La Fiscalía archiva la denuncia por financiación de Vox sancionada por el Tribunal de Cuentas
La Fiscalía Anticorrupción ha archivado provisionalmente la denuncia del PSOE contra Vox por presunta financiación ilegal por sus "huchas o cajas de caudales", dado que el partido ya ha sido sancionado por el Tribunal de Cuentas en la vía administrativa.
La Fiscalía ha informado este lunes del archivo de esta denuncia, por la que abrió diligencias en el mes de marzo y que se dividía en dos bloques, ha informado EFE.
El primero, el de la recaudación de fondos en las mesas instaladas en la calle. El Tribunal de Cuentas sancionó en abril a Vox por una infracción muy grave con 862.000 euros por haber recibido donaciones no identificadas en efectivo en los ejercicios 2018, 2019 y 2020.
Esa sanción no es firme, porque Vox la ha recurrido, y tampoco unánime, dado que dos consejeros no ven que sea sancionable.
En cualquier caso, Anticorrupción expone que no se pueden traspasar a la vía penal "los hechos que han sido ya investigados y sancionados en la vía administrativa por el propio órgano fiscalizador de las cuentas de los partidos políticos".
Aunque la denuncia también habla de los años 2021 y 2022, no revisados de momento por el Tribunal de Cuentas, el criterio es el mismo.
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El segundo bloque de la denuncia afecta a un préstamo de un banco húngaro, que podría ser interpretado como donación, algo prohibido a los partidos políticos.
La investigación ha acreditado que en junio de 2023 Vox obtuvo del banco húngaro MBH Bank —que los denunciantes vinculan con el presidente de ese país, Víktor Orban— un préstamo de 6.500.000 euros, que en junio 2024 amplió a otros 192.082 euros, pero dicho préstamo fue íntegramente amortizado por la formación de Santiago Abascal en septiembre de 2024, por lo que no hubo donación.
Por otra parte, el Tribunal de Cuentas, en su reciente informe de 27 de marzo de 2025 sobre fiscalización de las contabilidades de las elecciones a Cortes Generales de 23 de julio de 2023, ha señalado que no ha sido posible acreditar si dicha entidad financiera se encuentra participada o no de forma directa o indirecta por Gobiernos y órganos, entidades o empresas públicas extranjeras.
