La Audiencia Nacional ha condenado al excomisario José Manuel Villarejo a tres años y medio de cárcel por acceder sin autorización y distribuir a dos medios de comunicación el contenido de la tarjeta de un móvil robado en noviembre de 2015 a Dina Bousselham, exasesora de Podemos y del exlíder de este partido Pablo Iglesias.

Villarejo ha sido condenado como autor de un delito de revelación de secretos de particulares con difusión a terceros, cometido por funcionario público, por un caso del que finalmente quedaron fuera dos periodistas, el director y el subdirector de Interviú Alberto Pozas y Luis Rendueles, a quienes otorgaron el perdón las acusaciones ejercidas por Bousselham e Iglesias.

Los magistrados han condenado a Villarejo a indemnizar a la exasesora de Podemos con 5.000 euros y al exlíder de este partido con 1.000 euros, en una sentencia que recuerda que el tribunal está "constreñido" a la petición hecha por la Fiscalía y no puede imponer una cuantía mayor. El Estado es responsable civil subsidiario.

La tarjeta móvil sustraída a Bousselham contenía documentos internos de Podemos, datos bancarios pertenecientes a Pablo Iglesias, imágenes íntimas de la asesora y capturas de chats de Telegram, como los grupos 'Equipo Portavoz' y 'Superagente', y llevó a la publicación de comentarios intercambiados por la cúpula de Podemos, incluido uno en el que Iglesias hablaba de azotar a una periodista.

Su difusión provoca "un daño moral ínsito en la humillación" porque la "vida íntima y personalísima" de la asesora "se vio completamente expuesta a quien no deseaba" y lo mismo ocurre con Pablo Iglesias.

El tribunal, el mismo que actualmente está enjuiciando el caso Kitchen, considera probado que a Bousselham se le sustrajo un móvil en noviembre de 2015 y que la tarjeta de memoria que contenía llegó al Grupo Zeta en enero de 2016. Entonces, el medio decidió no publicar el contenido, del que el periodista Alberto Pozas entregó a Villarejo una copia en un restaurante el 3 de febrero de ese año. Aquella entrega no se debió a requerimiento alguno.

La sentencia considera probado que dicha información, hallada en 2017 en un domicilio de Villarejo y archivada en dos carpetas —'Dina 2' y 'Dina 3'— fue entregada por el comisario a periodistas de los medios El Confidencial y OkDiario, "para que se elaborara y publicara diversas informaciones en descrédito del partido político Podemos" y de su entonces secretario general.

Los magistrados recuerdan que en el procedimiento quedaron contrastadas las citas que Villarejo mantuvo con los informadores de ambos medios en fechas próximas a las publicaciones.

Este tribunal también considera probado que el Grupo Zeta dio la tarjeta de memoria sustraída a Bousselham a Pablo Iglesias, pensando que le pertenecía, y que éste la conservó durante un plazo de seis meses antes de devolvérsela a su asesora, sin que haya quedado acreditado que la devolviera dañada.

Según los magistrados, Villarejo, que entonces estaba en activo, no tenía encomendada una investigación a Podemos, y se valió de sus funciones de inteligencia policial "para acceder, sin mediar investigación policial o judicial alguna, a informaciones facilitadas por periodistas", sin el consentimiento de Bousselham y se la facilitó a otros periodistas.

El cometido profesional como policía era su "tarjeta de presentación" en los círculos periodísticos, de los que Villarejo se nutre y a los que nutre, "aún cuando la emplee a finalidades desviadas de su labor profesional de la que se vale y le sirve para moverse".

En su condena, el tribunal ha descartado el planteamiento de la defensa acerca de que la información publicada en estos medios podía provenir de dentro de la formación, por la guerra interna a la que apuntaron los periodistas, y también separa la conducta de Villarejo de la de Bousselham, que envió capturas de algunas de sus conversaciones a terceras personas.

Cuando Bousselham reenvió su información "partía de ella esa iniciativa", mientras que "el grueso, prácticamente completo de la información se suministró al acusado sin contar con el consentimiento de Dina Bousselham, almacenándolo aquel seguidamente en dispositivos varios".

A Villarejo se le ha aplicado la atenuante de dilaciones indebidas porque los hechos que se sentencian ocurrieron en 2016 y han sido enjuiciados en 2026, dentro de una pieza separada, la número 10, del caso 'Tándem' o Villarejo. La sentencia considera además válido el registro en el domicilio del excomisario, que su defensa ha cuestionado en otros procedimientos.

Con esta pieza, Villarejo acumula tres condenas por el caso 'Tándem', la más abultada una de 13 años de prisión, mientras que ha sido absuelto en otros cinco procedimientos.

La presidenta del tribunal, Teresa Palacios, se lo advirtió al inicio de su declaración. María Dolores de Cospedal ha comparecido ante la sección cuarta de la Audiencia Nacional sin la obligación de responder a todas las preguntas que tiene cualquier otro testigo llamado a declarar. Cospedal tenía el privilegio de no responder a cualquier pregunta que considerara que podría incriminarla.

Ese especial estatus procesal, derivado de su inicial imputación en el caso Kitchen y su posterior archivo provisional, en teoría no le permite mentir. Pero incumplir la obligación de todo testigo de no hacerlo no conllevaría ninguna consecuencia para ella. En caso de que volviera a ser objeto de acusación, el contenido de su testimonio de este jueves no podría ser utilizado contra ella, por el derecho fundamental a no declarar contra uno mismo. Tampoco podría actuarse contra ella por un hipotético delito de falso testimonio.

Palacios, la presidenta, le advirtió de que se le había comunicado desde la Audiencia que podría comparecer en el juicio con abogado. Cospedal aseguró, sin embargo, que no había recibido a esa comunicación, pero confirmó que estaba en disposición de declarar y que iba a responder a todo lo que se le preguntara. Y lo hizo, en muchas ocasiones en contra del contenido de los informes policiales en los que consta que mantuvo conversaciones telefónicas con el comisario jubilado José Manuel Villarejo –cuyos audios han sido ampliamente publicados por varios medios– para tratar de frenar las consecuencias del escándalo de los papeles de Bárcenas, que demostraron la existencia de una contabilidad B en el partido.

Varios jueces penalistas consultados por infoLibre explican que la situación procesal en la que ha intervenido Cospedal le permitiría una doble impunidad. Por un lado, sobre los hechos por los que inicialmente estuvo imputada y de los que finalmente el instructor del caso, Manuel García-Castellón, la eximió. Por otro, de las posibles falsedades que pudiera proferir durante su declaración en caso de que se demuestre su falta de veracidad. Más que un derecho, explican los expertos consultados, lo que Cospedal ha ejercido hoy en el juicio del caso Kitchen podría considerarse "un privilegio". "En teoría no puede mentir, solo puede no contestar. Pero si miente, no tendrá ninguna consecuencia para ella", señala uno de ellos.

Algunos de los pasajes del testimonio prestado por la exdirigente del PP y exministra de Defensa tienen difícil encaje en la realidad. Como cuando aseguró que nunca había hablado con Villarejo por teléfono, "ni fijo, ni móvil". Un informe de la unidad de Asuntos Internos de la Policía recogió dos conversaciones con el comisario mantenidas con ella, precisamente, a través de un teléfono fijo. En la primera, del 20 de enero de 2013 –es decir, dos días después de que se publicaran los sobresueldos a cargos del partido–, Cospedal habla con Villarejo de la existencia de "una libretita" en la que estarían apuntados esos pagos y le dice que "sería mejor lograrlo parar". El comisario le responde que hará "todo lo posible".

Pese a esas conversaciones, Cospedal ha asegurado ante el tribunal sin ningún sonrojo que nunca habló con Villarejo del caso Gürtel. En los audios, sin embargo, el comisario aparece informando a la ex secretaria general del PP sobre sus gestiones para obstaculizar el caso de la contabilidad B del partido. Como en sus conversaciones y las de su compañero José Luis Olivera (también acusado en el juicio), con Manuel Morocho, el policía encargado de la investigación. El objeto, según Asuntos Internos, habría sido eliminar el nombre del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de uno de los informes elaborados por Morocho.

También ha negado la exministra ningún tipo de gestión al respecto con el principal acusado en el juicio, su compañero en el Gobierno y exministro del Interior Jorge Fernández Díaz. La ex número dos del partido ha asegurado que solo hablaban de la actuación de la formación en Cataluña. Sin embargo, en los audios recogidos por Asuntos Internos, Cospedal aparece explicando a Villarejo que Fernández Díaz le facilitó uno de los informes redactados por Morocho durante la investigación judicial un día antes de que se lo enviaran al instructor del caso Gürtel, el juez Pablo Ruz. En caso de ser cierto ese dato, podría tener consecuencias penales, ya que la Policía, cuando actúa a las órdenes de un juzgado, solo responde ante el juez.

Otra de las manifestaciones de Cospedal que casa mal con los hechos investigados conocidos hasta ahora ha aparecido cuando ha asegurado que solo se reunía con Villarejo porque era el comisario el que estaba interesado en verla a ella, y no al contrario, y que era él quien contactaba con su secretaria o con su jefe de gabinete para arreglar los encuentros. Este último, que también ha declarado como testigo, ha señalado que no se reunían únicamente a petición del mando policial sino que a veces era la propia Cospedal la que pedía que se concertaran esas citas.

Cospedal ha asegurado de igual manera que todas las reuniones con Villarejo se produjeron de forma presencial en su despacho en la sede nacional del PP y que solo una vez se vieron en una cafetería de la calle José Ortega y Gasset de Madrid. Su director de gabinete, sin embargo, la ha vuelto a contradecir en este punto al asegurar que también se veían en el Ministerio de Defensa mientras la dirigente popular fue su titular.

La Audiencia Nacional ha confirmado la absolución del excomisario de Policía José Manuel Villarejo respecto a un supuesto encargo de espionaje que le hizo un empresario, dentro de la pieza número 29 del Proyecto Grass la macrocausa Tándem, informa EFE.

La Sección cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional absolvió en enero al excomisario de los delitos de cohecho pasivo, revelación de secretos y falsedad en documento mercantil por el encargo que le hizo un empresario para obtener información del administrador concursal de su compañía. La Fiscalía pedía para él 12 años de cárcel.

También fueron absueltos su socio, Rafael Redondo, y el empresario Antonio Erico Chávarri, que fue quien hizo el encargo a través de la empresa Cenyt, tras determinar los jueces que no se cometió cohecho, porque se trató de una actividad privada ejecutada al margen de la actividad como policía de Villarejo.

Ahora la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional desestima el recurso de la Fiscalía contra esa sentencia, en una resolución en la que los magistrados reiteran su doctrina en relación con el cohecho y destacan que se comete este delito cuando la función pública se transforma en "mercancía de venta", mientras que no lo hay cuando solo se acredita "una actividad privada, aun económicamente muy lucrativa".

Para los jueces la sentencia originaria está bien motivada y no cae en contradicciones, y deja claro "el carácter estrictamente privado del encargo y de los servicios prestados, que se correspondían con técnicas de investigación propias del ámbito empresarial o de detectives privados y no con investigaciones policiales oficiales".

Respecto a la absolución por el delito de cohecho, la Sala identifica varios elementos probatorios que descartan ese ilícito, como la ausencia de conexión funcional entre los pagos y la labor pública del acusado, o la falta de prueba sobre el uso de medios policiales, bases de datos oficiales o intervención de otros funcionarios.

También consideran significativo que los pagos a Villarejo se identificaron como contraprestación por servicios privados, sin retorno funcional ilícito hacia la Administración.

La Sala de Apelación hace un resumen de las distintas sentencias que ha dictado en las diferentes piezas del caso Tándem con la finalidad de constatar la línea jurisprudencial que ha fijado en relación con el delito de cohecho y, en especial, la relación entre la dádiva y el cargo.

"En definitiva, la jurisprudencia analizada no refleja oscilación arbitraria, sino una pauta precisa: hay cohecho cuando la función pública se transforma en 'mercancía de venta'; no lo hay cuando lo acreditado es, únicamente, una actividad privada, aun económicamente muy lucrativa, si no se prueba con el debido rigor su conexión típica con el ejercicio del cargo", concluye.

La sede que la Audiencia Nacional tiene en la localidad madrileña de San Fernando de Henares se ha convertido esta semana en un plató de televisión. Un ir y venir de cámaras y micrófonos que respondía al enorme interés mediático –y también político– del caso Kitchen, que versa sobre la supuesta operación parapolicial para hacerse con información comprometedora para el PP que pudiera tener su extesorero Luis Bárcenas y que pudiera comprometer aún más al partido en la causa Gürtel. Es solo una de las múltiples derivadas del llamado caso Tándem. Una hidra judicial que, casi nueve años después de su arranque, no ha tenido el impacto que se esperaba. El principal investigado, el comisario jubilado José Manuel Villarejo, no ha sido castigado con la severidad que la Fiscalía Anticorrupción reclamaba. Y los mandamases del Ibex han sido capaces, al menos por ahora, de salir indemnes.

El estallido del caso, que arrancó a finales de 2017 con la detención de quien ha sido cara visible de las cloacas, provocó un auténtico terremoto en las altas esferas del Estado. En el registro de su domicilio en la localidad madrileña de Boadilla del Monte y en las oficinas de su empresa Cenyt en la Torre Picasso de Madrid, los investigadores se toparon con cantidades ingentes de material. Grabaciones y documentos que, casi una década después, han terminado por conformar una macrocausa con cerca de medio centenar de piezas separadas. En la mayoría de casos, cada carpeta se centra en un encargo privado al comisario relacionado con el espionaje o la inteligencia. Sin embargo, hay también otras instrumentales, una suerte de cajones de sastre donde se acumulan, por ejemplo, los audios que se van filtrando a los medios.

Una docena de piezas ya han sido o están siendo enjuiciadas. La última que quedó vista para sentencia fue Dina, que versaba sobre la filtración a periodistas de información contenida en un teléfono móvil robado a Dina Bousselham, exasesora de Pablo Iglesias. Y en junio se pondrá punto y final a Kitchen, cuya vista oral arrancó el pasado lunes. Sin embargo, solo se ha emitido sentencia en diez de esas carpetas: Iron, Land, Pintor, Joly, Wine, Saving, Marbella, Grass, Pinto y King. Salvo en la última, en todas las demás se sentaba en el banquillo de los acusados el comisario jubilado. Y aunque las acusaciones pedían para él un total de 180 años de prisión, Villarejo ha salido con condenas que, a día de hoy y con recursos aún pendientes de resolver, suman 16 años y un día.

Las tres primeras piezas se enjuiciaron juntas. La primera se centraba en la contratación del comisario retirado por parte del bufete de abogados Herrero & Asociados para obtener información de un despacho de la competencia. La segunda trataba sobre la guerra familiar de los herederos del promotor inmobiliario que levantó la urbanización de lujo La Finca. Y la tercera giraba alrededor del mandato de los hermanos Fernando y Juan Muñoz, marido de la presentadora Ana Rosa Quintana, para recabar información de un antiguo socio y su abogado que les permitiera resolver a su favor un litigio fiscal.

La Fiscalía Anticorrupción pidió al finalizar el juicio algo más de ochenta años para el comisario jubilado. Pero el tribunal le acabó imponiendo una pena de 19 años. Los magistrados le absolvieron del delito de cohecho al entender que aunque quien le contrataba conocía que era funcionario del Cuerpo Nacional de Policía, "no fue esa en ningún caso la razón del porqué se le contrató". Y le condenaron por revelación de secretos y falsedad en documento mercantil. Una pena que, sin embargo, luego sería rebajada en apelación hasta los 13 años al tumbarse también el delito de falsedad documental que se le había atribuido.

A esta condena se le suma la de la pieza July, centrada en la investigación por encargo del grupo Planeta a uno de los árbitros del laudo que tenía con Kiss FM. El Ministerio Público solicitaba para el comisario jubilado seis años y medio de cárcel por cohecho y falsedad en documento mercantil. Pero, al final, la pena se quedó en tres años y un día por el primero de los delitos. Junto a él, fue condenado el policía Antonio Giménez Raso. Villarejo trató en apelación de tumbar el cohecho alegando que no estaba probado que se sirviera de su condición de policía en activo para ejecutar los hechos. Pero la Sala lo mantuvo al entender que el comisario consumó el delito en el momento en que ofreció sus labores policiales de forma extraoficial, "prometiendo incluso métodos ilícitos", como consulta de bases de datos oficiales.

Son las únicas penas de Tándem que, en este momento, penden sobre su cabeza. En el resto ha logrado la absolución. Ocurrió con el supuesto encargo del empresario Javier López Madrid para hostigar a la doctora Elisa Pinto, en el que Anticorrupción había decidido no acusar al apreciar falta de indicios. O con Grass, centrada en el supuesto encargo que le hizo un empresario para obtener información de su exsuegro en un proceso concursal, y Saving, que giraba en torno a un empresario que quería recuperar 100 millones invertidos en Martinsa. Libre de polvo y paja salió, también, de la pieza sobre el encargo de una vecina de Marbella que mantenía un conflicto urbanístico con un empresario. O del proyecto Wine.

Esta última pieza versaba sobre los trabajos realizados para Repsol y Caixabank a fin de obtener información del expresidente de Sacyr Luis del Rivero. En un primer momento, Villarejo fue condenado a ocho años por cuatro delitos de descubrimiento y revelación de secretos. Sin embargo, fue absuelto en apelación por prescripción. La Sala reconocía que el plazo de caducidad para este tipo penal sería de diez años si el mismo estuviera conectado con el de cohecho. Sin embargo, al haber sido absuelto el comisario jubilado de este último delito, habría que regresar a la prescripción original de cinco años del descubrimiento y revelación de secretos, que en este caso ya se habría cumplido cuando arrancó la investigación.

En el banquillo se sentaron también tres exresponsables de Seguridad de las compañías. Sin embargo, ninguno fue condenado a pesar de los intentos de Anticorrupción. E indemnes salieron también el presidente de Repsol, Antonio Brufau, y el expresidente de Caixabank, Isidro Fainé, para quienes se archivó el caso antes de llegar a juicio. Unas absoluciones que también se produjeron en el caso que salpicaba a Planeta, del que salieron libres de polvo y paja el responsable jurídico y el jefe de Seguridad del grupo. Ambos se libraron del cohecho porque el tribunal entendió que aunque debían conocer la condición de policía de Villarejo, no había quedado probado que supieran que estaba en activo.

Durante estos casi nueve años también se han archivado las piezas que salpicaban a Mutua Madrileña o al Grupo San José por falta de pruebas o por ausencia de hechos que pudieran considerarse delictivos. Sí que irán a juicio, sin embargo, los encargos al excomisario realizados desde Iberdrola, si bien este caso solo afecta a su exdirector de Seguridad –la investigación contra su presidente, Ignacio Sánchez-Galán, se archivó igualmente por prescripción–. Y también los del BBVA. En este caso, sí se sentará en el banquillo todo un peso pesado de la compañía: su expresidente Francisco González, para quien Anticorrupción solicita 173 años de cárcel –y más de 180 millones de multa para el banco–.

La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a la petición del PSOE de suspender el juicio del caso Kitchen para poder imputar de nuevo a la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que fue sacada en su día del procedimiento, y que se cite al partido como partícipe a título lucrativo o responsable civil, según informa EFE.

El fiscal César de Rivas ha respondido así a una de las principales peticiones que formuló la acusación popular que ejerce el PSOE en la fase de cuestiones previas planteadas al tribunal en la primera jornada del juicio del caso Kitchen a la cúpula de Interior en el Gobierno del PP de Mariano Rajoy por el espionaje al extesorero Luis Bárcenas.

En su respuesta, el fiscal ha recordado que la clausura de la instrucción de esta causa fue confirmada por la Sala de lo Penal en 2022 y ahora el tribunal que enjuicia los hechos carece de competencia para dejar sin efecto esas resoluciones como propuso el PSOE con el objeto de que se investigue "la rama política" del caso Kitchen.

Según el fiscal, no procede abrir una "instrucción suplementaria" que lleve a la suspensión del juicio porque no existe ninguna revelación novedosa que suponga un cambio "sustancial" en los elementos, que solo puede afectar a las personas respecto a las que se decretó la apertura de juicio oral.

En este sentido ha señalado que a Cospedal y a su exmarido, el empresario Ignacio López del Hierro, no se les incluyó en el auto de procesamiento tras haberles tomado declaración como imputados a petición de la Fiscalía por lo que no se les introdujo en ese auto de apertura de juicio oral.

Al decretarse el sobreseimiento para ambos, ha proseguido, Anticorrupción lo recurrió, y tanto el juzgado de instrucción como la Sala de lo Penal confirmaron esa decisión. Además, en 2022, el Ministerio Fiscal solicitó la reapertura de la causa por elementos nuevos respecto a Cospedal, pero también se rechazó por el juzgado y por la Sala, con lo que la causa está sobreseída para ambos y "el órgano de enjuiciamiento no tiene capacidad para revocarlo", ha destacado.

Por ello ha propuesto que si el PSOE entiende que existen nuevos elementos lo que tiene que hacer es solicitar la reapertura de la causa como se hizo en 2022 y como hizo este partido en 2025, petición que también fue rechazada por el juzgado de instrucción.

Lo mismo sucede, ha dicho, con el llamamiento del PP como partícipe a título lucrativo, una cuestión que ya se solicitó en su momento y que, primero el juzgado y después la Sala, rechazaron por lo que, considera, que es una cuestión sobre la que la Sala de enjuiciamiento carece de competencia.

En el juicio del caso Kitchen se sientan en el banquillo diez acusados, entre los que figuran el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz y su número dos, Francisco Martínez para quienes la Fiscalía pide 15 años de cárcel, así como buena parte de la cúpula policial en esa época y comisarios como José Villarejo, de cuyo caso procede esta causa, la pieza número 7 del caso Tándem.

La cúpula de Interior con el Gobierno del PP de Mariano Rajoy se sienta ya este lunes en el banquillo de la Audiencia Nacional por el caso Kitchen, relativo al espionaje al extesorero Luis Bárcenas, con el exministro Jorge Fernández Díaz y su secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, entre los principales acusados, según informa EFE.

El juicio, que se prolongará hasta el 30 de junio, ha arrancado a las 10.18 horas en la sede de la Audiencia Nacional en el polígono de San Fernando de Henares, donde esta semana está previsto que se centre hasta el jueves en las cuestiones previas que planteen los acusados.

A su llegada al tribunal, los diez acusados en este juicio han declinado hacer declaraciones ante los medios, a excepción del excomisario José Manuel Villarejo, que ha atribuido este caso a una "jugarreta" del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), junto con algunos mandos de la Guardia Civil para "desprestigiar" a la Policía Nacional. 

Ataviado con una corbata de la Policía Nacional, Villarejo se ha reivindicado como comisario, aunque ya jubilado, y ha pedido explicaciones sobre la actuación del CNI de la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, una de las testigos citadas en este juicio, y ha tildado de "impresentable" al exdirector de dicha institución Félix Sanz Roldán, al tiempo que ha insistido en que los casos en su contra eran "humo".

Fernández Díaz y su número dos comparten banquillo con el entonces director adjunto de la Policía (DAO), Eugenio Pino, y varios comisarios, entre ellos Andrés Gómez Gordo, quien fuera asesor de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal cuando presidía Castilla-La Mancha, y el citado Villarejo, dado que este juicio es por una de las numerosas piezas del caso Tándem, la número 7.

El exministro de Interior y su secretario de Estado de Seguridad están acusados de dar la orden de espiar al extesorero del PP por medio de este operativo para sustraerle posibles pruebas sensibles para el partido y algunos de sus entonces dirigentes, hechos por los que la Fiscalía pide que sean condenados a 15 años de cárcel. 

Para el resto de los acusados, las peticiones de pena del fiscal oscilan entre 2 años y medio y 19 años de cárcel, la petición más elevada, que es la que afronta Villarejo.

Los diez acusados (eran once, pero uno -el comisario Enrique García Castaño, El Gordo- ha sido eximido por enfermedad) de poner en marcha, entre 2013 y 2015, un engranaje de espionaje parapolicial con el fin de sustraer a Bárcenas y a su familia documentos que pudieran comprometer al que fuera su partido en plena investigación del caso Gürtel y de la caja B del PP, para lo que se habrían destinado fondos reservados.

Entre los testigos llamados a declarar figura la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, que estuvo imputada en este caso y después decayó su imputación, y el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.

Bárcenas declarará el 20 de abril en el juicio junto a su mujer Rosalía Iglesias como perjudicados y ha pedido una condena de 41 años de cárcel para Fernández Díaz y para su número dos.

La Audiencia Nacional ha confirmado el procesamiento del BBVA y de su expresidente Francisco González por la contratación de empresas vinculadas al excomisario José Manuel Villarejo para realizar encargos supuestamente ilegales entre 2004 y 2016, rechazando así todos los recursos presentados, informa EFE.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirma así la decisión del juez Manuel García Castellón, que propuso juzgar por cohecho continuado y descubrimiento y revelación de secretos al BBVA, a González y a otras doce personas, entre directivos de la entidad financiera y mandos policiales.

En línea con la Fiscalía Anticorrupción, la Sala de lo Penal procesa también al banco y avala el argumento del instructor, que estimó que no era creíble el desconocimiento alegado de estos hechos alegado por el banco.

De este modo, se sentarán en el banquillo, además de la antigua cúpula de la entidad, su exresponsable de Seguridad, el que fue comisario de policía Julio Corrochano, y otros mandos policiales vinculados a Villarejo.

También figuran entre los acusados el ex consejero delegado del banco Ángel Cano; el exdirector de los servicios jurídicos del banco Eduardo Arbizu; el que fuera director del gabinete de presidencia de la entidad Joaquín Gortari; y el exdirector de Riesgos del banco Antonio Béjar.

Los magistrados consideran que el sistema de prevención y control del banco para prevenir delitos no era eficaz, ya que dejaba al margen de cualquier normativa de control a la presidencia ejecutiva y a la alta dirección, que son los que según todos los indicios habrían cometido "los delitos de cohecho y revelación de secretos en beneficio del BBVA investigados".

Todo ello debe analizarse durante el juicio oral, cuando se aclarará "cómo deberían haberse hecho los controles que podrían haber prevenido la comisión del delito", dado que "los que había no eran eficaces, ya que la alta dirección estaba excluida del control".

En relación con González, la Sala e lo Penal indica que alguno de los contratos con Cenyt investigados fueron ordenados por el entonces presidente del BBVA, "que ya sabía quién era esta entidad y sus métodos de investigación por los contratos anteriores", por lo que "no es irrazonable" concluir que por eso la eligió tras no dar ningún resultado con otros métodos de investigación y sí lo dieron con Cenyt.

Por ello, la Audiencia Nacional estima que cabe entender que González participó en los delitos de cohecho y revelación de secretos imputados, y que sabía que la información que Cenyt había obtenido en cumplimiento de los contratos referidos se hizo "sin respetar la legalidad" y sirviéndose de funcionarios policiales.

Fuentes cercanas a Francisco González han señalado a EFE que este "asume la decisión de la sala con tranquilidad, y en el juicio oral tendrá la oportunidad de esclarecer todas las dudas y demostrar con hechos su inocencia".

El BBVA, por su parte, recuerda que la prioridad del banco siempre ha sido la plena colaboración con la justicia en el esclarecimiento de los hechos investigados de los que, según sigue defendiendo, no se deriva responsabilidad penal para la entidad.

Villarejo, haciendo un uso fraudulento de las posibilidades que le otorgaba su especial puesto dentro del organigrama de necesidades operativas de la policía, puso en práctica una estructura empresarial con la cual lucrarse, gracias al acceso indirecto a todos los registros policiales y bases reservadas de datos.

Corrochano puso a disposición del banco este entramado "anómalo e ilegal", garantizándole la total discreción y opacidad si se recurría al mismo; a continuación, el banco requirió una serie de servicios, entre ellos seguimientos, intervención de tráfico de llamadas, consulta de bases de datos de personas o averiguación de patrimonio de distintas personas, entre ellos empresarios, abogados o periodistas, a partir de 2004.

El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha reconocido que se reunió en dos ocasiones con la exmilitante Leire Díez en la sede del partido, en abril de 2024, si bien nunca volvió a verla, aunque ha recordado que ella le llamó cuando él salió de prisión, el pasado mes de noviembre, informa EFE.

Cerdán, investigado por presunta corrupción en adjudicaciones de obra pública en otro proceso, ha acudido este lunes a los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, para declarar como testigo en el marco de la causa abierta a Leire Díez por presunto cohecho y tráfico de influencias al maniobrar, supuestamente, contra fiscales y mandos de la UCO para desbaratar investigaciones.

Quien fuese número 3 del PSOE ha entrado en la sala después del secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, que ha declarado antes que él también asistió a una de esas reuniones, en la que ha dicho que Leire Díez y Javier Pérez Dolset, investigado en la causa, le ofrecieron información sobre supuestos seguimientos de la denominada policía patriótica a Pedro Sánchez y su familia para tratar de acabar con su carrera política.

El exsecretario de Organización del PSOE, quien, al igual que Hernando, ha negado que reportase a sus superiores lo que se habló en esa reunión, no ha recordado con exactitud quién le convocó, aunque ha dicho que quizá fuese una periodista.

Santos Cerdán, según él mismo ha declarado ante el juez, estuvo en las dos reuniones, celebradas en días consecutivos de abril de 2024, en la planta quinta de la sede del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, cerca de su despacho, explican a EFE fuentes jurídicas.

Fue la primera vez que vio a Leire Díez, ha explicado Cerdán, que ha negado que la exmilitante socialista fuese su "mano derecha", posición que ostentaba en el partido Juan Francisco Serrano, y ha dicho que solo estuvo con ella esas dos veces.

Sí ha admitido, no obstante, que al salir de prisión preventiva por orden del Tribunal Supremo el pasado mes de noviembre, recibió una llamada de la también exconcejal socialista.

En relación con las reuniones, según las fuentes, Cerdán ha señalado que Leire Díez y Pérez Dolset le informaron de que existían audios relacionados con el excomisario José Manuel Villarejo sobre el negocio de saunas del suegro de Pedro Sánchez, ya fallecido.

Cerdán, de acuerdo a las fuentes, ha dicho que se trataba de información que ya estaba publicada y que no les interesaba, y ha ubicado también en la reunión a un abogado del partido y al entonces director de comunicación del PSOE, Ion Antolín.

Antes, Hernando también ha situado en el encuentro a Juan Francisco Serrano, a quien la acusación que ejerce Hazte Oír quiere llamar a declarar como testigo junto a Antolín.

Cerdán Ha señalado que no recuerda muy bien todo lo que se habló en el encuentro, del que entraba y salía al recibir llamadas telefónicas, y ha recordado que se encuentra en una situación personal muy complicada.

El exdirigente socialista en un principio ha anunciado su decisión de no declarar al estar investigado en otros procedimientos, si bien el magistrado Arturo Zamarriego ha señalado que estos no tenían relación con su investigación y que debía declarar, y le ha permitido hacerlo en presencia de su abogado.

Ha precisado que en las reuniones Leire Díez no le pidió nada a cambio ni le entregó ningún tipo de documentación, según las fuentes.

Tanto Hernando como Cerdán, que han esperado en los juzgados sentados en sendos bancos, uno frente a otro, sin hablar, han salido de Plaza de Castilla sin hacer declaraciones a los numerosos medios que les esperaban.

La Audiencia Nacional ha dictado una nueva absolución en la Operación Tándem para el excomisario de Policía José Manuel Villarejo respecto a un supuesto encargo de espionaje, en la que es ya la cuarta resolución favorable para él frente a las dos condenas que acumula, ninguna de ellas aún firme, según informa EFE.

La sección cuarta de lo Penal ha absuelto este viernes al excomisario de los delitos de cohecho, revelación de secretos y falsedad en documento mercantil por el encargo que le hizo un empresario para obtener información del administrador concursal de su compañía.

Se trata de la pieza 29 de la macrocausa Tándem, en la que la Fiscalía pedía para Villarejo 12 años de cárcel, y en la que la Sala también ha absuelto a su socio, Rafael Redondo, y al empresario Antonio Erico Chávarri, que fue quien hizo el encargo.

El tribunal ha determinado que no se cometió cohecho porque se trató de una actividad privada ejecutada al margen de la actividad como policía de Villarejo, motivo por el que ha sido absuelto de otros encargos.

La conclusión, explican los magistrados, "no puede ser otra que, en el presente caso, no se utilizaron ni métodos, ni medios policiales, ni consta consulta alguna en las bases de datos policiales. No consta intervención policial alguna, ni la utilización de recursos públicos en este caso. Tampoco existe prueba de que Villarejo hubiera contactado con otros policías para recabar información o el tráfico de llamadas, es probable, pero no existe prueba de ello".

Los hechos se remontan a 2012, cuando se tramitó ante un juzgado un procedimiento concursal de una empresa de Cávarri, en el que el principal acreedor era su exsuegro, Joaquín Molpeceres, expresidente de la Federación de Tenis de Madrid y exvicepresidente de la Española.

El tribunal relata en sus hechos probados que Chávarri contrató a un detective privado para que hiciera un seguimiento con el fin de obtener información comprometida de Molpeceres y del administrador concursal, si bien dicha investigación no resultó útil.

Chavarri entonces, a través de un socio de su despacho, entró en contacto con Villarejo y le encargó recabar información sobre las relaciones que pudieran mantener el administrador y Molpeceres.

Un encargo que, según la sentencia, se ejecutó entre 2012 y 2013 a través del denominado proyecto Grass, y por el que Villarejo y su socio cobraron a través de la empresa Cenyt más de 400.000 euros.

La Sala concluye que Villarejo y Redondo llevaron a cabo "una actuación absolutamente privada" y que el pago de las cantidades abonadas por Chávarri responde exclusivamente a la contraprestación de los servicios realizados dentro del ámbito de dicha actuación privada.

La Sala explica que los acusados tenían en su poder un listado de llamadas de las personas a las que estaban investigando, si bien, apuntan a que no ha resultado acreditado la forma de acceder a dicha información.

El tribunal afirma que "no se puede presumir, en contra del reo", que Villarejo, "por su condición de alto cargo policial, se prevaliera de su específica función pública para tal fin".

Con esta, Villarejo ha sido absuelto en cuatro piezas de la Operación Tándem y acumula dos condenas, la más abultada de 13 años, si bien solo en una de las piezas juzgadas hasta ahora el tribunal le ha considerado responsable de cohecho, que es el delito que está siendo el más controvertido.

El pendrive que entrego al PSOE la exmilitante socialista Leire Díez incluyen grabaciones del comisario José Manuel Villarejo que acreditan un sinfín de operaciones ilegales durante la etapa de Gobierno del PP (2012-2018), según publica este lunes El País. En concreto, en uno de ellos hablan sobre el fiscal anticorrupción José Grinda, encargado de algunas de las causas relacionadas con las tramas corruptas que afectaban a dirigentes independentistas en Cataluña. "Al [fiscal] Grinda hay que matarlo", afirmó la entonces ministra de Defensa y secretaria general del PP, Dolores de Cospedal.

En la grabación que recoge El País, que recoge una reunión en julio de 2017 entre Villarejo y Cospedal, el excomisario también le pide a la exministra que interceda para cambiar la cúpula policial, con cambios en la UDEF y la UCO, que considera dominada por el PSOE. "Estoy detrás de las gestiones de Interior y creo que lo vamos a conseguir (…) Creo que está hecha la estructura nueva, y lo de la Guardia Civil igual", aseguró la entonces secretaria general del PP.

En esa misma conversación, Villarejo le relata a Cospedal que enviados de Margarita Robles, entonces portavoz parlamentaria del PSOE, le habían hecho llegar el mensaje de que si denunciaba al PP por la Operación Cataluña resolverían sus problemas con la Fiscalía. Además, las grabaciones documentan operaciones extraoficiales contra el independentismo catalán, en las que el excomisario describe el uso de bulos, informes apócrifos y filtraciones a medios como instrumentos de guerra política.

Muchos de los audios y los documentos incluidos ya forman parte de distintas piezas separadas del caso Tandem que investiga las actividades ilícitas del excomisario.

Leire Díez entregó este pendrive con abundante información al PSOE que remitió esa documentación a la Fiscalía General del Estado, dónde aún no han decidido qué hacer con ese material.

La exvicepresidenta del Gobierno con el PP, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado este lunes que no tiene "ningún conocimiento" ni de la creación de la llamada policía política ni de la existencia de ninguna operación Cataluña, que, en su opinión "no existió", según recoge EFE. La que fue número dos del Ejecutivo de Mariano Rajoy entre 2011 y 2018 protagoniza este lunes junto con el expresidente de la Generalitat una nueva sesión de la comisión parlamentaria de investigación sobre la supuesta existencia de una trama parapolicial creada presuntamente bajo su Gobierno para dañar a políticos independentistas catalanes.

Al igual que hiciera el expresidente Mariano Rajoy o la exministra Dolores de Cospedal, Sáenz de Santamaría también ha negado tener conocimiento de la operación Cataluña ni dar "ninguna instrucción de crear ninguna policía patriótica ni de investigar a nadie de ningún partido. Tenía otras ocupaciones".

"A todas luces para mí no existió la policía patriótica", ha sentenciado a preguntas de la líder de Podemos, Ione Belarra, quien ha afeado a la compareciente por "sacar la carta de hacerse la tonta cuando era la segunda persona con más poder dentro del Gobierno". Porque para Belarra, la policía patriótica existió y "usted era la número dos del gobierno que la creó", ha reiterado la diputada.

Sáenz de Santamaría ha dejado claro que jamás despachó ni tuvo relación alguna con el excomisario José Manuel Villarejo y ha insistido en que la única guía que siguió durante su mandato fue intentar "dejar el país algo mejor" de lo que lo encontró, "con pleno respeto al resto de los poderes del Estado y de los partidos".

Respecto al llamado informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) en 2016 la presunta financiación iraní de Podemos, la exvicepresidenta ha indicado que el único informe PISA que manejó en su etapa de gobierno fue el que lleva el mismo nombre pero relacionado con la educación. "En mi vida he dado ninguna instrucción de investigar a ningún partido. Mi única guía era defender la Constitución y las leyes", ha enfatizado en respuesta a Belarra, a la que le ha dejado claro que para ella el único referente político que ha tenido ha sido Mariano Rajoy, un hombre "recto y cabal".

Ya en el turno del portavoz de EH Bildu, Jon Iñarritu, la exdirigente del PP ha asegurado que no conocía el informe de Citizen Lab desvelado por RAC 1 y que señala que el expresidente catalán Artur Mas fue el primer político espiado con Pegasus en España y que su móvil estuvo infectado con ese programa espía al menos desde julio de 2015. Sobre ello, Sáenz de Santamaría le ha preguntado a Iñarritu si no le extrañaba que ese informe haya sido publicado justo el mismo día que en la comisión comparecían ella y, esta tarde, Artur Mas. "Es curioso, cuanto menos", ha apostillado.

La compareciente, que ha tomado nota de las preguntas que le han formulado los diputados, también se ha referido al que fuera director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán, al que su gobierno decidió mantener, y al que "jamás" dio ninguna instrucción "que no fuera cumplir con la directiva nacional de inteligencia". "Jamás algo que pudiera contravenir la Constitución y el ordenamiento jurídico en general", ha dicho la exvicepresidenta, a cuyo departamento estaba adscrito el CNI.

Iñarritu ha preguntado a Sáenz de Santamaría si le sorprendía que el CNI no le informara de las actuaciones que se llevaban a cabo contra el proceso independentista catalán. A esta pregunta, la exvicepresidenta ha respondido: "Es difícil que a uno le informen de lo que no ha tenido lugar". Y ha precisado que durante su mandato compareció en la comisión correspondiente de gastos reservados e informó de lo que le preguntaron. "De lo que no ha ocurrido es muy difícil que se informe", ha repetido.

Al diputado de EH Bildu no le ha satisfecho la respuesta y ha vuelto a mostrarse sorprendido de que Sáenz de Santamaría fuera informada de lo que hacía el pequeño Nicolás y "no de lo que hacían algunos comisarios para investigar a políticos catalanes". De lo que estaba haciendo el pequeño Nicolás le informó su equipo en Asturias, "no el CNI. Comprenderá que no era un asunto de seguridad nacional", ha respondido la compareciente.

La Audiencia Nacional ha revocado el archivo de la investigación al empresario Javier López Madrid por la supuesta contratación del excomisario José Manuel Villarejo para hostigar a la dermatóloga Elisa Pinto, y ha enviado a ambos a juicio por un delito de cohecho, informa EFE.

El procedimiento judicial ha dado un nuevo giro con un reciente auto de la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional, que ha estimado un recurso de la doctora y ha anulado el archivo que decretó la sección cuarta de lo Penal, que estimó que Elisa Pinto no estaba legitimada como acusación particular para dirigirse contra ellos por dicho delito.

En un auto dictado este martes, al que ha tenido acceso EFE, los magistrados no comparten el criterio del tribunal que decretó el archivo y consideran que "se debe permitir a la representación procesal de la señora Pinto continuar esta causa procesal en calidad de acusación popular -con fianza cero, a las alturas en que nos encontramos-".

Y resuelto este "dilema", dicen, "es obligado" abrir juicio oral contra ambos por esta pieza separada del caso Tándem -que gira sobre las actividades presuntamente delictivas de Villarejo.

En este procedimiento solo acusa la doctora Pinto, que pide para los acusados entre dos y seis años de prisión. La Fiscalía Anticorrupción, en cambio, solicitó el archivo de la causa, al considerar que no se había constatado que López Madrid diese dádiva alguna a Villarejo por este supuesto encargo y no quedaba "debidamente justificada" la perpetración de un delito de cohecho.

La Audiencia Nacional llegó a comenzar el juicio contra ambos acusados, si bien lo suspendió a petición de la abogada de la doctora Pinto por encontrarse de baja médica debido a una enfermedad e inició el trámite de las cuestiones previas por escrito.

Fue entonces cuando López Madrid adujo esa falta de legitimidad de la acusación de Elisa Pinto, un argumento que acogió el tribunal pero que ahora desestima la Sala de Apelaciones, que envía el procedimiento de nuevo a juicio y pendiente de fijar una nueva fecha.

Al margen de esta causa, existe otro procedimiento en el Juzgado de lo Penal número 10 de Madrid, que sentará en el banquillo en febrero de 2026 al empresario y al excomisario por hostigar y amenazar a la doctora Pinto para que retirara una denuncia por acoso. La Fiscalía pide 13 años y dos meses de prisión para ellos.

El ex director corporativo de los servicios jurídicos de Repsol Enrique Hernández ha asegurado este martes en la Audiencia Nacional que el excomisario Villarejo pidió inicialmente 1,5 millones de euros —que luego quedaron en 165.000— por labores de investigación sobre Sacyr y su presidente, Luis del Rivero.

Hernández ha declarado este martes como testigo en el juicio contra el propio Villarejo y los exjefes de Seguridad de Repsol y CaixaBank por presuntas labores de espionaje contra Sacyr y Pemex tras haber alcanzado ambas compañías un pacto sindicado para intentar tomar el control de la petrolera española.

El declarante fue el autor del informe interno encargado por la petrolera para determinar la naturaleza de los trabajos realizados por Cenyt, informe realizado con la colaboración de la consultora KPMG tras publicarse que "un banco estaba siendo investigado por la contratación de una empresa vinculada al excomisario" que también figuraba como proveedor de Repsol, ha explicado.

En ningún momento Repsol encargó a Villarejo informes personales, sino únicamente datos corporativos, y si se eligió a Cenyt fue porque el responsable de Seguridad de la petrolera, Rafael Araujo, aseguró que se trataba "de la mejor agencia de investigación de España".

"Nunca" se contrató a Cenyt para investigar a una persona concreta, ha reiterado Hernández, sino para analizar "estrategias empresariales, es decir, inteligencia corporativa, que es información para detectar amenazas y riesgos para los intereses de la compañía".

De ahí que de ese presupuesto inicial de 1,5 millones anticipado por Villarejo, finalmente se abonaron 165.000 euros por los trabajos realizados, que según el informe de Hernández "se basaban sobre todo en contenido que eran públicos".

Uno de los objetivos de la contratación de Cenyt como proveedores era "evitar que trabajara para la otra parte, ha explicado Hernández, que nunca llegó a preguntar si Villarejo era o no era funcionario en ejercicio, o ya en excedencia.

El "valor añadido" que aportaba la empresa de Villarejo era que se podía dedicar en exclusiva al encargo, mientras que los departamentos de Repsol que hubieran podido realizar esa investigación tenían multitud de tareas que atender.

El Ministerio Público pide 40 años de cárcel para Villarejo; 32,5 para el que fuera su socio Rafael Redondo; 28 para Rafael Araujo; 21 para el que fuera su 'número dos', Rafael Girona, y otros 21 para el exdirector de Seguridad de CaixaBank, Miguel Ángel Fernández Rancaño.

Anticorrupción atribuye delitos de cohecho pasivo, cohecho activo, descubrimiento y revelación de secretos de particulares con difusión a terceros cometidos por funcionario público, descubrimiento y revelación de secretos de particulares y falsedad en documento mercantil.

La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional ha confirmado por primera vez que el excomisario José Manuel Villarejo cometió un delito de cohecho al investigar irregularmente, a principios de 2014 y siendo policía en activo, a una persona en el marco de un conflicto entre Planeta y Kiss FM, según informa EFE.

El delito de cohecho está siendo uno de los principales puntos de discordia entre el tribunal que ha juzgado algunas de las múltiples ramas del juicio de Villarejo y la Fiscalía Anticorrupción, convencida de que el excomisario se valió de su condición policial para emprender investigaciones irregulares a terceras personas.

La sentencia relativa a este conflicto entre ambas empresas de comunicación fue la primera en la que la sección cuarta ya vio ese delito de cohecho pasivo, por el que impuso tres años y un día de cárcel al excomisario, que se encuentra en libertad al no ser ninguna de sus sentencias firmes.

Aquella resolución contó con el voto discrepante de la presidenta del tribunal, Ángela Murillo, que no considera que la conducta de Villarejo entre en este delito, en contra del criterio de la Sala de Apelación, que acaba de avalar la sentencia. Lo hace al desestimar el recurso del excomisario y confirmar los tres años de prisión que se le impusieron por haber investigado de forma ilícita, entre enero y junio 2014 y por encargo de Planeta, a uno de los árbitros del laudo entre este grupo de comunicación y Kiss FM, el denominado proyecto July.

La resolución, que aún puede impugnarse ante el Tribunal Supremo, rebaja la condena al policía Antonio Giménez a dos años y nueve meses y acredita que Villarejo ofreció sus labores netamente policiales de forma extraoficial, "prometiendo incluso métodos ilícitos", como consultar bases de datos oficiales o retribuir a colaboradores.

Considera probado que Villarejo, entonces en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía, y el otro agente se reunieron con exdirectivos del grupo Planeta que resultaron absueltos, para tratar un encargo que buscaba investigar si quien había sido uno de los árbitros designados en un procedimiento arbitral habría podido recibir sobornos a cuenta de tal intervención. Dicha investigación se puso en marcha con el pago anticipado de 48.400 euros, aunque Villarejo llegó a solicitar un millón de euros, "unas 333 veces el sueldo policial mensual de un comisario".

La Sala explica que el cohecho cometido se "perfeccionó" cuando el ex comisario pidió dinero por llevar a cabo su función pública, como es investigar un delito, de forma extraoficial y dirigiéndose a un posible cliente.

Villarejo era entonces un comisario en activo sin compatibilidad y actuó -dice la sentencia- movido por consideraciones lucrativas personales que iban mucho más allá de simples operaciones de mantenimiento y gestión de su conglomerado societario. "Vendía" su tarea policial y dejaba de cumplir así su obligación, "movido por ese lucro, manchando así la función pública que encarnaba".

Decidió llevar a cabo actuaciones propias de su cargo al margen de éste y de sus superiores -prosigue la resolución- "movido por su afán económico, corrompiendo así la función pública que encarna, poniendo antes y por dinero a disposición de una entidad privada su actividad profesional de servicio público propia" y "rindiéndola" a fines meramente particulares.

La condena de 19 años de prisión que la Audiencia impuso a Villarejo en su primer juicio por el caso Tándem está siendo objeto de un intenso debate entre los órganos judiciales. La sección cuarta, responsable de juzgar a Villarejo, ha dictado ya dos sentencias en las que no aprecia el delito de cohecho, en contra del criterio de una magistrada, y le impone esa pena por otros como revelación de secretos y falsedad.

La primera de ellas fue anulada por la Sala de Apelación, precisamente para que valorara la totalidad de la prueba en atención a un recurso de la Fiscalía, que pedía condenar por cohecho.

Tras la segunda sentencia que sigue absolviendo a Villarejo por este delito, Anticorrupción ha insistido de nuevo y ha recurrido ante la Sala de Apelación, que deberá volver a pronunciarse.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha propuesto juzgar al comisario jubilado José Manuel Villarejo, al expresidente del BBVA Francisco González, a la entidad y a varios excargos de la entidad por los presuntos encargos ilegales que habría realizado el policía para el banco cuando estaba en activo.

En un auto, recogido por Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 concluye la investigación que arrancó en 2018 y procesa asimismo al exjefe de Seguridad Ángel Corrochano; el exCEO del banco Ángel Cano o el exdirector de Riesgos Antonio Béjar.

De igual forma, el magistrado propone sentar en el banquillo de los acusados al exjefe de Control Interno Eduardo Arbizu; el actual responsable de los servicios jurídicos Eduardo Ortega; el responsable de Auditoría Interna, Joaquín Gortari; el exresponsable de Servicios Jurídicos de España y Portugal José Manuel García, y al empleado de la entidad Óscar Santos.

Además, también procesa al socio de Villarejo, Rafael Redondo, al exinspector de Policía Antonio Bonilla y al agente con carnet profesional 76.738. Por último, el magistrado acuerda el archivo para 11 investigados.

La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional ha anulado la primera sentencia del caso Villarejo que condenó a 19 años de cárcel al comisario jubilado José Manuel Villarejo y ha ordenado al mismo tribunal que elaboró la primera una nueva resolución que valore la totalidad de la prueba practicada en el juicio oral y que se pronuncie sobre todos los delitos objeto de acusación, incluido el cohecho, según ha recogido Europa Press.

Los magistrados estiman así parcialmente los recursos planteados por las acusaciones, entre ellas la Fiscalía Anticorrupción -que pedía 83 años de cárcel para el comisario-, y los acusados que fueron juzgados por tres piezas -Iron, Land y Pintor- de la macrocausa Tándem. Cabe recordar que, en esa sentencia, ahora anulada, se condenó a Villarejo por delitos de revelación de secretos de empresas y particulares y falsedad documental al tiempo que se le absolvía del delito de cohecho y de extorsión en grado de conspiración.

La Sala de Apelación, en 172 páginas de sentencia recogida por Europa Press, estima el recurso de la Fiscalía Anticorrupción que rebatía la absolución del delito de cohecho, uno de los delitos nucleares de la macrocausa porque el Ministerio Público siempre ha sostenido que el comisario se valió de su condición de funcionario para esos proyectos privados.

Los magistrados evitan pronunciarse sobre ese cohecho dado que al haber acordado la nulidad dejan al tribunal sentenciador ese asunto para que lo plasmen en el nuevo fallo una vez que hayan valorado la totalidad de la prueba practicada en el juicio oral. "Una vez examinada toda la prueba, los magistrados, con libertad de criterio, deberán exponer suficientemente sus argumentos y establecer si se dan los elementos de los tipos por los que se solicita la condena o no concurren los mismos, pronunciamientos que, en su caso, pudieran afectar al relato de hechos probados", apuntan.

Y recuerdan que la Sección Cuarta justificó la absolución por el delito de cohecho en que los actos realizados por Villarejo no lo fueron en el ejercicio de su cargo ni guardaban relación con sus actividades públicas ya que quienes le contrataron, aunque conocían su condición de policía, lo hicieron por su entramado empresarial y sus contactos con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y la Administración de Justicia, lo que le permitía conseguir grandes dosis de eficacia.

No obstante, apunta la Sala de Apelación que la sentencia contó con el voto particular de una magistrada -Carmen Paloma González- que entendió que sí se debería condenar por el delito de cohecho.

Los magistrados, si bien reiteran que no han de pronunciarse al respecto, sí que examinan la doctrina del Tribunal Supremo (TS) sobre ese delito "cuyo bien jurídico protegido es la recta imparcialidad en el ejercicio de la función pública, garantizando la probidad e imparcialidad de sus funcionarios" y explican que la jurisprudencia dice que el cohecho no precisa un daño a la causa pública entendido como "perjuicio verificado y acreditado" al margen del torcimiento que conlleva el principio de imparcialidad u objetividad en el desempeño de la actividad pública.

"Se trata de un delito que queda consumado por la mera solicitud u ofrecimiento de la dádiva" sin necesidad de que se produzca el resultado material externo o que se ejecute efectivamente el comportamiento contrario a derecho que se busca, ya que desde ese momento queda perjudicada la administración, así como la imparcialidad de sus funcionarios, explica.

Por otro lado, la Sala de Apelación indica que se debe llevar a cabo una valoración de las pruebas practicadas en el juicio y sobre las que no existe motivación alguna, y debe pronunciarse respecto de los delitos de extorsión en alguna de las piezas, la obstrucción a la Justicia y la falta de motivación de las indemnizaciones fijadas en concepto de responsabilidad civil.

También pide que se pronuncie sobre la cuota diaria de multa y las contradicciones en el pronunciamiento relativo a la participación de uno de los encausados, Mario Carpintero López, en el delito continuado de falsedad en documento mercantil y en el relativo a las costas de las acusaciones particulares y popular, así como sobre la absolución de las personas jurídicas Herrero y asociados y Procisa.

La Sala de Apelación indica por otro lado que la sentencia de instancia descartó la prescripción de los delitos porque computó el plazo del delito más grave por el que se formulaba acusación, el de cohecho, al apreciar su conexidad con los restantes delitos.

Ahora, los magistrados señalan que no pueden pronunciarse sobre la prescripción antes de la redacción de la nueva sentencia pero advierten de que la doctrina del Supremo en esta materia explica que no pueden ser tenidos en cuenta a los efectos de prescripción otros delitos que ya se han declarado inexistentes por resolución judicial firme y, por tanto, solo es posible tener en cuenta, a efectos de prescripción, los delito que el tribunal declare que se han cometido.

Así, subrayan que si se absuelve del delito más grave y que prevé un plazo mayor de prescripción "los restantes delitos no conexos recuperan su propio periodo de prescripción y, por tanto, no puede aplicarse el plazo de prescripción más amplio que preveía el delito por el que se absuelve".

No obstante, y a pesar de la nulidad de la sentencia, la Sala de Apelación confirma lo relacionado con todas las cuestiones previas que plantearon los acusados en las que denunciaban supuestas irregularidades procesales cometidas tanto en la forma de hacer llegar la información a la Fiscalía Anticorrupción al inicio de la causa, como las diligencias instruidas por el Ministerio Público, así como la propia judicialización de la causa y las entradas y registros efectuados y la cadena de custodia de la ingente cantidad de material intervenido.

Rechaza que se haya producido una violación de derechos fundamentales alegados por los acusados y niega la existencia del supuesto complot que denunciaba el comisario Villarejo para perseguirle a toda costa. No ve tampoco que se deban anular todas las actuaciones por supuestos fines espurios y sospechosos que dieron lugar a su inicio y que denunciaba el comisario y se admite como forma de hacer llegar la información al fiscal la denuncia considerada anónima.

Buena parte de la culpa de que José Manuel Villarejo lleve siete años entrando y saliendo de los juzgados, y haya pasado la mitad de ese tiempo en prisión, puede echársela a Cándido Nsué Okomo, cuñado del dictador de Guinea Ecuatorial Teodoro Obiang Nguema y ex director general de la petrolera estatal Gepetrol. Según la Fiscalía Anticorrupción, Okomo fue quien contrató a Villarejo para reunir información que perjudicara a Gabriel Mbega Obiang, uno de los hijos del dictador, además de ministro de Minas e Hidrocarburos, en beneficio de su hermanastro y competidor en la sucesión presidencial, Teodoro Nguema Obiang, Teodorín.

El que se bautizó como Proyecto King le costó a Cándido Nsué nada menos que 5,3 millones de euros. Fue el intermediario en esta transacción, Francisco Menéndez, abogado y empresario, quien denunció en 2017 ante la Fiscalía los negocios ilícitos en España de un puñado de altos cargos guineanos. Hace menos de un mes, la Audiencia Nacional ha condenado a Menéndez a tres meses de prisión por cohecho activo, tras pactar con el fiscal y atenuar así la pena.

Este es sólo uno de los múltiples casos judiciales que rodean al excomisario Villarejo, ya condenado a 19 años de cárcel el pasado julio por revelación de secretos y falsedad documental. El caso Tándem incluye decenas de líneas de investigación que van a tener ocupados a los tribunales durante mucho tiempo. Pero la chispa que prendió el incendio Villarejo saltó cuando los guineanos inundaron de regalos –desde Porsches hasta relojes y palcos en el Bernabéu– al comisario de Barajas para que los dejara entrar en España cargados con maletas llenas de dinero, sin ningún tipo de control.

Ellos también están siendo investigados por los jueces españoles. La fiscalía les acusa de invertir en España fondos procedentes de negocios ilícitos, “prevaliéndose de puestos de alta dirección y gestión en la empresa pública guineana Gepetrol”. Uno de ellos es Cándido Nsué Okomo. Otro, Crispín Edu Tomo Maye, sobrino de la esposa de Teodoro Obiang. Según el ministerio público, desviaban esos fondos dudosos a empresas radicadas en paraísos fiscales para hacerlos llegar luego a países de la UE, utilizando empresas pantalla y testaferros. Entonces los invertían, sobre todo, en inmuebles.

Pero no sólo en España y otros países europeos. También en Dubái, donde el control sobre la procedencia del dinero es mínimo. Cándido Nsué Okomo posee en el emirato cinco propiedades, de gran lujo: tres pisos, que tiene alquilados, un estudio y una villa.

Estos son algunos de los inmuebles localizados por Dubai Unlocked, un proyecto de investigación del consorcio de medios OCCRP, al que pertenece infoLibre, y el periódico financiero noruego E24, basado en datos obtenidos por el Centro de Estudios Avanzados de Defensa (C4ADS), una organización sin ánimo de lucro que investiga la delincuencia y los conflictos internacionales. En la investigación han participado 74 medios de todo el mundo. Los datos filtrados ofrecen una visión detallada de cientos de miles de inmuebles en Dubái e información sobre su propiedad y uso desde 2020 y 2022.

OCCRP ha intentado ponerse en contacto con Cándido Nsué Okomo para preguntarle por estas propiedades y el origen de los fondos con los que las compró, así como por sus litigios judiciales en España. Pero no ha conseguido respuesta alguna por su parte.

Además, según los datos sobre propiedades y transacciones inmobiliarias obtenidos por OCCRP, el cuñado de Obiang ha alquilado uno de sus apartamentos a Dženis Kadrić, lugarteniente del capo bosnio de la droga Edin Gačanin, uno de los seis narcos de un supercártel internacional detenidos en noviembre de 2022 en Dubái en la Operación Desert Light. Se trata de un piso de 187 metros cuadrados y dos habitaciones situado en Burj Khalifa, el rascacielos más alto del mundo, de 828 metros de altura y 162 plantas. Lo adquirió el guineano en 2016 por 1,7 millones de euros. En ese edificio, el metro cuadrado cuesta 29.551,75 dírhams emiratíes, unos 7.456 euros, según los cálculos que ha hecho OCCRP. El metro cuadrado en La Moraleja, la urbanización más exclusiva de Madrid, sale a 5.466 euros, según Idealista.

Desde entonces Cándido Nsué Okomo ha ingresado en concepto de alquiler por el apartamento unos 426.000 euros, de acuerdo con los datos a los que ha tenido acceso OCCRP. Dženis Kadrić es su inquilino desde 2021. Le ha pagado 133.800 euros en alquiler en estos tres años. En Dubái, los contratos deben renovarse cada año. El bosnio tiene contrato hasta el próximo mes de julio.

Como Villarejo, Dženis Kadrić también fue policía. Nacido en Sarajevo en 1989, era agente de la Policía Federal de Bosnia hasta que conoció a Gačanin y empezó a trabajar para él. Se encargaba de su seguridad personal. Y con él se trasladó a Dubái.

Cuando en febrero de este año regresó a Bosnia, fue detenido en la Operación Consigliere. La fiscalía le acusa de pertenencia a organización criminal y blanqueo de dinero procedente del narcotráfico. De momento, sigue en la cárcel en su país a la espera de juicio.

En total, Cándido Nsué Okomo posee en Dubái inmuebles por valor de casi 59 millones de dírhams emiratíes, unos 15 millones de euros. Además, por los tres apartamentos que tiene alquilados, ha cobrado 1,42 millones de euros desde 2014. Las cinco propiedades se encuentran en las zonas más caras del emirato: dos en la torre Burj Khalifa, uno en una torre próxima, en el Bulevar 29, y dos en Palm Jumeirah, la isla artificial en forma de palmera donde se ha construido un área residencial de superlujo. Allí se encuentra la villa de 650 metros cuadrados, y seis dormitorios que no ha puesto en alquiler y que está valorada en 7,6 millones de euros. Tampoco alquila un estudio de 52 metros cuadrados en el mismo Palm Jumeirah, valorado en casi un cuarto de millón de euros.

En la torre más alta del mundo, el cuñado de Obiang posee un segundo apartamento, de 426,98 metros cuadrados y cuatro habitaciones, que le ha proporcionado en alquileres casi un millón de euros desde 2014, según los datos inmobiliarios obtenidos por OCCRP.

La corrupción es uno de los principales problemas de Guinea Ecuatorial. Desde que en 1995 se descubrió petróleo, el oro negro ha multiplicado por 86 el PIB del país –con cifras de 2022–, pero los ingresos del crudo han enriquecido sólo a la familia del dictador y su jerarquía, que han hecho de la cleptocracia una enseña nacional, protegida por un régimen de brutal represión política y violaciones de los derechos humanos.

A través de empresas que operan en todos los sectores económicos del país, el régimen ecuatoguineano desvía gran parte de los fondos públicos procedentes de los recursos naturales a cuentas bancarias en el extranjero, que luego sirven para comprar inmuebles, tal y como está investigando la Audiencia Nacional. También es habitual el cobro de comisiones a las empresas petrolíferas a cambio de la adjudicación de contratos.

Cándido Nsué Okomo está bajo investigación por blanqueo de capitales en la pieza 20 del caso Tándem, a cargo del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón. Según los documentos a los que ha tenido acceso Diario Rombe –miembro de OCCRP–, tanto el ex director de Gepetrol como Crispín Edu Tomo Maye pagaron una fianza de tres millones de euros cada uno en abril de 2023. Declararon ante el juez en junio y se encuentran en libertad provisional. García Castellón incluso había dictado una orden internacional de busca y captura contra ambos, en cumplimiento de la cual Cándido Nsué fue detenido en los Emiratos Árabes Unidos en enero de 2021 y luego puesto en libertad.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha rechazado la petición del PSOE de tomar declaración como investigados al comisario jubilado José Manuel Villarejo y al exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez por una conversación de 2014 entre ambos que pondría de manifiesto, según el partido, que "habrían investigado sin orden judicial ni soporte indiciario" al suegro del entonces secretario general de los socialistas y actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En un auto firmado este jueves que recoge Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 -en línea con lo solicitado por la Fiscalía- desestima la solicitud que el PSOE había realizado en el marco de la pieza 34 del caso Tándem al entender esta formación que se habrían cometido los delitos de prevaricación administrativa, revelación de secretos y malversación de caudales públicos.

"No existen indicios de que la información relativa al suegro del presidente del Gobierno de la Nación Pedro Sánchez sea resultado de ninguna investigación en la que hubieran participado José Manuel Villarejo Pérez, en su condición de Comisario del Cuerpo Nacional de Policía adscrito a la DAO, y Francisco Martínez Vázquez, desde su puesto de secretario de Estado de Interior", señala el juez.

A principios de mayo, el PSOE había pedido a García Castellón que indagase en los hechos denunciados "a la luz de las nuevas publicaciones". Según aseguraba el partido, existen audios en los que la denominada "policía patriótica" hablaba de obtener información para comprometer el futuro del entonces recién nombrado secretario general del PSOE.

"Eso lo mata"; "No lo sabe nadie... hay que manejarlo con muchísimo..."; "Cuando haga falta, para que sólo lo trates con el presidente y con el número 1", son algunos de los extractos de la conversación que habrían mantenido Villarejo y Martínez, según el escrito -al que tuvo acceso Europa Press- que presentaron los socialistas ante la Audiencia Nacional.

El juez de la Audiencia Nacional que investiga las supuestas presiones al extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas y a su exabogado Javier Gómez de Liaño ha acordado imputar en esta causa al que fuera número dos de Interior Francisco Martínez y al que fuera Director Adjunto Operativo de la Policía Nacional Eugenio Pino. Ambos ya han sido procesados previamente por el mismo juez por su presunta participación en la Operación Kitchen. En un auto firmado el pasado 17 de enero al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado indica que es procedente "recibir declaración judicial en calidad de investigados" a ambos, y ello en base a los elementos de cargo "derivados de las denominadas agendas del investigado José Manuel Villarejo Pérez".

En esta misma resolución, el juez rechaza citar al que fuera director de la Policía Ignacio Cosidó y al abogado del Estado en excedencia Alejandro Auset porque ninguna de las declaraciones practicadas a lo largo de la instrucción y ninguno de los documentos aportados al procedimiento ha puesto de relieve algún tipo de conexión.

Cabe recordar que esta investigación se enmarca en la pieza separada número 36 del caso Villarejo, que se abrió para investigar las presuntas presiones ejercidas sobre Bárcenas y el exmagistrado para que no se publicaran informaciones sobre el PP vinculadas a la trama Gürtel. Y que se abrió a raíz de la inhibición del Juzgado de Instrucción Número 2 de Marbella, acordada tras unas diligencias en las que se había ordenado la entrada y registro en el domicilio de Halit Sahitaj y Jana Kleiner.

A raíz de dicha entrada y registro se tuvo acceso por los investigadores a una dirección de correo electrónico en la que constaban cuatro archivos de audio que, en fecha 20 de octubre de 2014, fueron remitidos, desde la dirección de correo electrónico correspondiente al despacho profesional del abogado Javier Gómez de Liaño.

Dichos archivos de audio, indicaba un auto de la Sala de lo Penal, "pondrían de manifiesto de manera indiciaria, un encargo realizado por terceras personas vinculadas al Partido Popular a fin de conseguir, mediante presiones a Luis Bárcenas y a su letrado entonces en el sumario conocido como Gürtel, Javier Gómez de Liaño, que no salieran a la luz informaciones comprometedoras o perjudiciales para el Partido Popular vinculadas con dicho sumario".

El juzgado de Marbella ofició a la Policía para que emitiera un informe e identificara a los tres interlocutores en los cuatro archivos de audio remitidos a la dirección de email de Gómez de Liaño, tratándose de José Luis Moreno Cela, Mónica Gil Manzano y Juan Ramón Díaz Moro.

En el mismo informe policial, se ponía de manifiesto información relativa a Halit Sahitaj, en cuya vivienda se encontraron los audios, "concretada en anotaciones realizadas por el comisario jubilado José Manuel Villarejo relativas a supuestos pagos recibidos por Gómez de Liaño que podrían resultar comprometedores -a los cuales, además, se hace referencia en los cuatro archivos de audio a fin de utilizarlos como elementos de presión-". "Asimismo, se pusieron de manifiesto gestiones realizadas en 2014 por el propio José Manuel Villarejo con Halit Sahitaj para obtener información sobre dichos supuestos pagos", recogía la Sala, que apuntaba que esas gestiones habrían sido referidas también por el comisario al ex secretario de Estado de Interior Francisco Martínez -imputado en Kitchen-.

Ahora, el magistrado indica que si bien "hasta ahora ninguna de las personas que ha declarado en la causa (...) ha avalado la intervención de Francisco Martínez en los hechos, (...) lo cierto es que sí constan diferentes anotaciones en las denominadas agendas del investigado José Manuel Villarejo Pérez que sí hacen expresa referencia a Javier Gómez de Liaño, pudiendo revelar actuaciones llevadas a cabo sobre el mismo con relación a eventuales pagos opacos recibidos de Kalasov al tiempo en que ejercía como letrado defensor de Luis Bárcenas Gutiérrez en el conocido como caso Gürtel". "De estas actuaciones sobre Javier Gómez de Liaño se habría dado cuenta a Francisco Martínez, a la sazón secretario de Estado de Interior, y a Eugenio Pino, director adjunto operativo del Cuerpo Nacional de Policía, según revelan las anotaciones plasmadas por el investigado José Manuel Villarejo", apunta.

El juez detalla en su auto hasta ocho menciones que hace Villarejo sobre Martínez (Chisco) en sus agendas y en relación a Kalasov. Todas, eso sí, reflejadas en informes de Asuntos Internos.

Por su parte, en cuanto al ex DAO, el magistrado dice que consta igualmente al menos una anotación que pondría de manifiesto "cuando menos su conocimiento de algunas actuaciones llevadas a cabo sobre Javier Gómez de Liaño al tiempo en que actuaba como letrado defensor de Luis Bárcenas en el conocido caso Gurtel".

Tras esto, el juez resalta que teniendo en cuenta que ambos se encuentran encausados en la pieza 7 -Operación Kitchen- "por hechos íntimamente vinculados con los que son objeto de investigación en la presente pieza, así como el contenido incriminatorio que presumiblemente podrían tener ambas declaraciones, tanto Francisco Martínez como Eugenio Pino habrán de comparecer con el estatus procesal de investigados".

Cabe recordar que en el marco de esta causa declaró en noviembre la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, quien reconoció que se reunió con Villarejo en cinco o seis ocasiones, al tiempo que aseguró que no recuerda que en esos encuentros hablasen del extesorero de la formación Luis Bárcenas o de su abogado, Javier Gómez de Liaño, desmarcándose así de las supuestas presiones a ambos.

La ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal ha reconocido este martes que se reunió con el ahora comisario jubilado José Manuel Villarejo en cinco o seis ocasiones, al tiempo que ha asegurado que no recuerda que en esos encuentros hablasen del extesorero de la formación Luis Bárcenas o de su abogado, Javier Gómez de Liaño, desmarcándose así de las supuestas presiones a ambos.

Fuentes jurídicas han explicado a Europa Press que, en su declaración como testigo ante el juez que investiga supuestas presiones a Bárcenas y a su letrado, Cospedal ha sostenido que no conocía los motivos por los que había sido llamada a sede judicial.

Después de que le explicasen los motivos que propiciaron su citación, Cospedal ha explicado que no conoce a los investigados y ha apuntado que si se reunió con Villarejo fue porque éste tenía información de personas que querían perjudicar a los populares.

En esos encuentros, que mantuvo en su condición de secretaria general del partido, nunca se habló de la trama Gürtel, una causa que seguía habitualmente a través de las informaciones publicadas en prensa, según ha dicho.

Cabe recordar que, en su declaración como testigo este lunes, Villarejo insinuó que informó a Cospedal sobre la investigación que realizó por unos presuntos pagos del líder de la mafia rusa Zakhar Kalashov a Gómez de Liaño.

En el marco de su testifical, Cospedal también ha reconocido que se reunió con el abogado Javier Iglesias -que declaró como testigo en esta pieza- en tres o cuatro ocasiones porque este ostentaba la representación del extesorero del PP Álvaro Lapuerta.

En su etapa como secretaria general del PP, Cospedal ha aseverado que también se reunió con el que fuera secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez por una candidatura del partido. También mantuvo un encuentro con el que fuera director adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino, aunque no recuerda de qué conversaron.

La exdirigente del PP también ha sido abordada acerca del supuesto 'lobby judicial' al que se hace alusión en una de las grabaciones que constan en la causa y que supuestamente dirigiría un ex abogado del Estado cercano al PP.

Al ser interpelada, Cospedal ha preguntado qué era el lobby judicial y ha dicho que no conocía al que fuera abogado del Estado, alegando que no tenía por qué tener conocimiento del nombre de todos los letrados.

Todo ello en el marco de esta causa en la que el juez del caso Villarejo investiga las presuntas presiones ejercidas sobre Bárcenas y el propio Gómez de Liaño para que no se publicaran informaciones sobre el PP vinculadas a la trama Gürtel.

La presente pieza 36 de la macrocausa Tándem se abrió a raíz de la inhibición del Juzgado de Instrucción 2 de Marbella acordada tras unas diligencias en las que se había ordenado la entrada y registro en el domicilio de Halit Sahitaj y Jana Kleiner. Sahitaj, según fuentes jurídicas consultadas, era una suerte de mediador que tenía conexión con el líder de la mafia rusa Zakhar Kalashov.

A raíz de dicha entrada y registro se tuvo acceso por los investigadores a una dirección de correo electrónico en las que constaban cuatro archivos de audio que, en fecha 20 de octubre de 2014, fueron remitidos, desde la dirección de correo electrónico correspondiente al despacho profesional del abogado Javier Gómez de Liaño.

Dichos archivos de audio "pondrían de manifiesto de manera indiciaria, un encargo realizado por terceras personas vinculadas al Partido Popular a fin de conseguir, mediante presiones a Luis Bárcenas y a su letrado entonces en el sumario conocido con Gürtel, Javier Gómez de Liaño, que no salieran a la luz informaciones comprometedoras o perjudiciales para el Partido Popular vinculadas con dicho sumario", según auto del juzgado de Málaga que instruyó el asunto antes de inhibirse.