El exjefe de la Casa Real Rafael Spottorno ha reconocido en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional por el escándalo de las tarjetas black contra 65 exdirectivos y exconsejeros que a finales de 2014 devolvió 11.953 euros a Bankia después de que la entidad financiera se los reclamara.

"Me llamó el director de personal de Bankia, el señor Chozas, y me dijo que en la contabilidad había aparecido que yo había consumido 11.953 euros, y teniendo en cuenta que yo no pasé a Bankia, me dijo que carecía de sentido que fuera una deuda de Bankia y que lo reclamarían. Me pareció razonable, porque nunca llegué a trabajar en Bankia", ha completado Spottorno al tribunal presidido por la magistrada Ángela Murillo.

El exjefe de la Casa Real, al igual que varios de los procesados, ha asegurado que el dinero que gastaban con la tarjeta de crédito era un complemento retributivo a su sueldo: "Era de libre disposición y no tenía información ni extractos. Me dijeron que el titular era Caja Madrid y que la caja, como titular, se ocuparía de todos los aspectos", ha declarado Spottorno que ha continuado su explicación: "Era parte de mi retribución".

Pero entonces el fiscal del caso, Alejandro Luzón, le ha preguntado si había pactado este sobresueldo con Miguel Blesa, a lo que Spottorno contestó de forma afirmativa: "Justo unos días antes de ser nombrado director del patronato de la Fundación Caja Madrid tuve una reunión con el presidente y me explicó como funcionaba la Fundación, las funciones y lo que se esperaba de mí, pero también la retribución que iba a tener, la fija, la variable y una tarjeta", ha completado Spottorno.

Asimismo, el fiscal ha interpelado a Spottorno, que ha destacado que tenía derecho a la black como integrante del comité de dirección de Caja Madrid, sobre si había tributado los gastos que hizo con la tarjeta, que según la denuncia de Luzón fueron 235.818 euros.

"Yo tributaba por lo que mi empleador me decía que me había pagado. He trabajado 47 años de mi vida y 38 como funcionario y nunca en todos esos años he discutido ni he revisado si el certificado era correcto", se ha defendido el exjefe de la Casa Real de Juan Carlos I.

El exjefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno, pidió este miércoles a los agentes que se encontraban a las puertas de sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares que apartaran a un grupo de preferentistas que le increparon con gritos de "ladrón" minutos antes de que arrancara una nueva sesión del juicio de las tarjetas black, según informó Europa Press.

El exdirector de la Fundación de Caja Madrid formuló esta petición al agente, el cual se le remitió a su superior, aunque la respuesta fue una negativa argumentando que se trata de un espacio público y por tanto no se les puede prohibir que estén en la calle.

Desde que comenzó el juicio el pasado 26 de septiembre, numerosos preferentistas se dan cita en la sede de la Audiencia Nacional a primera hora de la mañana para recibir con gritos de "ladrones" y "chorizos" a los 65 exaltos cargos y directivos de Caja Madrid y Bankia, y desde este martes además a los 37 encausados en la primera parte de la trama Gürtel.

Los preferentistas suelen ubicarse en frente de la sede donde también están apostados numerosos periodistas gráficos que siguen las vistas de los dos juicios debido a la gran relevancia mediática que despiertan. En algunas ocasiones se les puede ver con pancartas en las que responsabilizan a los beneficiarios de las tarjetas opacas del rescate de Bankia.

Así, los principales abucheos van destinados a los expresidentes de Caja Madrid y Bankia, Miguel Blesa y Rodrigo Rato, respectivamente, cuyas entradas al edificio suelen venir acompañadas de insultos y pitadas, aunque Spottorno es otro de los encausados que más silbidos recibe, motivo por el cual pidió sin éxito a los agentes que retiren a este reducido grupo de la zona.

El expresidente de Bankia Rodrigo Rato, y el exjefe de la Casa del Rey Rafael Spottorno han acudido esta mañana a la Audiencia Nacional para recoger el auto de apertura de juicio oral que dictó la pasada semana contra ellos el juez Fernando Andreu por la utilización de las tarjetas black.

Rato ha sido el más madrugador al acercarse a las 9.30 horas de este lunes a la sede que la Audiencia Nacional tiene en la calle Génova de Madrid y a donde a mediodía ha llegado Spottorno, el último jefe de la Casa del Rey con Juan Carlos I.

El ex director general de Economía de la Comunidad de Madrid, Pablo Abejas, ha recogido también este lunes el auto de apertura de la vista oral, al igual que lo hizo la pasada semana el expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, y el que fuera su número dos Ildefonso Sánchez Barcoj.

Los investigados están recogiendo durante estos días el auto que dictó el magistrado el pasado lunes, cumpliendo así un trámite que tienen que hacer de forma personal en el juzgado. El único de los imputados que permanece en prisión es el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, quien están cumpliendo condena por el caso Marsans.

Andreu envió el pasado 8 de febrero el caso de las tarjetas black a la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal para sentar en el banquillo a 66 exdirectivos y exconsejeros de Caja Madrid y Bankia propuestos por PP, PSOE, IU, el empresariado y los sindicatos.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 cerró el pasado diciembre la instrucción al concluir que existen indicios de administración desleal por parte de los imputados que ocuparon cargos en los Consejos de Administración de ambas entidades (órganos que aprobaron el uso de los plásticos), y de apropiación indebida en el caso del resto de directivos que los utilizaron.

La Audiencia Nacional ha reabierto la causa que seguía contra el exjefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno, y otros 11 exdirectivos que utilizaron las tarjetas black de Caja Madrid, al considerar que "al menos en este momento" no se puede establecer que estos gastos "formaran parte de su retribución fija", como consideró el juez instructor, Fernando Andreu.

Así consta en un auto dictado este viernes por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal en el que admite un recurso presentado por UPyD –que ejerce la acusación popular en el procedimiento– y revoca el auto de archivo dictado el pasado 5 de mayo por el magistrado, que considera "precipitado".

El tribunal destaca que las tarjetas black, en las que estos 12 exdirectivos gastaron 3,4 millones de euros, "carecían de soporte o justificación contractual" y que la entidad no practicaba "la retención oportuna", como se habría hecho de haber sido "verdaderas remuneraciones".

Tres fundaciones de Comisiones Obreras (CCOO), sindicato cuyo apoyo a Miguel Blesa fue clave para que el presidente de Caja Madrid se mantuviera al frente de la entidad financiera durante trece años (1996-2009), recibió entre 1998 y 2011 más de 2,5 millones de euros en subvenciones procedentes de la Fundación Caja Madrid, presidida por el propio Blesa, y cuyo director era Rafael Spottorno, que fue la mano derecho del rey Juan Carlos I en la Casa del Rey.

infoLibre ha tenido acceso, gracias al BuzónX de filtraciones del grupo activista Xnet, a los convenios firmados entre Spottorno y los dirigentes de tres de las fundaciones ligadas a CCOO: la Fundación Ateneo Cultural 1º de Mayo (por un importe total de 1,32 millones de euros), la Fundación Sindical de Estudios (por más de 410.000 euros) y la Fundación 1º de Mayo (por 825.000 euros).

Éste último patronato, la Fundación 1º de Mayo, está adscrito a CCOO federal, mientras que las otras dos, que se han fusionado para crear la Fundación Sindical Ateneo 1º de Mayo, depende de la federación de Madrid.

CCOO muestra las memorias

Desde el pasado martes infoLibre ha publicado los contratos firmados entre 1997 y 2011 por la Fundación Caja Madrid con 13 patronatos ligados al PP, PSOE, Izquierda Unida y CCOO. Estas fundaciones ingresaron en este periodo más de 14 millones de euros. Y especialmente tres de las que más dinero ingresaron apenas han tenido actividad pública alguna. Se trata de Fundescam, del PP, que obtuvo 1,3 millones; la Fundación para el Análisis de los Problemas de las Ciudades (PSM-PSOE), que ingresó 3,4 millones; y Fundeste (IU), con 1,7 millones. 

Este diario solicitó la documentación que acredite la realización efectiva de las actividades subvencionadas por Caja Madrid, sin que ninguna de las tres aportara dato ni documento alguno.

No es el caso de los patronatos de CCOO, que en todo momento se han ofrecido a facilitar la información requerida: "Concurríamos a las subvenciones en igualdad de condiciones que el resto de fundaciones, y los fondos recibidos se han asignado de forma íntegra a desarrollar las actividades", explica Manuel Fernández Albano, secretario de Comunicación de CCOO Madrid, que ahonda en la legalidad de la utilización de las ayudas: "Todos los gastos están perfectamente auditados y justificados, y nosotros tenemos copias de todo ello y lo ponemos a disposición de infoLibre".

Fernández Albano rechaza que las ayudas se hayan destinado a financiar el sindicato. "Si alguien entra en la página web de las fundacionesde CCOO se puede ver qué catedráticos han elaborado estudios, que están a disposición de todo el mundo. Ademas de otras muchas actividades".

"Y el Ateneo Cultural organizaba actividades como por ejemplo, certámenes de cine o literarios", completa este dirigente del sindicato, que destaca que se creó un banda de música. "Y todas estas actividades incluían el logotipo de Caja Madrid".

Fernández Albano destaca que muchas de las actividades eran cofinanciadas por el propio sindicato, y rechaza que las ayudas se efectuaran por el apoyo del sindicato a Blesa. "Yo desconozco la relación de Comfia-CCOO con Blesa, pero lo que puedo decir es que las fundaciones del sindicato concurrían a las subvenciones y las actividades se realizaron de forma efectiva".

Los firmantes de los convenios

La dirigente del sindicato que más acuerdos firmó con la Fundación Caja Madrid fue Dolores Carrascal Prieto, presidenta del Ateneo Cultural 1º de Mayo. Otros dirigentes sindicales que firmaron acuerdos fueron tres presidentes de la Fundación Sindical de Estudios –Pedro Reyes, Elvira Sánchez Yopis y Francisco Javier López Martín–, así como los que fueran dirigentes de la Fundación 1º de Mayo, Rodolfo Benito Valenciano y Julián Ariza Rico.

Rodolfo Benito, que fue secretario de Organización del sindicato, está imputado en la Audiencia Nacional de forma indiciaria por los presuntos delitos de administración desleal y apropiación indebida por gastar 138.766 euros con su tarjeta blacktarjeta black. El 3 de octubre de 2014 Rodolfo Benito, que rechaza haber cometido delito alguno, presentó su dimisión como responsable de la secretaría de Estudios de Comisiones Obreras.

Los convenios incluían unas exigencias, al igual que ocurre con el resto de fundaciones ligadas a los partidos políticos, muy genéricas. De hecho, los acuerdos firmados por CCOO incluían las mismas estipulaciones que las del PP y del PSOE: "La Fundación Caja Madrid conviene con la Fundación Sindical de Estudios el establecimiento de una obra social en colaboración, conforme a la legislación vigente".

Las fundaciones que recibían el dinero tenían un año para justificar sus inversiones mediante la entrega de un ejemplar de la memoria de actividades.

Correos de Blesa

Tal y como adelantó este periódico, la Fundación Caja Madrid entregaba las subvenciones a las entidades designadas por los partidos y por CCOOCCOO, según consta en un correo electrónico corporativo del propio Blesa de 15 de julio de 2004.

El mensaje se circunscribe a las subvenciones de 2003, que para CCOO eran de 168.521 euros. El email califica a las subvenciones con destino al sindicato como ayudas a la "sensibilidad CCOO"sensibilidad CCOO, relata el propio Spottorno, que especifica: "Repartidos entre dos fundaciones designadas por ellos".

En 2004 CCOO se hizo con 203.000 euros (un 20,45% más), "repartidos también entre dos fundaciones... pero sin que se hayan puesto de acuerdo en el seno de la propia CCOO sobre una de ellas, por lo que al final ha habido que recurrir al voto en el Patronato para desbloquear la propuesta de ayudas", indica el correo electrónico de Spottorno.

Pacto del sindicato con Blesa

La connivencia entre los responsables de CCOO en Caja Madrid y Blesa resulta patente en los correos secretos de este último, que relatan la existencia de un pacto para mantener el statu quo en la entidad financiera, que tras su fusión con Bancaja tuvo que ser rescatada con más de 22.400 millones de euros de dinero público.

En la relación entre CCOO y Blesa destaca la actuación del también imputado en la pieza separada de las tarjetas black Francisco Baqueroblack , marido de la histórica dirigente de Comfia-CCOO María Jesús Paredes, que gastó en siete años 266.400 euros con la Visa de Caja Madrid.

El 2 de abril de 2008 el directivo de Caja Madrid Ildefonso Sánchez Barcoj envió otro mensaje a Blesa, cuyo asunto era "Paredes", en el que explica la estrategia de CCOO ante la posibilidad de que Blesa continuara al frente de la caja: "Me ha dicho que ella está retirada pero que entiende que el pacto se mantiene, y por eso ellos e IU han votado con el PP. [...] He quedado a comer con ella el día 24 porque ahora se va a México 'a sus cosillas", finaliza el email del expresidente de Caja Madrid.

más dietas por comprar la torre

Pero los correos de Blesa apuntan otras supuestas irregularidades en la actuación al frente de Caja Madrid de la propia Paredes y su pareja, Francisco Baquero. El expresidente de Caja Madrid ordenó al secretario general de la entidad, Enrique de la Torre, transferir 3.797 euros a Francisco Baquero.

Una cifra que suponía la diferencia entre los 9.231 euros que le correspondían a su compañero de sindicato Pedro Bedia, por acudir al consejo de administración de Mapfre, y los 2.203 euros que Baquero cobraba en dietas por representar a la Caja en el consejo del fondo de inversión rumano GED.

Y lo hizo después de que la mujer de Baquero, María Jesús Paredes, que había sido la máxima responsable del sector de banca del sindicato entre 1987 y noviembre de 2007, amenazara con que su marido no acudiría al Consejo de Administración en el que se iba a votar la compra de una de las torres construidas en la antigua ciudad deportiva del Real Madrid, tal y como consta en un correo secreto corporativo del 8 de noviembre de 2007.

Este nuevo escándalo afecta al señor Blesa, y al exjefe de la Casa Real Rafael Spottorno, y al hoy encarcelado Francisco Granados, exnúmero dos de Esperanza Aguirre, y a dirigentes del PSM como José Cepeda o de IU-CM como Ángel Pérez. ¿Por igual y en el mismo grado? Claro que no, aunque la responsabilidad de cada cual sólo es posible conocerla si todas esas fundaciones regularizan sus cuentas y balances para conocer a qué se ha dedicado hasta el último euro procedente de Caja Madrid.

Lo que sí sabemos es que algunos correos desvelados en su día por infoLibre ya reflejaban que eran los propios partidos políticos y el sindicato quienes indicaban al equipo de Blesa cómo preferían que se distribuyera el dinero entre las entidades beneficiadas. No había un criterio de necesidad cultural o social o benéfica, sino que el reparto se computaba “sensibilidad a sensibilidad”, como explicaba sin pudor en otro correo el propio Spottorno, durante un tiempo director precisamente de la Fundación Caja Madrid, que era quien “donaba” los fondos alegremente: políticamente.

Lo que esta información denuncia no es en absoluto que los 14,5 millones de euros recibidos por los entes ligados a partidos y sindicatos tuvieran un uso fraudulento. Lo clamoroso es que es imposible saber (de momento) si todo el uso fue correcto y adecuado a los fines de las propias fundaciones. Que Caja Madrid daba subvenciones a cambio de nada (salvo si se pone precio al apoyo a Miguel Blesa como presidente) está claro. Que cada uno de los receptores lo dedicara a estudios valiosos, a jornadas de debate interesantísimas o a financiar actividades de cada una de las “sensibilidades” representadas es lo que convendría aclarar.

Dos fundaciones muy diferentes

Bastan para entendernos dos ejemplos muy diferentes, aunque Spottorno pudiera adjudicarlos a una sola “sensibilidad”. La Fundación 1º de Mayo de CCOO es uno de los centros de estudios económicos y sociales más respetados y solventes, en el que colaboran economistas y especialistas en diferentes materias, cuyos trabajos pueden contrastarse en las publicaciones oficiales que edita y en los centenares de actos que organiza. La Fundación de Estudios Municipales y Territoriales (Fundeste), presidida por el líder de IU-Madrid Ángel Pérez, recibió 1,7 millones de euros de la Caja, pero no presentó cuentas durante veinte años. El destino de los fondos que recibía es un enigma, aunque hemos sabido que Fundeste compró dos locales a una cooperativa que tenía aún menos actividad que la propia fundación.

Incluso hay algún ente sobre el que otros procesos judiciales han aportado datos esclarecedores. El juez Pablo Ruz dejó acreditado que Fundescam, ligada al PP de Madrid y receptora de fondos de la Fundación Caja Madrid así como de empresarios cercanos como Arturo Fernández o Gerardo Díaz Ferrán, sirvió para financiar actos electorales de al menos dos campañas de Esperanza Aguirre.

Por todo ello, y por lo que sigamos conociendo en el futuro gracias a trabajos como los de Xnet e infoLibre, resulta como mínimo osado que Aguirre siga dando doctrina sobre “lo que quieren” o no quieren los madrileños, como ha hecho en un artículo publicado este lunes en ABC con el título de “La verdad”.

La verdad es que aún faltan muchas explicaciones que dar a la ciudadanía sobre la milmillonaria ruina de Caja Madrid, origen y causa de un rescate financiero que pesa sobre el bolsillo de todos los contribuyentes.

P.D. Ha sido citada a declarar como imputada Tania Sánchez, ex candidata de IU que abandonó esta organización tras haber sido elegida en primarias candidata a la presidencia de la comunidad de Madrid. Será la justicia quien decidirá si tiene o no responsabilidades en posibles delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias por no haberse inhibido como concejal del Ayuntamiento de Rivas en la votación de adjudicaciones que favorecían a la cooperativa de un hermano suyo. Más allá de lo que dicten en su día los tribunales; más allá de que en el origen de estas denuncias haya un afán de venganza partidista, y salvando una distancia sideral respecto a lo que han hecho otros sujetos nombrados más arriba, lo cierto es que Sánchez tuvo un comportamiento irregular e impresentable.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 señala en un auto que los 12 exdirectivos a los que se archiva el procedimiento eran empleados por cuenta ajena de Caja Madrid, por lo que no puede atribuírseles un delito de administración desleal como a los exmiembros del Consejo de Administración o del Comité de Control de la entidad.

El magistrado, que destaca que todos los imputados alegaron que lo gastado con sus tarjetas black era un complemento retributivo y de libre disposición para el usuario, también sobresee las actuaciones, entre otros, para el exdirector general de Caja Madrid y número dos de Miguel Blesa, Matías Amat, y para el exsecretario general del Consejo de Administración, Enrique de la Torre.

También sobresee provisionalmente la causa para el exdirector de Sistemas y Organización de Caja Madrid Ricardo Morado (que gastó 443.000 euros); el ex director general de Banca Comercial Ramón Ferráz Ricarte (390.000); el exdirector de Banca Comercial y ex consejero delegado de la Corporación Caja Madrid Mariano Pérez Claver (354.100) y el exdirector de Comunicación Juan Manuel Astorqui (287.000). Completan esta relación el ex director gerente de la Obra Social Caja Madrid Carlos María Martínez (271.900); la exdirectora de Auditoría Interna y exdirectora gerente de la Obra Social Carmen Contreras (277.000); el director de la Banca de Negocios Carlos Vela García (246.000); el exdirector de Riesgos Ramón Martínez Vilches (99.000) y el exdirector del Gabinete del Presidente y exdirector de Gestión de Activos Luis Gabarda Durán (134.800 euros).

Ahora bien, el juez estima que no puede obviarse que este tipo de tarjetas, por su concepción, funcionamiento, entrega y ocultación a los órganos de control –tanto de la propia entidad como a la Hacienda Pública– pueden indicar la comisión de un delito de administración desleal por parte de quienes fueron los administradores de Caja Madrid, en tanto que las mencionadas tarjetas " se otorgaban fuera del circuito ordinario de otorgamiento de tarjetas de empresa de la entidad, la designación de sus beneficiarios y el limite cuantitativo se otorgaba con una discrecionalidad impropia de una entidad como la que nos ocupa, por el presidente de la misma, sin soporte contractual alguno y sin que las cantidades percibidas en este concepto fueran declaradas a la Hacienda Pública". El juez valora la responsabilidad y experiencia de los imputados para concluir que no les debía pasar desapercibidas todas estas " particularidades".

3,4 millones en gastos personales

Entre los doce gastaron un total de 3,4 millones de euros en gastos personales. El juez apunta que, "aun no siendo relevante desde un punto de vista penal", su conducta les permitió "obtener un beneficio económico procedente de la comisión de un delito", lo que les obligaría a "la restitución de lo percibido".

En concreto, Spottorno cargó 223.900 euros a su 'visa black' en spas urbanos, compras en Ikea, farmacias, tiendas de electrodomésticos, joyerías y sastrerías de lujo, entre otros. De la Torre desembolsó más de 304.000 euros y el ex consejero ejecutivo de Caja Madrid Matías Amat cargó 429.000 euros y mostró en su declaración judicial su deseo de recuperarlos tras haberlos consignado a Bankia y al juzgado.

Una retribución no declarada a Hacienda

Andreu, que en abril pasado archivó la causa contra otros 14 exdirectivos al considerar que el delito de apropiación indebida que les imputaba habría prescrito, señala en esta nueva tanda de sobreseimientos que los gastos de las 'tarjetas black' parecerían "formar parte del paquete salarial o retributivo" de los afectados.

En este contexto, apunta que los 12 imputados manifestaron "de forma invariable, uniforme y consistente" que las tarjetas les fueron asignadas como "parte de su retribución" por la Presidencia de Caja Madrid, en uso de las "facultades ejecutivas" de Miguel Blesa, lo que además impide que sean imputados por un delito de apropiación indebida.

El juez asume esta tesis, de acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, argumentando que todos los exdirectivos tenían otra "tarjeta de empresa" destinada a "gastos propios del ejercicio de su cargo" que no podían dedicar a fines personales. "Sería completamente ilógico que Caja Madrid atribuyese a una persona dos distintas tarjetas de empresa para aplicar al mismo fin", explica. Por su condición de complemento retributivo las 'tarjetas black' tenían un número pin con el que era posible extraer dinero de los cajeros automáticos hasta el límite de gasto asignado a cada directivo, lo que, según el juez, era "razonable".

Una pecata minuta en complementos:

¿Las "personas normales" también hacen cosas indeseables?

La Fiscalia Anticorrupción ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que archive de forma provisional la investigación abierta contra el ex jefe de la Casa del Rey Rafael Spottorno por haber cargado cerca de 223.900 euros a su tarjeta black,tarjeta black al creer que no tuvo responsabilidad en la concesión de las visas y recibió la suya como un complemento retributivo, según informaron fuentes jurídicas.

El fiscal Alejandro Luzón considera que los directivos, a diferencia del resto de imputados, recibieron estas tarjetas como un complemento retributivo como refleja el hecho de que tuvieran otra tarjeta de empresa para gastos de representación que justificaban debidamente, según explicaron las mismas fuentes.

Como adelantó este lunes infoLibre, Luzón señala a los integrantes del consejo de administración de Caja Madrid nombrados por los partidos políticos (PP, PSOE e IU) y por los sindicatos (UGT y CCOO) y patronal como los responsables de la emisión de las tarjetas B.

El argumento de la defensa

De este modo, la Fiscalía apoya la petición planteada por la defensa de Spottorno y utiliza el mismo argumento, que ya emitió al solicitar el sobreseimiento provisional de la causa seguida contra tres ex directivos de la confianza del expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa. En concreto, de Carlos Vela, Ricardo Morado y Juan Astorqui.

El Ministerio Público distingue su caso del de los miembros del Consejo de Administración, que pudieron incurrir en un delito de administración desleal, y el de los integrantes de la Comisión de Control, que pudieron cometer apropiación indebida.

El exjefe de la Casa del Rey Rafael Spottorno aseguró este viernes ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que llevaba "una contabilidad más o menos casera" de los gastos que cargaba a su tarjeta black de Caja Madrid aunque la entidad nunca le facilitó información sobre su saldo, informaron fuentes jurídicas presentes en su declaración.

Spottorno, que declaró como imputado por cargar 223.900 euros a su visa opaca al fisco, dijo que la tarjeta se la entregó en 2002 el entonces director general financiero de la entidad, Ildefonso Sánchez Barcoj, cuando fue nombrado presidente de la Fundación Caja Madrid con la consigna de que era de "libre disposición para gastos personales" con un límite de 22.000 euros al año.

El compareciente, que utilizó su tarjeta en spas urbanos y compras en Ikea, farmacias, tiendas de electrodomésticos, joyerías y sastrerías de lujo, ha dicho que no se enteró de que podía retirar efectivo en los cajeros hasta 2003 y que, al saberlo, pidió el pin a Sánchez Barcoj.

El exjefe de la Casa del Rey Rafael Spottorno pidió al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que archive el caso abierto contra él por las tarjetas black ya que fueron los "máximos representantes" de Caja Madrid quienes decidieron entregarlas a los directivos y él fue un "mero empleado a estos efectos".

En un recurso, al que tuvo acceso Europa Press, Spottorno, a quien el juez ha citado para el próximo 13 de marzo, asegura que su imputación por un posible delito de apropiación indebida es "contraria a derecho" y "lesiva" para sus intereses.

El diplomático, que utilizó la tarjeta de Caja Madrid en el IKEA, en spas urbanos, farmacias, tiendas de electrodomésticos, joyerías o prestigiosas trajerías, explica que "no tenían la consideración de tarjetas de representación o de empresa", sino que se trataba de una retribución dada a consejeros y miembros de alta dirección para cubrir gastos no relacionados con sus cargos.

Podía disponer "libremente" del saldo

Según dice, los usuarios podían disponer "libremente" del saldo de las tarjetas como una "parte de su retribución" y cuyo único límite era "cuantitativo". En este sentido, precisa que como director de la Fundación Caja Madrid disponía de una tarjeta de empresa que sí tenía como objetivo sufragar gastos inherentes a su función y sujeta a la obligación de justificar los movimientos.

Además, remarca que "no había obligación de devolver" el dinero endosado a esta tarjeta y que su emisión correspondió a la decisión de los "mandatarios y representantes legítimos" de la entidad. "Spottorno no ha participado en modo alguno en la decisión concerniente a la entrega de dichas tarjetas, habiéndose limitado a recibirla de quienes representaban a la entidad y a utilizarla según sus concretas indicaciones, que no eran para gastos de representación", añade.

El diplomático, que cargó unos 223.900 euros a su tarjeta y solía sacar 500 o 600 euros de una sola tacada en el cajero, presentó el pasado octubre su renuncia como consejero privado de Felipe VI para salvaguardar la imagen de la Corona, después de que su nombre apareciera en la lista de directivos y consejeros de Caja Madrid que presuntamente endosaron gastos personales, por valor de 15,5 millones, de euros a estas tarjetas opacas al fisco desde 1999 hasta 2012.

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha citado a declarar como imputados, entre los días 9 y 13 de marzo, a otros 37 exdirectivos de Caja Madrid y Bankia que utilizaron las tarjetas black opacas al fisco, en las que se cargaron gastos personales por valor de 15,5 millones de euros entre 1999 y 2012, informaron fuentes jurídicas.

Entre los nuevos comparecientes en esta pieza separada del caso Bankia se encuentran el exjefe de la Casa del Rey Rafael Spottorno, que gastó 223.900 euros; el expresidente de Renfe Miguel Corsini (46.700 euros) y al exsecretario del Consejo de Administración, Enrique de la Torre (320.700 euros), que será el primero en declarar.

Andreu, que atribuye a los exconsejeros un delito de administración desleal y otro de apropiación indebida y a los exdirectivos únicamente este último, ha interrogado este mes de febrero a 27 antiguos miembros del Consejo de Administración de Caja Madrid y Bankia. En la causa también están imputados los expresidentes de Caja Madrid Miguel Blesa y Rodrigo Rato y el exdirector financiero Ildefonso Sánchez Barcoj.

La Fundación Obra Social y Monte de Piedad de Madrid, la heredera de la Fundación Caja Madrid, ha generado en sus primeros tres años de existencia un déficit de 53,9 millones de euros, según un documento al que ha tenido acceso infoLibre.

El escrito, de fecha 23 de junio de 2014, está firmado por el director de la Asociación para la Gestión de Colegios Infantiles (AGCI) y coordinador del área educativa en la Fundación, Juan Antonio Jiménez Rodríguez. Y en el mismo se explica que las cuentas provisionales de la Fundación constatan unas pérdidas en 2013 superiores a los 23 millones de euros.

Pero el documento incluye también una previsión para los años 2014 y 2015, ejercicios en los que la predicción sitúan el agujero en 16,6 y 14,3 millones, respectivamente. En total, 53,9 millones.

Un portavoz de la fundación rechazó confirmar o desmentir a este periódico la información sobre la deuda, asegurando que las cuentas de 2013 no se pueden facilitar, ya que las mismas se encuentran en el Protectorado de Fundaciones de la Comunidad de Madrid. "Están pendientes de la revisión definitiva. Tampoco las de 2014 son públicas, pese a que ya han sido formuladas, pues se encuentran en la fase de auditoría, y la fecha límite para aprobarlas es el 28 de febrero. Después se enviarán al Patronato y finalmente al Protectorado", aseguró a infoLibre un portavoz autorizado de la fundación.

Otros ejercicios

El escrito aporta otros datos sobre ejercicios anteriores a la creación de la Fundación Especial Caja Madrid. "Las actividades que se han englobado en la Fundación arrojaron unas pérdidas significativas, tanto en 2011 como en 2012, por importe de 39,5 millones en cada ejercicio, debido a una progresiva caída de ingresos como consecuencia de los malos resultados de la entidad financiera y la dificultad de ajustar los gastos al nuevo nivel de ingresos", completa Juan Antonio Jiménez Rodríguez.

Precisamente, el agujero de la nueva fundación es el hilo conductor que justifica, en la carta a la que ha tenido acceso infoLibre, los recortes en la nueva obra social: "Se ha visto obligada a abordar un proceso de reestructuración con el objeto de disminuir al máximo todos los costes, entre ellos los salariales, que ha dado lugar al planteamiento de modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo de carácter colectivo y amortizaciones de puestos de trabajo".

Además, los recortes en las escuelas infantiles se respaldan también en el documento por la dependencia que tiene la Asociación para la Gestión de Colegios Infantiles de los recursos de la Fundación para poder mantener su actividad, "ante la drástica disminución de los ingresos que se produce como consecuencia de la disminución de las aportaciones, se hace precisa la adopción de medidas con el objeto de disminuir al máximo los gastos, acomodando estos a la reducción de ingresos".

Reducción de costes

Y por eso la asociación aborda "una significativa reducción de los costes", siendo el apartado de costes salariales el más significativo, ya que representa el 70,23% de los gastos totales de la fundación.

El pasado 2 de febrero, el extrabajador de Caja Madrid Rafael M. F. envió un escrito al juez que instruye el caso Bankia en la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, en el que alertaba al magistrado de un agujero en la Fundación, cifrando el mismo en 53 millones de euros.

En el documento, el exempleado de la entidad financiera llama la atención en el hecho de que las mencionadas pérdidas podrían poner de manifiesto que el estudio realizado por la Comunidad de Madrid sobre la viabilidad de la fundación podría ser "erróneo" o bien la gestión de la misma "aboca a la fundación a la quiebra", pese al patrimonio de unos 450 millones.

El expleado de Caja Madrid Rafael M. F. asegura que la gestión del patrimonio por personalidades económicas y políticas como si fuera "privado" puede llevar al "expolio" de la Fundación "como así ocurrió con su matriz Caja Madrid". Y como ejemplo de esta mala gestión da el nombre de tres de los imputados por las tarjetas black: La expresidenta de la Fundación Carmen Cafranga; el exconsejero y director general del Gobierno del PP en la Comunidad de Madrid Pablo Abejas; y el exjefe de la casa del rey Rafael Spottorno.

Además de enviar la información al juez Andreu, Rafael M. F. se ha dirigido a la Defensora del Pueblo y a la Comunidad de Madrid, sin hasta el momento haber conseguido la información sobre las cuentas de la Fundación Especial Caja Madrid.

Las cuentas en un cajóninfoLibre

ya adelantó que las cuentas de la Fundación Caja Madrid de 2011 permanecían en un cajón, sin que hubieran sido depositadas ni en el Registro Mercantil ni en el Registro de Fundaciones de la Comunidad de Madrid ni publicadas en ningún soporte.

Creada con un patrimonio de 400 millones, el principal exponente de esta fundación la conforman 140 inmuebles procedentes sobre todo de la Obra Social, y en su mayoría cedidos en su uso a ONG. Algunos de esos inmuebles son muy valiosos, como ocurre con la sede histórica de la caja, en el centro de Madrid, y una importante colección de arte de 1.700 piezas valorada en 21,7 millones y cuyo hilo conductor es la pintura española del siglo XX.

La Fiscalía especial también solicita la imputación de Ildefonso Sánchez Barcoj, por aquel entonces director general financiero y de medios, al entender que también es responsable junto a Blesa de la aprobación de las retribuciones, del exceso de las aportaciones a los planes de pensiones y de los pagos indebidos en relación con el cese de algunos directivos.

En concreto, la Fiscalía recoge las posibles irregularidades detectadas por el FROB en la cuantía de las indemnizaciones pagadas a cuatro altos directivos de Caja Madrid con motivo de la extinción de su relación de servicios con la entidad, entre los que se encuentra Blesa, quien percibió dicha indemnización por un pacto de "no concurrencia de dudosa eficacia".

Además, el informe forensic señala que en 2009 se pagaron 2,89 millones al exsecretario del consejo de la Caja Madrid Enrique de la Torre de "manera irregular", parte por el reconocimiento de conceptos no aplicables y parte como consecuencia de haber tomado como base para el cálculo de la indemnización la retribución incrementada "indebidamente" en 2008.

Entre las posibles irregularidades detectadas, también se encuentra el pago en 2010 de 1,96 millones a Ricardo Morado por su cese, "sin que se haya podido acreditar el carácter forzoso de su baja, y que no se deberían haber pagado en el caso de que el cese hubiera sido voluntario".

Las investigaciones del FROB también señalan que en marzo de 2011 la Fundación Caja Madrid pagó a Rafael Spottorno una indemnización de 232.500 euros y una compensación por la renuncia de dicha entidad al período de preaviso de 40.625 euros, y describe "dudas sobre si el cese de la relación se produjo o no a iniciativa del interesado".

Ahora bien, el organismo dependiente del Ministerio de Economía subraya que Spottorno no fue nombrado como directivo de BFA cuando fue disuelto el comité de dirección de Caja Madrid, con lo que asegura que "es razonable pensar" que pudo existir un acuerdo entre la entidad y este alto directivo para prescindir de sus servicios, en cuyo caso no habría habido ninguna irregularidad en la percepción de la indemnización.

Anticorrupción indica que los cuatro tipos de actuaciones concretas analizadas en el informe remitido por el FROB, en las cuales se habría podido producir el cobro por parte de altos directivos de la entidad de "percepciones excesivas", podrían ser constitutivos de un delito societario de administración desleal.

En este sentido, se señala a Blesa, al igual que a Sánchez Barcoj, como responsable de individualizar las retribuciones fijas en Caja Madrid y su "conocimiento y reconocimiento" del modo de fijar los sueldos variables de la alta dirección, del exceso de las aportaciones al plan de pensiones como "gratificación extraordinaria" y de los pagos indebidos con el cese de Enrique de la Torre.

Por ello, pide que el Juzgado de Instrucción de Madrid impute a Blesa y Sánchez Barcoj para investigar de forma autónoma a la causa que el juez Fernando Andreu lleva en la Audiencia Nacional sobre la salida a Bolsa de Bankia y el uso de tarjetas opacas por parte de consejeros de esta entidad y de Caja Madrid.

Anticorrupción esgrime, según fuentes jurídicas, que las posibles irregularidades apuntadas por el FROB no tienen nada que ver con las que ya analiza el Juzgado Central de Instrucción número 4 y además se refieren fundamentalmente al periodo comprendido entre 2007 y 2010, bajo la Presidencia de Miguel Blesa. Por ello, Anticorrupción considera que tienen poco que ver con la investigación que ya se lleva a cabo en la Audiencia Nacional.

Además, solicita que se cite al autor del informe de PwC sobre los sueldos en Caja Madrid, Javier López Andreo, para que proceda a su ratificación.

La Casa del Rey hizo pública en la noche de este miércoles en su web oficial los datos de las retribuciones de sus altos cargos, de los contratos y convenios suscritos actualmente en vigor y del grado de ejecución de sus presupuestos, en cumplimiento de la Ley de Transparencia. Pero el Gobierno sigue sin publicar el gasto que hacen los diferentes ministerios en la Jefatura del Estado.

En coincidencia con el portal puesto en marcha por el Gobierno, la Casa del Rey abrió en su web una nueva área, en la que, bajo el epígrafe común de Transparencia, se ofrece a los ciudadanos información institucional, normativa, económica y presupuestaria, así como la posibilidad de solicitar otros datos de su interés. Algunos datos ya eran conocidos, como la distribución de la asignación del Estado o los salarios de la familia real. 

En el apartado de contratos y convenios, destacan los 65.993 euros del cátering encargado a la firma Mallorca con ocasión de la proclamación del rey Felipe VI, el 19 de junio de este año. La recepción acogió en el Palacio Real a cerca de 3.000 invitados. La mayor partida (284.350 euros) es la destinada, por un período de cinco años, a los servicios de comunicaciones y tecnologías de la información: servicios de telefonía fija, móvil, datos, correo, gestión y monitorización del servicio. Contrato que se llevó Telefónica. 

En este mismo epígrafe se incluyen los 72.600 anuales destinados a la asesoría jurídica de la Casa del Rey, de la que se ocupa José Manuel Romero Moreno, conde de Fontao.

La web incluye también las retribuciones de los altos cargos de la Zarzuela, pero del año pasado. El jefe de la Casa del Rey, que en 2013 era Rafael Spottorno, tenía una retribución de 136.208 eruos anuales. Su sucesor en el cargo con Felipe VI y entonces secretario del príncipe, Jaime Alfonsín, tenía una remuneración anual de 128.238 euros.

Tabla de las principales retribuciones

La causa de la renuncia ha sido "evitar" que esto "pueda afectar al prestigio de la Corona", en especial para que no pueda favorecer "cualquier intento de comprometer por este asunto a la figura o a la persona de Su Majestad el Rey". Además, asegura que "de mi conducta respondo exclusivamente yo".

No obstante, asegura que "en ningún momento" hizo "uso indebido de la tarjeta de crédito que recibí al incorporarme a la Fundación CajaMadrid", ya que, según él, la utilizó "para lo que al entregármela se me dijo que podía emplearla y en los términos y con los límites que se me fijaron".

Esta salida es la tercera conocida este martes, después del cese del expresidente de Bankia Rodrigo Rato como consejero de la constructora Servihabitat y de la dimisión del presidente del PP de Arganzuela (Madrid), José Nieto Antolinos, como vocal vecino de la Junta de Arganzuela.

Un total de 13 dimisiones

Estos tres ceses elevan a 13 el número de exconsejeros de Caja Madrid que utilizaron las tarjetas B que se han visto obligados a dejar sus cargos.

La anterior destitución fue la del exresponsable de Comunicación de Caja Madrid Juan Astorqui, que fue fulminado de su cargo de vicepresidente de la empresa Burson-Marsteller en España tras conocerse que utilizó una tarjeta B de Caja Madrid, con un gasto de 293.000 euros.

Poco antes presentaba su dimisión el vocal del Tribunal Económico-Administrativo Municipal de Madrid (TEAMM) Fernando Serrano Antón, al hacerse público que gastó 78.500 euros con su tarjeta B.

El PP nacional también forzó la salida del gerente del partido en Madrid, Beltrán Gutiérrez, que gastó 58.000 euros con la tarjeta opaca en su etapa de consejero en Caja Madrid. Aguirre no había considerado necesaria su destitución.

El resto de los implicados que se han visto obligados a abandonar sus cargos son el jefe de gabinete de la secretaría de Estado de Hacienda,José María Buenaventura; el ya ex secretario general de UGT-Madrid, José Ricardo Martínez; el socialista Ángel Gómez del Pulgar, el miembro de la Ejecutiva Confederal de CCOO Rodolfo Benito, y el que era gerente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV) de la localidad madrileña de Boadilla del Monte José Rodríguez.

Dimitió además la presidenta de la Fundación Caja Madrid, Carmen Cafranga, que gastó 175.200 euros, y fue destituido el director general de Economía de la Comunidad de Madrid, Pablo Abejas, que cargó 246.700 euros a la caja.

Al menos 27 altos cargos de la Administración, el Gobierno y la diplomacia activos ahora mismo son millonarios. Así lo acredita el compendio de declaraciones patrimoniales que ha publicado este miércoles el Boletín Oficial del Estado (BOE), que se suma a las que hizo públicas en 2012 y 2013 y que muestran cómo puestos tan variopintos como la Presidencia del Gobierno y la Secretaría de Estado de Educación están ocupados por personas con un patrimonio superior al millón de euros.

Desde el año 2006, la ley obliga a ministros y secretarios de Estado, al igual que al presidente del Gobierno, a publicar su patrimonio cuando son nombrados y en el momento de su cese. Además, desde la aprobación de la Ley de Transparencia el año pasado, la obligación de presentar sus datos patrimoniales al entrar y al salir del puesto se extendió a todos los altos cargos de la Administración. Por ello, es posible conocer, por ejemplo, que los bienes del ex secretario general de la Casa del Rey y actual jefe de la Secretaría del rey Juan Carlos, Alfonso Sanz, ascienden a casi 19 millones y medio de euros.

Dos secretarios de Estado, los más ricos del Gobierno

La de Sanz es, sin duda, la cifra más abultada, pero dentro del Gobierno hay altos cargos que se aproximan a su patrimonio. El más rico, sin duda alguna, es el secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles, cuyos bienes tienen un valor total de algo más de 18.100.000 euros. Le sigue relativamente de cerca la secretaria de Estado de Educación, Monserrat Gomendio: la mano derecha de José Ignacio Wert suma algo más de 14 millones y medio de euros entre sus inmuebles (que tienen un valor de 732.513 euros) y otros bienes.

El resto de ministros y altos cargos de la Administración se encuentran a años luz de estos tres, si bien sus patrimonios no son pequeños. Dentro del Consejo de Ministros, el más acaudalado era, hasta su marcha, el exministro de Agricultura Miguel Arias Cañete, cuyo patrimonio ascendía a más de 1.600.000 euros. El testigo lo ha recogido precisamente su sucesora, Isabel García Tejerina, ya que sus bienes suman un valor de prácticamente 2.800.000 euros. Y entre los ministros hay otros cuatro millonarios: el ministro de Industria, José Manuel Soria; el de Economía, Luis de Guindos; el de Defensa, Pedro Morenés; y la de Empleo, Fátima Báñez, además del propio presidente, Mariano Rajoy. Su patrimonio, sumando bienes inmuebles y los de otro tipo, basculaba en 2011 –año de su nombramiento– entre el poco más de 1.260.000 del máximo mandatario y el millón raspado de la responsable de Empleo.

Por su parte, los otros dos secretarios de Estado millonarios –además de Gomendio y Argüelles– son Íñigo Méndez de Vigo, número 2 de Exteriores y secretario de Estado para la Unión Europea, y Fernando Jiménez, secretario de Estado de Economía. Los bienes del primero tenían en el año 2011 un valor total de 1.206.000 euros, mientras que el segundo gozaba de un patrimonio total de 1.075.000. En ninguno de los dos casos se especifica que esta cifra incluya "bienes y derechos provenientes de herencia familiar", un matiz que sí está presente en las declaraciones de Gomendio, Soria, Guindos, Báñez y Rajoy.

Varios diplomáticos superan el millón

Fuera del Ejecutivo, los ejemplos de altos cargos con un patrimonio por encima del millón de euros son variados. Además de Sanz, que tiene la cifra más alta, en la Casa del Rey trabaja otro millonario: Jaime Alfonsín, jefe de la institución, cuyos bienes suman un valor total de 1.671.000 euros. Algo similar a su antecesor en el cargo, Rafael Spottorno, que dirigía el organismo cuando la jefatura del Estado estaba aún en manos de Juan Carlos I: el antiguo responsable disfrutaba a su cese en junio de 2014 de un patrimonio de casi 1.900.000 euros, una cifra que "incluye bienes y derechos provenientes de herencia familiar".

Pero no sólo en la institución monárquica hay personas cuyos bienes tienen un valor superior al millón de euros. Por ejemplo, el presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, José María Marín, tiene un patrimonio ligeramente superior a los tres millones, un caso similar al de Ramón de Miguel, embajador en Francia, con prácticamente dos millones y medio de euros en bienes inmuebles y de otros tipos. La CNMC tiene otro representante en esta lista: Fernando Torremocha, consejero del organismo, cuyo patrimonio asciende a 1.710.000 euros.

Entre los diplomáticos nombrados entre julio de 2013 y junio de 2014 –intervalo a partir del cual se empiezan a dar datos de altos cargos que no son ministros o secretarios de Estado– hay otros 11 millonarios: los más acaudalados son los destinados a Colombia (Ramón Gandarias, con algo más de 2.100.000 euros), Dinamarca (Enrique Pastor, cuyo patrimonio asciende a 1.846.942 euros) y Níger (José Luis Pardo, con algo más de millón y medio). Sin embargo, quien bate todos los récords entre los máximos responsables de las legaciones exteriores es el exembajador de España en Egipto, Fidel Sendagorta, que declaró a su cese en 2014 un patrimonio de más de 14 millones y medio de euros, incluyendo "bienes y derechos provenientes de herencia familiar". Su homólogo en Libia, José Riera, que dejó el puesto también hace unos meses, posee por su parte de unos bienes cuyo valor asciende a más de siete millones.

“En una notaría de Madrid está la documentación sobre la cuentas de Juan Carlos de Borbón en Suiza”, asegura Iago Mejuto, el presidente de la Asociación de Apoyo a la Instauración del Jurado Público (Ajura). El pasado 30 de julio esta ONG presentó una denuncia ante la Agencia Tributaria con la finalidad de que investigue la supuesta herencia suiza de Juan Carlos de Borbón y de sus hermanas, Pilar y Margarita, adelantada por el diario El Mundo.

La denuncia, que especifica el nombre de los bancos suizos, saldos y números de cuenta, pretende que la Agencia Tributaria realice “las pesquisas necesarias para determinar si existe defraudación y cuál es la cuota defraudada y que aplique las consecuencias jurídicas que la ley determine”, según consta en el documento remitido a Hacienda.

En concreto, se trataba del banco Société Générale Alsacienne de Banque (Sogenal). La cuenta es la número 10031 en Ginebra (Suiza), y los saldos en 1993 eran de 4,1 millones de francos suizos. Además, siempre según el contenido de la demanda, Margarita ingresó 1,3 millones de francos; y otros 1,4 millones Pilar, que fueron convertidos en dólares de Estados Unidos.

Ese dinero procedía de otras cuentas de bancos suizos, a nombre de Juan de Borbón, el abuelo del actual monarca, Felipe VI. Además, una caja fuerte en el BBVA, con 41,5 millones de pesetas (249.420,02 euros), se asignó a cubrir los gastos de la Casa de los Condes de Barcelona y en indemnizar a su personal.

“Todo este dinero era opaco para Hacienda, ya que no constaban en España cuentas corrientes de saldos apreciables a nombre del padre de los denunciados el día de su fallecimiento”, sostiene la denuncia, que relata además que las hermanas del anterior monarca pagaron 55.000 euros al propio Juan Carlos por “derechos reales”, cuyo destino “se ignora”.

Y según Iago Mejuto, las pruebas de la herencia suiza de la Casa Real están en una notaría madrileña: “La notaría de Luis Coronel de Palma (marqués de Tejada), exgobernador del Banco de España, es la testamentaría de Juan de Borbón, donde se reflejan las adjudicaciones expuestas”. Tras su jubilación, esa notaría se asigna al notario José Manuel García Collantes, con sede en la madrileña calle de Alcalá.

Spottorno en Suiza

“La madre de los denunciados disponía en 1993 de una fortuna de entre 120 y 130 millones de pesetas”, explica Mejuto, quien indica en la denuncia que firma ante Hacienda que, tras publicar el diario El Mundo la información sobre la herencia del anterior rey, el exjefe de la Casa Real Rafael Spottorno “se desplazó durante tres meses a Suiza” para investigar los hechos, asegurando de forma oficial que la cuenta había sido cancelada.

“Siguiendo el rastro de la cuenta se puede averiguar la indemnidad de las sociedades de los testaferros que pudieran estar ocultando el patrimonio de Juan Carlos de Borbón; y también se puede conocer el destino de los saldos de sus dos hermanas, si han sido repatriados o si continúan sin ser declarados al fisco”, completa el escrito.

El hecho de que la presunta defraudación supere los 120.000 euros y la abdicación de Juan Carlosabdicación abren la posibilidad de que el anterior jefe de Estado pueda ser sancionado, según el denunciante. “Y si no lo hacen en Hacienda, tal y como ordena la ley, estarían incumpliendo sus obligaciones”, recuerda Iago Mejuto, que no descarta presentar una denuncia si los funcionarios no cumplen con sus obligaciones.

Felipe VI ha decidido crear una Secretaría de apoyo a las funciones que encomendará a sus padres, los reyes Juan Carlos y Sofía, según la nueva estructura organizativa de la Casa del Rey, en la que no se incorpora ninguna mujer en los puestos de primer nivel, ha informado el palacio de la Zarzuela. La Secretaría del monarca saliente estará dirigida por el diplomático Alfonso Sanz Portolés, hasta ahora secretario general de la Casa del Rey y quien trabaja en la Zarzuela desde 1993.

La Casa del Rey avanzó poco antes de la proclamación de Felipe VI que el nuevo monarca reservaría algún papel a sus padres, si bien advirtió de que estas nuevas funciones se irían viendo en el día a día, por lo que no sería necesario regularlas en ningún real decreto.

De hecho, la Zarzuela apuntó entonces la posibilidad de que tanto a Felipe VI como al Gobierno les podía interesar en algún momento aprovechar la amplia agenda de contactos internacionales de Juan Carlos para encomendarle alguna gestión. Sanz Portolés ejercerá además como consejero diplomático de Felipe VI.

Nuevo director de Comunicación, Jordi Gutiérrez

Otro de los cambios más relevantes de la nueva estructura es la eliminación de la Secretaría del Príncipe de Asturias que dirigía hasta ayer Jaime Alfonsín, hoy jefe de la Casa del Rey. La corta edad de la princesa Leonor, 8 años, aconsejaba la desaparición de este departamento.

De Alfonsín dependerá directamente la Dirección de Comunicación, que quedará en manos del periodista Jordi Gutiérrez, hasta ahora jefe de prensa de la patronal madrileña CEIM. Gutiérrez es un viejo conocido de los nuevos reyes y de Alfonsín, pues trabajó durante 16 años (entre 1993 y 2009) como número dos del gabinete de prensa de la Zarzuela. Gutiérrez sustituye al también periodista Javier Ayuso, que pilotó el departamento desde marzo de 2012, justo antes del estallido de la crisis de Botsuana.

La Secretaría General de la Casa del Rey quedará en manos del general de división de la Guardia Civil Domingo Martínez Palomo, quien lleva 17 años trabajando en la Zarzuela como jefe del gabinete de Planificación y Coordinación.

El hombre de confianza de la reina Letizia durante su etapa como princesa de Asturias, José Manuel Zuleta y Alejandro, duque de Abrantes, será nombrado jefe de la Secretaría de la Reina, en sustitución del militar leonés Arturo Luis Coello Villanueva. El general del Ejército de la Tierra Emilio Tomé de la Vega pasará a ocupar el puesto de jefe de gabinete de Planificación y Coordinación, dejado por Martínez Palomo. Este militar fue el primer ayudante de campo de Felipe y hasta ahora trabajaba para la Secretaría del Príncipe de Asturias.

Estos nombramientos se harán efectivos a lo largo de esta semana, probablemente mañana jueves. La nueva estructura organizativa de la Casa del Rey se completa con un jefe de seguridad, un jefe de protocolo, y otro de administración, infraestructura y servicios, cuyos titulares, por el momento, siguen siendo los actuales. También se mantienen los cargos de jefe del cuarto militar y la figura del interventor, Óscar Moreno Gil, contratado en 2007 tras las primeras quejas de opacidad de los grupos de la izquierda minoritaria.

Felipe VI ha nombrado al abogado del Estado Jaime Alfonsín nuevo jefe de la Casa del Rey, en sustitución del diplomático Rafael Spottorno. El relevo se hará efectivo mañana martes, confirmó a Europa Press un portavoz del palacio de la Zarzuela.

Alfonsín ha sido la mano derecha del príncipe de Asturias, hoy monarca, durante los últimos 20 años, por lo que es un hombre de su absoluta confianza. Nacido en Lugo en 1956, Alfonsín renunció a una prometedora carrera en la empresa privada para dirigir en 1995 una secretaría de nueva creación dentro de la Casa del Rey que se encargaría de organizar las actividades del Príncipe de Asturias, a partir del momento en que el heredero de la Corona regresó a Madrid tras haber completado su formación con un máster en relaciones internacionales por la Universidad de Georgetown (EEUU).

Justo antes de incorporarse al equipo de la Casa del Rey, Alfonsín trabajaba en el prestigioso despacho de abogados Uría y Menéndez, y antes, fue secretario general y director de la Asesoría Jurídica del banco Barclays. De haberse mantenido en la empresa privada, Alfonsín tendría un sueldo mucho más alto que el que recibe como alto cargo de la Casa del Rey, señalan en su entorno.

Los periodistas que han tratado con Alfonsín han podido comprobar que se trata de un hombre extremadamente prudente y discreto, mientras que personas que han trabajado con él le definen además como un hombre eficaz, tranquilo y reflexivo.

El primero de más cambios

Una vez que se publique su nombramiento en el BOE, Alfonsín completará el resto del equipo de la Casa del Rey. Entre otros cambios, sustituirá al director de Comunicación, que es en la actualidad el periodista Javier Ayuso. A Ayuso le relevará previsiblemente el periodista Jordi Gutiérrez, que trabajó durante 16 años (1993-2009) como número dos en el departamento de prensa de la Casa Real, donde se ocupaba principalmente de las actividades de los príncipes de Asturias. En la actualidad, es director de comunicación en la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM).

Alfonsín tendrá que decidir también si cesa al secretario de las infantas Elena y Cristina, que han dejado de ser miembros de la familia real. Carlos García Revenga también está imputado en el caso Nóos junto a Iñaki Urdangarin y su esposa.  Está por ver si la estructura de la Casa del Rey se adelgaza o no como consecuencia de la nueva composición de la familia real. Debido a la juventud de la princesa de Asturias, Leonor (ocho años), no parece que tenga mucho sentido el mantenimiento de una secretaría para ella.

Alfonsín es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, y se graduó tras haber obtenido el primer premio extraordinario de su promoción. En 1980 ingresó en el Cuerpo de Abogados del Estado. Como tal prestó servicios en las Delegaciones de Hacienda de Teruel y Cuenca; en el Ministerio de la Presidencia; en el Tribunal Supremo y en la Asesoría Jurídica de la Comisión Europea. También Ha desempeñado el cargo de director general de Cooperación con los Regímenes Autonómicos del Ministerio de Administración Territorial.

Desde 1984 hasta 1992 fue secretario general y jefe de la Asesoría Jurídica de Barclays Bank, y desde 1992 a 1995 ejerció la Abogacía en el Despacho de Abogados Uría y Menéndez. Asimismo, ha sido profesor de Derecho de la Unión Europea en ICADE y profesor de Derecho Fiscal en la Universidad Autónoma de Madrid.

Alfonsín, casado y con dos hijas, sustituirá a Rafael Spottorno, que ha dirigido la Casa del Rey desde septiembre de 2011, apenas dos meses antes de que adquiriese notoriedad pública la investigación judicial en torno a los negocios de Iñaki Urdangarin con el registro judicial de las sedes de varias empresas vinculadas a él y a su socio Diego Torres. El diplomático es un viejo conocido de la institución, donde trabajó como secretario general entre 1993 y 2002.

A él le ha tocado lidiar con todo el caso Nóos, cuyo largo sumario ha llegado a calificar de "martirio", por las continuas informaciones que en los medios de publicación se han publicado en los últimos tres años. Y él fue también quien, en una reunión con la prensa en diciembre de ese mismo año, anunció que Urdangarin quedaba apartado de la agenda de la familia real por su comportamiento "no ejemplar". En aquel encuentro Spottorno también dejó entrever que la Casa no iba a contar tampoco con la infanta Cristina, aunque en su caso, solo respondió con un "ya veremos" cuando los periodistas le preguntaron si la hija menor del monarca seguiría participando de la agenda oficial. Lo cierto es que desde ese mismo momento ella también quedó apartada de facto de los actos oficiales. 

A Spottorno también le ha tocado preparar la transición que ha culminado con la abdicación del rey Juan Carlos I y la proclamación de Felipe VI que, según fuentes de la Casa, se ha hecho "con la dignidad" que se merece un país como España.