El Tribunal Supremo (TS) ha fijado como doctrina que "los ucranianos que residan en España puedan acogerse de forma inmediata y sin necesidad de previa presentación de solicitud al principio de no devolución". Según ha precisado, bastará que acredite que es nacional de Ucrania y que desea acogerse a la protección internacional para no ser expulsado, según ha informado Europa Press.

Los magistrados han adoptado esta decisión en virtud de la Orden que adoptó el Consejo de Ministros el 9 de marzo de 2022, por la que se amplió la protección temporal otorgada a las personas afectadas por la guerra que tiene lugar en Ucrania tras la invasión rusa, tal y como lo estableció la Unión Europea (UE).

En una sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el tribunal ha recordado que la UE acordó "facilitar la acogida indiscriminada de los refugiados procedentes de Ucrania sin exigirles la solicitud de asilo". Así, ha precisado que ni se exige al solicitante que demuestre que es objeto de persecución ni se necesita "prueba de que se huye de una situación que genera un riesgo real y efectivo de padecer una afectación lesiva o un grave daño para la vida, salud o integridad si se regresa al país de origen o residencia".

En 30 folios, la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha subrayado que los beneficiados por esta medida tienen "derecho a circular libremente por el territorio español y a residir libremente en él", así como autorización administrativa para trabajar y posibilidad de disfrutar de ayudas sociales cuando no dispongan de recursos suficientes.

En la resolución, de la que ha sido ponente el magistrado y expresidente del Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo Carlos Lesmes, el tribunal ha estudiado el caso concreto de dos ciudadanos ucranianos —y sus dos hijos— que en 2018 solicitaron en la Brigada de Provincial de Extranjeros de Madrid que se les reconociera el derecho de asilo o, en su defecto, la protección subsidiaria.

Según consta en la sentencia, dos años después el Ministerio del Interior les denegó la solicitud al considerar que la crisis ucraniana, iniciada a finales de 2013, se circunscribía en ese momento a las provincias de Donetsk y Lugansk, zonas en las que no residían los recurrentes.

Disconformes con la decisión, llevaron el caso ante la Audiencia Nacional y luego ante el Tribunal Supremo. La Abogacía del Estado mostró su oposición al recurso e insistió en que "la situación de guerra en sí misma" no es una circunstancia que "justifique por sí sola" el otorgamiento de la condición de refugiado. Sobre la protección temporal, los servicios jurídicos de la Administración aseguraron que era necesario que los ciudadanos ucranianos presentasen solicitud porque esta no se concede de forma automática.

Los magistrados del alto tribunal no han coincidido con el argumento de la Abogacía y han asegurado que los ucranianos que residen en España pueden acogerse "de forma inmediata y sin necesidad de previa presentación de solicitud" al principio de no devolución.

En el marco de la resolución, el Supremo ha incidido en que la decisión de la Audiencia Nacional de rechazar el recurso de los ciudadanos ucranianos "se dictó antes del 24 de febrero de 2022, por lo que no pudo tener en cuenta la invasión de Ucrania por las fuerzas armadas rusas" ni la Orden aprobada por el Consejo de Ministros en marzo de ese año.

Ahora, en la sentencia dictada este enero, el alto tribunal no tiene "ninguna duda" de que este caso, de nacionales de Ucrania que residen en España desde antes del 24 de febrero de 2022, debe aplicarse la Orden firmada por el Ejecutivo.

Ya el pasado diciembre, el Supremo concedió este tipo de protección temporal a un ciudadano ucraniano en situación irregular en España sobre el que pesaba una orden de expulsión por varias condenas por delitos de robo con fuerza dictadas antes de que empezara la guerra.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha considerado que no hay "urgencia" para que resuelva si suspende la designación de Rafael Mozo como presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) porque no aprecia que esté provocando "daños irreparables" en las dos personas que han recurrido dicho nombramiento, el vocal Wenceslao Olea y el secretario del CGPJ, José Luis de Benito, ha recogido Europa Press.

Tanto Olea como De Benito recurrieron el acuerdo adoptado por el Pleno del pasado jueves con el que el CGPJ eligió a Mozo —el vocal de mayor edad— como su "presidente suplente" y pidieron al alto tribunal en sus respectivas impugnaciones que, como medida cautelarísima, suspendiera esta designación.

La Sección Sexta de la Sala Tercera ya rechazó el martes las cautelarísimas reclamadas por Olea y, en otro auto firmado este miércoles, ha hecho lo mismo con la petición de De Benito.

En ambos casos, los magistrados indican que "no es posible acceder a lo solicitado" porque "no se acredita que el acuerdo impugnado ocasione daños irreparables en la esfera jurídica del recurrente que hagan imprescindible adoptar con especial urgencia e inaudita parte la medida cautelar que se pretende".

En consecuencia, los magistrados, en sendas ponencias de Eduardo Espín y Octavio Herrero, acuerdan tramitar las solicitudes para suspender el nombramiento de Mozo por el cauce habitual de las medidas cautelares, lo que implica escuchar a las partes. Así, dan traslado a la Abogacía del Estado por plazo de diez días.

Según recoge la resolución judicial, De Benito alertaba en su recurso de que "mantener la ejecutividad de los acuerdos aquí impugnados conllevaría la causación de un gravísimo perjuicio irreparable de carácter inminente para la actividad de un órgano constitucional de la relevancia del CGPJ".

"Tal perjuicio es inmediato e inminente", decía, porque la "nulidad radical" que apreciaba en el nombramiento de Mozo se proyectará sobre todas las decisiones que adopte el CGPJ a partir de ahora.

En la misma línea, Olea alertaba de que, si se permite a Mozo ejercer como "presidente suplente", el CGPJ funcionará "con una composición contraria a Derecho, ocasionándose así, presumiblemente, la nulidad de miles de resoluciones sobre la carrera judicial, así como de otros acuerdos de trascendencia institucional y constitucional".

El Supremo aún no se ha pronunciado sobre el fondo de los recursos contra el acuerdo del Pleno, que salió adelante con 16 de los 18 votos en juego, ya que Olea fue el único que votó en contra y la otra vocal discordante, Mar Cabrejas, directamente optó por ausentarse de la votación al considerar que era ilegal.

Uno de los problemas que suscitan ambos recursos, según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, es que no está claro que Olea y De Benito puedan impugnar el acuerdo del Pleno porque el artículo 20.a) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LRJCA) establece que "no pueden interponer recurso contencioso-administrativo contra la actividad de una administración pública los órganos de la misma y los miembros de sus órganos colegiados".

Aunque la legitimación de Olea y De Benito será una cuestión a resolver más adelante por la Sala Tercera, el secretario del CGPJ se adelantó ya en su recurso a este debate alegando que "concurren intereses profesionales e institucionales" en su persona que considera suficientes para exceptuar la aplicación del citado precepto.

En concreto, conforme recoge el auto dictado este miércoles, De Benito manifestó que "la nulidad del acto impugnado incidirá en el legítimo y válido ejercicio de sus facultades como secretario general del Poder Judicial".

El mismo día 13, Olea emitió un voto particular en el que ya avanzaba que, a su juicio, desdoblar las presidencias del CGPJ y del TS es ilegal porque la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) imponen que quien ejerza la del Supremo desempeñe también la del Consejo.

"Se está vulnerando nada más y nada menos que la Constitución", avisó Olea, que además de vocal del actual CGPJ es magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.

Asimismo, puso de manifiesto que Mozo "no reúne ninguna" de las condiciones legales para erigirse como presidente, esto es, ser miembro de la carrera judicial con la categoría de magistrado del TS y reunir los requisitos exigidos para ser presidente de Sala del mismo, o ser un jurista de reconocida competencia con más de 25 años de antigüedad en el ejercicio de su profesión.

Olea advirtió además de que con el nombramiento de Mozo se ponía en juego la "legalidad" de los acuerdos que adoptara a partir de ahora el Consejo, anticipando así una judicialización del conflicto que finalmente ha materializado él esta semana.

También quiso subrayar la "desastrosa situación jurídica" que se ha provocado y, en particular, la "indeseable, confusa y torticera situación" que atraviesa el CGPJ a causa de "un legislador irreflexivo que ha actuado con intereses espurios e inminentes de partidos", aludiendo de esta forma a la reforma impulsada por el Gobierno que prohíbe al órgano de gobierno de los jueces hacer nombramientos discrecionales en la cúpula judicial con el mandato caducado.

El conflicto sucesorio se desató el pasado 9 de octubre, cuando Lesmes anunció su dimisión como presidente del CGPJ y TS —cargos que ejerce la misma persona— ante la falta de avances tangibles en las negociaciones entre PSOE y PP para renovar el órgano de gobierno de los jueces, tal y como había advertido durante la apertura del año judicial, el 7 de septiembre.

Lesmes intentó dejar atada su sucesión encargando al Gabinete Técnico del TS un informe que determinara cómo se le debía reemplazar. Los expertos concluyeron que una misma persona debía sustituirle en ambos cargos y señalaron a Marín Castán por ser quien ejerce interinamente la Vicepresidencia del Supremo.

Sin embargo, el CGPJ designó a su propio presidente esgrimiendo que Marín Castán carece de legitimidad para asumir ambas presidencias porque ocupa la Vicepresidencia del Supremo de forma interina desde 2019. Por las mismas razones, los vocales concedieron que Mozo tampoco podrá actuar como máxima autoridad del TS.

La bicefalia quedó escenificada el martes durante la toma de posesión de Dolores Delgado como fiscal de sala en el TS. El acto estuvo presidido por Marín Castán, que ocupó el asiento principal del tribunal; mientras que Mozo se sentó en una silla apartada que se destina a los representantes del Poder Judicial que acuden togados a celebraciones solemnes.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha rechazado suspender de forma urgente el nombramiento de Rafael Mozo como presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), una medida cautelarísima que pedían en sus respectivos recursos el único vocal que votó en contra de dicha designación, Wenceslao Olea, y el secretario del CGPJ, José Luis de Benito.

Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, la Sección Sexta de la Sala Tercera ha rechazado las medidas cautelarísimas pero ha acordado al mismo tiempo tramitar la petición de suspensión como medida cautelar para decidir después si la rechaza igualmente o la acepta, todo ello sin entrar a valorar el fondo de dichos recursos.

Olea y De Benito han impugnado el acuerdo alcanzado el pasado jueves por el Pleno del CGPJ para nombrar a Mozo -el vocal de mayor edad- su "presidente suplente", lo que supuso dividir la jefatura del Poder Judicial, por cuanto el magistrado Francisco Marín Castán ejerce en funciones la Presidencia del Tribunales Supremo desde que la renuncia de Carlos Lesmes de ambos cargos surtió efecto.

El conflicto sucesorio se desató el pasado 9 de octubre, cuando Lesmes anunció su dimisión como presidente del CGPJ y TS -cargos que ejerce la misma persona- ante la falta de avances tangibles en las negociaciones entre PSOE y PP para renovar el órgano de gobierno de los jueces, tal y como había advertido durante la apertura del año judicial, el 7 de septiembre.

Lesmes intentó dejar atada su sucesión encargando al Gabinete Técnico del TS dicho informe, conforme al cual Marín Castán le reemplazaría automáticamente una vez consumada la renuncia porque es quien ejerce la Vicepresidencia del Supremo.

Sin embargo, el CGPJ designó a su propio presidente esgrimiendo Marín Castán carece de legitimidad para asumir ambas presidencias porque ocupa la Vicepresidencia del Supremo de forma interina desde 2019. Por las mismas razones, los vocales concedieron que Mozo tampoco podrá actuar como máxima autoridad del TS.

El acuerdo del Pleno salió adelante con 16 de los 18 votos en juego. Solamente contó con el rechazo expreso de Olea, que emitió un voto particular, mientras que la vocal Mar Cabrejas se ausentó específicamente de esta votación por no estar de acuerdo con la entronización de Mozo.

En su voto particular, Olea ya avanzaba que, a su juicio, desdoblar las presidencias del CGPJ y del TS es ilegal porque la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) imponen que quien ejerza la del Supremo desempeñe también la del Consejo.

"Se está vulnerando nada más y nada menos que la Constitución", avisó Olea, que además de vocal del actual CGPJ es magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.

Asimismo, puso de manifiesto que Mozo "no reúne ninguna" de las condiciones legales para erigirse como presidente, esto es, ser miembro de la carrera judicial con la categoría de magistrado del TS y reunir los requisitos exigidos para ser presidente de Sala del mismo, o ser un jurista de reconocida competencia con más de 25 años de antigüedad en el ejercicio de su profesión.

Olea advirtió además de que con el nombramiento de Mozo se ponía en juego la "legalidad" de los acuerdos que adoptara a partir de ahora el Consejo, anticipando así una judicialización del conflicto que finalmente ha materializado él esta semana.

También quiso subrayar la "desastrosa situación jurídica" que se ha provocado y, en particular, la "indeseable, confusa y torticera situación" que atraviesa el CGPJ a causa de "un legislador irreflexivo que ha actuado con intereses espurios e inminentes de partidos", aludiendo de esta forma a la reforma impulsada por el Gobierno que prohíbe al órgano de gobierno de los jueces hacer nombramientos discrecionales en la cúpula judicial.

El vocal del Consejo General del Poder Judicial, Wenceslao Olea, ha recurrido el nombramiento de Rafael Mozo como presidente interino del CGPJ pidiendo la suspensión del mismo, un asunto que estudia ya el Tribunal Supremo y que supone judicializar la situación de bicefalia a la que abocó dicha designación, ya que el magistrado Francisco Marín Castán ejerce las funciones de la Presidencia del TS desde la dimisión de Carlos Lesmes, según informa Europa Press.

El recurso de Olea ya se encuentra en el Tribunal Supremo y está en estudio sin que aún haya decisión alguna. El primer paso será abrir una pieza separada para pronunciarse sobre esas medidas cautelarísimas de suspensión, que se deben resolver en las próximas 48 horas.

El asunto ha recaído sobre la Sección Sexta, una sección especial dentro de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que es la llamada a resolver los recursos contra las decisiones del Pleno y la Comisión Permanente del CGPJ.

En esta ocasión estará conformada por Eduardo Espín, Octavio Juan Herrero, José Antonio Montero, César Pico y José María Bandrés. Estos dos últimos entran en sustitución de Pablo Lucas y César Tolosa, que han tenido que abstenerse porque respaldaron el informe del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo que apuntaba a Marín Castán como la persona que debía reemplazar a Lesmes en ambos cargos.

Primero avisó públicamente, luego preparó el terreno y finalmente cumplió su amenaza. El hasta ahora presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo (TS), Carlos Lesmes, presentó este lunes su dimisión como jefe del gobierno de los jueces. Lo hizo a escasas horas de la celebración del 12 de octubre, del Pleno convocado para este jueves y de que se cumpla un mes desde el incumplimiento del mandato normativo para la renovación del Tribunal Constitucional. Y tras un discurso grabado, difundido a última hora del domingo, en el que cargaba con dureza contra una situación de parálisis que considera "inaceptable". "Mantenerme a partir de ahora en esta responsabilidad sólo puede servir para convertirme en cómplice de una situación que aborrezco y que es inaceptable", aseguraba Lesmes, quien ha decido dar el paso casi cuatro años después de que el órgano que preside se instalase en una situación de interinidad.

La salida se produce en un momento especialmente delicado para el sistema judicial. El bloqueo de la renovación, unido a la aprobación de una ley que limita los nombramientos de un CGPJ en funciones, ha provocado un importante agujero de magistrados en el Supremo, sobre todo en la Sala Contencioso-Administrativo. Y el Constitucional mantiene aparcados asuntos de gran relevancia, algunos de ellos social, a la espera de que el bloque conservador en el órgano de gobierno de los jueces decida desatascar la renovación de los dos magistrados para el tribunal de garantías que corresponde nombrar al Poder Judicial. No es la primera vez que presenta su renuncia quien está al frente del CGPJ. Ya lo hizo el fallecido Carlos Dívar. Pero, ¿qué consecuencias tiene la salida del jefe de los jueces?

La primera incógnita que se encuentra en estos momentos sobre la mesa tiene que ver con el relevo al frente del órgano. Al fin y al cabo, mientras el recambio al frente del Supremo sí que está perfectamente regulado por ley, no ocurre lo mismo con el CGPJ, donde hay hueco para la interpretación. Antes de la visita a España del comisario europeo de Justicia, Lesmes pidió al Gabinete Técnico del Poder Judicial un informe en el que se examinaran "los mecanismos de sustitución" si finalmente, como ha hecho este lunes, abandonaba el barco. Aquel documento estableció que debía ser el actual vicepresidente del Supremo en funciones, Francisco Marín, quien cogiera las riendas del órgano. Y descartó categóricamente una bicefalia al concibir ambas presidencias "como una titularidad conjunta e indisociable".

La sala de gobierno del Supremo dio su visto bueno al planteamiento del Gabinete Técnico. El problema, sin embargo, es que los bloques conservador y progresista del CGPJ no están de acuerdo, lo que puede terminar generando un nuevo foco de conflicto. Ambos grupos rechazan, en primer lugar, que la sustitución se haga "de manera automática, sin necesidad de acto o acuerdo alguno". Al fin y al cabo, sostienen que al presidente tienen que elegirlo los vocales, por eso buena parte de ellos no comulgan con la interpretación que hace Lesmes, que ven como una suerte de dedazo.

"Es un cambio respecto a lo que el gabinete técnico decía antes de la pandemia", apuntan algunas fuentes del bloque progresista disconformes con este plan de relevo. En este sentido, ponen sobre la mesa un informe de 2019 del mismo Gabinete Técnico, que se discutió en una sesión del órgano el 30 de octubre de dicho año, en el que se trataba de resolver "la sustitución" del presidente en caso de "ausencia, enfermedad o vacante". Aquel estudio, elaborado tras la jubilación del hasta entonces vicepresidente del Supremo y que se centraba en un posible relevo al frente del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, establecía que debería reemplazar el vocal de mayor edad –entonces Rafael Fernández Valverde, ahora Rafael Mozo, del bloque progresista–.

De hecho, varios vocales del bloque progresista –Álvaro Cuesta, Rafael Mozo, Concepción Sáez, Pilar Sepúlveda, Enrique Lucas, Clara Martínez de Careaga y Roser Bach– han forzado que en el Pleno de este jueves se introduzca un segundo punto en el orden del día para que se lleve a cabo una "valoración" y se tomen las "decisiones que legalmente procedan" tras el "cese" de Lesmes.

Desde su creación, las dimisiones al frente del órgano de gobierno de los jueces no han sido para nada habituales. Antes que Lesmes, fue Carlos Dívar quien abandonó el cargo. Lo hizo a las puertas del verano de 2012 y tras conocerse que había cargado a los presupuestos de este órgano una parte del coste de una treintena de viajes realizados en fin de semana por un valor cercano a los 28.000 euros. ¿Y cómo se resolvió aquella situación? Durante algo menos de un mes se estableció una bicefalia provisional, que se mantuvo hasta que el magistrado Gonzalo Moliner se puso al frente del Supremo y del Poder Judicial. En la cúspide del Alto Tribunal se situó, provisionalmente, Juan Antonio Xiol al ser el presidente de Sala más antiguo. Y en el CGPJ, Fernando de Rosa, entonces vicepresidente del órgano, un cargo que ahora no hay.

La salida de Lesmes no afectará, en principio, al funcionamiento del Poder Judicial, que podrá continuar desempeñando sus labores con las limitaciones que le impone la reforma legal para cuando está en situación de interinidad –fundamentalmente, en materia de nombramientos discrecionales–. Los Plenos podrán continuar celebrándose sin ningún problema. Al fin y al cabo, para su válida constitución se requiere, como mínimo, la presencia de diez vocales y el presidente, tal y como establece el artículo 600 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Una barrera que, por el momento, se supera ampliamente.

Hasta ahora, con la jubilación de Rafael Fernández Valverde y el fallecimiento de Victoria Cinto, el órgano ha estado compuesto por 18 vocales más el propio Lesmes. Por tanto, el quórum no peligra en ningún caso, siempre y cuando no caigan más piezas del tablero. Si tras su salida asume las riendas "automáticamente" Marín, tal y como ha establecido el Gabinete Técnico, su composición no cambiará y el órgano seguirá siendo funcional. Lo mismo que si finalmente se imponen los progresistas. Si Mozo es designado nuevo jefe de los jueces y no se producen relevos, el Poder Judicial tendría aún 17 vocales más el presidente.

Otra cosa sería que, además de la dimisión de Lesmes, se produjese la renuncia en bloque de otros tantos vocales –en concreto, de ocho vocales si continúa la composición de 18 más el presidente–. De hecho, asociaciones como Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ya han pedido a los integrantes del órgano que dimitan "inmediatamente" para facilitar la renovación del Poder Judicial. No sería la primera vez. A finales de los noventa, la renuncia de seis vocales provocó la disolución inmediata del Poder Judicial al quedarse con solo once miembros. Entonces, la ley establecía que para celebrar un Pleno debían estar presentes "un mínimo de catorce".

El abandono de Lesmes, aupado por un PP que en su día le situó como alto cargo del Ministerio de Justicia, apenas tendrá consecuencias significativas en el reparto de mayorías. Si finalmente se consuma el relevo propuesto desde el Gabinete Técnico, el Poder Judicial arrancará esta nueva etapa con diez vocales conservadores y ocho progresistas, la misma distribución que hasta ahora. La única diferencia se situaría en la persona al frente de la institución. Lesmes, ligado a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), daría paso a Marín, miembro de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el segundo mayor colectivo de la judicatura y que hasta ahora apenas había tenido representación alguna dentro del órgano de gobierno de los jueces.

Carlos Lesmes amenazó a comienzos de septiembre, durante la apertura del año judicial, con dimitir si no veía avances en el desbloqueo de los órganos constitucionales. Pero no los hubo, ni en la renovación del Poder Judicial ni en la del Constitucional. Durante el último mes, el hasta hoy jefe de los jueces ha mediado entre el bloque progresista y el conservador para intentar que el CGPJ nombrase de una vez por todas a sus dos magistrados para el tribunal de garantías. Sin embargo, ha sido completamente imposible. Los conservadores han continuado con un bloqueo que ha terminado por llevar a los progresistas a romper negociaciones a fin de explorar otras vías alternativas.

Antes de irse, Lesmes fijó un Pleno centrado en la renovación del Constitucional. Sin embargo, la renuncia complica un poco más, si cabe, las negociaciones. Con la amenaza sobre la mesa, se ejercía cierta presión sobre los negociadores para que resolvieran cuanto antes el asunto. Ahora, una vez consumada, ya no hay presión alguna. Además, los conservadores siempre han dicho que si se produjese la dimisión, la renovación del Constitucional pasaría a un segundo plano. Y sin cambios en las mayorías y con un grupo de bloqueo que por el momento parece unido, no parece que vaya a haber sorpresas.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha criticado este lunes la "equidistancia" de Carlos Lesmes poniendo "en igualdad de condiciones" al PP y PSOE respecto al bloqueo del Consejo General del Poder Judicial y ha defendido que los conservadores son los únicos culpables de que la renovación no sea posible según informa Europa Press.

"Es terrible lo que está viviendo este país desde el punto de vista constitucional", ha lamentado Robles en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, solo unas horas después de que Lesmes haya anunciado su dimisión como presidente del CGPJ.

Sin embargo, ha señalado como único culpable al PP, al que ha acusado de llevar cuatro años "boicoteando" la renovación y tomando "como rehén" al órgano de gobierno de los jueces.

"La decisión de Carlos Lesmes la respeto pero me parece que la equidistancia que él pone de relieve, poniendo en igualdad de condiciones a PP y a PSOE, no es aceptable", ha reconocido la ministra, que ha insistido en que el PP es quien está "incumpliendo la Constitución".

En este sentido, ha rechazado la condición que ponen los conservadores de reformar el modelo de elección de los miembros del CGPJ y ha recordado que el propio PP, estando en La Moncloa, renovó el poder judicial con el actual sistema, siendo ella misma miembro del órgano. "¿No había entonces problema de independencia judicial?", ha preguntado.

Robles ha reivindicado que la voluntad del Gobierno de acordar una renovación es "clarísima" y por tanto "la responsabilidad es de quien es la responsabilidad", acusando al líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, de incluso "alardear" de este incumplimiento constitucional.

Es más, ha avisado de que los conservadores no pueden "dar lecciones" de independencia judicial. "Hay una ley en vigor y las leyes hay que cumplirlas. No hay que negociar nada, hay que cumplir las leyes. La Constitución no se negocia, las leyes no se negocian, se cumplen", ha zanjado.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha avisado hoy al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no aceptará un simple cambio de cromos para renovar el Consejo General del Poder Judicial "sin cambiar nada" en el sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces.

Así lo ha afirmado hoy en una entrevista en Tele 5, recogida por Europa Press, una hora antes de reunirse con el jefe del Ejecutivo para discutir la renovación del CGPJ tras las dimisión de su presidente, Carlos Lesmes, en la tarde noche del domingo.

En este sentido, Feijóo ha precisado que no va a estar de acuerdo "si el presidente pretende un cambio de cromos, yo tengo más porque soy el Gobierno y tú menos por que estás en la oposición y no vamos a modificar nada".

Así, ha rechazado que el Gobierno pueda cesar hoy a un ministro y mandarle mañana a presidir el CPGJ y a una ministra y nombrarla Fiscal General. También que, cuando tienen un pacto en RTVE, el presidente haga que dimita el presidente de la Corporación y ponga a una persona de confianza o de una instrucción a directora del CNI y por cumplir esa instrucción y tener problemas con los independentistas la cese o nombre a un militante del PSOE como director del CIS.

"Este tipo de asalto a las instituciones nunca se había dado en democracia", ha exclamado Feijóo y ha pedido "cuidado con hacer lo mismo en el CGPJ y en el TC, porque estos temas son muy serios".

Feijóo ha recordado que él ha "cumplido" con sus obligaciones al enviar una propuesta a Moncloa en julio para la renovación del CGPJ de la que aún no ha obtenido respuesta.

El presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha formalizado este lunes su renuncia al cargo después de no apreciar avances en la negociación para desbloquear la renovación del órgano de gobierno de los jueces tras casi cuatro años.

Lesmes da el paso, según informa el Poder Judicial en un comunicado (leer aquí integro) y ha señalado él mismo en una declaración, “una vez finalizado el plazo anunciado por él mismo a los vocales” del CGPJ “sin que Gobierno y oposición hayan alcanzado un acuerdo para la renovación o la devolución de competencias al órgano de gobierno de los jueces”.

Los contactos desarrollados estos últimos días a raíz de la visita del comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, no han dado ningún resultado positivo. De ahí que Lesmes haya decidido, tal y como avisó hace apenas un mes, dejar el cargo. 

Está previsto que le sustituya en el cargo el actual vicepresidente del Supremo en funciones, Francisco Marín. Al fin y al cabo, así se indicó en un informe sobre la posible sucesión que realizó la secretaría técnica del CGPJ. Un relevo con el que, sin embargo, no están de acuerdo ni el bloque progresista ni el conservador, que consideran que tienen que ser los propios vocales los que designen al sustituto.

Lesmes volverá de inmediato al servicio activo en la Carrera Judicial y se incorporará a su destino como magistrado en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

Tras conocerse esta noticia, Moncloa ha informado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a una reunión este lunes por la mañana, a las 10.30. Según fuentes de Moncloa, ante una situación muy grave e inadmisible, el líder del Ejecutivo acudirá con dos mensajes muy claros: que el PP cumpla con la Constitución y que se renueve ya el CGPJ.

Fuentes de Génova han expresado su voluntad de llegar a un acuerdo para desbloquear el CGPJ apostando por un modelo que refuerce la "ejemplaridad e independencia del sistema judicial español". Previamente, en un tuit, el líder de la oposición ha lamentado la decisión de Lesmes y ya ha adelantado que acudirá al encuentro con Sánchez "con la mejor disposición".

El líder de los conservadores también ha avisado a Sánchez que no aceptará un simple cambio de cromos para renovar el CGPJ "sin cambiar nada" en el sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces. Así, ha rechazado que el Gobierno pueda cesar hoy a un ministro y mandarle mañana a presidir el CPGJ y a una ministra y nombrarla fiscal general. También que, cuando tienen un pacto en RTVE, el presidente haga que dimita el presidente de la Corporación y ponga a una persona de confianza o de una instrucción a directora del CNI y por cumplir esa instrucción y tener problemas con los independentistas la cese o nombre a un militante del PSOE como director del CIS.

Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha criticado la "equidistancia" de Carlos Lemes poniendo "en igualdad de condiciones" al PP y PSOE respecto al bloqueo del órgano de gobierno de los jueces y ha defendido que los conservadores son los únicos culpables de que la renovación no sea posible. "Es terrible lo que está viviendo este país desde el punto de vista constitucional", ha lamentado Robles en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press. Sin embargo, ha señalado como único culpable al PP, al que ha acusado de llevar cuatro años "boicoteando" la renovación y tomando "como rehén" al CGPJ.

A comienzos de septiembre, en pleno bloqueo por el Tribunal Constitucional, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, avisó de que dimitiría "en semanas" si no se renovaba el órgano de gobierno de los jueces. Una advertencia que ahora, quince días después, ya va cogiendo forma. La próxima semana, a pocas horas de la visita a España del comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, el jefe del CGPJ dará a conocer a sus integrantes un informe sobre su eventual sustitución en la titularidad de la presidencia de ambas instituciones. Un documento que ha sido elaborado por el Gabinete Técnico del órgano constitucional.

Lesmes pidió que se examinaran "los mecanismos de sustitución" por varios motivos. Primero, porque al estar en funciones el Poder Judicial no puede proceder a la elección de un nuevo presidente. Y segundo, porque la vicepresidente del Supremo se encuentra vacante tras el cese por jubilación en octubre de 2019 de su titular, Ángel Juanes, un cargo que desde entonces ha sido cubierto interinamente por el presidente de Sala del Alto Tribunal más antiguo –actualmente el presidente de la Primera, Francisco Marín Castán–.

El informe, del que se dará cuenta a los miembros de la Sala de Gobierno del Supremo el próximo lunes y a los vocales del CGPJ durante el Pleno ordinario señalado para el jueves, resalta que tanto la Constitución como la Ley Orgánica del Poder Judicial conciben ambas presidencias "como una titularidad conjunta e indisociable, lo que excluye la posibilidad de articular vías diferenciadas de sustitución".

Excluida la "doble vía de sustitución", explica el CGPJ en un comunicado, "esta ha de proveerse como canal único a través de la vicepresidencia del Tribunal Supremo". Como el vicepresidente se jubiló, esa función correspondería ahora a quien ejerce interinamente el cargo en el Supremo: Francisco Marín.

"La sustitución del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial por quien ejerce interinamente las funciones de vicepresidente del Tribunal Supremo tiene lugar, como sucede en la de este último, ope legis (en virtud en este caso de lo dispuesto en el artículo 590 LOPJ) y de manera automática, sin necesidad de acto o acuerdo alguno. Por tanto, queda al margen de la la limitación de atribuciones del Consejo en funciones establecida por la Ley Orgánica 4/2021", completa el comunicado.

Tres años y medio se han negado el pan y la sal, es decir, el cumplimiento del precepto constitucional para renovar los órganos de la judicatura -léase renovar el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional-. De acuerdo a derecho y a la propia condición de su oficio -es decir, el de cumplir y hacer cumplir las leyes-, la clase judicial ha estado callada en su inmensa mayoría. Algunos de los aludidos tienen amortizados sus cargos por nombramientos que ya caducaron, a expensas de haber permitido dejarse “colorear”, según afinidades, e incluso militancias (políticas por supuesto), precisamente quienes han de ostentar la presunción de “independencia”. Los jueces y las juezas son los primeros que deberían estar al cabo de la calle, ya que han sido los primeros en dejarse adscribir, explicando burdamente el caso en cuestión, es decir, la negativa del PP a facilitar la renovación de los cargos judiciales caducados.

Para poder llegar a la siguiente conclusión:

Sin eufemismos y sin paliativos. Más bien con intención torticera, una vez que se ha entendido y asumido que, a la postre, uno no va a poder fiarse ni de los jueces, por muy solemnes que se pongan a… fallar.

Ahora el inefable Lesmes, presidente del Tribunal Supremo, se hace el ofendidito y asegure que “él no aspira al Tribunal Constitucional”. Pero qué tendrá que ver el tocino con la velocidad, referida la cuestión, exactamente, al presidente del citado Tribunal, el primero que debería haberse puesto a un lado al primer aviso.

Claro que igual estamos ante un claro y preclaro caso de “estómagos agradecidos”.

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Antonio García Gómez es socio de infoLibre

Comienza por el, según el lenguaje popular, jabón que ofrece al rey agradeciendo su presencia y el vínculo que une a la Corona con el Poder Judicial desde la Constitución de Cádiz de 1812, saltándose ya unos breves y otros mayores periodos de nuestra historia, muy conocidos, que no responden a ese vínculo, al carecer de monarquía. Primera conclusión: argumento cojo, Sr. Lesmes.

De inmediato, en el párrafo segundo, sin nombrarlo, se refiere al art. 117 de la Constitución: “la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey”. Segunda conclusión que no saca Lesmes: es imposible que el Consejo General del Poder Judicial sea elegido algún día por los jueces únicamente, a pesar de que esta propuesta haya ganado algún entero entre el votante conservador y, sobre todo, entre los propios jueces, por esa falsa neutralidad. Resultaría el mayor ataque a la democracia y a la Constitución, encarnadas en las mayorías del Parlamento, por una vuelta al "gremialismo". Nunca ocurrirá. Los jueces ya han elegido a 35 jueces. Si acaso, tendrían que haber sido llevados al Congreso y al Senado para elegir los 8 que les corresponden, aunque hubieran resultado fallidas las votaciones. Pero así Arrimadas y Bal no podrían "piarlas".

 El párrafo tercero lo dedica a hacer una loa sin parangón de la actuación de los jueces: “Un año más también, Señor, para poder reivindicar en este noveno discurso (sin más, como si le perteneciera darlo, fuera ordinario y dentro de su mandato constitucional) de apertura de Tribunales la labor de los jueces españoles y, muy especialmente, de los magistrados y magistradas del Tribunal Supremo en defensa del orden constitucional, de nuestra democracia, garantizando la supremacía de las leyes y su cumplimiento”.

 A continuación el señor Lesmes pone dos ejemplos paradigmáticos en defensa de la independencia de los magistrados del Tribunal Supremo (la lucha contra la corrupción y la sentencia del procés por la unidad de España). Para ello se apoya en datos demoscópicos y en una columna de Víctor Lapuente (del que para dar valor a las palabras propias y ajenas, dice que es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Oxford y catedrático y fue escrita en El País). Reafirma que la valoración de la realidad de la justicia entre los españoles ha crecido en un porcentaje alto frente a la percepción que la ciudadanía pueda tener de ella. Y vincula el poder judicial, que también es político, al Consejo General del Poder Judicial, que es un órgano netamente político.

“Este Consejo asumió ya entonces el compromiso de que el Poder Judicial se implicara activamente en la lucha contra esa lacra social, que minaba en esos momentos la credibilidad de las instituciones y socavaba la propia democracia, y de que los jueces harían todo lo posible para revertir esa situación, agilizando la tramitación y resolución de las causas en materia de corrupción”. Efectivamente se investigó a Juan Carlos y su hija se sentó en el banquillo con el resultado de que Juan Carlos I está fuera de España y libre y que se absolvió a su hija. Más ejemplos.

A la sentencia nº 1505/2018 dictada por la sección segunda de la Sala Tercera del Tribunal Supremo que resolvía que los actos jurídicos documentados debían pagarse por el prestatario de los préstamos hipotecarios, se opuso el Presidente de la Sala Tercera, que convocó el Pleno de la Sala y en una deliberación que se prolongó por dos días, en la que hubo mucha tensión e insultos entre los magistrados, en la votación, por 14 votos a 13, se revocó dicha sentencia. “Nosotros solitos nos hemos metido en este lío”, dijeron unos, y de “arbitrismo jurídico” tacharon otros la revocación.

Si examináramos detenidamente las demandas en las que no se concede amparo judicial a peticionarios por denegación de pruebas, documentales o testificales, o por investigaciones someras, que llevan al archivo o que absuelven en juicios de bulling, acoso o de familia, puede que el Sr. Lapuente cambiara de opinión. Miles de demandas no se presentan o si se presentan no se continúan por los impedimentos y las exigencias de las normas de procedimiento, con lo que las libertades y derechos individuales quedan lesionados. El Tribunal Constitucional no admite en un altísimo porcentaje los recursos de amparo individuales que se presentan ante el mismo. Todos estos datos no los recogen los estudios demoscópicos.

Ese abuso de los vínculos que tanto le gusta hacer al Sr. Lesmes entre Estado de Derecho, principio de legalidad y principio democrático en las decisiones de los jueces y el Consejo General del Poder Judicial, es muy interesado, de tal forma que deja un margen muy pequeño al Ejecutivo o Ejecutivos para la autonomía de su acción política. Y así concluye: ”Lamentablemente, el escenario político de estos últimos años está debilitando y erosionando las principales instituciones de la justicia española. Me refiero lógicamente al Consejo General del Poder Judicial y al Tribunal Supremo”. Con esa visión acrítica y partidista de la justicia, es imposible que el bloqueo de los órganos constitucionales y el nombramiento de sus miembros se haya producido.

Si contáramos las veces que Pedro Sánchez ha expresado en público un requerimiento para que el PP acordara la renovación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, no contaríamos menos de cuarenta. De la mitad, el PP no se ha sentido aludido y no ha contestado, y de la otra mitad, ha dado la excusas que le parecía o le convenía. Y así han pasado cuatro años, incumpliendo la ley y la Constitución, que mandata la renovación del Consejo General del Poder Judicial cada cinco años.

Esto es tan simple como la expresión: “Dura lex, sed Lex”. Y de esta simpleza los actores implicados y concernidos por activa o pasiva han hecho en este asunto algo complejo y enmarañado. Los altos magistrados nos enseñan, dictaminan y sentencian que la ley es dura, pero es la ley, y que si nos rebelamos contra sus decisiones civiles o penales o de cualquier otro orden, nos cae la marimorena. Y la mayoría calla ahora.

Entonces, ¿cuál es el problema, Sr. Lesmes? ¿Por qué no acota las responsabilidades? ¿Por qué quiere hacernos ver a los españoles, preocupados por la situación, que Vd. mantiene la equidistancia? ¿Por qué hace un llamamiento al presidente del Gobierno para que se ponga de acuerdo con el líder de la oposición cuando ha sido su principal interés? Si Vd. manifiesta que ha hecho múltiples llamamientos durante estos cuatro años, ¿por qué ahora ha explotado y no antes, como muchos le propusimos? Sus insólitas declaraciones, a las puertas del Supremo, adelantando y curándose en salud de lo que iba a decir en su novena apertura del año judicial, son el mejor ejemplo, por ser el último, de que ha querido preparar el ambiente para que su figura sea considerada ahora y posteriormente como una persona imparcial y libre de responsabilidad.

Y aquí me voy a referir a un artículo de autoridad, de la autoridad de Tomás de la Cuadra Salcedo, también escrito en El País (6/9). “El PP, tan pronto como pasó a la oposición, bloquea hasta hoy –durante tres años y nueve meses ya– el nombramiento del nuevo CGPJ. Altera así el normal funcionamiento de las instituciones, logrando que el actual Consejo caducado haya continuado hasta abril de 2021, haciendo los nombramientos para órganos judiciales que hubieran correspondido al futuro CGPJ. Repite lo mismo que hizo, tras perder las elecciones de 2004, permitiendo al anterior Consejo –designado bajo la mayoría absoluta del PP– continuar haciendo nombramientos que no le tocaban”. ¿Ha pensado alguna vez, Sr. Lesmes, que algún magistrado/a esté de uñas con Vds, por un no nombramiento al que tenía más derecho?

 A continuación, Tomás de la Cuadra Salcedo expresa la crítica y afirmación más dura que se puede hacer del actual bloqueo: “Esta alteración del normal funcionamiento de uno de los poderes del Estado a través del bloqueo del CGPJ puede calificarse con toda propiedad como una especie de golpe de Estado. Un golpe de Estado institucional, al realizarse de forma consciente y deliberada con la concreta finalidad de impedir que el nuevo CGPJ con la nueva composición que corresponda realice los nombramientos y funciones que le competen”. “Un golpe de Estado no tiene que ver solo con el uso de la violencia o el armamento del Estado por parte del ejército o de las fuerzas de seguridad para fines distintos de los que motivaron que se les confiaran tales armas; ni tiene que estar tipificado con tal nombre como tal delito en el Código Penal. Un golpe de Estado se produce cuando para alterar el normal funcionamiento de alguno de los tres poderes del Estado o cambiarlos, se emplean por alguien atribuciones y competencias reconocidas por el ordenamiento para dirigirlas (deliberada y fraudulentamente, por activa o pasiva) a tal alteración contrariando su finalidad original”.

Puede que Vd., Sr. Lesmes, se vanaglorie y muchos lo aplaudan, pero si Vd. no hubiera sido cargo político del Partido Popular y aupado a la Presidencia del Consejo y del Supremo bajo su mandato, no recelaríamos ni dudaríamos de sus buenas intenciones. Pero ahora, no. Prueba de ello, es que “ha explotado”, y la dimisión que muchos le pedimos hace tiempo y que Vd., para fortalecimiento de la democracia y de las instituciones debía haber hecho, lo tenga que realizar “en pocas semanas” u otra vez ¿ad calendas graecas?. He oído que, en caso de su dimisión, el cargo lo ocuparía Francisco Marín, actual Presidente de la Sala Primera del TS., segoviano, como yo, el cual gateaba por la vivienda del Gobierno Civil de Segovia cuando su padre, Pascual Marín Pérez, era el gobernador y yo comenzaba mis estudios en un colegio de al lado (1953). Tengo experiencias de todo tipo con la judicatura, alguna sentencia muy razonada y acorde a mi petición, pero Francisco Marín y la sección desestimaron un recurso de queja en un asunto familiar siguiendo los erróneos criterios, primero de la jueza y después de los jueces de la Audiencia.

Para terminar, Sr. Lesmes, hablemos claro. No haga de equilibrista. A Vd le ha venido de perlas que el PP bloquee el Consejo. Todos somos humanos y Vd. vive en una Arcadia feliz, con poquísimo trabajo y gran sueldo, como los consejeros, y a nadie le amarga un dulce. 

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Felipe Domingo es socio de infoLibre

Este martes, 13 de septiembre, expira el plazo fijado por el Gobierno en la última reforma legal para que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) designe a sus dos magistrados del Tribunal Constitucional (TC). Sin embargo, es "difícil" que pueda cumplir a tiempo, ya que la primera reunión para abrir el debate sobre los posibles candidatos se ha fijado para el próximo viernes, según las fuentes consultadas por Europa Press.

El tiempo comenzó a correr el pasado julio, cuando Congreso y Senado aprobaron una nueva modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que devolvió al CGPJ su capacidad para efectuar nombramientos discrecionales en la cúpula judicial pero solo para que designara a sus dos aspirantes a la corte de garantías, ya que dicha reforma señala expresamente que debía hacerlo antes del 13 de septiembre.

De esta forma, el Gobierno, a través de esta iniciativa parlamentaria, enmendaba la primera reforma de la LOPJ que llevó a cabo en marzo de 2021 con el objetivo de forzar la renovación del órgano de gobierno de los jueces prohibiendo que designara magistrados para los altos tribunales mientras estuviera en funciones, situación en la que se encuentra desde hace casi cuatro años.

La necesidad de esta 'contrarreforma' surgió el 12 de junio, cuando caducó el mandato de cuatro de los doce magistrados del TC -su presidente, Pedro González-Trevijano; el vicepresidente, Juan Antonio Xiol; y Antonio Narváez y Santiago Martínez-Vares-, porque se trata del tercio que la Constitución encarga renovar a Gobierno y CGPJ.

Ante la imposibilidad, por la primera reforma, de que el Consejo pudiera cumplir su parte, el Ejecutivo sopesó designar a sus dos candidatos al TC sin esperar al CGPJ, si bien las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press arrojan dudas sobre la posibilidad legal de que los nominados por Moncloa puedan tomar posesión sin esperar a los del órgano de gobierno de los jueces.

Aunque el impedimento legal para que el CGPJ pudiera cumplir su obligación desapareció con dicha 'contrarreforma', los obstáculos para emprender la renovación parcial del TC surgieron entonces desde el propio Consejo.

Nada más aprobarse esta segunda reforma, el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, convocó un Pleno extraordinario para el 8 de septiembre exhortando a los 18 vocales que lo componen en la actualidad a aprovechar este cónclave para nombrar a su dupla para el Constitucional.

No obstante, la "desafección" que el propio Lesmes ha reconocido que generó entre los vocales la decisión del Gobierno de habilitar al Consejo a realizar nombramientos pero solo para el TC propició que el denominado bloque conservador amenazara con negarse a efectuar dichas designaciones.

Este plante del núcleo duro haría imposible los nombramientos porque los candidatos necesitan sumar una mayoría reforzada de tres quintos, esto es, doce votos y en estos momentos solo tendrían asegurados los ocho que aglutina el ala progresista, de modo que tendrían que apoyarles también cuatro conservadores.

La semana pasada, en el marco de la toma de posesión del nuevo fiscal general, Lesmes avisó de que no consentiría "un CGPJ en rebeldía" porque la nominación de dos aspirantes al TC es una obligación que la Constitución impone al Consejo.

Apenas 24 horas después, el martes por la noche, los conservadores celebraron una reunión interna para fijar postura. Así, decidieron "defender en todo caso la institucionalidad", lo que implica llegar a "acuerdos debidamente consensuados", según informaron a Europa Press fuentes conocedoras del encuentro.

Se abrían de esta forma a pactar los dos candidatos al TC, aunque con algunas condiciones: establecer primero las "reglas del juego" -cómo proceder para la propuesta y la votación- y respetar "los tiempos de decisión del Consejo".

En el Pleno del pasado jueves, los conservadores ofrecieron este modus operandi a los progresistas y éstos aceptaron, en un debate que se desarrolló con "buen ambiente" pero sin que se hablara de nombres concretos para ocupar dos de los cuatro asientos en juego en la corte de garantías, de acuerdo con las fuentes consultadas.

El principal punto del protocolo alumbrado por el CGPJ es que el Pleno no se volverá a reunir hasta que haya dos candidatos decantados, aunque una vez convocado podrán postularse otros aspirantes.

Este Pleno podrá ser convocado por Lesmes a iniciativa propia o a petición de al menos cinco vocales y, según las normas internas del CGPJ, nada habría impedido que se convocara de cara a este martes, si bien las citadas fuentes ya avisaban de que era "difícil" que ocurriera.

En un primer movimiento desde entonces, conservadores y progresistas han designado esta semana a sus respectivos interlocutores y éstos han acordado celebrar una reunión online a las 9.00 horas del próximo viernes para abordar el debate sobre candidatos, lo que sitúa cualquier acuerdo fuera de plazo.

Con ese fin se dedican a mantener vivos conflictos que podrían resolver dentro de la ley incluso sin votar lo mismo, para que no parezca lo que es, y organizan debates entre ambos para que el electorado se olvide del resto de candidatos.

Por tanto, si compartimos que teatro es, también, la manera que tienen los políticos de engañar cuando pueden resolver un problema, pero no quieren hacerlo, me pongo a navegar por la mar de pantallas y encuentro la siguiente propuesta: "Cuando haya finalizado el mandato de 5 años establecido en el artículo 122.3 de la Constitución todos los miembros del Consejo General del Poder Judicial cesarán inmediatamente en todas sus funciones” y que “cesados que sean de sus funciones dejarán de ser de aplicación las prerrogativas contenidas en el artículo 584 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial”.

Reforma a la que, para resolver los asuntos urgentes mientras se nombran los nuevos (cosa que, para evitar la crisis de Estado, se habría resuelto por anticipado) añade: “Mientras no sean elegidos los nuevos miembros del Consejo, las funciones estrictamente administrativas y sancionadoras atribuidas al mismo será desempeñadas por 3 de los miembros salientes que serán los de mayor y menor edad, así como aquel que se haya incorporado en último lugar al Consejo”.

Este texto tiene pinta de haber sido redactado por un abogado, pero como no me fío, acudo al artículo 81 de la Constitución y leo textualmente lo siguiente: “81.2. La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.”

Por tanto, Sánchez dispone de mayoría más que suficiente para aprobar la reforma que resolvería en un instante la crisis del CGPJ porque excluiría a Lesmes y a sus jueces caducados.

Pero el propio Lesmes ha pronunciado, por cuarta vez consecutiva con su presidencia caducada, el discurso de apertura del año judicial. Su parlamento ha incluido cosas como estas, para seguir entrecomillando: “Hay dos ejemplos paradigmáticos que sirven para poner en valor el extraordinario servicio prestado a la sociedad española durante los últimos años por unos jueces absolutamente independientes en la defensa de nuestro Estado de Derecho que nunca han estado dispuestos a rendir sus togas a otros intereses que no sean los de la Justicia (…). Me referiré en primer lugar al combate librado contra el fenómeno de la corrupción…”.

Contra tanta desvergüenza por parte del jefe de los jueces solo pronunciaré una palabra: NASEIRO, y si usted, como me pasaba a mí, no recuerda bien de qué iba, solo tiene que comprobar que aquel asunto, con un Tribunal Supremo ordenando la destrucción de pruebas decisivas de corrupción en el PP al más alto nivel, se convirtió en un aviso de barra libre para meter la mano en la caja. Y claro, abusaron tanto los ladrones disfrazados de políticos que, al final, terminaron estallando Bárcenas, Gürtel y muchos más casos.

Pero Lesmes, durante su discurso, dedicó mucho más tiempo, una cuarta parte nada menos, al otro “ejemplo paradigmático” del valor de los jueces, y lo hizo rechazando frontalmente “el discurso político que aboga, sin mayores precisiones, por la “desjudicialización”, en referencia a los hechos acontecidos en Cataluña en el año 2017 (…). Se habla así, sin rubor alguno, de la necesidad de huir de los jueces que garantizan la aplicación de la ley como fórmula de solución pacífica y ordenada de las controversias, como si fueran éstos los que hubieran provocado los conflictos con sus actuaciones en defensa de la legalidad.”

No cabe ninguna duda. Lesmes ha aprovechado la ocasión para recordar a Sánchez y a Núñez Feijóo que son impagables los servicios prestados por los jueces que él preside, ante la incapacidad demostrada por los políticos para resolver el problema creado desde una sociedad catalana que sigue reclamando el derecho a decidir y vivir en una república, que osadía.

¿Y qué hace un abogado de líderes independentistas catalanes dedicando tiempo a defender propuestas constructivas para la gobernanza judicial en el reino de España, mientras el “gobernante” de los jueces se dedica a justificar con demagogia barata los casi cuatro años que lleva cobrando unas retribuciones a las que, si tuviera un mínimo de decencia, habría renunciado?

Sí, el autor de la propuesta para bajar de una vez el telón de uno de los escenarios más cargados de mentiras y demagogias de los que siguen funcionando se llama Gonzalo Boye y, por tanto, usted no debe alegrarse ni preocuparse: a ese abogado ninguno de los que deberían le hará el menor caso. 

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Domingo Sanz es socio de infoLibre

Una vez más, Carlos Lesmes, el presidente en funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y presidente del Tribunal Supremo, cuyo mandato caducó en 2018, ha inaugurado la nueva temporada judicial. La novedad es que ha amagado con renunciar en unas semanas si los partidos no resuelven la situación cancerígena de dicho organismo. Esto, dicho así, es loable y sería un acto de honestidad profesional e institucional, si no fuera porque lo dice casi cuatro años después de lo que correspondía. En todo caso, del dicho al hecho puede haber un largo trecho. Me ha recordado, debo decir, a ese “héroe” de las películas cómicas que antes de atacar al rival reclama: “sujetadme, sujetadme que lo mato”. Sencillamente, es tan poco creíble como su fallido intento de dar una imagen de equidistancia entre gobierno y oposición, pues se contradice con su carrera “política”. Sí, ha leído bien, su carrera “política”.

Entre 1996 y 2005 Lesmes ocupó sendos cargos en los gobiernos de José María Aznar. Su nombramiento como presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ se produjo en 2013, bajo el Gobierno de Mariano Rajoy. A través de Carlos Lesmes, el Partido Popular ha hecho y deshecho en nombramientos –y vetos– de jueces y en la forma de aplicar las directrices judiciales (cuasi políticas a veces).

De ahí que el discurso del presidente en esta apertura del año judicial suene trapacero. Veamos algunos ejemplos que no tienen desperdicio:

“… La Justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey”.

Efectivamente, así lo dice la fórmula constitucional utilizada para nombrar a los miembros del poder judicial. Además, en el sistema de elección intervienen las distintas fuerzas parlamentarias. Pero este parón de cuatro años sin renovar el órgano no refleja la nueva realidad salida de las urnas por expreso deseo de los ciudadanos. Es decir, la voluntad del pueblo, del cual emana el mandato judicial, y con mayor razón el órgano de gobierno de los jueces, ha sido apartada de tan importante decisión manteniendo una realidad anterior (2013) y desfasada (desde 2018).

En su discurso, Lesmes dijo sobre Cataluña y los juicios al procés:

 “La fortaleza de nuestro Estado de Derecho en aquel momento y la actuación posterior de los jueces a raíz de las querellas presentadas por la Fiscalía General del Estado sirvieron para preservar nuestra convivencia y garantizar la primacía de nuestra Constitución…”

Cierto es que la justicia se vio forzada a lidiar con un asunto preeminentemente político, quitándole de encima el problema a Mariano Rajoy, que había demostrado su incapacidad de resolverlo debido a su desidia y la cerrazón de los independentistas. Cuando la bola de nieve creció y era imparable, la desvió al poder judicial. Agravó un conflicto que debería haberse resuelto de otra manera y contribuyó a ahondar la brecha en el seno de la sociedad catalana. Desde el principio, numerosos juristas dimos nuestra opinión sobre la ausencia de sedición o de rebelión. Pero había que impartir un castigo ejemplar; quien manda, manda, y si hay que demostrarlo se demuestra con una buena lección de lawfare. El derecho a veces vale para un roto o un descosido, aunque su instrumentalización pueda producir efectos muy nocivos.

Como Lesmes ha recibido multitud de críticas por este tema, no perdió ocasión para defenderse. Sobre la “desjudicialización” del conflicto dijo: 

“Se habla así, sin rubor alguno, de la necesidad de huir de los jueces que garantizan la aplicación de la ley como fórmula de solución pacífica y ordenada de las controversias, como si fueran éstos los que hubieran provocado los conflictos con sus actuaciones en defensa de la legalidad …”

Bueno, cada cual se justifica como puede. Para completar el ciclo de frases hechas viene aquí a cuento otra: “el que se pica ajos come”.

Entrando en materia, afirmó Lesmes:

“…El modelo de elección exclusivamente parlamentaria de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, sin participación determinante de los propios jueces, tiene casi cuarenta años de existencia en nuestro país …”

Pero, hábil fajador, encendió una vela a Dios y otra al diablo:

“…Hoy, sin embargo, hay que admitir que este modelo se ha instalado en una crisis de difícil salida por la permanente falta de entendimiento de los grupos políticos mayoritarios y por no corresponderse además con los estándares europeos en materia de consejos judiciales…”

Léase en la referencia a los “estándares europeos” la aspiración de las asociaciones profesionales de jueces, mayoritariamente conservadoras, de cortar el bacalao. Aquí lo dejó aún más claro:

“… Es indudable que la elección parlamentaria proporciona al Consejo una especial legitimidad … pero no es menos cierto que dicho modelo genera una percepción negativa, muy generalizada, de politización, de manejo interesado por los políticos (...) La reforma es por tanto ineludible y deberá abordarse con la mayor urgencia posible …”

Queda muy clara la preferencia de Lesmes, idéntica a la de sus colegas conservadores. En este punto y como se había retratado, Lesmes intentó echar balones fuera:

“…Así, desde algunos sectores se ha venido propugnando la renuncia colectiva de los vocales y del presidente del Consejo (…)  De producirse esa renuncia colectiva, tal comportamiento sería irresponsable e inaceptable desde la perspectiva ciudadana y de la Carrera Judicial, pudiendo dar lugar además a responsabilidades de distinta naturaleza…”

¿En serio? ¡Hombre, don Carlos! ¿De verdad cree que lo responsable es mantenerse en funciones por más de cuatro años? Esto más que otra cosa, lleva a reflexionar sobre los importantes asuntos en juego para el Partido Popular, como los incontables juicios por corrupción en su contra, de modo que vienen bien los nombramientos de jueces afines, o como la rebeldía anunciada y consumada el pasado jueves de sus ocho vocales que, curiosamente, mejor coinciden con las ansias del PP, en no renovar el Tribunal Constitucional. Y, que, de momento, han logrado con ello atrasar sine die la elección.

Después hizo referencia a una ley que tiene clavada:

“…Me refiero a la Ley Orgánica 4/2021, de 29 de marzo (…) impide, entre otros nombramientos, los de magistrados del Tribunal Supremo y de los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, de los de sus Salas y de las Audiencias Provinciales …”

Llegamos al quid de la cuestión, porque esa ley limitó la barra libre de nombramientos para un CGPJ con mandato caducado y eso sí que les ha dolido hasta hoy. Sin esa ley, dichos nombramientos habrían sido, una vez más, netamente conservadores como consecuencia de la mayoría prolongada en el tiempo por el PP, de vocales de ese signo. Continuamos: 

“…   Apenas un año después (…) la Ley Orgánica 8/2022 vuelve a modificar la Orgánica del Poder Judicial para apoderar de nuevo al Consejo General del Poder Judicial en funciones en lo relativo al nombramiento de los dos Magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponde designar…”

Clama por la solución, pero no aporta nada para lograrla, salvo la amenaza diferida de dimisión. Si a estas alturas el presidente en funciones no ve la necesidad de evitar el colapso del Tribunal Constitucional, apaga y vámonos. Con este tipo de comentarios ha dado alas sin duda a la postura de sus ocho vocales rebeldes, que han visto que el monte es todo orégano. En ese ejercicio de maestría dando una de cal y otra de arena, aseveró también:

“… Ciertamente, el Tribunal Constitucional es un órgano nuclear en nuestro sistema político-constitucional, de manera que solo podemos valorar positivamente que el legislador haya decidido volver sobre sus pasos para que el Consejo General del Poder Judicial recupere sus competencias y se pueda producir la renovación parcial de sus miembros en el plazo establecido en la Constitución…”

Alcanzamos el culmen del discurso cuando Lesmes, cual Poncio Pilatos, se lava las manos y, dirigiéndose al monarca, le asegura que él (Lesmes) no tiene que ver con lo que sucede. 

“…Llegados a este punto, MAJESTAD, es necesario preguntarse hasta dónde llega la responsabilidad de quien preside el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial cuando se está produciendo un deterioro como el que se ha expuesto.” 

¡Ahí queda eso!

A partir de ahí lanzó la invocación:

“…Solicito pública y solemnemente al presidente del Gobierno de España y al jefe de la Oposición, máximos responsables de los partidos políticos con mayor representación parlamentaria, que se reúnan con urgencia y lleguen a un acuerdo …”

Eso, que ellos hagan algo, que yo no puedo hacer nada ¿o sí? Entonces, emitió su enigmático ultimátum:

“…De no ser atendido este llamamiento que hoy hago, será preciso reflexionar sobre la adopción de otro tipo de decisiones que ni queremos ni nos gustan.”

¿Cuatro años en funciones y sólo ahora se pone a reflexionar qué puede hacer para cambiar esta situación? Bueno, más vale tarde que nunca. Bien, enhorabuena, pero sobran, en mi opinión, las desafortunadas palabras que siguieron:

“…Esta petición también pretende ser una llamada de atención a una sociedad que pareciera aletargada ante el deterioro de nuestro Estado de Derecho …”

Esta es la gota que colma el vaso de los despropósitos. ¿Acusa a la sociedad de estar adormecida cuando, señor Lesmes, lleva más de cuatro años de siesta continua y sólo ahora se plantea ver qué puede hacer? Mejor deje de echarle la culpa al maestro armero. Usted habla de los intereses partidistas de los demás, pero no suelta ni una palabra sobre los suyos. Alguna ventaja le habrá debido reportar la permanencia durante estos cuatro años para aferrarse de este modo al cargo ¿no? Y continuar en él, contra viento y marea, sin importar tantas perturbaciones sufridas por la institución, por sus operadores y por los ciudadanos, que son los que de verdad recibimos todas las bofetadas.

Mucho me temo, señor Lesmes, que con su discurso se ha degradado y de ser el guardián de la independencia judicial, se ha convertido en su principal amenaza.

Baltasar Garzón Real, jurista y presidente de FIBGAR

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no ha logrado llegar a un acuerdo sobre los dos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que le compete nombrar, ya que el Pleno extraordinario celebrado este jueves con este objetivo ha servido únicamente para que los vocales fijen las "reglas del juego", tal y como proponía el ala conservadora, lo que dificulta que se cumpla el plazo legal para realizar estos nombramientos, que expira el 13 de septiembre.

Tras casi cuatro horas de reunión, receso incluido, los vocales han establecido las normas de convocatoria, propuesta y votación. Según las fuentes consultadas por Europa Press, la convocatoria del Pleno para elegir los dos magistrados del TC tendrá lugar cuando lo acuerde el presidente, Carlos Lesmes, por propia iniciativa o cuando soliciten al menos cinco vocales y será ya cuando haya dos candidatos.

Lesmes convocó este Pleno en el mes de julio exhortando a los 18 vocales que lo componen actualmente a alcanzar un acuerdo sobre las dos personas que debe proponer el CGPJ para reemplazar a los cuatro magistrados del TC cuyo mandato venció el 12 de junio.

Pese a que el objetivo formal era ese, que hubiera fumata blanca este jueves, la realidad es que había pocas probabilidades de que se consiguiera, ya que el denominado sector conservador del CGPJ había advertido de que no hablaría de candidatos hasta que se establecieran las normas para la propuesta y votación. Este núcleo duro también había avisado de que se tenían que respetar "los tiempos de decisión del Consejo", anticipando con ello que no percibían el 13 de septiembre como una fecha límite, según las fuentes consultadas por Europa Press.

Lesmes, en declaraciones a la prensa durante el acto de apertura del año judicial, ya apuntó que en este Pleno se colocarían los cimientos. Aunque insistió en que era posible designar a los magistrados del TC en plazo, auguró que sería difícil, si bien al mismo tiempo afirmó que no debería demorarse más allá de septiembre.

El Gobierno señaló el 13 de septiembre en la última modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para devolver al CGPJ su poder para hacer nombramientos discrecionales en la cúpula judicial pero solo para designar a sus dos aspirantes al TC, manteniendo la limitación de funciones para el resto de nominaciones, lo que generó "desafección" en el Consejo, conforme ha reconocido el propio Lesmes.

El malestar entre el sector conservador alcanzó tales cotas que algunos de sus vocales habían planteado la posibilidad de no alcanzar acuerdo ninguno sobre el Tribunal Constitucional, bloqueando con ello su renovación parcial, como una forma de aumentar la presión para lograr un nuevo CGPJ, ya que este caducó en diciembre de 2018.

El problema de fondo es que si el CGPJ no propone sus dos magistrados no está claro que el Constitucional pueda renovarse. La Carta Magna indica que el TC debe refrescarse por tercios y el que venció el 12 de junio es el que corresponde a CGPJ y Gobierno. Las fuentes jurídicas preguntadas por esta agencia de noticias arrojan dudas sobre la posibilidad legal de que los dos designados por el Ejecutivo puedan tomar posesión del cargo sin el concurso de la otra mitad: la del CGPJ.

No obstante, Lesmes alertó el lunes de que no permitiría "un CGPJ en rebeldía", recalcando que el nombramiento de los dos magistrados del TC es una obligación que la Constitución impone al Consejo. Y, el martes por la noche, la facción conservadora celebró una reunión informal en la que pactó una postura común que pasa por "defender en todo caso la institucionalidad", es decir, alcanzar "acuerdos debidamente consensuados".

Para realizar este nombramiento, el Consejo General del Poder Judicial debe conquistar una mayoría de tres quintos, lo que se traduce en doce vocales. Eso significa que, además de los llamados progresistas —donde ahora mismo se pueden contar ocho votos—, cuatro conservadores deben apoyar a los dos aspirantes decantados.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) celebra este jueves un Pleno extraordinario convocado por su presidente, Carlos Lesmes, con el objetivo de designar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que le corresponden, si bien lo más probable es que la reunión de hoy sirva para fijar el procedimiento sin que se llegue a un acuerdo sobre los aspirantes, lo que complicaría cumplir con la fecha límite del 13 de septiembre establecida por la última reforma impulsada por el Gobierno, según informa Europa Press.

Lesmes convocó este Pleno en el mes de julio exhortando a los 18 vocales que lo componen actualmente a alcanzar un acuerdo sobre las dos personas que debe proponer el CGPJ para reemplazar a los cuatro magistrados del TC cuyo mandato venció el 12 de junio.

La intención era llegar a tiempo al próximo martes, 13 de septiembre, que es el plazo señalado en la reforma legal que devolvió sus poderes al CGPJ pero solo para acometer esa renovación de la corte de garantías.

Dicha reforma, que enmendaba a su vez la operada en marzo de 2021 para impedir que un CGPJ caducado -como el actual- realizara nombramientos discrecionales en la cúpula judicial, ha generado una amplia "desafección" en el órgano de gobierno de los jueces, tal y como reconoció públicamente Lesmes el pasado lunes.

El malestar entre el sector conservador alcanzó tales cotas que algunos de sus vocales habían planteado la posibilidad de no alcanzar acuerdo ninguno sobre el Tribunal Constitucional, bloqueando con ello su renovación parcial, como una forma de aumentar la presión para lograr un nuevo CGPJ, ya que este caducó en diciembre de 2018.

Sin embargo, Lesmes avisó el lunes de que no consentiría "un CGPJ en rebeldía", subrayando nuevamente que la designación de esos dos magistrados del TC es una obligación que la Constitución impone al Consejo.

Durante el discurso con el que el miércoles dio por inaugurado el curso judicial 2022-2023, el jefe del Poder Judicial reiteró que "la Constitución, como máxima expresión de la soberanía nacional, contiene un conjunto de mandatos jurídicos de obligado cumplimiento".

Así las cosas, el martes por la noche el denominado sector conservador se reunió para llegar al Pleno de este jueves con una postura común que pasa por "defender en todo caso la institucionalidad", lo que implica llegar a "acuerdos debidamente consensuados", según informaron a Europa Press fuentes conocedoras del encuentro.

Se abrían de esta forma a pactar los dos candidatos al TC, aunque con algunas condiciones: establecer primero las "reglas del juego" -cómo proceder para la propuesta y la votación- y respetar "los tiempos de decisión del Consejo".

Las fuentes consultadas explican que se trata de una oferta que harán al llamado sector progresista. En caso de ser aceptada, el acuerdo sobre el modus operandi se sellaría con una mayoría simple.

Lesmes ratificó el miércoles, en declaraciones a la prensa, que la principal aspiración de este Pleno es elaborar ese protocolo sobre el que poder avanzar hacia el nombramiento de los dos candidatos del TC.

Con todo, parece haberse disipado la amenaza del bloqueo, si bien fuentes del órgano de los jueces subrayan que será difícil que se llegue al 13 de septiembre con los nombramientos realizados, algo que Lesmes también ha apuntado en sus declaraciones.

La principal dificultad es que para designar a los dos aspirantes a la corte de garantías se requiere una mayoría de tres quintos, lo que equivale a doce votos favorables, una cifra que, dada la actual composición del CGPJ, requiere el apoyo de varios conservadores.

En cualquier caso, Lesmes se ha mostrado optimista, confiando en que el CGPJ cumpla con el TC, incluso fuera del plazo legal marcado. Según sus previsiones, no debería demorarse más allá de septiembre.

El problema de fondo es que si el Consejo no propone sus dos magistrados no está claro que el Constitucional pueda renovarse. La Carta Magna indica que el TC debe renovarse por tercios y el que venció el 12 de junio es el tercio que corresponde a CGPJ y Gobierno. Las fuentes jurídicas preguntadas por esta agencia de noticias arrojan dudas sobre la posibilidad legal de que los dos designados por el Ejecutivo puedan tomar posesión del cargo sin el concurso de la otra mitad: la del CGPJ.

Lesmes se ha impuesto la tarea de dejar al menos encarrilados los nombramientos del TC antes de adoptar medidas para forzar la renovación del órgano de gobierno de los jueces, que afronta su cuarto curso judicial con el mandato vencido.

El presidente del CGPJ ha advertido de que se plantea dimitir si no hay acuerdo entre PSOE y PP para constituir un nuevo CGPJ. No obstante, ha aclarado que, de momento, es solo una opción, no una decisión tomada.

Al mismo tiempo ha hecho hincapié en que para tomarla no esperará "meses", sino solo "semanas". Desde el seno del CGPJ han recibido este anuncio con escepticismo al considerar que se trata de una medida de presión que esperan que funcione.

Un órdago. Eso es lo que el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, planteó este miércoles en el acto solemne de apertura del año judicial 2022-2023. O el PP desbloquea “en semanas” la renovación del CGPJ del con arreglo a la legislación vigente, proponiendo los vocales que le corresponden y poniéndose de acuerdo con el PSOE para que el Congreso y el Senado pongan fin a la interinidad de casi cuatro años, o Lesmes dimitirá.

Ese órdago parte de un Lesmes desprestigiado por su histórica afinidad con el PP y sitiado ahora por los vocales más conservadores. Pretende sacudir al principal partido de la oposición para que ponga fin al boicot que inició en 2018 con el objetivo de que el Consejo mantenga una mayoría conservadora afín a sus intereses y no renueve su composición para adaptarse a la mayoría progresista salida de las urnas.

En el acto estaba, en las primeras filas, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que se ha negado a negociar la renovación con el Gobierno. Según Feijóo, el motivo ha sido hasta ahora una reforma legal aprobada por el Congreso para permitir que el CGPJ pueda nombrar, aún estando en funciones, a los dos magistrados del TC que le corresponde designar en estos momentos para cubrir la mitad de las plazas vacantes del tribunal arbitral (las otros dos los nombra el Gobierno).

El PP trata, por todos los medios a su alcance, de boicotear esa renovación del Constitucional, que de consumarse pondrá fin a años de dominio conservador en un tribunal que en los últimos años ha condenado en varias ocasiones al actual Gobierno, en dos de ellas por la declaración de estado de alarma que había validado el Congreso de los Diputados durante la pandemia. 

El sesgo político del TC, que tal y como establecen la Constitución y las leyes se adapta periódicamente a las mayorías políticas del Congreso y el Senado, se considera decisivo para la suerte que puedan correr en el futuro muchos de los recursos que PP y Vox han planteado contra iniciativas clave del Ejecutivo de Pedro Sánchez, entre ellas la Ley de Educación, la Ley de Eutanasia o la del Aborto de 2010, cuya ampliación será debatida en el Congreso en las próximas semanas.

Como parte de esa estrategia, alentada por la derecha política y mediática, un grupo de ocho vocales conservadores del actual CGPJ —en funciones desde hace casi cuatro años— se han puesto de acuerdo para boicotear la legalidad e impedir, o al menos retrasar, el nombramiento de los dos vocales del TC que le corresponde nombrar. Se trata de una posibilidad que el presidente de este órgano, Carlos Lesmes, descarta por completo, porque supondría poner al Consejo, que gobierna nada menos que a los jueces españoles, “en rebeldía” frente a las ley.

La presión del PP sobre sus afines en el Consejo y del Gobierno sobre los vocales considerados progresistas —los primeros para incumplir la ley, los segundos para cumplirla— está contaminando aún más las deliberaciones de un órgano cuya interinidad prolongada no ha hecho otra cosa que alimentar su descrédito.

Ese fue, precisamente, uno de los argumentos utilizados por Lesmes en su discurso para dirigirse pública y directamente a Sánchez y a Feijóo y pedirles que resuelvan la grave situación a la que ha abocado la falta de renovación del CGPJ una vez entró en vigor la reforma que impide a un Consejo en funciones hacer nombramientos. 

“Los efectos de esta ley son devastadores”, subrayó. “El Tribunal Supremo tiene 14 vacantes sin cubrir y en los próximos meses serán 20, lo que representa el 25% de sus efectivos. De las 116 presidencias de tribunales existentes en nuestro país, 49 de ellas no están desempeñadas por un presidente titular y el próximo 21 de diciembre la Sala de Justicia del Tribunal Militar Central dejará de actuar por falta de todos sus miembros procedentes del Cuerpo Jurídico Militar predeterminados en la Ley ya que las vacantes no han podido ser repuestas”.

 “El estropicio”, prosiguió Lesmes, “es tan grande” que ha puesto la Justicia “en una situación límite” que “en unos meses será insostenible”. 

“Solicito pública y solemnemente al presidente del Gobierno de España y al jefe de la oposición y máximos responsables de los partidos políticos con mayor representación parlamentaria que se reúnan con urgencia y lleguen a un acuerdo que ponga solución definitiva a esta situación insostenible que acabo de describir, de manera que el Consejo sea renovado en las próximas semanas”. De no producirse, reclamó, debería al menos “ser restituido en la plenitud de sus competencias” para que pueda volver a hacer nombramientos aunque lleve cuatro años en funciones y su composición no se corresponda con lo previsto en la ley y en la Constitución.

Por primera vez en los 1.373 días que lleva en funciones (tres años y nueve meses), Lesmes no tiene dudas sobre la responsabilidad del PP en el bloqueo. En su discurso recordó que sólo “una vez cumplido el deber de renovación” que impone la Constitución, “y solo entonces, será hora sin duda de abordar otros debates, como el que afecta a la forma de designación de los miembros del órgano de gobierno de los jueces”. Y subrayó, en clara alusión al partido de Feijóo: la renovación ”no se puede supeditar por ninguna fuerza política a sucesivas condiciones que impiden el cumplimiento del claro mandato constitucional del plazo, que no admite interpretaciones”. 

El líder del PP, sin embargo, no se dio por aludido después de escuchar el discurso del presidente del CGPJ en funciones. En un corrillo con periodistas aseguró estar dispuesto a hablar de este asunto con Sánchez en cuanto el presidente le llame, pero fuentes del partido precisaron más tarde que mantiene las condiciones que puso el pasado mes de julio para poner fin al bloqueo y renovar el Consejo.

Nada más concluir el acto, la ministra de Justicia, Pilar Llop, se dirigió a Feijóo para pedirle que cuanto antes proponga a sus candidatos para el nuevo Consejo. Fuentes del PP aseguran que declinó la oferta diciendo que “no se trata de repartir nombres, sino del currículum y los parámetros de experiencia e independencia que deberán cumplir los futuros y posibles candidatos”.

Durante los 33 años en los que se renovó con normalidad el CGPJ, a veces con el PSOE en el poder y otras con el PP en el Gobierno, la negociación ha versado sobre cuántos vocales propone cada grupo político y no sobre sus nombres, doce de los cuales salen de la lista de 50 personas que eligen las asociaciones de jueces y magistrados y el resto, como establece la Constitución, de juristas de reconocido prestigio designados por los partidos con representación en el Congreso y el Senado.

Las condiciones que el PP puso en julio para abrir las negociaciones, que luego suspendió indefinidamente cuando supo que el Gobierno iba a permitir al Consejo cubrir las vacantes que le corresponde destinar en el TC y que a día de hoy mantiene, incluyen desde reformas para impedir que la Fiscalía General del Estado pueda ser ocupada por alguien que haya servido en cargos políticos a la modificación de la ley vigente para que el Consejo pueda volver a hacer nombramientos aunque lleve años en funciones. 

También exigen que en el cupo de juristas de prestigio no pueda haber jueces o magistrados en ejercicio, un punto con la que intentan impedir que el PSOE proponga al juez José Ricardo de Prada, autor de la primera condena al PP por el caso Gürtel. Y piden que se ponga en marcha la reforma del modelo de elección del Consejo que defienden la derecha y las asociaciones judiciales y que el Congreso rechazó hace ahora un año por amplia mayoría.

Son “excusas para no cumplir con el mandato constitucional de renovar el CGPJ en tiempo y forma”, según fuentes del Gobierno consultadas por infoLibre. Feijóo lo único que hace es añadir “un pretexto más a sus maniobras dilatorias”. Ante la Constitución, subrayan las mismas fuentes, “sólo hay dos actitudes” posibles: “cumplirla en todos sus puntos, como defiende el Gobierno, o interpretarla a conveniencia y obstruir su cumplimiento, como insiste en hacer el PP. El Gobierno siempre ha tenido y sigue teniendo la disponibilidad de renovar el CGPJ bajo la ley actual y bajo el mandato constitucional”. Si el PP quiere, “se puede hacer hoy mismo”.

Han tenido que pasar tres años y nueve meses de bloqueo en la renovación de los órganos constitucionales para que el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, amenace de forma más o menos clara con su dimisión si no se llega “con urgencia” a un acuerdo entre el Gobierno y el PP que permita, simplemente, cumplir el mandato legal. No nos engañemos: por muchos esfuerzos que ahora haga Lesmes para hacerse pasar por un héroe de la separación de poderes y la independencia judicial, lo cierto es que llega muy muy tarde, y que ese puñetazo en la mesa probablemente habría evitado hace más de tres años un altísimo porcentaje del descrédito acumulado por el órgano que representa. 

Quizás sea cierto que debe pasar un tiempo (¿cuánto?) para calibrar la dosis de acierto o error en políticas trascendentes en términos de calidad democrática. (Me permito sugerir al hilo de esto la lectura del último ensayo de José Álvarez Junco, Qué hacer con un pasado sucio, para distinguir el grano de la paja y el rigor del sectarismo en algo tan sensible como la memoria histórica). Pero la conveniencia del reposo y la reflexión a la hora de analizar la realidad inmediata no exime del compromiso que obliga a historiadores, políticos o periodistas a acercarse honestamente lo más posible a la verdad de los hechos. Hay asuntos en los que la equidistancia es incluso peor que la mentira, porque falsifica lo que nos pasa y daña la convivencia con filtros que distorsionan la percepción de la realidad.

¿Cuánto tiempo habrá que seguir soportando esa reacción mediática equidistante ante el bloqueo de la renovación del Poder Judicial? Jueces, políticos y periodistas mienten cada vez que reclaman “un consenso para la renovación del CGPJ”, como si la responsabilidad pudiera adjudicarse a partes iguales. No es verdad, y lo saben. 

Lo sabe perfectamente Carlos Lesmes, cuyo discurso de apertura del año judicial este miércoles (ver aquí) habría sumado “uno más” si nos quedáramos con su reclamación (contundente pero neutra) para que los dos principales partidos del arco parlamentario, PSOE y PP, alcancen un acuerdo que permita renovar la composición del CGPJ. Lleva Lesmes con ese mensaje cuatro septiembres, aunque nunca hasta ahora se le había ocurrido amagar con su dimisión para forzar el acuerdo político del bipartidismo (ver aquí). Ya era hora. ¿Se imaginan que ese puñetazo en la mesa se hubiera producido hace tres años? ¿Se habría atrevido el PP —de Rajoy, de Casado o de Feijóo—, a bloquear con excusas absurdas y variables (ver aquí) la renovación del gobierno de los jueces si su elegido se hubiera plantado en el momento oportuno y forzado con esa actitud a que hicieran lo mismo el resto de consejeros y consejeras, fueran conservadores o progresistas?

No cuela. Lesmes hace ahora lo que hace porque no tiene más remedio ante la visibilidad obscena con la que el partido que lo nombró persevera en su actitud antisistema (ver aquí). Quizás tuviera la ilusión de salir bien parado (vía Tribunal Constitucional) con el cambio de liderazgo en el PP, de Casado a Feijóo. Pero es evidente que el sector más conservador del CGPJ, en línea con la dirección del partido, preferiría quemarse a lo bonzo antes que ceder la mayoría como indica el mandato constitucional. Si pueden seguirán hasta las siguientes elecciones generales… y más allá. 

¿Acaso lo hacen en defensa de la independencia de la justicia, o más bien de sus privilegios, sueldos y posiciones de influencia en el poder político? Puede cada cual comprobar datos, argumentos y excusas. Pero conviene que no nos dejemos arrastrar por el ruido: hay un Poder Judicial okupa gracias a la negativa del Partido Popular a cumplir el mandato constitucional. Si la principal alternativa de gobierno se empeña en exigir cambiar la ley antes de cumplir la que está vigente, no puede calificársele más que como antisistema. No busquemos bolivarianos o socialcomunistas ni caigamos en la trampa de la criminalización del oponente: un partido que aspira a gobernar España y boicotea su sistema institucional es exactamente lo que se define como antisistema, y unos magistrados que siguen ciegamente la estela de quienes les nombraron, más de lo mismo. Dice Lesmes que “la situación política erosiona la Justicia”, y convendría responderle: la cúpula del Poder Judicial está erosionando la democracia. Cumplan y exijan cumplir la ley o váyanse. Ya están tardando.

El presidente del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, se plantea dimitir para forzar la renovación del órgano de gobierno de los jueces.

Fuentes jurídicas han asegurado a Europa Press que el magistrado está dispuesto a dimitir pero que, de momento, no es una decisión tomada, sino una opción. Han precisado, además, que no dejaría el cargo hasta que las negociaciones en el Consejo estén encaminadas a un acuerdo para nombrar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponden.

De dimitir le sustituiría en el CGPJ el vocal más antiguo, que sería Rafael Mozo. En el caso del Tribunal Supremo asumiría su cargo el magistrado más antiguo, el presidente de la Sala Primera, Francisco Marín.

Este mismo miércoles, en el marco de su discurso de apertura del año judicial, Lesmes descartó la posibilidad de una "renuncia colectiva" de los vocales y del presidente del Consejo y reprochó a quienes insinúan que de no hacerse se estaría poniendo de manifiesto un comportamiento "poco responsable". Señaló, sin embargo, que una renuncia individual sí sería "admisible".

Lesmes preside el CGPJ desde 2013. Su mandato caducó a finales de 2018, pero la imposibilidad de los partidos con mayor representación en las Cortes ha conllevado a que permanezca desde entonces en el cargo en funciones.

Lesmes ha solicitado públicamente este miércoles, durante la apertura del año judicial, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que se reúnan "con urgencia" para pactar la renovación del CGPJ en las "próximas semanas".

Lesmes ha reclamado "un acuerdo que ponga solución definitiva" a la situación de bloqueo que atraviesa el CGPJ, que lleva ya casi cuatro años en funciones, algo que el presidente del Supremo ha calificado de "insostenible".

Ha insistido en que "lamentablemente" el escenario político de estos últimos años "está debilitando y erosionando las principales instituciones de la Justicia española", en referencia al Consejo y al TS.

Así, ha pedido que el órgano de gobierno de los jueces sea "renovado en las próximas semanas" y que, en caso de que esto no ocurra, el Consejo "sea restituido en la plenitud de sus competencias".

En el marco de su discurso –que ha enunciado ante el Rey Felipe VI, autoridades del Gobierno e instituciones del Estado y compañeros de la judicatura–, Lesmes se ha mostrado en contra de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que tuvo lugar el año pasado, aquella que quitó al Consejo la capacidad de hacer nombramientos estando en funciones.

A su juicio, ha sido una iniciativa que ha resultado "frustrada" en sus propósitos, ya que "no ha conseguido la renovación del Consejo". Lo que sí ha provocado, ha dicho, es un "enorme debilitamiento" de la legítima función constitucional del CGPJ.

"El estropicio es tan grande que no se había producido una situación semejante en la cúpula de la Justicia española en toda la historia de nuestra democracia, con unos efectos negativos que se van extendiendo poco a poco a toda la organización judicial", ha subrayado.

Al hilo, ha recordado que este verano "sin recabar opinión alguna", "el legislador se ha visto obligado a rectificar parcial y apresuradamente su propio criterio" con una reforma que devuelve al CGPJ su capacidad de nombrar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponde, aunque ha reprochado que no se le permita hacer lo mismo con el Supremo.

Aunque Lesmes ha insistido en la necesidad de renovar el CGPJ de forma inmediata, ha reconocido que "una vez cumplido ese deber" de renovación "será hora sin duda de abordar otros debates", en referencia a la forma de designación de los miembros del órgano de gobierno de los jueces.

"Hay que admitir que este modelo se ha instalado en una crisis de difícil salida por la permanente falta de entendimiento de los grupos políticos mayoritarios y por no corresponderse además con los estándares europeos en materia de consejos judiciales", ha señalado.

Así, ha explicado que el modelo actual "genera una percepción negativa" de "politización" y de "manejo interesado por los políticos", que compromete la apariencia de neutralidad y la confianza en la Justicia. "La reforma es por tanto ineludible y deberá abordarse con la mayor urgencia posible", ha dicho.

El Salón de Plenos del Tribunal Supremo recibirá este miércoles al rey Felipe VI, al nuevo fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, para la apertura del año judicial 2022-2023, la cuarta consecutiva que se celebra con el órgano de gobierno de los jueces en funciones.

Aunque el monarca y el presidente del CGPJ coinciden en el acto solemne desde 2014, será la primera vez que García Ortiz acuda al evento como fiscal general, cargo que prometió en agosto, tras reemplazar a Dolores Delgado, y del que tomará posesión este mismo lunes en la Fiscalía y el Supremo.

Como en los últimos cuatro años, Lesmes repetirá ante la imposibilidad de los grupos parlamentarios de llegar a un acuerdo para renovar el CGPJ, que se encuentra con el mandato caducado desde finales de 2018. Se prevé que, como ha hecho en discursos anteriores, el presidente del Consejo ponga de relieve la situación de interinidad.

El año pasado, Lesmes calificó la situación de "insostenible" para la judicatura e instó a las fuerza políticas a que dejaran este asunto fuera de la "lucha partidista" y llegaran a un acuerdo en "las próximas semanas". En aquella ocasión, insistió en que esta anomalía se debía a "causas que le son completamente ajenas" y recordó que son el Congreso y el Senado quienes deben nombrar a los nuevos vocales cada cinco años, un plazo que no es "meramente orientativo", sino que "están obligados" a respetarlo.

Otros 365 días han pasado y los partidos aún no han alcanzado un acuerdo que permita renovar el CGPJ. En el camino, las asociaciones de jueces elevaron la situación ante el comisario europeo de Justicia; la vicepresidenta de la Comisión Europea responsable del Estado de Derecho visitó España urgió a la renovación e instó a estudiar el sistema de nombramiento de los vocales del Consejo para que se ajuste a los estándares europeos; y el PP cambió de liderazgo. Los nombramientos de los nuevos vocales, sin embargo, siguen sin llegar.

Ahora, a la polémica de un CGPJ caducado se suma el mandato expirado de cuatro de los 12 magistrados del Tribunal Constitucional (TC), que corresponde renovar a partes iguales, con dos cada uno, al Gobierno y al órgano de gobierno de los jueces.

Este año, la inauguración del curso judicial tendrá lugar un día antes de que el CGPJ celebre el Pleno extraordinario que se convocó para pactar el nombre de los dos magistrados al Constitucional que le corresponde designar.

Lesmes ha advertido de que, si bien lo ideal es que en ese mismo cónclave se llegue a un acuerdo, algo a lo que ha exhortado a los vocales, no puede garantizar que así sea, dado que los dos candidatos al TC deben recabar al menos 12 votos favorables de los 19 en juego.

El CGPJ podrá cubrir estas vacantes en el tribunal de garantías después de que el Gobierno impulsara una reforma legal que le ha devuelto al órgano de gobierno de los jueces su facultad de, estando en funciones, realizar nombramientos en la cúpula judicial, aunque solo la que corresponde al Constitucional. Dicha reforma deja fuera la posibilidad de efectuar nombramientos en el Tribunal Supremo, que ya en octubre avisó de que el hecho de no cubrir las vacantes implicaría que al año se realizasen 1.000 sentencias menos.