España será “un país mejor” con “más transporte público y menos Lamborghinis”. Son palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y han levantado polvareda. Según fuentes del sector, “no llegan a 270” los automóviles de esa firma italiana de lujo que se habrían matriculado en el país en la última década, aunque este año ya son 34. El precio de un Lamborghini puede variar, “en función del modelo y los elementos de confort que se elijan, entre los alrededor de los 230.000 euros, hasta más del millón. Y asegurarlo puede costar entre 4.000 y 5.000 euros anuales”, detallan.

El secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo, explica a infoLibre que sus propietarios “tienen que pagar el impuesto de matriculación en España”, una cantidad que variará “en función de las emisiones oficiales de dióxido de carbono, cuyos modelos superan ampliamente los 200 gramos por kilómetro”, y habrán de hacerlo “aunque se traiga importado, salvo que sea alguien que haya residido en el extranjero al menos un año, traslade su residencia habitual a España y haya utilizado el vehículo durante los seis meses anteriores al cambio". A ello se suma “el impuesto municipal de circulación, que se abona en función de los caballos fiscales y estos modelos sobrepasan los 20”, y por el combustible “el IVA -del 21%- y los impuestos especiales de hidrocarburos”. En cualquier caso, aunque el aporte a Hacienda pueda ser de miles de euros, el total anual no será una cifra muy significativa para las arcas públicas, dado que los que adquieren esos vehículos no llegan ni a cuarenta personas.

De hecho, las fuentes sondeadas del ámbito económico, relacionan el comentario sobre los Lamborghinis con otra afirmación de Sánchez en la inauguración del nuevo curso político: “Vamos a gravar fiscalmente a quienes ya tienen en el banco suficiente dinero para vivir 100 vidas”. Que podrían traducirse, a la espera de mayor concreción por parte del Ejecutivo, en que no se descartan más medidas tributarias enfocadas a los ricos. De acuerdo al informe Perspectivas sociales y del empleo en el mundo: Actualización : Septiembre de 2024 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la brecha entre las rentas del trabajo y las del capital crece. El estudio revela que la proporción mundial del ingreso laboral disminuyó en 0,6 puntos porcentuales de 2019 a 2022 y desde entonces se ha mantenido estable, lo que agrava una larga tendencia a la baja. Si la proporción hubiera sido la de 2004, las ganancias de los trabajadores habrían aumentado en 2,4 billones de dólares en 2024.

En España, únicamente 15.186 contribuyentes declararon ingresos del trabajo en el IRPF superiores a los 601.000 euros anuales en 2022, que les permitirían afrontar con cierta holgura los gastos de la adquisición de un Lamborghini medio. Eran el 0,07% del global de declarantes de ese impuesto, aunque están al alza. Y, a la luz del último dato de la serie histórica de la Agencia Tributaria, aquel ejercicio se alcanzó el récord de personas que han amasado más de 30 millones de patrimonio. Superaron las 850, pero sólo 235 aportaron fondos a través del Impuesto de Patrimonio. Para intentar paliar esa diferencia, posible gracias a que, entre otras cuestiones, en algunas comunidades como Madrid se bonificó esa carga fiscal, el Gobierno implantó a finales de aquel ejercicio el Impuesto temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas (ITSGF), que grava el patrimonio neto de las personas físicas cuando éste sea superior a los tres millones.

Más allá de ese movimiento y de vuelta a las aseveraciones actuales de Sánchez, ¿tiene margen de maniobra el Ejecutivo para incrementar la recaudación vinculada a los millonarios? Mollinedo cree que sí y expone algunas vías: “Se podría crear un tramo más del impuesto de Solidaridad para que, por ejemplo, a partir de los 30 millones se tribute por encima del 3,5%”, propone. Y en relación a ese mismo gravamen recuerda que “los socios del Gobierno han planteado que tenga carácter permanente, no temporal, para que se siga exigiendo en el futuro”. En ese punto, anota que comunidades gobernadas por el PP como Madrid “han condicionado la aplicación del Impuesto de Patrimonio, que recuperaron tras estimar el Tribunal Constitucional la validez del impuesto de Solidaridad, a que perviva éste”. “Más de la mitad de las fortunas mayores de 6 millones de euros y el 60% de las de más de 30 millones de España residen en Madrid, hablando de patrimonio neto individual”, aporta. Y apostilla: “Son cantidades importantes y no es raro porque normalmente quien tiene un patrimonio tan abultado es porque obtiene grandes rentas y quien las percibe suelen ser los consejeros o los presidentes de las corporaciones que cotizan en bolsa, con domicilio fiscal en esa comunidad, futbolistas o deportistas de elite y personas que detentan presidencias de entidades e históricamente son grandes fortunas”. Dicho de otro modo: “Quienes tienen grandes rentas pueden seguir formando un gran patrimonio”, condensa.

Junto a lo expuesto, el secretario general de Gestha aborda otro camino de actuación: “Las medidas que se están promoviendo a nivel de la OCDE para las mayores fortunas del mundo”. En concreto durante la Presidencia de turno brasileña del G20 se ha recogido el guante lanzado por el Observatorio fiscal de la Unión Europea (UE) para crear un impuesto mínimo a los multimillonarios, la iniciativa conocida como Tax The Rich, equivalente al 2% de su riqueza. Esto permitiría meter en las arcas públicas “entre 200 y 250 mil millones de dólares por año a nivel mundial de unos 3.000 contribuyentes” y, si se extendiera la carga a los centimillonarios, “agregaría entre 100 y 140 mil millones de dólares". Gestha, que respalda el establecimiento del gravamen, ha calculado que en España recaudaría sobre 27 grandes fortunas por encima de los 1.000 millones de euros.

Sin abandonar la órbita de la OCDE, Mollinedo señala que, en paralelo al debate sobre ese impuesto, lo que sí entra en vigor en el país este año es “el acuerdo para exigir una tributación mínima para las multinacionales ligada al resultado contable”. Aquí también ve espacio de mejoría, dado que “España exige el 3,5%, pero sobre la base liquidable, donde no están los patrimonios exentos, que son aproximadamente la mitad del total”. ¿Cuáles no están? “Los bienes de patrimonio histórico artístico, cuando contribuyentes como los miembros de la Casa de Alba tienen una fortuna mil millonaria en palacios y elementos artísticos, y los activos del negocio, en el caso de autónomos o profesionales”, lo que alcanzaría “al paquete de acciones de los principales accionistas de un banco, como Ana Patricia Botín, o los presidentes de cualquier otra gran empresa”. Para terminar, aclara que “el impuesto del 2% a nivel global sí incluiría a esos patrimonios exentos, descontadas las deudas y gravámenes que pesen sobre esos bienes”, aclara.

Para Juan Gimeno, ex rector de la UNED, coordinador general de la Plataforma por la Justicia Fiscal y miembro de Economistas Frente a la Crisis, “es evidente que un impuesto para los mil millonarios no afectará a los Lamborghinis, porque quienes tengan que pagarlo seguirán pudiendo comprarse varios, o Mercedes, o lo que quieran”, lanza. A su entender, la comparación del presidente del Gobierno, “sólo tiene sentido si se van a fortalecer las políticas que se han venido haciendo durante los últimos años de subvencionar el transporte público, limitar la circulación de vehículos privados o similares, lo que además es muy positivo desde la perspectiva de la reversión de emisiones de CO2”, sostiene. “Aunque ahí -enlaza- el Gobierno estatal no tiene todas las competencias, siempre se pueden favorecer”.

Es más, manifiesta que “una de las ideas que dan fuerza a la propuesta del impuesto a los ultra ricos”, que respalda y sigue de cerca, “es que no va a variar para nada su régimen de vida, es decir, que el coste marginal para ese grupo es mínimo pagando esa tasa”. Gimeno confía en que la medida no acabe en un callejón sin salida, aunque es consciente de que, pese a existir “un aparente consenso internacional, los mil millonarios tienen un poder de influencia tan brutal, que hace difícil que al final los gobiernos se atrevan”, reconoce. Con todo, espera que éstos “pierdan el miedo”. “Para los ultra ricos, el impuesto que se propone no altera ni su consumo ni su poder ni su nivel de vida, lo que pasa es que la ambición no tiene límites”, remata.       

De manera "transparente”. Así asegura Luis Pérez, el eurodiputado conocido como Alvise y líder de la agrupación de electores Se acabó la fiesta (SALF), que llevará a cabo el “sorteo” de su sueldo que prometió en campaña y del que nada se sabía desde el pasado junio, lo que había comenzado a provocar críticas entre sus seguidores. Ha lanzado una página web, en la que se autodefine como “un analista de inteligencia destacado por su valentía y compromiso con la justicia y la transparencia”, y en la que fija que, para poder probar suerte y hacerse con los algo más de 8.088 euros que constituyen su salario público neto, hay que suscribirse al canal "Alvise Pérez" en Telegram y rellenar un formulario, que es cambiante. Si cuando anunció el sitio de internet hace apenas dos días se requería obligatoriamente facilitar el nombre, los apellidos, el DNI/NIE, el email, el teléfono y el usuario de Instagram; este martes 13 de agosto, ya no es indispensable aportar ese último dato, aunque sí se pide, junto a los usuarios de TikTok y de X, antes Twitter.

Pérez, implicado en un puñado de procesos judiciales por presuntamente difundir bulos o noticias falsas, si bien presume de no tener ninguna condena firme, asevera que está requiriendo los datos que abogados expertos en la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) y lo que denomina “delegado oficial de Protección de Datos” le han indicado como necesarios para poder cumplir la legislación española y que todo se trata de una “donación”. Pero distintas fuentes apuntan que, “entonces, tal vez no esté bien asesorado”. 

Para arrancar, los técnicos de Hacienda no creen que se trata de una donación, como se afirma en la web de Alvise, en la que se advierte incluso de que este no se hace responsable de las obligaciones fiscales del supuesto donatario y de que el impuesto que habría que abonar por ese concepto es distinto por comunidades. El secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo, lo explica: “El sorteo que está haciendo Alvise Pérez tiene las notas características de una combinación aleatoria con fin promocional, no parece que se trate de una donación”. Idea que confirman desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que transmiten a infoLibre que, aunque no cuentan de momento con “más información de lo publicado en prensa”, consideran que esa actividad “corresponde a lo que se conoce como combinación aleatoria con fines publicitarios” y, por tanto, “queda fuera de la normativa y de la autorización necesaria" para llevar a cabo "una rifa”. “Para realizarla”, matizan las fuentes del ministerio, “no es precisa la gestión de licencia o autorización alguna, ni la comunicación previa. Está sometido únicamente al pago del Impuesto sobre Actividades de Juego”. 

Es decir, ¿el eurodiputado promotor tendrá que abonar dinero a Hacienda por el presunto sorteo? Mollinedo lo confirma y aclara que tendrán que hacerlo las dos partes: él y los ganadores de los más de 8.000 euros cada mes. “Tanto Alvise como la persona que gane el premio tendrían que pagar impuestos. El primero ha de declarar en el IRPF su sueldo íntegro –el bruto es de 10.377 euros–, aunque lo sortee y no se lo quede, y descontará las retenciones que le hayan hecho. Y, junto a ello, por el sorteo, habrá de pagar el impuesto de juego que fija la Ley de 2011, el 10% de cada premio”, expone. Por lo que respecta a la persona que resulte agraciada, el secretario general y portavoz de Gestha señala que “deberá abonar en el IRPF el importe de los alrededor de los 8.000 euros que reciba como una ganancia patrimonial que se integra en la base liquidable general”. “El importe del premio–añade– se suma con su sueldo y otras rentas y tributa con arreglo a la escala de gravamen progresiva del IRPF. Esto es, el premio se integra en la declaración de renta junto con el resto de rendimientos ordinarios de esa persona, que podrá descontar una retención del 19%, que Alvise tendrá que ingresar porque es el retenedor”. “Como no parece ser una donación, el impuesto correcto del premiado es el IRPF”, remata.

Fuentes del ámbito jurídico avisan de que, pese a que “la gente está dando sus datos sensibles libremente” y el europarlamentario “no está cobrando por participar en el supuesto sorteo”, sólo debería demandar la información “estrictamente necesaria para poder contactar” con el agraciado y poder hacerle entrega del dinero y sólo “podrá usarla para eso y para nada más”, a la luz de lo marcado en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPF). En ese sentido, platean que Pérez solicita “más información de la aparentemente necesaria para lo que dice que va a hacer” y mantienen que habrá que estar atentos a si, “en el futuro utiliza o monetiza los emails o los móviles”, por ejemplo, porque, de hacerlo, “podría incumplir lo establecido en el artículo cinco" del mencionado Reglamento "respecto a la limitación de finalidad". 

Habrá que seguirle la pista a eso y a “los cambios que vaya habiendo en la web”, añaden, ya que tanto las fuentes de la esfera jurídica como las de Gestha hacen notar que, según lo reflejado en ella, “pueden modificarse condiciones con carácter retroactivo”, lo que “genera una cierta inseguridad jurídica que debería hacer pensar a quien ha consentido dar unos datos con arreglo a unos términos y condiciones que pueden alterarse de forma retroactiva”.

Con todo, auguran que el número de inscritos, que se encamina a los 167.000 al cierre de esta edición, seguirá subiendo durante los próximos días. “Si hubo colas para que te escanearan el iris por 70 euros, cómo no va a haber voluntarios para que te den 8.000 un mes, sin necesidad de comprar ningún cupón ni nada por el estilo”, deslizan. Se refieren a la iniciativa puesta en marcha por la empresa OpenAI que logró que miles de personas vendieran esa parte del ojo. Con todo, las fuentes sondeadas recuerdan que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) sancionó con 30.000 euros a un establecimiento hotelero por escanear el DNI de sus usuarios y usar las fotografías de los clientes para el control de acceso y la facturación de consumos durante su estancia allí. La entidad no recogía ningún detalle sobre la captura y destino de la imagen en la información que facilitaba sobre protección de datos personales y la AEPD lo estimó “desproporcionado”.

De vuelta a la web de Alvise, los expertos preguntados apuestan por que, “si se le pone algún límite, tal vez sea igualmente por la vía de la AEPD, que se ha mostrado restrictiva con el acopio de datos de carácter personal”, lo que no impedirá que “haya habido miles de personas bombardeadas con los mensajes ideológicos” que arroja el líder del SALF a sus fieles. Ni tampoco “la utilización que quiera hacer de la información que se le ha otorgado libremente y que, según las condiciones que aceptan, puede ser publicada y quedar a disposición de terceros”, previenen. Ello, al margen de que "no quieran pensar en la posibilidad de que el sueldo acabe en manos de gente del entorno del promotor de todo esto, como bien podría suceder".

Desde instituciones como el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) han alertado de que no sólo las empresas están en riesgo en la red, los particulares, al publicar o facilitar información personal a través de servicios online ponen en peligro su “privacidad” y se incrementan las opciones de “ser víctimas de algún tipo de fraude o de sufrir las consecuencias negativas de esa exposición" en el ciberespacio, "ya sea por daños reputacionales" o de otra índole. A veces se encadenan malas rachas impredecibles y otras se juega con la fortuna motu proprio. 

Este miércoles, 24 de abril, los técnicos de Hacienda están citados para concentrarse ante las delegaciones de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) de distintos puntos de España: Huelva, Málaga, Córdoba, Gijón, Santander, Ciudad Real, Cuenca, Ávila, Salamanca, Soria, Zamora, Barcelona Lleida, Girona, Tarragona, A Coruña, Pontevedra, Lugo, Logroño, Murcia, Cartagena, Castellón y Valencia.

Lo harán para reclamar una solución a la paralización de su carrera profesional y lo que consideran una mala gestión de los recursos humanos con los que cuenta la Administración. Hay una serie de déficits históricos que afectan en especial a los técnicos de Hacienda, que soportan el "incumplimiento" de la Disposición Adicional Cuarta de la Ley Antifraude de 2006, que obliga a adecuar sus puestos de trabajo según la complejidad, dificultad y responsabilidad de sus tareas desde hace 17 años, según exponen desde el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).

“Llevamos bastante tiempo reivindicando una serie de mejoras profesionales y, unas veces por resistencias administrativas, otras por inercias, o porque se convocan procesos electorales, no parece que haya nunca un momento adecuado para abordar estas cuestiones”, explica a infoLibre el secretario general y portavoz de la mencionada organización sindical, José María Mollinedo. Cree que lo que en realidad falta es “impulso político”, porque “cuando un ministerio o Gobierno quiere abordar una reforma, la implementa, sin necesidad de pasar por procesos tan largos”. “Cuando quieren imponer alguna norma, aunque conlleve un coste político lo hacen –suma–, y lo que reivindicamos no lo tiene, ya que pedimos tener las manos libres para poder investigar los fraudes más complejos y sofisticados en su plenitud, y no estar limitados a investigar a autónomos, pequeños empresarios o trabajadores, que constituyen el núcleo de la comprobación”, resume. Esto último, “no es difícil”, admite, para apostillar: “Pero, como profesionales no nos satisface, sobre todo, cuando vemos que hay multitud de personas y de entidades que están defraudando y no se les descubre porque no se pone el acento ahí”.

Asegura que han iniciado las protestas porque buscan que se les “reconozcan” las funciones. “Queremos que el trabajo que hacemos conste en las resoluciones de competencia y en las aplicaciones informáticas y que podamos asumir mayores responsabilidades en la lucha contra el fraude. Vemos como cada vez que hay normas internas de un rango inferior a una orden ministerial, se nos quitan y es algo que no comprendemos”, plantea.

¿Cómo se ha llegado hasta ahí? “Se ha recurrido a un artificio, se dice ‘haz todo, menos el último paso’, que puede ser sólo estampar una firma y que lo hará la persona que tiene la competencia”, sintetiza. Pero antes de llegar a esa marca, los técnicos han podido llevar a cabo “el proceso de investigación, de formulación de una propuesta jurídica tributaria, explicárselo al asesor del contribuyente, redactar los acuerdos de imposición de sanciones hasta la firma… De esa forma, nuestro trabajo se diluye”, se queja.

Esta situación ha dado lugar, de acuerdo a su relato, a que “muchos están dejando de hacer trabajo que realizaban antes, al perder la competencia”. ”Si se investiga a una empresa, se descubre una evasión tributaria, se empiezan a hacer los primeros números y se ve que no superará los 100.000 euros, se puede seguir; pero, si se sobrepasan los 120.000 euros, que delimita la cuota defraudada del delito contra la Hacienda pública, ese expediente se califica con tres palabras: especial complejidad sobrevenida. Y ya lo tienen que hacer otros funcionarios, los inspectores, pero son muy pocos”, mantiene. ¿Consecuencias? “Los técnicos ya no tenemos interés en hacer los expedientes que previsiblemente acaben en una cuota delictiva y se los dejamos a los que tienen la competencia, pero los inspectores no pueden y las denuncias de presuntos delitos fiscales se han desplomado un 82%, tanto en número como en cuota presuntamente defraudada”, avisa.

El portavoz de Gestha anota que, mientras en 2010 o 2011 había en torno a 1.000 denuncias, en la actualidad no llegan a las 200 al año. “Y no es que antes hubiera más fraude, es que se investigaba y ahora no”, enhebra. Hay una razón de fondo: “Los técnicos somos el 85% de la plantilla del grupo A, al que pertenecemos los que poseemos competencias para poder investigar, liquidar deudas, imponer sanciones y recaudarlas…”. De sus palabras puede deducirse una idea: el expediente tributario germen de la denuncia de la Fiscalía contra Alberto González, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, podría haber acabado en un cajón. “Sí, podría haber sido uno de ellos. Si en vez de iniciarlo una inspectora, lo hace un técnico de Madrid, podría haberlo dejado”, mantiene. Y enlaza: “El 15% de la plantilla no puede desarrollar todos los expedientes que no hagamos los técnicos porque ellos tienen los suyos propios. A veces, se dejan entre los asuntos pendientes y al final no se abordan. Podría haber ocurrido”, incide en relación al caso de González.

“Es muy negativo para el trabajo diario que hacemos ver el perfil medio de las personas que atendemos. No tienen recursos, son trabajadores que vienen a pelo, porque no pueden pagar a un asesor fiscal y es doloroso. La ley tributaria nos exige que investiguemos, pero no son los grandes defraudadores. Todos vemos en los medios lo que hay. Que este sea el grueso de nuestro trabajo no nos satisface”, recalca Mollinedo.

Junto a lo desgranado, entre sus reivindicaciones se encuentran otros puntos como que se facilite la movilidad geográfica de los técnicos, como sucede, según Gestha, con respecto a otros cuerpos funcionariales de la Agencia Tributaria; o el cobro de complementos como el de productividad.

Fuentes de AEAT garantizan que “tienen intención" de seguir progresando "en la adaptación de su actual modelo de carrera administrativa y profesional avanzando en la evaluación del desempeño y los itinerarios formativos”. En relación con los traslados, indican que están analizando “fórmulas para flexibilizar el actual esquema de movilidad geográfica en un contexto de grandes promociones de nuevo ingreso que han generado dificultades en las necesidades de movilidad dentro de los procesos de promoción interna”.

Las protestas de este miércoles no serán las últimas de la semana. El viernes, 26 de abril, están convocadas en Sevilla, Almería, Granada, Zaragoza, Oviedo, Tenerife, Burgos, Segovia, Valladolid, Alicante y Valencia. Y no se descartan más acciones.

No era cuestión de querer o no. Detrás de la denuncia de la Fiscalía de Madrid contra Alberto González, pareja de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y otras cuatro personas, por supuestamente defraudar 350.951 euros entre 2020 y 2021 a través de una trama de facturas falsas y sociedades pantalla, hay un informe de la Agencia Tributaria contra el que se ha disparado estos días. La propia Ayuso ha reducido el asunto a "una inspección de Hacienda sacada de quicio", después de señalar en redes sociales al Ministerio Fiscal que, “preside una señora que fue directora general en el Ministerio de Justicia con Zapatero”, según llegó a escribir en su cuenta de la red social X -antes Twitter-.

¿Pero se ha montado una operación “orquestada” para perjudicar al compañero sentimental de la presidenta madrileña y a ella misma? Fuentes de Hacienda aseguran que “en este caso la Agencia Tributaria no tenía otra opción que remitir el expediente a la Fiscalía con el señalamiento de las presuntas conductas delictivas" contra las arcas públicas. "No se han extralimitado en ningún momento", recalcan. El secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo, expone por qué: “Para denunciar esos delitos se requieren dos condiciones, que la cuota defraudada supere los 120.000 euros, que se sobrepasaban; y el elemento subjetivo de que haya dolo, que aquí está clarísimo porque se han prevalido de facturas inventadas para no tributar o tributar mucho menos. Se han utilizado presuntas facturas falsas, es decir, se ha cometido un delito de falsedad de forma instrumental para defraudar”.

Mollinedo apunta después a “una costumbre” ligada al sistema penal español que afecta a los delitos contra la Hacienda Pública, junto a otros: “Los acuerdos de conformidad entre las defensas de los acusados, la Fiscalía, y las defensas de las partes perjudicadas, si las hay, en este caso la Abogacía del Estado”. “Esto implica generalmente –enlaza– el reconocimiento del hecho y el pago de la deuda defraudada”. Es más, cree que González “seguramente ya” la haya abonado. Se remonta a 2015 para señalar que fue entonces cuando se modificó “la ley tributaria para que se pudieran hacer actas vinculadas a delito que, en este caso, se firmaron el 22 de enero. Ahí es donde se establece la cuota presuntamente defraudada y los intereses”, detalla. Y añade: “Eso es una deuda que está viva y, o se aplaza por el contribuyente aportando garantías, o se paga porque, si no, el procedimiento recaudatorio va a tratar de hacerlo”.

El secretario general de Gestha explica que el cambio legal al que alude se produjo porque, “con los dilatados tiempos en los que la Justicia resuelve, antes podía darse la circunstancia” de que los supuestos defraudadores “liquidaran su patrimonio por distintos motivos, no alzando los bienes necesariamente, porque la empresa dejara de operar, porque los acreedores comerciales, los trabajadores o los bancos con garantías hipotecarias cobraran... La Agencia Tributaria llegaba en la última fase y no había fondos. Ahora, en cambio, hay una prelación de créditos y después de los hipotecarios y las nóminas de los trabajadores van los tributarios”, condensa. Insiste en que, a su juicio, nutrido de años de experiencia, la pareja de Ayuso “ha pagado o garantizado, a estas fechas de marzo” la cuantía que “aparezca como cuota defraudada, más los intereses de demora”. Se inclina por la primera opción, ya que “es difícil que un banco vaya a garantizar eso, si no tiene una hipoteca sobre algún bien. Seguramente lo hayan pagado, a expensas de lo que surja después de la instrucción y, si tienen que pedir la devolución de los ingresos indebidos, lo harán”.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha mantenido que su compañero sentimental  "está sufriendo una inspección fiscal salvaje que afecta a 2018, 2019, 2020, 2021” y que en la actualidad “pretenden que sea 2022 para retrasar los casi 600.000 euros que Hacienda le debe". Según ella, "es falso" que sea él quien tiene un débito con Hacienda "de 350.000 euros por fraude" y estaría por encima del medio millón lo que su pareja tendría que recibir "por intereses”. Otras fuentes del círculo de inspectores de Hacienda califican de "normal" el que, "abierta la inspección, se revisen varios ejercicios” y deslizan que en los 600.000 euros de los que habla Ayuso “tal vez incluya lo abonado por la empresa de González por este asunto”.

Si un juzgado admite a trámite la denuncia de la Fiscalía y se abre una casusa, ¿a qué penas podría enfrentarse González? Mollinedo anota que, si quiere alcanzar un acuerdo, tendrá que “reconocer en fase judicial los hechos que le imputa la Fiscalía, que las facturas son falsas, que no son deducibles y que debía esa cantidad. Si hay conformidad y ayuda en la instrucción a aclarar algún aspecto de los delitos” que estuviera en el aire, se le podría “rebajar la pena en uno o dos grados, lo normal es que sea en uno”, aporta. La pena inferior es “un año por cada delito fiscal, pero se le rebajaría un grado y se le quedaría en seis o nueve meses”. A ello se suma que tendría que afrontar una multa que “sí puede rondar el 50% de lo defraudado”, con la reducción también del grado. Así podría eludir la prisión, llegado ese supuesto.

Fuentes jurídicas del ámbito penal manifiestan que “lo que vaya a pasar” con González “es imposible de saber” aún. “Defraudar cuotas tributarias por importe de 120.000 euros es delito y si además hay falsedad es otro delito. El penalista que lo defienda podrá llegar a un acuerdo o no, y puede que ni haya proceso porque se concluya que tiene razón en sus argumentos”, resumen. Con todo, plantean que deberá “defenderse de los dos delitos, los tributarios y el de falsedad”. Partiendo de ahí, “según las normas que regulan el delito de defraudación tributaria, se comete un delito por un impuesto defraudado y año. Si se engaña con el IVA y el impuesto de sociedades, por ejemplo, son dos delitos y por cada año de ejercicio son dos de prisión, como mínimo. Si lo has hecho dos años, tienes seis”, detallan. Y siguen: “Sólo esto, sin que lleve detrás el delito de falsedad, es grave. Y probablemente se pueda pedir más de un año por cada defraudación de tributo con base anual”, completan.

Por lo que respecta a la falsedad, afirman que ese delito lo habría cometido “en medialidad”, es decir, “es un medio para conseguir un fin”, y “tiene una pena mínima de seis meses", que podría estirarse hasta "los cinco años”. “Lo normal –explican– es que se considere unicidad del dolo, aunque haya muchas facturas distintas para poder deducir muchos gastos tributarios. Es posible que se las computen como un solo delito, pero en grado continuado, en cuyo caso la pena va a ser alta también”.

En definitiva, “si se suma la pena del delito continuado de falsedad con las de los delitos de defraudación, el cómputo será alto. Pero todo dependerá de las defraudaciones tributarias que se prueben que haya cometido”. Rematan: “En todo proceso hay dos partes y la pregunta es: ¿siempre gana el Ministerio Fiscal? No. Los abogados defensores ganamos más veces que la Fiscalía”, avisan. 

Gestha señala que la brecha salarial se incrementa conforme aumenta la edad, de manera que la diferencia de los salarios entre hombres y mujeres oscila entre los 619 euros anuales en las trabajadoras menores de 18 años y los 10.442 euros anuales en las de más de 65 años. Según el VIII Informe Brecha salarial, suelo pegajoso y techo de cristal elaborado por los técnicos de Hacienda que recoge Europa Press, la brecha salarial en España se observa en las franjas de edad en las que se concentra la crianza de hijos y el cuidado de mayores.

De esta manera, es mínima entre los 26 y 35 años (-13,1%), pero la tendencia de la brecha relativa se rompe entre los 36 y 45 años (-23,8%) y sigue aumentando con la edad hasta que se dispara, singularmente, a partir de los 65 años (-61,6%), confluyendo en estas edades varias circunstancias explicativas, como haber subordinado su carrera profesional a los cuidados de hijos y mayores.

Desde dicho informe se sostiene que el peso de los cuidados lastra la promoción profesional de las mujeres, a pesar de la mejora de su preparación y cualificación.

El estudio revela que la brecha salarial es de 5.000 euros entre hombres y mujeres y que las mujeres precisarían ganar un 24,8% más para igualar al sueldo de los hombres. Por comunidades autónomas, las brechas salariales mínimas entre los 26 y 35 años están en Canarias (-2,7%) y Baleares (-6,3%). En el lado contrario, las brechas mínimas más elevadas se encuentran en Asturias (-19,8%) y Aragón (-17,4%).

Por su parte, los mayores aumentos de la brecha salarial entre los 36 y 55 años se producen en Madrid -que también aumenta sustancialmente entre los 46 y 55 años-, Asturias y Aragón, registrando menores aumentos en Canarias, Baleares y Murcia. Las mayores brechas salariales a partir de los 65 años se producen en Madrid (-15.491 euros), Cataluña (-14.077) y Comunidad Valenciana (-9.596); y las menores brechas están en Castilla-la Mancha (-5.425 euros), Extremadura (-6.163) y Castilla y León (-6.978).

En el análisis de los sectores económicos, el informe revela que el sector de las entidades financieras y las aseguradoras presenta la mayor brecha salarial, de 15.913 euros anuales, siendo también el sector donde mejor se aprecia el techo de cristal de la mujer. Después, se sitúa información y comunicaciones, con una brecha de 8.096 euros, pero es en el sector de servicios a las empresas donde la brecha de 6.940 euros se agranda más, en términos relativos, con la edad.

Entre las actividades con menor brecha salarial, los técnicos de Hacienda destacan al sector de construcción y actividades inmobiliarias, con solo 983 euros anuales de diferencia, llegando a una igualdad entre los 26 y 35 años -incluso cobrando ellas 90 euros anuales más, un 0,5% más- fruto de la intensa preparación de estas generaciones de mujeres jóvenes.

Así, las mujeres de esta rama de actividad apenas notan la brecha hasta llegar a entre los 56 y 65 años (un -10,7% de su sueldo) y más de 65 años (-22,1%); si bien, la escasa participación de las mujeres en este sector (21,3%) hace que su impacto beneficioso sea menor del deseado.

La brecha salarial no es abultada en sectores muy feminizados, como el de servicios sociales -incluye a la educación, actividades sanitarias y servicios sociales o administración pública-, donde ellas son mayoría, siendo de práctica igualdad entre los 18 y 25 años.

Contrariamente a lo que podría parecer, en torno a la brecha de 3.702 euros en el sector de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, los bajos salarios de la mujer en jornadas parciales hacen que la brecha relativa sea alta, particularmente a partir de los 36 años, donde la mujer tendría que cobrar más de la mitad para igualar al hombre, llegando incluso a tener una diferencia salarial del 82,3% entre los 56 y 65 años.

Hacienda quiere sumar una nueva herramienta para luchar contra el fraude. Las empresas podrán compartir con la Agencia Tributaria (AEAT) todas sus facturas de forma inmediata, en tiempo real. Para poder llevarlo a la práctica, el Ministerio de Hacienda y Función Pública ha impulsado un reglamento que ya está aprobado y que deja claro a las empresas que crean software para llevar la contabilidad, la facturación o la gestión de quienes desarrollen actividades económicas, los requisitos que deben tener los programas para garantizar la seguridad y la trazabilidad de la información. Las facturas, de su lado, deberán llevar incorporado un código QR para facilitar su lectura con un dispositivo e incrustar la frase “Factura verificable en la sede electrónica de la AEAT”.

El objetivo es combatir el incumplimiento tributario y la economía sumergida derivados del uso del software de supresión de ventas, también denominado software de doble uso. Evitar, en definitiva, la existencia de contabilidades a y b. Las obligaciones que recoge el Reglamento no se dirigen tanto a los empresarios o profesionales que se verán afectados por el nuevo sistema como a los productores y comercializadores del programa de facturación, que son quienes deberán ofertar a los empresarios sistemas informáticos adaptados a la norma. Los usuarios podrán de forma voluntaria remitir sus registros de facturación a la Agencia Tributaria a la vez que facturan a la clientela, lo cual permitirá que Hacienda les lleve directamente sus libros registro de IVA para allanar la presentación de las declaraciones. Los clientes podrán contrastar sus facturas. Quienes las reciban, otro empresario o consumidor final, también podrán proporcionar voluntariamente determinada información de la misma a la AEAT con los datos contenidos en el código QR.

La normativa alcanzará a todas las facturas, incluidas las simplificadas, o justificantes equivalentes. Y a los empresarios y profesionales, exceptuando algunos supuestos, entre otros, del régimen de agricultura, ganadería y pesca, por ejemplo. Los registros informáticos de facturación de ‘alta’ deberán incluir datos como el número de identificación fiscal, nombre y apellidos, razón o denominación social completa del obligado a expedir la factura, el número, la fecha o el tipo de esta; la descripción general de las operaciones; el importe total; o información relacionada con el IVA. Habrá dos elementos de seguridad para garantizar que no se modifican los registros de facturación una vez producidos: el llamado hash encadenado, esto es, que cada factura genera una huella única que la vincula con determinados elementos de las anteriores, de modo que una alteración en cualquiera varía el rastro; y la firma electrónica de los registros, que no será necesaria en el supuesto de envío de datos voluntario a la Agencia Tributaria.

José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), explica que “con el código QR se va a leer toda la información y permitirá que las empresas digitalicen las facturas con un lector y las incorporen a su contabilidad sin necesidad de escanearlas o introducir sus datos, sin posibilidad de que sean alterados posteriormente. El mismo documento estará en las dos contabilidades: la del emisor y la del receptor. Es un paso más en la dirección del desarrollo de la factura electrónica”, enmarca. Aclara que “no está pensado para controlar al consumidor final” —han surgido algunas críticas de que Hacienda busca crear un Gran Hermano—. Con todo, apunta que las empresas incluidas en el suministro inmediato de información (SII) “están obligadas a llevar sus libros registro del IVA a través de la sede electrónica de la AEAT, entidades con facturación superior a los 6 millones de euros, grupos de IVA e inscritos en el registro de devolución mensual de ese impuesto”. Y las demás “ya tienen que facilitar información de los clientes o proveedores que superen 3.000 euros de cifra de ventas en un año. Una agencia de viajes o un establecimiento de muebles ha de remitir información sobre quienes compren por encima de esa cantidad”. “Es verdad —matiza— que si se usa factura con código, la Agencia sabe algunos datos, pero no es probable que se descargue toda la información de todos los códigos”.

La memoria de Mollinedo no mengua y relata que la Agencia Tributaria ha lanzado varias operaciones a escala nacional contra el fraude fiscal en el sector del comercio mayorista de frutas y hortalizas, en establecimientos como pizzerías, o en el área de los mayoristas de productos cárnicos, en las que ha “recogido los archivos informáticos de la totalidad de la contabilidad, la a y la b”. Con las conclusiones de esos operativos en la mano, propusieron al ministerio que la ley contra el fraude fiscal de 2021 incluyera obligaciones para evitarlo, de la que deriva el reglamento actual, que ya está en vigor. Eso hizo que se estableciera un mecanismo de certificación de los programas informáticos para los fabricantes de software y sanciones para las empresas que usen o simplemente tengan los programas que posibiliten la doble contabilidad. 

Se ha dado de plazo hasta el próximo 1 de julio de 2025 para que los empresarios puedan realizar los cambios de adaptación de sus sistemas a la nueva normativa.

Existe lo que algunos consideran un antecedente: el TicketBAI o TBAI, un sistema de facturación online activado por el Gobierno vasco que ya obliga en esa comunidad a enviar todas las facturas emitidas por la venta de bienes o la prestación de servicios a las autoridades fiscales por vía electrónica. En las provincias de Gipuzkoa y Araba empresas, autónomos, asesorías o despachos profesionales gestionan su facturación cumpliendo con los requisitos legales que marca TicketBAI. En el caso de Biskaia, está englobado dentro de una normativa más compleja denominada Batuz y su preceptivo cumplimiento se extenderá de manera gradual hasta 2026.

TBAI marca que se use un TPV o software de facturación que garantice que las facturas o tickets de compra emitidos no puedan ser manipulados, para lo que deben incluir un código único de identificación TBAI y un código QR. Además, el software antifraude empleado por las empresas deberá generar archivos TicketBAI XML firmados electrónicamente para cada transacción y enviarlos en tiempo real a la Administración Tributaria.

Su implantación no ha sido del todo pacífica. Generó “malestar” en colectivos como comerciantes y autónomos que, en algunos casos “se han sentido discriminados” y en otros han denunciado que “eran costes no previstos y difíciles de soportar para los pequeños negocios que han tenido que adquirir el equipo y garantizar internet en el punto de venta”, según aseveran desde establecimientos de aquella comunidad. Reclaman “ayudas”. Otras fuentes engarzan que tampoco les ha gustado el que “se haya vendido TBAI como una herramienta para combatir el fraude fiscal”, ya que entienden que “les ha puesto en el foco como presuntos estafadores”. “Y el problema siguen siendo los que no hacen facturas”, disparan. De hecho, en Gipuzkoa se han presentado dos demandas contra el fisco ligadas a ese asunto. Y ya se han contabilizado las primeras sanciones.

Si bien, el antiguo responsable de administración y factura electrónica en la Universidad de Zaragoza, Juan Arana, defiende que, al margen del control del fraude fiscal, estos novedosos mecanismos pueden ser “importantes en otros cuatro apartados”. Para arrancar, anota que “proporcionan información sobre precios, IVA repercutido y compras a la Administración, inmediata y sin necesidad de que esta haga nada”. Destaca luego “la interoperabilidad de información, distintos negocios pueden mandar datos comunes a la Administración. Sería bueno que eso se generalizase a otro tipo de actividades, como los números epidemiológicos, a menudo sobre alfileres”, lanza. Por último, anota que “promueven la industria del software que atiende a pequeños comercios o negocios” y “facilita la contabilidad de la empresa, que no tiene que hacer un listado de las ventas hechas, de sus transacciones, ya que todo eso está en su caja registradora. Mandando ese fichero a las autoridades tributarias ya cumplen sus obligaciones”, concluye. 

La digitalización de la economía avanza rápido y ha traído con ella situaciones complejas relacionadas con el fraude, la evasión y la elusión fiscal, en un contexto salpicado de entes que ofrecen servicios con dimensión transfronteriza. Para intentar lograr cierto control, la Agencia Tributaria estatal ha incluido en su radar a partir del pasado 1 de enero a plataformas como Wallapop, Vinted, eBay o Mil anuncios, gracias a la transposición de la Directiva (UE) 2021/514, más conocida como DAC 7, que establece la obligación de suministro de información ligada a los ingresos obtenidos por sus ventas, si las transacciones superan unos límites: más de 30 operaciones al año o que el importe de las mismas supere los 2.000 euros en el mismo periodo. Los usuarios habituales no van a tener que parar en seco, pero sí contar.

La nueva normativa no sólo afecta a las mencionadas plataformas de venta de bienes, a menudo de segunda mano, los intercambios de datos en aras de la transparencia alcanzarán a “todos los servicios de la economía colaborativa, como pueden ser los de arrendamientos turísticos, o a los de vehículos con conductor, es decir, las VTC”, explica el secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo. O, dicho de otro modo, portales como Booking o Airbnb también estarán obligados a aportar referencias a Hacienda de las transacciones de sus usuarios. Se deberán comunicar nombres, direcciones, NIF, números de identificación fiscal, fechas de nacimiento, lugares de residencia, así como datos bancarios, los ingresos obtenidos cada trimestre o el cómputo de acciones realizadas, entre otras cuestiones. Si se trata de inmuebles, habrá que reseñar en la misma línea direcciones, datos catastrales y la cantidad de días de alquiler. 

Los primeros datos que se muevan a 31 de este mes serán los relativos a 2023 y Mollinedo apunta que las plataformas “tienen que estar registradas en un país miembro de la Unión Europea”. Las que no cumplan ese requisito, pero operen en el continente, “deberán elegir un lugar de sede, que será la administración donde va a rendir la información de todos los vendedores”. Una vez que la entidad tributaria de cada Estado recabe la información, la de los vendedores, no de los compradores, "la dirigirá a las de los 26 países restantes", con lo que se creará un sistema que nutra de apuntes de manera automatizada.

El secretario general de Gestha narra que estas novedades, “forman parte de un paquete global que se ha puesto en marcha en la OCDE –Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico​– al darse cuenta de que este tipo de plataformas de venta cada vez tenían un mayor volumen de negocio y se escapaban al control fiscal”. “No sólo en España hay gente que no declara los impuestos correspondientes a esas operaciones”, pespuntea, “es algo común y por eso se le ha puesto coto”.

La directiva UE ha fijado el marco general en Europa, pero “en la ley de trasposición española se incluyen unas reglas internas para el futuro intercambio de la información con otros países de fuera de la Unión, por si pudiera haber alguna plataforma que hiciese esas operaciones con México o con los países latinoamericanos, por ejemplo, para que estos la reciban en un futuro”, avanza.

¿Quiénes pagarán? El portavoz de los técnicos de Hacienda detalla que estarán excluidas “las empresas nacionales que ofrecen productos de venta online”. Respecto a las plataformas con ofertas de productos de segunda mano, aclara que, en el caso de transacciones en las que “el vendedor sea un profesional, un autónomo o una empresa”, habrá de “liquidar el IVA”. Si es una operación entre particulares, “el comprador debe declarar y pagar el impuesto de transmisiones patrimoniales” y el ofertante tendrá que “declarar en el impuesto de la renta la pérdida o la ganancia patrimonial que obtiene por la diferencia entre el valor de adquisición y el de venta”. Agrega que, “incluso las pérdidas deben declararse porque cualquier alteración patrimonial está sujeta a declaración y sirve para compensar con eventuales ganancias en los cuatro ejercicios siguientes. Pero eso, entre particulares, casi nadie lo hace”, lanza. 

En definitiva, si se enajena a través de estos portales de forma puntual una camiseta o un bolso por menos de 2.000 euros, Hacienda no mirará, pero sí lo hará si eres “alguien que haya ido a una tienda de Amazon o a unos almacenes para comprar productos a bajo precio para luego revenderlos”. El motivo es que “ahí se está llevando a cabo una actividad económica, por lo que hay que estar dado de alta, liquidar el IVA y declarar esas ventas como de su actividad empresarial”, sintetiza Mollinedo. A su juicio, “nadie se hace rico con ese tipo de operaciones, pero se obtienen ingresos, que pueden ser variables y rondar los 3.000 o 4.000 euros mensuales que a día de hoy no están tributando”. Para que lo hagan a partir de este año es por lo que “las compañías tienen que comunicar a los vendedores que van a suministrar esta información a las administraciones tributarias de su país y solicitarles la identificación completa para incorporarla” a una gran base de datos, así como las rentas obtenidas a través de ellas.

¿Qué ocurre si alguien se niega a responder? “La plataforma lo tiene que bloquear como persona que pueda operar en ella y, si cuenta con un saldo pendiente de pago, se lo habrá de retener hasta que facilite la información”, de acuerdo a lo previsto en la ley española. 

Los técnicos de Hacienda advierten de que, “si se da un nombre falso o una cuenta corriente errónea” supondrá “una infracción de 300 euros” y, “tarde o temprano, es bastante probable que se descubra porque la Agencia Tributaria, al tirar del hilo, se dará cuenta de que son de otro titular y, con independencia de la liquidación que corresponda por el impuesto que haya dejado de pagar, el IRPF, podrá dar la información a las comunidades autónomas para que liquiden transmisiones patrimoniales de los importes mayores”. Ejemplifican lo expuesto: “Es decir, si alguien se compra una bicicleta por 12.000 euros, se cansa de ella y la vende por 8.000, la Agencia estatal podrá reclamarle el nombre del comprador y trasladárselo a la comunidad donde resida éste”. Fuentes del ámbito de la gestoría recomiendan a los asiduos a las ventas de teléfonos móviles, ropa u otro tipo de productos por internet en relación a este punto “guardar los tickets” para “poder justificar, llegado el caso, que se han ofertado por una cuantía menor a la que le costaron de inicio, ya que Hacienda podría aplicarles, si no, una tributación por el total de la transacción”.

En ese escenario, hay plataformas que ya han decidido que la consigna ha de ser la claridad y precisan en sus webs los datos que deben recoger, como Wallapop, Vinted, eBay, Airbnb o Booking.

Los expertos clarifican que las modificaciones normativas no afectan a Bizum, la herramienta de pago a través del móvil impulsada por la banca española. “Ésta es una plataforma que va de una cuenta corriente a otra, con lo que la Agencia Tributaria tiene desde hace muchos años la información de las entidades financieras de los extractos de los movimientos de las personas que lo usan y de los saldos totales a final de ejercicio”, asevera Mollinedo. “Tiene -encadena- la suma del debe y del haber del año de cada cuenta y los rendimientos que han podido generarse con ellos y, normalmente, han sido o cero o próximo a cero”. 

Con todo, señala que Hacienda no es ajena a que, “con la generalización del Bizum, ha habido comercios que se han abonado a que se les pague así”. “Puede que haya personas que crean que no se entera nadie, pero lo hace todo el mundo y la Agencia Tributaria estará atenta a cruzar esa información, no para operaciones entre particulares, sino para aquellos negocios que estén cobrando de esa forma”, hacer notar. Y remata: “A veces, estos pagos y los abonos con tarjeta son menores que los ingresos declarados”. 

Todo lo relatado sobre las ventas en las páginas webs de segunda mano o el propio Bizum “afecta a cualquier persona que utilice esos servicios, incluidos los influencers”, confirma Mollinedo, preguntado por este colectivo, para precisar que “no hay un intercambio de información específico para la actividad” de estas personas que se convierten en prescriptores en las redes sociales. Tendrán que atenerse a lo marcado para todos.

A lo que sí ha abierto la puerta la directiva europea es a inspecciones conjuntas, a que se puedan efectuar a la vez controles simultáneos sobre una empresa en varios países de la Unión Europea. A ello se suma que agentes españoles podrán actuar en esos países del marco comunitario y viceversa.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió el fin de semana antes los dirigentes autonómicos a aprobar “rebajas fiscales para amortiguar el impacto de los precios de la energía” que pagan familias y empresas. Además de “otras que se puedan plantear”. Una promesa genérica que debería ir más allá de las medidas adoptadas el pasado verano para reducir las facturas de la luz, cuando aún no había guerra, y que ahora podrían prorrogarse más allá del 30 de abril en que estaba en principio establecida su vigencia.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, concretó al Ejecutivo qué impuestos deberían reducirse: que el IVA a la electricidad y el gas pase al tipo superreducido, el 4%, y se baje de forma transitoria el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos y el IVA que grava la gasolina y el gasoil. También le pidió una ampliación hasta fin de año de los recortes fiscales para la electricidad: la rebaja del IVA del 21% al 10%, la reducción a un tipo mínimo del 0,5% del Impuesto Especial sobre la Electricidad y la suspensión del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica durante el primer trimestre de este año.

Para gravar el IVA de los combustibles con un tipo reducido, el Gobierno necesitará la autorización de la Unión Europea, porque la gasolina no se encuentra en la lista de productos a los que se puede aplicar tipos reducidos. Y para rebajar el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos tiene que respetar los “niveles mínimos” que marca la Directiva sobre Fiscalidad de la Energía, aprobada en 2003 y actualizada el pasado mes de julio. Esa puesta al día, después de 17 años sin que se modificaran los límites mínimos, va en la dirección opuesta a la rebaja fiscal. Por ejemplo, antes se aplicaba un tipo mínimo más bajo al gasóleo que a la gasolina. Ahora es al revés. Prima el criterio ecológico, por lo que se grava más a los combustibles más contaminantes. También se eliminan las exenciones y reducciones nacionales, dejando a los Estados miembros “un margen mucho menor para fijar tipos por debajo de los mínimos para determinados sectores”, explica la Comisión Europea. Se permiten esos tipos más bajos sólo para “los productos energéticos avanzados producidos a partir de fuentes renovables” y para la agricultura.

Así, el nuevo tipo mínimo para la gasolina y el gasóleo es el más elevado de todos: 10,75 euros el gigajulio. Antes había límites diferenciados. El mayor era para la gasolina con plomo, 421 euros por 1.000 litros, 359 euros el de la gasolina sin plomo y 330 euros el del gasóleo. Es decir, el mínimo ha subido hasta 473,57 euros los 1.000 litros en el caso de la gasolina con plomo, un 12,5%. En teoría, a no ser que Bruselas lo cambie, el Gobierno no puede fijar el Impuesto sobre Hidrocarburos por debajo de ese nivel.

Es lo que dice el sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha). El margen es muy pequeño o inexistente. Según sus cálculos, sólo 144,92 euros por 1.000 litros en el caso de la gasolina.

A cambio, sí que se puede aumentar la devolución del gasóleo bonificado que consumen agricultores y ganaderos, de forma transitoria, mientras dure la escalada de los precios, explica el presidente de Gestha, Carlos Cruzado.

Por el contrario, Luis del Amo, secretario del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), cree que rebajar el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos es una de las medidas que pueden adoptarse para amortiguar el impacto de la subida récord de los combustibles. También propone que se reduzca el IVA tanto de la gasolina y el gasoil como del gas natural, del 21% actual al tipo reducido del 10%. No sólo por la necesidad de autorización previa, sino también por su “enorme coste asociado”, los técnicos de Hacienda no ven viable esa solución.

En 2019, Hacienda recaudó por el Impuesto sobre Hidrocarburos 12.264 millones de euros, una cifra que cayó hasta los 10.336 millones al año siguiente por las restricciones a la movilidad de la pandemia. Para 2021, la Agencia Tributaria sólo proporciona datos hasta el mes de noviembre. En 11 meses los ingresos alcanzaron los 10.507 millones, un 10,2% más que en el mismo periodo de 2020. Por establecer una comparación, esos 12.264 millones equivalen a más o menos la mitad de lo que el fisco recauda gracias al Impuesto sobre Sociedades, que grava los beneficios de las empresas. Los combustibles representan, además, la mitad de lo que se recauda con los Impuestos Especiales, que incluyen también al tabaco y el alcohol.

De ahí que Alberto Sagués, profesor de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, advierta del efecto de estas rebajas de impuestos. “Estoy a favor de que se pongan tiritas para tapar las hemorragias, pero a más largo plazo me preocupa el tema presupuestario, cuando España ya está en el punto de mira de Bruselas, que ya toleró que nos excediéramos en los límites por la pandemia“, argumenta, “ahora, con la guerra no acabaremos de salir de la espiral de déficit”. Sagués considera “razonable“ que se tomen medidas para evitar el impacto de los precios de la energía en las familias, “lo que se puede corregir con bajadas selectivas de impuestos”, precisa, pero el problema es que, en términos de contabilidad nacional, esos recortes afectarán a la capacidad de hacer frente al gasto público. “Entonces habrá que hacer ajustes en el gasto y decidir qué tipo de gasto se va a reducir”, concluye.

A su juicio, sí se pueden tocar los Impuestos Especiales, pero cree que rebajar el IVA de los carburantes sería mucho más dañino. Del Amo, por el contrario, replica que, al ser un impuesto sobre el precio, si éste sube –como es el caso–, aunque baje el tipo, “no se pierde tanto”.

El secretario general del REAF plantea también como medida alternativa que se bajen los módulos de rentas por los que tributan los transportistas autónomos, uno de los sectores más afectados por la subida de los combustibles. Al igual que ya se ha hecho con los agricultores perjudicados por situaciones excepcionales, ya sean meteorológicas o de otro tipo, como el covid-19 o la imposición de aranceles en EEUU.

Gestha, por su parte, prefiere las ayudas directas a agricultores y ganaderos, para compensar gastos extraordinarios e inversiones “destinadas exclusivamente a la compra de materias primas o a la venta” de sus productos en otros países. En concreto, el sindicato habla de asegurar en el medio plazo “mercados alternativos” para el sector primario que sustituyan a Rusia y Ucrania.

Además, propone incentivos fiscales en el Impuesto sobre Sociedades y el IRPF a la producción y uso de energías renovables. En concreto, plantea que se amplíe hasta el 31 de diciembre de 2023 la deducción en el IRPF por realizar obras para mejorar la eficiencia energética de las viviendas. A su juicio, sí pueden también aprobarse bajadas fiscales para los transportistas, pero no del IVA de los combustibles, puesto que es una medida que “no ataca el problema” y será “compensada con el aumento de los precios, como ha ocurrido con la bajada de impuestos a la electricidad”.

Una parte de los impuestos que pagan los combustibles es el llamado céntimo sanitario, o Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (IVMDH). Se trata de un tributo polémico en su día y que sirve para financiar la sanidad pública. Desde 2013 está integrado en el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos, con una cuota autonómica que a partir de 2019 se incorporó a la tarifa. Ese año, lo recaudado por la tarifa autonómica ascendió a 1.135 millones de euros. De los más de 12.000 millones ingresados entonces por el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos, 8.195 fueron a parar a las comunidades autónomas, el 65%. Alberto Sagués alerta del efecto inmediato de su desaparición en la financiación de la sanidad pública.

El profesor de la Pompeu Fabra no desdeña tampoco alguna bajada en el IRPF para ayudar a las familias, pero preferiría un “pacto de Estado” que tuviera como prioridad una “mejor gestión del gasto público”. “Con el covid, el resto de los países de la UE bajaron impuestos; España no, porque no se lo podía permitir”, resume, “pero para dinamizar la economía siempre es necesaria una optimización fiscal”. De ahí que aplauda las propuestas del comité de expertos sobre la reforma fiscal recién presentadas: “Son propuestas valientes, que no sólo se centran en la recaudación”.

Según los datos que publica la Dirección General de Energía de la UE, a fecha de 3 de marzo España grava con un 45% la gasolina –45 céntimos por litro son impuestos— y con un 41% el gasoil. Ambas cargas están por debajo de la media comunitaria, que es del 49% y el 43%, respectivamente. Incluso muy por debajo de los impuestos que pagan en Francia –53% y 49%–, Italia –55% y 52%– o Portugal –53% y 46%–. En el caso de Alemania, es mayor para el gasóleo –39%– y menor para la gasolina –48%–. De ahí que la petición insistente de Bruselas a España sea que suba los impuestos a los carburantes. Hasta ahora, al menos, por motivos medioambientales. Que la guerra en Ucrania puede dejar entre paréntesis.

El pasado sábado, el primer ministro francés, Jean Castex, anunció una rebaja de 15 céntimos por litro en los carburantes a partir del 1 de abril y durante cuatro meses. “Los distribuidores lo aplicarán y el Estado les reembolsará. ¿Por qué no bajar los impuestos? Primero, porque se necesita una ley y lleva más tiempo. Después, porque gravar menos las energías contaminantes es antiecológico”, explicó Castex. El coste para las arcas francesas superará los 2.000 millones de euros.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este miércoles en el Congreso que va a “impulsar” la inclusión de Rusia en las listas negras de paraísos fiscales tanto de la Unión Europea como de la OCDE. No mencionó si también incorporará a la federación rusa en la lista española. Cada una de ellas es distinta. La europea sólo tiene nueve territorios en este momento. La OCDE dejó su lista en blanco en 2009, cuando sacó de ella a los tres últimos: Andorra, Liechtenstein y Mónaco. La española, en cambio, señala a 33 países.

Rusia no está en ninguna de ellas. Pero el pasado 24 de febrero, la UE decidió añadirla a su lista gris, la que reúne a los países que no cumplen los estándares de transparencia y equidad fiscales ni aplican las normas internacionales contra la erosión de las bases fiscales y el traslado de beneficios –las normas diseñadas por la OCDE para luchar contra las estrategias de planificación fiscal agresiva–, pero se comprometen a hacer reformas para mejorar su comportamiento. La decisión no tuvo que ver con la invasión de Ucrania, puesto que requiere un largo procedimiento de evaluación llevado a cabo por el grupo Código de Conducta, el órgano encargado de revisar cada seis meses tanto la lista negra como la gris.

“La incorporación de Rusia a la lista negra tiene más efectos reputacionales que prácticos”, apunta Carlos Cruzado, presidente del sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha), Carlos Cruzado. Estar en ella no implica recibir sanciones económicas, pero a los países señalados se les excluye del acceso a fondos de desarrollo y las empresas o particulares que recurran a ellos para sus negocios deben someterse a mayores controles y supervisión. El Parlamento Europeo no ha cesado de criticar la ineficacia de la lista negra, que en la actualidad incluye a países que representan menos del 2% de las pérdidas de ingresos fiscales mundiales.

La primera se elaboró en 2017 e incluía a 17 países. Desde entonces, la lista no ha hecho más que menguar. La última sólo incorpora territorios minúsculos: Samoa Americana, Fiyi, Palau, Panamá, Samoa, Trinidad y Tobago, Islas Vírgenes Americanas, Guam y Vanuatu.

El objetivo de la medida, dice Miguel Alba, responsable de Fiscalidad de Oxfam Intermón, es “desincentivar las inversiones en Rusia”. Y quienes utilicen territorio ruso para instalar sociedades fantasma también tendrán más problemas si Vladimir Putin termina en la lista negra europea. El objetivo, ha explicado Pedro Sánchez, es “aislar al Gobierno de Putin, a Putin y a la oligarquía” rusa.

Pero eso está ocurriendo ya sin necesidad de añadir a Rusia a la lista negra comunitaria. Las sanciones adoptadas por la UE han abocado a multinacionales de todo el mundo y de todos los sectores a abandonar el país eslavo enseguida. Petroleras como British Petroleum, que se deshará de su participación en la rusa Rosneft, y Shell, que ha anunciado su ruptura con Gazprom. Apple ha dejado de comercializar sus productos en Rusia. Las navieras MSC y Maersk no seguirán visitando puertos rusos. Volvo ya no vende sus coches allí. Mercedes Benz se desprenderá de su 15% en Kamaz, un fabricante local de camiones. Las zapatillas de Nike tampoco se podrán comprar en el país.

Hace sólo unos días, además, la OCDE decidió poner punto final a la solicitud de adhesión de Rusia. Ya había quedado paralizada en 2014, tras la invasión de Crimea, pero ahora el proceso está cerrado definitivamente. Por lo que se refiere a la lista negra de la UE, cualquier decisión tardará meses si se sigue el procedimiento reglado. Cuando un país entra en la lista gris, se analizan sus esquemas fiscales a la luz de unos criterios prefijados e incluso se inicia un “diálogo” con él para indicarle lo que debe cambiar. Sólo entonces y si no acepta las reformas que se le piden, entra en la lista negra.

En ese proceso está Rusia. En junio de 2021, la UE le pidió que hiciera cambios en sus Zonas Administrativas Especiales (SAR por sus siglas en inglés), las conocidas como offshore rusas: Kaliningrado, Vladivostok y otras áreas en el extremo este. Las empresas que se trasladen allí desde Chipre o Reino Unido, por ejemplo, obtienen un trato fiscal ventajoso en el impuesto de sociedades. Ese fue en principio el objeto de las SAR: atraer a quienes tenían sus negocios en otras plazas fiscalmente laxas fuera de la federación.

Pero Bruselas cree que esos territorios constituyen una competencia fiscal desleal y pide que se obligue a las empresas allí asentadas a abrir oficinas con empleados y que se dé acceso a las ventajas tributarias también a las empresas domiciliadas en Rusia. En teoría, el Gobierno de Moscú había accedido a cambiar las leyes precisas antes del 31 de diciembre de este año. La guerra ha dado al traste cualquier posibilidad de acuerdo. Es decir, si el procedimiento europeo sigue su curso natural, Rusia debería entrar en la lista negra de paraísos fiscales en la próxima revisión dentro de seis meses, independiente del impulso que quiera darle España.

Carlos Cruzado cree que sería mucho más efectivo introducir a Rusia en la lista española de paraísos fiscales. No sin antes adaptarla a la Ley de Prevención del Fraude Fiscal aprobada el pasado mes de junio, que amplía el concepto de paraíso fiscal a los territorios o “jurisdicciones no cooperativas” que no sólo sean opacas fiscalmente –porque no intercambian información sobre titulares reales de un patrimonio, por ejemplo–, sino que además faciliten la existencia de instrumentos o sociedades extraterritoriales diseñados para atraer beneficios, pero no tengan actividad real. Y, por supuesto, a aquellos países que no cobren impuestos de sociedades o sobre la renta o lo hagan con unos tipos menores que los españoles.

Con arreglo a esos nuevos criterios, el Ministerio de Hacienda debería haber actualizado ya la lista de paraísos fiscales, explica Carlos Cruzado.

Con Rusia, al igual que con otros muchos países, España tiene firmado desde 1998 un convenio para evitar la doble imposición; es decir, para impedir que una empresa pague en dos territorios distintos por el mismo hecho imponible. De modo que su inclusión en la lista negra de paraísos fiscales española también requeriría de todo un proceso de análisis y justificación. Una vez en ella, las empresas españolas con negocios en Rusia tendrían que cumplir mayores requisitos de información tributaria y deberían justificar mejor sus operaciones –declarando previamente las inversiones por encima de determinadas cuantías desde o hacia Rusia, por ejemplo–.

Tampoco tendrían acceso a determinadas exenciones, como las que disfrutan las retenciones a los rendimientos y ganancias, si las perciben a través de filiales en Rusia. Ni podrían deducirse los gastos pagados a través de empresas situadas allí o por servicios de entidades residentes en ese territorio. Ni podrían rebajarse impuestos por los dividendos y ganancias obtenidos en Rusia. Además, las sociedades domiciliadas en ese país que tengan inmuebles en España tendrían que pagar un gravamen especial, entre otros requisitos.

El Instituto de Comercio Exterior (ICEX) tiene registradas a unas 130 empresas españolas con intereses en Rusia. Entre ellas, Inditex, que mantiene 527 tiendas en el país de Vladimir Putin. No son pocas. En toda América, posee 790. Otra firma española de primera línea, Mango, cuenta con 130 locales. El Grupo Fuertes, que fabrica los embutidos El Pozo, mantiene una inversión en el mayor productor de carne ruso, el grupo Cherkizovo, que además acababa de ampliar el pasado mes de enero. Y tres fabricantes de componentes para el automóvil, Gestamp, Cie Automotive y Grupo Antolín producen allí para clientes locales. Todas ellas se verían afectadas por la declaración de Rusia como paraíso fiscal.

Cuestión distinta serían las grandes fortunas rusas, aclara Carlos Cruzado. Los ultrarricos tienen ya sus patrimonios ubicados en paraísos fiscales de todo el mundo, desde Chipre hasta el Caribe pasando por Suiza. Y no son fácilmente localizables porque los esconden utilizando múltiples sociedades interpuestas.

infoLibre ha preguntado al Ministerio de Hacienda por qué Pedro Sánchez ha mencionado sólo las listas de la UE y la OCDE, pero no la española. “Se trata de una respuesta europea al conflicto”, ha indicado un portavoz.

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) estiman que la aplicación del tipo mínimo del 15% sobre la base imponible de las grandes sociedades recaudará únicamente 260 millones al año, por debajo de los 700 millones anuales que se lograrían si el gravamen se exigiera sobre el resultado contable positivo, informa Europa Press.

Frente a esto, el Ejecutivo espera recaudar con esta medida fiscal unos 400 millones de euros en el año 2023unos 400 millones de euros en el año 2023, afectando a alrededor de 1.000 grandes empresas, según ha señalado la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, tras la aprobación este jueves del anteproyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en un Consejo de Ministros extraordinario. 

Los técnicos valoran esta medida en las últimas décadas como un primer paso. No obstante, la consideran insuficiente para reponer a medio plazo la recaudación perdida en los últimos 15 años en el Impuesto sobre Sociedades, el único tributo estatal que no ha tenido aumentos impositivos desde entonces, a diferencia de las dos subidas del IRPF e IVA y de las subidas de los Impuestos especiales.

Gestha atribuye el desplome del 57,7% de la recaudación devengada del Impuesto sobre Sociedades a los grandes grupos empresariales, que soportan un tipo efectivo del 6,6% en estos 15 años, 10 puntos menos que el resto de compañías, principalmente pymes.

Por ello, los técnicos confían en que, durante el trámite parlamentario, esta medida se adapte a la decisión que sobre la tributación mínima de las multinacionales se acuerde en la reunión de la OCDE/G20 prevista para finales de este mes. De esta manera, en su opinión, se evitaría que al menos 45 multinacionales españolas tributen solo un 2,3% por un beneficio de 277.659 millones.

En este contexto, Gestha reitera su petición al Gobierno para que trasponga la reciente Directiva de los Informes públicos de la tributación de las multinacionales 'País por País' para que se exija en los ejercicios que se inicien a partir de enero de 2022, y las multinacionales tributen mejor "para no perder reputación".

Asimismo, los técnicos desvelan que Irlanda, Países Bajos, Luxemburgo, Bélgica y Malta son los principales receptores de los beneficios de las multinacionales españolas, y proponen al Ministerio de Hacienda vigilar el comportamiento de las multinacionales españolas en Suecia, Dinamarca, Finlandia, Chipre, Lituania, Eslovenia y Letonia, que bien por sus bajos tipos efectivos, o bien por el escaso número de trabajadores desvelan altas rentabilidades por empleado.

Gestha señala que tras haber logrado el premio, el concursante del programa de Antena 3 se integrará en el reducido grupo de los mayores declarantes del IRPF, al que solo pertenecen el 0,05% de los contribuyentes, informa Europa Press. Antes del 30 de junio de 2022, Pablo deberá presentar su declaración de la Renta correspondiente a 2021 y afrontar un tipo efectivo del 44,71%.

Gestha puntualiza que no se ha podido acceder a las bases del Concurso en Antena 3, por lo que los importes de los premios obtenidos en 2020 y 2021 se han extraído de la información publicada.

Asimismo, los Técnicos de Hacienda desconocen otras circunstancias personales o familiares que aumenten el mínimo personal con carácter general y tampoco conocen los otros rendimientos ordinarios del concursante que habría que añadir el cálculo del IRPF al tipo marginal máximo, ni las reducciones y deducciones IRPF a las que podrían tener derecho.

No obstante, las anteriores limitaciones se pueden asumir para calcular estimativamente el impacto fiscal que le corresponderá al concursante en su residencia fiscal en la Comunidad de Madrid.

El tinerfeño Pablo Díaz ganó este jueves el bote de 1,8 millones de euros en el concurso Pasapalabra de Antena 3 tras completar las 25 definiciones de la prueba final de El Rosco. A sus 24 años, es también el concursante que más tiempo ha durado en la historia del espacio que presenta cada tarde Roberto Leal, con un total de 260 programas.

El joven contó con 176 segundos para completar la famosa prueba del programa y se enfrentó en este duelo final a Javier. Pablo consiguió completar todas las definiciones de El Rosco para llevarse el abultado premio de 1.828.000 euros, el tercero más alto del formato.

Los paraísos fiscales son, en realidad, infiernos para el resto de las naciones del planeta. Sumideros por los que cada año se escapan miles de millones que, como se ha podido comprobar con la pandemia, dejan de aprovecharse para comprar vacunas, contratar médicos y enfermeras o construir hospitales, también para apuntalar los estados de bienestar de quienes los disfrutan o para construirlos donde aspiran a tenerlos. El debate es recurrente y sube de temperatura con cada nueva investigación periodística (como la que ha empezado a publicar infoLibre) 0 cuando se anuncian acuerdos “históricos” que prometen una fiscalidad mundial más justa.

Pese a la dificultad de cuantificar una actividad financiera que se basa esencialmente en la opacidad, las cifras existentes muestran a las claras su gran volumen y la gravedad de sus consecuencias. Cerca del 40% de los beneficios que las multinacionales obtienen fuera del país donde tienen instalada su matriz se trasladan a paraísos fiscales. Son datos de 2017 aportados por los investigadores de la Universidad de Copenhague Thomas Tørsløv y de la Universidad de Berkeley Ludvig Wier y Gabriel Zucman, que han publicado en missingprofits.world. Son 700.000 millones de dólares en ganancias corporativas que reducen la recaudación fiscal mundial en más de 200.000 millones, el 10% de lo que ingresan las arcas públicas de todo el planeta.

Los países de la Unión Europea aparecen, además, como los principales perdedores de ese desvío de beneficios a territorios offshore, con baja o nula tributación y sin ninguna transparencia, puesto que pierden un 20% de sus ingresos tributarios. Por el contrario, los paraísos fiscales que atraen esos capitales recaudan más –porcentualmente respecto a su renta nacional– que Estados Unidos y la UE, subrayan los investigadores.

En concreto, España pierde cada año un 14% de su recaudación fiscal, 4.242 millones de dólares –3.482 millones de euros–, porque se le escapan 16.967 millones de beneficios que las grandes empresas envían a paraísos offshore. Pero lo más grave es que, de esa cantidad, el 85%, 3.606 millones, se traslada a paraísos fiscales situados dentro de la propia Unión Europea. Países Bajos es el primer receptor de beneficios perdidos –5.743 millones de dólares, que se traducen en 1.436 millones de impuestos distraídos– y Luxemburgo, el segundo. Cada año se le escapan a la Hacienda española en dirección hacia el Gran Ducado 4.226 millones de dólares –3.469 millones de euros– en beneficios de las grandes corporaciones, por los que deja de ingresar 1.056 millones de dólares –866,9 millones de euros– en impuestos. El 3% de su recaudación anual. Cantidades menores se desplazan a Bélgica, Chipre, Irlanda –3.313 millones de dólares en beneficios, 828 millones en impuestos– y Malta.

A paraísos fiscales extracomunitarios se transfiere menos dinero: 2.544 millones de dólares quedan sin gravar, lo que supone una pérdida de 636 millones para Hacienda. De ellos, 444 millones corresponden a Suiza. El resto se reparten entre las Islas Bermudas y otras plazas del Caribe, Hong Kong, Singapur…

Por el contrario, el 58% de la recaudación de Luxemburgo por el impuesto sobre sociedades procede de los 66.000 millones de dólares de beneficios que le envían las multinacionales desde países con tipos más elevados que el suyo, un 3% efectivo, según explican Tørsløv, Wier y Zucman. De los 3.300 millones de dólares que ingresa gravando las ganancias corporativas, 1.900 millones tienen su origen en el extranjero.

Tipos fiscales y pago de intereses 

Y es que, aunque el tipo máximo –nominal– de sociedades en Luxemburgo es del 24,94% –incluido un 7% de tasa de solidaridad y un 6,75% de tasa municipal en la capital del Gran Ducado–, puede reducirse al 15%, si la facturación de la empresa no supera los 175.000 euros, o al 17% si su volumen de negocio excede de 200.000 euros. Estos tipos pueden recortarse aún más si se hace uso de las exenciones de hasta el 25% durante ocho años que se ofrecen para atraer a empresas extranjeras.

Con esas tasas, Luxemburgo consigue recaudar el equivalente al 5,9% de su PIB, el país con mayor porcentaje de la UE junto con Chipre –5,9%– y Malta –5,7%–. España, en cambio, no reúne más que el 2,1% de su PIB gracias al impuesto de sociedades, un poco más que Italia –1,9%– y un poco menos que Alemania –2,7%– o Francia –2,8%–, según los cálculos del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha). Es decir, dos primeras potencias económicas como Berlín y París ingresan menos por los beneficios de las empresas que un pequeño país como Luxemburgo, de sólo 626.000 habitantes. Claro que el tipo máximo del impuesto de sociedades en España es del 25%, en Italia del 27,8%, en Alemania del 29,9%, en Francia del 34,4%...

Pero no es ése el imán irresistible para las grandes compañías. Sino que gran parte del traslado de beneficios se realiza a través del pago de intereses. Como detallan de nuevo Tørsløv, Wier y Zucman, los intereses netos pagados por las sociedades no financieras son especialmente elevados en Luxemburgo, lo que a su juicio revela pagos por valores “híbridos”; es decir, títulos “tratados como bonos [como deuda] a efectos fiscales en Luxemburgo y como acciones [capital] a efectos fiscales y regulatorios en otros países”. Así se evita el impuesto de sociedades.

Hay que recordar que Luxemburgo no practica retención alguna ni en los intereses por préstamos entre filiales del mismo grupo ni en los royalties de los pagos que las filiales creadas en el Gran Ducado hacen a sus matrices en terceros países, y ofrece exenciones a los dividendos si las sociedades cumplen determinadas condiciones. Lo mismo ocurre con las plusvalías, las ganancias de capital obtenidas por la venta o transferencia de activos.

Este conjunto de ventajas ha convertido Luxemburgo en una plaza atractiva para el capital corporativo internacional hasta el punto de que el 90% de las empresas domiciliadas en el Gran Ducado están registradas a nombre de ciudadanos extranjeros. De hecho, el 76% del valor añadido nacional luxemburgués procede del sector empresarial, mientras que en Estados Unidos esa cifra no supera el 57%.

El proyecto de ley contra el fraude fiscal, que se tramita en el Senado, amplía la definición de “paraíso fiscal”: no sólo los territorios que cumplan con los requisitos internacionales de transparencia o carezcan de acuerdos de intercambio de información tributaria con España serán desde ahora considerados “jurisdicciones no cooperativas”, sino también aquellos en los que exista “baja o nula tributación”. Este último criterio podría suponer, en teoría, la inclusión de paraísos europeos como Luxemburgo o Irlanda en la lista negra española. Al menos es la expectativa que sostiene Gestha. El problema es que aún hay que concretar cuánto de baja debe ser esa tributación. El proyecto sólo establece que será “un nivel impositivo efectivo considerablemente inferior, incluido el tipo cero, al exigido en España en un impuesto idéntico o análogo al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, al Impuesto sobre Sociedades o al Impuesto sobre la Renta de no Residentes”.

Y, como resalta Xavier Varela, vocal de la Asociación de Inspectores de Hacienda (IHE), más que la baja tributación el verdadero problema es la opacidad. Y que las rentas pasivas –dividendos, royalties, intereses– no se graven en Luxemburgo. También que no pueda identificarse a los verdaderos titulares de las sociedades, ocultos tras testaferros o sociedades pantalla. “La ocultación es el auténtico fraude”, subraya.

Intercambio de información

No obstante, tanto Varela como José María Mollinedo, secretario general del sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha), coinciden en asegurar que Luxemburgo “colabora” cuando España le pide información. El acuerdo de intercambio funciona. Es automático y los datos se remiten cada mes de octubre con la información acumulada del ejercicio precedente. Los miembros de la UE tienen la obligación de comunicar los tax rulings –acuerdos fiscales con empresas o contribuyentes concretos– que firman, y Luxemburgo lo hace, indica Xavier Varela. También informa si la Agencia Tributaria le solicita datos sobre las cuentas bancarias de una sociedad o un contribuyente español concreto o le pregunta quién es el titular real de una empresa. Lo mismo ocurre con las peticiones singulares de información, añade Mollinedo. Incluso existen mecanismos para que los inspectores de Hacienda españoles puedan viajar a Luxemburgo y comprobar in situ in situsi una determinada sociedad existe, por ejemplo. “Pero no se suele ir, porque el país colabora”, matiza Varela.

La ventaja de la que se aprovecha Luxemburgo –también Países Bajos– es que funciona como un auténtico “caballo de Troya” en la Unión Europea. Es la puerta de entrada en el selecto club continental, advierte el inspector de Hacienda. “De esta forma puedes utilizar los convenios internos, como la directiva matriz/filial [que exime de retención en origen a los beneficios pagados por la filial a su sociedad madre], de los que están excluidos terceros países”, precisa Xavier Varela.

También es un paraíso para las grandes fortunasparaíso para las grandes fortunas. Muchos artistas, añade el vocal de IHE, cobran royalties a través de sociedades constituidas en Luxemburgo, tras conseguir un tax rulingtax ruling que les garantiza que no tendrán que tributar por, digamos, sus conciertos. “Esos royalties nosotros ni los vemos”, se queja. En otros casos, los ultrarricos utilizan Luxemburgo para que sus fondos “fluyan hacia otros países”. Además, los luxemburgueses pueden presumir de ser “muy eficientes”, “muy profesionales” y “muy rápidos” constituyendo sociedades. Lo que no quiere decir que sean baratos. Exigen unas comisiones muy elevadas, apunta Varela, por sus servicios de gestión. No es muy distinto a lo que ocurre en Suiza, donde cobran “hasta por el anonimato”.

Apenas un 3% del beneficio, ni siquiera un 3% de las ventas

En todo caso, el inspector de Hacienda echa en falta una necesaria “armonización” fiscal dentro de la UE. Ya se ha conseguido en los impuestos especiales y el IVA, explica, pero está pendiente la imposición directa, que “cada vez da más problemas al generar distorsiones”. Por eso saludaría que se estableciera una retención en salida de los dividendos, por ejemplo. Y aplaude tanto los informes país por país, obligatorios para las multinacionales, que acaban de aprobar el Parlamento Europeo y el Consejo, como los registros de titularidades reales que deben poner en marcha ya los Estados miembros. “Esta década y este año ha habido muchísimos avances, desde la estrategia contra la erosión de las bases imponibles de la OCDE y las directivas de cooperación fiscal (DAC) hasta el acuerdo del G7 anunciado esta semana”, enumera. Nada que ver, recalca, con los problemas para recabar información de otros países hace sólo seis años.

Pero tanto Varela como Mollinedo advierten de que ese tipo mínimo del 15% recién publicitado es “insuficiente”. “La estructura va a estar ahí”, concede el inspector, pero el responsable de Gestha no duda en calificar de “decepcionante” que sólo se vaya a gravar “el 15% del 20% de los beneficios” obtenidos por las multinacionales fuera de su territorio de origen. “Es decir, apenas un 3% del beneficio, ni siquiera un 3% de las ventas”, protesta José María Mollinedo. “Por eso están tan contentas las grandes compañías”, lamenta, que a cambio van a conseguir también la supresión de las tasas Google europeas. El responsable de Gestha confía, no obstante, en que el G20 y la OCDE tengan “mayor ambición” y suban el mínimo.

Para Xavier Varela, no hay duda de que estos últimos años se está “arrinconado” más a los paraísos fiscales, pero también recuerda que no han dejado de adaptarse a la cada vez mayor “presión” ejercida contra ellos. José María Mollinedo cree que los paraísos fiscales dentro de la UE perderán atractivo con el nuevo tipo mínimo, pero eso no significa, ni de lejos, que las multinacionales vayan a desmantelar sus estructuras en Irlanda o Luxemburgo. “Viven más de la opacidad que de los tipos bajos”, insiste Varela.

Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) confían en el aumento de sus competencias para reducir la economía sumergida hasta el 10% del PIB en 2050, objetivo que recoge la estrategia España 2050 presentada este jueves por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, según informa Europa Press. 

"Gestha comparte el reto de rebajar el peso de la economía sumergida hasta situarlo, al menos, en niveles similares al de los países más desarrollados de la UE-8", ha señalado la organización a través de un comunicado.

Para ello, recomienda su evaluación sectorial y territorial, la creación de un cuerpo superior técnico de Hacienda, el aumento de plantillas en el Ministerio y de la colaboración entre administraciones tributarias y su transparencia, y el incremento de la prescripción tributaria, al menos, a cinco años; medidas todas ellas para converger con la media europea, tal y como se debatirá el próximo martes en la Ponencia para aprobar la futura Ley de prevención y lucha contra el fraude fiscal.

De igual modo, aboga por la adaptación de los sistemas de acceso a la función pública y la mejora de la capacitación y competencias del funcionariado con planes de recualificación permanente.

Subir la presión fiscal al 43%

Además del elevado peso de la economía sumergida, los técnicos señalan que igualar la capacidad recaudatoria del sistema fiscal español al de la media de la UE-27 permitiría poner en marcha políticas sociales que reduzcan significativamente la desigualdad y la pobreza.

Para ello, la estrategia contempla el objetivo de que la presión fiscal aumente progresivamente hasta el 43% en 2050 con el objetivo de financiar el aumento del gasto público en protección social hasta converger con la media de la UE-8.

En paralelo, los técnicos comparten algunas medidas específicas incluidas en la estrategia para reducir el fraude fiscal y fortalecer la concienciación social, como el refuerzo de los recursos dedicados a la investigación tributaria, la mejora de la coordinación entre la AEAT y las haciendas autonómicas, el impulso del uso de las nuevas tecnologías, la Inteligencia Artificial y el tratamiento de datos masivos o la puesta en marcha de campañas de comunicación y de concienciación fiscal de los ciudadanos.

Coincide en que se acometa una reforma integral en impuestos

Gestha coincide en la necesidad de acometer una reforma integral del impuesto sobre la renta, patrimonio y sucesiones y donaciones, así como en la de ampliar las bases de los tributos, ya que en su opinión ésta es la principal causa de la baja capacidad recaudatoria del sistema fiscal. En este contexto, también respalda el objetivo de racionalizar la fiscalidad corporativa y su armonización internacional.

Asimismo, los técnicos creen que debe replantearse el papel de las haciendas autonómicas para evitar estrategias de competencia fiscal indeseables, las cuales minan el alcance recaudatorio y progresivo de estos impuestos y el principio de igualdad en nuestro país.

Elevar el gravamen de bebidas alcohólicas, tabaco y combustibles derivados del petróleo hasta converger con los principales países de la UE, con incentivos fiscales para la transición ecológica, sería otro de los retos compartidos.

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han propuesto dedicar 1.035 millones de euros que se recaudarían con el cambio de tributación de las declaraciones conjuntas a políticas activas de empleo para mujeres, en particular de la mujer casada y monoparental, según han informado en un comunicado.

Gestha ha enmarcado esta propuesta en el compromiso del Gobierno de sustituir las actuales bonificaciones en el IRPF alegando que no se incentiva la entrada de la mujer en el mercado laboral. Asimismo, los técnicos han señalado que los 1.035 millones corresponden al "exceso de regresividad" que tienen las reducciones vigentes en las rentas por encima de los 18.732 euros.

De este modo, los técnicos adelantan que se podría recuperar el sistema vigente entre 1999 y 2006, cuando el incentivo fiscal consistía en incrementos del mínimo personal según el tipo de unidad familiar y de las características de sus miembros. En su opinión, esta solución trataría a todas las unidades familiares por igual, con independencia de su nivel de ingresos, de la misma forma que hoy ocurre con los hijos o las situaciones de discapacidad.

Gestha estima que en 2020 podrían presentarse 3,37 millones de declaraciones conjuntas, es decir, el 16,5% de los 20,83 millones que se esperan en esta campaña, y que el importe de la reducción por tributación conjunta habrá disminuido un 8,6% durante el bienio 2019-2020 como consecuencia de la paulatina inclusión de la mujer en el trabajo.

Los técnicos apuntan que la serie histórica demuestra un continuado retroceso del coste de este beneficio, alterado entre 2011 y 2013 por la recuperación de la crisis financiera, hasta que en 2017 el coste de la tributación conjunta alcanzó los 2.156 millones de euros, con un 9,7% de beneficiarios.

No obstante, Gestha asegura que estas familias no se verían afectadas de la misma manera con el cambio.

Los técnicos explican que los declarantes cuya renta sea tal que el tipo efectivo es cero o negativo no se beneficiarían de la reducción. En cambio, añaden que la mitad de los declarantes con mayor renta serían los más perjudicados porque acumulan el 85% del coste recaudatorio total, que en el caso del 10% de mayor renta neta acumulan el 21,5% del coste. Y que cuanto mayor sea el tipo marginal del contribuyente, mayor sería esta reducción.

En este sentido, los técnicos aclaran que la tributación conjunta supone un ahorro fiscal para todos los hogares en los que el segundo perceptor no aporta ingresos o aporta hasta un máximo del 10% de los ingresos totales. Y que conforme el segundo perceptor tiene mayores ingresos, interesa más la tributación individual que la conjunta.

Con respecto a los beneficiarios según la edad, Gestha detalla que estos se concentraron en 2020 entre los contribuyentes que obtienen la mayor renta en cada hogar, es decir, los que oscilan entre los 48 y los 57 años.

Según el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, "este beneficio fiscal no incentiva la participación laboral de los segundos perceptores de renta (principalmente mujeres con salarios bajos), lo que acentúa los problemas de las dos brechas de género en España, donde las mujeres aún cobran 5.000 euros menos que los hombres, y la participación de la mujer en el trabajo es cerca de 10 puntos porcentuales menor que la tasa de empleo masculina".

El sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) considera que los incentivos fiscales propuestos por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para regular los alquileres "no lograrán los objetivos previstos en las zonas tensionadas", según se desprende del informe elaborado por la organización al que ha tenido acceso Europa Press.

De acuerdo con la propuesta de Ley de Vivienda del Ministerio de Movilidad, Transportes y Agenda Urbana, los propietarios que rebajen un 10% la renta del contrato en alquiler de su vivienda en zonas tensionadas tendrán derecho a una reducción del 90% sobre el rendimiento neto en su declaración del IRPF.

"Es de suponer que a los propietarios rebajarán, al menos, un 10% la renta del alquiler en las zonas tensionadas si les compensa el efecto real de la reducción del 90% en la base liquidable", comienzan apuntando los Técnicos.

Sin embargo, creen que la propuesta arroja una desventaja media para el propietario, que se calcula por la diferencia entre la rebaja de alquiler exigida y el ahorro fiscal por la reducción del 60% actual al 90% en el IRPF.

Según han explicado los Técnicos, esta reducción dependerá del tipo impositivo de cada contribuyente al disminuir la progresividad (que afecta a todas las rentas del trabajo o de la actividad económica) por el aumento de la reducción fiscal de las rentas del arrendamiento de vivienda.

"Esto no significa que individualmente a algún propietario concreto le pueda interesar, pero en términos medios la propuesta no les beneficia a los propietarios medios, por lo que la medida propuesta, tal como está conocida, no logrará los objetivos previstos en las zonas tensionadas", exponen los técnicos.

Además, como segunda conclusión, Gestha cree que las reducciones fiscales en la base aumentan la regresividad, pues "proporcionalmente benefician más a quien más gana".

La Asociación de Técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, ha advertido este vierens de que la "lentitud" en la investigación al rey emérito que están teniendo tanto la Agencia Tributaria como la Fiscalía puede librarle de sus responsabilidades penales y fiscales. Según los cálculos de los Técnicos, el rey no habría declarado más de 7 millones de euros por los viajes pagados por su primo, pero avisan de que eso no cuadra con lo declarado por Alvaro Jaime de Orleans-Borbón contenido en la Comisión Rogatoria del fiscal de Ginebra, como recoge Europa Press. Esta advertencia de Gestha se produce después de que se haya hecho público que el rey emérito ha realizado una nueva regularización con Hacienda por la que ha tenido que pagar 4,1 millones de euros.

En cuanto a la cantidad regularizada por parte del rey emérito, los Técnicos de Hacienda calculan que puede estar entre 7,471 y 7,251 millones de euros, en función de si se hace repartiendo la regularización de los vuelos que le habría sufragado la fundación Zagatka, con sede en Liechtenstein, entre los ejercicios 2016, 2017 y 2018 o si lo hace por el saldo de las cuentas en el IRPF de 2016, que no ha prescrito. En ambos casos el pago al fisco ascendería a 4,1 millones de euros.

Sin embargo, Gestha tiene dudas acerca de los hechos regularizados, ya que encuentra una contradicción con el apartado sexto de la Solicitud de asistencia de la comisión rogatoria que envió el 16 de agsto de 2019 el fiscal de Ginebra, en la que señala que, según Alvaro Jaime de Orleans-Borbón, primo del rey y titular de la Fundación Zagatka, esta pagó un importe aproximado de 3 millones de euros en los gastos de viajes de Juan Carlos I y Corinna.

Según esto, Alvaro de Orleans habría reclamado a su primo, el rey emérito, que le reembolsara los gastos relativos a esos viajes y por ello, el 4 de enero de 2011, le fue transferido a la cuenta de Zagatka, por mediación de Dante Canónica, la suma de 2.867.722 euros de los viajes en los que habría incurrido Corinna.

Hacienda ha actuado "arrastrando los pies" por no abrir investigación

José María Mollinedo ha asegurado, en declaraciones a Europa Press, que la Agencia Tributaria ha actuado durante estos años "arrastrando los pies" por no abrir una investigación fiscal al rey emérito a pesar de todos los indicios con los que contaba. Entre ellos cita el comunicado de Zarzuela de marzo de 2020 en el que considera que se viene a reconocer que el rey había sido beneficiario de unas fundaciones, Lucum y Zagatka, radicadas en los paraísos fiscales de Panamá y Liechtenstein.

En su opinión, si se tratara de cualquier otro contribuyente, la Agencia Tributaria le habría abierto una investigación, pero cree que en este caso ha habido "escudos fiscales" por que no se ha abierto a pesar de que estima que hay indicios sólidos desde 2018 para haberla emprendido.

De hecho, recuerda que la Fiscalía Anticorrupción ya pidió al juez Egea en septiembre de 2018 que preguntara a la ONIF información si el rey emérito tenía cuentas en el extranjero. Sin embargo, recuerda que esta Unidad especializada en la investigación del fraude fiscal "despachó el asunto en 24 horas" al asegurar que no les constaba en sus bases de datos.

Por el contrario, Mollinedo considera que la presentación de sucesivas declaraciones complementarias por parte del rey Juan Carlos demuestra que sí tenía intereses en el extranjero y aunque es posible hacerlo si se refieren a distintos impuestos o años no prescritos, reclama que la Agencia Tributaria compruebe si esas declaraciones que ha realizado el emérito son "completas y veraces", como establece la Ley, y si se refieren a hechos que la Fiscalía del Tibunal Supremo no le ha notificado que los esté investigando.

Piden 100 técnicos para ayudar a los fiscales del Supremo

En este sentido, la Asociación de Técnicos de Hacienda recuerda que el 5 de junio de 2020 la Fiscalía del Tribunal Supremo asumió la investigación de la causa "AVE del desierto". Posteriormente, el pasado noviembre, el ministerio Público abrió unas diligencias de investiación por los fondos que el rey emérito recibió de un empresario mejicano y por su uso con tarjetas opacas. Y añaden que "aún queda una tercera investigación tras el aviso del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales a la Fiscalía Anticorrupción de un 'trust' en la isla de Jersey que se nutre de fondos en las islas del canal.

Mollinedo reitera la petición a Hacienda de que abra una investigación fiscal al rey emérito y de que dote con un centenar de técnicos e inspectores de Hacienda a los cuatro fiscales del Tribunal Supremo que están investigando estos hechos para que puedan averiguar lo más pronto posible la implicación del monarca emérito.

En este sentido, Gestha recuerda que si Juan Carlos de Borbón ha cumplido todos los requisitos en sus declaraciones complementarias, según la ley vigente "ni siquiera sería calificado como un infractor tributario". Por ello, al ser calificada la regularización de "voluntaria y espontánea" se libraría de todas las responsabilidades penales y tributarias.

Los Técnicos de Hacienda creen que la ley da un trato muy favorable a las personas que regularizan su situación fiscal, mucho más que si defraudan a la Seguridad Social o con los fondos europeos. Por ello, lamenta que este trato "tan favorable" no se haya corregido en el Proyecto de Ley Antifraude que está en tramitación y para el que pide que se modifique el Código Penal en este sentido.

La Agencia Tributaria debería abrir una investigación sobre la operación suscrita en 2017 por el Real Madrid con el fondo de inversión Providence Equity Partners, que utiliza una estructura societaria basada en hóldings domiciliados en Luxemburgo y en el paraíso fiscal de las Islas Caimán, según ha declarado el presidente del sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), Carlos Cruzado en la Cadena Ser.

“Estamos acostumbrados a ver estos entramados societarios, que van de la ilusión al incumplimiento legal”, aseguró Cruzado al ser preguntado por la información publicada por infoLibre a partir de los documentos de Football Leaks compartidos por Der Spiegel con la red European Investigative Collaborations (EIC).

En noviembre de 2017 el Real Madrid firmó un contrato de cuenta en participación (silent partnership en inglés) con la filial luxemburguesa de un fondo de inversión estadounidense, Providence Equity Partners: a cambio de recibir 200 millones de euros en cuatro años, el club le retribuiría con una parte de sus ingresos por patrocinio. La provisión de esa cantidad por parte de la sociedad de Luxemburgo está garantizada por dos hóldings domiciliados en el paraíso fiscal de las Islas Caimán.

El club blanco fue consciente desde el primer momento de los riesgos “reputacionales y de imagen” que contraía al firmar un acuerdo con una “sociedad instrumental” cuyos beneficiarios últimos están radicados en un paraíso fiscal. La advertencia la hizo el propio director financiero en correos electrónicos que envió al resto del equipo directivo del Real Madrid. También alertó de los riesgos fiscales: si la Agencia Tributaria inspecciona al club y considera que la sociedad luxemburguesa no es el beneficiario efectivo de los pagos del Real Madrid, podría calificar de “fraude de ley” la interposición de esa filial para “obtener una ventaja fiscal”. “Las probabilidades de que esto ocurra son muy elevadas”, subraya.

“La Agencia Tributaria debería abrir una investigación para comprobar si el Real Madrid hizo la retención legal”, ha explicado Carlos Cruzado. Además, explica, el fondo creó “una sociedad ad hoc en Luxemburgo, con un capital social muy pequeño, 20.000 euros, a todas luces insuficiente para las cantidades del contrato, y con sociedades en las Islas Caimán que avalan los pagos del fondo, por lo que da la impresión de que es una operación diseñada para evitar la retención del 24% que corresponde a los paraísos fiscales”.

Según establece la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas No Residente (IRNR), las retribuciones que el Real Madrid paga al fondo deberían sufrir una retención del 10% si la sociedad receptora estuviera enclavada en Estados Unidos –Providence tiene su sede social en Rhode Island–, del 19% si estuviera en España, pero del 24% si la entidad se encuentra en un paraíso fiscal. En cualquier caso, las leyes españolas, continuó detallando Carlos Cruzado, incluyen toda una serie de claúsulas anti-paraísos fiscales para evitar que las sociedades y los particulares puedan eludir el pago de impuestos.

El colectivo de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ha indicado este lunes que la investigación de los delitos fiscales por parte de la Agencia Tributaria (AEAT) se ha desplomado un 76% en la última década, mientras que las cuotas defraudadas en los presuntos delitos denunciados cayeron un 85%, informa Europa Press.

Gestha, que ha propuesto modificar el delito fiscal en la nueva ley de lucha contra el fraude que tramita el Congreso, achaca este desplome a las normas internas de la AEAT, las cuales "impiden" terminar a los técnicos de Hacienda las investigaciones de los delitos fiscales que descubren y concentran la resolución de estos casos "en unos pocos jefes de equipos".

De igual modo, Gestha denuncia que la AEAT viene primando el número de comprobaciones sobre autónomos y pequeñas empresas, a los que dedica al 80% de los efectivos, en lugar de poner la lupa sobre las grandes fortunas y grupos empresariales.

Por ello, pide al Gobierno que les permitan investigar los fraudes más sofisticados y abultados, pues el fraude fiscal provoca unas pérdidas en España de unos 91.600 millones de euros anuales, al tiempo que denuncia que en España cada año se evaden unos 31.800 millones de euros en impuestos y cuotas a la Seguridad Social por encima de la media sumergida europea, y que la economía española sumergida es un 65% mayor que la media europea.

Por otra parte, los técnicos de Hacienda informan de que la AEAT pierde el 42,8% de las reclamaciones económico-administrativas de los contribuyentes, lo que atribuyen a que se prioriza el número de comprobaciones sobre la calidad de la lucha contra el fraude.

En este sentido, concretan que solo un 7,3% de los actos de la AEAT fueron reclamados por los contribuyentes, principalmente porque algunas liquidaciones de importes menores o denegaciones de aplazamientos o recursos "se consienten y no son reclamados".

Por todo ello, Gestha pide al Gobierno que en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021 incluya tres medidas organizativas y operativas necesarias para reducir la economía sumergida. La primera sería la creación de un cuerpo superior técnico que permita aumentar las funciones y responsabilidades de los técnicos de Hacienda.

Las otras dos medidas para luchar contra el fraude pasarían por aumentar la plantilla de la AEAT a medio plazo entre 15.000 y 17.500 efectivos más hasta equipararse a la media de las administraciones tributarias europeas, y por encargar a expertos independientes que realicen estimaciones periódicas de la economía sumergida y del fraude fiscal y laboral en España para promover que se reduzca el fraude que crece desde 1980.

El presidente de Gestha, Carlos Cruzado, ha pedido a la ministra María Jesús Montero, que valore el trabajo "altamente especializado" que desarrollan los técnicos en el Ministerio de Hacienda. "Sobre todo en momentos como el actual, en los que el aumento del gasto público para hacer frente a la pandemia requiere un incremento de los ingresos para no desviar aún más el déficit público", subrayó en un comunicado.

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han recomendado este miércoles a los trabajadores afectados por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) que soliciten al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) que retenga el IRPF o a sus propias empresas que realicen un ajuste y apliquen una mayor retención para evitar "sustos" en la próxima declaración de la renta, según informa Europa Press.

Gestha explica que las personas acogidas a un ERTE tendrán este año dos pagadores: su empresa y el SEPE, por lo que la obligatoriedad para hacer la declaración se reduce desde los 22.000 a los 14.000 euros anuales. "Dada la escasa o nula retención aplicada a las prestaciones públicas (del ERTE), la carga tributaria se trasladará a la declaración de la renta de 2020", avisa.

Por eso, los técnicos de Hacienda aconsejan a los afectados pedir al SEPE, pagador de la prestación del ERTE, que retenga el IRPF o a la empresa que haga ajustes en la retención.

De esta manera, precisan, el pago sería el mismo, pero cuanto mayor sea la retención mensual, menor será el posible impacto que tendrá el cobro de la prestación del ERTE en la próxima declaración de la renta.

En todo caso, el resultado de la misma variará en función de las circunstancias de cada trabajador y el cobro de los ERTE afectará fundamentalmente a quienes tienen unas percepciones mayores.

El colectivo de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ha lamentado este miércoles la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (TUE), que rechaza que Apple tenga que devolver 13.000 millones a Irlanda por supuestas ayudas fiscales ilegales, y ha añadido que el fallo "echa por tierra" los esfuerzos de la Comisión Europea para evitar que las multinacionales evadan impuestos. En un comunicado recogido por Europa Press, Gestha ha criticado también que el nuevo presidente del Eurogrupo y ministro de Gasto Público y Reformas de Irlanda, Paschal Donohoe, haya celebrado la decisión del TUE, dado que "debe velar" por los intereses comunes de los países de la eurozona y no solo por los específicos de su país.

En este sentido, los técnicos de Hacienda advierten de que el TUE ha sentado un "mal precedente" para otras multinacionales domiciliadas en Irlanda, Países Bajos y Luxemburgo, en estos momentos en los que urge incrementar los ingresos para sufragar el aumento de gasto público necesario para superar la crisis económica y social derivada de la pandemia en la mayoría de los países del club comunitario.

Así, opinan que esta decisión judicial revela la "fragilidad" del control tributario europeo, que contrasta con el vigor de la normativa de EE.UU., que provocó que Apple anunciara hace dos años que pagaría en aquel país 31.000 millones de euros por los beneficios que genera en el extranjero, los repatríe o no.

Por ello, los técnicos de Hacienda defienden un cambio de las normas de funcionamiento de la UE que permita derogar esos regímenes fiscales "perniciosos" para el resto de países europeos, dada la "imperfección" de perseguirlos como ayudas de Estado contrarias a la libre competencia.

Los técnicos confían en que la Comisión Europea presente un recurso de casación en el plazo de dos meses para que el TUE pueda revocar la sentencia, tal como ha informado la vicepresidenta del Ejecutivo, responsable de Competencia, Margrethe Vestager.

Por último, Gestha cuestiona la responsabilidad social de las multinacionales que obtienen beneficios mil millonarios y evaden impuestos y, en este contexto, recuerda que, según la OCDE, las pérdidas de recaudación en todo el mundo por la ingeniería fiscal de las multinacionales oscilan entre los 100.000 y los 240.000 millones de dólares al año.

En el caso de España, afirma que 134 multinacionales españolas cuentan con 10.967 filiales en el extranjero. De ellas, 49 multinacionales, con un beneficio neto mundial de 28.835 millones, tributaron con un tipo real del 3,1% de media.

Por ello, Gestha pide al Ministerio de Hacienda que promueva que se establezcan cláusulas de contribución real de pago de impuestos en España por los beneficios obtenidos para contratar con las Administraciones Públicas, para disfrutar de beneficios fiscales de cualquier naturaleza, o para obtener autorizaciones, concesiones o subvenciones administrativas.

Según el secretario general de los Técnicos de Hacienda, José María Mollinedo, "esta sentencia es una mala noticia para la UE que debería ser apelada para que el Tribunal considere que Irlanda prestó una ayuda de Estado ilegal a Apple".

"En caso contrario, la UE tendría que replantearse la adopción de normas fiscales exigentes contra la elusión de las grandes empresas. Los paraísos fiscales y la competencia fiscal a la baja son una amenaza para el bienestar de los ciudadanos de la UE", subraya Mollinedo.