El Campus de la Justicia, el "reto más ambicioso" de Esperanza Aguirre en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, en sus propias palabras, está bajo el foco de los tribunales por posibles irregularidades en su gestión. Quince años después de lanzar este macroproyecto urbanístico dirigido a centralizar las sedes judiciales de la región en un mismo espacio, la Audiencia Nacional ha investigado la gestión de la empresa pública creada a tal efecto y ya ha propuesto juzgar al exvicepresidente Alfredo Prada y ahora dirige sus indagaciones sobre la actuación de Francisco Granados, que tomó las riendas del plan cuando fue nombrado consejero de Presidencia, Justicia e Interior en el año 2008.

Así lo explica el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, José de la Mata, en un auto del pasado 11 de noviembre, al que ha tenido acceso infoLibre, en el que forma pieza separada de la fase correspondiente a la gestión de Prada para dictar la transformación de la causa en procedimiento abreviado, mientras que continuará investigando en la pieza principal la parte correspondiente a la gestión de la empresa pública denominada Campus de la Justicia S.A. (CJM) por parte de Granados que debía poner en marcha el complejo urbanístico.

Según explica el magistrado en su auto, la sociedad se constituyó en 2005 con el objetivo de construir en el barrio residencial de Valdebebas, en el norte de Madrid, "un complejo de edificios en el que se concentrarían las sedes judiciales de la Comunidad de Madrid" y que estaría compuesto por "14 edificaciones interconectadas por una red de túneles". La historia es de sobra conocida: el proyecto resultó fallido y de ese ambicioso plan sólo queda un edificio, el conocido como dónut por su forma circular que ni siquiera está terminado y que hasta ahora se erigía en mitad de la nada. Son los mismos terrenos sobre los que la actual presidenta, Isabel Díaz Ayuso, levanta su propio proyecto estrella, el hospital de pandemias. Además, ha anunciado que el edificio el fallido Campus de la Justicia se acabará de construir para instalar allí el Instituto Anatómico Forense de la Comunidad.

La historia del Campus de la Justicia comenzó en 2005 con las promesas de Aguirre del macroproyecto urbanístico y terminan en 2014, cuando se inició la fase de liquidación de la sociedad pública cuya gestión investiga el juez De la Mata desde hace más de dos años. Fue precisamente otro Gobierno del PP en Madrid, el presidido por Cristina Cifuentes, el que trasladó a la Fiscalía las conclusiones de la Cámara de Cuentas de la región, en las que se hablaba de incumplimientos sistemáticos de las "normas esenciales" de contratación y contabilidad de la administración de CJM. La Comunidad de Madrid, además, es parte acusadora en este procedimiento.

El magistrado de la Audiencia Nacional diferencia en su auto dos etapas para dividir y hacer más eficaz su investigación: la de Prada al frente del Campus de la Justicia y la de Granados. De la primera, De la Mata considera que existen indicios para enviar a juicio al exvicepresidente y otros cinco exdirectivos de la empresa pública por delitos de prevaricación, fraude a las administraciones públicas y malversación por las irregularidades detectadas en los contratos para la construcción del complejo. Estas adjudicaciones, dice el auto, abarcaron todo tipo de ámbitos, desde la propia redacción del proyecto y la construcción de la urbanización y edificios hasta servicios de vigilancia, consultoría, cobertura fotográfica, comunicación y publicidad, entre otros.

No hubo control en la contratación

De lo instruido en estos más de dos años de investigación, el juez –que no continuará al frente de esta investigación, ya que acaba de ser nombrado representante de España en Eurojust– concluye que la empresa CJM "no estableció en materia de contratación un sistema de control interno sólido que garantizase razonablemente el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables a estos procedimientos y, fundamentalmente el de los principios que deben presidir la contratación del sector público".

La pieza separada correspondiente a la "CJM FASE 1", tal y como la denomina el juez en su auto, tiene por objeto los hechos acontecidos durante la presidencia de Prada en la sociedad pública, mientras que la segunda, que se seguirá instruyendo en la Audiencia Nacional, corresponde a los hechos ocurridos a partir de mediados de 2008, cuando Prada fue sustituido por Granados al frente de la Consejería de Justicia e Interior y, por lo tanto, al frente de la dirección de la sociedad del Campus de la Justicia. El también ex secretario general del PP de Madrid ostentó este cargo hasta 2011, cuando fue destituido por Aguirre, pero la investigación del juez se extiende hasta 2014, fecha de liquidación de la entidad pública.

Destaca De la Mata el organigrama de la empresa de la que Granados era el presidente. Entre agosto de 2008 y julio de 2010 el consejero delegado y director general fue Miguel Giménez de Córdoba, quien había sido previamente director general de Modernización de las Infraestructuras de Justicia de la Comunidad de Madrid y quien años después fue nombrado presidente de la entidad pública estatal Tragsa. Le sustituyó en el puesto Gonzalo Quiroga, quien había ejercido director general de Relaciones con la Administración de Justicia de la Comunidad. En el auto también se menciona al exresponsable del Departamento Financiero de CJM Sergio Adán, a la exdirectora del Departamento Jurídico Carmen Morenés y al exdirector de Comunicación Pablo Martínez.

Francisco Granados no es un desconocido en la Audiencia Nacional. Desde 2014, es el principal investigado en el caso Púnicacaso Púnica, una de las macrocausas de corrupción que investiga el Juzgado Central de Instrucción número 6. Estuvo en prisión preventiva más de dos años y medio por sus actividades presuntamente irregulares durante su mandato como alcalde de Valdemoro y después en la Comunidad de Madrid. Fruto de la investigación de esta causa ha sido la apertura de una pieza separada sobre una posible financiación ilegal del PP regional en la que están imputadas las expresidentas Aguirre y Cifuentes.

Plan criminal para adjudicar a dedo

En la pieza "CJM FASE 1", el juez De la Mata concluye que todos los contratos investigados fueron "actos administrativos decisorios objetivamente arbitrarios que ampararon una situación en la que se prescindió del procedimiento establecido en la ley para facilitar la obtención de los objetivos de los actores". Contratos a empresas amigas o ampliaciones irregulares para contentar a ciertas compañías a pesar de no ser los más ventajosos son algunos de los indicios que el instructor expone y por los que ha propuesto juzgar a Prada y otros cinco imputados.

Un ejemplo son los contratos de publicidad y comunicación investigados, por valor de más de cinco millones de euros, los cuales, dice el juez, "se sustrajeron materialmente a la propia mercantil CJM", pues no se decidían en la empresa, "donde se limitaban a ejecutar las órdenes que llegaban" desde la Vicepresidencia que dirigía Prada. "En estos contratos, todas las decisiones sobre los objetivos a alcanzar, contratos a suscribir, empresas a invitar y empresa adjudicataria eran adoptadas por Prada personalmente, siendo él mismo, en los más de los casos, quien también firmaba las decisiones de adjudicación y los contratos", explica.

Según el instructor, los investigados en este procedimiento, liderados por el exconsejero, que era quien "tomaba todas las decisiones", se pusieron de acuerdo "con distintas personas y mercantiles para adjudicar irregularmente a su favor distintos contratos de CJM, elaboraron un plan criminal y pusieron en marcha distintos artificios para llevarlo a cabo”. Corrompieron, al fin y al cabo, el procedimiento de adjudicación de contratos de la empresa pública, lo que dejó afectada "sustancialmente" su operativa y los resultados económicos, "menoscabando así los bienes jurídicos que tutela el tipo penal de la malversación de los caudales públicos”. El perjuicio al erario público podría ascender a cientos de millones de euros.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha propuesto juzgar al exconsejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid Alfredo Prada y a otras cinco personas por delitos de prevaricación, fraude a las administraciones públicas y malversación de caudales públicos por las supuestas irregularidades cometidas en diversos contratos del Campus de la Justicia de Madrid (CJM).

En el auto de pase a procedimiento abreviado, al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado procede, además de contra Prada, contra el que fuera director general técnico del proyecto Isabelino Baños Fernández, contra el subdirector general técnico Mariano José Sanz Piñar, contra el director financiero Alicio de las Heras Rodríguez y contra el que fuera director de Seguridad del Campus de la Justicia el comisario Andrés Gómez Gordo y a Félix José García de Castro. Asimismo, el magistrado archiva la causa para dos personas, María Lourdes Manovel y Paloma Mateo Martín.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número XX explica en su auto que los investigados, liderados por Alfredo Prada, quien en última instancia tomaba todas las decisiones, "se pusieron de acuerdo con distintas personas y mercantiles para adjudicar irregularmente a su favor distintos contratos de CJM, elaboraron un plan criminal y pusieron en marcha distintos artificios para llevarlos a cabo".

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz se hará cargo de las causas del juzgado que próximamente dejará libre su compañero José de la Mata una vez sea nombrado oficialmente representante de España en Eurojust, la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal que tiene sede en La Haya (Países Bajos). Pedraz asumirá sus investigaciones, incluida la de la caja B del PP, hasta que se nombre un nuevo instructor del Juzgado Central de Instrucción número 5, en un concurso público que tiene que convocar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La designación de De la Mata como candidato más idóneo para Eurojust se hará oficial en el Consejo de Ministros del próximo martes. Se trata de una plaza a la que se han presentado varios candidatos, que son evaluados tanto por Fiscalía General del Estado como por el CGPJ, que elevan sendos informes al Ministerio de Justicia. En función de las conclusiones, en las que se valora la experiencia y capacidad de los aspirantes, el departamento que dirige Juan Carlos Campo realiza una propuesta. El elegido, según fuentes jurídicas, ha sido De la Mata para un mandato de cinco años de duración.

El magistrado ha cumplido ya cinco años en la Audiencia Nacional, siempre en el juzgado 5, donde finalmente obtuvo la plaza fija. Es previsible que no renuncie a ella, pero aún así el órgano de gobierno de los jueces deberá convocar concurso y después designar al sustituto que se encargue de las causas ya abiertas y las que están por venir. El proceso puede demorarse varias semanas a partir de que De la Mata deje oficialmente su puesto y el CGPJ publique el concurso en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La plaza se asigna por antigüedad

La plaza de la Audiencia Nacional se otorgará por concurso ordinario, por lo que no se trata de un nombramiento discrecional de los vocales del CGPJ. El sustituto de De la Mata en el juzgado 5 será nombrado por la Comisión Permanente en función de la antigüedad de los candidatos que decidan optar, los cuales deben llevar al menos ocho de los últimos 12 años de ejercicio en la jurisdicción penal. De entre todos los que se presenten, el órgano de gobierno de los jueces examinará que cumplan los requisitos y asignará el puesto al más veterano de todos ellos. El nuevo magistrado de la Audiencia Nacional será titular del juzgado 5 y si De la Mata decidiera volver a su plaza, el primero quedará adscrito a la Sala de lo Penal de este tribunal.

No es la primera vez que De la Mata ha optado por otras plazas fuera de la Audiencia Nacional. Su objetivo en los últimos años estaba a sólo unos metros de distancia, al otro lado de la Plaza de la Villa de París, en el Tribunal Supremo. Fue uno de los jueces que se presentó a una de las tres vacantes de magistrado en la Sala de lo Penal, un nombramiento que en este caso sí es discrecional. Su nombre sonaba muy fuerte cuando se convocó la primera vacante, hace ya un año, pero no pasó el primer filtro.

Muy respetado entre sus compañeros, que sólo expresan buenas palabras hacia él, De la Mata tiene fama de trabajador incansable e instructor muy concienzudo. Sus autos de fin de instrucción suelen ser muy extensos, de cientos de páginas en algunas ocasiones, y prolijos en detalles sobre cada operación o cada imputado al que decide mandar a juicio. Por ejemplo, la resolución de transformación del caso Pujol en procedimiento abreviado tenía 509 páginas. Entre los fiscales, la opinión general es la misma: un juez con buen criterio y que se implica en las instrucciones, en las que mantiene buena interlocución con el Ministerio Público.

Junto con el Juzgado Central de Instrucción número 6 del que es titular Manuel García Castellón, el juzgado de De la Mata acumula las causas más mediáticas sobre corrupción de la Audiencia Nacional. Heredó el caso Gürtel, del que ha mandado a juicio ya todas las piezas salvo la referida a la de la presunta financiación irregular del PP, la conocida como papeles de Bárcenas o caja B, que continúa en instrucción. El magistrado encargó recientemente nuevas diligencias para tratar de establecer la posible relación entre las donaciones de empresarios al partido y adjudicaciones de obra pública a cambio. En uno de los últimos autos de esta investigación, De la Mata encontró "una correlación objetiva, subjetiva y temporal” entre los pagos de un empresario y los contratos que firmó luego con la Administración.

Desde hace unos meses, De la Mata ya parecía intuir su salida de la Audiencia Nacional. No en vano, el verano pasado cerró dos de las macrocausas más extensas a las que ha tenido que hacer frente en el Juzgado Central de Instrucción número 5. Por un lado, propuso juzgar a toda la familia Pujol por formar presuntamente una organización criminal para, aprovechándose de su "posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social y económica catalana durante décadas", acumular un "patrimonio desmedido directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas". Pocos días después, hizo lo propio con tres exgerentes de Convergència (CDC) y otras 29 personas en el caso conocido como del 3% sobre la supuesta financiación ilegal del partido catalán. De esta causa aún queda en instrucción una pieza separada por blanqueo de capitales de donaciones a la formación política de la que se deberá hacer cargo su sucesor.

Menos conocidas pero igual de vastas son otras macrocausas de las que se ha hecho cargo De la Mata en estos últimos cinco años, también sobre corrupción, como Defex, Mercasa y el caso Madeja. Instruye desde hace más de dos años el caso de las estafas en las clínicas iDental, que se divide en varias piezas separadas, de las cuales ya ha mandado a juicio la referida a los delitos económicos presuntamente cometidos por la antigua cúpula de la compañía.

Pedraz, 15 años en la Audiencia Nacional

Los casos que deja pendientes los heredará, al menos unas semanas, el juez Pedraz, uno de los magistrados históricos de la Audiencia Nacional, donde lleva trabajando desde hace ya quince años. Titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 y además juez decano del tribunal, en este tiempo se ha hecho cargo de varias causas tan importantes como la del asesinato del periodista José Couso en la guerra de Irak, en la que dio curso a la comisión rogatoria para interrogar como imputados a los tres militares estadounidenses responsables del carro de combate que disparó contra el Hotel Palestina. La Sala de lo Penal ordenó el archivo al entender que se trató de un acto de guerra.

Pedraz también ha llevado casos de justicia universal: imputó a responsables políticos chinos por su actuación en el Tíbet, pero la instrucción se cerró tras la reforma legal promovida por el Gobierno del PP que limita la actuación de tribunales españoles en otras jurisdicciones. En los últimos años, también ha instruido causas complejas como la de la estafa de Afinsa, las irregularidades en el Banco de Valencia, el escándalo bursátil de Gowex o los contratos irregulares de la Federación Española de Fútbol. En 2016, abrió diligencias contra el expresidente de Banesto Mario Conde por presunto blanqueo y delito fiscal, pero la cerró dos años y medio después al considerar que el dinero que repatrió desde Suiza es anterior a su etapa al frente del banco.

Uno de los magistrados más veteranos de la Audiencia Nacional también se llevó muchos titulares con la instrucción del caso de la presunta extorsión de Ausbanc y Manos Limpias, que precisamente se está juzgando ahora, en un proceso en el que el fiscal pide más de 100 años de cárcel para el presidente de la asociación de usuarios de banca, Luis Pineda. Pedraz le mantuvo en prisión provisional durante tres años y sólo le permitió salir tras el pago de una fianza de 200.000 euros.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha prorrogado casi un año, hasta el 29 de julio de 2021, el periodo de instrucción del caso conocido como los 'Papeles de Bárcenas' o la 'Caja B' del PP por la presunta financiación irregular del partido.

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 ha decidido "establecer el plazo de investigación judicial en esta causa en doce meses computados desde el día 29 de julio de 2020, de modo que el plazo ordinario de investigación judicial finalizará el día 29 de julio de 2021", aunque "sin perjuicio de las prórrogas sucesivas por periodos iguales o inferiores a seis meses que puedan acordarse, si procediera, antes de la finalización de este plazo".

Hasta este auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el plazo de investigación llegaba hasta el 28 de agosto de 2020, si bien De la Mata se ha servido de la reforma del artículo 324.1 de Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que establece un nuevo sistema de plazos para la instrucción de los procesos penales.

De la Mata reabrió esta pieza en marzo de 2017 para seguir indagando sobre la presunta financiación irregular del PP, después de que el 'cabecilla' de la Gürtel, Francisco Correa, revelara en el juicio por la primera época de actividades de la red corrupta que algunas constructoras recurrían a sus servicios para que mediase por ellas ante los ministerios de Fomento y Medio Ambiente, entre otros, a cambio de comisiones.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado este jueves las listas de candidatos a las tres plazas de magistrado que han quedado vacantes en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, unas ternas que se han elaborado tras escuchar los proyectos de todos los candidatos el pasado mes de diciembre y que incluyen a seis magistrados de la Audiencia Nacional.

Entre los aspirantes excluidos destacan dos jueces de instrucción de este órgano, José de la Mata –que actualmente instruye varias de las causas de mayor complejidad en la Audiencia Nacional, como son los casos Pujol, los papeles de Bárcenas y el 3 por ciento en Cataluña–; y la ex concejal del PP en Madrid María Tardón.

No obstante, ambos pueden ser propuestos por cualquier vocal del Pleno para que su nombre vuelva a estar entre los considerados al puesto, según han señalado a Europa Press fuentes de órgano de gobierno de los jueces. También ha quedado fuera Eloy Velasco, que fue quien inició la instrucción de los casos Púnica y Lezo.

Entre los que sí han pasado este primer filtro está el propio presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, así como Ángel Hurtado, que fue el juez de GürtelGürtel contrario a condenar al PP como partícipe a título lucrativo.

Se suman a las ternas hechas públicas por la Comisión Permanente varios jueces de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional como Juan Ramón Séz, Teresa Palacios y Manuela Francisca Fernández Prado, a los que se suma la presidenta de este órgano, Concepción Espejel, cuyo nombre suena seguro para ocupar una de las tres plazas vacantes.

Otros candidatos que suenan con fuerza son el actual presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Jesús María Barrientos, y el magistrado de este órgano Javier Hernández, según las fuentes consultadas.

El resto de candidatos en pasar el primer filtro del CGPJ son Joaquín Delgado (actualmente Audiencia Provincial de Madrid), Lorenzo Jesús Del Río Fernández (TSJ de Andalucía), María del Rosario Esteban (Audiencia Provincial de Madrid), María Dolores Hernández Rueda (Audiencia Provincial de Valencia), Leopoldo Puente Segura (TSJ Madrid), María Pilar Rasillo (Audiencia Provincial de Madrid), Eduardo de Urbano (Audiencia Provincial de Madrid).

Requisitos

Las tres plazas, correspondientes al turno general, están reservadas a miembros de la Carrera Judicial con categoría de magistrado, en situación administrativa de servicio activo o de servicios especiales y con diez años de antigüedad en esa categoría y no menos de quince en la Carrera.

Las convocatorias obedecen a la jubilación del magistrado que formó parte del tribunal que juzgó el "procés" independentista en Cataluña Luciano Varela, efectiva desde el pasado 14 de octubre; y a las de Alberto Jorge Barreiro y Francisco Monterde Ferrer.

TSJ Canarias y Audiencia de Ourense 

Por otra parte, los magistrados que integran la terna de candidatos a presidir el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, vacante por vencimiento del mandato de su actual presidente, Antonio Doreste, son: Pedro Joaquín Herrera Puentes (Audiencia Provincial de Las Palmas), Juan Luis Lorenzo Registro Civil de Santa Cruz de Tenerife), y José Félix Mota Bello (Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife)

Finalmente, los jueces que integran la terna de candidatos a presidir la Audiencia Provincial de Orense, vacante por vencimiento del mandato de su actual presidente son Ana María Blanco Arce (Audiencia Provincial de Ourense) y Antonio Piña Alonso, que aspira a su reelección.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha ordenado este jueves registros en Triacom, una de las principales productoras de la programación de TV3, en relación con la investigación del conocido como caso 3 per cent sobre la presunta financiación irregular de ConvergènciaConvergència, han informado a Europa Press fuentes jurídicas y policiales.

En los registros en Barcelona han participado tanto los Mossos d'Esquadra como la Guardia Civil, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción. La actuación policial ha sido compartida entre la Audiencia Nacional y el juzgado número 1 de Lleida, que ya investigaba la supuesta participación en la trama del que fuera presidente de la Diputación de Lleida, Joan Reñé.

De la Mata acordó el pasado mes de agosto la imputación del exgerente de TV3 y administrador de la productora Triacom Oriol Carbò tras escuchar al responsable de Hispart, Joan Manuel Parra, declarar como testigo que el partido catalán utilizó un sistema de facturación falsa a través de una productora de TV3 para financiar actos de la campaña electoral de 2010, la primera de Artur Mas como aspirante a la presidencia.

En paralelo, la Agencia Tributaria destapó en una inspección sobre impuesto de sociedades la existencia de más de dos millones de euros en facturas falsas emitidas en 2010 y 2011 a Triacom, la productora estrella de TV3 investigada por supuestamente haber facturado en falso para camuflar gastos electorales de Convergència Democratica de Cataluña.

Este asunto se sigue en la Audiencia Nacional, en la denominada causa del 3%, que investiga si cargos de CDC cobraban mordidas a empresarios a cambio de la adjudicación de obra pública y, posteriormente, blanqueaban esos ingresos con fórmulas como la prestación de servicios a terceros de los que en realidad se beneficiaba el partido.

Según declaró en su día Juan Manuel Parra adjuntando una grabación, Carbó le dio instrucciones en connivencia con el exconseller de Justicia de la Generalitat Germá Gordó, para facturar a Triacom por conceptos ficticios el despliegue que había realizado para un acto electoral de CDC. Tal y como afirmó en la Audiencia Nacional, sólo así podía cobrar por sus servicios.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha abierto juicio oral a 21 investigados por las adjudicaciones irregulares a la trama Gürtelen el municipio madrileño de Arganda del Rey entre los años 1998 y 2009, y ha impuesto fianzas de hasta 80 millones de euros para algunos de ellos por la cuantía de las multas que afrontarán de ser condenados.

En concreto, en un auto dictado este lunes, De la Mata impone 78 millones de euros de fianza para el líder de la Gürtel, Francisco Correa y su mano derecha, Pablo Crespo, y 79,1 millones al empresario de la construcción Fernando Martín, por las actividades desplegadas en casi una década para enriquecerse ilícitamente manipulando la contratación pública y con cargo a los fondos de las entidades municipales de la localidad madrileña.

En el banquillo se sentarán además el exalcalde de Arganda Ginés López, el que fuera teniente de alcalde y diputado en la Asamblea de Madrid Benjamín Martín Vasco y su hermano Joaquín, la exdiputada madrileña María Josefa Aguado, así como empleados en empresas públicas de esta localidad Juan Fernández Caballero (Sociedad de Fomento y Desarrollo), César Tomás Martín Morales (Suelo) y Álvaro García del Río, Isaac García Requena y José Ramón Gutiérrez Villar (Fomento).

De parte de las empresas de Gürtel, serán juzgados el contable de la trama, José Luis Izquierdo; así como la administradora del Grupo Correa Isabel Jordán, el 'cerebro financiero' Ramón Blanco Balín –a quien el juez impone 75 millones de euros de fianza– y Pablo Collado Serra, exgerente de la Fundación Baleares Sostenible y empleado de una de las empresas de Correa, Easy Concept.

También serán juzgados los empresarios Luis Bremond, José Luis Martínez Parra, Manuel Salinas y Amando Mayo, estos dos últimos con fianzas de 75 y 80 millones, respectivamente; el exresponsable de Constructora Hispánica Alfonso García Pozuelo y las mercantiles Special Events, Easy Concept, Good & Better, Diseño Asimétrico, Servimadrid Integral, Teconsa, Constructora Hispánica y Martinsa.

Una "banda" con "afán depredatorio"

De este modo se pone así fin definitivamente a la instrucción de esta pieza separada de la trama Gürtel que investiga un complejo entramado societario encaminado a la obtención de adjudicaciones de contratos públicos de forma irregular a cambio o con ocasión de la entrega a funcionarios y autoridades con competencia en el ámbito de la contratación pública, de valiosos regalos o importantes cantidades de dinero.

Los juzgados, lo serán por delitos de prevaricación, continuado de fraude a las administraciones públicas, continuado de cohecho pasivo, continuado de falsedad en documento mercantil, continuado de cohecho activo, contra la Hacienda pública, insolvencia punible y malversación de caudales públicos.

Según explica De la Mata en el auto de apertura de juicio oral, los investigados se pusieron de acuerdo para defraudar a las entidades públicas de Arganda del Rey y de forma señalada al propio municipio y la Sociedad de Fomento, para lo que intervinieron en la sucesión de actos de planificación y ulterior ejecución de la "actividad depredatoria" que entre todos realizaron.

En el caso del ex alcalde, junto con Martín Vasco y Fernández Caballero, los tres en una posición privilegiada en la administración pública en Arganda y competencias muy relevantes en el área de contratación, el juez señala que esto permitía a la red asegurar que los contratos "se adjudicaran conforme a los designios de la banda", causando "enormes perjuicios al ente público".

Mientras, el resto de investigados que ocupaban puestos en las sociedades municipales de Arganda colaboraron aportando informes técnicos o de valoración dando el visto bueno a procedimientos y facturas y pagos que beneficiaban al conjunto de la trama.

La gente de Correa, por su parte, "corrompió activamente" a los cargos públicos con sus promesas y dádivas, siempre según el juez, "hasta comprometerlos como miembros de la comunidad criminal" de forma que llegaron a un acuerdo "permanente y sistemático" para el desfalco del ayuntamiento y sus sociedades públicas.

Por último, los empresarios, contribuyeron para conseguir que los contratos públicos les fueran adjudicados, para lo que presentaban las ofertas ya amañadas, sabiendo que serían los adjudicatarios, con precios desorbitados, plazos de cumplimiento imposibles o con conocimiento previo de las condiciones de los pliegos, y con "comisiones millonarias" de por medio.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha librado una nueva comisión rogatoria a las autoridades de Andorra para que reclamen a cuatro bancos de Principado información sobre seis cuentas bancarias que presuntamente tenía el hijo primogénito del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol a través de un testaferro, el exdirector de la Radio Televisión de Andorra Francesc Robert Ribes.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 ha dictado un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que acepta la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción de librar un nuevo auxilio judicial a las autoridades andorranas, en concreto la número 22, para que reclame a los bancos Andbank, Credit Andorrá, Banc Sabadell d'Andorra y Banca Privada de Andorra numerosa documentación bancaria de cuentas a nombre de Ribes.

Todo ello se enmarca en la causa que sigue el juez De la Mata desde diciembre de 2012 en relación con el origen de la fortuna de la familia Pujol por la presunta comisión de delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, delitos de falsedad en documento mercantil, así como de un posible delito de organización criminal.

Según explica el auto del magistrado instructor, la Fiscalía Anticorrupción sospecha que Jordi Pujol Ferrusola podría tener dinero escondido en seis cuentas bancarias abiertas en las cuatro entidades mencionadas a nombre del exresponsable de la televisión andorrana. Ello se desprende de la información facilitada por la Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional en julio del año pasado a raíz de la practica de otras comisiones rogatorias emitidas a Andorra.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha abierto una nueva pieza de investigación respecto de las entidades ING Bank, Caixabank, Ibercaja, Bandenia Banca Privada PLC y Bandenia Banca Privada sucursal en España por un presunto delito de blanqueo de capitales relacionado con la presunta actividad delictiva de esta última, informa Europa Press.

Por otro lado, el juez ha archivado la causa respecto a Conde-Pumpido Varela -hijo del exfiscal General del Estado- y otras cuatro personas que estaban siendo investigadas por presuntos delitos de blanqueo de capitales relacionados con esta entidad.

Por contra, envía a juicio a otras diez personas por esta causa, que investiga al banco pantalla Bandenia, dedicado al movimiento internacional de divisas para ocultar al fisco a los verdaderos titulares de los capitales, según la instrucción realizada por el Juzgado Central de Instrucción número 5.

Por lo que respecta a la nueva pieza, que el juez denomina Bandemia-blanqueo, tiene relación según el auto dado a conocer este viernes con el magistrado con la gestión de cuentas corrientes de Bandemia abiertas en las tres entidades bancarias citadas.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha dictado auto de apertura de juicio oral para 24 personas, dos sociedades y la empresa pública Defex por el presunto desvío y apropiación de fondos en los contratos de suministro de material policial para Angola, informa Europa Press.

En el auto, dictado este lunes, el juez les imputa delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, contra la Hacienda pública, apropiación indebida, malversación de caudales públicos, blanqueo, falsedad documental y asociación ilícita o pertenencia a grupo u organización criminal.

Se trata de los contratos firmados en 2008 entre la Unión Temporal de Empresas (UTE) Cueto-Defex y el comando general de Policía Nacional de Angola de suministro de equipamientos y material policial, una operación por importe superior a los 152 millones de euros, cuyo coste de ejecución fue de algo más de 59 millones (el 38,6 por ciento) y que dejó un beneficio de casi 94 millones (61,3 por ciento).

El magistrado fija por ello fianzas que en el caso de alguno de los investigados, como los expresidentes de Defex, José Ignacio Encinas, y Comercial Cueto, Juan Carlos Cueto; superan los 400 millones de euros entre la multa y la responsabilidad civil.

Junto a ellos, se sentarán en el banquillo el exdirector comercial de Defex, Manuel Iglesias-Sarriá; exdirectivos de la pública como Iciar de Iraola Lachiondo, así como Beatriz García Paesa, la sobrina del célebre espía español, ante los incidios "sólidos y consistentes" de que todas las operaciones de la UTE en Angola consistían en "conseguir contratos públicos" mediante "el pago de comisiones ilícitas a autoridades y funcionarios" de aquel país".

La Fiscalía Anticorrupción solicita la pena de cárcel de 29 años de cárcel para los líderes de la trama Gürtel, Francisco Correa y Pablo Crespo –en prisión desde hace dos años cumpliendo condena por otras piezas de esta causa–, y otros 17 años de prisión al ex alcalde de Arganda del Rey Ginés López por el pago de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones en el municipio madrileño de Arganda del Rey entre los años 1998 y 2009.

El Ministerio Público acusa también a otras 18 personas que se sirvieron de sus competencias para hacer posible la presunta contratación ilegal y que fueron procesados el pasado enero por el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata por delitos de prevaricación, fraude a las administraciones públicas, cohecho, falsedad en documento mercantil, contra la Hacienda pública, insolvencia punible y malversación de caudales públicos. Los fiscales solicitan penas de prisión para todos ellos, que oscilan entre los dos y los 29 años, según su escrito de acusación que adelantó La información y al que ha tenido acceso Europa Press. Entre los acusados se encuentra el ex concejal Benjamín Martín Vasco, para quien Anticorrupción pide 20 años de cárcel.

En este listado también están el considerado contable de la trama, José Luis Izquierdo, para quien piden 10 años y medio de cárcel; los que fueran administradores de las empresas Isabel Jordán y Pablo Collado, que se enfrentan a 16 años y medio y dos años de prisión, respectivamente; y a ocho años el asesor fiscal de Correa, José Ramón Blanco Balín.

Para el exdirector financiero de sociedad Fomento Juan Fernández Caballero se interesa la misma condena que para el cabecilla de la Gürtel; mientras que para la exdiputada de la Asamblea de Madrid y exjefa de Deportes de sociedad Fomento María Josefa Aguado; el exdirector de programación y proyectos de la misma empresa Isaac García Requena y el asesor jurídico Luis Bremond piden 9 años de prisión. Asimismo, el exdirector de programación y coordinación del Ayuntamiento César Tomás Martín y el que fuera técnico de gestión de la sociedad Fomento José Ramón Gutiérrez Villar tan sólo se enfrentan a dos años y medio de cárcel.

Por otro lado, Fiscalía interesa que se impongan las penas de ocho años y medio de prisión para los empresarios José Luis Martínez Parra (Teconsa) y Alfonso García Pozuelo (Constructora Hispánica); 19 años y medio para el responsable de Martinsa, Fernando Martín; y 16 años y medio y 22 años y medio de cárcel para los que abonaron las comisiones de las parcelas Manuel Salinas y Amando Mayo. Por último, los fiscales piden tres años de cárcel para el arquitecto Álvaro García del Río; y otros dos, para Joaquín Martín Vasco por tratar de ocultar parte del dinero negro que percibió su hermano.

"Estrechos contactos" con el PP

Por su parte, la acusación popular ejercida por el PSOE madrileño, también ha hecho llegar al Juzgado Central de Instrucción número 5 su escrito de acusación contra los 21 procesados por los posibles delitos de prevaricación, fraude a las administraciones públicas, falsedad documental, cohecho, malversación de caudales públicos, insolvencia punible, contra la Hacienda pública y asociación ilícita.

En su escrito, al que también ha tenido acceso Europa Press, además de hacer un relato detallado sobre las actividades de la trama Gürtel en Arganda del Rey, la acusación recuerda que "cómo venía siendo habitual" en las comunidades autónomas de Madrid y Valencia y en municipios regidos por el PP, Correa se valió de sus "estrechos contactos con personas relevantes" dentro de dicho partido tanto a nivel municipal como nacional. Con todo ello, pide para Correa y Crespo 29 y medio de prisión; mientras que para Ginés López solicita 22 años y seis meses de cárcel.

En cuanto al escrito de acusación de Anticorrupción, los fiscales Concepción Sabadell e Ignacio Stampa comienza relatando que el cabecilla de la red corrupta convino con funcionarios y autoridades del Ayuntamiento de Arganda del Rey desde al menos 1998 y mientras gobernaba el PP en el municipio para hacer negociar lucrarse con contratos públicos a cambio de una comisión.

Así, la contratación se vio favorecida a través de la empresa municipal del suelo Sociedad de Fomento sobre la que Benjamín Martín Vasco, Ginés López Rodríguez y Juan Fernández Caballero tenían competencias directas que "permitían efectuar contrataciones públicas eludiendo el control de la oposición política y de la Intervención General de la Administración del Estado".

Olimpiadas escolares y el 'Rock in Rio' 2008, en el listado de eventos

El denominado Grupo Correa fue seleccionada para organizar distintos eventos: las Galas del Deporte celebradas entre los años 2003 y 2008; las Olimpiadas Escolares, entre 204 y 2008 –salvo el año 2005–; Rock in Rio 2008; el Día del Árbol 2008, así como el acto de colocación de la primera piedra de la nueva Comisaría de Policía en 2005. Según indica Fiscalía, por estas "irregulares" adjudicaciones, las empresas de la Gürtel obtuvieron contratos por un total de 1.244.639,14 euros obteniendo un beneficio de, al menos, 189.991,81 euros.

Conforme a lo pactado con la Gürtel, el que fuera alcalde recibió regalos en efectivo y en especie por el valor de 545.328,98 euros; Martín Vasco fue obsequiado con 363.295,63 euros y el ex director financiero de la empresa municipal percibió un importe total de 13.700 euros. Gran parte de estas cantidades procedió de la caja 'b' de Correa, destaca el escrito.

Por otro lado, Anticorrupción explica que el líder de la Gürtel y su número dos, Pablo Crespo, intermediaron para que otras sociedades ajenas a sus empresas (Teconsa, Constructora Hispánica y Martinsa) resultase beneficiadas. Con sus gestores, Correa mantenía una "estrecha relación", ya que ya habría cobrado comisiones de ellos por negocios similares en los municipios madrileños de Boadilla del Monte y Pozuelo de Alarcón, recuerdan los fiscales.

En concreto, Martinsa fue adjudicataria de varias parcelas de Arganda, que después iban a ser distribuidas entre algunos de los acusados; a Teconsa se le encomendó la construcción de una guardería infantil, y de un centro deportivo con piscina cubierta, además de varios tramos de obra de una carretera, en la que también trabajó Constructora Hispánica. Esta última sociedad también realizó la conservación y mantenimiento de instalaciones deportivas y de mobiliario e instalaciones urbanas.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha propuesto juzgar a la empresa semipública DefexDefex así como a su expresidente, a varios miembros de la excúpula, tres intermediarios y otras tres mercantiles por presuntas irregularidades en once contratos de suministro de material militar a Arabia Saudí suscritos entre 2005 y 2014 por importe superior a 48 millones de euros, informa Europa Press.

En concreto, De La Mata ha dictado el pase a procedimiento abreviado, que pone fin a la instrucción, para un total de nueve personas entre las que se encuentran el expresidente de la empresa José Ignacio Encinas Charro y los exdirectivos Manuel Iglesias Sarria y Ángel Larumbe, la propia Defex y las mercantiles Defence Development, Nytel Global y Meta por delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, corrupción en los negocios, cohecho, blanqueo y organización criminal.

Se trata de la tercera pieza separada del caso Defex, tras las relativas a los contratos en Angola y Camerún, cuya instrucción también ha finalizado. En este caso, se refiere a la relación comercial entre la empresa semipública y Arabia Saudí a lo largo de nueve años y once contratos en los que se habrían estado computando como gastos pagos en concepto de comisiones a terceros no justificadas.

De la Mata considera que existen indicios "sólidos y consistentes" que ponen de manifiesto que todas las operativas desarrolladas por Defex en Arabia Saudí consistían en conseguir contratos públicos mediante el pago de comisiones ilícitas a autoridades y funcionarios públicos de este país, aprovechándose de la absoluta falta de mecanismo y procedimientos de prevención que tenía la empresa pública.

"Rapiñar para sí los fondos"

Para ello, pagaban también comisiones "extraordinarias, irrazonables y no justificadas" a agentes intermediados, concretamente a Álvaro Cervera Pérez, Carlos Ques Blandigneres y Paula Alexandra Olveira y Silva –a quienes propone juzgar–, que percibían a través de sus empresas como "meros parapetos para ocultar sus intereses personales".

El auto concluye que los responsables de dichas prácticas en Defex fueron los directivos responsables del contrato, Manuel Iglesias Sarria y Ángel Larumbe, "quienes mantenían el control de las operaciones y suscribieron prácticamente todos los contratos".

Junto a ellos también habrían participado a sabiendas Fernando Aguilar, Ana Cerrolaza, y Encinas Charro. "Este último no perdió la oportunidad de alcanzar un acuerdo personal con Cervera Pérez y rapiñar para sí mismo parte de esos fondos, ocultándolos en su sociedad instrumental y opaca Tabarka Corporation", subraya el instructor.

Para el juez, ha sido clave el papel de los tres intermediarios, que eran "en realidad los conseguidores de los contratos" y que los lograban "para sí y para Defex a cambio de enormes comisiones, absolutamente desproporcionadas (que en ocasiones llegaron incluso al 20% del valor) y que repartían entre los propios agentes y autoridades y funcionarios públicos saudíes".

Contrataban sin saber con quién

Mientras, la compañía semipública española carecía de cualquier sistema interno de organización y control de sus operaciones comerciales y los relativos a prevención del delito eran "simplemente inexistentes", como muestra en opinión del juez, la contratación de IKE, mercantil con la que se hicieron negocios sin saber si quiera quién estaba detrás de ella.

"El descontrol en Defex SA era tan grande que los directivos no han sido capaces siquiera de conocer, no ya los servicios que el grupo IKE prestara, sino que ni siquiera consta en la empresa qué personas podían estar tras esta mercantil y ser sus beneficiarios. Ni siquiera ahora ha logrado resolver Defex de manera completa el misterio de la verdadera identidad de esta compañía", dice el auto.

De la Mata lo atribuye a que Cervera Pérez y al menos los directivos de Defex Iglesias-Sarria, Larumbe Burgui y Aguilar "se han negado a aportar tal identidad, en cuanto existen múltiples correos de Cervera Pérez que aluden al conocimiento de todos de la identidad oculta de los beneficiarios últimos del grupo".

"Defex suscribió contratos con este supuesto agente durante años y realizó en su favor pagos multimillonarios, sin tener formalmente la más remota idea de a quién estaba transfiriendo tales fondos y por qué razón, más allá de que Cervera Pérez les indicaba que esto era esencial para poder conseguir los contratos o para poder conseguir la ejecución de los contratos", añade.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha procesado a la empresa pública de venta de armas Defex como persona jurídica y a su director comercial Manuel iglesias Sarriá por la operativa de contratación y facturación desarrollada para conseguir contratos públicos de forma irregular en Camerún mediante el pago de comisiones ilícitas a autoridades y funcionarios públicos del país africano, informa Europa Press.

En el auto de pase a procedimiento abreviado, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 también procede contra el presidente de la mercantil Grupo Aresa Internacional, Óscar López i Salvadó; el director comercial de Deimos Space SLU, Francisco Luque Ramírez, así como contra las personas jurídicas Aresa Merina SL y Deimos Space SLU.

Los hechos investigados, que se centran en contratos sobre repuestos para vehículos, sistemas de vigilancia, material antidisturbios y armamento de patrulleras, serían constitutivos, según el juez, de los delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales (actualmente corrupción en los negocios), falsedad documental, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales.

La pieza sobre los contratos de Defex en Camerún es la segunda que el magistrado propone juzgar de este caso que involucra a la empresa pública de venta de armamento en distintos países.

La primera fue la de Angola el pasado julio y De la Mata ordenó el procesamiento de 27 personas y cuatro sociedades, Defex entre ellas, por presuntos delitos de corrupción en las transacciones internacionales, contra la Hacienda Pública, malversación y blanqueo, entre otros, en una operación de venta irregular de armas por importe superior a los 152 millones de euros.

Entre los procesados en aquel momento que están pendientes de juicio se encuentran exdirectivos de las empresas investigadas como Juan Carlos Cueto Martín, José Ignacio Encinas Charro, Angel María Larumbe y Manuel Iglesias Sarría, a quienes el juez señaló como los "auténticos líderes de la organización", así como la sobrina del célebre espía Francisco Paesa, Beatriz García Paesa.

La defensa del extesorero del PP, Luis Bárcenas, ha solicitado personarse como acusación particular en la causa sobre la operación Kitchen, el operativo policial que investiga la Audiencia Nacional y que se habría puesto en marcha en 2013 financiado con fondos reservados para robarle documentación sensible del partido que él se habría llevado cuando fue despedido.

Según han informado fuentes jurídicas la defensa de Bárcenas presentó un escrito solicitando personarse como acusación particular en la causa la pasada semana por entender que habría sido perjudicado en ese operativo policial con el que se habría captado con dinero público al que fuera su chófer para que le sustrajera los documentos. Kitchen es la séptima pieza del llamado caso Tándem por el que se investigan las actividades presuntamente delictivas del comisario jubilado José Manuel Villarejo, quien se encuentra en prision provisional desde noviembre de 2017 sospechoso, entre otros delitos, de organización criminal, cohecho, blanqueo y extorsión.

La investigación sobre la operación Kitchen se incorporó a la causa, parcialmente secreta, cuando parte de la documentación intervenida a Villarejo reveló indicios de que a partir del año 2013 estuvo pagando 2.000 euros al mes, provenientes de fondos reservados, al entonces chófer de Bárcenas y su esposa en calidad de confidente para hacerse con la documentación que podría haber conservado el extesorero tras su despido del PP.

Este operativo está siendo investigado por el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. No obstante, otro juez de este mismo tribunal, José de la Mata, se ha interesado por el caso, ya que en su caso está investigando la presunta financiación irregular del PP, por lo que tiene interés en conocer los documentos que en su día pudieran habérsele sustraído al extesorero. Así, de este modo, Bárcenas y su mujer, Rosalia Iglesias, están citados a declarar en calidad de investigados ante el juez De la Mata el próximo viernes, 21 de diciembre, para que aclaren cuál era esa información que les fue sustraída.

El Consejo de Ministros tiene previsto este viernes desclasificar la operación Kitchen en la que presuntamente se usaron fondos reservados para intervenir documentación del extesorero del PP Luis Bárcenas, a través de la captación como confidente de su chófer. Esto permitirá al Ministerio del Interior remitir a la Audiencia Nacional los recibís originales localizados en sus archivos. El pasado 23 de noviembre, el juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Diego de Egea, libró un auto para solicitar al Consejo de Ministros que desclasificara toda la documentación relativa a Kitchen, la séptima pieza del caso Tándem por el que se mantiene en prisión preventiva desde el 5 de noviembre de 2017 al excomisario José Manuel Villarejo.

Con esta operación policial encubierta se puso en marcha entre 2013 y 2014 por parte del excomisario José Manuel Villarejo —entonces adjunto a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía— un plan para captar como confidente a Sergio Ríos, el chófer de Luis Bárcenas y su mujer Rosalía Iglesias. Para ello, presuntamente se usaron fondos reservados aprobados cuando Jorge Fernández Díaz era ministro del Interior del primer Gobierno de Mariano Rajoy. La operación coincidió con el escándalo sobre la fortuna del extesorero y los presuntos pagos en dinero negro a dirigentes del PP. Bárcenas ingresó en prisión el 27 de junio de 2013.

El Consejo de Ministros de este viernes estudiará el informe presentado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, previo a la desclasificación del material que había quedado archivado como secreto, según han confirmado fuentes gubernamentales. Interior podrá entonces remitir a la Audiencia Nacional esa documentación, entre la que se encuentran los recibís originales con pagos a Sergio Ríos —en la actualidad agente de la Policía Nacional—, según adelantó el martes el diario El País.

De la Mata también espera un informe

Será a partir de hoy cuando el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska contestará a otro juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, quien, como instructor de la causa de los papeles de Bárcenas, ha pedido un informe urgente a la Secretaría de Estado de Seguridad para que le detalle qué personas autorizaron la operación Kitchen, ya que en su juzgado no había constancia del operativo.

De la Mata volvió a apremiar ayer al Ministerio del Interior para que le envíe este informe, desvelando que el pasado 3 de diciembre recibió un oficio de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía con un "Informe sobre la operación Kitchen". En la causa que instruye el juez De Egea se decidió abrir la séptima pieza, bautizada como Kitchen, tras recibir un informe que Asuntos Internos remitió a la Fiscalía Anticorrupción sobre la captación como confidente del chófer de Bárcenas.

Además de Villarejo, en el operativo intervino Enrique García Castaño, antiguo mando de los Servicios de Información detenido por sus vínculos con Villarejo, y que ha solicitado a este juez que se lo autorice para hablar sobre operaciones clasificadas por el uso de fondos reservados. El director adjunto operativo (DAO) de la Policía era por entonces Eugenio Pino, actualmente procesado en los Juzgados de Plaza de Castilla por el pendrive de la familia del expresidente catalán Jordi Pujol.

En la instrucción que dirige De Egea, por tanto, figuran ya las copias de esos recibís con pagos mensuales al chófer de Bárcenas y que Villarejo tenía en su poder, localizados durante los registros en la operación en la que fue detenido el excomisario, además de unos audios que acreditan esa operación encubierta, según confirman a Europa Press fuentes jurídicas.

Se levanta el secreto salvo para lo encriptado

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado este miércoles levantar parcialmente el secreto sobre la pieza principal de la operación Tándem, relativa a las actividades del comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo relacionadas con políticos de Guinea Ecuatorial. Con esta decisión, permitirá que las partes personadas accedan a toda la documentación, salvo la que permanece encriptada.

Los investigadores de Asuntos Internos de la Policía y de la Fiscalía Anticorrupción al frente del caso Tándem trabajan a la espera de que el juez De Egea autorice que los 40 terabytes de material incautado a Villarejo, pero inaccesible por estar encriptado, se remita al Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), organismo con sede en León y dependiente del Ministerio de Economía y Empresa.

De Egea, como juez de refuerzo en la Audiencia Nacional, está estudiando la posibilidad de poner en libertad a Villarejo atendiendo a los problemas de salud del excomisario, a quien se impondrían medidas de control telemático, según han informado fuentes jurídicas y adelantó este miércoles el diario El Mundo. Esto ha sido denegado hasta ahora por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal al entender que persiste el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.

Diferentes medios de comunicación han publicado grabaciones atribuidas a Villarejo y que afectaban a conversaciones privadas de Corinna zu Sayn-Wittgenstein, examiga del rey emérito Juan Carlos; a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, o a la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que se llegó a reunir en secreto con el excomisario en la sede del PP de Génova por mediación de su marido, el empresario Ignacio López del Hierro.

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado este martes un escrito ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata en el que solicita la imputación del expresidente valenciano Francisco Camps por presuntos delitos de prevaricación y fraude en los contratos de la Generalitat con empresas de la trama Gürtel.

Según han informado a Europa Press fuentes jurídicas, además de Camps el Ministerio Público ha pedido la citación en calidad de investigadas de casi una decena de personas que habrían tenido diferentes responsabilidades en la adjudicación de los mencionados contratos.

Así, aparte del expresidente se reclama al juez la imputación del líder de la trama corrupta, Francisco Correa; el responsable de las empresas de la Gürtel en la Comunidad Valenciana, Álvaro Pérez, el Bigotes; el ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa; y la ex directora general de Promoción Institucional de la Generalitat Dora Ibars.

El escrito presentado este martes por Anticorrupción es la primera diligencia que se solicita en el marco de la pieza 5 del caso Gürtel, reabierta recientemente por orden de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y de la que se ha vuelto a hacer cargo el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5.

Buscar a las "primeras autoridades"

Según el auto de la Sala en el que se exponían las razones para reabrir esta pieza, el objetivo es investigar las eventuales indicaciones que podría haber recibido Ibars para la adjudicación de determinados contratos al Grupo Correa. Y es que tales indicaciones podrían haber procedido de "primeras autoridades" de la Generalitat, tal y como se afirmó en el juicio por la financiación irregular del PP valenciano.

En dicho juicio, Ricardo Costa reveló de forma inesperada que fue Camps quien decidió contratar a la empresa de Correa Orange Market para organizar los actos de campaña de las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008. El líder de Gürtel dijo en ese mismo juicio que los contratos fueron ordenados por altos cargos del PP valenciano, mientras que Álvaro Pérez también mencionó el nombre de Camps.

Dora Ibars, por su parte, declaró en calidad de testigo y aseguró que nunca se reunió "con ninguna persona de Orange Market para tratar asuntos relacionados con campañas electorales ni con nadie del PP ni del Gobierno valenciano para hablar de presupuestos".

A pesar de esto, la Sala ordenó reabrir la pieza 5, en la que en su día ya estuvo investigada Ibars por la contratación directa de la sociedad Orange Market en 2005 para la elaboración de la Guía de la Comunicación de la Generalitat y un pen drive que se iba a utilizar como regalo institucional. Así, la Fiscalía pide ahora de nuevo la imputación de la ex directora general, tal y como han indicado a Europa Press las fuentes consultadas.

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez de la Audiencia Nacional, Diego de Egea, instructor del denominado caso Villarejo, que impute al exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, Eugenio Pino, y a Sergio Ríos, quien fuera chófer de Luis Bárcenas, por el presunto dispositivo policial que se puso en marcha en 2013 para recuperar la información que el extesorero del PP pudo llevarse del partido cuando fue despedido.

Según ha publicado este martes el diario digital El Independiente, los fiscales del caso han solicitado la citación de Pino y Ríos como investigados en la pieza separada que el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 abrió a principios de noviembre para investigar si Interior pagó al chófer con fondos reservados a fin de que recuperase documentos y grabaciones comprometedores para el PP, en lo que se llamó operación Kitchen.

El supuesto operativo policial para hacerse con la información que pudo haberse llevado Bárcenas habría estado dirigido por el comisario jubilado José Manuel Villarejo y el también comisario Enrique García Castaño. El exDAO Eugenio Pino era el máximo responsable operativo de la Policía, del que jerárquicamente dependían los dos anteriores cuando tuvieron lugar los hechos, en 2013. En aquel año, la Audiencia Nacional llevaba muy adelantada la instrucción del caso Gürtel y una de las piezas de esta causa investigaba la posible financiación irregular del PP, en la que Bárcenas es el principal imputado. Es documentación relativa a esta pieza la que se le pudo sustraer al extesorero mediante el operativo policial de Villarejo y García Castaño, según ha publicado el diario El Mundo.

Por eso, otro juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, el instructor de la denominada caja b del PP, ha pedido tanto al mencionado periódico como al Ministerio del Interior que le faciliten toda la información de la que dispongan sobre el dispositivo y la documentación y grabaciones que tenía Bárcenas y pudieron haber sido sustraídas gracias a la colaboración de su entonces chófer.

El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha ordenado este martes registros en ocho empresas, así como 13 despachos profesionales, y requerimientos en la empresa pública Infraestructuras de la Generalitat de Cataluña y la Autoridad Catalana de la Competencia para investigar posibles amaños en concursos para adjudicaciones públicas en esa comunidad autónoma, según han informado fuentes jurídicas y policiales. La Guardia Civil eleva a 15 el número de investigados.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 acaba de abrir esta nueva causa, que deriva de otra que instruye desde hace unos meses, la del denominado caso 3% sobre el pago de comisiones ilegales en las adjudicaciones de obra pública. Mientras investigaba esta causa, De la Mata encontró indicios que apuntan a nueve empresas privadas de ingeniería que se presentaban a los concursos y luego pactaban entre sí para hacerse con los contratos.

Según ha informado la Guardia Civil, la investigación comenzó con el análisis de una serie de correos electrónicos de uno de los investigados. Fechados entre los años 2008 y 2011, de estos correos se obtuvo que determinadas empresas privadas, en connivencia con el sector público de la Generalitat de Cataluña, se habrían beneficiado del reparto de diversas licitaciones públicas. Mediante dicho pacto, las empresas privadas que lo integraban acordaban la cuantía de las ofertas que deberían presentar para excluir a las empresas competidoras que eran ajenas al mismo. Del mismo modo, las pesquisas de los investigadores han conseguido demostrar la participación de numerosas empresas públicas de la Generalitat en el entramado corrupto. Fuentes jurídicas apuntan que la investigación se centra en la actividad del expresidente de Infraestructuras de la Generalitat, Joan Lluís Quer, y del exdirector general Josep Antoni Rosell, que es la persona que vincula el 3% con esta nueva causa.

La Guardia Civil investiga el posible direccionamiento irregular de numerosos expedientes de contratación pública, constatándose la celebración de diversas citas con este objeto, entre los empresarios adjudicatarios y miembros del poder adjudicador. Los delitos que se investigan son los de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y malversación, además de financiación ilegal de partido político, al ser una causa que deriva del caso 3% sobre la financiación irregular de Convèrgencia Democràtica de Catalunya (CDC). Se trata, según explican estas fuentes, de culminar lo que ya se empezó en el Juzgado de El Vendrell (Tarragona), que fue el que comenzó la investigación del caso 3% antes de que se inhibiera en favor de la Audiencia Nacional.

Empresas de Barcelona, Lleida, Vizcaya y Sevilla

Las fuentes consultadas han explicado que al hallar los indicios necesarios el magistrado decidió abrir unas diligencias aparte del caso 3% y uno de los primeros pasos ha sido el registro de ocho empresas en las provincias de Barcelona, Lérida, Vizcaya y Sevilla, además de solicitar a las dos mencionadas sociedades públicas catalanas los expedientes de los contratos. Así, desde las nueve de esta mañana, agentes del Servicio de Informacion de la Guardia Civil están efectuando las entradas y registros —como la de la empresa Sener el Getxo—, así como los requerimientos, pero fuentes de la investigación han descartado de momento que vayan a efectuar detenciones.

En las actuaciones llevadas a cabo, se ha procedido al requerimiento judicial de los 10 expedientes objeto de investigación, que obran en poder de la empresa pública de Infraestructuras de Cataluña como órgano licitador y adjudicador de los mismos, para su posterior estudio y análisis. Por otra parte, se ha entregado un mandamiento judicial dirigido a la Autoridad Catalana de la Competencia (Acco)para que aporte cuantas actuaciones haya realizado en relación con el entramado de empresas que estarían involucradas en la adjudicación de determinados concursos.

Precisamente, el director general de la Acco, Marc Realp, ha dejado claro que la Guardia Civil no ha registrado a ningún miembro del personal del organismo, y que el requerimiento de información es únicamente sobre este expediente que la Acco aún no ha incoado. "Hicimos unas inspecciones domiciliarias a unas empresas y la Guardia Civil quiere tener acceso a esta información, pero nuestro personal no está implicado", ha insistido Realp, que ha indicado que este requerimiento también se podría haber realizado por escrito.

El expediente no es público y, por tanto, no han trascendido las empresas inspeccionadas: "Hicimos una inspección para investigar indicios de práctica ilícita en términos de competencia, pero aún no hemos determinado si estos indicios son claros para incoar el expediente".

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata prorrogó la investigación de la pieza conocida como papeles de Bárcenas o caja B del PP, sobre la presunta financiación irregular de este partido, hasta el 28 de agosto de 2020 debido a la "gran cantidad de investigados", tanto personas físicas como jurídicas, y no es descartable que aún exija el examen de "abundante documentación", según informó Europa Press.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 decidió así aceptar la petición solicitada por la acusación popular que ejerce IU, a la que se adhirieron otras, a pesar de que la Fiscalía Anticorrupción se había opuesto al entender que no concurría ninguna de las causas para mantener abierta la instrucción.

El magistrado explica en su auto que el año pasado la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional amplió el plazo de la investigación de la causa principal del caso Gürtel hasta este miércoles, 6 de junio.

Dicho plazo llega también a su término en lo que respecta a la pieza separada de esta gran causa que investiga la caja B del PP. Y como esta pieza separada quedaba bajo la cobertura del plazo fijado para la pieza principal, procede fijar un plazo específico y autónomo de instrucción para ella.

De la Mata asume la propuesta de las acusaciones y considera que debe continuar la instrucción de la caja B del PP porque "el caso involucra, desde luego, a gran cantidad de investigados, tanto personas físicas como jurídicas, y es evidente que ha venido exigiendo, y no es descartable que aún exija, la realización de pericias o de colaboraciones que implican el examen de abundante documentación o complicados análisis, y la revisión de la gestión de personas jurídico privadas o públicas, en lo que se refiere a las operaciones que alcanza".

Así pues, dado que la reapertura de la causa data del 28 de febrero de 2017 y la posterior declaración de complejidad la extendía hasta el 28 de agosto de este año, su prórroga se extiende dos años a partir de entonces, en virtud del artículo 324.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que atribuye tanto a la Fiscalía como a las partes personadas la posibilidad de solicitar directamente la fijación de un nuevo plazo máximo para la finalización de la instrucción.

Por lo tanto, aunque el juez instructor puede tomar la decisión cuando crea oportuno, la pieza que investiga los papeles de Bárcenas debe estar cerrada, y por tanto lista para la apertura de juicio, el 28 de agosto de 2020.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata considera que es "incuestionable" que las presuntas comisiones ilegales del 3 por ciento pagadas por constructoras a CDC a cambio de concesiones de obra pública en Cataluña afectan a la seguridad del tráfico mercantil y a la economía nacional, razón por la que ha asumido la investigación de este asunto del que se ha inhibido el juzgado que comenzó a instruirlo, el número 1 de El Vendrell (Tarragona), informa Europa Press.

El conocido como caso 3 por ciento investiga al exdiputado en el Parlament y exconseller Germà Gordó, así como a dos extesoreros de CDC y a varios empresarios por presuntos delitos como cohecho, prevaricación, alteración de precios de concursos y subastas públicas, malversación de caudales públicos, fraude contra la administración, tráfico de influencias, falsedad, blanqueo de capitales y financiación ilegal de partidos políticos.

Según manifiesta en su auto el titular del Juzgado Central de Instrucción, que tiene fecha del pasado 18 de abril, en este caso se investiga una conducta "sistemática, estructural y organizada de manipulación de la contratación pública a gran escala" a la que añade "vulneración de los principios básicos rectores de la asignación de caudales públicos a lo largo de muchos años".

Se hizo, según detalla, "con participación de un partido político de gobierno (CDC), fundaciones (CATDEM Y FORUM), y de múltiples instituciones públicas" —entre las que cita, además de la propia Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona, el Consorcio de Educación de Barcelona, Bimsa, Infraestructures.cat, Autoridad Aeroportuaria de Barcelona, distritos municipales, etc.— "junto a decenas de empresas de ámbito nacional y autonómico".

218,7 millones en 24 proyectos

El monto total de las cantidades comprometidas en los concursos investigados se eleva a 218,7 millones de euros, según apunta De la Mata, una cantidad resultante de analizar 24 procesos de licitación de obras y servicios.

Esta aproximación "inicial y no exhaustiva", según el juez de la Audiencia Nacional, permite también señalar en este momento de la investigación que el importe de las adjudicaciones definitivas asciende a 168,7 millones a los que hay que añadir modificaciones de los proyectos (1,7 millones) y prórrogas (4,5 millones). Las "donaciones" irregulares ligadas a estas adjudicaciones ascienden a más de un millón de euros.

La operativa de los investigados consistió, por tanto, en la sustracción a los legítimos aspirantes a conseguir obras y contratos de la posibilidad de obtener "rectamente" las adjudicaciones y, con ello, de conseguir fortalecer sus proyectos empresariales, la generación de empleo y la obtención de beneficios. "La economía nacional, por tanto, se pudo ver alterada por el empobrecimiento de la competencia y la profundización del círculo vicioso generado por las personas implicadas", concluye.

Otras razones alegadas por el juez de la Audiencia Nacional para quedarse el caso son la complejidad de la causa debido al número de personas investigadas y del entramado societario empleado, la necesidad de librar instrumentos de auxilio judicial internacional y la de revisar la gestión de determinados procesos de contratación en distintas administraciones. Los hechos, además, se han desplegado en varias provincias catalanas, como son Barcelona, Tarragona y Girona, excediendo de la demarcación provincial.

La inhibición fue recurrida en Cataluña por las defensas ante la Audiencia Provincial de Tarragona, han apuntado a Europa Press fuentes jurídicas, por lo que la decisión de De la Mata aún no es firme. Cuando así lo sea el juez en Madrid recabará de su compañero de El Vendrell toda la documentación del caso y los efectos y cantidades intervenidos hasta el momento. Si la Audiencia da la razón a los abogados defensores se creará un conflicto de competencia que deberá resolver el Tribunal Supremo.

La instrucción realizada hasta ahora en El Vendrell destacó que unos de los investigados, Andreu Viloca, presuntamente jugó "un papel esencial" como tesorero y administrador de CDC y de sus fundaciones, llevando un control exhaustivo de las licitaciones y adjudicaciones de obra pública, además de gestionar el pago de las donaciones a las fundaciones Catdem y Fòrum.

Según el juez de El Vendrell, la investigación ha destapado una "posible trama de financiación de CDC por medio de donaciones de empresas constructoras de ingeniería que resultarían adjudicatarias de obras y proyectos por entes bajo su control político", como los ayuntamientos de Sant Cugat del Vallès, Sant Celoni (Barcelona) Torredembarra (Tarragona), Figueres, Olot, Lloret de Mar (Girona), Infraestructures de la Generalitat, Autoritat Portuària de Barcelona y el Consorci d'Educació de Barcelona.

En cuanto a la probable comisión en el extranjero de ilícitos penales de algunos de los investigados como los empresarios Jordi Soler, Jordi Sumarroca, Sergio Lerma y Francesc Xavier Tauler, el magistrado creyó que está justificado enviar el caso a la Audiencia Nacional porque en un informe de la Guardia Civil se constata su "conocimiento y voluntad de utilización de jurisdicciones extranjeras de escasa o nula tributación".