El Tribunal de Cuentas fiscalizará este año el sistema Cometa de seguimiento telemático de agresores machistas con orden de alejamiento, tanto la adjudicación como la ejecución del contrato hasta finales de 2025. Entre las 118 actuaciones programadas para este ejercicio por el tribunal fiscalizador, presidido por Enriqueta Chicano, hay cuatro que tienen que ver con el ámbito de la igualdad y la lucha contra las violencias machistas.

Abordar la fiscalización del contrato de Cometa ha sido decisión propia del Tribunal de Cuentas. Esta evaluación se acometerá meses después de que trascendieran problemas generados tras el cambio de contrato del sistema de control de agresores machistas, así como otros fallos técnicos. El Tribunal de Cuentas también evaluará en este ejercicio la utilización de fondos públicos que han hecho tres servicios relativos a la lucha contra las violencias machistas y cuya gestión se vinculó en los últimos años a los Fondos Europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Así, fiscalizará la creación y puesta en funcionamiento de los centros 24 horas de atención integral a las víctimas de violencia sexual, las subvenciones para la atención e inserción sociolaboral y de acompañamiento a las mujeres y niñas víctimas de trata con fines de explotación y mujeres en contextos de prostitución y las subvenciones para la mejora integral del servicio de teleasistencia de víctimas de violencia machista (Atenpro).

Estas tres evaluaciones abarcarán la actividad entre 2021 y 2025. La relativa a Atenpro estará lista en 2026, mientras que las de los centros de crisis y las de atención a víctimas de explotación sexual no se esperan hasta 2027.

Además de estas fiscalizaciones específicas, el Tribunal de Cuentas hará otras en las que la igualdad de género tendrá una destacada relevancia, como son la planificación de los recursos en la Administración General del Estado y de los recursos humanos en los ministerios de Defensa; Interior; Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; Sanidad; Educación, Formación Profesional y Deportes; y Cultura. 

La ruptura de Junts con el Gobierno de Pedro Sánchez ha tenido un efecto balsámico sobre el Tribunal Constitucional. El órgano de garantías ha dejado de sufrir presiones de unos y otros para decidir cuanto antes los recursos e impugnaciones pendientes relacionados con la ley de amnistía. El tribunal, que avaló el pasado junio la constitucionalidad de la norma, no tiene previsto resolver sobre el fondo de los recursos de amparo de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y el resto de los líderes del procés hasta que se pronuncie el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), algo que se espera para enero. Una resolución que estime el encaje de la ley de amnistía en el ordenamiento europeo cerraría la puerta a nuevas cuestiones prejudiciales procedentes de tribunales españoles al ejecutar los hipotéticos amparos a Puigdemont y al resto de dirigentes condenados y procesados a los que el Supremo no aplicó la norma.

El último acto del aluvión de recursos, cuestiones y amparos planteados se produjo este martes. Los magistrados retiraron del orden del día del Pleno las peticiones de que se dejaran sin efecto las penas de inhabilitación del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y los exconsellers Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa. Los ponentes de las resoluciones, el presidente Cándido Conde-Pumpido (progresista) y los conservadores José María Macías y César Tolosa coincidieron en oponerse a la medida cautelar solicitada por los dirigentes del procés condenados, aunque con distintos argumentos. Con la retirada del asunto se busca coordinar los razonamientos para denegar las cuatro peticiones que sí apoyaba el Abogado del Estado. Se da por seguro que el resto de magistrados votarán en el mismo sentido.

El retraso en la resolución de esas medidas cautelares permite, además, al tribunal, ganar tiempo de cara a la próxima resolución por el TJUE de las dos cuestiones prejudiciales contra la ley planteadas por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional. El informe del abogado general de la UE, presentado el pasado 13 de noviembre, fue muy favorable a las tesis del Gobierno al sostener que la ley de amnistía no afecta a los intereses financieros de la UE ni tampoco a la directiva europea sobre terrorismo. Si, como se da en la inmensa mayoría de casos, la resolución final del tribunal europeo sigue el criterio del abogado general, el Constitucional tendría manos libres para estimar los recursos de amparo de los cargos independentistas contra la decisión del Supremo de no amnistiar la malversación.

El fondo de esos recursos no es la constitucionalidad de la norma, algo ya confirmado por el tribunal, sino que tiene que ver con derechos fundamentales que suponen garantías básicas del proceso, como el derecho a la legalidad penal (que se aplique la disposición prevista al caso, es decir la ley de amnistía) o la retroactividad de las disposiciones sancionadoras más favorables (la ley de amnistía lo es). La Sala de lo Penal del Supremo, en una decisión muy cuestionada, decidió no aplicar esa ley al delito de malversación al considerar –en contra de lo que establece su propio texto, la intención reflejada en su exposición de motivos y la de los grupos políticos que la apoyaron–, que los condenados y procesados se habían enriquecido personalmente al dedicar fondos públicos al procés. Tras meses de debates y polémicas parlamentarias, sus magistrados fueron, probablemente, los únicos que no entendieron o no quisieron entender cuál era la finalidad de la amnistía.

Pese al rechazo casi unánime a dejar sin efecto de manera cautelar las penas de inhabilitación en este momento –las derivadas, precisamente, de la condena por malversación– hasta que haya sentencia sobre el fondo del asunto, en el Constitucional se da por seguro que la mayoría progresista sacará adelante las resoluciones que estimen los recursos de amparo. Esas sentencias, que declararán previsiblemente que las garantías básicas de los condenados y procesados fueron vulneradas nada menos que por la máxima instancia penal española, obligarán al Supremo, esta vez sí, a amnistiar los delitos de Puigdemont y el resto de exconsellers.

Esperar al TJUE tiene, además, otra ventaja más para el Constitucional. Tras las resoluciones que rebajaron las penas de la pieza política de los ERE –entre ellas las de Manuel Chaves y José Antonio Griñán– la Audiencia de Sevilla, que tenía que redactar nuevas sentencias, decidió no acatar los amparos concedidos por el Constitucional y cuestionarlos en Luxemburgo. La cuestión prejudicial, planteada después de que la reclamara el PP e inspirada por los votos particulares de los magistrados del TC a propuesta de ese mismo partido, no parece que tenga mucho recorrido, aunque sí puede retrasar la resolución definitiva de esos casos. Esperar al TJUE en el caso de la amnistía podría acabar con la tentación del Supremo de ejecutar una maniobra semejante para combatir un futuro amparo a Puigdemont que le permitiría volver a España sin riesgo de ser encarcelado.

Vox es, junto a Nueva Canarias, el partido que ha recibido un mayor número de sanciones por parte del Tribunal de Cuentas (TCu). La última resolución del organismo en la que se le impone una multa al partido de Santiago Abascal data del mes de julio y se debe a que Vox recibió donaciones ilegales en 2020. Además, como ha revelado la investigación Money to the far-right (Dinero a la ultraderecha), de infoLibre y Follow the Money, Vox se ahorró una quinta sanción gracias a que otro caso de donaciones investigado en ese mismo expediente prescribió debido a los retrasos del TCu.

Pero esa no fue la única multa de la que se libró el partido. La formación de extrema derecha evitó otra más gracias a ocultar los detalles de su contabilidad al Tribunal de Cuentas. La resolución de julio del TCu, obtenida tras una solicitud de información vía ley de transparencia realizada por infoLibre y Follow the Money, desvela que el organismo fiscalizador solicitó a Vox la relación de donaciones recibidas por el partido para varias campañas, pero la formación no entregó la documentación.

Esto le permitió eludir la sanción, ya que el Tribunal de Cuentas fue incapaz de corroborar cuánto dinero había recibido Vox para una de esas campañas. Los donativos se habían solicitado para que el eurodiputado Hermann Tertsch pagara la indemnización que la Justicia le impuso por vulnerar el honor del abuelo del exvicepresidente Pablo Iglesias al mentir sobre él. 

El TCu pudo comprobar que Vox había donado 15.500 euros a Tertsch para pagar esa indemnización, pero, por la falta de esa contabilidad detallada, no pudo corroborar que ese dinero había llegado a la formación de donaciones finalistas hechas por particulares. A pesar de esa falta de acreditación, la prensa se había hecho eco de que la campaña de Vox estaba dando sus frutos y que el dinero estaba llegando por parte de simpatizantes del partido.

Los partidos en España tienen prohibido pedir o aceptar donaciones finalistas; es decir, donativos que se entreguen para que se destinen a un fin en concreto. Aun así, Vox ha solicitado y recibido este tipo de donaciones en varias ocasiones e, incluso, anteriormente, el Tribunal de Cuentas le ha sancionado por ello.

Cuando el organismo fiscalizador comenzó a revisar las cuentas del partido del año 2020 detectó tres casos con donaciones finalistas —además, de otra infracción por el dinero que recibían en efectivo e ingresaban como donaciones anónimas, algo que también está prohibido por ley—.

Esos tres casos correspondían a las donaciones que Vox pidió para personarse ante la Justicia contra el entonces ministro José Luis Ábalos por el encuentro con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Madrid-Barajas; las que reclamó para comprar un coche nuevo para un concejal al que le habían quemado su vehículo; y las que solicitó para que Hermann Tertsch no gastara su dinero en pagar la indemnización que le impuso la Justicia.

El primer caso acabó en sanción. El segundo no, porque fue el que prescribió por solo un día. ¿Pero qué pasó con el tercero? Vox también se salvó. A pesar de la infracción, el TCu no pudo acreditar la recepción de las donaciones para ayudar al eurodiputado Hermann Tertsch y el partido ultra se salió con la suya.

El Tribunal detectó las donaciones finalistas para apoyar a Tertsch cuando revisó la contabilidad de Vox de 2020. Por ello, advirtió de una tercera infracción por la aceptación de ese tipo de donativos prohibidos por la ley. Aun así, al organismo le faltaba información. Todas las donaciones reflejadas en las cuentas de Vox no venían con la indicación de a qué campaña estaban destinadas.

Es entonces cuando el TCu se dirige a Vox y le solicita "la relación de ingresos recibidos en las distintas campañas de captación de fondos del partido político" en 2020. El organismo ya había pedido esas cuentas a la formación para 2018 y 2019 y esta las había entregado, algo que sirvió para poder sancionar algunas de las infracciones previas de Vox. Pero en esta ocasión el partido cambia de forma de proceder. Decide no hacer caso a las peticiones del Tribunal y no entrega las cuentas, a pesar de que el TCu las solicitó "en varias ocasiones".

El partido tampoco informó del "importe global" que había obtenido vía donaciones para cada una de las tres campañas. Debido a esa falta de información, el organismo no pudo determinar "el importe total recibido y aceptado para cada una", según indica la propia resolución. Es ahí cuando el Tribunal de Cuentas intenta por otros medios acreditar qué ha pasado exactamente y cuánto dinero se ha recibido en esas donaciones.

El Tribunal emprende entonces la búsqueda por su cuenta. Así, localiza tuits de Vox anunciando lo recaudado para el caso de la personación contra Ábalos. Esto permite al organismo sancionar al partido por esa campaña. Sobre el caso del concejal no se realiza ninguna otra indagación porque ya se había producido la prescripción. Y sobre el de Hermann Tertsch, la búsqueda no da los resultados esperados.

A diferencia del caso de Ábalos, el Tribunal de Cuentas no encuentra anuncios públicos de Vox sobre lo recaudado y, por ello, la infracción no acaba en sanción, ya que el organismo no puede cuantificar realmente hasta qué punto se recibieron esas donaciones. De hecho, en las cuentas entregadas por Vox solo pudieron localizar una que indicaba un concepto relacionado con la campaña de Tertsch —no quiere decir que no hubiera más, en el caso de Ábalos solo encontraron siete, que sumaban 240 euros, pero los tuits de Vox confirmaban 20.000 euros recaudados—.

En cualquier caso, gracias a la ocultación de las cuentas detalladas que había pedido el Tribunal, Vox se sale con la suya. En total: dos de las tres infracciones detectadas en la resolución de julio acabaron sin sanción, a pesar de que el TCu recoge en su resolución que "se deben calificar los ingresos recibidos y aceptados [por Vox] como tres infracciones continuadas" distintas.

Vox no anunció públicamente cómo había terminado la campaña para ayudar a Tertsch, pero The Objective aseguró el 10 de julio de 2020, el mismo día que había arrancado, que el partido había recaudado ya algo más de 10.200 euros del total de 12.000 que la Justicia había impuesto como indemnización al eurodiputado.

El caso se remonta a un artículo de Tertsch en ABC en 2016, en el que acusaba a Manuel Iglesias, abuelo del exvicepresidente Pablo Iglesias, de participar en el fusilamiento de dos personas y lo calificaba de "miliciano criminal". La Justicia resolvió que Tertsch había "tergiversado la realidad de los hechos con claro ánimo de difamar y desacreditar" y le condenó por "intromisión ilegítima en el honor". La indemnización se la tuvo que abonar a Javier Iglesias, hijo de Manuel y padre del exvicepresidente, que era quien había denunciado.

El Tribunal de Cuentas lo que sí pudo acreditar, a través de la documentación entregada por Vox, es que el partido había donado en octubre de 2020 un total de 15.500 euros a Tertsch. La explicación a que la cifra sea superior a los 12.000 que suponía la indemnización puede deberse a que el político ultra también había sido condenado a pagar las costas del proceso.

En cualquier caso, la información recopilada, debido a la falta de colaboración de Vox, fue insuficiente para que el organismo considerara que podía sancionar al partido. De hecho, en su resolución el TCu cita al Tribunal Supremo y recuerda que los artículos de prensa no sirven como pruebas casacionales y que, por tanto, a pesar de la publicación de The Objective, como Vox no ha facilitado las cuentas y tampoco ha anunciado públicamente cuánto recaudó, no le puede imponer una sanción por la infracción.

"El Tribunal debe investigar por su cuenta para corroborar que la información periodística es veraz. La pregunta es: ¿tiene medios suficientes?", detalla a infoLibre Inés Olaizola, catedrática de Derecho Penal en la Universidad Pública de Navarra y vocal del Consejo de Navarra, órgano consultivo superior de esta comunidad autónoma.

La experta, además, apunta a la posibilidad de que Vox acabe sancionado, pero por otro motivo: no haber entregado la información que le pedía el TCu. "La legislación contempla la posibilidad de sancionar a un partido cuando no completa la información requerida por el Tribunal de Cuentas, pero es necesario que el órgano fiscalizador tenga los suficiente medios y agilidad para poder actuar", explica.

La ley de financiación de partidos (LOFPP) recoge como una infracción "la presentación de cuentas incompletas o deficientes que impidan al Tribunal de Cuentas llevar a cabo su cometido fiscalizador". infoLibre ha preguntado al TCu si esto es lo que sucedió con Vox y si se está estudiando esa posible infracción, pero el organismo no ha respondido.

Uno de los problemas con este caso está en que una vez abierto el expediente sancionador, la ley no permite solicitar información o documentación extra al partido político, que es el posible afectado, ya que podría servir para incriminarlo. Pero el Tribunal de Cuentas la había solicitado antes de iniciar el expediente en varias ocasiones y Vox había hecho caso omiso. 

Esa forma de actuar también contraviene la LOFPP, que recoge el deber de colaboración de los partidos políticos. "Estarán obligados a la remisión de cuantos documentos, antecedentes, datos y justificaciones les sean requeridos por el Tribunal de Cuentas para el cumplimiento de su función fiscalizadora", reza su artículo 19.

Consulta aquí la resolución completa del Tribunal de Cuentas sobre las donaciones de Vox:

Lee aquí la investigación completa Money to the far-right de infoLibre y Follow the Money.

El 28 de julio el Tribunal de Cuentas (TCu) sancionó a Vox por recibir donaciones para una finalidad concreta, algo que está expresamente prohibido por la ley de financiación de partidos (LOFPP). La multa ascendió a 50.000 euros y era ya la cuarta que el organismo imponía al partido de ultraderecha por financiación irregular.

Esa infracción obedecía a la petición de donativos por parte de Vox para personarse ante la Justicia contra el entonces ministro José Luis Ábalos por el paso de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, por el aeropuerto de Madrid-Barajas —el caso acabó archivado—. Pero ese incumplimiento por parte de Vox no es el único que el organismo de fiscalización recogió en su resolución de este verano.

La investigación Money to the far-right (Dinero a la ultraderecha), realizada por infoLibre y Follow the Money, revela que el Tribunal de Cuentas apreció otra infracción continuada en las cuentas de la formación política de Abascal. A pesar de ello, el TCu avisó tarde del inicio del expediente sancionador al partido y el caso prescribió sin que se pudiera sancionar. El plazo caducó por un solo día.

Todo se remonta a una campaña para recaudar fondos en febrero de 2020. El 24 de ese mes, Sergi Fabri, concejal de Vox en Salt (Girona), denunció en la red social X que le habían quemado el coche. Junto a un vídeo del vehículo en llamas, tuiteó el siguiente mensaje: "El precio de defender a ese pueblo humilde y trabajador que quiere vivir tranquilo". En declaraciones a El Confidencial aseguró no saber quién había podido ser, pero que la "vinculación política con el hecho es evidente".

Días después, el 28 de febrero, Vox lanzó una campaña: "Ayudemos a nuestro concejal Sergi a recuperar su coche". En pocas horas, según publicaron en su página web, consiguieron el dinero necesario para que el concejal pudiera "adquirir un coche nuevo".

Los fondos recabados a través de esa petición eran donaciones finalistas, según el TCu. Esos donativos son los que se entregan con un destino o fin concretos, como, por ejemplo, la celebración de un evento puntual, la financiación de una causa judicial o un crowdfunding, como hizo Vox para el caso del coche del concejal.

Y los partidos en España tienen prohibido pedir o recibir ese tipo de donaciones. La ley lo impide porque podrían comprometer la autonomía y la independencia de las formaciones políticas. Se hace para "evitar la 'compra' de un partido", explica a infoLibre Inés Olaizola, catedrática de Derecho Penal en la Universidad Pública de Navarra y vocal del Consejo de Navarra, órgano consultivo superior de esta comunidad autónoma.

"Es para evitar contraprestaciones concretas: 'Hago la donación para que hagas algo concreto'. Porque esto podría tener una deriva peligrosa con intereses encubiertos. Podría llegar a la captura del legislador: 'Yo te dono para que cuando llegues al poder hagas cosas concretas que me favorezcan'. La cuestión es más dudosa en los supuestos en los que el propio partido marca la finalidad, por ejemplo, en los casos de crowfunding, donde las pequeñas aportaciones tienen precisamente una finalidad. Sin embargo, la ley no diferencia, y prohíbe de forma tajante la donación finalista. Hay una suerte de principio de desconfianza", explica.

La resolución del Tribunal de Cuentas de este verano, obtenida tras una solicitud al amparo de la ley de transparencia realizada por infoLibre y Follow the Money, muestra que el organismo de fiscalización investigó el caso de las donaciones para la compra del coche. El problema se produjo con los plazos. El TCu pudo comprobar que Vox había recibido donaciones con ese fin, al menos, hasta el 3 de marzo de 2020. 

El plazo para este tipo de sanciones administrativas es de cinco años. El Tribunal abrió el expediente sancionador el 27 de febrero de 2025, aún dentro del tiempo estipulado. Pero no notificó a Vox ese inicio hasta el 4 de marzo de 2025, ya fuera de plazo aunque por un solo día.

El Tribunal de Cuentas suele trabajar con cierta demora. A día de hoy, las últimas cuentas de los partidos políticos que ha fiscalizado son las del ejercicio de 2020. "El Tribunal actúa siempre con mucho retraso. Los informes tardan años en salir. Ya sea por razones de complejidad de su trabajo o por falta de medios", explica Olaizola. infoLibre ha preguntado al organismo por qué se produjo el retraso que llevó a la prescripción de la infracción, pero el Tribunal de Cuentas no ha respondido.

A pesar de que debido a ese retraso el TCu no pudo entrar a resolver y sancionar el caso, el organismo deja claro en su resolución que Vox recibió y aceptó "varias donaciones finalistas" para la compra de un nuevo coche, "cometiendo presuntamente varias infracciones muy graves". El Tribunal, además, las califica como "continuadas".

La situación no es distinta de la que terminó con una sanción a Vox ese mismo mes de julio, que versaba sobre una campaña similar en la que el partido había recopilado donaciones para personarse contra el entonces ministro José Luis Ábalos en el caso de la entrada en el aeropuerto de Madrid-Barajas de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez.

De hecho, Vox ya había sido penalizado por casos similares. En total, la formación suma 1,15 millones de euros en multas del Tribunal de Cuentas por cuatro infracciones distintas, más de lo que se ha impuesto nunca a ningún otro partido político.

Vox ha recurrido ante el Tribunal Supremo todas las sanciones. Al igual que hizo en el caso de julio ante el Tribunal de Cuentas, Vox se justifica en que, bajo su parecer, las únicas donaciones finalistas prohibidas son aquellas en las que el donante "fija unilateralmente la finalidad". Es decir, según Vox, si los partidos son quienes indican la finalidad de las donaciones, estas no serían ilegales. Pero el TCu ha resuelto ya en múltiples ocasiones que esto no es así. 

"El legislador ha prohibido, por un lado, que los donantes impongan condiciones a los partidos políticos para recibir donaciones y, por otro, que las formaciones políticas reciban o acepten donaciones finalistas, independientemente de quién fije la finalidad", asegura el Tribunal de Cuentas en su resolución de julio. A pesar de ello, Vox se ahorró esa quinta sanción gracias a la prescripción del caso por la tardanza del organismo fiscalizador.

El Tribunal de Cuentas ha sancionado a Vox por tercera vez por su financiación y le ha impuesto una multa de 50.000 euros, por haber recibido o aceptado donaciones finalistas en 2020. Ha informado EFE.

Según ha informado el tribunal en una nota de prensa, el pleno de este organismo ha acordado imponer una sanción al partido de Santiago Abascal por infracción muy grave, prevista en la Ley Orgánica sobre Financiación de los Partidos Políticos, consistente en haber recibido o aceptado donaciones finalistas en la fiscalización de las cuentas anuales del ejercicio 2020.

El pasado abril el mismo tribunal sancionó a Vox con 862.000 euros por haber recibido donaciones no identificadas en efectivo en los ejercicios 2018, 2019 y 2020.

Se trataba de ingresos por cajero automático en sus cuentas corrientes. Vox anunció que iba a recurrir al Supremo al considerar que la sanción era injusta y contraria a la ley.

En julio del año pasado el Tribunal de Cuentas le había impuesto otra sanción, de 233.324 euros, por donaciones irregulares con carácter finalista en 2018 y 2019..

En esta ocasión, el tribunal también ha sancionado a otras tres formaciones políticas: Babord, Compromís Municipal y Elkarrekin por haber superado los límites máximos de gastos electorales en las elecciones municipales del pasado 28 de mayo de 2023, incumpliendo así la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

En el caso de Compromís Municipal, informa el Tribunal, también excedió el límite de publicidad electoral regulado en la misma ley. Las dos sanciones que la imponen suman 383.318 euros.

Elkarrekin es sancionado con 4.109,82 euros y Babord, con 51.

Las resoluciones adoptadas por el pleno de la institución son susceptibles de recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo.

El pasado 6 de noviembre, Praza.gal desveló en exclusiva que la Dirección General de la Costa del Gobierno de España había iniciado el proceso para recuperar para uso público un terreno cerrado conjuntamente con el chalet comprado en Moaña en 2019 por Eva Cárdenas, pareja de Alberto Núñez Feijóo. Esto llevó a Cárdenas a pedir una concesión de ese espacio público que le acaba de ser denegada.

Un mes después de conocerse el caso, el 3 de diciembre, diputados y senadores del PP, encabezados por Álvaro Pérez López, hombre de máxima confianza de Feijóo, reclamaron formalmente al Gobierno más recursos para "ejecutar eficazmente" procesos de defensa y recuperación de terrenos públicos del litoral como las "recuperaciones posesorias", el trámite puesto en marcha por Costas que afecta a la pareja del líder conservador. Así lo pedían los populares al "aprobar" y "asumir" un informe del Tribunal de Cuentas que constata los obstáculos de este tipo de procesos de defensa del dominio público. 

Se trata de unas recuperaciones posesorias habituales en todo el Estado —316 entre 2011 y 2015, con el Gobierno de Mariano Rajoy— pero que se están reduciendo en los últimos años a medida que se avanza con la recuperación para lo público de aquellos espacios con ocupación privada, ya que cada vez quedan menos pendientes de rescatar.

Según el informe que el Tribunal de Cuentas realizó sobre las actuaciones en materia de Costas, las recuperaciones posesorias de terrenos costeros que la Constitución y la Ley de Costas consideran públicos pero sobre las que pesan "ocupaciones de facto" están en "progresivo descenso" en todo el Estado, con 1.412 en el periodo 2006-10, 316 entre 2011-15 y 90 entre 2016-20.

En sus conclusiones sobre estas actuaciones, el Tribunal de Cuentas destaca que "no se están completando todas las actuaciones de recuperación posesoria en relación con las ocupaciones irregulares del dominio público marítimo-terrestre, ya que no existe un inventario unificado en la Dirección General de las situaciones a corregir, ni tampoco se dispone de los recursos humanos y técnicos suficientes para impulsar las actuaciones administrativas necesarias para ejercer una acción suficientemente eficaz". 

El informe también señala que "persiste un número significativo de parcelas en situaciones conflictivas desde el punto de vista jurídico, entre ellas, destacan las afectadas por las disposiciones transitorias" de la Ley de Costas, "algunas de ellas, potencialmente sujetas a acciones de recuperación posesoria por parte de la Administración General del Estado, sin que exista un plan que aborde la situación". 

A una de estas disposiciones transitorias que contempla la posibilidad de otorgar concesiones a anteriores propietarios de terrenos declarados públicos por la Ley de Costas, fue a lo que intentó agarrarse Cárdenas cuando comenzó el proceso de recuperación de su terreno. Sin embargo, Costas acaba de negarle esa concesión porque no pudo acreditar que el terreno adyacente a su chalé estuviese en algún momento registrado a nombre de anteriores propietarios de este terreno. De hecho, tal y cómo reveló Praza.gal, el anterior propietario ni tenía ni pidió ninguna concesión cuando en 2007 el Estado estableció que ese suelo era público.

El informe del ente fiscalizador sobre los problemas de la ordenación del litoral, que constata "la complejidad del procedimiento y la limitación de medios" de Costas para agilizar la recuperación de las posesiones, fue analizado y votado por la comisión mixta Congreso-Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas en su sesión del 3 de diciembre, un mes después de que Praza.gal desvelara la situación del chalé de Cárdenas. Esa sesión, en la que se analizaron otros informes de Cuentas, estuvo presidida por el diputado gallego Álvaro Pérez López, hombre de la máxima confianza de Feijóo, del que viene siendo su asesor personal con uno u otro cargo desde hace más de dos décadas.

Sobre este informe, los grupos parlamentarios presentaron diversas propuestas de resolución. Las del PP estaban firmadas por Miguel Tellado, portavoz del grupo popular en el Congreso, también hombre de confianza de Feijóo y ex número 2 del PP gallego. Las dos primeras eran "asumir" el contenido, las conclusiones y las recomendaciones del Tribunal de Cuentas y "aprobar" su informe.

Pero el PP también votó a favor de resoluciones de otros grupos. En particular, respaldó una del PSOE que insta al Ministerio para la Transición Ecológica y a la Dirección General de Costas "a corregir las debilidades en la protección e integridad del dominio público marítimo-terrestre, entre las que destaca la insuficiencia de recursos para ejercer la vigilancia del dominio público marítimo-terrestre y para tramitar y ejecutar eficazmente los procedimientos administrativos en defensa del mismo".

El informe del Tribunal de Cuentas, con sus conclusiones y recomendaciones y las propuestas aprobadas por la Comisión Mixta, se publicó en el BOE el pasado 28 de marzo.

En abril del año 2022 Felipe VI dio un paso inédito en la historia de la Casa Real española publicó en un comunicado que su patrimonio ascendía a 2,57 millones de euros. Zarzuela enmarcó esta decisión en el espíritu de “transparencia” y de compromiso de renovación de la monarquía iniciado en su proclamación en junio de 2014 tras la abdicación de su padre en plenos escándalos de corrupción.

El monarca no está obligado, como sí tienen que hacer otros cargos públicos, a publicar sus bienes, pero decidió hacerlo de manera voluntaria en un contexto marcado también por los negocios de su padre y su renuncia de parte de la herencia. Pero ese paso se ha estancado en el tiempo y tres años después el rey no ha actualizado su patrimonio.

En 2002 la Casa Real concretó que Felipe VI había atesorado un patrimonio de 2.573.392,8 euros. En la nota que emitió palacio se recogía que, guiado por el espíritu de servicio y compromiso cívico, añadía “a sus responsabilidades constitucionales su decisión personal de hacer público su patrimonio”.

Entonces Zarzuela explicó que el rey presenta anualmente la correspondiente declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, así como la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio. En la tarea de preparación, elaboración y presentación de dichas declaraciones Felipe VI es asistido por los Servicios competentes de la Delegación Especial de Madrid de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

El patrimonio del monarca, según explicó Zarzuela, está principalmente constituido por las retribuciones que ha percibido de los presupuestos a lo largo de estos últimos 25 años, primero como príncipe de Asturias (a partir de 1998) y luego como rey. Hasta 2022, dichas retribuciones brutas ascendieron a 4.275.796,94 euros. 

“De dichas cantidades han de deducirse las retenciones fiscales practicadas, así como el importe de los impuestos satisfechos a lo largo de esos 25 años. Dicho patrimonio está integrado por 2.267.942,8 euros”, detalló la Casa Real. Una cantidad distribuida en depósitos en cuenta corriente o de ahorro y valores representativos de la participación en fondos propios de cualquier entidad. Además, 305.450 euros corresponden a objetos de arte, antigüedades y joyas de carácter personal que fueron objeto de la correspondiente tasación.

Cuando se hizo público ese patrimonio, el rey no se comprometió a actualizarlo anualmente, aunque tampoco se descartó. Pasados tres años, no ha hecho ningún movimiento para que la sociedad española conozca la cifra vigente. Este acto de transparencia sólo se ciñó a Felipe VI, ya que no se hizo público el de la reina Letizia. Tampoco se ha revelado el patrimonio de la princesa de Asturias (que cumplió la mayoría de edad el 31 de octubre de 2023).

En Zarzuela señalan que no tienen novedades respecto a si piensa el rey hacer público de nuevo su patrimonio y remarcan que fue una iniciativa personal del propio Felipe VI tanto como jefe de Estado como contribuyente.ç

La Casa Real publicó el pasado mes de julio sus cuentas en las que detalla que Felipe VI recibió en 2023 una remuneración de 270.609 euros, en tanto que la renta Letizia recibió 148.826 euros. Por parte de la reina Sofía la cantidad percibida fue de 121.776 euros. Las cantidades fueron un 3% superior al año anterior al aplicarse la subida acordada para los empleados públicos. Juan Carlos I no tiene cantidad asignada desde 2020, cuando el actual rey la retiró en plenos escándalos por el patrimonio de su padre y la aparición de fundaciones en el extranjero.

Zarzuela también hizo público el informe del Tribunal de Cuentas sobre la institución (elaborado a raíz de un convenio firmado en 2022), que certificaba la “imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera” de la casa real, que tuvo un presupuesto asignado de 8,4 millones de euros (que ascendió a unos 9 millones por los remanentes).

El rey con estas acciones trató de marcar distancia con su padre, que nunca hizo público su patrimonio. El emérito ha estado investigado por sus actividades fiscales, pero finalmente el caso fue archivado por tres factores: su inviolabilidad, la prescripción de los delitos y la regularización fiscal que hizo ante Hacienda. Este mes de mayo el Tribunal Supremo volvió a cerrar la puerta a investigar a Juan Carlos I al decidir inadmitir la querella presentada por un grupo de prestigiosos juristas. 

El patrimonio de Juan Carlos I es uno de los grandes agujeros negros de la transparencia en la vida pública española. Según estimó en 2012 The New York Times el patrimonio del emérito estaba en torno a los 2.300 millones de dólares. En 2002 la revista Eurobusiness la calculó en 1.700 millones de euros. La revista Forbes también puso sobre la mesa que el anterior monarca tenía una fortuna de unos 2.000 millones de dólares.

El emérito vuelve a estar en todas las portadas en España después de que decidiera interponer acción judicial contra el expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla. No se llegó a un acuerdo en el acto de conciliación y el proceso sigue adelante, en el que Juan Carlos I pide al político que retire sus afirmaciones y le abone 50.000 euros.

Alberto Núñez Feijóo es el líder de la oposición que mejor ha sistematizado el cuestionamiento permanente de todas las instituciones que no tiene bajo su control. Es una estrategia que comenzó negando legitimidad a entidades intermedias que dependen del Ejecutivo, como el Centro Nacional de Inteligencia, por el hecho de que sus máximos responsables sean de la confianza del Gobierno —como ha ocurrido también con el PP en el poder, pero que la derecha sólo cuestiona cuando está en la oposición—. Y que a lo largo de esta legislatura ha escalado en intensidad hasta incluir, sucesivamente, al Tribunal Constitucional, a la Fiscalía General del Estado al propio Congreso y a organismos reguladores como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la Comisión Nacional del Mercado de Valores o fiscalizadores como el Tribunal de Cuentas.

Feijóo deja fuera de esa denuncia al Senado, una cámara de control exclusivo del PP con la que trata de suplantar la labor del Congreso, gracias a que es la única que se elige mediante un sistema electoral muy distinto del que rige en el Congreso y que es capaz de dar mayoría absoluta a un partido aunque sólo tenga el 33% de los votos, como sucedió el 23J. También deja fuera al Tribunal Supremo o al propio Consejo General del Poder Judicial. En el primer caso, sus salas han vehiculizado durante años diferentes iniciativas contra actuaciones del independentismo o contra iniciativas del Gobierno, mientras que la presidencia del CGPJ, con Isabel Perelló al frente, se ha alineado varias veces con los vocales conservadores a pesar de pertenecer al sector progresista, el mismo sector que ahora lidera una rebelión contra el TC en Bruselas.

El PP lleva cuestionando al Constitucional desde que, en enero de 2023, tuvo lugar la renovación de cuatro magistrados —antes de esa fecha, los conservadores consideraban cualquier crítica como una intromisión en la justicia—. Todos ellos cumplían las condiciones de idoneidad establecidas en la ley que regula la institución, pero para Feijóo el Alto Tribunal perdió en ese momento toda legitimidad y quedó sometido al Gobierno porque la mayoría conservadora que había dictado sentencias en los últimos nueve años pasó a ser progresista. Y porque el perfil de dos de los nuevos magistrados no le gustaba, aunque su trayectoria, de acuerdo a la ley, no afectase a su idoneidad para el cargo. Desde entonces, el cuestionamiento del TC ha ido en aumento. Hasta el punto de considerarlo “un tribunal de parte” e intentar desacreditar cualquier decisión que suponga dar la razón al Gobierno y quitársela a sus adversarios.

El líder del PP resume todas estas descalificaciones en la acusación genérica de que el Gobierno "ha ocupado las instituciones". La elección del término "ocupación" ya implica una intención deliberada de deslegitimación. A pesar de que los miembros y responsables de todas ellas han sido elegidos y llevan a cabo su labor de acuerdo con la Constitución y las leyes, como demuestra el hecho de que Feijóo no haya encontrado el modo de llevar a los tribunales a ninguna y de que tampoco haya conseguido convencer a la Comisión Europea de que se pronuncie contra los "asaltos" a las instituciones del Gobierno de Pedro Sánchez, como intentó en el caso del Fiscal General, que también ha convertido en otra pieza de caza clave.

El último ejemplo data de esta misma semana a raíz de la renovación casi total de la cúpula del Consejo de Seguridad Nuclear. El Gobierno quiere tratar de mantener la actual mayoría absoluta de consejeros designados por el PSOE, preservando también el puesto del consejero propuesto por Sumar y dejando al Partido Popular con un consejero, en pleno debate sobre el inicio del cierre de todas las centrales nucleares en los próximos años, un asunto en el que el PP está dando ya la batalla. La vicesecretaria de desarrollo sostenible del PP, Paloma Martín, calificó la propuesta de renovación de "anomalía democrática" y aseguró que se estaba repitiendo el mismo modus operandi de "colonización" que en organismos como el Centro de Investigaciones Sociológicas, Radio Televisión Española o el Banco de España: "Es fiel reflejo del autoritarismo de este Gobierno", afirmó.

La norma no escrita establece que, para la elección de la cúpula del Banco de España, debía haber un acuerdo entre el Gobierno y el principal partido de la oposición. Sin embargo, con las relaciones institucionales prácticamente rotas, el Gobierno propuso en verano del pasado año al entonces ministro de Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá, que tomó posesión del cargo en septiembre. Desde el PP lo calificaron como otro "manoseo" de Sánchez en su estrategia de "ocupación" de las instituciones y se negaron a negociar el nombre del subgobernador pese a que el Gobierno estaba dispuesto a aceptar a la persona de su elección. Desde el PP habían previsto que fuera Eva Valle, jefa de la oficina económica de Moncloa con Mariano Rajoy, la que ocupara ese cargo, pero renunciaron a la negociación tras la elección de Escrivá.

La Ley de Autonomía del Banco de España establece que el cargo de gobernador lo designa el rey a propuesta del presidente del Gobierno, entre quienes tengan reconocida competencia en asuntos monetarios o bancarios, que el Gobierno consideró probada en el caso de Escrivá por su amplia experiencia en el ámbito financiero y su paso por instituciones como el propio Banco de España, el Banco Central Europeo, y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. En los últimos meses los conservadores han seguido criticando a Escrivá por no ser "un gobernador independiente" pero le han solicitado información sobre "el impacto del cupo catalán" en las arcas del Estado y han demandado su colaboración para "poder esclarecer los hechos destapados" por el empresario Víctor de Aldama, investigado actualmente por el Supremo.

La elección de Marc Murtra como presidente de Telefónica se saldó con graves acusaciones por parte de Feijóo y su dirección contra el Gobierno que culminaron, la semana pasada, con la petición de su comparecencia en el Congreso. "Si actúa como un miembro del Gobierno, que dé explicaciones como si fuese un miembro del Gobierno", señaló el portavoz del PP, Miguel Tellado. La propuesta de su nombramiento partió de la SEPI, el brazo industrial del Estado y primer accionista de Telefónica, pero contó con el visto bueno del resto del consejo de administración de la empresa de telecomunicaciones, entre los que están La Caixa y el BBVA. Para los conservadores, sin embargo, se trató de una operación dirigida a "controlar" las instituciones pese a que tanto el Ejecutivo de José María Aznar como el de Mariano Rajoy promovieron ceses y nombramientos en empresas participadas por el Estado en las que, incluso, situaron a amigos, familiares y miembros del partido en puestos clave.

La SEPI también cuenta con una participación en Indra, la multinacional española de tecnología y defensa, de casi un 30%. El Estado mantuvo una participación mayoritaria tras su nacimiento hasta que el Gobierno de Aznar la incluyó en su plan de privatizaciones. Tiempo después el Gobierno de Rajoy decidió volver a tener participaciones, que se mantienen en la actualidad. El vicesecretario de Acción Institucional, Esteban González Pons, llegó a sugerir que Sánchez quería controlar empresas para influir en las elecciones del 23J. Sus críticas iban destinadas hacia Indra, la empresa que gestiona desde hace más de dos décadas los datos del escrutinio. Más tarde, tuvo que pedir perdón por sus palabras.

El Congreso de los Diputados aprobó en enero de este año los nombramientos de cuatro consejeros y el vicepresidente propuestos por el Gobierno para la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, el organismo que vela por la libre competencia y regula los mercados. El Ejecutivo culminó así la renovación de los organismos reguladores tras la falta de candidatos propuestos por Génova para su renovación, al igual que sucedió con la Comisión Nacional del Mercado de Valores, encargado de la supervisión e inspección de los mercados de valores españoles. Ambos organismos, según el PP, también forman parte de esa "colonización" que, sin embargo, no aplica cuando se trata de ellos.

La formación de Feijóo también ha llegado a cuestionar la legitimidad del Tribunal de Cuentas, el órgano supremo de fiscalización de la gestión económica de las administraciones públicas en España. Su renovación, en abril de 2021, también se convirtió en objeto de polémica por parte del PP. Su presidenta, Enriqueta Chicano, fue duramente cuestionada por los conservadores y también por Vox por no ser capaz de detectar ni prevenir la corrupción con respecto a la adquisición de material sanitario durante la pandemia.

El Tribunal de Cuentas abre la vía europea sobre la amnistía. El organismo fiscalizador ha planteado este lunes varias cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en relación con la causa por responsabilidad contable que sigue contra 35 líderes independentistas por los gastos relativos al referéndum del 1-O y a la denominada acción exterior del procés. Lo ha hecho al entender que la regulación contenida en la norma de olvido jurídico choca con el objetivo comunitario de prevenir la el fraude y la corrupción. Una afirmación que apoyan, entre otras cosas, sobre una enmienda a una propuesta de directiva comunitaria que fue planteada, precisamente, por el Partido Popular Europeo.

En su auto de planteamiento de cuestiones prejudiciales, el Departamento Segundo de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas sostiene que "la regulación" contenida en la Ley de Amnistía "parece caminar en sentido opuesto" al objetivo del Derecho de la Unión Europea relativo a la prevención "de la impunidad del fraude y la corrupción". Y como "hecho incontrovertible" que respalda dicha "afirmación", pone el foco sobre una enmienda a la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la lucha contra la corrupción, una norma que todavía no está en vigor y que se refiere al ámbito específico del derecho penal.

La citada modificación al artículo 15 de la propuesta de directiva en tramitación, incorporada a instancia de la Comisión de Libertades Civiles, dice lo siguiente: "Los Estados miembro adoptarán las medidas necesarias para prohibir cualquier indulto o amnistía en beneficio de personas que hayan sido consideradas responsables de cualquiera de las infracciones penales a que se refieren los artículos 7 a 14 –cohecho, soborno, tráfico de influencias o malversación, entre otros–". "En consecuencia, si a fecha de hoy ya estuviera en vigor esta directiva, no habría sido posible que España, como Estado miembro de la UE, hubiera aprobado la ley de amnistía", señala el Departamento Segundo de Enjuiciamiento.

Aquella enmienda fue impulsada por el Partido Popular Europeo y los Conservadores y Reformistas, en el que se integra parte de la ultraderecha del Viejo Continente. Así, entre los firmantes de la misma, figuraba el presidente del grupo conservador, Manfred Weber, su vicepresidenta Dolors Montserrat o el eurodiputado Francisco Javier Zarzalejos. En el PP de Alberto Núñez Feijóo, de hecho, celebraron como una victoria la introducción de la enmienda. "Fortalece la protección de los intereses públicos y de la gestión pública, al contrario de lo que está haciendo en España en Gobierno de Pedro Sánchez", resaltaba la formación conservadora en un comunicado.

La resolución que abre por primera vez la vía europea en relación con la amnistía ha sido dictada por Elena Hernáez, la consejera que asumió el procedimiento por responsabilidad contable –un caso que afecta a Oriol Junqueras, Carles Puigdemont o Artur Mas, entre otros– tras la salida del órgano fiscalizador de Margarita Mariscal de Gante, magistrada y exministra de Justicia durante el primer Gobierno de José María Aznar. Hernáez llegó al Tribunal de Cuentas a propuesta del PP. Y su experiencia profesional ha estado siempre muy ligada a la Comunidad de Madrid. Ejerció como letrada jefe durante años en varios departamentos. Y durante el primer Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ejerció como secretaria general técnica de la Consejería de Presidencia.

El paso dado por el Tribunal de Cuentas congela la aplicación de la amnistía hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resuelva, algo que puede demorarse meses. Casi dos años tardó el TJUE, por ejemplo, en resolver las cuestiones prejudiciales que planteó en su momento el instructor del procés, Pablo Llarena, en relación con las euroórdenes tras el rechazo de Bélgica a entregar al exconseller Lluís Puig. La instructora, en concreto, plantea hasta ocho cuestiones prejudiciales que se centran tanto en el primer artículo de la norma –el que recoge los hechos y los delitos que se consideran amnistiables– como en el segundo, que refleja los supuestos que quedan fuera del ámbito de aplicación de la ley.

La consejera recuerda que el artículo 325.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea recoge la obligación de combatir "el fraude y toda actividad ilegal" que afecte a los "intereses financieros" del Viejo Continente. Y, en este sentido, recuerda que el TJUE ha venido realizando de forma "reiterada" una "interpretación amplia" de lo que se entiende por "protección de intereses". "Las presuntas responsabilidades contables que, en su caso, se pudieran declarar por sentencia firme (...) deberían incardinarse dentro de esa 'interpretación amplia' de la protección de los intereses financieros de la Unión Europea", apunta la resolución.

Hernáez, la consejera instructora, defiende esta afirmación por varios motivos. Por un lado, porque la declaración de dichas responsabilidades contables "supondría" que entre 2011 y 2017 "se habrían estado realizando actuaciones de corrupción (ilegales) con daño para el patrimonio público" de la Generalitat de Cataluña. Y, por otro, porque dichas actuaciones "habrían generado un riesgo o perjuicio potencial en el presupuesto" comunitario "por cuanto podrían haber afectado a la partida de los ingresos de dicho presupuesto, que se integra parcialmente por las aportaciones de los Estados miembro".

La sentencia del Tribunal Supremo relativa al 1-O impuso penas de prisión para los nueve principales acusados. Pero no fijó la responsabilidad civil, sino que remitió la resolución al Tribunal de Cuentas para que impusiera dichas cantidades. En el marco de este procedimiento, Sociedad Civil Catalana ha reclamado alrededor de cinco millones, una cifra que la Fiscalía ha rebajado a algo más de tres millones. Una responsabilidad contable que la ley de olvido jurídico busca eliminar: "La amnistía declarada en virtud de la presente ley produce la extinción de la responsabilidad penal, administrativa o contable". Pero por el momento habrá que esperar. Al menos, hasta que Europa se pronuncie.

El Tribunal de Cuentas ha planteado una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por la ley de amnistía al considerar que el presunto desvío de fondos para el 1-0 y la acción exterior del 'procés' por el que se encuentran encausadas 35 personas afecta a los intereses financieros de la UE. En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la consejera de cuentas Elena Hernáez acuerda además suspender el presente procedimiento "hasta la resolución del incidente prejudicial".

Fue el pasado mes de junio cuando la consejera del Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento preguntó a Fiscalía y defensas si elevaba esta cuestión. Entonces, explicó que podría consultar al TJUE en relación con una serie de artículos de la ley de amnistía "que podrían oponerse a la interpretación que el TJUE viene realizando de determinados preceptos del Derecho de la Unión Europea".

En este sentido, precisó que los preceptos por los que podría plantear una cuestión prejudicial son los relativos a la "lucha contra el fraude y toda actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la UE", al "principio de cooperación leal", a los "principios de igualdad y de no discriminación" y a los "principios de seguridad jurídica y confianza legítima" y al "principio del Estado de Derecho".

El Tribunal de Cuentas ha recomendado a la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) introducir "mejoras" para prevenir el posible blanqueo de capitales a través del pago de premios, según informa Europa Press.

Así lo ha dado a conocer este miércoles el propio tribunal, que ha indicado que Loterías y Apuestas del Estado operó en 2022 cerca de 5.000 millones de apuestas que generaron unos ingresos por juego de 9.687 millones de euros y un volumen de pagos de premios de 6.148 millones de euros.

En este contexto, el Tribunal de Cuentas ha fiscalizado por primera vez el cumplimiento de la legislación sobre prevención del blanqueo de capitales y el control en el pago de los premios y ha detectado que, "en un número elevado de premios, las entidades financieras no enviaron a SELAE la documentación identificativa de los premiados".

En su informe, el Tribunal de Cuentas ha constatado que en relación con los pagos de premios realizados entre 2019 y 2022 y con datos actualizados por SELAE en abril de este año, "15.852 expedientes de pagos presentaban una ausencia total o parcial de documentación por valor de 759 millones de euros". Asimismo, ha indicado que, en el periodo entre 2016 y 2018, con datos actualizados en julio de 2023, "los expedientes incompletos llegaban a 24.806 por un importe total de 1.228 millones de euros".

La normativa de regulación del juego establece que los premios superiores a 2.000 euros deben ser cobrados en determinadas entidades financieras con las que SELAE ha suscrito el correspondiente contrato, según ha recordado el tribunal.

En este sentido, en el informe del Tribunal de Cuentas constata que los premios pagados a través de las entidades financieras presentan un "mayor riesgo" en materia de prevención de blanqueo. "El motivo es que, aunque el importe global de los premios pagados por estas entidades es inferior al importe global pagado a través de los puntos de venta, el importe individual de los primeros es superior al de los segundos", ha subrayado.

De este modo, el Tribunal de Cuentas concluye que "SELAE debería haber exigido a las entidades financieras la información y documentación sobre los premiados en cumplimiento de los contratos suscritos entre SELAE y las entidades y en desarrollo de la normativa de prevención del blanqueo". "Este incumplimiento debería haber llevado a SELAE a requerir la retrocesión o anulación de los pagos de premios de los que no recibió la información completa. En el periodo fiscalizado estas solicitudes han sido prácticamente inexistentes", ha remarcado.

Por todo ello, el Tribunal de Cuentas recomienda a SELAE que "adopte todas las medidas necesarias para garantizar un control adecuado de la recepción de toda la documentación soporte de los pagos de premios y proceda sin demora a la reclamación a las entidades financieras de la pendiente, activando si fuera necesario la reclamación de la retrocesión".

A pesar de estos problemas detectados, el informe concluye que el diseño del sistema de prevención de blanqueo definido por SELAE es, "en líneas generales, adecuado". No obstante, el Tribunal recomienda "la implementación de medidas necesarias para mejorar el cumplimiento de determinados aspectos de la legislación".

Entre estas medidas figura la mejora del sistema de alertas al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) para introducir entre otros, avisos en el caso de falta de presentación por parte de las entidades financieras de toda la documentación relativa los premiados.

Por su parte, fuentes de Loterías han indicado a Europa Press que lo importante es la conclusión del Tribunal que concluye "que el diseño del sistema de prevención de blanqueo definido por SELAE es, en líneas generales, adecuado" y han subrayado que "siempre las auditorías sirven para identificar márgenes de mejora e ir avanzando de forma continuada".

La Audiencia Nacional (AN), el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y el Tribunal de Cuentas tienen dudas sobre la legalidad de la ley de amnistía y han empezado a preparar el camino para que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) estudie si la norma que busca perdonar una década del 'procés' choca o no con el Derecho de la Unión.

Hasta ahora, los magistrados de procedimientos relativos al 'procés' -como el 'caso CDR' o el del expresidente catalán Quim Torra- han planteado la posibilidad de consultar al TJUE por la aplicabilidad de la norma a hasta cuatro delitos: terrorismo, desobediencia, prevaricación y malversación.

El Tribunal de Cuentas (TCu) -órgano fiscalizador ajeno al Poder Judicial- fue el primero en preguntar a las acusaciones y las defensas de 35 excargos encausados por el presunto desvío de fondos para el 1-O y la acción exterior del 'procés' su postura ante una eventual consulta al TJUE sobre el ajuste de la ley en la lucha contra el fraude y los principios de igualdad y de no discriminación.

Tanto la AN, como el TSJC y el TCu permanecen a la espera de la mayoría de los escritos de acusaciones y defensas, aunque algunos ya han contestado o adelantado sus posturas. Vox se ha mostrado a favor de acudir al TJUE, mientras que la Fiscalía se ha opuesto a que el Tribunal de Cuentas pregunte al órgano comunitario.

Hasta no tener todas las alegaciones, los tribunales no podrán fijar si plantean o no una cuestión prejudicial. En caso de que se presenten, se verían afectadas unas 80 personas, involucradas todas en los casos sobre los que se baraja preguntar al TJUE.

Esta misma semana, la AN ha preguntado a la Fiscalía y las defensas de los 12 presuntos miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) si ven pertinente consultar al TJUE.

Los magistrados han planteado esta posibilidad ante las dudas que tienen de que esta norma pueda contravenir "gravemente" el Derecho comunitario y que pueda suponer "una infracción patente" del mismo.

Según han explicado, en la causa de los CDR se investigan hechos que las acusaciones han tipificado como 12 delitos de pertenencia a organización terrorista, ocho de tenencia, depósito, así como fabricación de sustancia o aparatos explosivos e inflamables de carácter terrorista y otros ocho de estragos de carácter terrorista en grado de tentativa.

Los magistrados entienden que -desde el punto de vista temporal y objetivo- los hechos sí serían amnistiables porque ocurrieron entre el 1 de noviembre de 2011 y el 13 de noviembre de 2023 y son actos cometidos o vinculados a la independencia de Cataluña.

Sin embargo, no comparten con las defensas que esos hechos no estén incluidos en la Directiva europea relativa a la lucha contra el terrorismo y que la ley de amnistía recoge en su artículo 2 como causa de exclusión.

A su juicio, la ley de amnistía resulta "en cierta forma contradictoria" al pretender excluir los actos con finalidad terrorista, pero limitando esta exclusión a aquellos que supongan una violación grave de los derechos humanos, en particular los que atenten contra el derecho a la vida.

"Limitar la exclusión de la amnistía a las violaciones más graves de derechos humanos en materia de terrorismo es contrario a lo que un Estado de Derecho debe perseguir siempre y en todo momento, la erradicación y la eliminación de toda forma de terrorismo", ha señalado. Así, tiene dudas de si la distinción entre terrorismo de 'baja intensidad' y resto de terrorismo pueda compaginarse con el Derecho de la UE.

Al margen, tanto la instructora del 'caso Tsunami' en el Tribunal Supremo como el juzgado de guardia de la Audiencia Nacional plantearon la posibilidad de consultar al TJUE sobre la aplicabilidad de la amnistía al delito de terrorismo.

El expresidente catalán Carles Puigdemont contestó al Supremo que no tenía inconveniente en que se planteara una cuestión prejudicial, pero ese mismo día la magistrada archivó la causa. La juez Susana Polo adoptó aquella decisión tras recibir el auto por el que el juez de la AN Manuel García Castellón archivó el caso.

El instructor dio carpetazo al procedimiento después de que la Sala de lo Penal invalidara todas las diligencias acordadas en los últimos tres años –al haberse prorrogado la investigación 24 horas fuera de plazo- incluida la exposición razonada que en 2023 dio origen al procedimiento en el Supremo.

Además de las dudas relativas al terrorismo, algunos tribunales también han cuestionado que se pueda amnistiar la desobediencia sin que ello represente un choque con el Derecho de la UE.

El TSJ catalán ha preguntado a la defensa de Quim Torra si considera que se debe consultar al TJUE sobre la aplicación a su caso de la ley de amnistía. Ha hecho lo propio con las acusaciones en la causa.

A diferencia de los CDR que aún no han sido juzgados, Torra fue condenado a un año y medio de inhabilitación y a pagar 30.000 euros de multa por un delito de desobediencia al no retirar una pancarta en favor de presos políticos y exiliados de la fachada de la Generalitat.

Cabe recalcar que el Supremo sí ha considerado amnistiable la desobedencia y no ha planteado la posibilidad de consultar al TJUE, sino al Tribunal Constitucional (TC). Vox, sin embargo, ha pedido al Supremo que reconsidere su decisión y plantee una cuestión prejudicial por el delito de desobedencia.

En el TSJ catalán también han visto amnistiable la desobediencia que se le atribuye al exsecretario de Vicepresidencia de la Generalitat Josep Maria Jové, al exsecretario de Hacienda Lluís Salvadó y a la consejera de Cultura Natàlia Garriga por la organización del 1-O. Asimismo, ha entendido que en encajan bajo el paraguas de la ley la prevaricación y malversación que también pesa sobre ellos.

No obstante, los magistrados han manifestado sus dudas de si la norma se adecúa a "principios y valores protegidos constitucionalmente", como la seguridad jurídica, el derecho de igualdad y la "exclusividad en el ejercicio de la potestad jurisdiccional".

Así, han pedido a la Fiscalía, la Abogacía del Estado, la acusación popular y las defensas que digan si ven pertinente o no consultar al TJUE.

Al margen, figura también el caso de una treintena de excargos del Govern investigados en el Juzgado de Instrucción Número 13 de Barcelona por presuntos delitos de malversación, desobediencia, falsedad documental y prevaricación por la organización del 1-O.

Aunque los hechos se investigaron en dicho juzgado, su titular ha entendido que el órgano pertinente para pronunciarse sobre la aplicabilidad de la amnistía era la Audiencia de Barcelona, que esta semana ha planteado a las acusaciones y defensas la posibilidad de consultar al TC o al TJUE.

A la lista de casos que los propios tribunales barajan llevar al Tribunal de Justicia de la Unión se sumarían los eventuales recursos que los propios encausados o condenados en causas relativas al 'procés' podrían llevar a Luxemburgo en caso de no contar con el amparo del Constitucional a sus pretensiones.

Fuentes jurídicas han asegurado a Europa Press que varias defensas pretenden recurrir al TC la decisión del Supremo de no amnistiar la malversación que se le atribuye, entre otros, a Puigdemont, a su exvicepresidente Oriol Junqueras, a los exconsejeros condenados Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, y a los exconsejeros huidos Toni Comín y Lluís Puig.

A lo largo del periplo judicial que han atravesado los encausados del 'procés', sus defensas han insistido en que agotarán todas las vías legales en España para poder llevar sus casos ante el TJUE.

El Tribunal de Cuentas ha impuesto a Vox una sanción de 233.324,22 euros por financiación irregular, según publica este lunes El País. El órgano fiscalizador impone así su primer castigo a la formación de Santiago Abascal por recaudar fondos prohibidos por ley. El partido de extrema derecha ya ha anunciado que presentará un recurso contra esta multa.

En concreto, en esta ocasión, los ultras habrían recaudado dinero para dos causas. En el primer caso, para financiar la querella interpuesta por la formación ultra contra el expresidente de la Generalitat Quim Torra y por la que Vox es sancionado con 50.000 euros, que es el mínimo fijado por ley para las infracciones muy graves. La formación presumió de haber recaudado el importe que necesitaba en solo cuatro horas y apuntó en su contabilidad 31.664,80 euros. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas solo ha considerado irregular la captación de 10.563,45 euros, ya que el resto del dinero procedió de aportaciones de sus propios afiliados.

Y, en el segundo caso, se trata de una campaña de crowdfunding con el lema #AyudemosABorja para abonar la fianza de un joven procesado por la muerte de un ladrón y cuya multa asciende a 183.324,22 euros, que es el doble de la cantidad irregularmente recaudada. Vox ingresó otros 120.482,93 euros procedentes de 5.770 donantes; una cifra que se queda en 91.662,11 euros tras excluir a los afiliados.

El Tribunal de Cuentas ya había avisado hace meses al partido de Santiago Abascal de que sus colectas para querellarse contra rivales políticos eran irregulares. Ahora le obliga por primera vez a pagar una multa por vulnerar la ley de financiación de partidos. Esta norma prohíbe a las formaciones políticas aceptar o recibir "directa o indirectamente" donaciones "anónimas, finalistas o revocables".

Según destaca El País, la multa corresponde al 68,5% del importe total de las impuestas por el Tribunal de Cuentas a partidos políticos en 2021 y al 17,6% en 2022.

A través de su cuenta oficial en la red social X, Vox ha defendido esas donaciones finalistas negando que sean financiación irregular y asegurando que en su momento "el partido actuó con total transparencia al informar sobre el destino de los fondos al comenzar ambas campañas". "No se trata de donaciones irregulares sino de aportaciones realizadas por cientos de españoles para causas judiciales del partido contra separatistas y para ayudar a una víctima de la delincuencia, ayuda que se consignó judicialmente en su totalidad", sostiene.

Así las cosas, el partido que lidera Santiago Abascal ha adelantado que recurrirá la decisión del Tribunal de Cuentas ante el Supremo porque tienen la seguridad de que han hecho "lo correcto y las afirmaciones que se realizan no se ajusta a la realidad".

Los grupos parlamentarios del Congreso y el Senado reciben cada año en concepto de subvención por parte de ambas Cámaras la suma de 17,8 millones de euros. Una cifra que ingresan en caja al margen del salario de sus diputados y senadores, de los gastos de funcionamiento de sus oficinas y del sueldo de sus numerosos asesores, que asumen directamente las Cortes.

Son 71,3 millones de euros por legislatura sobre cuyo destino apenas hay información. Los partidos no la facilitan y el detalle de los gastos no figura en ningún sitio. No consta en la página web del Congreso y las formaciones políticas tampoco explican a qué dedican el dinero cuando trasladan al Tribunal de Cuentas qué parte de ese dinero pasa a engrosar directamente las cuentas corrientes de los partidos políticos.

infoLibre solicitó estos datos a los cuatro principales, los que más cobran: Partido Popular, PSOE, Vox y Sumar. En el momento de cerrar esta información, ninguno de ellos los había facilitado (la formación ultra ni siquiera respondió a la petición de este diario).

El dinero se distribuye de acuerdo con lo que establece el “régimen económico y de ayudas de los miembros de la Cámara” que fijan los propios partidos: una cuantía fija, igual para todos los grupos, y una variable, la más importante, que guarda una proporción directa con el número de diputados.

Se entiende mejor con un ejemplo. El PP, el grupo más numeroso del Congreso, ingresa cada mes en concepto de subvención fija la suma de 30.346,72 euros, a lo que hay que sumar 1.746,16 euros mensuales por cada uno de sus 137 diputados, lo que da un total mensual de 269.570,64 euros. El PSOE, por los mismos ítems, ingresa cada mes 241.632,08 euros. Les siguen Vox con 87.970 euros, Sumar con 84.477,68 euros, Esquerra y Junts (cada uno con 42.569,84 euros), EH Bildu con 40.823,68 euros, el PNV con 39.077,52 euros y el Grupo Mixto con 35.585,2 euros.

En total son 884.276,5 euros al mes que la Cámara Baja entrega a los grupos y que nadie, salvo los partidos, sabe en qué se gasta. El artículo 28.2 del Reglamento del Congreso ordena a los grupos parlamentarios “llevar una contabilidad específica de la subvención”, pero no tiene acceso a ella a menos que la Mesa, su máximo órgano de gobierno, se la pida (la Cámara tampoco respondió a una petición de información de infoLibre para aclarar si alguna vez lo han hecho).

El resultado es que una suma importante, 10,6 millones de euros al año, pasa del erario público a los partidos a través del Congreso sin que exista ningún mecanismo que permita conocer en qué se lo gastan. Lo ocurrido en el Parlament de Catalunya ha puesto el foco sobre la falta de transparencia con la que se gasta este dinero. Gracias a un informe de la Cámara del 23 de mayo, hemos sabido que el portavoz de Vox, Ignacio Garriga, efectuó gastos por una cuantía de más de 39.000 euros bajo conceptos como pagos a la asociación de padres y madres de alumnos de un colegio, peluquería, tintorería y tiendas de alimentación, entre otros.

La misma situación se da en el Senado, donde tampoco es posible conocer el destino de las cuantiosas sumas de dinero que la Cámara entrega cada mes a los grupos parlamentarios. En este caso se trata, en conjunto, de 604.122,36 euros al mes (7,2 millones al año).

Según los últimos informes de fiscalización financiera de los partidos políticos publicados por el Tribunal de Cuentas, el detalle del dinero que llega a los grupos parlamentarios tampoco obra en poder de esta institución. Pese a que todos tienen la obligación de incluir en sus cuentas anuales la totalidad de la actividad económico-financiera desarrollada en cualquier ámbito institucional, sea local, autonómico o nacional.

“En lo relativo a la actividad del ámbito institucional, 14 de los 32 partidos políticos fiscalizados (un 44%) han integrado en 2019 las contabilidades de algunos o todos los grupos institucionales, según los casos”, lo que significa que la mayoría no lo hicieron. Y no todos los que formalmente sí atendieron sus obligaciones lo hicieron correctamente. “La información contable facilitada por los grupos es, en ocasiones, incompleta y carece de los justificantes exigidos en la fiscalización de las cuentas de los partidos políticos, sin que tampoco cuente con los debidos controles internos que resultan obligatorios en el caso de las formaciones políticas”, señala el último informe publicado el pasado otoño.

Aunque las formaciones no cumplen los mínimos de transparencia en relación con el uso que dan a la subvención que reciben de las Cortes (entre el Congreso y el Senado la suma alcanza los 17,8 millones de euros), es bien conocido que la mayor parte de ese dinero acaba en las arcas de los partidos políticos para financiar su funcionamiento ordinario.

Según el último informe publicado por el Tribunal de Cuentas, la deuda con entidades de crédito registrada por las formaciones políticas al cierre del ejercicio 2019 ascendía a 145,72 millones de euros, de los que 76,44 millones correspondían a deudas con garantía hipotecaria, 27,25 millones a deudas con garantía no hipotecaria y 42,03 millones a deudas de naturaleza electoral.

Las deudas con prestamistas particulares, incluidos los microcréditos, ascendían a 14,37 millones de euros. En conjunto, la deuda total de las formaciones políticas representaba al cierre de 2019 un 31% de su balance. Las formaciones con mayores niveles de deuda eran el Partido Socialista Obrero Español (52,45 millones, un 40% de su balance), el Partido Popular (38,54 millones, un 39%) e Izquierda Unida (14,56 millones, un 77%).

La dependencia del erario público de las formaciones políticas aumentó en 2019, el último ejercicio auditado, en comparación con el año anterior. La proporción de financiación pública ha pasado del 71% al 83% y la financiación privada, del 29% al 17%, lo que, según el Tribunal, “pone de manifiesto la conveniencia de equilibrar el peso que cada una de ellas habría de representar en el total de la financiación”.

La portavoz municipal de Más Madrid, Rita Maestre, ha remitido un escrito a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas solicitando la reapertura de diligencia preliminar y que continúen las investigaciones por la existencia de un saldo deudor injustificado en las compras de material higiénico a la empresa Leno en el caso mascarillas ante una posible contradicción de declaraciones del Ayuntamiento y la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid (ESFM), acusaciones particulares en el proceso.

En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, Más Madrid indica que pudiera haber contradicciones entre las declaraciones de la acusación particular municipal seguidas en el Juzgado de Instrucción 47 de Madrid con las efectuadas en el Tribunal de Cuentas, ante la falta de claridad sobre si se sintieron perjudicados patrimonialmente con estos contratos.

Más Madrid considera que "carece de toda lógica defender algo en una instancia mientras se niega paralelamente ante otro órgano fiscalizador". "El Ayuntamiento de Madrid habrá de guardar un relato coherente de los hechos, no variándolos en aras a posiciones difícilmente entendibles desde las acusaciones populares, que persiguen la reparación del daño producido al interés público", ha instado Más Madrid en el escrito presentado.

De hecho, "con las aseveraciones de las acusaciones particulares no resulta sencillo concluir la no existencia de un saldo deudor injustificado en las cuentas públicas" y "debiera ser conocido por el Tribunal de Cuentas a la hora de decretar el archivo de las diligencias pues el Ayuntamiento de Madrid habrá de guardar un relato coherente de los hechos, no variándolos en aras a posiciones difícilmente entendibles". 

La formación política que encabeza Rita Maestre considera asimismo que la posible responsabilidad del Ayuntamiento de Madrid "habría de ventilarse conociendo la totalidad de sus alegaciones, atendiendo principalmente el Tribunal de Cuentas no al hecho de no conocerse los precios de los productos en el momento más álgido de la pandemia sino en los extremos de no reclamar las cantidades pagadas y en el no uso del material objeto de los contratos".

El Tribunal de Cuentas decidió archivar el 7 de noviembre de 2023 las diligencias preliminares sobre tres contratos de emergencia para la adquisición de mascarillas, guantes de nitrilo y test rápidos de anticuerpos, autorizados con el convenio con la ESFM el 20 de marzo de 2020.

El primer contrato entre ESFM y Leno se rubricó el 26 de marzo de 2020 para la compraventa de un millón de mascarillas KN95 por valor de 6,6893 dólares por unidad. Un segundo contrato, con la misma fecha, se destinó a 2,5 millones de guantes por 2 dólares la unidad. Un mes después, el 7 de abril, se acordó la compra de 250.000 test rápidos a razón de 17 dólares la unidad.

Más Madrid recuerda en el escrito que la denuncia que llegó a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas se ponía de manifiesto que en la tramitación de estos contratos de emergencia se había detectado "un sobreprecio en la adquisición de mascarillas, guantes y test de antígenos porque el pagado estaba fuera del precio de mercado" y que tanto los test como los guantes "no reunían las características contratadas". Y todo ello "sin que se hubieran resuelto los contratos o se procediera a la recuperación o compensación de los pagos realizados".

El Ayuntamiento de Madrid, legitimado ante una responsabilidad contable, llevó a cabo alegaciones a la denuncia argumentando que era imposible fijar el precio de mercado y, por consiguiente, no se podría determinar un sobrecoste y apuntaba que los defectos apreciados en los productos suministrados de guantes de nitrilo, en concreto, su escasa longitud, se compensó con una reducción del precio acordado. 

Tras las alegaciones del Ayuntamiento, la Fiscalía solicitó el archivo al considerar que no se había producido un alcance en los fondos del Consistorio pero desde Más Madrid argumentan que existen testimonios contradictorios si se comparan los del Tribunal de Cuentas con los del Juzgado de Instrucción 47. 

Por otro lado, según recuerda Más Madrid, en los escritos de acusación enviados por el Ayuntamiento y ESFM ante el Juzgado de Instrucción, mantienen la comisión de menoscabos patrimoniales en las arcas públicas como consecuencia de sobreprecios e incumplimientos de los contratos suscritos, que incluso llegan a cuantificar, al contrario de lo manifestado por la asesoría jurídica del Ayuntamiento ante el Tribunal de Cuentas".

El Consistorio de Madrid reclamó en este juzgado a los dos acusados, Alberto Luceño y Luis Medina, indemnizar de manera conjunta y solidaria a la ESFM por la comisión de un delito de estafa agravada en la cuantía total de 7.931.419 euros. 

"No es baladí esta contradicción en las alegaciones del Consistorio, pues la misma afecta tanto a las diligencias preliminares seguidas ante el Tribunal de Cuentas como al pleito penal cuya instrucción ha realizado el Juzgado 47 de Madrid", zanja la formación política.

La estrategia de inversión impulsada por China o el desembarco de Arabia Saudí en Telefónica, que derivó en la entrada en la compañía la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI); o los movimientos de fondos como Blackrock, presente en la propia Telefónica, en Repsol o Iberdrola y que no para de extender sus redes y ha anunciado la compra por 11.413 millones de Global Infrastructure Partners (GIP), con lo que sumará presencia en la gasística española Naturgy; han provocado que se ponga la lupa en este tipo de operaciones, que no siempre siguen un camino predecible.

No está sucediendo sólo en España, es un fenómeno global, del que no se ha escapado la Unión Europea. De hecho, las entradas de inversión directa extranjera recibidas en la UE ascendieron “aproximadamente a 117.000 millones de euros en 2021”, según consta en un informe especial del Tribunal de Cuentas Europeo rotulado como Control de las inversiones extranjeras directas en la UE. La apertura a esas inyecciones económicas procedentes de inversores exteriores, entendiendo éstas como las realizadas por una persona física o empresa, ya sea privada o pública, de un tercer país ajeno a la Unión, es uno de los principios fundamentales del mercado interior común. Pero “las percepciones han cambiado como consecuencia de la preocupación por la falta de reciprocidad y del nuevo entorno geopolítico, así como de una mayor concienciación sobre las vulnerabilidades derivadas de las dependencias de la UE”, admite el equipo auditor que ha llevado a cabo dicho informe.

En el trabajo se advierte de que, a pesar de que esas actuaciones se consideran “en general beneficiosas para las economías de acogida y de origen" y para "las empresas” que las hacen, “ha ido aumentando la gravedad de los riesgos asociados” a las mismas, “especialmente en casos relacionados con la autonomía estratégica y los activos (por ejemplo, centrales nucleares o puertos), sectores sensibles (por ejemplo, aquellos que implican insumos críticos de defensa, como semiconductores o microchips de doble uso), o la transferencia de tecnología sensible a un tercer país cuyas intenciones estratégicas no se ajustan a los intereses de la UE”.

La UE dio un paso adelante en 2020 y armó un cerco para tratar de vigilarlas: el Reglamento 2019/452, que se parió con el fin de garantizar un enfoque coordinado de supervisión de las inversiones extranjeras directas en sectores vitales para la seguridad y el funcionamiento de la economía de la Unión y salvaguardar los intereses europeos en esos ámbitos. Los auditores del Tribunal de Cuentas han analizado su aplicación y han concluido que “la Comisión ha adoptado medidas adecuadas para establecer y aplicar un marco para el control de las inversiones extranjeras directas en la UE”, si bien “siguen existiendo limitaciones significativas en toda" la Unión que "reducen la eficacia y la eficiencia" en "la prevención de los riesgos de seguridad y de orden público”. Hacen notar que seis estados miembros no disponían de un mecanismo de control de la inversión extranjera en septiembre de 2023 y además “existen diferencias de alcance y cobertura en cuanto a la determinación de cuáles son los sectores críticos y a la interpretación de conceptos fundamentales”. Esto crea, a juicio del equipo del Tribunal de Cuentas Europeo, “múltiples ángulos muertos” que “comprometen la protección efectiva de toda la UE”, avisan.

Los autores del informe arrojan luz, asimismo, sobre el hecho de que los países no están obligados a informar a la Comisión ni a los otros estados de “sus decisiones definitivas” en los casos en que estos dos últimos “emitan dictámenes o envíen observaciones que identifiquen posibles riesgos para la seguridad o el orden público”, a lo que se añade que “las recomendaciones de la Comisión no son vinculantes" para los integrantes de la Unión, "aunque estén en juego los intereses generales de la UE”.

A lo desgranado se suma que el Reglamento puede dar lugar a distintas interpretaciones de conceptos como «impacto probable» y, debido a la concepción de aquél, “no se aplican sistemáticamente normas comparables a situaciones comparables”, en particular, “en el tratamiento del comercio intra-UE de entidades que sean propiedad o estén bajo el control de una entidad extranjera, o de inversiones de cartera -el TJUE ha descrito éstas como adquisición de títulos en el mercado de capitales efectuada con la única intención de realizar una inversión y no de influir en la gestión y el control de la empresa-”. Además, los países “pueden determinar por sí mismos el alcance de la seguridad y el orden público” y no tienen el deber de “informar a la Comisión del resultado de sus decisiones de control”, lo que dificulta “la tarea de la Comisión de supervisar la aplicación del marco” común.

Los consultores detectaron igualmente "divergencias significativas" entre las herramientas de supervisión de las transacciones extranjeras en el mapa europeo, o que la Comisión "no ha completado ninguna evaluación formal del cumplimiento de las condiciones mínimas establecidas en el Reglamento". Esto permite que "buena parte" de esas inversiones se escapen al control y hace que "el sistema se sobrecargue con un número considerable de casos de bajo riesgo o no admisibles". A juicio de los autores del estudio, se han puesto en marcha "operativas, sistemas informáticos y recursos" apropiados para gestionar la actual carga de casos derivada del mecanismo de cooperación y se han elaborado informes anuales, aunque creen que los datos facilitados por la Comisión y los estados "no son suficientes para evaluar la eficiencia y la eficacia del control" de las operaciones extranjeras y la cooperación bajo el paraguas de la UE.

Despiezadas sus observaciones y tras el diagnóstico, los auditores formulan una serie de recomendaciones para implementar en 2024 que pasan por introducir modificaciones en el Reglamento ligado a las inversiones extranjeras para “incluir el requisito de que todos los estados miembros establezcan mecanismos de control” y por aclarar conceptos clave como “la definición de riesgo ‘posible’, adaptándolo claramente al concepto de ‘amenaza real y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad’". Abogan también por “cubrir explícitamente las inversiones efectuadas en la UE por una empresa de propiedad extranjera económicamente activa" en la eurozona o transacciones mediante las cuales el ente exterior "adquiere un objetivo extranjero con filiales en la UE".

Del mismo modo instan a convertir en obligación el que los países "faciliten a la Comisión y a otros estados miembros, según el caso, observaciones sobre el resultado de sus decisiones de control" y a la "eliminación de los actuales ángulos muertos e ineficiencias". Apuestan, para finalizar, por otras cuestiones como evaluar los engranajes nacionales para velar por el cumplimiento "de las normas reglamentarias" y por "racionalizar algunas prácticas, como el control previo y la armonización de criterios, plazos y procesos" o mejorar el proceso de notificación en el espacio de la Unión.

El Tribunal de Cuentas ve "margen de mejora" en el diseño de los planes de prevención, detección, corrección y persecución del fraude a todas las entidades participantes en la ejecución de los Fondos Next Generation.

Esta es una de las conclusiones extraídas del informe del Tribunal sobre las medidas para la prevención, detección y corrección del fraude aprobadas por las entidades del sector público estatal en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El documento, cuyo ámbito de fiscalización se extiende hasta el 31 de mayo de 2022, pone de manifiesto algunas incidencias en el funcionamiento del sistema creado para la gobernanza del PRTR, según ha informado Europa Press.

El Tribunal de Cuentas ha analizado los Planes Antifraude (PA) de 75 órganos y entidades del sector público estatal aprobados el 31 de mayo de 2022. De las 75 entidades analizadas, 64 disponían de un plan y las 11 entidades restantes estaban en proceso avanzado de implantación.

La institución valora un "alto grado de implantación" de estos planes antifraude en el sector público estatal. Pero también señala que "en general, el desarrollo de dichas medidas ha tenido un alcance limitado, debido a que el plazo previsto en la normativa para que las entidades dispusieran de un PA ha sido excesivamente breve".

Según el informe, esta rápida implementación ha sido la causa de que las entidades no dispusiesen de un sistema lo suficientemente desarrollado para afrontar los riesgos que se asumirían en la gestión de los fondos europeos.

El organismo reconoce que en los planes antifraude analizados la mayor parte de las medidas esenciales están presentes, pero aún "existía margen de mejora". El 66% de estos planes se centran en la gestión de los fondos del Plan de Recuperación exclusivamente, sin hacerlo extensivos a toda su gestión.

A juicio del Tribunal de Cuentas, esto podría "erosionar" la credibilidad del compromiso antifraude ante los ciudadanos y los trabajadores de las entidades. Es por ello que ha recordado que una verdadera cultura antifraude requiere también un proceso posterior de revisión e interiorización por las personas afectadas, mediante la formación adecuada.

Para mejorar el control del fraude el organismo recomienda que la diversidad de planes antifraude aprobados se integren en el marco común de la Estrategia Nacional Antifraude (ENA), lo que permitirá generalizar la aplicación de las medidas antifraude a todas las actividades económicas, con independencia del origen de los fondos que las financian y encajar los PA en políticas de integridad globales.

Pero no es el único informe de fiscalización relativo a los fondos europeos que ha hecho el Tribunal de Cuentas. En un segundo documento analiza las medidas adoptadas en el ámbito de la administración general del Estado para la implementación del Plan de Recuperación.

El informe destaca que el "desarrollo más lento de lo previsto" del sistema informático de gestión y seguimiento del PRTR, denominado COFFEE-MRR, ha desembocado en "retrasos en la carga de proyectos en dicho sistema, su falta de interoperabilidad con otras aplicaciones y la ausencia de uso como instrumento para el análisis de riesgos".

Además, en lo relativo a este sistema, el Tribunal de Cuentas recomienda que permita la elaboración, de forma automatizada, de los informes previstos en la normativa, facilite datos de ejecución efectiva en términos de los hitos y gastos acometidos e integre la información necesaria para realizar análisis de riesgos e identificar a los beneficiarios de las ayudas, contratistas y subcontratistas.

También advierte el organismo que los informes de ejecución publicados en la página web para exponer los avances del Plan de Recuperación proporcionan información en términos "excesivamente generales" sobre el estado de implementación de las inversiones y reformas.

En este marco, se recomienda la continuación con el proceso de coordinación entre los departamentos gestores del PRTR y entre estos y la autoridad responsable. Por otra parte, se sugiere la inclusión en las páginas web de los distintos departamentos ministeriales de toda la información prevista en el Manual de Comunicación elaborado por la autoridad responsable.

En este mismo informe el organismo ha puesto de manifiesto algunas incidencias en el funcionamiento del sistema creado para la gobernanza del Plan de Recuperación, así como incidencias en la cobertura de las necesidades de personal surgidas para atender la gestión del plan con los recursos humanos preexistentes en la Administración.

Esas incidencias se han producido, apunta el Tribunal, en el Comité Técnico, que no ha realizado parte de sus funciones de coordinación y apoyo a la gestión de los ministerios y, en algunos casos, han sido asumidas por los propios gestores o por órganos especializados por razón de materia, como la Intervención General de la Administración del Estado o la Junta Consultiva de Contratación Pública.

El Tribunal de Cuentas (TCu) ha rechazado la petición del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y el resto de encausados de ERC de suspender la vista de este viernes por la proposición de ley de la amnistía y ha decidido celebrar el juicio que se sigue contra ellos y otros excargos del Govern -incluido el expresidente Carles Puigdemont- por la responsabilidad contable del presunto desvío de gastos relativos al 1-O y la acción exterior del procés, según recoge Europa Press.

La consejera del Departamento 2º de la Sección de Enjuiciamiento ha llegado a esta conclusión tras haber escuchado al resto de defensas y a las acusaciones -ejercidas por la Fiscalía y Sociedad Civil Catalana (SCC)- en la vista que tiene lugar este viernes en la sede de Madrid. Ha apuntado, sin embargo, que luego se pronunciará por escrito si suspende el procedimiento ante la proposición de ley de amnistía.

Fue el martes cuando los encausados de ERC pidieron la suspensión del juicio a la espera de la aprobación de la ley de amnistía toda vez que el PSOE presentó el lunes en el Congreso la proposición de ley. Los republicanos alegaron que era "altamente probable" que la entrada en vigor de la norma tuviese lugar en los próximos meses y apuntaron que el juicio de este viernes podía "acarrear cargas procesales innecesarias".

Los de ERC no han sido los primeros en pedir la suspensión de la vista. De hecho, recientemente Puigdemont y los exconsejeros huidos Lluís Puig, Toni Comín y Clara Ponsatí solicitaron que no se celebrara la vista porque consideraban que primero debía haber una resolución penal firme. El TCu desestimó esta petición.

Este viernes, la Fiscalía y Sociedad Civil Catalana han mostrado su oposición a que se suspenda la vista. El representante del Ministerio Público ha asegurado que, aunque la petición se basa en la economía procesal y "no puede hacer otra cosa que agradecer" la solicitud porque son principios que comparte, tiene que oponer porque la suspensión "no se puede subordinar a un acontecimiento futuro".

La Fiscalía ha recordado que la proposición de ley aún no ha sido admitida por la Mesa del Congreso y ha precisado que hasta que el texto no se convierta en ley y entre en vigor no pueden aplicarse los efectos de la misma. "Por lo tanto, no cabe en el momento presente la suspensión", ha apuntado el fiscal.

Se prevé que la vista de la práctica de la prueba dure solo un día y que las conclusiones --tanto de las acusaciones como de las defensas-- se presenten después por escrito. La sesión ha empezado sin la presencia de Puigdemont, que debía comparecer a declarar después de que el tribunal rechazara que compareciera por videoconferencia.

En esta causa la Fiscalía reclama 3,1 millones de euros de forma conjunta y solidaria a los 35 encausados tras rebajar las estimaciones iniciales del propio Tribunal de Cuentas, que había previsto una responsabilidad contable de unos 9,5 millones de euros. Sociedad Civil Catalana, por su parte, reclama 5 millones de euros a 11 excargos del Govern incluidos en la lista del Ministerio Público. Los encausados ya han aportado una fianza de cara al juicio para evitar embargos.

Entre los 35 nombres consta -además de Puigdemont- el del expresidente catalán Artur Mas, que ya fue condenado por el propio Tribunal de Cuentas a devolver a la Generalitat algo más de 4,9 millones de euros (a los que se sumó más de un millón de euros en concepto de intereses) por la organización de la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014.

En la lista también figuran exconsejeros condenados por el Supremo, como Raül Romeva y JordiTurull; exconsejeros huidos, como Toni Comín y Lluís Puig; exdelegados de la Generalitat en el extranjero, como los de Estados Unidos, Francia, Italia y Portugal; y delegados en el exterior que aún permanecen en el cargo, como Marie Katinka (Alemania) y Eric Hauck (países del sudeste de Europa).

Asimismo, están encausados nueve personas que fueron procesadas por el Juzgado de Instrucción Número 13 de Barcelona en la causa abierta por los preparativos del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Destacan el exsecretario general de la Presidencia del Govern Joaquim Nim; el exsecretario de difusión de Presidencia Antoni Molons; el exsecretario general de Trabajo Josep Ginesta; y el exdirector del Diplocat Albert Royo.

Las fundaciones y entidades vinculadas a partidos políticos recibieron en 2020 casi dos millones y medio de euros en subvenciones públicas y 1,7 millones de euros en aportaciones privadas. Si bien un tercio de ellas están inactivas y la mitad mal inscritas en el Ministerio del Interior.

Así se recoge en el 'Informe de fiscalización de las aportaciones percibidas por las fundaciones y demás entidades vinculadas o dependientes de los partidos políticos y de los gastos de programas y actividades de estas financiados con cargo a subvenciones públicas, ejercicio 2020', aprobado este jueves por el Pleno del Tribunal de Cuentas.

La institución que preside Enriqueta Chicano revela que ese año las 41 fundaciones políticas fiscalizadas percibieron un total de 2.472.202,85 euros en subvenciones públicas, procedentes en su mayoría de los ministerios de Educación, Cultura y Deporte y del de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Con carácter general, el fiscalizador concluye que los gastos subvencionados han sido "correctamente justificados".

Ahora bien, lamenta que de esas 41 fundaciones, únicamente 17 remitieron a tiempo sus cuentas anuales, 19 lo hicieron fuera del plazo establecido y cinco ni siquiera rindieron cuentas, por lo que no se ha podido fiscalizar su financiación. Se trata de las fundaciones Alfonso Perales (vinculada al PSOE), Horacio Fernández Inguanzo (PCE de Asturias), L'Institut d'Estudis Politics (EUPV) y Rey del Corral de Investigaciones Marxistas (PCE Aragón), y la Asociación Juventudes Navarras (UPN), según recoge el documento del tribunal, recogido por Europa Press.

El organismo fiscalizador también ha certificado que seis de las entidades fiscalizadas presentaron un balance negativo al cierre del ejercicio 2020, destacando por su importancia cuantitativa dos fundaciones relacionadas con el PSOE, la Fundación Pablo Iglesias y la Fundación Ideas para el Progreso. Ambas acumulan saldos por importe de 2,25 millones de euros y más de 146.000 euros, respectivamente, y la vinculada a Vox, la Fundación Disenso, con un resultado negativo superior a los 78.000 euros.

Entre sus recomendaciones, el Tribunal de Cuentas aconseja fijar un umbral de ingresos mínimo para que las fundaciones y demás entidades vinculadas o dependientes de los partidos políticos deban someterse obligatoriamente a auditoría externa. También insta al Gobierno a actualizar el Registro de Partidos Políticos --incorporando a todas las fundaciones y entidades vinculadas y dependientes-- y a exigir la inscripción obligatoria como requisito para recibir subvenciones públicas.

Entre otras cuestiones, el informe del fiscalizador pone de manifiesto que 12 fundaciones y entidades no registraron actividad alguna durante el año 2020, habiendo procedido varias de ellas a acordar su disolución y extinción en los ejercicios posteriores. Y solo 20 de estas entidades se habían inscrito en la sección específica del Registro de Partidos Políticos, incumpliendo la obligación de hacerlo las 21 restantes.

En cuanto a las aportaciones y donaciones privadas, la fiscalización recoge que las fundaciones políticas recibieron 1,7 millones de euros durante 2020, pero advierte de posibles incumplimientos, tales como donaciones ingresadas en cuentas bancarias ordinarias al no tener abiertas cuentas específicas al efecto; o donaciones procedentes de personas jurídicas sin aportar el acuerdo del órgano social competente.

Ante estos incumplimientos, el Tribunal de Cuentas informa de que comunicará a los organismos que concedieron cada una de esas subvenciones para que soliciten el correspondiente reintegro del dinero. En lo referente a las obligaciones de transparencia, un total de 16 fundaciones y 4 entidades políticas no habían publicado en su página web las cuentas anuales del ejercicio 2020, ni las conclusiones del informe de auditoría, en contra de lo dispuesto en la normativa vigente.

El Tribunal de Cuentas ha detectado que hasta cuatro formaciones políticas -Vox, Más País, Més per Mallonca y el PDeCAT- han incumplido la ley en materia de donaciones, lo que podría desembocar en la imposición de multas. Así consta en los dos informes de fiscalización sobre la contabilidad de los partidos correspondientes a 2018 y 2019 que acaba de aprobar el Pleno del órgano que preside Enriqueta Chicano. En concreto, el informe recoge determinados incumplimientos susceptibles de sanción previstos en el artículo 17 de la Ley Orgánica sobre Financiación de Partidos Políticos, infracciones que podrían ser sancionables en vía administrativa por el Tribunal de Cuentas tras los procedimientos correspondientes.

Según la comunicación del tribunal, recogida por Europa Press, la formación que lidera Íñigo Errejón incumplió la ley al aceptar donaciones de personas jurídicas; Més per Mallorca, el PDeCAT y Vox, por recibir donaciones finalistas, y los de Santiago Abascal también por aceptar donaciones no identificadas.

El fiscalizador ha escudriñado la contabilidad de 29 formaciones en 2018 y 32 en 2019. En total, la financiación pública percibida por todos ellos ascendió a casi 555 millones, 183 millones en 2018 y 372 millones de euros en 2019. En concreto, los partidos y sus grupos institucionales recibieron 171 y 178 millones en 2018 y 2019, respectivamente, para su funcionamiento ordinario y sus gastos de seguridad, mientras que las subvenciones electorales ascendieron a 12 millones en 2018 y de 194 millones en 2019. Aquel año hubo elecciones generales, autonómicas, locales y al Parlamento Europeo.

Estas cantidades representaron el 71% y el 83% del total de los recursos obtenidos por los partidos. El tribunal ha vuelto a recomendarles que equilibren la balanza entre la financiación pública y privada para evitar una excesiva dependencia de la primera y posibles situaciones de insolvencia. Una parte muy significativa de la financiación pública procede de las aportaciones que realizan los grupos institucionales, ya sean del Congreso, el Senado, las asambleas autonómicas, la juntas generales o los ayuntamientos.

El informe apunta que las aportaciones parlamentarias constituyen un promedio del 58% respecto de las subvenciones totales concedidas por las instituciones a dichos grupos. Así, los grupos parlamentarios transfirieron 71 y 69 millones de euros a las formaciones políticas en 2018 y 2019 y los locales, 34 y 42 millones.

Los recursos privados recibidos ascendieron a 75 y 74 millones en cada ejercicio, en su mayoría de cuotas y aportaciones de afiliados y cargos públicos (29 y 25 millones en 2018 y de 27 y 26 millones en 2019). Los ingresos por operaciones de gestión patrimonial y actividades promocionales han representado en 2018 y 2019 un total de 18 y 12 millones y las donaciones privadas 3 y 8 millones, respectivamente.

Todas las formaciones políticas fiscalizadas presentaron las cuentas anuales ante el tribunal, pero un 24% lo hizo fuera de plazo en 2018, porcentaje que aumentó hasta el 44% al año siguiente. Destaca el caso de Nueva Canarias --que lo hizo con más de tres y dos años de retraso, respectivamente--, mientras que EH Bildu presentó las cuentas anuales consolidadas con más de tres meses de retraso y e Izquierda Unida acumuló retrasos de entre 45 y 15 días. Además, EH Bildu e IU están entre los seis partidos que no incluyeron en sus cuentas la actividad de todas sus organizaciones locales. Tampoco lo hicieron el PSOE, el PNV, el Bloque Nacionalista Galego ni el Partido Aragonés.

Las formaciones políticas no están sujetas a la obligación de incluir en sus cuentas la actividad económica de los grupos parlamentarios y de los grupos municipales, por lo que se aprecia "gran heterogeneidad en la calidad de la información, en especial en lo atinente a los grupos políticos de ámbito local". El informe señala que 14 de los 32 partidos fiscalizados en 2019 incluyeron las contabilidades de algunos o todos sus grupos.

Las deudas de los partidos con entidades de crédito al cierre de 2019 alcanzaba los 145,72 millones, de los que 76,44 corresponden a deudas con garantía hipotecaria, 27,25 a deudas con garantía no hipotecaria y 42,03 millones a deudas de naturaleza electoral. Las deudas con prestamistas particulares, incluidos los microcréditos, ascendían a 14,37 millones de euros.

Además, seis presentaban un patrimonio neto negativo: Teruel Existe, Foro de Ciudadanos (Foro Asturias), Más País, Convergencia Democrática de Catalunya, En Marea e Iniciativa per Catalunya-Verds. En el caso de las tres últimas, el desequilibrio patrimonial ha producido que se hallen inmersas en situaciones concursales, previas a su disolución.

Los partidos están obligados a publicar en sus webs sus cuentas anuales y todos lo hicieron, con excepción de Anova en el ejercicio 2019. Sin embargo, 16 formaciones no habían publicado la información sobre créditos, donaciones superiores a 25.000 euros y/o subvenciones públicas, tres no habían publicado el Informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas correspondiente al ejercicio 2017 y diez no habían aprobado y publicado sus instrucciones internas en materia de contratación.