den Eynde ha dicho que no solo pueden trabajar con la ley vigente y ha apuntado: "El problema que tenemos es que, cuando es el poder judicial el que aplica la ley, no tenemos la seguridad de que si cambia la ley la aplicará", y ha pedido que el poder judicial tenga un contrapeso. Arderiu ha afirmado que si el nuevo delito de sedición fuese más beneficioso se tendrían que revisar los casos de las personas a las que afecta y Salellas ha sostenido que la sedición es "un fósil jurídico" y han pedido al TC que lo anule.

El abogado de Cuixart también ha destacado que si hay voluntad política hay muchas herramientas para poner en libertad a los presos y ha deseado que, "ante este poder judicial con perspectiva tan conservadora", haya un poder político que lo contrapese.

La Junta de Tratamiento del centro penitenciario de Lledoners, en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), ha acordado este jueves permitir que el exvicepresidente del Govern y líder de ERC, Oriol Junqueras, y el exconseller Raül Romeva puedan salir de la cárcel tres días a la semana para trabajar.

Según ha informado la Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima, les aplican el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario que permite flexibilizar el régimen en la cárcel, pese a que ambos están clasificados en segundo grado, el ordinario de privación de libertad, y con ellos ya son siete los líderes independentistas a los que se les aplica esta medida.

Junqueras y Romeva, condenados el 14 de octubre de 2019 a 13 y 12 años, respectivamente, por un delito de sedición por el Tribunal Supremo, podrán estar seis horas al día, tres días entre semana, fuera del centro penitenciario para acudir a trabajar.

Hasta ahora, habían obtenido el 100.2 el exconseller Quim Forn, con salidas de cinco días a la semana 12 horas y media para ir a trabajar; la exconsellera Dolors Bassa, tres días durante ocho horas para cuidar a un familiar, y el expresidente de la ANC y exdiputado de JxCat, Jordi Sànchez, que puede salir tres días 11 horas para voluntariado.

Asimismo, las juntas de tratamiento han aplicado el 100.2 a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, tres días a la semana nueve horas para cuidado de un familiar y voluntariado, y el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, 9 horas y media cinco días por trabajo y voluntariado, mientras que no se les ha aplicado a los exconsellers Josep Rull y Jordi Turull.

El 100.2 es de aplicación inmediata aunque es obligatoria su comunicación al juzgado de vigilancia penitenciaria, que informa a la Fiscalía para que fije su posicionamiento, y posteriormente el juez decide si lo ratifica o lo rechaza, una decisión que puede ser recurrida por el Ministerio Público, y que tiene como última instancia la Audiencia de Barcelona.

Postura de la Fiscalía

La Fiscalía ya se ha posicionado respecto a la aplicación del 100.2 en el caso de Forn, Cuixart y Sànchez, oponiéndose a su concesión en los tres casos, ya que considera que se enmarca en un plan para otorgarles "de forma generalizada un régimen de semilibertad".

"En este plan, de otorgar de forma generalizada un régimen de semilibertad a todos los políticos condenados por la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 14 de octubre de 2019, es donde, sin duda, se encuentran las verdaderas razones de la concesión del régimen flexible al penado, y no en razones tratamentales", afirmó en el escrito en el que se oponía al de Forn.

El fiscal recordó que la aplicación del 100.2 del Reglamento Penitenciario a un preso en segundo grado –el ordinario de privación de libertad–"es siempre excepcional, exige una interpretación restrictiva, siendo requisito imprescindible que el programa de tratamiento no pueda ejecutarse de otro modo y que esté relacionado con la etiología delictiva".

En una comparecencia en la Comisión de Justicia en el Parlament este mismo jueves, el fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, ha apoyado la postura del fiscal de vigilancia penitenciaria y ha resaltado que para poder obtener beneficios penitenciarios se debe aceptar que se ha cometido el delito y que no se reincidirá, además de añadir que "no es frecuente en penas largas privativas de libertad propiciar estos permisos a tan pronto cumplimiento de la pena".

La Conselleria de Justicia ha autorizado la comparecencia el 28 de enero de los dirigentes independentistas encarcelados Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa, Jordi Turull, Josep Rull y Joaquim Forn en la Comisión de Investigación del 155 en el Parlament de Cataluña.

Según ha informado la secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima, garantizará su presencia en el Parlament al ser un "deber inexcusable, atendiendo a que se trata de una petición formulada por la Cámara catalana".

La comisión tiene por objetivo analizar los efectos de la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluñaartículo 155, así como las causas que la motivaron, su adecuación a la legalidad, el carácter de las medidas adoptadas y la valoración de posibles daños y responsabilidades al aplicarlo.

Esta comisión se creó en noviembre de 2018 y está presidida por el diputado Toni Morral, de JxCat, partido que impulsó su creación al considerar que pudo haber irregularidades durante los meses de aplicación del 155, y han pasado por la comisión representantes de diversos ámbitos, desde el empresarial al municipal.

Junqueras, Romeva, Bassa, Turull, Rull y Forn fueron condenados por el Tribunal Supremo (TS) a entre 13 y 10 años y medio de cárcel en lasentencia del 1-O, y ellos cumplen la pena en el centro penitenciario de Lledoners, en Sant Joan de Viladorrada (Barcelona), mientras que la exconsellera está en la prisión de Puig de les Basses, en Figueres (Girona).

Permisos para Sànchez y Cuixart

También han recibido autorizaciones esta semana para salir de Lledoners con permisos de 48 horas el expresidente de la ANC y exdiputado de JxCat, Jordi Sànchez, y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, condenados a nueve años de cárcel por el TS por sedición. Al anochecer del jueves, Cuixart salió de la cárcel con este permiso hacia un coche que le esperaba para trasladarle, y saludó sonriente a la prensa haciendo el signo de victoria con la mano antes de subirse al vehículo y abandonar el centro penitenciario.

El Consell Nacional de ERC ha ratificado este sábado las listas que presentará en las elecciones generales del 10 de noviembre, que llevarán al líder del partido, Oriol Junqueras, como cabeza de lista al Congreso por Barcelona, y al exconseller Raül Romeva, al Senado.

En un comunicado este sábado que recoge Europa Press, la formación ha informado de que presentará de número dos al Congreso al portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, seguido de Carolina Telechea, y del líder de Sobiranistes, Joan Josep Nuet, que repetirá en el cuarto puesto.

Entre los 10 primeros puestos también repetirá, en el número cinco, la jurista brasileña y activista, Maria Dantas; ahora en el seis, la exconcejal en Barcelona Pilar Vallugera; en el siete Marta Rosique, de las juventudes del partido republicano, y en el ocho el miembro de la Ejecutiva Joan Capdevila. Nuet no es el único nombre de Sobiranistes que estará en la lista: esta plataforma, creada en octubre de 2018 como movimiento crítico con los comuns, también se reserva los puestos 10, 15, 18, 23 y 28.

Aún en la circunscripción de Barcelona, la candidatura al Senado la liderará el exconseller de Asuntos Exteriores -actualmente en prisión preventiva- Raül Romeva, y también estará Ana Surra, que hasta ahora ha sido diputada en el Congreso.

Además, se repite la ausencia de Joan Tardà, que ya anunció que no repetiría en unas listas en las que había tenido un puesto destacado ininterrumpidamente desde 2004, pero cerrará la candidatura de Barcelona en el puesto 31 de forma simbólica.

La lista al Congreso por Girona la encabezará de nuevo a la hermana de la exconsellera presa Dolors Bassa, Montserrat Bassa, seguida por el actual diputado Joan Margall, y por Lleida y Tarragona repiten también los mismos líderes: Xavier Eritja y Jordi Salvador, respectivamente.

En la candidatura al Senado por Girona, Jordi Martí repetirá como número uno seguido por Elisenda Pérez; en Lleida la encabezará Sara Bailac seguida por Miquel Caminal, y en Tarragona Miquel Aubà y Laura Castel repetirán.

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, en prisión provisional por el procésERCOriol Junqueras procés, ha sostenido este viernes que se pone "a disposición del partido, de la ciudadanía y de la causa de la libertad" para volver a encabezar la candidatura de ERC a las elecciones generales, como hizo en la pasada convocatoria.

"Os quiero anunciar que me pongo a disposición (...). Lo hago acompañado una vez más del amigo Raül Romeva -también en prisión-, que se vuelve a poner al servicio del país para liderar la candidatura de ERC en el Senado", ha escrito Junqueras en una carta a su militancia a la que ha tenido acceso Europa Press.

Y ha añadido: "Deben saber que combatiremos la represión hasta el final. No desapareceremos, no nos cansaremos y no nos pararemos nunca. Porque estamos convencidos de que si persistimos, ganaremos".

El líder republicano lo dice pocos días después de la celebración del Congrés Nacional de ERC donde fue reelegido presidente, una jornada que considera que ha revalidado la confianza de la militancia hacia él y su proyecto por tercera vez, un apoyo que asegura que le llena de energía para continuar.

"ERC sale reforzada y con la confianza para iniciar un período de liderazgo del movimiento que permita trazar un consenso estratégico y una acumulación de fuerzas, que nos ayude a avanzar conjuntamente", ha seguido el líder republicano. Además, ha asegurado que nunca había estado tan convencido como ahora de que la independencia "es inevitable", y ha expuesto que el partido es una herramienta al servicio del país y que cuanto más fuerte sea, mejor para el proyecto común de la república catalana, en sus palabras.

Con este anuncio, es prácticamente un hecho que ambos sean los cabeza de lista de ERC el próximo 10N, pendiente de que la propuesta reciba un aval de la militancia, aunque fuentes de ERC consultadas por Europa Press están convencidas de que así será, después de que Junqueras recibiera casi el 90% del apoyo el domingo para liderar la Ejecutiva Nacional del partido.

Una salida democrática al conflicto

Ante el anuncio de nuevas elecciones generales, Junqueras ha criticado "la arrogancia, la irresponsabilidad, y sobre todo la inmadurez democrática del sistema político español", que a su juicio han llevado hacia la repetición electoral.

"Nadie como ERC ha demostrado la firmeza y la coherencia al mismo tiempo. A pesar de la represión, continuamos extendiendo la mano al diálogo, porque sabemos que es necesario encontrar una salida democrática al conflicto entre el Estado y Catalunya", ha zanjado el líder republicano desde la cárcel de Lledoners (Barcelona).

Ahora Repúblicas, la coalición europea que comparten ERC, el BNG y EH Bildu y que encabeza el líder de Oriol Junqueras, llevará al Tribunal Europeo de Derechos Humanos el veto del Tribunal Supremo a la toma de posesión del líder de Esquerra Republicana (ERC) de su escaño como eurodiputado.

Así lo han expresado los compañeros de Junqueras a las puertas del Congreso, donde han acudido este lunes para jurar o prometer la Constitución ante la Junta Electoral Central (JEC), un trámite imprescindible para poder recoger sus respectivas actas.

En concreto, la representante del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Ana Miranda, ha señalado que "el veto del Supremo a Junqueras es "una burla judicial" que tendrá que llegar al Tribunal de Estrasburgo porque, a su juicio, se trata de "una broma de mal gusto". "Que Junqueras no esté hoy aquí es como si nos tocara en carne propia", ha dicho.

Pero, además, ha añadido que el caso de Junqueras también se acabará abordando en la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, ante el que ha augurado que el líder republicano tendrá que comparecer el líder de ERC por habérsele negado su derecho a recoger este lunes su acta de europarlamentario.

De los cinco independentistas, hoy sólo hay dos

En esta misma línea, Diana Riba, eurodiputada electa de ERC y esposa da Raül Romeva, ha apuntado que la lista de Ahora Repúblicas va a trabajar por que "todos los derechos de todos los eurodiputados estén presentes" y para que todos ellos "puedan trabajar" en el Parlamento europeo.

Algo que, ha denunciado, no ocurre con los electos de Ahora Repúblicas ni de Junts puesto que de los cinco eurodiputados que entre las dos listas salieron elegidos en los comicios del 26 de mayo hoy sólo dos podrán tomar posesión de su escaño.

Al resto, esto es, a Junqueras, al expresidente catalán Carles Puigdemont y al exconsejero Toni Comín "el Estado español quieren vetar y silenciar", lo que, en su opinión, supone "una flagrante vulneración de sus derechos" porque en su decisión el Tribunal Supremo no ha tenido en cuenta "los procedimientos del Parlamento Europeo ni de los tratados de la Unión Europea".

En este sentido, el eurodiputado electo de Bildu, Pernando Barrena, ha añadido que esta decisión judicial, por la que se prima la conveniencia de la judicatura sobre los derechos de los eurodiputados electos, es "un fraude electoral" y una "burla" a todas esas personas que votaron a Junqueras, Puigdemont o Comín y que están viendo "cómo su voluntad electoral no está siendo tenida en cuenta".

El abogado Andreu Van den Eynde, que defiende al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y al exconsejero de Exteriores Raül Romeva ha iniciado la fase de informes de las defensas en el juicio del procés en el Tribunal Supremo denunciando que la causa "generará un Código Penal aplicable a la disidencia política" y cargando especialmente contra los investigadores de la Guardia Civil en la causa instruida en Barcelona por la organización del referéndum del 1-O, a los que acusa de hacer una "causa general" contra el independentismo.

Van den Eynde ha iniciado su alegato, para el que dispondrá de dos horas, refiriéndose a Junqueras y Romeva como como "compañeros de viaje inseparables ahora en lo judicial, no hace mucho en la política y toda una vida en lo épico y lo moral".

Tras adelantar que dividiría su exposición en diez capítulos ha indicado que en esta causa "ha habido mucho ruido del otro lado" de la Sala, en referencia a la bancada en la que se sientan los representantes de la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación particular en representación de Vox. "Ha habido estridencias, exageraciones, alguna mentira, y ha faltado a veces a la melodía de los hechos", ha añadido, mientras sentado tras él Junqueras asentía sin parar.

"Tenemos dos coches rotos y hablan del apocalipsis"

Más adelante se ha referido con ejemplos a estas exageraciones que se manifestaron en el vocabulario tanto de los atestados que iniciaron la investigación al independentismo en 2015 -a petición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional- como en el escrito de la querella por rebelión ante el Supremo: "Escudos humanos, atrincherados, devastación, miedo; tenemos dos coches rotos y ellos hablan del apocalipsis, y cuando un mosso llama por teléfono no llama por teléfono, utiliza la clave 51. Y eso es sesgo y exageración".

Se trata en general, a juicio de Van den Eynde, de un caso que "generará un Código Penal aplicable a la disidencia política", como explicar "qué respuesta penal se dará a un tuit que tendrá el influjo de regenerar una insurrección popular, una entrevista a un periódico en la que una persona hace una invocación con mayor o menor fortuna", ha añadido.

Sobre la Fiscalía ha dicho que su informe a cuatro voces (hablaron los cuatro fiscales que han participado en el juicio) fue confuso "y transitaba desde leyes del siglo XIII hasta delitos de futuro, como la rebelión impropia o distinta", mientras que de la Abogacía ha dicho que "es capaz de enfrentarse a la Fiscalía para defender su tesis -la de la sedición- si bien aplicando "el Código Penal de la disidencia política a la respuesta a la movilización ciudadana, y se decanta por la represión penal". Sobre Vox se ha limitado a señalar que ha tratado de imponer un "marco ultra" que a su juicio no influirá en el tribunal.

Ha continuado señalando que la investigación de la Fiscalía, que califica de "causa general" y se inició encargando unos atestados al teniente coronel de la Guardia Civil Daniel Baena, contra quien ha cargado especialmente. Su investigación se basó en noticias de los periódicos desde 2012 que dio lugar a unas diligencias de investigación a personas aforadas, que eran los miembros del Govern, y que se mantuvo abierta durante año y medio, ha apuntado.

Esta investigación recayó posteriormente en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, del que proceden según el letrado el 90% de las que han llegado a este juicio y que parte de una investigación "sesgada" por revelación de secretos contra personas que no han sido procesadas, en clara referencia al juez Santiago Vidal, investigado tras realizar unas manifestaciones públicas sobre el uso de datos fiscales de ciudadanos para construir un censo . De allí partió la investigación por rebelión y otros delitos que se ha mantenido en Barcelona contra cargos de la Generalitat y que en el Supremo se dirigió contra las doce personas hoy sentadas en el banquillo.

Seguidamente el letrado ha comenzado a atacar la validez de cada una de las pruebas presentadas como el documento denominado Enfocats -incautado en el domicilio de Josep María Jové, mano derecha de Junqueras-, y al que ha calificado de "panfleto". "Me pondría a reír si no fuera porque el tema es tan grave, es un compendio de marketing, de fantasías, no está en boca de nadie, se decomisa en un registro que no está firmado por su autor, sin hojas sellada. Enfocats es nada, es humo", ha añadido.

El fiscal Javier Zaragoza ha manifestado este martes que "lo que ocurrió en Cataluña entre marzo de 2015 y octubre de 2017, pero sobre todo en el otoño de 2017, fue un golpe de Estado". "Eso pretendían los acusados. Eso es el procés'", ha afirmado.

En su opinión, el procés fue "un ataque al orden constitucional" en el que "la violencia utilizada fue un instrumento para favorecer la declaración de independencia mediante la presentación de España como un Estado represor a nivel internacional". "Por eso fue una rebelión y no puede ser una sedición", ha explicado.

"Lo que sucedió en Cataluña entre marzo de 2015 y octubre de 2017, y sobre todo, en los meses de septiembre y octubre de 2017, es lo que en la terminología de Hans Kelsen, ese ilustre jurista austriaco que tuvo que huir en los años 30 a Estados Unidos ante el auge del nazismo, es lo que se llama golpe de Estado", ha resaltado.

Así lo ha afirmado Zaragoza al inicio de su intervención para exponer el informe de conclusiones de la Fiscalía, en la que ha remarcado que "la única violación de derechos civiles que en este momento se produce en Cataluña es la que están sufriendo y padeciendo estoicamente aquellos que defienden la Constitución".

El fiscal ha hecho una introducción general en la que ha querido dejar bien claro que el juicio del procés que se ha celebrado los últimos cuatro meses en el Tribunal Supremo "nada tiene que ver con la criminalización de la disidencia política".

"No se persiguen ideas políticas ni tiene que ver con la represión de proyectos políticos. Los acusados, y todas sus terminales políticas y mediáticas, son conscientes de ello. La razón de este juicio es haber intentado liquidar la Constitución, atacado gravemente el orden constitucional mediante metodos ilegales, usando la violencia y métodos coactivos", ha resumido el fiscal.

Todo ello, ha añadido, "al amparo de un supuesto derecho de autodeterminación que carece de normativa nacional e internacional". Y es que Zaragoza ha remarcado que no lo reconoce ni la Constitución Española y "ni siquiera la ley de transitoriedad jurídica" que aprobó el Parlamento catalán el 7 de septiembre de 2017.

Al hilo de este asunto, el fiscal ha recordado las palabras que pronunció el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras al inicio de este juicio, según las cuales el Estado "nunca tuvo la intención de dialogar" con la Generalitat. Según ha dicho, Junqueras fue quien "rompió y quebró gravemente la legalidad democrática, se colocó al margen de la ley y responsabiliza a quienes acatan, cumplen y respetan las reglas democráticas". "Es un ejercicio de cinismo sin precedentes", ha subrayado.

En este sentido, Zaragoza ha negado tajantemente que los acusados en este juicio sean "presos políticos", como "tampoco hay detenciones arbitrarias", en referencia a las conclusiones del informe de un grupo de trabajo de la ONU publicado la semana pasada en la que se pedía la puesta en libertad de Junqueras, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

El fiscal ha censurado que dicho grupo de trabajo de la ONU admitiera "todas las alegaciones de parte" y rechazara las presentadas por el Gobierno español. Si hubiera sido al revés, ha apuntado, "quizá el resultado del informe hubiera cambiado, teniendo en cuenta que no se perseguían ideas".

En su intervención, Zaragoza no ha querido pasar la oportunidad de mencionar la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que avaló la decisión del Tribunal Constitucional de suspender el Pleno del Parlament en la que el expresidente Carles Puigdemont iba a valorar los resultados del referéndum del 1-O y, por tanto, proclamar la independencia de Cataluña.

Liderazgo de Junqueras

Zaragoza ha desgranado uno por uno el papel que, para la Fiscalía, protagonizaron todos y cada uno de los doce acusados, para lo que ha comenzado con Oriol Junqueras, al que ha definido como "motor de la rebelión" por el "liderazgo" que asumió en el desarrollo de todo el proceso.

Según ha resumido el fiscal, Junqueras estuvo en la presentación de la pregunta del referéndum ilegal del 1-O "junto a la plana mayor del independentismo"; la consejería que dirigía asumió "el control de los procesos electorales"; intervino en la aprobación del decreto de convocatoria de la consulta, y todo ello a pesar de que fue advertido por el Tribunal Constitucional "hasta en ocho ocasiones".

También ha destacado que sus manos derechas en la Consejería de Economía y Hacienda, Josep María Jové y Lluís Salvadó, eran los encargados de "toda la infraestructura del referéndum y de la creación de las estructuras de Estado" de la supuesta futura república catalana, por lo que "no es extraño" que en sus respectivos domicilios y despachos "se encontrara numerosa documentación sobre este tema".

Vox: "No ha habido persecución de ideas políticas"

Por su parte, el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, que ejerce como abogado de la formación en el juicio por el procés independentista ha afeado este martes a las defensas de los 12 acusados que hayan intentado hacer de esta vista oral un "juicio político". En esta línea, ha insistido en que este procedimiento "no ha habido una persecución por ideas políticas".

El turno de la acusación popular que ejerce el partido de Santiago Abascal será esta tarde, momento en que sus letrados explicarán al tribunal sus conclusiones por las que mantienen la petición de penas notablemente más altas que la Fiscalía y la Abogacía del Estado.

"Vamos a trasladar la constancia de todas aquellas pruebas que dejan bien claro que ni ha existido un juicio político como han pretendido hacer o llevar a cabo las defensas de los golpistas, ni ha habido una persecución por ideas políticas", ha dicho 'número dos' de Vox. Ha agregado que "lo que hay es una serie de políticos presos por haber cometido graves delitos".

Asimismo, además de agradecer la labor de los jueces y órganos judiciales que han llevado a cabo la investigación contra el proceso independentista, Ortega Smith ha indicado que este juicio ha servido para "devolver la confianza de los ciudadanos en la Justicia" y que "el resto del mundo vea que España es una democracia consolidada, un Estado serio, donde sus instituciones saben defender los valores del ordenamiento de la Constitución, y su propia unidad como nación".

Por ello, tras recordar que Vox fue quien interpuso la querella contra los líderes independentista "hace dos años" en los juzgados de Barcelona, ha dicho que se siente "satisfecho del desarrollo y del resultado" de la causa.

Vox anunció la semana pasada que mantiene sus peticiones de cárcel por los presuntos delitos de rebelión, pertenencia a organización criminal, malversación de caudales públicos para los acusados, llegando a pedir la pena máxima, 74 años de cárcel, para el exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras.

Tan solo ha variado sus conclusiones respecto al exconsejero de Empresa Santiago Vila --el único miembro del gobierno de Carles Puigdemont que no firmó la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) del 27 de octubre de 2017--. En vez de organización criminal y malversación, la acusación popular solicita la imposición de una condena por desobediencia, lo que sólo conlleva pena de multa.

La portavoz de la Mesa del Senado, Cristina Narbona, ha confirmado la decisión de la Mesa de "suspender en derechos y obligaciones" al senador de ERC, Raül Romeva, después de "llegar a la misma conclusión" que el informe de los letrados de la Cámara Alta en el que se determina que "resulta indudable" la aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal a Romeva. Informa Europa Press.

Con todos los miembros de la Mesa a favor, salvo un voto en contra del senador de PNV y secretario de la Mesa, Imanol Landa, el senador de ERC queda suspendido en el ejercicio de su cargo público "de carácter retroactivo" y por tanto, ERC se queda sin los diez senadores necesarios para formar grupo parlamentario, después de que le cediera a Junts per Cataluña cuatro senadores para su propio grupo.

Para ello, la Mesa ha otorgado un plazo de cinco días para que ERC "pueda subsanar" la composición de su grupo ya que, como ha explicado Narbona, "se entiende que cuando se comunicaron las composiciones de los grupos, ERC no podía ser conocedora de esta circunstancia".

Por su parte, el senador del PP y miembro de la Mesa, Rafael Hernando, ha asegurado que esta decisión "no sólo es una satisfacción" para el Partido Popular sino que demuestra que "no hay personas al margen de la ley".

"No hay personas al margen de la ley sino que todas estamos sometidas, seamos miembros o no de la Cámara Alta. No va a haber impunidad para nadie y eso refuerza nuestro Estado de Derecho", ha puntualizado.

El diario de la sesión constitutiva del Senado del pasado martes ha omitido en su transcripción la interrupción y el "que se joda" del secretario de la Mesa, Rafael Hernando, al senador de ERC, Raül Romeva, durante su acatamiento a la Constitución. Sí ha incluido sin embargo las fórmulas en catalán y en euskera que pronunciaron algunos senadores para prometer ante la Carta Magna, informa Europa Press.

El Diario de Sesiones de la Cámara Alta no ha recogido la interrupción que hizo Hernando –que leía la lista de los senadores en ese momento– durante el acatamiento de Romeva, preso preventivo procesado por promover la independencia de Cataluña. El político conservador dijo el nombre del siguiente senador, Fernando Rosa Torner, mientras Romeva prometía acatar la Constitución en catalán. Una interrupción que detuvo con un gesto el presidente del Senado, Manuel Cruz, para inmediatamente después devolver la palabra al senador de ERC para que terminase.

Al finalizar la intervención de Romeva y éste dirigirse a su asiento, Hernando espetó "que se joda", haciendo referencia a la interrupción que previamente le había hecho al senador catalán independentista. El conservador pronunció las tres palabras en voz baja pero la expresión la captó su micrófono que estaba abierto en esos momentos. Tanto la interrupción como el comentario de Hernando no se han reflejado en el Diario de Sesiones que el Senado publica en su página Web y por tanto, no constará oficialmente que se han producido.

Sí incluye los acatamientos en catalán y euskera

El Diario de Sesiones del Senado sí ha incluido, en cambio, los acatamientos a la Constitución que los senadores de ERC, Junts per Cataluña, EH Bildu y PNV realizaron en catalán y en euskera durante su intervención. En concreto, los senadores de ERC y Junts per Cataluña prometieron ante la Carta Magna en catalán y utilizaron la misma fórmula para hacerlo: "Por la libertad de los presos y presas políticos, por el retorno de los exiliados y exiliadas y hasta la república catalana, prometo por imperativo legal". Romeva se desligó de esta forma y prometió "hasta la proclamación de la república catalana y siempre comprometido con la libertad, la igualdad y la fraternidad, como preso político y por imperativo legal".

Por su parte, los parlamentarios de PNV y EH Bildu acataron la Constitución en euskera. "Por eso doy mi palabra. Prometo por imperativo legal", dijeron los dos senadores del PNV. En el turno del senador de EH Bildu, Gorka Elejabarrieta, manifestó: "Sí, la ley me obliga a hacerlo y para llegar a la República Vasca hasta que se obtenga".

Todos los juramentos fueron recogidos por parte de las taquígrafas de la Cámara Alta tal y como se pronunciaron, es decir, en ambos idiomas y sin traducción al castellano, siendo así fieles a la reproducción de las promesas de los senadores. Esta práctica ya se llevó a cabo en el diario de la sesión constitutiva de la última legislatura que tuvo lugar el 19 de julio de 2016, donde se también se transcribieron los acatamientos en catalán y en euskera que manifestaron varios senadores.

El abogado de Oriol Junqueras y Raül Romeva, Andreu Van den Eynde, ha valorado este miércoles que suspender a los presos soberanistas designados diputados y senadores sería "un precedente muy grave". En una entrevista en TV3, Van den Eynde ha considerado que la suspensión de cargos electos "es inverosímil, la letra de la ley no aguanta esta interpretación", y ha asegurado que presentarán los recursos correspondientes. "Lo que haremos es enfrentarnos seguramente a una decisión, sea la del Congreso o del Tribunal Supremo, que deberemos recorrer", ha indicado.

El abogado ha lamentado "el empeño que tienen algunos para prohibir a los adversarios políticos", y ha valorado que se trata de un tema de derechos fundamentales y de principio democrático. Se ha preguntado "qué necesidad tiene el Estado español de prohibir una determinada opción política, que además tiene una legitimidad y una representatividad muy alta".

Sobre una reunión la semana pasada de las defensas con el magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena, que preside la sala que juzga la causa del procés soberanista, Van den Eynde ha dicho que fue una reunión "de logística y organización" sobre el trámite de la prueba documental.

La Sala que juzga el procés independentista en el Tribunal Supremo ha remitido un oficio a las Cortes Generales para que acuerden si deben suspender a los cinco presos que obtuvieron un escaño en las elecciones generales del pasado 28 de abril en aplicación del artículo 21 del Reglamento de la Cámara Baja, según han confirmado fuentes del alto tribunal.

El tribunal presidido por el magistrado Manuel Marchena envió este escrito el pasado viernes acompañándolo del auto del pasado 14 de mayo por el que autorizó al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, el expresidente de la ANC Jordi Sànchez y los exconsellers Jordi Turull, Josep Rull y Raül Romeva poder asistir a la sesión constitutiva de las Cámaras, que tendrá lugar este martes, para que analicen los efectos que resulten procedentes a consecuencia de la situación personal de los parlamentarios.

El oficio se ha hecho dando efecto a la parte dispositiva del auto en la que se acordó que se remitiese "testimonio de esta resolución, por conducto del Excelentísimo señor presidente del Tribunal Supremo, a la Excelentísima señora presidenta del Congreso y al presidente del Senado a los efectos procedentes".

Por un lado, el texto que se ha hecho llegar a las cámaras indica que este martes los parlamentarios que se encuentran provisionalmente en el centro penitenciario de Soto del Real y que están siendo juzgados deben estar custodiados por la Policía y ser reintegrados "sin dilación" una vez concluya el Pleno.

Pero también hace hincapié en que el Reglamento del Congreso de los Diputados, en su artículo 21, prevé la situación de un diputado que se halle en situación de prisión preventiva, y dice que ello implica "la suspensión de sus derechos y deberes parlamentarios". Asimismo, destaca que la prisión no es incompatible con la condición de diputado o de senador ni implica una vulneración de sus derechos como tal cuando es proporcionada y no responde a una finalidad arbitraria.

'Efecto legal' establecido en el reglamento

Las fuentes consultadas apuntan que la Sala de lo Penal considera que la suspensión de funciones de los elegidos corresponde a las Cámaras porque de lo contrario supondría una "injerencia" en el Poder Legislativo. Añaden que no se trata de una decisión que se tenga que adoptar, "sino que se declara como un efecto legal asociado a ese precepto".

La otra opción que se podría barajar para la suspensión del cargo de los cinco presos electos es el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), que se aplica a individuos procesados mientras se encuentran en prisión. Así les ocurrió a algunos de ellos cuando fueron elegidos como representantes en el Parlament, en los comicios autonómicos del 21 de diciembre de 2017, a los que el juez instructor del Supremo Pablo Llarena aplicó este precepto legal.

De momento, Junqueras, Sànchez, Rull, Turull han sido trasladados este lunes hasta el Congreso y Romeva al Senado para realizar todos los trámites pendientes para recoger sus respectivas actas de parlamentarios bajo supervisión policial, de acuerdo a lo fijado en una providencia de la Sala del pasado viernes en las que ordenaba que los presos estuvieran "debidamente custodiados".

También indicaba a las Presidencias de las Cámaras que adoptasen "las decisiones oportunas para que dichos trámites se practiquen sin dilación y para que sean reintegrados al centro penitenciario a la mayor brevedad posible". Estas mismas condiciones serán las que tendrán los cinco presos electos mañana cuando vuelvan a las respectivas sedes parlamentarias para asistir exclusivamente a las sesiones constitutivas.

Los cuatros presos elegidos en los comicios del pasado 28 de abril, Oriol Junqueras, de ERC, y Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull, de JxCat, ya han realizado los trámites pertinentes para recoger sus respectivas actas de diputados.

Los electos, que están en prisión preventiva en la cárcel de Soto del Real, han entrado sobre las 10.00 horas en cuatro coches directamente al aparcamiento de la Cámara, donde desde primera hora de la mañana se ha desplegado un fuerte dispositivo judicial.

Estos electos, que están siendo juzgados por el proceso independentista catalán, podían haber delegado en un intermediario la entrega de sus credenciales, pero pidieron permiso a la Sala Segunda del Tribunal Supremo y ésta les autorizó a hacerlo personalmente.

Diputados de Esquerra Republicana, JuntsxCat y EH Bildu han acompañado a los cuatro presos del procés a presentar sus credenciales como diputados electos y en ese recorrido de poco más de una hora han podido charlar con ellos e incluso hacerse fotografías y grabarse vídeos.

Oriol Junqueras ha grabado un vídeo junto a su portavoz Gabriel Rufián mientras cumplimentaba los trámites de su acreditación como diputado electo y lo han difundido en redes sociales desde su perfil personal de Twitter, pese a que el Tribunal Supremo había recalcado que los presos del procés no podían tener contacto con medios de comunicación ni mantener reuniones de trabajo durante su estancia en la Cámara.

En su mensaje, recogido por Europa Press, Junqueras aparece sonriendo junto a Rufián y se muestra orgulloso del respaldo obtenido en las elecciones del pasado 28 de abril y agradece el apoyo de sus compañeros de ERC. Durante su recorrido por el Congreso, Junqueras ha estado acompañado por otros diputados independentistas como su 'número dos' en la Cámara, Gabriel Rufián, y los parlamentarios de Bildu Jon Iñarritu y Marian Beitialarrangoitia.

En sus escritos al Congreso autorizando su asistencia este martes a la sesión constitutiva del congreso y la visita de este lunes para acreditarse, el Tribunal Supremo había remarcado que los diputados electos en situación de prisión preventiva han de estar "debidamente custodiados" y les prohibió celebrar reuniones de trabajo en el Congreso ni mantener contacto con los medios de comunicación.

Así las cosas, los presos del procés, una vez en el interior del garaje, han quedado bajo custodia de la Policía de la Cámara Baja, que supervisó su estancia en la Cámara. Tuvieron que abandonar las dependencias parlamentarias en cuanto cumplimentaron todo el papeleo.

Dado que los trámites que debieron hacer los diputados electos para recoger sus actas incluían la entrega de distinta documentación, la cumplimentación de hasta tres declaraciones escritas (de bienes, de actividades y de intereses económicos), e incluso posar para la fotografía de la ficha oficial del Congreso, los policías de la Cámara les han acompañado todo el recorrido a través de sucesivas dependencias.

Romeva completa en siete minutos los trámites para tener el acta de senador

El preso independentista y senador electo de ERC, Raul Romeva, cumplimentó por su parte los trámites para obtener su acta parlamentaria. Romeva llegó a las 9.45 horas a la Cámara Alta en un coche de la Guardia Civil conducido directamente al garaje.

Una vez allí tuvo que cumplimentar un cambio de custodia, quedando en manos de la Policía Nacional del Senado. Del garaje fue conducido a la tercera planta del edificio antiguo del Senado, donde se encuentra la sala Campoamor, en la que todos los senadores deben completar los tramites para tomar posición del escaño este martes.

Romeva completó en siete minutos los trámites para conseguir su acta parlamentaria, con la que mañana podrá tomar posesión del escaño.

A su salida, Romeva fue despedido con aplausos por sus compañeros antes de volver a ser conducido al garaje del Senado, donde le esperaba el coche de la Guardia Civil que le trasladará de nuevo a la cárcel. El vehículo dejo el edificio a las 10,20 horas, de manera que el preso ha permanecido en el Senado unos 45 minutos. Mañana volverá a la Cámara Alta para la sesión constitutiva.

La Sala del Tribunal Supremo que juzga el procés independentista ha permitido a los presos electos Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Josep Rull, Jordi Turull y Raül Romeva que puedan acudir a las Cortes Generales el próximo lunes, 20 de mayo, para cumplimentar los trámites necesarios para obtener sus actas de parlamentarios.

Respecto a la sesión de constitución de ambas cámaras, el día 21 de mayo, los presos podrán acudir al Pleno pero no se les autorizan reuniones de trabajo ni asistencia a ruedas de prensa.

El tribunal que juzga el procés independentista en el Tribunal Supremo ha rechazado la petición de libertad realizada el pasado miércoles por los cinco presos preventivos que han resultado electos en los comicios del 28 de abril si bien les autoriza para acudir el próximo 21 de mayo a los plenos constitutivos del Congreso y el Senado.

La petición fue realizada por los los abogados Jordi Pina, que representa a los elegidos para el Congreso de los Diputados por JxCat Jordi Sánchez, Josep Rull, y Jordi Turull; y Andreu Van Den Eynde, que ejerce la defensa del elegido para la cámara baja Oriol Junqueras y del designado para el Senado Raül Romeva.

"Deberán ser debidamente custodiados y adoptarse por la Presidencia de ambas Cámaras las decisiones oportunas para que, una vez en el interior del Salón de Plenos, pueda quedar garantizada su seguridad. Deberán ser reintegrados, sin dilación, al centro penitenciario una vez la Presidencia de las Cámaras haya dado término a la sesión", concreta la resolución.

Deniega también solicitar permiso formal -suplicatorio- a las cámaras para poder seguir juzgándoles y no accede a la suspensión del juicio.

Su suspensión, prevista en el reglamento

El tribunal añade que el propio artículo 21 del Reglamento del Congreso de los Diputados prevé la situación de que un diputado se halle en situación de prisión preventiva "y que ello implique la suspensión de sus derechos y deberes parlamentarios". Añade que la prisión no es incompatible con la condición de diputado o de senador ni implica una vulneración de sus derechos como tal cuando es proporcionada y no responde a una finalidad arbitraria.

Por otro lado, el tribunal rechaza en su auto que deba pedir un suplicatorio a las Cortes para continuar el juicio a los cinco acusados electos al considerar que carecería de "justificación constitucional que el normal desarrollo de un proceso que ya se sitúa en los debates del juicio oral exija para su normalidad democrática el 'nihil obstat' (visto bueno) del órgano parlamentario". El tribunal abunda sobre esta cuestión y llega a la conclusión de que no procede apoyándose en cuatro bloques argumentales: el plano de la constitucionalidad; el ámbito de la legalidad ordinaria; el examen de los precedentes jurisprudenciales dictados por la misma Sala; y la jurisprudencia constitucional que ha perfilado la naturaleza de la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria.

No cabe valoración retroactiva 

"No forma parte de las garantías propias del estatuto personal del diputado o senador –si su incorporación a las listas y su elección han tenido lugar cuando ya se había iniciado el juicio oral– imponer una valoración retroactiva de la incidencia que ese proceso penal puede tener en la normal actividad de las Cámaras". Para el Supremo, la interpretación contraria "supondría una interferencia irrazonable en el ejercicio de la función jurisdiccional, pues permitiría una revisión o control del poder legislativo sobre el ejercicio de la función jurisdiccional respecto a determinadas personas por el hecho mismo de haber sido elegidos parlamentarios durante la celebración del juicio oral.

Añade que "la exigencia de autorización legislativa para que el poder judicial culmine el proceso penal iniciado hace ya más de un año, cuando los procesados no eran diputados o senadores electos, supondría subordinar el ejercicio de la potestad jurisdiccional a una tutela parlamentaria ajena al equilibrio de poderes diseñado por el poder constituyente".

Suspender afectaría a los otros acusados 

Para la Sala, la conclusión de que no se debe pedir el suplicatorio ya que permite también la denegación de la suspensión. Así, resalta que "la eventual posibilidad de la suspensión por un tiempo indefinido, a la espera de la constitución de ambas Cámaras y de la tramitación y decisión de las peticiones de suplicatorio, con sus correspondientes vicisitudes, pugnaría frontalmente con otros derechos consagrados por el artículo 24.2 de la Constitución.

Se trata, claro es, de los derechos que asisten al resto de acusados no parlamentarios, respecto de los cuales se demoraría la conclusión del juicio, con el negativo efecto que conllevaría para la vigencia del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas".

Peligraría la validez de la prueba 

Además, señala que la suspensión podría determinar la imposibilidad de conservar la validez de la ingente prueba practicada hasta este momento. Recuerda también que las causas de suspensión de un juicio están tasadas y son muy restrictivas y entre ellas no figura la falta de autorización de las cámaras.

En cuanto a la libertad, el auto no considera atendibles las razones sobrevenidas alegadas ahora por las defensas para pedir la libertad y el cese de la prisión provisional. El tribunal se remite a las razones ya recogidas en resoluciones anteriores sobre las sucesivas peticiones de libertad, y descarta la idea que late en los nuevos escritos de las defensas de que la prisión ha de quedar sin efecto "siempre y en todo caso" cuando se accede al ejercicio de la función parlamentaria.

No se criminaliza la ideología

"El papel nuclear de la libertad ideológica y de la libertad de expresión en una sociedad democrática está fuera de toda duda, como lo está la esencialidad de esta última en el ámbito del discurso y del debate político", señalan los magistrados, que agregan que "la medida cautelar impugnada no implica, sin embargo, una vulneración de tales derechos. Como hemos resaltado con anterioridad, en este proceso penal no se criminaliza ninguna ideología".

En definitiva, los siete magistrados consideran que el mantenimiento de la prisión preventiva es, por las razones expuestas, razonable y proporcionado. Concurren todos los presupuestos constitucionales y legales para ello y no implica una vulneración de ninguno de los derechos mencionados en los escritos presentados.