Lesmes deja como legado una cúpula judicial en manos del sector conservador

El ya ex presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, en un pleno del CGPJ.

El todopoderoso Carlos Lesmes decidió poner esta semana punto y final a su etapa al frente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Tras cuatro años pilotando el órgano de gobierno de los jueces de forma interina, el magistrado decidió dar el paso harto de un bloqueo institucional "inaceptable" que amenazaba con alargarse de forma indefinida ante el enroque de los actores políticos . "Adopto esta decisión por respeto a la dignidad de las instituciones que presido y por respeto también a los jueces españoles que legítimamente esperan que quien les representa no permanezca impasible ante una situación que compromete gravemente el prestigio y el funcionamiento de la justicia entera", afirmó a través de un discurso grabado. Y así, entre frases contundentes, Lesmes acabó con un mandato de casi nueve años que, entre otras cosas, ha dejado en herencia una cúpula judicial con un importante peso conservador.

Los Tribunales Superiores de Justicia dan buena cuenta de ello. Al menos nueve de ellos, más de la mitad, se encuentran en estos momentos pilotados –ya sea de forma interina o con plena normalidad– por magistrados vinculados a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM). De corte conservador, es el colectivo mayoritario de la judicatura: aglutina a un cuarto de toda la carrera –más de 1.300 de los poco más de 5.300 jueces en activo–. Y al que estuvo afiliado el propio Lesmes antes de llegar a la cúspide del poder judicial. Lo hizo de la mano del PP, con quien previamente había hecho carrera política. Fue, durante los dos gobiernos de José María Aznar, director general de Objeción de Conciencia y director general de Relaciones con la Administración de Justicia, el enlace del Ejecutivo con asociaciones, Fiscalía u órgano de gobierno de los jueces.

La polémica ha rodeado durante el mandato de Lesmes a algunos de estos máximos responsables de tribunales superiores, cuya designación realiza de forma discrecional el propio CGPJ. Es el caso, por ejemplo, de José Luis Concepción Rodríguez, a quien se reeligió presidente del de Castilla y León y que llegó a comparar al Partido Comunista con el Partido Nazi. O de Miguel Alfonso Pasqual del Riquelme, vinculado a la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y a quien se puso al frente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Una designación que, de hecho, acabó en el Supremo. El magistrado fue elegido a pesar de que su rival, la magistrada Pilar Alonso, estaba 1.160 puestos por encima de él en el escalafón y contaba con mayor experiencia. El CGPJ tuvo que motivar bien la elección para evitar que se la tumbara el Alto Tribunal.

También buena parte de las Audiencias Provinciales están bajo la batuta del sector conservador. Según los datos recopilados por este diario, al menos 19. Es decir, casi cuatro de cada diez, mientras que otros colectivos como la AJFV, Juezas y Jueces para la Democracia o Foro Judicial acumulan en conjunto al menos 17 presidencias Como en el caso anterior, la polémica también ha rodeado alguno de estos nombramientos. Por ejemplo el de Antonio Ramón Recio, de corte conservador, al frente de la de Barcelona. El magistrado fue elegido frente a Ángels Vivas, que estaba más de un millar de puestos por encima en el escalafón y que había sido una de las firmantes del famoso manifiesto en el que se defendía la legalidad de una consulta en Cataluña. De ahí que recurriese, aunque sin éxito, el nombramiento ante el Supremo alegando discriminación por razón de sexo y vulneración de la libertad ideológica y de opinión.

A la espera de renovación

El resto, hasta el medio centenar de audiencias provinciales, o las ocupan magistrados de los que no se conoce vinculación alguna o están vacantes tras la jubilación forzosa, fallecimiento, cambio de puesto o renuncia de quienes estaban al frente. En esta situación se encuentran la de Gipuzkoa, Girona, Santa Cruz de Tenerife, La Rioja, Lugo, Teruel, Sevilla o Zamora. Y también se encuentran a la espera de renovación las audiencias provinciales de Burgos, Huesca, Ávila, Álava, Murcia, Cádiz o Barcelona. En estos casos, no obstante, los magistrados pueden continuar de forma provisional al frente del órgano hasta que se lleven a cabo las sustituciones pendientes.

Este bloqueo es consecuencia de una renovación del Poder Judicial frenada por el PP unida a una reforma que impide al órgano de gobierno de los jueces llevar a cabo nombramientos discrecionales cuando se encuentra en funciones. Una combinación que también afecta a los tribunales superiores o la Audiencia Nacional. En el primer caso, están pendientes de renovación los de Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunitat Valenciana, Murcia o La Rioja. En el segundo, está por cubrir la presidencia de la Sala de lo Penal. Hasta que se fue al TC, quien ocupó ese puesto fue una magistrada mil veces recusada por su cercanía al PP: Concepción Espejel, a la que el CGPJ de Lesmes designó a mediados de 2017. Quien la sustituya acompañará al conservador Eduardo Menéndez y al progresista José Pablo Aramendi en la cúpula de un órgano presidido por José Ramón Navarro, de la Francisco de Vitoria.

El control de la Sala Segunda

Pero donde es más importante el agujero es en el Tribunal Supremo. Ahí las salidas no se suplen y la plantilla no para de mermar. A la vuelta del verano había 14 vacantes sin cubrir, un 17% de la plantilla. Una cifra que, si no hay cambios, escalará hasta las 20 en los próximos meses, lo que equivaldría a un cuarto de sus efectivos. La Sala Tercera, la de lo Contencioso-Administrativo, es la que se lleva la peor parte. Ocho de sus 33 sillas se encuentran vacías, de forma que ahora mismo cuenta con el número mínimo de magistrados para poder componer sus cinco secciones. Esta es, justamente, la Sala a la que se incorporará Lesmes tras su salida del Poder Judicial. "La reincorporación a mi destino permitirá que, tras la próxima jubilación de uno d sus magistrados, mantenga, al menos por un tiempo, el mínimo imprescindible", decía el exjefe de los jueces en su discurso.

Durante la era Lesmes, la plantilla del Supremo, a cuyos magistrados designa de forma discrecional el CGPJ, ha estado en permanente cambio. Durante años, y hasta que la reforma legal limitó sus funciones en situación de interinidad, el órgano de gobierno de los jueces ha ido haciendo decenas de nombramientos en el Alto Tribunal. Puestos que, en algunos casos, acabaron en manos de magistrados cercanos al presidente del Poder Judicial. Es el caso de Esperanza Córdoba, que dio el salto desde el Servicio de Inspección del CGPJ y que es hermana de Diego Córdoba, uno de los hombres de la máxima confianza del hasta ahora jefe de los jueces. "Conozco a Carlos Lesmes, de quien creo ser buen amigo, desde hace muchos años", decía este último en El Mundo en diciembre de 2013.

Dentro de este círculo de confianza en el Alto Tribunal se encuentra Luis Díez-Picazo. Este jurista entró en el Supremo en 2008. Y siete años después, en 2015, dio la sorpresa al ser elegido, contra todo pronóstico, presidente de la Sala Tercera. Por primera vez, el órgano de gobierno de los jueces había tumbado el intento de un presidente de Sala, en este caso José Manuel Sieira, por optar a un segundo mandato de cinco años. Fue ahí, en lo más alto de lo Contencioso-Administrativo, cuando Díez-Picazo sumió al Supremo en una complicada crisis al frenar de forma brusca la doctrina sobre el pago del impuesto de las hipotecas. Al final, el Pleno terminó inclinando la balanza a favor de los bancos. Una banca cuyo centro universitario, Cunef, había tenido contratado a Díez-Picazo como profesor durante años, tal y como desveló infoLibre.

También en la Sala Tercera hay otro nombre propio cuya designación estuvo rodeada de polémica. Es Dimitry Berberoff, quien fue elegido como magistrado pocos años después de que Lesmes le designase jefe del Gabinete Técnico del Supremo, donde ejercía como letrado. El nombramiento fue recurrido por un magistrado de la Audiencia Nacional que se había quedado fuera de la última fase de selección. Alegaba en su recurso que tenía méritos superiores por su posición preferente en el escalafón de la carrera judicial y en el turno de especialistas. El Supremo, sin embargo, avaló la designación de Berberoff, a quien también se considera cercano a Lesmes: "Si el criterio fuese el de estricta antigüedad, que defiende la demanda, estaríamos ante un ámbito casi reglado de competencias (...) en las que el Consejo tendría un margen muy escaso de apreciación".

Más allá de la Sala Tercera, que se encarga de revisar las decisiones del Gobierno, uno de los caramelos a nivel político es la Segunda, la de lo Penal, por la que han pasado desde los líderes del procés a los casos de corrupción más importantes de este país. De la importancia de esta Sala dio buena cuenta Ignacio Cosidó, quien fuera portavoz del PP en el Senado, con aquel whatsapp que terminó por dinamitar una renovación del CGPJ, con el magistrado Manuel Marchena al frente, que parecía hecha: "Ha sido una jugada estupenda. Controlaremos la sala segunda (del Supremo) desde detrás".

Lo cierto es que ahora mismo la Sala de lo Penal se inclina hacia la derecha. De 16 miembros, presidente incluido, al menos a una decena se les considera de corte conservador. Ahí están, por ejemplo, Pablo Llarena, quien fue presidente de la APM, o Ángel Hurtado, único juez del tribunal de la Gürtel. que pidió la absolución del PP. También Antonio del Moral, vinculado al Opus Dei.

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