El líder de Junts, Carles Puigdemont, ha advertido este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que no le "renovará" la confianza mientras los socialistas persistan en "la estrategia que pretende hundir" a Cataluña "en la decadencia social, económica, lingüística y nacional", informa EFE.

Así lo ha afirmado en un mensaje grabado y difundido en redes sociales la víspera de Navidad, después de que Sánchez, en su comparecencia pública de este lunes, destacara la "normalización" política que a su juicio ha supuesto la ley de amnistía, una idea que también esgrime el presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

Puigdemont ha remarcado que "la amnistía no la querían de ninguna manera" ni Illa ni Sánchez: "Tuvimos que arrancársela de las manos, unas manos aún sucias de la represión de la cual son corresponsables y a favor de la cual se manifestaron al lado de la ultraderecha".

Después de que Junts haya reclamado, a través de una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados, que Sánchez se someta a una cuestión de confianza, porque considera que no está cumpliendo sus compromisos recogidos en el acuerdo de investidura, Puigdemont ha dejado en el aire la continuidad de su apoyo al Gobierno.

"A Sánchez le dimos apoyo. Por eso hemos actuado con responsabilidad. Admitimos la pérdida de confianza que le otorgamos. De ninguna manera la renovaremos mientras persista, tanto en Madrid como en Cataluña, la estrategia que pretende hundir a nuestro país en la decadencia social, económica, lingüística y nacional", ha alertado.

Visiblemente molesto con Sánchez e Illa, ha señalado que "los dos presidentes socialistas han creído que los apoyos recibidos les daban un cheque en blanco para intentar otro engaño como el de la Transición", que no fue "ni modélica ni transparente".

El presidente de Junts ha acusado a los socialistas en general, y a Illa en particular, de "fomentar la propaganda impulsada por el nacionalismo español desde que los catalanes" se empezaron "a movilizar y a votar por la independencia".

"El presidente Illa y sus propagandistas no pierden ocasión para imponer el relato de su partido", ha afirmado Puigdemont, un relato que consiste, ha dicho, en intentar "pasar página, borrar la historia y escribir otra inventada en la que Cataluña no tiene problemas nacionales, donde la relación con España debe basarse en no reclamar nada" y en "bajar la cabeza".

El Govern "en minoría" de Illa, ha enfatizado, no solo "no es capaz de presentar los presupuestos a tiempo", sino que además "menosprecia a una parte significativa de la sociedad catalana".

"Hemos de comenzar a trabajar sin perder más tiempo para que no lo vuelvan a hacer, para que nos encuentren a todos enfrente, recordándole, cada uno a su manera, que Cataluña es una nación, que no vivirá nunca en normalidad mientras sufra los efectos de su dependencia forzada de España, que no dejará de sufrir mientras su lengua sea pisoteada de manera sistemática, incluso por representantes del actual gobierno de la Generalitat", ha subrayado.

En su opinión, Illa "pretende que nos creamos que el sufrimiento que ha creado su 155, su persecución política y judicial durante más de siete largos años, no ha existido", pero "no habrá suficiente propaganda ni suficientes subvenciones para tapar tanta memoria".

A pesar de los temores que han existido a lo largo de los últimos meses en torno a las posibles consecuencias de los resultados de las elecciones europeas, que se preveían que podían truncar la buena marcha del proyecto europeo a lo largo de la novena legislatura (2019-2024) y a los casi dos meses de funcionamiento de esta décima (2024-2029) iniciada el 9 de junio, se confirma prácticamente lo contrario. Comienza ésta con muy buenas perspectivas de dar continuidad a los avances producidos en la novena.

Quizás, lo más importante del inicio de la legislatura ha sido, por un lado, la designación de los principales cargos de las instituciones con una gran mayoría. En primer lugar, la Presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha sido elegida por 562 votos a favor, es decir, el 90% de los votantes presentes en la cámara, lo que representa casi el total, salvo la extrema derecha y la extrema izquierda, frente a los 61 de la única candidata alternativa, que era Irene Montero, del grupo de la izquierda. Unos resultados francamente magníficos.

Por otro lado, la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ha sido elegida el 18 de julio, por 401 votos, cuarenta más de los necesarios para obtener la mayoría absoluta. Hay que recordar, que cinco años antes, únicamente consiguió la mayoría absoluta por nueve votos. Sobre todo, es importante subrayar que gran parte de nuestra opinión pública dudaba de que pudiera tener estos resultados sin contar con la extrema derecha, o que incluso existiera un candidato alternativo impulsado por Meloni, como era el caso de Mario Draghi.

Sin embargo, la presidenta de la Comisión ha defendido en su discurso de investidura un programa equivalente al de hace cinco años, en donde entre otras cosas, como ahora veremos, defiende la necesidad de la reforma de los Tratados, es decir, la profundización federal, y posteriormente o a la vez, la ampliación. Desde luego, continuar con el apoyo completo a Ucrania, sin fisuras. Estos tres temas eran claramente opuestos a las líneas fundamentales que defendía la extrema derecha, especialmente el nuevo partido de los Patriotas Europeos, liderado por Orban y el grupo de Le Pen, que tiene 84 votos.

Por lo tanto, la Presidenta Von der Leyen va a poder dar continuidad a la política realizada en la anterior legislatura, gracias al apoyo de las cuatro formaciones de centro izquierda y centro derecha: Partido Popular Europeo, Partido Socialista, liberales de Renew y Los Verdes, con una composición entre los cuatro algo superior a la que tenían en la legislatura anterior los tres primeros. Es decir, sigue existiendo un programa común bien claro entre estos partidos, que da continuidad del proyecto europeo, y que representan más del 60% de la cámara, frente a la división completa de los partidos de extrema derecha, que suman algo más del 20%, que defienden la soberanía de los Estados miembros.

Como consecuencia, la capacidad de influencia de la extrema derecha en el proceso político 2024-2029 en principio será bastante limitada, y muy distinta a la que se señalaba desde hace unos meses. El nubarrón de esta nueva situación es Orban, que actualmente ejerce la presidencia de turno del Consejo de la UE —hay que recordar que desde nuestro Movimiento Europeo solicitamos que se saltara la misma por no aplicar el Artículo 2 del Tratado de la UE— y que durante este primer mes ha tenido algunas actuaciones divergentes, especialmente en política exterior, respecto a la posición común de los principales partidos y las instituciones lideradas por estos. 

Desde el 1 de julio, Orban hizo una importante visita a Ucrania, donde saludó y apoyó por vez primera a Zelensky frente a Rusia, pero que dos días después fue impugnada esta posición por otro viaje a Moscú, donde tuvo una larga conversación con Putin. Entre esos dos viajes, visitó Nagorno Karabaj y participó en la Cumbre de los Estados Túrquicos, en contra de la posición europea y, por si fuera poco, viajó posteriormente a China, manteniendo posiciones distintas a las de las instituciones europeas. Por último, a mediados de mes, visitó a Trump en Florida, manteniendo un claro acercamiento, en donde incluso el eslogan de su presidencia será “hacer Europa fuerte otra vez”, inspirado por el expresidente estadounidense.

Sin embargo, las instituciones por unanimidad han manifestado que Orban no tenía mandato alguno para realizar estos viajes y representar a la Unión. Concretamente, en respuesta a ello, las cumbres informales que se están realizando en Budapest, no están asistiendo ninguno de los comisarios, como es tradicional, y solamente acuden funcionarios de la Comisión. Por otro lado, es importante resaltar que el 25 de julio, el Ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania ha realizado una visita a China, lo cuál nos permite pensar que algo está moviéndose en esta relación.

En todo caso, hay que recordar que la presidencia de turno de Hungría coincide con un periodo legislativo en el que todavía el proceso político no se va a iniciar prácticamente, ya que este no comienza hasta noviembre o diciembre, cuando ya esté nombrado el colegio de comisarios y el nuevo Presidente del Consejo, que será el socialista portugués Antonio Costa, con lo que se confirma una vez más el acuerdo de los tres grandes partidos. A esto hay que añadir que está ya acordada su designación, en sustitución a Josep Borrell, Alta Representante para la Política Exterior a Kaja Kallas, que es la Primera Ministra de Estonia, del grupo liberal. 

Por todo ello, se confirma que se inicia la décima legislatura con una cierta tranquilidad, ya que, por un lado, hay Presidenta del Parlamento Europeo con un gran apoyo, así como la presidencia de las veinte comisiones parlamentarias, que tendrán nombramientos similares a los de la legislatura anterior; continuará la Presidenta de la Comisión, con un programa común de reformas y con el compromiso de cuatro fuerzas políticas pro europeas; hay acuerdo en el nombramiento del Presidente del Consejo a Costas; y también hay acuerdo para la Alta Representante Kallas.

Por otro lado, no ha habido grandes repercusiones en los Estados miembros, especialmente en Francia, donde habrá una cohabitación de Macron, pero no como se decía con un primer ministro de extrema derecha, sino posiblemente con una primera ministra socialista. También, en contra de lo que se decía, no habrá varios comisarios de extrema derecha, sino los mismos o incluso menos que en la legislatura anterior. Aunque Reino Unido, de momento, no está en la UE, los resultados de las elecciones confirman que el nuevo gobierno tiene un programa muy similar al de los Estados miembros de la Unión.

Por último, la agenda estratégica 2024-2029, aprobada por el Consejo Europeo del 26 y 27 de junio, da continuidad a las conclusiones que se habían mantenido hasta el momento, y el discurso de investidura de la Presidenta de la Comisión también refleja una enorme unanimidad en las fuerzas pro europeas. Por ello, entendemos que se inicia la nueva legislatura con buenas perspectivas para continuar la profundización y ampliación del proyecto europeo con el apoyo completo a Ucrania.

Francisco Aldecoa es presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo y catedrático emérito de Relaciones Internacionales en la UCM.

"¿Va a convocar [Pedro Sánchez] elecciones? No, mi opinión es que no". Esa fue la respuesta que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, dio el pasado jueves en la Cadena Cope, verbalizando por primera vez lo que, hasta la fecha, se resistían a asumir en Génova: que la legislatura puede durar a pesar de la debilidad parlamentaria del Gobierno de Pedro Sánchez. Hace solo tres semanas, el pasado 27 de junio, el propio Feijóo dijo ante los micrófonos de Esradio que "barajaba la posibilidad" de unas elecciones anticipadas en 2024. Ahora lo descarta.

El conservador llevaba un año alimentado la tesis del adelanto electoral desde que fracasó en su intento de conseguir en los comicios del 23J una mayoría suficiente para gobernar, que toda la formación daba por descontada al calor de las encuestas. Él mismo admitió después que no gestionó bien los pactos con Vox tras las municipales y autonómicas del pasado año, en los que acabó sometiéndose a las demandas de la ultraderecha y confió su supervivencia a una repetición electoral o, en el peor de los casos, a una legislatura corta, de no más de dos años, en la que Sánchez sufriera el desgaste de depender de Junts y Esquerra Republicana.

Su errática estrategia, defendiendo por todos los medios que debía gobernar la lista más votada — aunque ese modelo no se ajuste al establecido en la Constitución de 1978 y de que su partido no lo aplica cuando le conviene—, su "no soy presidente porque no quiero" y las idas y venidas con Junts, el PNV o el PSOE tampoco fueron entendidas por una parte de los barones y medios conservadores, que nunca entendieron el empeño del candidato en ir a una investidura condenada al fracaso en vez de asumir desde el primer momento el liderazgo de la oposición.

Las sucesivas convocatorias electorales celebradas desde el pasado año —gallegas, vascas, catalanas y europeas— han servido para mantener ese liderazgo de Feijóo, pero también para constatar que la supuesta factura que ha pagado Sánchez por pactar con Junts y ERC la amnistía no es tal, ya que los socialistas han logrado mantenerse —con mayor o menor dificultad— en la mayoría de territorios e incluso tienen opciones de gobernar en la Generalitat catalana. El resultado de las europeas del pasado junio, en las que el PSOE se mantuvo por encima del 30% de los votos, no le asestó a Sánchez el golpe que esperaba Feijóo.

Con todos elementos encima de la mesa y pese a las dificultades que está teniendo el Gobierno para sacar adelante normas en el Congreso más allá de la amnistía, el PP asume que Sánchez puede resistir y que la legislatura durará, tal y como el presidente del Gobierno ha señalado en varias ocasiones. Así, en Génova ya no creen que el socialista aproveche un eventual adelanto electoral en Cataluña para convocar también elecciones a nivel nacional porque aunque el PSOE resiste no lo hacen los socios del Gobierno, desde Sumar pasando por la propia ERC.

Con todo, en Génova aseguran que no se van a mover de la estrategia de atacar por todos los frentes —parlamentario, judicial y mediático — a Sánchez y subrayan que no van a ejercer como su "salvavidas" en el Congreso. Aunque se ha producido un cierre de filas absoluto con Feijóo tras el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial, incluso por parte del sector más duro del PP, el líder conservador es consciente de que hay quien mira con desconfianza cualquier pacto con Sánchez, por lo que no cederá o, en su lugar, venderá caro su apoyo como sucede con la ley de extranjería, que también demandan territorios gobernados por ellos como Canarias o Ceuta.

Así, continuarán con la estrategia de acoso y derribo puesta en marcha por el PP desde la moción de censura que en mayo de 2018 puso fin al mandato de Mariano Rajoy y abrió la puerta de la Moncloa a Sánchez. Una guerra total que ha ido creciendo en virulencia tanto de la mano del exlíder del PP, Pablo Casado, como de Feijóo siempre con la colaboración de la derecha mediática, en especial los pseudomedios situados en la órbita de la extrema derecha, y de los que hasta la semana pasada eran sus socios en diferentes autonomías, Vox. 

El PP seguirá atacando a Sánchez por su entorno familiar. Vio inmediatamente una oportunidad en las informaciones que tratan de sostener desde hace meses que el Gobierno ha tomado decisiones para favorecer a empresarios supuestamente afines a Begoña Gómez, la esposa del presidente. Saltándose sus propias líneas rojas, porque cuando les afecta a ellos, en el PP consideran la familia un asunto privado, como está pasando en relación con los delitos confesados por el novio de la presidenta de Madrid y las mentiras que ella misma ha pronunciado para encubrirle. A esta estrategia han añadido un nuevo objetivo, el hermano del presidente del Gobierno y al que también sopesan llevar a la comisión del caso Koldo del Senado.

La estrategia del PP se ha extremado desde que estalló ese caso y Génova vio la posibilidad de sembrar dudas sobre el conjunto del Gobierno a partir de una investigación judicial que, al menos de momento, solamente afecta a un exasesor del Ministerio de Transportes. Sin embargo, por el momento la fiscalización en la Cámara Alta no ha dado los frutos esperados y tanto el exasesor como el exministro José Luis Ábalos lograron salir indemnes de las preguntas de los senadores del PP. Eso llevó al partido de Feijóo a posponer la citación a Sánchez para la comisión, ante el temor de que no solo saliera indemne sino también reforzado.

El objetivo de Feijóo es ser la formación de referencia 'anti Sánchez' y evitar que formaciones a su derecha, como Vox o Alvise, crezcan para capitalizar ese "descontento". Así, ya están haciendo suyas algunas de las señas de identidad de los ultras empezando por la bandera antiinmigración al hablar de "efecto llamada" y de que las fronteras españolas son "un coladero" y también se están apropiando de las reivindicaciones de agricultores y ganaderos, un sector que la ultraderecha cultiva desde hace años agitando el miedo a las medidas que tratan de proteger el medio ambiente, a las normas de la Unión Europea y a la Agenda 2030.

La decisión de Vox de romper todos los gobiernos autonómicos con el Partido Popular el pasado jueves fue recibida con escepticismo en la sede de Génova 13. Aunque la dirección de Feijóo lo celebró públicamente y es cierto que el PP está más cómodo gobernando en solitario, también es consciente de que todos los Ejecutivos que hasta la pasada semana compartían con Vox tienen más complicada la estabilidad para el resto de la legislatura, como subrayó el propio líder del PP solo unas horas después de que Santiago Abascal anunciara la ruptura. Feijóo pidió a los cargos ultraderechistas que "no entorpecieran la gobernabilidad" e incluso se mostró agradecido por "los servicios prestados".

En la dirección del PP quieren seducir a los votantes de Abascal, pero son conscientes de lo difícil que resulta atraerlos, ya que en su mayor parte siguen desconfiando de la voluntad del PP de llevar a cabo el programa de máximos de la derecha. Y saben que la ruptura de Abascal, aunque incomprensible para muchos, también les confiere el aura de partido "íntegro" que no se deja "amedrentar" y que está dispuesto a renunciar a los "sillones" a cambio de mantener determinadas líneas rojas. No obstante, la lectura de algunas voces de la dirección es que el líder de Vox se ha equivocado al hacerlo con el reparto de menores migrantes.

También están intentando acercarse al 'mundo' de Alvise y se muestran preocupados por las implicaciones que pueda tener su irrupción en unas generales ya que el mismo ha manifestado —la última vez este martes— su intención de presentarse a esos comicios. La dirección del partido identifica que hay un público joven y muy derechizado al que no están llegando y han decidido aparecer en formatos consumidos por el público joven. Ese fue el motivo tras la decisión de Feijóo de acudir recientemente al podcast de Worldcast, creado por el influencer Pedro Buerbaum, por el que también han desfilado figuras como la del propio Alvise, Abascal o el pseudogurú Amadeo Llados.

El periodista y escritor palentino Isaías Lafuente ha publicado recientemente nuevo libro, Unidad de Vigilancia Lingüística, veinte años de gazapos (Aguilar). El volumen recopila con humor los lapsus y anécdotas que recoge la sección del mismo nombre del programa La ventana en la Cadena Ser. Como enamorado del idioma afirma que “si hay algo verdaderamente democrático es la lengua, ya que se fabrica en cada cuarto de estar, en cada conversación de bar, en las empresas y de ahí llega después al diccionario y llega a la gramática”. Lafuente ha seguido durante años la actualidad y se muestra tranquilo ante el futuro, tanto por la fortaleza del Estado ante la ley de amnistía como ante una difícil legislatura que va a requerir al Gobierno “cambiar el chip para gobernar”.

“Es muy preocupante que un gobierno no utilice las fuerzas de seguridad para perseguir delincuentes, sino para perseguir al adversario político, al margen del aval judicial. Y ya no solamente para investigar de manera prospectiva, sino incluso para fabricar delitos y pruebas falsas contra esos adversarios. Este es un asunto muy grave en democracia y creo que se lo debe parecer a cualquier demócrata. Sorprende el silencio del Partido Popular. El PP no puede decir: “Bueno, esto fue hace diez años”. Hace más de diez años acabó ETA y, sin embargo, está todavía en el discurso político. El Partido Popular tiene primero que clarificar cuál es su opinión. Tiene que decir que es un asunto grave, pedir que se investigue hasta el final y hacer pagar a aquellos que presumiblemente organizaron y orquestaron esta operación”. 

“Primero hay que clarificar a qué llamamos lawfare. Si con lawfare nos referimos a que todo el Poder Judicial está en estos momentos actuando con intención política contra determinados partidos, me parecería exagerado. Pero es evidente que ha habido partidos que se han visto sometidos durante los últimos años a investigaciones judiciales que se han dilatado en el tiempo y que han terminado en nada. Ha sucedido con Podemos, con más de 20 querellas que han estado vivas durante muchísimo tiempo y han terminado sencillamente archivadas. Tenemos la Operación Cataluña o el caso de Alberto Rodríguez. Eso nos tiene que hacer recapacitar y nos tiene que hacer pensar como un país democrático. Me parece muy bien que se investigue y creo que el Parlamento, donde reside la soberanía popular, es el órgano para hacerlo”.

“A mí me parece que la amnistía debería ser un recurso excepcional. Creo que es constitucional y que, en determinadas situaciones, nos puede permitir avanzar en lo político, como sucedió en nuestra Transición, que fue modélica y se cimentó sobre una amnistía. La discusión es si al no estar prohibida está permitida. En todo caso tenemos un órgano, el Tribunal Constitucional, que tendrá que decidir en su momento si esa ley que se apruebe en el Parlamento es constitucional. El Gobierno nos dice que es necesaria para normalizar la situación en Cataluña pero el tema es si finalmente ese fin que justifica los medios se cumple. Mientras suenan las trompetas del Apocalipsis día sí y otro también debemos apelar a la normalidad democrática. Vivimos en un Estado con suficientes garantías que preservará que todo se haga conforme a la ley y a la Constitución”.

“Este Gobierno tiene experiencia en gobernar con equilibrios muy delicados, porque nunca ha tenido mayoría absoluta. Sabíamos que la legislatura iba a ser complicada; quizás, la sorpresa ha sido que se haya complicado tan pronto y que Junts haya dejado claro que aquel pacto por la investidura no era necesariamente un pacto por la legislatura. Al margen de los juegos retóricos que se produzcan y de las tensiones que se edifiquen en cada momento, creo que el hecho de que ambas partes se necesiten va a garantizar que la legislatura, aun siendo dificultosa, pueda salir adelante. Seguramente el Gobierno tendrá que cambiar el chip de la forma en la que gobierna y, por otro lado, tendremos que estar presenciando la teatralización de una discrepancia que finalmente, de momento hasta ahora, ha terminado en un acuerdo”.

“Núñez Feijóo ya es líder de la oposición desde hace tiempo y ha jugado unas cartas que no le han permitido tener la mayoría suficiente para ser presidente de Gobierno. Creo que Núñez Feijóo tiene que decidir qué es lo que quiere ser de mayor. Tiene que decidir dónde busca su crecimiento para tener posibilidades de gobernar en un futuro con el apoyo de partidos a los que su actual socio, que es Vox, querría ilegalizar. Si lo gana conquistando al votante de centro o con un discurso que intente recuperar a los votantes que un día estuvieron en el Partido Popular y se han ido a Vox, a la extrema derecha. Me parece peligroso alimentar un discurso de extrema derecha para quitar esos votos a Vox. Creo que partidos que aspiren a gobernar en nuestro país no deben contaminarse del discurso de los extremos. Pienso que la mayoría de la ciudadanía de este país está en otro ámbito, el rumbo está en la moderación”.

“No sé lo que pretende Podemos, la verdad. Se presentó bajo las siglas de Sumar en las anteriores elecciones. La disputa personal con consecuencias políticas, de marcar territorio respecto a este partido y a Yolanda Díaz, les ha llevado a oponerse al famoso decreto, lo que no sé si se entenderá por parte de su electorado. Se verá en las próximas elecciones europeas, aunque al ser circunscripción única, seguramente les permitirán obtener un escaño para Irene Montero. Sin embargo, me temo que, para recuperar el terreno perdido respecto a su electorado, Podemos necesita hacer algunos esfuerzos más. La atomización de la izquierda, como la de la derecha, merma las posibilidades electorales. Podemos tiene que mantener el equilibrio entre lo que han de hacer para sobrevivir y recuperar terreno electoral y también para que sus votos sirvan en el Congreso para sacar adelante políticas de izquierdas”.

“Es muy importante porque el lenguaje nombra una realidad. Los habíamos llamado inválidos, discapacitados y hasta subnormales. Todavía en democracia, después de la muerte de Franco, tenemos leyes de subnormalidad. El término disminuidos que se empleó en la Constitución fue un neologismo que intentó dar un paso adelante respecto a denominaciones que nos parecían de otro tiempo y que desde luego nos parecían ofensivas para estos ciudadanos y para estas ciudadanas. Creo que tenemos que estar orgullosos de que un término así haya salido de la Constitución, pero, por otro lado, debemos estar muy preocupados por que durante casi medio siglo hayamos tenido esta denominación en la Constitución. Una denominación que iba muy por detrás de los avances que hemos tenido socialmente, políticamente, respecto a las personas con discapacidad en nuestro país”.

“Yo no veo a la gente llegando al insulto como vemos en el Congreso o en el Senado, o en las ruedas de prensa de los partidos políticos. Esa agresividad dialéctica que vemos en el discurso político puede terminar siendo caldo de cultivo de la agresividad social. Y me parece que esto, aparte de no responder a criterios de buena educación, puede ser un arma peligrosa. A ver si estamos hablando de que España se rompe sin que España se rompa y, sin embargo, estamos rompiendo España a base de estos discursos agresivos que contemplamos cada día. Yo creo que aquí no todos son iguales. Yo creo que la agresividad en el lenguaje no se da en todo el espectro político. Se da especialmente en algunos ámbitos y sería conveniente reclamar serenidad a algunos políticos, precisamente para no crear un caldo de cultivo que genere una crispación artificial, que realmente no está en la sociedad”.

“La importancia del lenguaje es tal que, por ejemplo, tenemos el matrimonio inclusivo gracias a un olvido de los constituyentes. Al redactar nuestra Constitución dijeron que el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica, pero no dijeron que tenían que casarse entre sí. Y precisamente esa ausencia de esas dos palabras, “entre sí”, permitió que el matrimonio entre personas homosexuales sea una realidad. Creo que el lenguaje inclusivo en una sociedad democrática no es una posibilidad, es una exigencia. Debemos usar un lenguaje que nombre con precisión a las personas, a las organizaciones, a cada situación que vivimos. Que todas las personas a las que nos refiramos se sientan incluidas. Debemos normalizar estos avances. Conviene no poner diques que después los hablantes se verá si rompemos con el paso del tiempo, o no”.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha criticado que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón tiene "cierta querencia" a pronunciarse en "momentos políticos sensibles", tras insistir el juez en la tesis terrorista en la causa sobre Tsunami Democràtic, en la que investiga al expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, por un presunto delito de terrorismo.

"Yo sería muy cauta con respecto a la manera en la que se estaba pronunciando este juez, que como digo nos tiene acostumbrados a que siempre se incline en esta misma dirección, que evidentemente tiene una implicación política importante y suele salir a colación en momentos políticos sensibles", ha asegurado Ribera este viernes en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press.

Lo ha hecho al ser preguntada por su opinión acerca de que el juez haya desestimado el recurso presentado por la Fiscalía contra su decisión de enviar la causa sobre Tsunami Democràtic al Tribunal Supremo para que investigue por un delito de terrorismo en la causa a Puigdemont, a la dirigente de ERC Marta Rovira y a otras diez personas, al tiempo que mantiene que los hechos fueron terrorismo.

Ribera ha empezado su respuesta afirmando que es "muy importante" respetar la separación de poderes como uno de los principios fundamentales de la convivencia y la Constitución, incluido el respeto al Poder Judicial, a jueces y magistrados.

Pero "eso no impide ver", ha continuado la vicepresidenta tercera, "que hay algunas personas que ostentan esa representación institucional del Poder Judicial que tienen cierta querencia por pronunciarse siempre en una misma dirección y en un momento particularmente oportuno frente a lo que por lo demás suelen ser los pronunciamientos de otros compañeros dentro del ejercicio de ese Poder Judicial".

Ante esta respuesta, y al ser cuestionada si estaba acusando a García Castellón de guiarse por un criterio político, Ribera ha indicado que es un juez que "siempre tiene mucho acierto en la sensibilidad de las fechas" y ha señalado que "debe motivar, explicar" su pronunciamiento. "Corresponde esperar a ver qué es lo que ocurre", ha añadido.

Y a la pregunta de si lo considera un caso de lawfare, de persecución judicial por motivos políticos, Ribera ha esgrimido que es "capital" entender que no solamente importa el ejercicio del Poder Judicial, sino también "las formas y las motivaciones". "Pero también esa valoración de oportunidad sobre el momento en que salen a la luz estas informaciones es relevante", ha remachado Ribera en referencia a García Castellón y en el marco de la tramitación de la ley de amnistía para los implicados en el proceso independentista catalán.

Horas después de esta entrevista, el Gobierno afirma que "por supuesto" respetará la decisión final que adopte la Audiencia Nacional sobre este caso después de las críticas lanzadas por Teresa Ribera. Según indican fuentes gubernamentales, el Ejecutivo demuestra con su actuación su respeto institucional al Poder Judicial, a la separación de poderes y a la independencia de jueces y magistrados en su labor. Afirman además que el Gobierno respeta "siempre" las decisiones judiciales "aunque, en ocasiones, no comparta algunas de ellas".

"En el caso Tsunami, las decisiones del magistrado fueron recurridas por el Fiscal del caso, por lo que la consideración jurídica de los hechos ocurridos como terrorismo están pendientes de recurso ante la propia Audiencia Nacional. Ese debate jurídico se resolverá por los órganos judiciales y el Gobierno respetará, por supuesto, la decisión final que se adopte", señalan.

Llevamos años complicados. La sucesión de crisis sanitarias, económicas, bélicas, políticas, etc. ha extendido un sentimiento general poco dado al optimismo. En realidad, por pura cuestión estadística, deberíamos empezar a tener un sentimiento contrario. Esto es difícil que se agrave aún más. Por mi parte, pienso arrancar el año con total optimismo. Hay poco que perder. En el caso de que nada cambie, seguiríamos como ahora y, pese a todos los males, aquí resistimos.

Esta posición personal no supone una mera declaración inocente. Creo que nuestra sociedad necesita desencadenar una lucha frente a las fuerzas que trabajan arduamente para que se extienda el máximo negativismo posible. Hay un activo bloque económico-político-mediático que tiene claro que acentuar un sentimiento generalizado de descontento, de angustia y de rabia es la mejor manera de obtener beneficio.

En el mundo financiero, en épocas turbulentas, se mueven especuladores que se enriquecen jugando en corto. Se trata de una estratagema en la que el beneficio sale de apostar a que un activo va a caer. Es decir, cuanto más se hunda, mayor es el beneficio obtenido. En esa coyuntura, hay poco que hacer, pero si se puede contribuir de alguna forma a que la situación empeore lo más posible, más dinero se ganará.

Definitivamente, la derecha en España ha decidido apostar por hacer política en corto. Ha visto con profunda consternación que no tiene el apoyo suficiente del pueblo español para gobernar. Asumida a duras penas esta realidad, ha pensado que la única opción que tiene para sacar algún rédito en esta etapa es contribuir a que todo se deteriore lo más posible. La clásica actuación de un patriota. A estas alturas, todos sabemos que hay una derecha que ama profundamente España, siempre y cuando sea suya. Si hay que compartirla con todos, mejor volver a repartir cartas.

Nos esperan meses de permanente tensión teniendo en cuenta que se van a suceder procesos electorales de forma ininterrumpida como mínimo hasta el verano. Las elecciones siempre tienen en positivo la posibilidad de que los ciudadanos elijamos en cada momento el rumbo del país. A cambio, cada vez que se acerca una campaña electoral, las batallas partidistas se recrudecen y acaban por acentuar la confrontación política y social. Queda por ver cómo los sectores más radicales de la derecha son capaces de encontrar la forma de embarrar más aún la ciénaga en la que quieren convertir este país, por pura estrategia de desestabilización.

Hay que reconocerles un mérito: la constancia. Parecen haberle encontrado el gusto a vivir en la calle en pleno estado de ebullición. Cabe suponer que para muchos de ellos tiene una parte de atracción recreativa ante la que no cabe reproche alguno. Una agradable reunión de amigos, unos insultos a gritos como terapia expansiva y unas tapitas al acabar. Muchos dirigentes y seguidores de la derecha española no entenderán por qué no se les había ocurrido antes un plan tan apetecible. Los más extremos incluso han descubierto que mostrar públicamente su desvarío mental les hace vivir con sobredosis de adrenalina. Al igual que ocurre con una solemne borrachera, viven la disonancia entre cómo se ven ellos y cómo los ve el resto de la sociedad.

Mientras, la política real transcurre en otros escenarios. Contamos con un Gobierno de coalición realmente peculiar. Tiene una evidente vocación progresista, aunque es obligado reconocer que el pegamento que le da consistencia es sencillamente la unión frente a una derecha excluyente, antipática y con preocupantes rasgos ultras. El Gobierno se sostiene más por el rechazo a una derecha amenazante y enfadada que por un espíritu de ilusión común de todos los socios que apoyan al Ejecutivo de Pedro Sánchez. El panorama político que se avecina tiene una incógnita principal. El Gobierno necesita el apoyo de diferentes partidos cuyos intereses particulares se anteponen habitualmente al interés colectivo de la mayoría social que representan.

En realidad, algunos de estos socios, que no amigos, apuestan por apoyar la estabilidad política con el único fin de intentar cumplir sus diferentes expectativas. Básicamente, hay tres posibles vías de agua que habrá que evitar. La pugna entre Sumar y Podemos es difícil de determinar cómo puede acabar. En Euskadi, es año electoral y la pugna entre PNV y Bildu promete ser más reñida que nunca. Finalmente, con el independentismo catalán siempre es difícil hacer planes de futuro. Su obsesiva pasión por el discurso de provocación de cara a la galería se verá intensificada en 2024 ante las elecciones que se avecinan. La rivalidad entre Junts y ERC siempre amenaza con desestabilizar la nave en la que todos los socios de la legislatura deben convivir.

La izquierda tiene su propio plan para este año. Le toca gobernar España. Ya sabemos que no serán necesarias tantas iniciativas legislativas como hasta ahora. Menos mal, porque la complejidad en las negociaciones para cada paso que se quiera dar promete ser endiablada. Lo que toca es profundizar en buena parte de las reformas emprendidas y, sobre todo, en ir adaptando la marcha de la economía en mitad de las incertidumbres que se vislumbran. Trabajo no va a faltar. Parece evidente que será más útil para el país centrarse en la actividad de gobierno que en seguir el paso a esa derecha cuya única aspiración es el obstruccionismo y el intento de que la legislatura descarrile en cualquier momento.

Este es el juego que nos espera. La derecha apostará por el negativismo y la izquierda por el optimismo. La derecha buscará el bloqueo y la izquierda avanzar. La derecha forzará la confrontación y la izquierda intentará evitarla. La derecha elevará la descalificación y el insulto y la izquierda tratará de no aceptar la provocación. La derecha saldrá a la calle y la izquierda a trabajar. La derecha mostrará su rostro más desafiante y a la izquierda le toca sonreír. La derecha puede seguir festejando su afamada victoria electoral protestando y la izquierda administrará su derrota gobernando. Estas son las reglas de juego.

La coportavoz estatal de Podemos, Isa Serra, ha culpado a Sumar de la marcha de los diputados morados al Grupo Mixto al sostener que han roto el "acuerdo político" para seguir coaligados al "arrinconarles" en el Congreso, a la vez que ha rechazado que se les acuse de trasfuguismo tras salir del grupo plurinacional. Por otro lado, ha proclamado que van a presionar al PSOE con sus votos para que "vaya más lejos de lo que quiere" durante la legislatura, como hicieron cuando gobernaron con los socialistas en el anterior mandato.

"Todo el mundo sabe lo que hace Podemos cuando está en las instituciones, lo que hemos hecho en el Gobierno (...) Obviamente desde el parlamento vamos a seguir haciendo lo que siempre hemos hecho, decidir nuestro voto en función de las propuestas que nos lleguen y en función de los avances que consideramos que se necesitan para la ciudadanía", ha manifestado en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press.

Cuestionada por la llamada de la líder de Podemos, Ione Belarra, al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, para trasladarle que la legislatura no estaba en riesgo, Serra ha asegurado que el PSOE es "muy consciente" de que necesita a Podemos para que exista una mayoría que haya frente a PP y Vox, y que en el pasado ha tenido que "cumplir" con muchas medidas pactadas con su formación.

"Muchas veces presionaremos al PSOE para que vayamos más lejos de lo que el PSOE quiere, eso es evidente. Lo hemos hecho siempre, lo vamos a seguir haciendo, pero saben que cuentan con una fuerza política que siempre va a estar para ampliar derechos, eso lo conocen perfectamente", ha zanjado.

Y todo ello, ha proseguido Serra, a pesar de que los socialistas tomaron la iniciativa de "echar" a Podemos del actual Gobierno, para lo cual ha tenido la ayuda de la líder de Sumar, Yolanda Díaz, dado que ahora es "responsabilidad" de ambos "cuidar" el "bloque democrático", algo que no hicieron en el caso del partido morado.

De hecho, ha defendido que salir de Sumar es la "única decisión que podían tomar" después de meses de estrategia de "mermar" a Podemos, con el "veto" en las listas a la exministra Irene Montero, la "exclusión" a su partido del Ejecutivo y dejarles sin voz ni capacidad política en el Congreso.

Es más, Serra ha insistido en que fue un "error" político arrinconarles en el Congreso y que todo el mundo sabe que firmaron la coalición con Sumar pese a las condiciones injustas que les planteó Díaz, con incluso "amenazas" y "presiones" hasta el final para que rubricaran ese pacto.

A continuación, Serra ha asegurado que mucha gente les trasladó que votaron a la coalición Sumar al trato que les dispensaron y ha lanzado que ha sido Sumar quien ha acometido una "ruptura del acuerdo político que les permitía seguir conjuntamente en el grupo parlamentario", al no permitirles intervenir en plenos ni impulsar iniciativas políticas. De esta forma y con su marcha al Mixto, ha desgranado que todas las personas que apoyan a Podemos estarán representadas a partir de ahora en el Congreso.

Por otro lado y cuestionada por la posición del partido, con dirigentes como Montero, que tachó de tránsfuga a la exdiputada morada Meri Pita cuando abandonó el grupo de Unidas Podemos para ir al Mixto en la pasada legislatura pidiéndole que dejara el acta, la dirigente de la formación morada ha subrayado que acusarles de transfuguismo es "grave" y que no hay comparación posible entre ambos casos.

Así, ha explicado que Pita tuvo un comportamiento individual de romper la disciplina de su partido y del proyecto político por el que concurrió a las elecciones, mientras que aquí hay un partido que toma una decisión en su conjunto, que acatan los diputados que militan en esa fuerza y en respuesta a la "ruptura" de un acuerdo político tras dejarles sin voz ni capacidad política en el Congreso.

"Hemos tenido que tomar una decisión colectiva y es faltar a la verdad decir que es transfuguismo", ha apostillado Serra, quien no obstante apunta que van a dialogar con Sumar en el Congreso para impulsar avances sociales.

Respecto al panorama del partido para las elecciones europeas, la coportavoz de Podemos ha dicho que se tomarán las decisiones pertinentes sobre cómo van a concurrir a estos comicios, si bien ha desgranado que la hoja de ruta aprobada por la militancia en noviembre proclama la plena autonomía del partido a la hora de hacer política.

La politóloga y socióloga Cristina Monge (Zaragoza, 1975) ha desarrollado una amplia trayectoria como docente y como asesora de diferentes instituciones relacionadas con asuntos públicos. Preside la plataforma +Democracia y colabora habitualmente con diferentes medios de comunicación como analista política. También es columnista de infoLibre. Respecto a la coyuntura actual que vivimos en España considera que “va a ser una legislatura con mucho contenido, pero empieza con muchísima tensión política”.

“Las movilizaciones sociales tienen sus ciclos, sus tiempos y no se pueden extender eternamente. Creo que el momento de movilización que hemos estado viviendo durante estas semanas que han precedido a la investidura está tocando a su fin. Otra cosa es la tensión social y política que se pueda derivar de la tramitación de la ley de Amnistía, que, probablemente, vamos a ver en otros escenarios, como en el Congreso de los Diputados o en las comunidades autónomas. Estamos viendo ya a muchos líderes autonómicos del Partido Popular que en sus respectivas asambleas parlamentarias tienen el tema de la amnistía como uno de los banderines de enganche. Y la vamos a ver también en escenarios que tienen que ver con el ámbito judicial. Esa tensión va a seguir existiendo, no tanto en cuanto a una movilización social, sino en ámbitos diferentes y en sectores sociales y políticos distintos”.

“No es una situación generalizada que se intervenga desde la justicia en el debate político. Pero los casos que hemos visto estas últimas semanas provienen desde los niveles más altos del poder judicial. Lo más sorprendente es que en algunas ocasiones puntuales, pero significativas, hemos visto manifestaciones en nombre de instituciones y no a título personal. Un magistrado puede exponer libremente su punto de vista a título personal, pero es difícil de entender que el CGPJ haga como institución una declaración política. Aún menos comprensible es que ese tipo de manifestaciones se refieran a una ley que aún no ha sido aprobada y sobre la que, por tanto, no puede emitirse juicio con arreglo a derecho. La ley de Amnistía aún debe pasar un largo proceso legislativo en el que pueden introducirse modificaciones que acaben por perfilar un texto. Será en ese momento cuando pueda ser analizado por los organismos judiciales”.

“Todos recordamos cómo, durante los momentos más duros del procés, una de las estrategias más seguidas por los independentistas catalanes fue la de intentar llevar el conflicto a las instituciones europeas. Ahora, no deja de sorprender que el Partido Popular esté repitiendo la misma estrategia como oposición a la posible aprobación de la Ley de Amnistía. Se trata de acudir a Bruselas buscando la ayuda de una especie de hermano mayor que solvente lo que el PP no es capaz de detener en España. El problema es que Bruselas no tiene competencias en determinados ámbitos. Hasta que una ley no se aprueba en un país miembro, la Unión europea no puede posicionarse. Y sólo lo hará si encuentra una manifiesta vulneración de los principios básicos comunitarios, independientemente de que le parezca mejor o peor a un alto cargo, a título personal. La labor de la Unión Europea en estas materias es de pura vigilancia de las legislaciones aprobadas en cada territorio y no de inmiscuirse durante el período de tramitación de una ley”.

“El Partido Popular tiene que afrontar la decepción de no estar gobernando cuando todo indicaba que iba a ser así. Alberto Núñez Feijóo tiene que hacer un equipo de gente próxima con la que se sienta seguro. No hace tanto que ostenta la presidencia del partido y probablemente estaba todavía pendiente esa remodelación. Y, sobre todo, tienen que tomar una decisión estratégica sobre la que, de momento, manifiestan contradicciones. Y la más importante es que la derecha tiene que decidir en el conjunto de Europa la relación que quiere tener con la ultraderecha. Estamos viendo un Partido Popular que allá donde hace falta pacta con Vox, aunque luego en el ámbito del discurso se intenta diferenciar. Están iniciando un proceso de transición bajo ese liderazgo no exento de tensiones internas. Isabel Díaz Ayuso continuamente se reafirma como una figura con personalidad propia, reivindicando su propio papel, su propia vía, y quién sabe si en un momento determinado, disputando el liderazgo a nivel nacional”.

“Sumar surge de manera precipitada, mucho más rápida de lo que sus líderes tenían en mente. Legalizan un partido instrumental para poder acudir a las elecciones del 23 de julio. Está pendiente configurar una auténtica plataforma que les aúne, porque Sumar es la suma de diferentes organizaciones que comparten un ideario en sentido amplio, pero tienen diferencias y visiones territoriales distintas. En este proceso, Podemos está pasando la digestión de lo que es una reconfiguración de su espacio político, en el que eran absolutamente hegemónicos y que ahora se ha transmutado en Sumar y está manifestando cuestiones de carácter orgánico y discrepancias en el contenido de las políticas. Vamos a ver cómo evoluciona, pero la digestión que tiene que hacer Podemos, tanto de la configuración de Sumar como de sus resultados electorales, entiendo que va a ser lenta. Tendremos un primer indicador en las elecciones europeas”.

"Pedro Sánchez lo ha explicado con esa famosa frase de hacer de la necesidad virtud y de poner en marcha las posibilidades que tenía para formar un gobierno. No sé si es suficiente para su electorado, incluso para su propio partido. De momento, estamos viendo que el asunto de la amnistía no ha sentado demasiado bien entre su electorado. Es un asunto muy divisivo. Es un asunto que tiene partidarios y contrarios. Falta por ver cómo van explicando esa decisión a lo largo de los próximos meses. A día de hoy no hay convocadas unas elecciones y es muy diferente que alguien le pregunte por su intención de votar a un partido o a otro hoy o en el momento en que se van a convocar unas elecciones. Lo que sabemos es la opinión que hay hoy, no la opinión que habría si hubiera que votar. Yo creo que esto hay que dejarlo claro, pero una parte importante del electorado del Partido Socialista o no ha entendido la decisión o está esperando que se la expliquen”.

"Las manifestaciones por parte de Puigdemont se pueden leer en dos direcciones. Primero, en clave interna, dirigida a los propios militantes y simpatizantes y votantes de Junts del ámbito nacionalista catalán. Pero también en su relación con el PSOE o, mejor dicho, con el Gobierno. En el propio acuerdo que firmaron el Partido Socialista y Junts, que dio lugar al voto afirmativo para la investidura, ya se decía que esto era un acuerdo para la investidura y que después se iría valorando en función de cómo esos acuerdos se fueran materializando. En ese propio acuerdo ya se hablaba de que habría reuniones que se celebrarían con la presencia de un mediador. Esta semana estamos viendo cómo ya ha habido polémica por la convocatoria de la primera reunión. Junts, continuamente, va a estar intentando presionar al Partido Socialista, tanto en el cumplimiento de esos acuerdos que se firmaron, como por el hecho de que, para la legislatura, para cada presupuesto general del Estado o para cada ley relevante, como dijo Urkullu en su día, el Partido Socialista y su Gobierno necesitan todos los votos todos los días”.

“Nos enfrentamos a una legislatura con enormes retos. Primero, por dos guerras dramáticas. Una producida por la invasión de Putin en Ucrania y otra con el horror que se está viviendo tanto en Gaza como en Cisjordania. Es importantísimo que Europa tenga un papel de liderazgo que ayude a construir consensos y paz. Espero que España juegue un papel protagonista.

En el ámbito interno, son muchos los desafíos que tienen que ver con la transición ecológica. En la cumbre del clima de Dubai vamos a ver cómo Europa, además encabezada por España en la presidencia del Consejo, tiene un liderazgo en las negociaciones climáticas. Afrontamos también una transición digital tremenda y el debate territorial ha adquirido más protagonismo que nunca. Por tanto, va a ser una legislatura con mucho contenido, pero empieza con muchísima tensión política. Los bloques configurados en el Congreso tienen poquitos puentes entre sí y temo que vamos a un momento de confrontación”. 

“Es muy interesante lo que está pasando en el País Vasco, porque realmente hay un cambio de ciclo político. Por un lado, hay un relevo generacional tanto de los líderes que van a encabezar las listas del PNV como de Bildu. Por otro hay también un cambio en cuanto a las prioridades políticas. Bildu se ha dado cuenta de que le va muchísimo mejor enfatizando y subrayando las políticas sociales y sus propuestas de ámbito social, más que poniendo todo el énfasis exclusivamente en el ámbito nacionalista identitario. Al mismo tiempo, el PNV está intentando reaccionar de unos últimos resultados a indicadores electorales que no han sido muy beneficiosos, más bien al contrario. Al final, va a ser muy importante la decisión que el Partido Socialista de Euskadi tome para dar la Lehendakaritza  a una fuerza o a otra. Ya ha manifestado su voluntad de que sea el PNV, pero van a tener que cuidar y van a tener que hacer muy bien esa gestión para evitar perder apoyos”.

“Poco a poco se ha ido poniendo en evidencia que no valía con condenar el atentado de Hamás y decir que ya tenía derecho a la legítima defensa, sino que esa legítima defensa tenía que hacerse de forma proporcionada en el ámbito del derecho internacional. Muy pronto, se empezó a ver que la reacción de Netanyahu ni era proporcional, ni se hacía de acuerdo a las más mínimas reglas del derecho internacional. Ha habido una evolución de cara a mostrar el rechazo a lo que Netanyahu está haciendo ahora mismo. Ojo, tanto en Gaza como en Cisjordania, donde Hamás no está. No entiendo a las fuerzas conservadoras que quieren hacer también de esto motivo de oposición. Llama mucho la atención la postura del Partido Popular que llevaba en su programa electoral ayudar a la resolución del conflicto y la propuesta de los dos Estados. Sin embargo, después, cuando se manifiesta esa misma opinión por parte del presidente del Gobierno, ellos se colocan en contra”. 

PSOE y Junts han acordado proponer al diplomático salvadoreño Francisco Galindo Vélez como verificador internacional de las reuniones que mantendrán ambos partidos para cumplir el acuerdo que propició la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, ha informado el PSOE, informa Europa Press.

Galindo ya ha participado en la reunión de este sábado celebrada en Ginebra y "los dos partidos agradecieron su compromiso en poner a disposición de las partes su experiencia y su voluntad de contribuir a alcanzar la solución política y negociada al conflicto", dice el comunicado del PSOE.

El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, que ha sido preguntado en el aeropuerto de Ginebra por un grupo de periodistas, se ha limitado a decir que la reunión "ha ido bien" pero no ha querido dar detalles sobre lo negociado y se ha remitido a la información que dará el PSOE en una nota de prensa.

"Ha ido bien", ha dicho Cerdán. "Es una reunión de trabajo y luego sacaremos una nota en breve", ha afirmado antes de tomar el vuelo de regreso a Madrid.

Preguntado sobre lo tratado en la reunión, se ha limitado a decir que en la nota que publicará el PSOE se informará.

La legislatura echó a andar de lleno este miércoles. Y de manera solemne. Con el rey mandando además un mensaje a los diputados y senadores durante su discurso: la obligación de una "España sólida y unida, sin divisiones ni enfrentamientos".

Los reyes protagonizaron la apertura solemne de las Cortes, a la que no acudieron los diputados de Junts, BNG, ERC y EH Bildu. Fue recibido el monarca con aplausos por parte de los diputados del PSOE, PP y Vox, además de algunos de Sumar (como la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y la portavoz, Marta Lois). Los miembros de Podemos se levantaron pero no aplaudieron.

El discurso del rey era muy esperado tras ya haber un Gobierno gracias al pacto del PSOE y Sumar con los independentistas. Asimismo, el rostro serio del monarca durante la promesa de Pedro Sánchez hace dos semanas también desató muchos comentarios en el mundo político. Sus palabras levantaban mucha expectación.

"Las legislaturas son la medida del devenir de la vida política. Cada nuevo mandato parlamentario configura un anillo del tronco de nuestra democracia. Tras las elecciones generales del pasado 23 de julio, se abre ahora la XV legislatura. Agradezco la colaboración de los grupos políticos de la Cámara que comparecieron en el procedimiento de consultas, facilitando así el ejercicio de la función que la Constitución me encomienda", arrancó el monarca.

En los primeros minutos quiso también lanzar este mensaje: "Felicito a don Pedro Sánchez Pérez-Castejón por su elección como Presidente del Gobierno por el Congreso de los Diputados, al haber obtenido la confianza de la Cámara, así como a los miembros del Gobierno por su nombramiento. Igualmente doy mi enhorabuena a sus señorías por el gran honor de su elección como diputados y senadores. Y a todos les deseo acierto en las responsabilidades que han asumido".

Felipe VI quiso hilvanar todo su discurso con el reciente juramento de la princesa de la Constitución y las alusiones a esa nueva generación: "Para la Corona, el juramento es condición de su continuidad en el desempeño de la misión asignada a la Monarquía Parlamentaria en la Constitución. Es, también, para el conjunto de las instituciones que integran el Estado, la celebración de un acto parlamentario mediante el que se hace pública la adhesión solemne de la princesa a los valores y principios constitucionales".

"En las elecciones generales del 23 de julio, así como en las municipales y autonómicas del 28 de mayo, miles de jóvenes de la misma edad que la Princesa ejercieron por primera vez su derecho de voto. Un hecho −siempre emocionante en el plano personal− que supone, desde el punto de vista social, la ampliación y renovación de nuestra comunidad política", indicó.

Para indicar al minuto: "Nuestra vida colectiva se debe enriquecer con sus aspiraciones, necesidades e inquietudes. Los jóvenes son quienes más desarrollan las energías sociales, impulsados por la ilusión de quienes tienen por delante un amplio horizonte y una capacidad natural de adaptación a los nuevos tiempos. El futuro siempre es promesa de algo mejor y nuestros jóvenes, que serán sus protagonistas, aspiran con todo derecho a esa mejora".

"Pero, para afrontar ese futuro con confianza, para afrontar una época de grandes cambios y transformaciones precisan de un marco democrático —como el que representa la Constitución— que les permita convivir y prosperar en libertad, y necesitan recibir una España cohesionada y unida en la que puedan desenvolver sus vidas y proyectar sus ilusiones", trasladó.

Por ello, lanzó sus mensajes con esa idea: "Para los jóvenes, la democracia no es una aspiración, como lo fue para sus padres y abuelos, sino una realidad en la que han nacido, han crecido, y en la que se han formado como personas. Y esa realidad —recordémoslo— trae causa de la historia del gran éxito colectivo de nuestra democracia, sustentada en la Constitución. Una Constitución que establece la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político como valores que en los que se basa nuestra convivencia democrática. Unos valores que no están anclados en el pasado y que deben proyectarse permanentemente hacia el futuro".

A lo que agregó el monarca: "La búsqueda del entendimiento, el reconocimiento de nuestras diferencias unido al mutuo respeto como ciudadanos, la certeza de que sólo superando las divisiones tienen una base segura las libertades y los derechos, fueron todas ellas ideas y actitudes determinantes para abrir una nueva página de nuestra historia. Aquel momento histórico es una constante fuente de motivación porque representa el espíritu más noble en el ejercicio de la política".

El rey tuvo en todo momento en mente la Carta Magna: "Reivindicar el profundo significado de aquel gran pacto entre los españoles que está en el origen de nuestra democracia no es, en absoluto, mirar atrás con nostalgia; sí es, en cambio, una orgullosa y consciente reafirmación de nuestras mejores capacidades como país y del mejor logro que ordena, en nuestros días, la vida de la sociedad española: la Constitución. Y por ello, debemos honrar su espíritu, respetarla y cumplirla, para hacer efectiva la definición de España como un Estado Social y Democrático de Derecho".

Felipe VI prosiguió: "Cada elección es resultado de un camino anterior, es la consecuencia de un devenir histórico en el que hemos ido configurando nuestra identidad. Desde hace siglos, España ha sido una realidad compartida y edificada por mujeres y hombres de diversa procedencia social o geográfica con ideologías distintas, pero con una idea común: un mejor país para todos".

"Un país que en 1978 alcanza su mejor expresión en el entendimiento mutuo sin imposiciones ni exclusiones y en la voluntad de integración que enriquece, con la diversidad y el pluralismo, nuestro proyecto común, nuestro vínculo emocional y solidario como nación", remarcó en un discurso marcado por la integración.

"Esto fue lo que hicieron los españoles hace 45 años. Nos dejaron una Constitución, que es el alma de nuestra democracia y libertad, con un espíritu inclusivo de ideales y convicciones y un propósito común como jamás habíamos tenido. Una España serena, ilusionada, confiada en su futuro. Debemos honrar ese legado, un legado de grandeza, responsabilidad y sentido de la Historia", añadió ante los diputados.

Lanzó entonces el jefe del Estado: "Nuestra obligación, la obligación de todas las instituciones, es legar a los españoles más jóvenes una España sólida y unida, sin divisiones ni enfrentamientos". Por lo que expresó: "El Parlamento como institución representativa genera, como valor político primordial, la integración de diferentes opciones y proyectos dentro de nuestra Constitución.".

"El pueblo español ha depositado en sus señorías el bien político más preciado: la confianza. Les ha confiado la tarea de que el pluralismo político aquí representado, impulse la mejora de las condiciones de vida de las personas y grupos en que se integra", sentenció ante las Cortes Generales. Po reso, deseó "acierto" a los parlamentarios y cerró su discurso dando las gracias en las lenguas cooficiales.

Durante su discurso, la presidenta del Congreso pidió a los diputados "respeto a la institución, a la ciudadanía y a la democracia, sabiendo que el diálogo y la concordia son nuestras grandes fortalezas". "El entendimiento es clave en esta nueva época de pluralidad de la Cámara, de Gobiernos sin mayorías absolutas. Más que nunca, ahora, hemos de ejercitar la capacidad de escucha y de persuasión. Más que nunca, ahora, hemos de ejercitar nuestra facultad para la empatía. Demostremos que sabemos situarnos en el lugar del otro, de la otra. No estamos aquí para ninguna otra cosa", subrayó.

"A partir de hoy, tenemos por delante un reto y una posibilidad: confiar, creer en esta España del futuro", remarcó Armengol.

La presidenta quiso hacer un alegato de "la España plural, la del consenso, el diálogo y el acuerdo: La España real, formada por gentes y pueblos distintos que, a partir del reconocimiento de su diversidad, tiene ahora una nueva oportunidad para avanzar. La España que imagina, que pensa, que fala, que abesten duen en castellano, catalán, galego o euskera. Esa España que hemos empezado a dibujar en un Parlamento que ya habla en las diversas lenguas oficiales y que, estoy segura, aprovechará las distintas sensibilidades que acoge para enriquecer cada propuesta con aportaciones de todas y de todos a través del diálogo".

El discurso de Amrengol provocó murmullos en la bancada de la derecha, que no aplaudió a la presidenta del Congreso, a quien ha colocado como uno de sus principales objetivos de crítica durante esta le

Casi cuatro meses después de acudir a las urnas echa a andar la XV legislatura, y lo hace expidiendo la certificación oficial del fin del ciclo de la nueva política e inaugurando el enésimo retorno al territorio como terreno de disputa. Ninguna de estas dos cuestiones son nuevas ni han aparecido por generación espontánea, pero ambas presentan cambios cualitativos destacables.

La transmutación en Sumar del espacio político que ocupó Podemos y la incomparecencia de Ciudadanos certifican que el ciclo de la nueva política pasó definitivamente. Veloz, como los tiempos. Ocho años han bastado para que la sociedad española diera un golpe en el tablero político, acabara con el bipartidismo imperfecto y viera nacer, crecer y perecer a dos organizaciones que, sin duda, han impactado de forma sustancial en la política española. Podemos fue un revulsivo para la reinvención de la izquierda y Ciudadanos desplegó una pista de aterrizaje para Vox.

Si ese ciclo de la nueva política ponía el énfasis en la regeneración democrática, en el avance en derechos y libertades y, por su parte izquierda, en la lucha contra la desigualdad frente a los efectos de la salida neoliberal de la crisis de 2008, la legislatura que ahora empieza va a tener un nuevo protagonista. Un viejo conocido de la política española, que no en vano fue una de las cuentas pendientes que dejó la Transición: el territorio y su organización.

Puede parecer una paradoja que cuando los grandes desafíos —la revolución tecnológica, la crisis climática, los movimientos migratorios— son de evidente naturaleza global, y por ello nos quejamos a diario de la falta de una gobernanza adecuada para ellos, el énfasis político en España se vaya a poner en el territorio. Esta aparente contradicción no sólo no es tal, sino que forma parte de la reacción a esa globalización que nos hace sentir sin suelo bajo los pies. La “glocalización” lleva décadas estudiándose y entendiéndose como parte de la propia globalización.

En España la cuestión territorial fue uno de los grandes temas que quedó pendiente en el 78. Alcanzado un acuerdo de mínimos que probablemente no podía ser superado en ese momento, el Estado de las Autonomías ha ido evolucionando hasta encontrarse con un tope que, en aras de la equidad, obliga a su reforma.

Se trata, según distintos estudios, del asunto más divisivo de la sociedad española, un debate que recorre transversalmente el eje izquierda-derecha y que fracciona al país en territorios contrapuestos. Un viejo asunto que retorna eternamente en cuestiones culturales e identitarias como las lenguas, en aspectos económicos como el modelo de financiación, o en elementos políticos como el derecho a decidir. Por si fuera poco, el partido mayoritario del gobierno, el PSOE, a duras penas consigue articular una propuesta de consenso interno de la que se sienta orgulloso —es llamativo lo poco que ponen en valor su Declaración de Granada y la posterior actualización que proclamaron en Barcelona—, consciente de la división que el tema genera dentro del partido y en su propio electorado.

El debate territorial ha sido históricamente más fácil y rentable para la derecha que para la izquierda. Hay mucho procés en la explicación del auge de Vox, y cuando preguntamos por los motivos que llevaron a votantes de izquierdas a dejar de optar por partidos progresistas el 28M nos encontramos con los indultos, la reforma de la sedición y la malversación en las respuestas más habituales. 

En el lado conservador, el Partido Popular ha sido tradicional aliado tanto de Junts como del PNV, y podría seguir siéndolo si se despegara de la ultraderecha, algo que al parecer, de momento, no entra en sus planes.

En la izquierda el panorama es más complejo. Por un lado, conviven posiciones centralistas con modelos federalistas y confederales; por otro, la tradicional simpatía que existía hacia las organizaciones nacionalistas catalanas se resquebrajó con el , y aunque Bildu va ganando confianza en el conjunto de la progresía española, aún le queda camino por recorrer. Quizá por esto el nuevo Gobierno esté intentando acentuar el eje social, consciente de que convertir la cuestión territorial en monotema no le beneficia. La derecha política, judicial y mediática, por contra, va a hacer todo lo posible porque así sea, y los propios socios del Gobierno no dejarán escapar la oportunidad de hacer lo propio. 

Para conjurar este riesgo, la izquierda necesitaría acordar un mínimo común denominador en la cuestión nacional y aprovechar así la cohesión que la ofensiva conservadora puede regalar a los progresistas. 

Una paradoja, esta sí, real: mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, eleva su perfil internacional como presidente del Consejo de la UE y por vocación propia, sus éxitos y la propia duración de la legislatura va a jugarse en la vuelta al territorio y las identidades. El siglo XXI nos tiene acostumbrados a estas cosas.

El PP ha borrado un mensaje en la red social X (antes Twitter) con un montaje de la foto en familia del nuevo Consejo de Ministros en la que aparecían el expresidente catalán Carles Puigdemont, el líder de ERC, Oriol Junqueras, y el coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, así como una figura señalada como "mediador internacional" y una bandera independentista catalana.

El tuit publicado y eliminado poco después por los conservadores tenía el siguiente mensaje: "Última Hora: la primera foto completa del nuevo gobierno de Pedro Sánchez". En el tuit se podía apreciar un fotomontaje de la tradicional foto del Consejo de Ministros, que se ha reunido por primera vez este miércoles en la Moncloa, y que estaba presidida por una estelada.

La imagen había sido manipulada para que diera la impresión que los dirigentes de Junts, ERC y Bildu formaban parte del nuevo Ejecutivo. También aparecía una figura negra y una flecha que lo señalaba como "mediador internacional", en alusión a la persona encargada por PSOE y Junts para constatar el cumplimiento del acuerdo de investidura de ambas formaciones y que aún se desconoce quién será.

Por otra parte, los conservadores han cubierto su sede nacional, en la madrileña calle de Génova, con fotos de las manifestaciones organizadas en toda España contra la ley de amnistía pactada por el PSOE con los partidos independentistas. En concreto, los de Alberto Núñez Feijóo han colocado en la fachada principal de su edificio fotos de las "multitudinarias concentraciones" que se produjeron en toda España "en defensa de la igualdad de todos los españoles y en contra de la amnistía", según han relatado fuentes del PP a Europa Press.

En Génova 13 se ven imágenes de la plaza de Cibeles, la Puerta del Sol o la plaza de Felipe II de Madrid abarrotadas de ciudadanos, pero también de protestas en otras capitales de provincia como "símbolo de una respuesta colectiva que tuvo lugar en toda España". El propio Feijóo ya ha anunciado que habrá una nueva protesta contra la amnistía a principios de diciembre.

La líder de Podemos, Ione Belarra, ha manifestado que su partido continuará en el grupo de Sumar en el Congreso pese a quedarse fuera del Gobierno y tratando de hacer valer su autonomía política, aunque ha ahondado en su total desconfianza hacia el proyecto de Díaz, al decir que no descarta que en un futuro llegaran a expulsarles, según informa Europa Press.

A su vez, ha recriminado a la líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha tenido una colaboración con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el objetivo desde el principio de excluirles del Ejecutivo y que ahora los ministros del socio minoritario son "indistinguibles" de los socialistas.

"Yo no descarto que igual que nos han echado del Gobierno, nos acaben echando del grupo parlamentario. Pero nosotras tenemos derecho a estar en este grupo parlamentario porque, aunque a algunas personas no les guste, somos parte de esa coalición", ha lanzado en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, para censurar que Sumar ya les apartó de la terna de portavoces adjuntos en la cámara.

En esta línea, Belarra ha defendido que Podemos dio "gratis" el voto de sus cinco diputados para apoyar la investidura, sin tener ni siquiera un acuerdo programático ni de gobierno con el PSOE y por tanto sus escaños de cara al futuro servirán para tratar de conseguir medidas como bajar el alquiler o derogar la Ley Mordaza.

Preguntada también sobre si contemplan concurrir en solitario a los próximos comicios europeos, Belarra ha respondido que aún es pronto para tomar una decisión pero tiene "muy claro" la nueva hoja de ruta que respaldaron las bases del partido y es que, a partir de ahora, Podemos va a actuar con "total autonomía".

Y en ese documento, se condiciona cualquier futura alianza electoral a que sea útil para el electorado progresista y a la celebración de primarias abiertas y sin vetos.

De hecho, Belarra se ha mostrado convencida de que España necesita una fuerza progresista transformadora que no se pliegue "a los mandatos de los poderes económicos", convencida de que quien mejor la puede encarnar es Podemos, y no una "izquierda que se mimetice" con el PSOE en clara alusión a Sumar.

Al hilo, Belarra ha admitido que su partido está atravesando "días difíciles" porque el presidente, Pedro Sánchez, ha conseguido sacarles del Ejecutivo, algo que no pudo hacer en 2019, y que ahora, sin Podemos como "motor" para avances, se conforma un Gobierno donde solo mandarán los socialistas, que además tiene una propuesta "conservadora" para el país.

De los nuevos ministros de Sumar la líder de Podemos espera la misma actitud que ya tuvo Díaz en la pasada legislatura, que es una "enmienda a la totalidad de la praxis política" de Podemos y tildar de "ruido" el discrepar públicamente con el PSOE cuando pedían "ir más allá" o demandar que se cumpliera el acuerdo de gobierno, algo que Sánchez no llevaba bien porque eran ellos los que decían "las verdades incómodas".

Además, ha asegurado que exigir que la exministra de Igualdad Irene Montero fuera su cuota en caso de entrar en el Ejecutivo manteniendo esa cartera no se hizo pensando en "trayectorias personales" ni en "intereses partidistas", sino desde la convicción de que era la mejor aportación que podía hacer su formación a la ciudadanía garantizando el impulso de los avances feministas.

Prueba de ese criterio, ha remarcado Belarra, es que ni siquiera plantearon que fuera ella misma como secretaria general de Podemos fuera ministra y que Podemos solo ha pedido "respeto" y el mismo trato que se le ha brindado al resto de formaciones políticas.

"Creo que no es mucho pedir el exigir que los ministros o ministras de Podemos los elija Podemos, no es una aspiración errónea", ha argumentado Belarra para recalcar que ese respeto a su partido siempre ha actuado de forma democrática y dejó en 2019 que 'comunes' e IU eligieran sus propios perfiles.

De hecho, ha manifestado que tiene en alta estima el exdirigente morado Nacho Álvarez, que fue la oferta que hizo Díaz para que fuera la cuota de los morados en el Consejo de Ministros y que acabó renunciando al no tener el aval de la dirección, dado que está convencida de que hubiera sido un buen ministro como también lo sería cargos morados como Pablo Echenique o Rafa Mayoral. Sin embargo, la decisión colectiva de la organización fue apostar por Montero.

"No tengo una mala opinión sobre él. Se le ve un tipo listo, formado y preparado, que es la mejor garantía para ser ministro y hacer bien las cosas". Quien habla es un vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Y a quien se refiere es a Félix Bolaños, que acaba de ganar más poder en el renovado Ejecutivo de coalición como titular de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. El nombramiento ha generado sensaciones contradictorias dentro de la judicatura. Algunos creen que su peso político puede ayudar a que, por una vez, la Justicia deje de ser el patito feo de la Administración. Pero, al mismo tiempo, no convence que se aglutinen en una misma cartera aspectos ejecutivos, legislativos y judiciales: "No da una imagen positiva de separación de poderes".

El de Félix Bolaños es uno de esos nombres grabados a fuego en el organigrama del Gobierno desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa. Primero, como secretario general de la Presidencia. Y luego, como ministro. Cinco años en los que ha ido ganando cada vez más peso y poder dentro del Ejecutivo. Tanto, que se ha convertido en uno de los pilares sobre los que se sostiene el núcleo duro del presidente. La confianza en él es máxima. Y el ejemplo más claro de ello es que fue uno de los puntales de la negociación a varias bandas que cristalizó en los 179 síes de la investidura. Él fue el encargado de cerrar el acuerdo con ERC. O de presentar ante los medios la polémica ley de amnistía con la que se pretende poner punto y final al procés.

Algunos miembros de la judicatura ven en el enorme peso político un aspecto positivo en la elección de Bolaños como titular de Justicia. Al fin y al cabo, explican a infoLibre, podría servir para que esta materia deje de ser de una vez por todas el patito feo de la Administración y se le dé la relevancia que requiere. "Este nombramiento demuestra que se quiere colocar la justicia como uno de los objetivos primordiales del nuevo Gobierno. Encomendar esta responsabilidad a alguien de la importancia que tiene Bolaños puede servir para que se dé a esta materia el carácter prioritario que merece", opina al otro lado del teléfono Edmundo Rodríguez, miembro del secretariado de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD).

Una lectura similar hace Sergio Oliva, nuevo portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV): "Tenemos esperanza de que pueda ser la llave para dar respuesta con la mayor agilidad a los enormes déficits que arrastra la justicia". "Si esto pudiera acelerar la solución de problemas en nuestro ámbito sería positivo respecto a lo que ha sido antaño", apunta, por su parte, Fernando Portillo, presidente de Foro Judicial Independiente (FJI). Este magistrado, sin embargo, se muestra más escéptico. Igual que Cristina Dexeus, presidenta de la mayoritaria Asociación de Fiscales: "Poca importancia se le da a la justicia, con la problemática tan importante que la acucia, cuando su titular no lo va a ser en exclusiva".

Justamente esto último, que se aglutinen en una misma cartera áreas de carácter ejecutivo –Presidencia–, legislativo –Relaciones con las Cortes– y judicial –Justicia– es algo que no gusta nada dentro de las carreras. Primero, porque creen que fusionar esta materia con otras, algo que prácticamente no se ha hecho en democracia pero que sí suele ser habitual en los Ejecutivos autonómicos, la termina desdibujando. "Debería tener un ministerio exclusivo", dice Portillo, quien no entiende que Justicia se haya fusionado mientras se ha creado una cartera específica de Transformación Digital. Y segundo, porque resulta indecoroso. "No ofrece una imagen positiva de lo que es la separación de poderes", sostiene el portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, que este martes ha manifestado su descontento con el Ministerio de Justicia por no haberle permitido el acceso a la toma de posesión.

Dexeus, en este sentido, no oculta su "desconfianza". "Más parece que haya venido a controlar", sostiene la fiscal. Un miedo que en las últimas horas se ha agitado también desde la derecha política. Oliva, sin embargo, no considera que eso vaya a suceder: "Es imposible, somos independientes". Y tampoco la fuente consultada en el CGPJ, que no forma parte, precisamente, del llamado bloque progresista, cree que la intención de unir Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes responda a un intento de "control" de los tres poderes. Más bien, vaticina, se debe a la importancia que los asuntos judiciales van a tener en una legislatura marcada por la renovación del Poder Judicial o la reacción unánime de la judicatura en contra del acuerdo político suscrito entre PSOE y Junts.

Bolaños no pertenece ni a la carrera judicial ni a la fiscal. No es, en definitiva, de la casa. Se licenció en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid. Y durante algunos años trabajó en el departamento laboral del bufete Uría Menéndez Abogados y fue docente en el Instituto de Empresa, desde donde dio el salto a la administración pública como letrado y jefe de la división de Asesoría Jurídica Laboral del Banco de España. Su elección como ministro del ramo, por tanto, supone un cambio con respecto a los anteriores titulares de esta cartera, dos magistrados y una fiscal a los que perseguirá su pasado en el Ejecutivo lo que les resta de carrera. Un problema que, sin embargo, Bolaños no tendrá. En este sentido, tiene las manos menos atadas.

En la judicatura no creen que el hecho de que el dirigente socialista no pertenezca a la casa tenga que suponer un problema. "Habitualmente, los jueces no hemos sido buenos ministros de Justicia", concede Portillo. Es cierto, sostiene Dexeus, que desconocer el mundo judicial puede suponer un "hándicap". Pero nada que no se pueda arreglar, apuntan algunas de las voces consultadas, con un buen equipo técnico que conozca "en profundidad" el "funcionamiento" de la Administración de Justicia en todas sus "vertientes". Por eso, todos los ojos están ahora puestos en el que vaya a acompañar a Bolaños como secretario de Estado de Justicia, un cargo que hasta ahora ha estado ejerciendo el abogado y exsenador socialista Tontxu Rodríguez.

Bolaños ha sido, durante los últimos años, muñidor de algunas de las negociaciones políticas más relevantes. Sin embargo, hay una que se le ha resistido hasta la fecha: la relativa a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que lleva un lustro con el mandato caducado. El último intento claro de desatascar esta situación saltó por los aires hace justo un año, cuando el PP se parapetó tras la reforma del delito de sedición para mantener el bloqueo del órgano de gobierno de los jueces. Poner solución de una vez por todas a dicha anomalía será uno de los grandes retos que tendrá el nuevo Gobierno de coalición. "Renovar el CGPJ no es una opción, es una obligación", ha advertido Bolaños durante su toma de posesión.

Pero los retos que tiene por delante el nuevo ministro durante esta legislatura, que estará profundamente marcada por la amnistía, van mucho más allá. "El atasco de la justicia es uno de ellos", recuerda Portillo. En este sentido, consideran esencial la implementación de las leyes de eficiencia que quedaron paradas con el adelanto electoral o afrontar la falta de jueces. Un agujero en las plantillas que, para más inri, se puede agrandar en los próximos años. Según los cálculos de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), hasta 2031 se retirarán más de un millar de miembros de la carrera judicial. Es más del 20% de los jueces que al comienzo de este año se encontraban en activo. No obstante, esa cifra puede incrementarse hasta el 33% si se contabilizan jubilaciones anticipadas.

Las asociaciones judiciales, además, avisan de que estarán pendientes de que se cumplan los acuerdos alcanzados la pasada primavera. Y está por ver si los funcionarios judiciales reactivan una huelga indefinida que suspendieron en su momento por el adelanto electoral. "También esperamos que se proteja la independencia judicial, para lo que debería llevarse a cabo una reforma del Poder Judicial que permita a los miembros de la carrera elegir a los doce vocales de procedencia judicial", señala Oliva. Un asunto sobre el que Bolaños se pronunció claramente hace un par de años en una entrevista en la Cadena Ser: "Ni los jueces pueden elegir a los jueces, ni los políticos pueden elegir a los políticos". Unas palabras que aún hoy siguen resonando en algunas de las asociaciones judiciales.

En cuanto a la carrera fiscal, Dexeus pone el foco en la "eterna decisión" sobre si atribuir o no a los miembros del Ministerio Público las riendas de las investigaciones, una reforma que lleva años sobrevolando. "Pero el gran reto es la ampliación adecuada de las plazas para que se ajusten a las necesidades reales de la justicia", apunta la presidenta de la Asociación de Fiscales.

De las calles a la Asamblea de Madrid y de la Cámara regional al Gobierno. El nombramiento de Mónica García como nueva ministra de Sanidad era un secreto a voces que al fin se confirmó este lunes. La que fuera candidata de Más Madrid a la Presidencia de la Comunidad, a la que las urnas colocaron como líder de la oposición y azote de Isabel Díaz Ayuso, tiene ahora por delante cuatro años para lograr el objetivo de devolver a la sanidad pública al lugar que profesionales y pacientes reclaman. Con el reto, eso sí, de compartir sus competencias con un mapa autonómico de mayoría conservadora que, si hacemos caso a la hemeroteca, puede no poner nada fácil el cumplimiento de la hoja de ruta que García se marque desde su sillón azul.

Anestesióloga de carrera y profesión, García sólo podía tener un destino en el Gobierno. "La sanidad pública es un orgullo de nuestro país. Voy a poner alma, corazón y cerebro para defenderla desde el Ministerio", dijo en un vídeo publicado este lunes en sus redes sociales. García, que se presenta ante la cámara delante de un cartel en el que se puede leer 'Viva la sanidad pública', marcó rápidamente su objetivo. "A raíz de los años de recortes que pusieron el negocio por delante de la salud, y después de los embistes de la pandemia, nuestro sistema sanitario ha quedado tocado y el espíritu con el que nació se encuentra en sus horas más bajas: largas listas de espera, profesionales desbordados y una atención primaria que está seriamente debilitada", lamentó.

Empezó como activista y comenzó a destacar rápidamente dentro de la Marea Blanca como una de las portavoces de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM). Desde allí luchó contra las políticas sanitarias de la Comunidad de Madrid y la gestión, profundamente privatizadora, del entonces Consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty. Era la época de Esperanza Aguirre e Ignacio González y su trabajo le sirvió para saltar a la política en 2015, cuando formó parte de las listas de Podemos a las elecciones autonómicas.

García consiguió el sillón de diputada y en 2019 pasó a Más Madrid, formación al frente de la cual se convirtió en la cara más activa y visible de la oposición a Ayuso, que fue precisamente la primera en reaccionar al nombramiento, poco después de confirmarse. La conservadora le deseó "los mejores éxitos", aunque los acompañó de un dardo: García, dijo, no trabaja como "profesional", sino como "sindicalista". "Una persona que llama al boicot de un hospital público con pacientes dentro como ocurrió durante la pandemia pues preocupa bastante", indicó durante su participación en el foro Voces para la reforma organizada por Vozpópuli.

Quizás fue ese, el de la crisis sanitaria, el momento que terminó de encumbrar a García como voz al frente de las reivindicaciones de la sanidad pública. Fuentes del equipo de García, de hecho, señalan a infoLibre que el Ministerio "ha adquirido una especial relevancia" desde que se dieron cuenta "de nuestra fragilidad y dependencia de los servicios públicos durante la pandemia". "El trienio pandémico marcó la continuación de una década perdida para la sanidad, iniciada en 2012 con políticas austericidas de recortes. Hace ya 10 años, se produjo un quiebre en el espíritu con el que nació nuestro sistema nacional de salud de la mano de Ernest Lluch. Es hora de regresar a esa senda y recuperar el espíritu que convirtió nuestra sanidad en algo más que un servicio público: en la joya de la corona de nuestro estado del bienestar", apuntan.

Pero eso habrá que plasmarlo en las políticas sanitarias del Gobierno. En primer lugar, especifican las mismas fuentes, "blindando la universalidad como garantía de proporcionar atención sanitaria a todos y todas" y cerrando "la brecha que se ha generado en los últimos años entre los profesionales sanitarios y su orgullo de trabajar en nuestro sistema sanitario", para lo que prometen "atender las necesidades de recursos humanos que serán requeridas en la próxima década".

Pero, concretamente, hay tres tareas urgentes que atender: reducir las listas de espera, reforzar la atención primaria y resolver la deficitaria situación de la salud mental.

Lo dijo el propio presidente Pedro Sánchez durante su discurso de investidura, cuando anunció un plan encaminado a reducir las esperas en sanidad, otro para aumentar el número de psicólogos y psiquiatras en la sanidad pública y otro para dar mayor importancia al primer nivel asistencial. "Vamos a reducir los tiempos de espera y a garantizar que en España no haya un solo ciudadano que necesite ayuda psicológica y no pueda obtenerla", señaló desde el atril del Congreso de los Diputados. Las intenciones se plasmaron también en el acuerdo que firmó el PSOE con Sumar.

"El reto es, en esencia, reforzar el Sistema Nacional de Salud", explica José Martínez Olmos, ex secretario general de Sanidad. La dificultad, dice, reside en que para ello habrá que mantener un diálogo constante en el Consejo Interterritorial, integrado ahora por una mayoría de presidentes autonómicos del PP que, históricamente, han apostado por la privatización sanitaria y el desmantelamiento, critican desde hace años profesionales y pacientes, de la sanidad pública. García, a la que desea "éxito y acierto", deberá "generar consensos" y alejar la sanidad del "partidismo".

Y eso pretenderán, señalan desde su equipo. "Este Ministerio tiene un firme espíritu de acuerdo social para llegar a pactos con todas las escalas territoriales y la sociedad civil en su conjunto. Hay pactos urgentes e importantes donde se cree que todos estarán de acuerdo", indican.

Porque el objetivo va más allá de la ideología. Y el Ministerio de Sanidad, indica Olmos y certifica el portavoz de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), Marciano Sánchez Bayle, tiene más poder del que se cree. "La sanidad es una competencia compartida, y yo creo que por una histórica dejación de funciones del Ministerio muchas comunidades han hecho lo que han querido. Eso no puede ser. El derecho a la protección de la salud es un derecho de todas las personas y el Gobierno tiene que velar por que se respeten", señala.

Tanto Olmos como Bayle apuntan a la atención primaria en primer lugar cuando se les pregunta por los nuevos retos de García. Es el primer nivel asistencial, y el más maltratado. Y así lo reflejan las manifestaciones y huelgas que han recorrido el país durante los últimos meses. Y el dato de que ninguna autonomía destina, ni de lejos, el 25% de su gasto sanitario a este área. Según la última Estadística de Gasto Sanitario Público del Ministerio de Sanidad, correspondiente a 2021, las comunidades destinan, de media, un 14,2%, un porcentaje que aumenta hasta el 17% en el caso de Andalucía y desciende hasta el 11% en el caso de la Comunidad de Madrid.

"Este es el primer tema a resolver, el más urgente", señala Bayle, que cree que hay que financiar los planes para reforzar la atención primaria con presupuestos finalistas que impidan que las comunidades destinen esos fondos a otras áreas. Martínez Olmos, por su parte, opina que esto es una quimera, y que lo que hay que hacer es repensar su funcionamiento. "La demanda mayoritaria en las consultas, y que va a ir en aumento, tiene que ver con los problemas crónicos de salud. Lo que habrá que hacer es modificar la normativa para que profesionales de enfermería y farmacia tengan nuevas competencias", opina.

El 15 de diciembre de 2021, con las consecuencias de la pandemia aún muy presentes, el Consejo Interterritorial firmó el Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2022-2023. Pero no sirvió de demasiado. "Planes y acuerdos hay muchos, lo que hay que hacer es financiarlos. ¿Qué comunidad se va a negar a incrementar el número de médicos de primaria si los financia el Estado?", se pregunta Bayle.

Mejorar la atención primaria, sostienen tanto el portavoz de la FADSP como el ex secretario general de Sanidad, va necesariamente ligado a muchas otras mejoras. Y una, sostienen, es otro de los grandes retos del futuro del Ministerio ya anunciado por Sánchez: la reducción de las listas de espera. No es un tema menor. Precisamente este lunes, el Ministerio de Sanidad publicaba las cifras de la espera en sanidad a 31 de junio de este año. Y los datos han empeorado. Es más, han marcado un nuevo máximo histórico. Concretamente, al término del primes semestre de 2023 había 819.964 pacientes esperando una intervención quirúrgica. En la misma fecha del año pasado eran 742.518, un 10,4% menos. Si lo comparamos con 2019, antes de la llegada del covid-19, el tiempo de espera ha aumentado un 22%.

Además, el tiempo de espera tampoco ha mejorado. En junio de este año se situaba, de media, en 112 días, tan sólo uno menos que en junio de 2022 y tres menos que en 2019.

Sí ha mejorado, por el contrario, la lista de espera para consultas externas. Si hace un año había 79,3 pacientes por cada 1.000 habitantes esperando a ser atendidos en alguna especialidad, ahora son 78,47. Aun así, los objetivos que se ha marcado el Gobierno van mucho más lejos. Pretenden establecer, por ley, unos tiempos máximos de espera que sitúen en 120 días el tope para una intervención quirúrgica, en 60 para una consulta externa y en 30 para realizarse pruebas complementarias. Pero esto, señala Martínez Olmos, depende de lo mismo: de una correcta financiación.

García, en cualquier caso, ya presentó una proposición de ley como líder de Más Madrid para aprobar una norma similar en la Comunidad. En ella, la nueva ministra era todavía más ambiciosa: 90 días de espera como máximo para intervenciones quirúrgicas, 21 para pruebas diagnósticas y 30 para consultas externas. "Las listas de espera pueden impactar de forma importante en la percepción que la ciudadanía tiene de su sistema sanitario y en la capacidad de dicho sistema para dar respuesta a las necesidades y las demandas de la población en materia de salud, pudiendo suponer un facilitador para la resolución de problemas de salud en la población o una barrera que, además, pueda generar una mayor desigualdad en ciertos grupos de pacientes", indicó la formación en la exposición de motivos de la proposición.

El Gobierno también va a "garantizar que en España no haya un solo ciudadano que necesite ayuda psicológica y no pueda obtenerla", indicó Sánchez durante su discurso de investidura. El grito de "¡Vete al médico!" de un diputado del PP a Íñigo Errejón en 2021 comenzó a mostrar una realidad que la pandemia terminó de rematar: la salud mental no tiene hueco en el Sistema Nacional de Salud y su cuidado depende, casi siempre, del bolsillo de quien la nota resentida.

El principal problema es que no hay quien la atienda. Según la última Estadística de Profesionales Sanitarios Colegiados, publicada por el INE en mayo con datos del año 2022, en España hay 38.427 psicólogos clínicos, tan sólo 2,2% más que un año antes. Por cada 1.000 habitantes, tan sólo suponen 0,8.

En cuanto al número de psiquiatras, la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (SEPSM) denunció el pasado mes de junio que la ratio es "claramente inferior a la media de los países de la Unión Europea". Concretamente, hay 4.393 psiquiatras en la red pública de atención a la salud mental, lo que supone una ratio de 9,27 psiquiatras por cada 100.000 habitantes, una cifra muy lejana a los 14 de Portugal, a los 15 de República Checa, a los 23 de Francia o a los 28 de Alemania.

En marzo de 2021, García presentó, también en Madrid, el plan 'Vete al médico', que contemplaba que la espera para psicología o psiquiatría no superara los diez días. Hizo de esta propuesta, además, una política concreta: que ir a terapia no sea "algo vergonzante", sino algo "cotidiano". Y puso el foco entonces en una juventud "que tiene más ansiolíticos en la mesilla que perspectivas de futuro". Ahora, apenas unas horas después de conocerse que García ocupará la cartera que hasta ahora ostentaba José Miñones, Sumar ya ha confirmado que el Ministerio contará con un comisionado especial sobre salud mental. "Será una línea de trabajo fundamental", dicen desde su equipo.

Agosto de 2022. El Consejo de Ministros aprobaba el anteproyecto de ley por el que se creaba la Agencia Estatal de Salud Pública. Llevaba pendiente 11 años y tuvo que llegar una pandemia para ponerse manos a la obra, tal y como estableció la Ley General de Salud Pública aprobada en 2011. Sin embargo, quedó en eso: un proyecto. "Este tema quedó pendiente por la convocatoria electoral, pero fortalecer la salud pública es muy importante", señala Martínez Olmos.

"Se trata de una prioridad política para el Gobierno de España, tras la experiencia vivida con la pandemia y, también, una necesidad de país para abordar situaciones en nuestro sistema público de salud que requieren de anticipación, respuesta rápida y coordinación", dijo la ministra de Sanidad en 2022, Carolina Darias.

"Crear esto sí que es una decisión que depende directamente del Ministerio", explica Bayle. Y desde el equipo de García le dan especial importancia, destacando que el fortalecimiento de la salud pública permitirá "anticiparnos a los posibles problemas".

Pero desde el equipo de García también señalan que el nuevo Ministerio tendrá otro reto: "enfrentar la emergencia climática, dando pasos hacia una transición ecológica sanitaria para disminuir la huella ecológica del sistema sanitario y apuntalando las políticas de salud al servicio de una vida mejor en términos de bienestar físico y mental".

"Tenemos la responsabilidad histórica de recuperar la grandeza de nuestra sanidad pública y la oportunidad de hacerlo en primera persona. Me voy a volcar en mi desempeño como ministra con el mismo compromiso y vocación de servicio público que me ha acompañado cada uno de los días de mi vida. Confío estar a la altura", ha sentenciado García este lunes. Según explica Bayle, la primera prueba serán los Presupuestos.

La inclusión del portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, y de la portavoz de IU, Sira Rego, en el nuevo Gobierno de coalición como ministros de Cultura y de Juventud e Infancia respectivamente dejará dos escaños vacantes en la Eurocámara que pasarán a ocupar dos nuevos eurodiputados de Unidas Podemos. Tanto Rego como Urtasun fueron elegidos en las elecciones europeas de 2019, en las que iban como segundo y tercero de la lista que presentó Unidas Podemos y que encabezaba Marisa Rodríguez Palop como independiente.

Los morados consiguieron seis escaños en aquellas elecciones -los tres citados así como Idoia Villanueva, Miguel Urbán y Manu Pineda-. Las dos plazas que dejarán vacantes ahora los nuevos ministros deberían pasar teóricamente a los siguientes en la lista presentada entonces.

En concreto, correspondería a Esther Sanz Selva, trabajadora social y miembro del Consejo Estatal Ciudadano de Podemos, y Patricia Caro Maya, activista y feminista de etnia gitana, siempre que estas no renuncien ahora a ocupar el escaño, habida cuenta de que la legislatura concluye el próximo mes de junio.

Según fuentes parlamentarias consultadas por Europa Press, una vez el nombramiento de Urtasun y Rego se haga oficial con su publicación en el BOE, el Gobierno español debe notificar a la Eurocámara esta circunstancia y quiénes serán sus reemplazos.

A continuación, el cambio debe anunciarse ante el Pleno, dando por completado el proceso. Precisamente, la Eurocámara celebra esta semana en Estrasburgo su Pleno mensual, por lo que el trámite podría producirse prácticamente de inmediato. De lo contrario, habría que esperar a la siguiente sesión plenaria, prevista para la semana del 11 al 15 de diciembre.

El politólogo y consultor Nacho Corredor (Santander, 1990) ha mantenido durante estas últimas semanas una firme defensa de la amnistía hacia los delitos relacionados con el procés más allá de su utilidad para la aprobación de la investidura de Pedro Sánchez. A su juicio, “de la misma manera que podemos recordar a Felipe González como modernizador de la economía de nuestro país, a Aznar por la liberalización de nuestra economía o a Zapatero por el impulso de la legislación social, a Pedro Sánchez es probable que le recordemos por haber desactivado el conflicto institucional fruto del debate territorial en nuestro país. Está por ver si lo logra”.

“En el fondo, lo que hemos visto es un proceso de normalidad democrática y de funcionamiento de nuestras instituciones. El Rey ha hecho distintas consultas con los grupos parlamentarios, ha propuesto a distintos candidatos y el Parlamento ha elegido a Pedro Sánchez, que ha sido investido con mayoría absoluta. Por el camino, algunos han intentado evitar que ese pleno se celebrara, diciendo que se estaba dando un golpe de Estado, pero incluso el Tribunal Supremo ha dicho que no hay lugar para ello. Por lo tanto, lo que hemos visto es un contraste entre la realidad institucional y su funcionamiento y la violencia que hemos visto en las calles”.

“Hay quien dice que España es una nación milenaria y, si fuera así, a aquellos que lo creen les diría que no hay ninguna posibilidad de que una nación milenaria, como consecuencia de una coyuntura, desaparezca. Añadiría que desde que tengo uso de razón se advierte de que España se rompe cada vez que gobiernan los mismos. España es un Estado de derecho de los más importantes del mundo, una de las principales democracias europeas y globales. Decir que España es una dictadura es sobre todo y por encima de cualquier otra cosa, una tontería. Si lanzas el mensaje a una parte importante de la población de que en España se esté imponiendo un golpe de Estado, estás validando que haya personas que se tomen la justicia por su mano. No hay ninguna dictadura en nuestro país.

“Hace muchos años que se dicen cosas a la hora de compartir diagnósticos que sencillamente no son verdad. Y lo más preocupante de lo que hemos escuchado en las últimas semanas tiene que ver justamente con señalar que esto que está ocurriendo es un golpe de Estado. Y es un problema porque, probablemente, para muchas personas quienes dicen estas cosas son un referente. Por ejemplo, en el caso de la polémica respecto a la reacción de Isabel Díaz Ayuso en la tribuna del Congreso de los Diputados, no me preocupa que, para sus adentros, una persona en la tribuna diga o deje de decir algo. Tuvo la mala suerte de que la grabaron. Lo que me preocupa es, en cualquier caso, la explicación que se dio después. Dijo que Pedro Sánchez es lo mínimo que se merece. Si llamarle hijo de puta es lo mínimo que se merece, ¿qué es lo máximo que se merece?”.

“Si hay Ley de Amnistía será porque la mayoría parlamentaria lo aprueba, porque el Tribunal Constitucional considera que es constitucional, porque los jueces la aplican y porque en última instancia va a ser objeto de revisión nacional e internacional. Si no es legal, no pasará los filtros. Si es legal, los pasará. Si es útil, tendrá efectos positivos para todos. Y si es inútil, habrá capacidad para poder castigar al gobierno que la ha llevado a cabo. La realidad es que, en estos momentos, Pedro Sánchez es el político en España que ha estado y está en mejores condiciones para gestionar las contradicciones de nuestro país.

“Yolanda Díaz tiene un reto importante en la nueva etapa, porque es verdad que, en lógica de la coalición gubernamental, el entendimiento entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz va a ser y ha sido mucho mayor que el que hubo hace cuatro años entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Y eso para aquellos que no nos gusta el ruido es una buena noticia, porque hay una lógica y una vocación de entenderse mejor. Probablemente el reto que tiene es el de impulsar una política económica progresista en un contexto donde hay una mayoría parlamentaria que no comparte las mismas coordenadas. Por otro lado, va a tener el reto, sin duda, de integrar al conjunto de su grupo parlamentario. Hay una pluralidad diversa en el grupo parlamentario y hay un actor que es relevante, que se llama Podemos, al que va a tener que hacer el esfuerzo de implicar también de alguna manera”.

Abascal y Vox

“Abascal está encontrando su sitio y su espacio en esta nueva etapa. Fíjate el contraste que hemos visto entre una persona que podía ser vicepresidente del Gobierno y lo que estamos viendo ahora, manifestándose delante de la sede de un partido político y exportando de Estados Unidos a un periodista como Tucker Carlson, que fue expulsado de la cadena de noticias Fox por compartir información falsa y alentar el asalto al Capitolio. Respecto a su competencia con el PP, siempre los originales serán mejores que la copia. Vox va a ser mucho mejor siempre que el PP en el campo de la agitación. El Partido Popular no va a poder competir ni en el campo de la agitación, ni en el campo de la hipérbole. Y desde esa perspectiva, es verdad que Vox probablemente tenga la seguridad de que ellos tienen una oportunidad en un escenario en el que se genere la sensación de estado de excepcionalidad en nuestro país. Pero también tienen el riesgo de que se evidencie demasiado pronto cuál es su techo”.

“Vamos a tener que empezar a distinguir entre el ruido y los hechos, entre las palabras y la realidad, entre la retórica y aquello que se impone. La realidad hoy es que el independentismo está cambiando de estrategia. Ellos estaban en un contexto generalizado de no querer implicarse en la institucionalidad, hasta el punto de que Junts tomó la decisión de salir del Gobierno de Cataluña. Hoy, Junts no está apoyando al Gobierno de Cataluña, pero está apoyando al Gobierno de España y eso es un hecho que es relevante, por mucho que lo queramos vestir. Si se vota por parte de los partidos independentistas la ley de amnistía, estarán votando a favor de la definición de que España es un Estado de Derecho y una de las principales democracias del mundo”.

“Solo el tiempo nos podrá decir si lo que se está poniendo sobre la mesa en estos momentos ha sido una iniciativa valiente o una temeridad. Yo me inclino por pensar en que es un acto valiente.  Entre otras cosas, porque la capacidad de perdonar la tiene siempre quien gana, quien tiene la posición de poder. Pasa en las familias y pasa también en los Estados. Un Estado que perdona no es un Estado débil. Un Estado que perdona es un Estado generoso, es un Estado seguro de sí mismo. Y esto es importante porque lo que no podemos es vivir, en todo el debate público, en la lógica de humillación. No podemos sentirnos permanentemente humillados por lo que dicen los demás. El Partido Socialista hoy es el principal garante de la Constitución en Cataluña. Si el Partido Socialista no tuviera la posición de fortaleza que tiene, podría haber una mayoría independentista”.

“Las leyes de amnistía son una constante en la historia de las democracias liberales y el derecho de gracia está integrado en prácticamente todas las constituciones de los principales países de nuestro entorno. No hay ningún político en España, ninguno, que esté proponiendo eliminar de la Constitución el derecho de gracia. Ya se ha aplicado a través del indulto, que concede el Gobierno, y en esta ocasión se quiere aprobar una ley de amnistía en nombre del Parlamento. La amnistía es perdonar. Yo no me olvido de nada de lo que pasó en Cataluña en la última década. A lo que me niego como español es a seguir una década más secuestrado emocionalmente por lo que pasó en el año 2017. Me niego porque este país está perdiendo mucha energía por el camino y tenemos retos sociales y económicos centrales de los que ocuparnos”.

“El problema de canalizar las frustraciones y conflictos sociales en la calle en vez de en las instituciones, es que las instituciones funcionan como un catalizador de todo ese conflicto que sirve para ponderar, equilibrar, discrepar, construir soluciones. Una vez pones ese conflicto en la calle, dejas de tener control de lo que ocurre allí. Pasó con el independentismo catalán. Hasta el punto de que organizaciones civiles como Òmnium o la ANC, que tuvieron un papel importante durante el procés, actuaban al margen de los partidos políticos. Creo que lo fundamental es usar las instituciones para canalizar el conflicto, porque entra en un terreno donde es posible usar toda esa energía, esa oposición, al servicio de construir algún tipo de solución en una lógica de funcionamiento de las democracias. Cuando sacas ese conflicto en la calle y además te mezclas con lo peor del país, ya no controlas qué es lo que puede ocurrir ahí"

“Quienes hoy expresan, en su condición de reservistas del ejército, un deseo de ocupar un papel que no les corresponde deben ser sancionados en la medida que permita la legislación. Eso nos lo enseñó la Transición. En democracia las decisiones se toman en las instituciones que tienen legitimidad democrática, y esa la da el apoyo de la ciudadanía, la fiscalización de los tribunales y los límites impuestos por nuestra legislación. No la da la posición social ni institucional. Un presidente no puede hacer lo que le da la gana y por eso esta amnistía se hace porque la apoya el Parlamento. Será constitucional si lo decide el Tribunal Constitucional y se podrá aplicar si los jueces lo deciden. Cuando vemos que quienes ponen más el grito en el cielo son aquellos que añoran el pasado, evidencian la necesidad de iniciar un proceso que deje atrás todo aquello que ya no debería seguir formando parte de la historia de España”.

¿Qué es España?

“Creo que el reto pendiente que tiene España es reconocerse a sí misma tal y como es. Esa virtud se tuvo en el proceso de la Transición y culmina con la reforma del escudo de nuestra bandera. Reconoce que la construcción de nuestro país es consecuencia de la convivencia entre distintas formas de entenderlo, por eso hay quien intenta que no salga en la bandera cuando se manifiesta. No les gusta nuestro país como es. Distintas formas de entender el país hoy se ven representadas en las instituciones. Y eso, desde la lógica de la legitimidad de nuestro propio sistema, es una buena noticia. Igual que lo hubiera sido ver a un ministro del Partido Nacionalista Vasco en un Gobierno de España. Implicaría que las instituciones tienen la capacidad de integrar distintas formas de ver y de vivir el país y eso debería ser para todos una expresión de que podemos y vamos a vivir en paz y tranquilidad”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha prometido este viernes su cargo ante el Rey Felipe VI en una ceremonia celebrada en el Palacio de la Zarzuela. "Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del Gobierno, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros y de Ministras", ha expresado Sánchez con la mano derecha puesta sobre un ejemplar de la Constitución.

En el acto solemne de promesa ha ejercido la titular del Ministerio de Justicia, Pilar Llop, como notaria mayor del Reino y han participado también otras autoridades como el presiente del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte; el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, y los presidentes del Congreso y del Senado, Francina Armengol y Pedro Rollán, respectivamente.

También esta vez, como pasó en junio de 2018 y en enero de 2020, el líder del PSOE ha prometido el cargo sin presencia de símbolos religiosos, ni crucifijo ni Biblia. Con la llegada de Felipe VI a la Jefatura del Estado, la Casa Real cambió el protocolo y fue el propio Sánchez el primero en estrenarlo en 2018.

La promesa ha tenido lugar un día después de ser reelegido, tras conseguir en el Congreso el respaldo de 179 diputados, mayoría absoluta. Para ser investido, Sánchez recibió el apoyo del 51% del Congreso: los 121 diputados del PSOE, los 31 de Sumar, los siete de ERC, los siete de Junts, los seis de Bildu, los cinco del PNV, el del BNG y la de Coalición Canaria. En contra votaron los otros 171 diputados del Congreso, que son los 137 del PP, los 33 de Vox y el de UPN.

Los diputados del PP se aferraban el miércoles por la noche a la esperanza de que Junts protagonizase una espantada de última hora. “Están muy enfadados”, repetía uno de los dirigentes más próximos a Alberto Núñez Feijóo a los periodistas, alimentando el sueño de que la investidura de Pedro Sánchez terminase mal y la repetición electoral fuese inevitable. 

Pero no ocurrió. El presidente del Gobierno consiguió la reelección —le sobraron tres votos— y la amenaza de una convocatoria electoral anticipada se disipó por completo. La izquierda y el nacionalismo sellaron su alianza en el Congreso en una sesión parlamentaria de la que Alberto Núñez Feijóo salió como más temía, con semblante serio, haciendo negros pronósticos de lo que va a suceder en España a partir de ahora y convertido en líder de la oposición. Un papel que ni imaginaba tener que asumir cuando decidió, hace ahora año y medio, abandonar la comodidad de Galicia para desafiar a Sánchez. 

Feijóo ni siquiera felicitó al presidente por su reelección. Según su propia versión de las palabras que intercambiaron cuando acudió a saludarle, al término de la votación, le dijo al presidente del gobierno que su investidura era “una equivocación” de la que es el único “responsable”. “Estamos preocupados por la situación en la que entra este presidente intervenido por el independentismo”, remarcó ante los periodistas antes de marcharse del Congreso.

Lo peor para Feijóo es que no sólo tuvo que presenciar la victoria de su rival, sino hasta dos señales poco halagüeñas para su futuro político: al borde de una crisis con sus socios de Vox, empeñados en una deriva hacia la ilegalidad, y con la distancia que le separa del PNV, con quien hace apenas dos meses esperaba entenderse para formar mayorías, creciendo a ojos vistas.

La estrategia del PP y de Vox para impedir la investidura ha terminado en un estrepitoso fracaso. Las acusaciones hiperbólicas, poniendo en duda la continuidad de la democracia si Sánchez seguía en la Moncloa, y las movilizaciones crecientes en la calle no han conseguido su objetivo. Algunos dirigentes de la derecha creen incluso que algunas de ellas, en especial el asedio continuado y a veces violento a las sedes socialistas, puede haber servido de catalizador para los acuerdos que finalmente han permitido a Sánchez firmar un pacto con todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso (con la única excepción del PP, Vox y la derecha foralista navarra). 

En cualquier caso, de momento al menos, la estrategia no va a cambiar. El sábado todas las fuerzas políticas, sociales y económicas contrarias a la amnistía y a la reelección de Sánchez se darán cita en una manifestación en la Plaza de Cibeles de Madrid como si la investidura no hubiese tenido lugar. Como si el Congreso no hubiese tomado ya una decisión. 

Es la gasolina con la que PP y Vox quieren nutrir la imagen de un país sublevado contra las medidas de gracia que van a borrar las consecuencias judiciales y administrativas del procés para centenares de personas que participaron en él, así como las de varias decenas de agentes de policía que participaron en la represión de aquellos hechos. Es el contexto con el que planean presentar en Europa su acusación de que el Gobierno de España no respeta las reglas del estado de Derecho y debe ser castigado por ello.

“La calidad de la democracia española no se encuentra amenazada solo por la ley de Amnistía”, razonó este jueves el vicesecretario del PP Esteban González Pons. “También está la politización del Tribunal Constitucional, de la Fiscalía General del Estado, el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial”. Los pronunciamientos de Supremo, la Audiencia nacional, los tribunales superiores, las asociaciones de jueces y de fiscales, los abogados, notarios y registradores, enumeró, “han escrito en los últimos días manifiestos alertando de que el Estado de Derecho en España está en peligro y la división de poderes también”. “Cosas así eran las que sucedían en Polonia”, enfatizó González Pons anticipando los argumentos con los que van a intentar convencer a la Comisión Europea y al Parlamento Europeo de que España merece ser sancionada. Y forzar así, bajo esa amenaza, que la ley de amnistía no llegue nunca aprobarse, que el PSOE rompa su acuerdo con Junts y que las elecciones anticipadas sean inevitables.

La operación es arriesgada. El PP y Vox no pueden hacer más que tratar de retrasar la tramitación de la ley de amnistía, buscar la complicidad de los jueces para entorpecer su aplicación y confiar en que Bruselas les dé la razón. Cuentan para ello con el apoyo del PP europeo, de los ultras de varios países o y de una parte de los liberales europeos.

De esa estrategia forma parte la inclusión, al final del orden del día del pleno del Parlamento Europeo del próximo martes, de un debate sobre “la erosión del Estado de Derecho en España” que el PP intentó presentar este jueves como una prueba de la preocupación de Europa ante la ley de amnistía. En realidad no tiene mayor trascendencia. Como en todos los plenos, cada grupo político puede incluir un tema a debate y este es el que ha elegido el PP europeo. No dará lugar a ninguna votación ni tendrá consecuencias políticas. Por más que el propio Feijóo haya tratado de presentarlo como algo que “afecta a nuestra reputación internacional y a nuestra democracia. Que en el Parlamento Europeo se debata sobre si en España está garantizado el Estado de Derecho o no, nunca lo habíamos tenido que vivir en nuestra democracia”, aseveró.

La apuesta por conseguir que Bruselas acabe doblegando al Gobierno español, admiten en Génova, es un salto en el vacío. Si sale bien, habrán dado un duro golpe a la alianza formada por Pedro Sánchez con sus socios independentistas. Pero, si sale mal, serán ellos quienes queden en evidencia. Y el plan que ha trazado Feijóo para volver a disputar la presidencia a Sánchez a medio plazo se habrá desmoronado.

Eso sin contar con que, más allá de la movilización permanente contra la amnistía, PP y Vox tendrán que mover ficha como partidos de la oposición. Sánchez se prepara para nombrar nuevo Gobierno, el proyecto de presupuestos para 2024 está al caer y el programa firmado por PSOE y Sumar incluye una completa agenda de proyectos sociales que amenazan con dejar el tema de Cataluña en segundo plano.

Para empezar, Feijóo tendrá que desatascar los cambios en la dirección del PP y del grupo parlamentario que anunció hace meses y que congeló a la espera de saber si habría repetición electoral, un asunto que mantiene en vilo a Cuca Gamarra, Elías Bendodo, Borja Sémper, Esteban González Pons y Miguel Tellado, entre otros dirigentes. De la elección depende el tono que el político gallego quiera dar a su partido en el Congreso y la fórmula elegida para diseñar la estrategia de oposición a lo largo de la legislatura. 

Feijóo ya no depende de Gamarra para la portavocía de la Cámara Baja —el nuevo grupo parlamentario ya no es el de Casado, sino el que él ha diseñado para acompañarle— y eso abre nuevas posibilidades. En el partido, en cambio, el problema es diferente. Las elecciones acabaron por sacar a la luz la falta de sintonía entre Bendodo, el hombre fuerte de Juanma Moreno en Génova, y Tellado, la mano derecha del propio Feijóo en el partido. El círculo más íntimo de confianza de Feijóo no acaba de ser del agrado de todos los miembros de la dirección, algunos de los cuales no se sienten copartícipes de las decisiones que se toman.

Vox, a su vez, instalado en un desafío permanente a la legalidad que ha llevado a sus dirigentes a negarse a reconocer la legalidad de la investidura de Pedro Sánchez, tiene que decidir qué rol asumirá a partir de ahora. Sobre todo después de que el PP no se tomase en serio la amenaza de romper los pactos autonómicos y municipales entre ambos partidos si Feijóo no acepta bloquear en el Senado, violando la legislación, la tramitación de la amnistía. Algo que el PP ya ha dejado claro que no piensa hacer. Si la extrema derecha cumple su amenaza, una posibilidad que Génova descarta, los gobiernos liderados por el PP entrarán en una peligrosa fase de inestabilidad. Si no lo hace, será la credibilidad de Santiago Abascal la que quedará en entredicho.

En el PP están satisfechos con la estrategia desarrollada en los últimos meses porque creen que les está permitiendo comerse poco a poco el espacio de Vox. Ahora tendrán que decidir si la mantienen o si la matizan de algún modo para no perder espacio por el centro y, sobre todo, tratar de reconstruir puentes con el nacionalismo moderado con la vista puesta en el medio y el largo plazo.

Ahora mismo las cosas, por ese lado, están peor que nunca, como puso de manifiesto el pleno de investidura que acaba de finalizar. En él Feijóo mantuvo todo el tiempo un tono agresivo y desafiante hacia el PNV que contrasta con la oferta que les trasladó hace dos meses —y que se conoció precisamente este jueves— para que los nacionalistas vascos se hicieran cargo del Ministerio de Industria a cambio de ayudarle a ser elegido presidente. Una propuesta que el PNV rechazó, alérgico como es a pactar con el PP mientras este partido mantenga acuerdos con la ultraderecha. 

Fracasado el intento de impedir la investidura, unos y otros, PP y Vox, ponen ahora todas sus esperanzas en que la legislatura acabe siendo ingobernable. Y que Sánchez se vea forzado a convocar elecciones anticipadas o, por lo menos, complete su mandato muy debilitado. La derecha confía en que la competencia entre Junts y Esquerra haga saltar por los aires los acuerdos que afectan a Cataluña, así como que Podemos dinamite la alianza entre el PSOE y Sumar y que las elecciones vascas del año que viene lleven a EH Bildu y al PNV a una pelea por la atención de Pedro Sánchez.

Por no hablar de la posibilidad, a la que en el PP siguen dando crédito, de que la incomodidad de algunos socialistas con los acuerdos suscritos con Junts y Esquerra, como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, desestabilice al PSOE.

El 86,1% de los más de 55.000 inscritos que han participado en la consulta interna de Podemos han votado a favor de que los cinco diputados de la formación, dentro del grupo Sumar, apoyen la investidura del presidente del Gobierno en funciones Pedro Sánchez.

Concretamente, un total de 47.675 afiliados y simpatizantes han respaldado votar sí a la candidatura de Sánchez frente a los 7.586 inscritos, es decir, un 13,7% de la cifra total de participación del proceso abierto el sábado y que concluyó ayer por la noche.

La pregunta que Podemos dirigió a sus bases se ceñía exclusivamente sobre el respaldo a la investidura y, de esta forma, la militancia refrenda el criterio de la secretaria general, Ione Belarra, que pidió por responsabilidad apoyarla.

Eso sí, la también titular de Derechos Sociales en funciones dejó también patente sus críticas al PSOE, que a su juicio había "despreciado" al partido al no haber suscrito bilateralmente un acuerdo de coalición o de gobierno.

De esta forma, el malestar interno dentro del partido hacía Sumar y el PSOE no ha repercutido a la hora de decidir el voto afirmativo a Sánchez, pese a que el partido se ha desmarcado del acuerdo de coalición entre socialistas y Sumar y pese a que las perspectivas es que sus principales referentes se queden fuera del Ejecutivo como deslizaban ayer fuentes de la coalición.

La confirmación del sí de Podemos llega a hora y media de que se celebre en el Congreso la sesión plenaria sobre la investidura, con la intervención inicial de Sánchez y después de que otras organizaciones de Sumar como IU, Compromís o En Comú Podem también avalaran la reelección de Sánchez.

La participación en esta consulta ha sido superior a la desplegada recientemente para aprobar su nuevo documento político, donde votaron casi 31.000 militantes y simpatizantes del partido, y mayor incluso que la última Asamblea Ciudadana del partido cuando se llegó a 53.500 inscritos.