Bloqueo en el Poder Judicial

Bruselas pide al PP que desbloquee la renovación del CGPJ y la separa de la reforma del modelo de elección

La vicepresidenta de la Comisión Europea, Responsable de Valores y Transparencia, Vera Jourová.

La vicepresidenta y comisaria de Valores y Transparencia de la Comisión Europea, la checa Věra Jourová, defiende una reforma acordada del procedimiento de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que ha regido en España durante 37 años, pero la desvincula de la verdadera urgencia: que el PP desbloquee la renovación de este órgano constitucional, en funciones desde hace tres años y medio.

Jourová tuvo ocasión de insistir en el punto de vista de Bruselas sobre este asunto en el transcurso de una vista a Madrid en la que habló ante la Comisión de Justicia del Congreso, donde pudo presenciar la profundidad del enfrentamiento político que genera esta cuestión, y con el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños. La comisaria reunió información para el informe que su departamento publicará en las próximas semanas en torno al complimiento de las normas del Estado de Derecho en España, en el que volverá a pronunciarse sobre este asunto.

La representante de la Comisión no se refirió expresamente al PP —intentó evitar entrar en todo momento en el barro de la política española— pero el énfasis con el que urgió a renovar de una vez el CGPJ sólo puede tener como destinatario al partido presidido por Alberto Núñez Feijóo, el único que lleva bloqueando el nombramiento de nuevos vocales desde el 4 de diciembre de 2021.

La nueva dirección del PP confirmó este lunes que mantendrá la estrategia del antecesor de Feijóo, Pablo Casado, y exigirá que la renovación del Consejo esté vinculada a una reforma de la Ley del Poder Judicial de 1985 para que los doce vocales que durante casi cuatro décadas el Congreso y el Senado han elegido a partir de las propuestas que les hacen llegar las asociaciones judiciales pasen a ser seleccionados directamente por jueces y magistrados. Una modificación legal que sólo respalda la derecha —PP, Vox, Ciudadanos, Foro y UPN—, como demostró el Congreso el pasado mes de septiembre al rechazarla por una amplísima mayoría absoluta.

 El PP entregó a la comisaria un informe detallando la, a su juicio, gravísima situación de la justicia española, con el que espera convencerla para que en el informe sobre el Estado de Derecho exija al España varias modificaciones legislativas, incluidas nuevas limitaciones para la elección del Fiscal General del Estado. El grupo parlamentario popular no quiso atender la petición de este diario para dar a conocer el informe.

El ministro Bolaños, por su parte, difundió un comunicado tras su reunión con Jourová subrayando que ambos “coinciden en la urgencia de renovar el Consejo General del Poder Judicial”.

Bolaños informó a la comisaria de los esfuerzos que el Gobierno de España viene haciendo durante todo este tiempo para renovar el órgano de gobierno de los jueces, un objetivo imposible mientras el PP se niegue a hablar del asunto, y le explicó que el modelo de elección de sus integrantes es el resultado de un sistema que lleva en vigor desde 1985 y “que ha sido pactado por las principales fuerzas políticas”, según el comunicado difundido por el ministerio.

La posición del Gobierno sigue siendo que el modelo actual da suficiente participación a jueces y magistrados porque Congreso y Senado no son libres para elegir a doce de los 20 vocales porque deben escoger a partir de una lista cerrada seleccionada previamente por las asociaciones judiciales. “En España, los jueces participan en la elección de su órgano de gobierno”, que “se hace también a través del órgano que representa al pueblo español que es el Congreso de los Diputados, tal y como prevé la Constitución”, recordó este martes la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.

La actitud “inasumible” del PP

“El drama hoy en España no es el procedimiento de elección de los jueces” sino que el principal partido de la oposición “se niega a cumplir Constitución” desde hace “1.288 días”. Eso, advirtió Rodríguez, “es inasumible” en un Estado de Derecho porque la Constitución no se puede cumplir a la carta o a beneficio de inventario, sino que la deben cumplir todos los ciudadanos y “también el señor Feijóo”, al que ha reprochado que el PP se vaya a tomar un mes más, como anunció el lunes el vicesecretario Esteban González Pons, antes de hablar de la renovación del CGPJ con el Gobierno.

La “clave”, afirmó la comisaria Jourová, es renovar el CGPJ para evitar que se perciba como un “órgano politizado”, independientemente de que se estudie una reforma de la legislación para que la mayoría de los vocales sean elegidos directamente por los jueces.

“En el informe de 2021, la Comisión reiteró su preocupación sobre el hecho de que no se estuviera renovando el CGPJ. Es clave que España se ocupe de esta cuestión para que el estamento judicial no sea politizado, para que no tenga esa vulnerabilidad”, declaró al comisaria durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.

Jourová rehusó adentrarse en el “debate político” —“casi pelea”, dijo— que se está desarrollando en España en torno a este asunto, pero si dejó constancia de la “preocupación” de Bruselas por el prolongado bloqueo que sufre al CGPJ, algo que aparecerá recogido en el informe que publicará el próximo mes de julio.

“Tenemos una gran preocupación en relación con el CGPJ en España y queremos que esta situación se desbloquee cuanto antes, que se cumpla lo previsto y los estándares generales en Europa”. “Esta cuestión de los nombramientos debe solucionarse cuanto antes”.

La comisaria anticipó también que en el informe de julio incluirá “un comentario acerca de la fiscal general, sobre su autonomía e independencia", después de que tanto el diputado del PP Luis Santamaría como el de Vox Carlos Zambrano denunciasen el “marcado carácter político” de la fiscal de carrera Dolores Delgado por haber sido previamente ministra de Justicia.

Jourová sí anticipó que Bruselas tiene limitaciones en lo que puede exigir porque en toda Europa los modelos son muy distintos. El CGPJ sólo existe “en diez u once” Estados miembros, recordó, lo que significa que la mayoría de los países carecen de un órgano semejante. Incluso en casos extremos como el de Polonia, donde el ministro de Justicia es también el Fiscal General, no pueden intervenir porque así está recogido en su Constitución, precisó.

Examinar el Estado de Derecho en los países de la UE, concluyó, es “un trabajo muy sutil” que consiste en analizar el sistema de controles y contrapesos en su conjunto para determinar si las “imperfecciones” de algunos engranajes se corrigen en otros.

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