El bloqueo del Poder Judicial

Los hechos alternativos (que nunca sucedieron) con los que Casado justifica su bloqueo del CGPJ

Pablo Casado, flanqueado por Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida en un acto en Madrid.

Pablo Casado sostiene que las tres veces que el PP habló en los últimos años con el Gobierno de Pedro Sánchez sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la negociación fracasó por culpa del Ejecutivo. Y para intentar demostrar que la culpa del bloqueo que sufre la institución es de Sánchez, el jefe de la oposición quiso detallar este martes lo ocurrido en los últimos tres años durante una intervención organizada por Nueva Economía Fórum en un lujoso hotel de Madrid. “Para dejar claro de una vez que el PP ha hecho todo lo que ha estado en su mano para la renovación”, explicó. Sus explicaciones, sin embargo, no se corresponden con los hechos.

Primer intento: el PP da marcha atrás

Casado sostiene que a la semana de convertirse en el nuevo líder del PP, en el verano de 2018, en una reunión con Pedro Sánchez en Moncloa, el presidente le transmitió que “el Tribunal Supremo acababa de poner en marcha el proceso de renovación” del Consejo. Y que, por tanto, “teníamos que regirnos por la ley” vigente. “Yo lo que le dije es que en mi programa electoral” llevaba “la reforma del procedimiento de elección del CGPJ”, pero que entendió “que si estaba iniciado el proceso”, una reforma de la ley no sería de aplicación en el momento actual y por eso aceptó negociar la renovación.

“La razón por la cual ese primer intento de negociación no se llevó a buen término”, asegura Casado, “es que la ministra de Justicia [Dolores Delgado] filtró el nombre del que iba a ser propuesto para presidente del Tribunal Supremo antes incluso de que estuvieran nombrados los vocales”. Aquello, afirma el líder del PP, supuso “una auténtica injerencia en la libertad que tenía el Parlamento de nombrar a los vocales y de los vocales [a la hora] de nombrar a su presidente. Eso hizo que saltara por los aires la negociación”, sostiene.

En realidad lo que provocó la ruptura, en noviembre de 2018, fue la decisión del juez Manuel Marchena de renunciar a la presidencia del CGPJ cuando se conocieron las maniobras del PP para controlar este órgano través de los mensajes de WhatsApp de su entonces portavoz en el Senado, Ignacio Cosidó.

El paso atrás de Marchena, incómodo con unos mensajes que le situaban en la órbita del PP, desbarató la renovación del Consejo cuando la negociación ya estaba cerrada y había una lista de nombres que se iban a votar en el Congreso. De hecho, algunos de los candidatos a vocales ya habían comparecido en la comisión correspondiente del Congreso. Prueba de ello es que el PP no rompió las negociaciones cuando se supo que Marchena iba a presidir el Consejo (el 12 de noviembre) sino ocho días después, una vez que el magistrado ya había renunciado al puesto a la vista de los mensajes comprometedores de Cosidó.

Aquel Consejo iba a tener un presidente conservador (Marchena) pero mayoría progresista (11 a 9) y a Casado le gustaba mucho. Lo dijo públicamente antes de que todo se fuera al traste al elogiar su composición y subrayar la “independencia" y la "extraordinaria profesionalidad" de los magistrados y juristas candidatos. Especialmente de Marchena, "un jurista de los mejores que haya tenido España en las últimas décadas" que cuenta con "el respeto de toda la profesión”, aseguraba entonces el líder del PP.

Segundo intento: el PP culpa a Podemos

El segundo intento tuvo lugar en verano de 2020 y, según Casado, antes de esa fecha “nadie preguntó por la renovación de los órganos constitucionales porque en funciones [como estuvo el Gobierno casi todo 2019] y en estado de alarma no se pueden renovar”.

Tampoco es del todo verdad. El propio líder del PP se ofreció en enero de 2020, en una entrevista en televisión, a negociar la renovación a cambio de una “despolitización” de la justicia en general que entre otras cosas impidiese que en el futuro la Fiscalía General del Estado pudiese ser ocupada por alguien que haya ejercido responsabilidades políticas en los cuatro años anteriores a su nombramiento. Y pedía también la tipificación del delito de referéndum, y cambios en la regulación de las euroordenes. Incluso el CGPJ confiaba por aquellas fechas, a comienzos de 2020, en que la renovación se llevase a cabo en los primeros meses del año. Pero la pandemia lo paralizó todo.

De acuerdo con el relato de Casado, “en verano de 2020 hicimos el segundo intento de renovación de órganos constitucionales. Y mantuvimos la misma y única exigencia: la despolitización y el refuerzo de la independencia”.

En aquel momento, asegura, “llegamos a un acuerdo en cuatro puntos fundamentales: imparcialidad de la Fiscalía, se acaba en la siguiente elección nombrar a políticos, mayoría reforzada de tres quintos para cualquier decisión dentro del Consejo” con el objetivo de poner fin a las “mayorías supuestamente conservadoras y progresistas” y que no se permitiese “el nombramiento de políticos para vocales juristas y de jueces por el turno de juristas”.

Casado sostiene que en esa ocasión no exigió “la despolitización del sistema” porque el Gobierno argumentó que en “una democracia cuando ganas cambias la ley pero hasta entonces tienes que acatarlo. Y lo acatamos. Fuimos generosos”, subrayó.

“¿Y qué pasó?”, recuerda el líder del PP. “Que Podemos, cuando [este partido] fue imputado, se descolgó con una declaración no sólo contra el jefe del Estado sino contra el Poder Judicial diciendo que tenía que estar al servicio del Gobierno del cambio. Preguntamos por Podemos, nos dijeron que tenía que formar parte de la negociación, no nos negaron que fuese para poner [el CGPJ] al servicio del Gobierno del cambio y por supuesto que nos levantamos” de la mesa. “Se malogró el segundo intento por la única condición: reforzamiento de la independencia”, concluye.

En realidad aquella negociación se frustró cuando aún estaba en una primera fase por decisión del PP con la excusa de que el entonces líder de Podemos y vicepresidente tercero, Pablo Iglesias, había defendido la apertura de un debate público sobre la abolición de la monarquía coincidiendo con la decisión del rey emérito, Juan Carlos de Borbón, de abandonar España. Fue el 3 de agosto, nueve días antes de que Podemos criticase al juez que decidió imputar al partido por el llamado Caso Neurona. Y, según el PP, a raíz de aquellas declaraciones Casado ya transmitió a Moncloa que el pacto de renovación institucional no podía avanzar con el Gobierno “arremetiendo contra la Jefatura del Estado”. Aunque no fue hasta el 14 de agosto que el PP se levantó oficialmente de la mesa.

Tercer intento: los vetos del PP desbaratan el acuerdo

El tercer tiento es de marzo de este mismo año. Según Casado, el Gobierno volvió “a aceptar las cuatro premisas” del verano de 2020” y sobre la quinta, la reforma de la ley, “dijeron que hacían una subcomisión para estudiarla”. “¿Y por qué saltó la negociación? Porque propusieron a un juez que quería entrar por el turno de juristas, incumpliendo una de las condiciones, y a una jueza política en ejercicio incumpliendo otra condición”.

Efectivamente, fue el PP el que bloqueó aquel intento vetando esos dos nombres bloqueó(el PSOE no puso impedimentos a ninguno de los que planteó el principal partido de la oposición). Pero lo cierto es que la negativa de Casado no tiene base legal: nada más allá del veto del PP impide que la juez Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, sea nombrada vocal. Como tampoco que el magistrado José Ricardo de Prada sea nombrado por el turno de juristas porque, como establece el artículo 122.3 de la Constitución, tiene la condición de “jurista de reconocido prestigio”.

De Prada fue uno de los magistrados que firmó la sentencia sobre la primera época de actividades de la trama Gürtel,  trama Gürtel, que condenó al PP como partícipe a título lucrativo, y Rosell formó parte de las candidaturas de Podemos al Congreso de los Diputados.

Casado remató sus explicaciones diciendo que el PP decidió hacer de la reforma de la ley condición sine qua non de cualquier nueva negociación el pasado mes de julio porque fue entonces cuando “llegó la resolución de la Comisión Europea que dice claramente que cualquier reforma tiene que hacer que la mayoría de los miembros de los consejos sean elegidos por sus pares”. A partir de ese momento “exigimos la reforma” de la ley: “Europa ha hablado, exigimos lo mismo que dicen la Constitución y los estándares europeos”.

Sigue sin ser cierto. La Constitución no exige que la mitad de los miembros del CGPJ sean elegidos directamente por los juecesLa Constitución no exige sino que ocho sea designados por el Congreso y el Senado y el resto de acuerdo a lo que diga una ley (la vigente desde hace 36 años, con dos reformas posteriores, dice que también los nombran las Cámaras a partir de las propuestas de jueces y magistrados).

Y la Comisión Europea nunca se ha pronunciado diciendo lo que afirma Casado. Sí lo hizo en 2010, hace 11 años, el Consejo de Europa, un organismo de cooperación ajeno a la Unión Europea.

Sobre lo que sí se ha pronunciado Bruselas, a través de sus últimos informes anuales sobre el cumplimiento del Estado de Derecho en España, es precisamente sobre la necesidad de desbloquear lo antes posible la renovación del CGPJ.

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