Lesmes denuncia 1.373 días después el bloqueo del PP a la renovación del CGPJ y amenaza con su dimisión

Un órdago. Eso es lo que el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, planteó este miércoles en el acto solemne de apertura del año judicial 2022-2023. O el PP desbloquea “en semanas” la renovación del CGPJ del con arreglo a la legislación vigente, proponiendo los vocales que le corresponden y poniéndose de acuerdo con el PSOE para que el Congreso y el Senado pongan fin a la interinidad de casi cuatro años, o Lesmes dimitirá.

Ese órdago parte de un Lesmes desprestigiado por su histórica afinidad con el PP y sitiado ahora por los vocales más conservadores. Pretende sacudir al principal partido de la oposición para que ponga fin al boicot que inició en 2018 con el objetivo de que el Consejo mantenga una mayoría conservadora afín a sus intereses y no renueve su composición para adaptarse a la mayoría progresista salida de las urnas.

En el acto estaba, en las primeras filas, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que se ha negado a negociar la renovación con el Gobierno. Según Feijóo, el motivo ha sido hasta ahora una reforma legal aprobada por el Congreso para permitir que el CGPJ pueda nombrar, aún estando en funciones, a los dos magistrados del TC que le corresponde designar en estos momentos para cubrir la mitad de las plazas vacantes del tribunal arbitral (las otros dos los nombra el Gobierno).

El PP trata, por todos los medios a su alcance, de boicotear esa renovación del Constitucional, que de consumarse pondrá fin a años de dominio conservador en un tribunal que en los últimos años ha condenado en varias ocasiones al actual Gobierno, en dos de ellas por la declaración de estado de alarma que había validado el Congreso de los Diputados durante la pandemia. 

El sesgo político del TC, que tal y como establecen la Constitución y las leyes se adapta periódicamente a las mayorías políticas del Congreso y el Senado, se considera decisivo para la suerte que puedan correr en el futuro muchos de los recursos que PP y Vox han planteado contra iniciativas clave del Ejecutivo de Pedro Sánchez, entre ellas la Ley de Educación, la Ley de Eutanasia o la del Aborto de 2010, cuya ampliación será debatida en el Congreso en las próximas semanas.

Como parte de esa estrategia, alentada por la derecha política y mediática, un grupo de ocho vocales conservadores del actual CGPJ —en funciones desde hace casi cuatro años— se han puesto de acuerdo para boicotear la legalidad e impedir, o al menos retrasar, el nombramiento de los dos vocales del TC que le corresponde nombrar. Se trata de una posibilidad que el presidente de este órgano, Carlos Lesmes, descarta por completo, porque supondría poner al Consejo, que gobierna nada menos que a los jueces españoles, “en rebeldía” frente a las ley.

Presiones

La presión del PP sobre sus afines en el Consejo y del Gobierno sobre los vocales considerados progresistas —los primeros para incumplir la ley, los segundos para cumplirla— está contaminando aún más las deliberaciones de un órgano cuya interinidad prolongada no ha hecho otra cosa que alimentar su descrédito.

Ese fue, precisamente, uno de los argumentos utilizados por Lesmes en su discurso para dirigirse pública y directamente a Sánchez y a Feijóo y pedirles que resuelvan la grave situación a la que ha abocado la falta de renovación del CGPJ una vez entró en vigor la reforma que impide a un Consejo en funciones hacer nombramientos. 

“Los efectos de esta ley son devastadores”, subrayó. “El Tribunal Supremo tiene 14 vacantes sin cubrir y en los próximos meses serán 20, lo que representa el 25% de sus efectivos. De las 116 presidencias de tribunales existentes en nuestro país, 49 de ellas no están desempeñadas por un presidente titular y el próximo 21 de diciembre la Sala de Justicia del Tribunal Militar Central dejará de actuar por falta de todos sus miembros procedentes del Cuerpo Jurídico Militar predeterminados en la Ley ya que las vacantes no han podido ser repuestas”.

 “El estropicio”, prosiguió Lesmes, “es tan grande” que ha puesto la Justicia “en una situación límite” que “en unos meses será insostenible”. 

“Solicito pública y solemnemente al presidente del Gobierno de España y al jefe de la oposición y máximos responsables de los partidos políticos con mayor representación parlamentaria que se reúnan con urgencia y lleguen a un acuerdo que ponga solución definitiva a esta situación insostenible que acabo de describir, de manera que el Consejo sea renovado en las próximas semanas”. De no producirse, reclamó, debería al menos “ser restituido en la plenitud de sus competencias” para que pueda volver a hacer nombramientos aunque lleve cuatro años en funciones y su composición no se corresponda con lo previsto en la ley y en la Constitución.

Por primera vez en los 1.373 días que lleva en funciones (tres años y nueve meses), Lesmes no tiene dudas sobre la responsabilidad del PP en el bloqueo. En su discurso recordó que sólo “una vez cumplido el deber de renovación” que impone la Constitución, “y solo entonces, será hora sin duda de abordar otros debates, como el que afecta a la forma de designación de los miembros del órgano de gobierno de los jueces”. Y subrayó, en clara alusión al partido de Feijóo: la renovación ”no se puede supeditar por ninguna fuerza política a sucesivas condiciones que impiden el cumplimiento del claro mandato constitucional del plazo, que no admite interpretaciones”. 

Feijóo no se da por aludido

El líder del PP, sin embargo, no se dio por aludido después de escuchar el discurso del presidente del CGPJ en funciones. En un corrillo con periodistas aseguró estar dispuesto a hablar de este asunto con Sánchez en cuanto el presidente le llame, pero fuentes del partido precisaron más tarde que mantiene las condiciones que puso el pasado mes de julio para poner fin al bloqueo y renovar el Consejo.

Nada más concluir el acto, la ministra de Justicia, Pilar Llop, se dirigió a Feijóo para pedirle que cuanto antes proponga a sus candidatos para el nuevo Consejo. Fuentes del PP aseguran que declinó la oferta diciendo que “no se trata de repartir nombres, sino del currículum y los parámetros de experiencia e independencia que deberán cumplir los futuros y posibles candidatos”.

Durante los 33 años en los que se renovó con normalidad el CGPJ, a veces con el PSOE en el poder y otras con el PP en el Gobierno, la negociación ha versado sobre cuántos vocales propone cada grupo político y no sobre sus nombres, doce de los cuales salen de la lista de 50 personas que eligen las asociaciones de jueces y magistrados y el resto, como establece la Constitución, de juristas de reconocido prestigio designados por los partidos con representación en el Congreso y el Senado.

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Las condiciones que el PP puso en julio para abrir las negociaciones, que luego suspendió indefinidamente cuando supo que el Gobierno iba a permitir al Consejo cubrir las vacantes que le corresponde destinar en el TC y que a día de hoy mantiene, incluyen desde reformas para impedir que la Fiscalía General del Estado pueda ser ocupada por alguien que haya servido en cargos políticos a la modificación de la ley vigente para que el Consejo pueda volver a hacer nombramientos aunque lleve años en funciones. 

También exigen que en el cupo de juristas de prestigio no pueda haber jueces o magistrados en ejercicio, un punto con la que intentan impedir que el PSOE proponga al juez José Ricardo de Prada, autor de la primera condena al PP por el caso Gürtel. Y piden que se ponga en marcha la reforma del modelo de elección del Consejo que defienden la derecha y las asociaciones judiciales y que el Congreso rechazó hace ahora un año por amplia mayoría.

Son “excusas para no cumplir con el mandato constitucional de renovar el CGPJ en tiempo y forma”, según fuentes del Gobierno consultadas por infoLibre. Feijóo lo único que hace es añadir “un pretexto más a sus maniobras dilatorias”. Ante la Constitución, subrayan las mismas fuentes, “sólo hay dos actitudes” posibles: “cumplirla en todos sus puntos, como defiende el Gobierno, o interpretarla a conveniencia y obstruir su cumplimiento, como insiste en hacer el PP. El Gobierno siempre ha tenido y sigue teniendo la disponibilidad de renovar el CGPJ bajo la ley actual y bajo el mandato constitucional”. Si el PP quiere, “se puede hacer hoy mismo”.