Entre las zonas exclusivas de Beirut, Zaitunay Bay y el centro de la ciudad, donde la élite libanesa exhibe su riqueza en bares y restaurantes lujosos, se encuentra una explanada de hormigón aún sin desarrollar conocida como el Waterfront. Normalmente está vacía, habitada solo por algún corredor ocasional o algún SUV que pasa camino a una cena. Pero desde el 2 de marzo, cuando estallaron las hostilidades entre Hezbolá e Israel, esta zona se ha ido llenando de tiendas de campaña y coches pertenecientes a personas desplazadas por el conflicto actual.

“Llegué aquí hace dos días”, dice Mohammad, quien se vio obligado a abandonar su residencia en Dahiye, el suburbio sur de Beirut y bastión de Hezbolá, después de que su lugar de trabajo fuera dañado por bombardeos israelíes. “En los refugios oficiales está más organizado que aquí (Waterfront). Estuve una noche en una escuela hace tres días. Pero como estoy solo y priorizan a las familias, tuve que irme.”

Desde que comenzó la guerra, más de un millón de residentes han sido desplazados de sus hogares, saturando los refugios gestionados por el gobierno. Estos albergan a más de 130.000 personas, una pequeña fracción del total que necesita refugio. Otros se quedan con familiares o amigos, mientras que algunos han intentado alquilar apartamentos en un mercado inmobiliario cada vez más tenso y caro. En comparación con la guerra anterior en 2024, muchos propietarios son ahora más reacios a acoger a desplazados en sus casas, temiendo ataques israelíes dirigidos contra presuntos operativos de Hezbolá. En Skybar, una legendaria discoteca de varios pisos con vistas al Waterfront, se abrieron las puertas para cientos de desplazados durante el conflicto anterior. Esta vez no ha habido una oferta similar.

Esto ha hecho que, para personas como Mohammad, muchos no tengan otra opción que dormir al aire libre. El inicio de la primavera también ha traído la temporada de lluvias en Líbano, con lluvias torrenciales y tormentas casi todos los días.

“No puedo dormir por la noche. Especialmente durante las tormentas. Fue trágico. Mi tienda todavía está mojada por la lluvia de anoche”, dice.

Wael, residente de Qana, en el sur del Líbano, tuvo la suerte de tener buena relación con el dueño de un hotel junto al Waterfront, y se ha estado alojando allí con su hijo. “Pagamos 40 dólares por noche. Es solo para que mi hijo esté seguro. Ya no me importa mi propia seguridad.” Dice que debido al precio, no puede permitirse comprar comida. Así que cada noche va al Waterfront para aprovechar las comidas proporcionadas por ONG y personas particulares que quieren ayudar.

Mirando a su alrededor a quienes viven en tiendas improvisadas, usando piedras para sujetar lonas que de otro modo el viento se llevaría, lamenta su situación. Después de cenar, se sienta y conversa con sus amigos que también se alojan allí. “Todas estas personas tienen casas, cocinas, habitaciones, edificios. No pueden vivir en tiendas así, bajo la lluvia. Es muy duro”, dice.

Una de las personas que proporciona comida a los cientos que están allí es Samer Zahwi, chef y consultor gastronómico originario de la localidad sureña de Qabrikha, donde su casa fue destruida en la última guerra.

Acude al Waterfront todos los días con siete u ocho de sus primos para ofrecer comidas calientes. “Damos de comer a unas 400 o 450 personas, y estamos aquí desde el segundo día que comenzó la guerra.”

Bajo una carpa improvisada, descargan dos enormes ollas, una oveja despellejada, bombonas de gas y varios galones de agua y se ponen a trabajar. Ese día preparan shakriya, un plato tradicional levantino hecho con carne en una salsa de yogur ácida. Cocinado a fuego lento, todo el proceso dura cinco horas. Dice que cada día les cuesta 1.000 dólares, financiados con una mezcla de ahorros personales y donaciones.

Debido a la gran demanda, tiene que rodear la carpa con su furgoneta y cinta para evitar que niños desesperados abrumen a quienes cocinan dentro. Les grita a los cientos que lo rodean para que se calmen. “Les grito, pero luego pienso que quizá tienen derecho a comportarse así.”

“Necesitan comida”, continúa. “Comida caliente. No platos fríos como los que reparte mucha gente. Ves los coches que llegan, dejan cajas y se van. Pero esto es mucho mejor. Esto es una comunidad. Los ves todos los días, y así hacemos amigos.”

Las ONG han suministrado la mayoría de las tiendas de campaña, mantas y comidas en cajas que la gente utiliza. Mohammad dice que “vienen cada noche a dejar suministros”. Pero una queja generalizada es la grave falta de instalaciones higiénicas.

Hussein Zahwi, hermano de Samer, dice que “la situación es mala. No hay baños, la gente no puede lavarse las manos ni ducharse. Algunas personas intentaron donar baños portátiles pero el gobierno no lo permitió. No sabemos por qué. Solo vimos que intentaban traer cabinas, pero la policía llegó y les dijo que se las llevaran. Creo que tal vez es porque el gobierno no quiere que la gente empiece a vivir aquí de forma permanente, así que intentan hacerlo incómodo.”

En su lugar, los desplazados recurren a pedir a los hoteles y mezquitas cercanos si pueden usar sus instalaciones. Una persona viaja una hora hasta la casa de un amigo solo para ducharse.

La mayoría no habla abiertamente sobre lo que piensa del conflicto. Mohammad, él mismo un exmiembro desilusionado de Hezbolá, es uno de los pocos dispuestos a hablar. “Estoy muy enfadado. Estoy arriesgando mi vida por nada. No sé por qué. No es mi lucha. Hay muchas otras personas como yo, pero no les gusta hablar.”

Wael comparte su sentimiento. “No me importa nadie, ni Israel, ni Irán, ni Hezbolá. Me importa mi familia y mi hogar".

“Esperamos una paz eterna, no podemos vivir así. No me importan sus políticas. Solo quiero vivir tranquilamente", concluye.

Disparos sin previo aviso, en aguas internacionales. Las balas impactan en los radares, inutilizan cuatro embarcaciones de rescate y destrozan el cristal protector del puente. La tripulación intenta proteger a los 87 migrantes a bordo mientras exige, primero en inglés y luego en árabe, que cese el ataque. En vano.

El 24 de agosto de 2025, el Ocean Viking, el buque de búsqueda y rescate operado por la ONG SOS Méditerranée, recibió más de cien impactos de bala durante varios minutos. Los daños al barco se estiman en torno a 194.000 euros. Para la directora de la filial italiana de la ONG, Valeria Taurino, el incidente es "un acto ilegítimo de guerra contra trabajadores humanitarios y personas que huyen". Lo perpetró la guardia costera libia a bordo del Houn 664, una lancha patrullera donada por Italia a Trípoli con fondos europeos.

Más de seis meses después, ese ataque no ha tenido ninguna repercusión. Nadie ha cuestionado el suministro de embarcaciones, equipos y formación a la guardia costera libia, ni siquiera ante una nueva prueba de que están siendo objeto de un uso indebido.

Desde el inicio de la cooperación italiana y europea con la guardia costera libia, la violencia en el Mediterráneo central ha escalado: embestidas, disparos, maniobras peligrosas, abandono de náufragos en peligro y obstaculización de operaciones civiles de rescate. Entre 2016 y 2025, Sea-Watch documentó 72 incidentes de violencia por parte de las autoridades libias en el mar. Dieciocho ocurrieron el año pasado, un récord. "Estas prácticas no solo ponen en peligro vidas humanas, sino que violan el derecho marítimo internacional y el principio de no devolución", escribe la ONG.

En abril de 2024, fue el barco de rescate de la ONG Mediterranea el que recibió disparos de los libios. Antes de eso, ya habían disparado contra un buque de rescate en 2016. No tardaría en producirse una nueva acción: primero el incidente del Ocean Viking en agosto de 2025; un mes después, la guardia costera libia abrió fuego contra el Sea-Watch 5, que acababa de rescatar a 66 náufragos. Hasta donde se sabe, el Ocean Viking es el único buque que ha sufrido daños significativos por disparos.

Las autoridades diplomáticas europeas son conscientes de los enfrentamientos entre barcos humanitarios y la guardia costera: "Los libios se muestran reacios a cooperar con las ONG internacionales que se niegan a reconocer su legitimidad ('la llamada guardia costera libia') y son percibidas como coordinadoras con las redes de tráfico de personas", se lee en una comunicación interna —consultada por IrpiMedia— de la delegación de la UE en Libia, emitida pocos días después del ataque al Sea-Watch. "Sin ilusiones", continúa el texto: es "poco realista" que las ONG y la guardia costera compartan "ni siquiera unos objetivos mínimos respecto a la gestión de incidentes de búsqueda y salvamento" en el mar.

Parece existir una estrategia detrás de la violencia contra los migrantes: las interceptaciones con "maniobras peligrosas y uso excesivo de la fuerza", según un informe conjunto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia (UNSMIL) publicado en febrero de 2026, forman parte de un patrón más amplio de "explotación" de los migrantes que en Libia se ha convertido en una realidad brutal y normalizada.

Entre enero de 2024 y septiembre de 2025, el informe documentó "numerosos incidentes" en los que personas a bordo de embarcaciones con destino a Europa "cayeron al mar o se arrojaron por la borda como consecuencia de las acciones de los rescatadores libios, incluida la Guardia Costera Libia (GCL) y la Administración General para la Seguridad Costera (AGSC), que en algunas ocasiones supuestamente dispararon tiros cerca o sobre embarcaciones en apuros y sobre personas a bordo o que ya se encontraban en el agua".

Así, las violaciones y los abusos "han sido y siguen siendo perpetrados por actores estatales de seguridad" como la AGSC y la GCL, prosigue el informe. Los dos organismos, el primero vinculado al Ministerio del Interior y el segundo al Ministerio de Defensa, han sido los principales beneficiarios del SIBMMIL, el programa europeo más rico e importante de gestión de fronteras y migración en Libia.

Sibmmil, acrónimo de Support to Integrated Border and Migration Management in Libya (Apoyo a la Gestión Integrada de Fronteras y Migración en Libia), es un proyecto de desarrollo fronterizo en Libia iniciado en julio de 2017 y concluido en diciembre de 2025. En total, el programa contó con un presupuesto de 61,2 millones de euros, la gran mayoría procedentes de fondos europeos del Fondo Fiduciario de Emergencia de la UE para África (EUTF), el fondo fiduciario puesto en marcha en 2015 para "abordar las causas profundas del desplazamiento forzado y la migración irregular y contribuir a una mejor gestión de la migración", según una nota de prensa. Fue implementado por el Ministerio del Interior italiano, apoyado en la fase inicial por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que forma parte del sistema de las Naciones Unidas.

En febrero de 2026, IrpiMedia analizó el gasto del Ministerio del Interior italiano y la OIM. En total, se rastrearon poco más de 34 millones de euros, un 56% del total, lo que significa que no existe información pública y accesible sobre cómo se gastó el 44% restante del presupuesto de Sibmmil. Se trata de 27,1 millones de euros en fondos europeos sobre los que no existe transparencia alguna.

El rastreo de los fondos ha demostrado que el Sibmmil fue, en gran medida, el instrumento utilizado para aumentar la capacidad de las autoridades libias para interceptar migrantes. Los fondos europeos gestionados por el Ministerio del Interior italiano se emplearon para el suministro de embarcaciones, la formación de tripulaciones y la creación del Centro de Coordinación de Rescate Marítimo de Trípoli. Los fondos asignados a la OIM, por otro lado, se utilizaron para reforzar "la capacidad de las autoridades nacionales del sur para llevar a cabo operaciones de rescate en el desierto sensibles a la protección y para aplicar las normas internacionales de derechos humanos", explicó un portavoz de la organización a IrpiMedia, aclarando que no había habido "cooperación con la guardia costera libia".

El barco desde el que se disparó al Ocean Viking, el Houn 664, también fue financiado a través de una licitación del Sibmmil de 3,3 millones de euros, para esta y otra lancha patrullera. La embarcación es utilizada por la guardia costera libia, que, como se ha visto, es uno de los organismos libios que más se ha beneficiado del apoyo europeo. Sin embargo, la financiación europea a Libia no ha sido cuestionada.

La Comisión Europea explicó a IrpiMedia que, en 2025, siguiendo la recomendación del Tribunal de Cuentas Europeo, "formalizó" un procedimiento interno para el personal de la UE a la hora de tramitar denuncias relacionadas con violaciones de derechos humanos en proyectos financiados por la UE. El procedimiento incluye también "orientaciones claras sobre el vínculo entre las denuncias y las disposiciones de los acuerdos de financiación de la UE sobre suspensión y rescisión en caso de que no se respeten los derechos humanos". A mediados de febrero, el mecanismo se utilizó al menos en un caso. No se sabe a qué país se refiere, pero no parece ser Libia.

En relación con el ataque al Ocean Viking, un portavoz de la Comisión Europea declaró que "la UE planteó el asunto directamente a las autoridades libias, instándolas a garantizar las investigaciones necesarias". Se ha abierto una investigación, pero seis meses después del incidente no ha habido avances. Mientras tanto, sin embargo, añadió el portavoz, la UE trabaja con las autoridades libias para "adoptar y promover procedimientos operativos estándar para el salvamento marítimo" y reforzar sus "procedimientos nacionales de seguimiento y rendición de cuentas".

Además, durante la última reunión del Consejo Ejecutivo del Sibmmil, celebrada en noviembre de 2025 en Roma con presencia de representantes de Europa, Libia, Italia y otros países de la UE, el programa fue calificado de "exitoso". "La necesidad de un proyecto de seguimiento es consensual", escribió un funcionario de la UE que participó en un documento interno que forma parte de la filtración.

El Sibmmil se completó en un plazo mucho mayor al previsto inicialmente. Sin embargo, el proyecto estuvo influenciado por la estabilidad del gobierno de Trípoli y sus relaciones con los países europeos. En términos diplomáticos, el nombramiento de Giorgia Meloni como presidenta del Consejo de Ministros coincidió con una fase de mayor cooperación con Trípoli. A finales de enero de 2023, la primera ministra viajó a Trípoli en uno de sus primeros viajes desde su elección unos meses antes. Habló de una cooperación "a todos los niveles" con Libia: inversiones, infraestructuras, energía y, "por supuesto", también migración.

A su lado se encontraba el primer ministro del Gobierno libio, Abdel Hamid Dbeibah. Designado con carácter provisional en 2020, se suponía que debía conducir a Libia hacia unas elecciones antes de finales de 2021. Cuando Meloni fue nombrada primera ministra, Dbeibah "necesitaba desesperadamente apoyos exteriores", explica Tarek Megerisi, analista del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores (ECFR), porque habían pasado años desde el final previsto de su mandato político y, en consecuencia, se enfrentaba a una crisis de legitimidad. Con Italia, Dbeibah jugó la carta de la energía y la migración, con la firma de un nuevo acuerdo entre Eni y la empresa petrolera nacional libia NOC y la promesa de un mayor compromiso en el control fronterizo.

A esta primera visita de Meloni le siguió, entre el 5 y el 7 de febrero de 2023, otra visita a Trípoli de una delegación de la Comisión Europea. Fue la primera visita de este tipo en cinco años y, a partir de ese momento, se producirían al menos seis misiones más, además de varias reuniones en Roma, Bruselas y Varsovia. En febrero de 2023 Italia entregó una nueva embarcación a la guardia costera libia, y en junio, otras dos antiguas lanchas patrulleras reformadas de la Guardia di Finanza italiana. Entre ellas, el Houn 664, que más tarde abriría fuego contra el Ocean Viking.

Meloni regresó a la capital libia para el Foro de Migración Transmediterráneo en julio de 2024, junto con el entonces vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas. La cumbre es una nueva confirmación de las buenas relaciones de Trípoli con sus socios europeos. "La apertura de Libia a debatir acciones concretas para abordar las causas profundas de la migración irregular [...] se hace eco de los objetivos y la visión largamente acordados por la UE", reza un informe interno redactado por los funcionarios europeos presentes en el foro. Tres meses después, el proyecto Sibmmil alcanza un primer hito importante: en octubre de 2024, la guardia costera libia pone en marcha "el primer Centro de Coordinación de Rescate Marítimo (CCRM) oficialmente reconocido" en Trípoli, según otros documentos de Irini.

Los problemas con los libios se barren bajo la alfombra con apretones de manos y anuncios triunfales. Sus huellas pueden encontrarse, sin embargo, en algunos documentos internos confidenciales. En enero de 2024, un documento de la misión naval Eunavfor Med Irini señala que "existe el riesgo de que los fondos y el equipo proporcionados a Libia no lleguen a los destinatarios previstos, o puedan ser objeto de un uso indebido en algún sentido". Dos meses después, el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) reiteraba que "el respeto de los derechos humanos y la transparencia sobre las condiciones de las personas recuperadas en el mar y sobre cómo son tratadas en tierra siguen sin estar claros".

A pesar de las preocupaciones sobre los destinatarios de la financiación y el equipamiento, y de las dudas respecto al respeto de los derechos humanos, el CCRM de Trípoli ha sido "una inversión sólida y rentable que refleja una creciente disposición de Libia a asumir la responsabilidad de su zona de búsqueda y salvamento (SAR)", escriben los diplomáticos europeos en un documento publicado por FragDenStaat, el portal que recoge solicitudes de acceso a documentos en Alemania. La iniciativa, por lo tanto, debe replicarse en el este de Libia: "Se ha puesto en marcha la implementación del proyecto del Centro de Coordinación de Rescate Marítimo (CCRM) en Bengasi", prosigue el documento de finales de febrero. El acuerdo con el este, sin embargo, no se limitaría únicamente al CCRM. Según otros documentos también publicados por FragDenStaat, a principios de marzo, los ministros de los 27 países de la UE habrían debatido en Bruselas una "cooperación estructurada y en profundidad" con el este de Libia.

En Bengasi, en el este del país, el control político y militar está firmemente en manos del general Khalifa Haftar, quien no es reconocido por la comunidad internacional y que en el pasado intentó hacerse con el control de Trípoli por la fuerza, contra Dbeibah y sus aliados. A pesar de ello, Europa lleva tiempo barajando la idea de colaborar con él y con la controvertida brigada TBZ vinculada a su hijo Saddam. Un documento de IRINI de octubre de 2024 recoge una reunión entre personal militar de la misión de la UE y el embajador de la UE en Libia, Nicola Orlando. Según este último, "no importa que no haya un gobierno unificado en Libia para iniciar un diálogo [entre las autoridades libias y la misión IRINI]. En particular, porque la guardia costera libia sí está oficialmente unificada en Libia". "En su opinión —prosigue el documento— es incluso necesario implicar al este".

Pocos meses después, en febrero de 2025, tuvo lugar la primera misión conocida a Bruselas de funcionarios libios tanto del oeste como del este. En septiembre, tras años de bloqueo, oficiales de la Marina libia (de la que depende la guardia costera) asistieron a un curso de formación en Taranto (Italia) en el marco de la misión Irini de la UE, y en este caso también hubo personal de ambas partes del país. Por último, en octubre, según reveló IrpiMedia, tuvo lugar la primera visita de representantes del este de Libia a la sede de Frontex en Varsovia.

La Comisión Europea ha subrayado en repetidas ocasiones que se trata de reuniones "a nivel técnico", pero para Haftar representan un impulso significativo a su legitimidad internacional. En un intercambio de correos electrónicos entre los dirigentes de Frontex que data de la época de las visitas, consultado en esta investigación, la instrucción que debe transmitirse a las autoridades de Trípoli y Bengasi está claramente establecida: "responder a los casos [es decir, llamadas de socorro en la zona SAR] y abstenerse de usar armas de fuego durante el salvamento marítimo".

Siete días después del ataque al Ocean Viking, el 31 de agosto de 2025, el embajador de la UE en Trípoli, Nicola Orlando, se reunió con Abdulsalam Al-Zoubi, subsecretario del Ministerio de Defensa de Trípoli, del que depende la guardia costera libia. "Es nuestro jefe y está haciendo un trabajo excelente", explica Masoud Abdel Samad, jefe de operaciones de rescate de la guardia costera libia, a IrpiMedia.

Al-Zoubi inició su carrera como líder de una milicia terrestre en Misrata. Su grupo armado controla, en particular, la zona que se extiende desde Trípoli hasta Misrata pasando por el puerto de Al-Khoms. Esto corresponde al tramo de mar donde la lancha patrullera Houn 664 suele realizar sus operaciones, incluido el ataque del 24 de agosto de 2025.

"Esa zona pertenece a Al-Zoubi, que se ha vuelto más activo como subsecretario. Ha establecido una presencia en el mar con sus propios buzos y lanchas motoras. Allí, todos trabajan estrechamente con Italia y con Dbeibah, naturalmente. Al-Zoubi es uno de sus mayores apoyos", dijo a IrpiMedia Jalel Harchaoui, investigador del Royal United Services Institute.

En el frágil y cambiante equilibrio de poder de Libia, Al-Zoubi es una figura que ha ganado poder, influencia y reconocimiento incluso más allá de las fronteras del país, con viajes a Estados Unidos, Turquía y Europa. Con frecuencia actúa como "representante diplomático" del Ministerio de Defensa libio, especialmente en las reuniones con socios extranjeros.

El 4 de septiembre de 2025, cuatro días después de su reunión con Orlando, se reunió en Roma con el ministro de Defensa Guido Crosetto y el ministro del Interior Matteo Piantedosi. "La cooperación en la gestión de los desafíos migratorios y de seguridad continúa", declaró este último. El ataque al Ocean Viking no fue mencionado.

"La pérdida continua de vidas en el mar no es una inevitabilidad trágica, sino el resultado de decisiones políticas deliberadas", escribió SOS Méditerranée en un informe recién publicado con motivo del décimo aniversario de la ONG. Desde 2016 hasta hoy, la UE y sus estados miembros, continúa el informe, "han desmantelado el salvamento marítimo liderado por el Estado, han sustituido la asistencia por la disuasión y la contención, y han trasladado la responsabilidad a actores que no pueden o no quieren respetar las obligaciones internacionales". Como el personal de la guardia costera libia que disparó desde el Houn 664.

El Estado italiano deberá indemnizar a la ONG alemana Sea Watch con más de 76.000 euros por los gastos derivados del bloqueo en 2019 del barco capitaneado por la activista Carola Rackete, según dictó este miércoles el tribunal de Palermo, en la isla de Sicilia.

La sentencia establece que el Estado debe reembolsar los gastos patrimoniales documentados y sostenidos por la organización entre octubre y diciembre de 2019, lo que incluye costes portuarios, de agencia, el combustible para mantener la nave activa y los gastos legales, confirmó este miércoles a EFE la ONG.

Los hechos se remontan a junio de 2019 cuando Rackete, entonces capitana del buque Sea Watch 3, decidió entrar sin permiso en el puerto de la isla italiana de Lampedusa para desembarcar a 42 migrantes que había rescatado en el Mediterráneo Central.

Con esta acción, la activista desoyó la prohibición del entonces ministro del Interior, el ultraderechista Matteo Salvini, quien mantenía una férrea política de "puertos cerrados".

Tras pasar 17 días en el límite de las aguas territoriales, Rackete rompió el bloqueo en una maniobra en la que la embarcación humanitaria golpeó a una patrullera de la Guardia de Finanza (policía fronteriza y económica), lo que supuso el arresto inmediato de la capitana. Aunque fue liberada pocos días después, su figura se convirtió en un símbolo de la resistencia contra las políticas migratorias de Salvini.

La portavoz de Sea-Watch, Giorgia Linardi, afirmó que la resolución del tribunal demuestra que la desobediencia civil es la "protección del derecho internacional" frente a quienes abusan de su posición de poder para "pisotearlo" en perjuicio de los derechos y libertades de todos.

Linardi lamentó que el Gobierno identifique a las ONG como el "enemigo a batir" en lugar de trabajar para evitar nuevas tragedias y sentenció que, a diferencia del Ejecutivo, ellos no mirarán hacia otro lado ni aceptarán "acostumbrarse a los cuerpos de personas ahogadas" en las playas.

Por su parte, Hermanos de Italia (FdI), el partido de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, respondió a la noticia calificándola de "bofetada moral para todos los italianos honrados".

La resolución del tribunal de Palermo llegó un día después de que la primera ministra publicara un vídeo en redes sociales criticando a la justicia por impedir la expulsión de un migrante con antecedentes penales.

Meloni acusó a una "parte politizada de la magistratura" de obstaculizar sistemáticamente las acciones del Ejecutivo contra la "inmigración ilegal de masas" y afirmó que su Gobierno continuará "con determinación" para combatir la inmigración irregular.

La semana pasada, su Ejecutivo introdujo un paquete de medidas para endurecer su política migratoria que incluye la posibilidad de imponer bloqueos navales temporales y procedimientos acelerados para el retorno inmediato de migrantes desde las fronteras.

El Ministerio israelí de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo anunció este lunes mediante un comunicado que Oxfam, la confederación británica de 21 ONG independientes, cesará sus operaciones en Gaza a partir de este 28 de febrero, según informa EFE.

El pasado 1 de enero el Gobierno de Israel declaró que 37 organizaciones sin ánimo de lucro que no se habían registrado antes del final del año -entre ellas Oxfam- debían clausurar sus operaciones tanto en Gaza como Cisjordania ocupada en un plazo de 60 días, o sea, antes del 1 de marzo.

Además de Oxfam, de esta lista forman parte, entre otras, el Consejo Noruego para los Refugiados, World Vision International, CARE y Médicos Sin Fronteras (MSF), aunque el comunicado no los menciona.

El nuevo sistema de registro, introducido en marzo de 2025 por el Ministerio de Asuntos de la Diáspora israelí, incluye polémicos motivos para denegar su inscripción.

Entre ellos, negar la existencia de Israel como Estado judío y democrático o promover "campañas de deslegitimación contra Israel", así como la obligación de las ONG de enviar una lista de sus trabajadores palestinos, algo a lo que varias de ellas se han negado afirmando que compromete su seguridad.

En su mensaje de este lunes, además de informar del cese de actividades de Oxfam, el ministerio incluye unas declaraciones realizadas por la exdirectora ejecutiva de la ONG Halima Begum en una entrevista concedida el pasado día 13 al canal de televisión británico Channel 4 News.

Begum alegó haber sido "presionada para utilizar el término genocidio" en relación con Gaza sin lo que describió como suficiente fundamento fáctico.

El mensaje del ministerio incluye las acusaciones de antisemitismo realizadas por Begum a miembros de la dirección de la organización durante la mencionada entrevista, así como de mantener "un enfoque desproporcionado en la crisis de Gaza" en comparación con otras crisis humanitarias a nivel mundial.

Sus declaraciones públicas "reflejan la narrativa y la intensidad del antisemitismo dentro de Oxfam", declaró, según el comunicado, Amichai Chickli, ministro de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo.

Desde el alto el fuego, en vigor desde hace cuatro meses, al menos 603 personas han muerto y 1.618 han resultado heridas por ataques del Ejército israelí, según datos del Ministerio de Sanidad del Gobierno de Hamás en Gaza, que ya sitúa en más de 72.000 el total de fallecidos desde el inicio de la ofensiva bélica israelí en 2023.

Las autoridades iraníes anunciaron este viernes que al menos 3.000 personas, a las que tildan de "terroristas", fueron detenidas en las protestas que se han producido en la República Islámica en las últimas semanas, informa EFE.

"Los funcionarios de seguridad han anunciado que 3.000 miembros de grupos terroristas y personas que desempeñaron un papel en los recientes disturbios han sido arrestados hasta ahora", informaron fuentes de seguridad a la agencia de noticias Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria.

Se trata de una cifra mucho más baja que la facilitada por las ONG establecidas fuera de Irán, ya que, por ejemplo, según los últimos números de la organización HRANA se ha producido el arresto de más de 19.000 personas, según han podido confirmar.

Las autoridades no han dado más detalles sobre las detenciones, la identidad o la situación de los detenidos, mientras que desde HRANA advierten: "Sin embargo, a pesar del corte de Internet y el acceso reducido a los datos de campo, HRANA hasta ahora ha podido confirmar el arresto de más de 19.000 personas".

Las protestas comenzaron el 28 de diciembre cuando comerciantes de Teherán cerraron sus negocios por la caída del rial, pero pronto se expandieron por todo el país con gritos de "Muerte a la República Islámica" y "Muerte a Jameneí".

Las protestas llegaron a su momento álgido el pasado jueves con una explosión de manifestaciones en prácticamente todo Irán, que derivaron en actos de vandalismo contra organismos públicos, bancos que fueron arrasados, y el incendio de 53 mezquitas en todo el país, según fuentes oficiales.

De acuerdo con organizaciones de derechos humanos, los muertos en las protestas que comenzaron el día 28 y se agudizaron a partir del día 8, se cuentan por centenares.

La organización con base en Oslo Irán Human Rights (IHRNGO) contabiliza 3.428 muertos en su último balance del jueves, mientras que la organización HRANA con base en Estados Unidos eleva la cifra de fallecidos a más de 2.600.

Sin embargo, en los últimos días ha vuelto la calma al país, aún con una fuerte presencia policial en las calles y el internet sigue cortado. 

La ONG Iran Human Rights (IHRNGO) elevó este martes a al menos 3.428 el número de manifestantes muertos en los 18 días de protestas antigubernamentales en Irán debido a la represión de las fuerzas estatales, mientras que "miles" más han resultado heridos.

La organización con sede en Oslo indica en un comunicado que solo entre el 8 y 12 de enero se registraron al menos 3.379 muertes, incluidos manifestantes y al menos 121 miembros de las fuerzas estatales, cifra que calificó de "mínimo absoluto", ya que nuevos informes y testimonios "ilustran aún más la magnitud de la violencia". La también ONG Human Rights Activists (HRA) asegura que recibe informes de "miles" de víctimas mortales.

Al menos 15 iraníes fallecidos por la represión tenían menos de 18 años, según IHRNGO, que afirma que el número de muertes verificado por sus fuentes desde el estallido de las protestas en diciembre se ha contabilizado en 15 provincias de la República Islámica. Según datos recopilados por la organización, más de 10.000 personas han sido arrestadas desde que comenzaron las protestas.

La ciudad de Karaj, en la provincia de Alborz, ha sido escenario de una de las represiones más sangrientas, según la ONG. Varios testigos dijeron a IHRNGO que las fuerzas estatales en Karaj utilizaron ametralladoras pesadas DShK contra los manifestantes.

IHRNGO también ha recibido informes sobre una intensificación del despliegue de seguridad y la imposición de condiciones de ley marcial desde el atardecer hasta el amanecer en varias ciudades, particularmente en las regiones kurdas. En Rasht, uno de los principales centros de las protestas, un testigo describió una represión generalizada y asesinatos de manifestantes.

Según el testimonio de un testigo en Rasht recogido por la ONG, un grupo de jóvenes manifestantes quedó atrapado en la zona del bazar, entre incendios y rodeado por las fuerzas de seguridad; alzaron las manos en señal de rendición, pero aun así fueron asesinados a tiros.

IHRNGO también ha recibido numerosos informes sobre personas heridas que fueron "rematadas", y testimonios que señalan que esto ocurrió tanto en las calles como en centros médicos. 

La cadena Iran International afirma que son más de 12.000 las víctimas mortales.

La ONG de defensa de los derechos humanos Hengaw, con sede en Noruega, elevó este martes a al menos 2.500 personas el número de manifestantes muertos en los 17 días de protestas antigubernamentales en Irán debido a la represión a manos de las fuerzas estatales, incluidos nueve niños, y también más de 16.700 detenciones.

La ONG Human Rights Activists (HRA)confirma 1.850 personas víctimas, aunque precisaban en el comunicado donde daban a conocer ese número que sus datos se basan en información recibida de menos de la mitad de las provincias del país y de menos del 10% de los hospitales de Irán, por lo que "el número real de muertos probablemente se cuente en miles". La organización asegura que recibe informes de "miles" de víctimas mortales.

"HRA condena enérgicamente el uso de fuerza letal contra manifestantes en todo Irán, advirtiendo que el actual apagón nacional de Internet se está utilizando para ocultar graves violaciones de derechos humanos y obstaculizar la rendición de cuentas", denunció esta ONG en su agencia de noticias HRANA.

HRA además está investigando otras 770 muertes debido a la represión a manos de las fuerzas estatales y "sostiene que estas cifras probablemente sean mucho mayores, dados los continuos bloqueos de internet y las comunicaciones". La organización también asegura haber recibido informes que indican "que muchos de los muertos, algunos de los cuales inicialmente resultaron heridos por armas de perdigones, finalmente murieron tras recibir disparos en la cabeza o el cuello".

Por su parte, los medios estatales informaron que al menos 121 miembros de las fuerzas militares, policiales, de seguridad y judiciales de la República Islámica han muerto durante las protestas, recoge IHRNGO.

Debido al corte total de internet desde el jueves por la noche y las severas restricciones al acceso a la información, la verificación independiente de todas las cifras es extremadamente difícil, recuerda la organización. "Una vez más (...) Iran Human Rights pide una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU para que adopte medidas urgentes para proteger a los ciudadanos iraníes de los asesinatos cometidos por la República Islámica", recalcó IHRNGO. 

Diversas ONG han denunciado este domingo que los muertos por la represión de las protestas en Irán se contarían por "cientos", mientras el país sigue sin acceso a Internet y las manifestaciones ciudadanas contra el Gobierno continuaron también durante la pasada noche. Según la ONG Iran Human Rights (IHRNGO), el número de muertos por la represión gubernamental aumentaría a 192. La organización, con sede en Oslo (Noruega), dijo haber confirmado los fallecimientos a través de «fuentes directas» y de «otros dos medios independientes».

La República Islámica enfrenta desde el pasado 28 de diciembre una oleada de protestas originada en la crisis económica (la caída de precio de la moneda (rial) y la elevada inflación), que ha terminado con un cariz político de crítica al régimen de los ayatolás.

Según un testimonio de familiares de víctimas, también recogido por IHRNGO, los cuerpos en las morgues llegarían a "cientos", la mayoría "jóvenes entre los 18 y los 22 años que recibieron disparos a corta distancia".

Así lo relataron los padres de Rubina Aminian, estudiante kurdoiraní de 23 años asesinada en la tarde del jueves 8 de enero durante la jornada de protestas en Teherán, quienes acudieron a la capital para identificar los restos de su hija y tuvieron acceso a la morgue, según el relato de la ONG.

Por su parte, Human Rights Activists News Agency (HRANA), que opera desde Estados Unidos, afirmó este sábado que la cifra de muertos confirmados durante las manifestaciones asciende a 116, a pesar de la interrupción del flujo de información provocada por los cortes de internet.

HRANA aseguró en su última información al respecto que el punto álgido de las protestas se alcanzó el pasado jueves 8 de enero, tras al menos 96 manifestaciones en 27 de las 31 provincias del país, que llevaron al régimen de los ayatolás a poner en marcha el corte de internet y de la telefonía internacional que se extiende todavía hasta hoy.

Algunos videos que está difundiendo por redes la organización Hengaw Organization for Human Rights, basada en Europa, muestra marchas nocturnas multitudinarias en varios puntos de Irán, una de ellas verificada en Teherán ayer por la noche.

Por su parte, la agencia iraní Tasnim, vinculada al régimen islámico y una de las pocas que actualiza su contenido en mitad del bloqueo, informó este domingo de la muerte de ocho miembros de las fuerzas de seguridad entre el miércoles y el jueves pasados por "ataques con armas de fuego" y otros objetos.

Según el medio, varias fuentes del Gobierno confirmaron la detención de cerca de 200 líderes de "grupos terroristas" y confiscaron "una cantidad considerable de municiones, armas, granadas y cócteles Molotov en los escondites de los alborotadores".

También publicaron parte de la intervención del presidente iraní, Masud Pezeshkian, este domingo durante su reunión con el ministro de Exteriores de Omán, en la que acusó a Estados Unidos e Israel de atacar la unidad entre países islámicos y crear división en el exterior "para cumplir sus siniestros objetivos".

A raíz de esta situación y del recrudecimiento de las protestas, el presidente norteamericano, Donald Trump, amenazó con intervenir en el país en favor de los manifestantes si proseguía la represión.

Por su parte, el Ejército iraní aseguró este sábado estar preparado para enfrentarse a cualquier "complot" auspiciado por Estados Unidos, al que acusó de incitar a la inestabilidad.

Médicos Sin Fronteras (MSF) ha alertado de que su salida de Gaza junto a otras 37 ONG a las que el Gobierno de Israel ha retirado la licencia para operar en el territorio, dejará a cientos de miles de personas sin atención sanitaria y sin servicios esenciales. Y además señala en un comunicado emitido este lunes que dichas acciones contravienen las normas internacionales. “Impedir el trabajo de estas organizaciones supone un incumplimiento de las obligaciones de Israel en virtud del derecho internacional humanitario”, han señalado en una nota dirigida a los medios.

Este lunes varias ONG han reiterado que mantendrán su apoyo a los palestinos y han protestado por la forma en que Israel trata a estas organizaciones. Tanto MSF, como Médicos del Mundo o Acción Contra el Hambre han emitido sendos comunicados en los que reiteran su apoyo a los gazatíes y piden a Tel Aviv una solución.

“Israel no solo está cometiendo un genocidio contra los palestinos, sino que además utiliza el hecho de que las ONG lo denuncien como pretexto para impedirnos prestar atención médica crítica a los palestinos, recurriendo a obstáculos burocráticos y acusaciones infundadas como medio para restringir aún más los servicios”, explican desde Médicos sin Fronteras.

La ONG también ha desmentido algunas de las acusaciones vertidas por Israel para justificar este movimiento. “MSF nunca contrataría a sabiendas a nadie involucrado en actividades militares, ya que ello contradice nuestros valores y principios éticos fundamentales. Si las descripciones de lo que nuestros equipos ven con sus propios ojos en Gaza —muerte, destrucción y las consecuencias humanas de la violencia genocida— resultan desagradables para algunos, la responsabilidad recae en quienes cometen estas atrocidades, no en quienes las denuncian”, señalan.

Sobre la información que Israel requiere a las organizaciones humanitarias, MSF apunta que 15 de sus cooperantes “han sido asesinados por las fuerzas israelíes” y se muestran reticentes a informar sobre quienes trabajan en la zona. “Exigir listas de personal como condición para acceder al territorio constituye una extralimitación escandalosa que socava la independencia y la neutralidad humanitarias”, apuntan. Además, añaden que no se les ha explicado cómo se tratarán los datos de esas personas o quienes tendrían acceso a ellos. “En lugar de dialogar con MSF para escuchar nuestras preocupaciones, el ministerio encargado del proceso de registro ha ignorado nuestras reiteradas solicitudes de reunión y nos acusa públicamente de dar cobijo, a sabiendas, a presuntos terroristas”, concluyen.

Por el momento, la ONG señala que siguen trabajando sobre el terreno, aunque su licencia expiró el 31 de diciembre de 2025. “La comunicación oficial que hemos recibido indica que se nos exigirá que cesemos nuestras operaciones antes del 1 de marzo de 2026. Por el momento, seguimos trabajando en Gaza y Cisjordania y nuestros proyectos siguen atendiendo a nuestros pacientes palestinos”, señalan. Sobre la renovación de esa licencia, MSF apunta que llevan meses intentando ponerse en contacto con las autoridades israelíes, aunque de momento, no han recibido respuesta.

Otras organizaciones humanitarias afectadas, como Acción contra el Hambre, también han reiterado que seguirán apoyando a la población palestina. “Aunque las nuevas medidas dificultarán considerablemente nuestro trabajo y obstaculizarán nuestra capacidad para operar con eficacia, Acción contra el Hambre mantiene su compromiso con las comunidades palestinas a las que hemos prestado servicio desde 2002 y seguirá buscando formas de apoyarlas”, ha señalado la organización en un comunicado. Esta organización cuenta con más de cien empleados en el Territorio Palestino Ocupado, con oficinas en Jerusalén Este, Cisjordania y la ciudad de Gaza.

“Las ONG internacionales sostienen actualmente una parte esencial del sistema de salud en Gaza. De los 80 socios activos en el sector salud, 44 son organizaciones internacionales, lo que significa que su expulsión supondría la pérdida de más de la mitad de la capacidad operativa del clúster de salud”, ha resaltado Médicos del Mundo. 

Las fiestas navideñas se acercan y con ellas llega un torbellino de luces, expectativas y emociones que no todas las personas viven del mismo modo. Mientras que para mucha gente suponen un momento de entrañables encuentros y celebraciones junto a sus seres más queridos, para otros puede resultar un periodo de tristeza y soledad no deseada.

En España, cerca de cinco millones de personas viven solas, lo que representa un 27% del total de hogares del país. Aunque vivir sin compañía no significa necesariamente sentirse solo o sola.

Así, la soledad no deseada puede definirse como una experiencia desagradable que ocurre cuando alguien siente que sus relaciones sociales son insuficientes o inexistentes, o no tienen la suficiente calidad y calidez humana.

Por contra, la solitud es una experiencia voluntaria y agradable que las personas buscan activamente para disfrutar de su propio tiempo y espacio personal.

En 2024, el 20% de la población española reportó sufrir de soledad no deseada, la cual se relaciona con una peor salud física y mental. De hecho, datos recientes concluyen que la percepción subjetiva de estar solos se asocia con una mayor mortalidad. Nos enfrentamos a un problema global que impacta negativamente a nuestro bienestar y que acarrea costes sociales y económicos.

Los principales factores asociados a la soledad no deseada son, además de vivir sin compañía, sufrir eventos vitales estresantes como divorcio, duelo, viudedad, etc. Además, son también condicionantes relevantes la edad –afecta especialmente a los más jóvenes y los mayores–, la renta y la presencia de discapacidad y/o problemas de salud, sobre todo si merman la autonomía y la salud mental.

Frente a este problema, las administraciones están poniendo en marcha diferentes opciones para mitigar la soledad no deseada que viven muchas personas y ofrecer soluciones durante las fechas señaladas.

Entre ellas, destaca la impulsada por la ONG Grandes Amigos que pretende llegar a miles de personas y promueve encuentros y acompañamiento para quienes más lo necesiten.

A un nivel regional y municipal también surgen propuestas como, por ejemplo, del Banco de Voluntarios en Valladolid, con un programa específico de acompañamiento de mayores en Navidad, o el programa “Navidades con corazón” en Telde, Gran Canaria, donde apuntan que “cada gesto cuenta. Una visita, una llamada o una carta pueden transformar la Navidad de alguien”.

Otras iniciativas son la convivencia de mayores en Almuñécar (Granada) o el taller navideño Mayores en Navidad, en la ciudad de Badajoz.

Sin embargo, estas iniciativas aisladas no siempre alcanzan a todas las personas que lo necesitan y, para la gran mayoría, simplemente son desconocidas. Por ello, si siente soledad no deseada es importante que explore las opciones que ofrecen los barrios, ayuntamientos, comunidades autónomas y entidades sociales que, como ve, pueden marcar una diferencia y ser una ayuda real y efectiva.

También podemos todos y todas acompañar a quienes conocemos o sospechamos que están en esta situación, ayudándoles a encontrar alternativas como estas, o las que podamos ofrecer.

Por otro lado, aceptar la propia circunstancia y liberarse de la presión social que se idealiza en estas fechas puede abrir las puertas a vivir la Navidad de una forma “no normativa”.

Y es aquí donde surge la cuestión central: ¿es tan duro pasar estas fechas en soledad o se intensifica la sensación por la atmósfera de expectativas idealizadas que rodean la Navidad?

Para abordar esta cuestión, resulta necesario reivindicar la libertad individual para decidir cómo vivir estas fechas. Las fiestas navideñas suelen concentrar numerosos compromisos sociales que pueden resultar abrumadores y superar las necesidades o deseos individuales.

Mientras que algunas personas encuentran la satisfacción en reuniones numerosas, otras prefieren espacios más reducidos, encuentros selectivos o incluso la tranquilidad de pasar estos días en solitud.

Diversos estudios señalan que el bienestar no depende de la cantidad de interacciones sociales, sino del equilibrio entre las necesidades individuales y las demandas del entorno social.

Desde esta perspectiva, la soledad elegida y placentera, o solitud, puede funcionar como una experiencia reparadora que ofrece introspección, descanso emocional y autonomía. Sin embargo, la libertad de elección solo es posible si existen alternativas reales: programas comunitarios, actividades culturales, iniciativas de voluntariado o espacios de acompañamiento para quienes buscan conexión social. De lo contrario, la soledad corre el riesgo de ser impuesta y, por tanto, fuente de sufrimiento, y una lacra social evitable.

Reconocer la diversidad de necesidades sociales permite replantear la Navidad más allá de la narrativa tradicional. Ofrecer espacios y recursos que brinden compañía y calidez humana a quien la desea y la necesita debe ser un objetivo institucional prioritario.

Por otro lado, respetar la decisión de quien no la necesita ayudaría sin duda a que cada persona viva estas fechas de la forma que le resulte natural y satisfactoria.

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Elena Sanz. Directora de The Conversation en español. Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original aquí.

La Corte de Casación de Francia confirmó la condena por difamación contra Marine Le Pen, quien había acusado en 2022 a la oenegé La Cimade de organizar la entrada de inmigrantes irregulares en el departamento de ultramar francés de Mayotte, informa EFE. De este modo, la líder ultraderechista resulta condenada a una multa de 500 euros, aunque exenta de cumplimiento.

En una entrevista al canal BFMTV en enero de 2022, la entonces candidata presidencial Le Pen había acusado a La Cimade -una oenegé contra la xenofobia y en favor de la integración de las personas inmigrantes- de "organizar la entrada de inmigrantes clandestinos" desde las islas Comoras al archipiélago de Mayotte, en las costas del sudeste de África, en el océano Índico. Tras haber sido condenada en primera y en segunda instancia, la líder ultranacionalista acudió a la Corte de Casación, la más alta instancia en el ordenamiento jurídico francés.

La Cimade se felicitó de la decisión y recordó que el Alto Tribunal validó el argumento de que "no hubo un ataque a la libertad de expresión desproporcionado en la sentencia condenatoria" contra Le Pen, según dijo en un comunicado.

"Los discursos falaces destinados a estigmatizar a las personas migrantes y a las asociaciones que las acompañan para así avivar las tensiones sociales y la violencia no pueden difundirse con total impunidad", aseveró la presidenta de la organización, Monique Guyot-Berni.

En otro proceso de mayor envergadura, la líder ultra está inhabilitada con efecto inmediato durante cinco años -lo que le impediría presentarse a las elecciones presidenciales de 2027 en las que es favorita- tras ser condenada por malversación de fondos del Parlamento Europeo.

La decisión, que no es firme, será de nuevo examinada por el Tribunal de Apelación entre el 13 de enero y el 12 de febrero de 2026. 

La ley de transparencia obliga a las Administraciones a publicar determinada información con el objetivo de que cualquier ciudadano pueda fiscalizar la gestión y el uso del dinero público —lo que se conoce como publicidad activa—. Pero no solo a ellas: algunas entidades privadas, como las que reciben más de 100.000 euros al año de subvenciones o ayudas públicas, también deben cumplir ciertas obligaciones de publicidad activa sobre asuntos como su gestión económica o su organización institucional. A pesar de la obligación legal, no todas lo hacen. 

Un ejemplo de ello es Cruz Roja Española. En 2024 recibió 913,25 millones de euros en subvenciones y, por tanto, supera holgadamente el umbral a partir del cual debe cumplir con la ley de transparencia en materia de publicidad activa. Sin embargo, la organización no publica determinadas informaciones que exige la ley, como la remuneración anual de sus responsables y directivos. Todo ello, a pesar de haber sido informada de la obligatoriedad de hacerlo en varias ocasiones por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG). 

Este incumplimiento lleva prolongándose desde hace al menos seis años, durante los cuales Cruz Roja no ha tomado ninguna medida al respecto a pesar de ser consciente de la situación. En junio de 2019, el Consejo de Transparencia— a raíz de la denuncia de un periodista de infoLibre— recordó a la entidad su obligación de publicar esta información y solicitó explicaciones por su parte, sin recibir respuesta.

En julio de 2020, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno volvió a recordar a Cruz Roja sus obligaciones cuando evaluó a la organización en un informe de cumplimiento de la publicidad activa. En esta ocasión la entidad sí contestó al Consejo presentando alegaciones sobre el caso, y afirmó que "sus máximos responsables son voluntarios y no perciben retribución". El Consejo de Transparencia solicitó entonces que esta aclaración se incluyera en el portal, cosa que la ONG no hizo. 

Lo cierto es que, a pesar de las alegaciones que hizo ante el Consejo, ese mismo año Cruz Roja gastó 3,57 millones de euros en remuneraciones a sus directivos, como se refleja en la auditoría de sus cuentas de ese año. Ese dinero fue para el personal de lo que la organización define como "alta dirección", que entonces estaba integrada por 62 personas, según la misma información de las cuentas. Por tanto, esos directivos habrían cobrado 57.694 euros de media. 

En 2024, último ejercicio disponible, esta cifra ha aumentado hasta alcanzar los 4,31 millones de euros. La alta dirección ese año estuvo formada por 67 personas; y la media salarial ascendió hasta 64.299 euros por cabeza. En cualquier caso, Cruz Roja no detalla —ni en sus cuentas anuales ni en su portal de transparencia ni en ningún otro lugar— el desglose del sueldo para los distintos cargos dentro de esa alta dirección.

Entre ese personal directivo se encuentran la presidenta de la organización, la secretaria general, la coordinadora general, los secretarios autonómicos y provinciales y los gerentes de los centros sanitarios de Cruz Roja, entre otros cargos. Como es evidente, no todos cobran el mismo salario, pero la opacidad de la organización imposibilita hacer otros cálculos más allá de esa media. 

Además, las cuentas no aclaran si el número de personas que indican para la alta dirección corresponde al número de cargos que ha habido ese año o al número de personas concretas que los han ocupado. Un mismo puesto puede haber sido ocupado por varias personas distintas a lo largo del ejercicio, en cuyo caso el sueldo medio de cada cargo sería más alto. 

Contactada por este medio en varias ocasiones, la entidad se ha negado a hacer público el desglose de estos sueldos, o en su defecto a facilitarlo a infoLibre, que también se lo ha solicitado en múltiples ocasiones. Cruz Roja no ha vuelto a utilizar el argumento de que sus directivos son voluntarios, como afirmaron al Consejo en 2020. En esta ocasión, en una de sus respuestas a este medio, la entidad afirma que cumple con todas sus responsabilidades de transparencia y no tiene "mayores obligaciones de información" que las contenidas en los artículos 6.1 —sobre la estructura organizativa— y 8.2 —sobre contratos o convenios con la Administración pública— de la ley de transparencia. 

La trampa está en que la obligación de publicar "las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos responsables de las entidades" se encuentra en el artículo 8.1 de la ley. Pero el criterio del Consejo de Transparencia, el organismo que se encarga de velar por el cumplimiento de la ley de transparencia en nuestro país, es claro. 

En un criterio interpretativo de 2015 el CTBG establece de forma expresa que las entidades sin ánimo de lucro y las organizaciones privadas que reciban más de 100.000 euros al año de fondos públicos deben cumplir el artículo 8 en su totalidad, incluido el 8.1 y, por tanto, la obligación de publicar las retribuciones de sus directivos. El CTBG, además, ha confirmado a este periódico que ese criterio interpretativo sigue plenamente vigente. Cruz Roja no ha vuelto a responder cuando infoLibre le ha hecho llegar esa información.

Cruz Roja, además, debería ser consciente de este hecho, ya que cuando el CTBG evaluó a la organización en 2020, en el informe de cumplimiento —que se encuentra disponible en la propia web de la organización— se valoró su grado de cumplimiento de todo el artículo 8, no solo de su apartado 2. 

Manuel Sánchez de Diego, profesor de Derecho en la Universidad Complutense y director del Centro de Investigación en Transparencia y Gobierno Abierto, explica a infoLibre que al carecer la ley de transparencia de un régimen sancionador, este incumplimiento no tiene ninguna consecuencia práctica para la entidad. 

María Díez, profesora de periodismo en la Universidad de Valladolid y experta en transparencia, coincide: "Si buscamos organizaciones sociales en las que confiar, lo lógico sería que ellas fueran las primeras interesadas en ser transparentes. Pero tenemos un problema con el cumplimiento de la norma, debido a que esta no contempla sanciones. Su cumplimiento depende de la voluntariedad de las Administraciones y organizaciones, y en España tenemos una falta de cultura de la transparencia brutal", señala.

Como prueba de ello, en su respuesta a infoLibre, Cruz Roja también declara que no tiene que responder a las peticiones de información que puedan hacer los ciudadanos al amparo de la norma, puesto que esa obligación se limita a la Administración pública. Esta afirmación sí es cierta y se alinea con la ley y con el criterio del CTBG, que en julio de 2024 dio la razón a la ONG cuando no contestó a una petición de información sobre la gestión de los bienes inmuebles que obtiene mediante herencias. 

Lo que resulta sorprendente es que, a pesar de ello, la entidad mantiene un formulario en su portal de transparencia que permite enviar solicitudes en virtud de dicha ley. infoLibre, por ello, decidió preguntar tanto por esa vía como directamente al departamento de prensa por cuestiones como el coste de los dos despidos colectivos que realizó la entidad y fueron anulados por la Justicia o qué otras remuneraciones en especie o beneficios perciben los directivos de la organización que, según fuentes internas, incluyen el disfrute de un apartamento en Madrid en el caso de la directora, y el de un coche con chófer en el caso de la secretaria general.

El departamento de prensa declinó informar sobre ambas cosas —aunque sí respondió a otras cuestiones— y el de transparencia solo indicó que no respondería ninguna de las solicitudes al no estar obligado por ley a hacerlo.

El Consejo de Transparencia analiza cada año el grado de cumplimiento de distintas organizaciones y Administraciones sobre la publicidad activa que les exige la ley. La última vez que lo hizo con la Cruz Roja fue en 2020 y detectó que los salarios de sus directivos no eran lo único que la organización estaba ocultando.

El Consejo indicó que la ONG cumplía en un 65% con la información que debe publicar. Conseguía un aprobado, pero escondía varios datos que la legislación le exige publicar. En el caso de la información económica, además, el grado de cumplimiento bajaba hasta situarse en un 51%.

El organismo también destacó "el escaso uso de formatos reutilizables y la carencia de referencias a la fecha en que se actualizó o se revisó por última vez la información" por parte de la Cruz Roja. 

Algunas de las informaciones que ocultaba ya son públicas a día de hoy, como los contratos que le han sido adjudicados por Administraciones públicas. Otras, como las obligaciones económicas suscritas con Administraciones a través de convenios o los propios sueldos del personal directivo, siguen sin ser reveladas seis años después de que el Consejo les escribiera por primera vez sobre este asunto.

De hecho, al realizar la evaluación de 2020, el CTBG remitió ocho recomendaciones a Cruz Roja para mejorar su publicidad activa. En 2021 el Consejo volvió a evaluar a la organización para comprobar si había cumplido con ellas. Solo había aplicado tres y el organismo volvió a destacar en su informe que "no se publica información sobre las retribuciones percibidas por los máximos responsables de la organización".

Cruz Roja Española ha comunicado formalmente al comité de empresa su intención de iniciar un nuevo expediente de regulación de empleo (ERE), el tercero en menos de dos años, que afectará a 118 trabajadores en todo el territorio. 

La decisión llega cuando apenas han pasado cuatro meses desde que la Audiencia Nacional declaró nulo el anterior proceso de despido colectivo, el segundo que la Justicia tumba en menos de dos años. La organización registró en 2024 un excedente —el equivalente a beneficio en las entidades sin ánimo de lucro—  de 30,69 millones de euros. Sumando los cuatro últimos ejercicios, el excedente asciende a 93 millones de euros. 

Según la información trasladada al comité de empresa, el nuevo ERE se plantea por causas organizativas y de producción, los mismos motivos que el expediente anterior, anulado por la Audiencia Nacional el pasado junio. El tribunal ordenó la readmisión de los trabajadores al considerar que la documentación aportada por la entidad era insuficiente, desordenada e incongruente, lo que impidió a los representantes de la plantilla conocer las causas reales del ajuste. 

Antes, en junio de 2024, ya había anulado el primer intento de despido colectivo —y obligado a la readmisión de los afectados— al concluir que los 149 ceses ejecutados entre octubre y diciembre de 2023 constituían en realidad un ERE encubierto sin negociación ni periodo de consultas. 

El nuevo expediente incluye a los trabajadores de la oficina central despedidos y readmitidos por sentencia judicial dos veces desde diciembre de 2023, que, hasta hoy, siguen cobrando sus nóminas sin poder acceder a sus puestos de trabajo, a las plataformas internas ni al edificio, en lo que califican de “readmisión en falso”. La entidad mantiene que esos puestos “están amortizados y no son necesarios en el funcionamiento diario”.

El comité de empresa de la oficina central considera el nuevo intento de despido colectivo “una irresponsabilidad y un desprecio hacia la plantilla, hacia los fondos públicos con los que se sostiene gran parte de la actividad de Cruz Roja Española y hacia los valores que la organización dice defender”. Los representantes sindicales exigen la retirada inmediata del procedimiento y que la organización abra “un espacio de diálogo real” en lugar de “insistir en un camino que ya ha demostrado ser un fracaso jurídico, económico y humano.”

Mientras tanto, sigue pendiente el recurso presentado por Cruz Roja ante el Tribunal Supremo contra la última sentencia de la Audiencia Nacional. Como publicó infoLibre, la dirección había asegurado inicialmente que no recurriría la resolución, pero lo hizo el último día del plazo.

“El terremoto de Vicente es la falta de empleo digno”. Así arranca la última campaña publicitaria de Cruz Roja Española, Catástrofes del día a día, que recuerda que también existen desastres invisibles como la soledad, la precariedad o la falta de oportunidades. Según el vídeo, la entidad ayudó a 274.579 personas a encontrar trabajo en el último año.

Para Alberto —nombre ficticio— el terremoto no fue una metáfora. Llegó en diciembre de 2023, cuando Cruz Roja le despidió tras más de veinte años en la institución. Recibió la comunicación de despido una mañana cualquiera, y en cuestión de minutos su usuario corporativo fue desactivado. “Ni siquiera pude llegar a enviar el documento en el que estaba trabajando ni despedirme de mis compañeros”, recuerda.

Como él, otros catorce trabajadores de la oficina central en Madrid se vieron fuera de una organización que muchos de ellos conocían como su casa. Lo que ninguno imaginaba entonces era que ese despido sería el primer eslabón de una cadena. En los dos años siguientes, ellos y decenas de empleados más serían despedidos (de momento) dos veces, readmitidos (que no reincorporados) otras dos, y vivirían un conflicto judicial cuya solución aún no se ve cercana.

El primer temblor de este terremoto tuvo lugar cuando la organización se negó a aplicar la subida del 8,5% pactada en el convenio de su oficina central, pese a haber cerrado el ejercicio anterior con más de 25 millones de euros de excedente. En lugar de cumplir lo firmado, advirtió a su plantilla de que, si debía asumir ese coste, habría “ajustes” de personal. Y los hubo: quince trabajadores de la oficina central, algunos con décadas de antigüedad, fueron despedidos en diciembre de 2023, a los que se sumaron más de un centenar en otras sedes provinciales.

Los sindicatos denunciaron y la justicia ratificó que, a pesar de tratarse de centros de trabajo diferentes, no eran despidos aislados, como defendía la organización, sino un despido colectivo encubierto. La Audiencia Nacional anuló los despidos y ordenó la readmisión de todos los afectados, pero el conflicto no había hecho más que empezar. 

La organización recurrió la sentencia, para unos meses más tarde retirar el recurso y readmitir a los afectados. Sin embargo, esa readmisión nunca fue completa: los trabajadores volvieron a estar en nómina, pero no regresaron a sus puestos, sino que se les obligó a coger sus vacaciones, y una vez terminadas, pasaron a situación de permiso retribuido. 

En febrero de 2025, cuando aún seguían en ese limbo, la entidad volvió a despedirlos, esta vez sí, mediante un expediente de regulación formal. La Audiencia Nacional volvió a tumbar el proceso y a ordenar la readmisión, al concluir que la organización había dificultado la negociación entregando documentación incompleta, desordenada y en algunos casos incongruente, lo que impidió a los representantes de los trabajadores conocer las causas reales de los despidos. 

Cruz Roja aseguró entonces por escrito a los trabajadores que acataría la sentencia y que no recurriría, pero solo cumplió la mitad: convocó una reunión formal de readmisión, les dio de alta de nuevo y les citó para firmar la documentación —sin permitirles volver a sus puestos ni devolverles sus funciones—, pero el último día del plazo, y contraviniendo lo anunciado, presentó otro recurso ante el Tribunal Supremo. 

Ahora, los trabajadores readmitidos cobran mensualmente sus nóminas, aunque no pueden consultarlas porque no tienen acceso a las plataformas internas, ni al edificio —en la reunión de readmisión se les facilitaron tarjetas de visitante—, ni tareas asignadas. El sentir general del grupo de la oficina central es de profunda decepción con la institución: “Hemos tenido que hacer un proceso de duelo respecto a nuestras carreras y nuestra vinculación con la entidad”, señalan. Todos hacen el esfuerzo de separar la Cruz Roja y su labor humanitaria de sus actuales dirigentes y modo de operar, pero la “disonancia de valores” entre los promovidos y los puestos en práctica es imposible de ignorar para ellos. 

Tras la segunda “reincorporación en falso” han interpuesto una denuncia ante la Inspección de Trabajo por lo que consideran un incumplimiento de la sentencia que obliga a Cruz Roja a devolverles sus empleos. La organización, por su parte, traslada que sus puestos están amortizados y ya no existen, a pesar de que, según señalan los trabajadores, en la mayoría de los casos simplemente los están ocupando otras personas. 

Ante la pregunta de si la entidad planea un tercer proceso de despidos, la respuesta de Cruz Roja en la última reunión con los trabajadores fue que no lo sabe, pero “el que quiere leer entre líneas, que lea”. Los trabajadores dan por hecho que habrá un tercer intento, y algunas fuentes apuntan a que la dirección ya habría iniciado los preparativos.

El enfrentamiento entre Cruz Roja Española y la plantilla de su oficina central comenzó con un incumplimiento por parte de la organización. El artículo 40 de su convenio colectivo, firmado en 2014, establece que los sueldos deben subir cada año el mismo porcentaje que las pensiones públicas, en lugar de ir ligados a la inflación. Durante años, esa fórmula jugó a favor de la organización: las pensiones crecían —si lo hacían— menos que el IPC y la medida permitía contener los costes salariales.

Pero en 2023, tras la revalorización de las pensiones en un 8,5%, la dirección de Cruz Roja decidió que no aplicaría la subida íntegra. Alegó que el incremento era “inasumible” para la organización y propuso un aumento alternativo del 3%, que tras las negociaciones con los sindicatos se elevó al 5,7%. El comité de empresa rechazó la propuesta y defendió que la entidad debía cumplir lo firmado.

Ante la tensión, el 24 de febrero de 2023, la dirección envió una carta a toda la plantilla de la oficina central en la que advertía que, si debía aplicar la subida del 8,5%, “se produciría un conflicto laboral” y serían necesarias “medidas de ajuste que incidirían en la plantilla”.

Los sindicatos llevaron el desacuerdo ante la Comisión Consultiva de Convenios Colectivos de la Comunidad de Madrid. En noviembre, la resolución fue clara: no existían causas económicas que justificaran el incumplimiento. La organización, que en 2022 había presentado un excedente de 25,69 millones de euros en sus cuentas, debía aplicar la subida pactada en el convenio.

Pocas semanas después, en diciembre, la advertencia se materializó. Quince trabajadores de la Oficina Central, muchos de ellos con una larga trayectoria en la institución, fueron despedidos por “causas organizativas”. A ellos se sumaron decenas de despidos más en otras sedes autonómicas y provinciales. En total, 149 extinciones de contrato en apenas tres meses, todas firmadas bajo el mismo CIF de Cruz Roja Española.

El golpe fue especialmente duro en la oficina central, el corazón administrativo y operativo de Cruz Roja Española. Algunos de los despedidos llevaban más de veinte años en la casa y ocupaban puestos de responsabilidad, otros habían sido contratados recientemente tras pasar años trabajando para Cruz Roja a través de empresas de trabajo temporal. Ninguno había recibido advertencias ni evaluaciones negativas.

En paralelo, en sedes provinciales y autonómicas se sucedía también “un goteo de despidos”, según definen los sindicatos. En total, 149 personas perdieron su empleo entre octubre y diciembre de 2023. Las cartas de extinción se firmaban con el mismo CIF, el de la Cruz Roja Española, pero procedían de distintos departamentos y territorios.

Para los sindicatos UGT y CCOO, aquello no podía considerarse una suma de despidos individuales: era un despido colectivo de hecho, un ERE encubierto sin negociación ni periodo de consultas. El 14 de enero de 2024 presentaron una demanda ante la Audiencia Nacional, alegando que la entidad había vulnerado el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores.

El 27 de junio de 2024, la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional les dio la razón. En su sentencia, el tribunal declaró la nulidad del despido colectivo y ordenó la readmisión de todos los trabajadores, estableciendo que Cruz Roja había superado los umbrales legales de despido colectivo sin seguir el procedimiento exigido por ley.

La resolución fue contundente. La Audiencia consideró además que parte de las bajas alegadas como “no superación del periodo de prueba” eran fraudulentas, y que las extinciones debían contarse a nivel de toda la empresa, no por centros de trabajo, dado que Cruz Roja opera bajo un único CIF y estructura.

Los sindicatos denunciaron que la organización usara “fondos públicos y donaciones” para “despedir de forma ilegal e injusta” y advirtió que recurrir la sentencia podría suponer “un ingente desembolso económico que comprometería los programas sociales de la entidad”. Aun así, la dirección anunció que recurriría ante el Tribunal Supremo, retrasando la readmisión a la que la sentencia le obligaba. 

Fuentes cercanas al proceso y a la entidad explican la importancia de esta sentencia: por primera vez, la Audiencia Nacional reconocía la unidad de todos sus trabajadores, independientemente de la delegación o el territorio en el que prestaran servicio. La resolución desmontaba así uno de los argumentos centrales de la organización, que defendía que los despidos debían computarse por centros de trabajo y no a escala global.

Según explican fuentes sindicales, los despidos colectivos sin recurrir formalmente a un ERE llevaban tiempo siendo una práctica habitual dentro de la entidad. Sin embargo, esta vez los sindicatos decidieron denunciar. En primer lugar, porque, aunque Cruz Roja suele funcionar por proyectos —y algunos tienen una fecha de fin que justifica extinciones de contrato concretas—, en este caso los despidos afectaban a puestos estructurales de la oficina central, sin relación con ningún programa temporal.

En segundo lugar, según las mismas fuentes, porque la organización había utilizado tradicionalmente la temporalidad como herramienta de control sobre la plantilla. “Si te llamaban un domingo y no ibas, ya sabías que ese año no te renovaban”, resume gráficamente una persona conocedora de los procesos internos. Con la reforma laboral y la desaparición del contrato temporal, explican, la dirección ha buscado mantener esa capacidad de presión mediante los despidos colectivos. La negativa rotunda a reincorporar a los trabajadores despedidos de la oficina central responde precisamente, según interpretan ellos mismos, a “no querer perder autoridad ni sentar un precedente favorable a la plantilla”. 

Tras la primera sentencia, Cruz Roja anunció que acataría el fallo y que procedería a readmitir a los despedidos. La noticia, recibida con alivio por los afectados, pronto se convirtió en desconcierto. La “readmisión” nunca llegó a materializarse: los trabajadores fueron dados de alta en nómina, pero sin recuperar sus puestos, su correo ni sus funciones. Algunos fueron citados para firmar su reingreso y, acto seguido, pasaron a disfrutar sus vacaciones pendientes. Al concluirlas, la organización los mantuvo en casa bajo la fórmula de “permiso retribuido”.

Durante meses, la situación volvió a quedar suspendida en ese limbo. Nadie les asignaba tareas ni confirmaba su regreso, pero seguían figurando como empleados, aunque sin acceso a formación, promoción, o beneficios laborales como el Fondo Social que Cruz Roja ofrece a sus trabajadores. A comienzos de 2025, cuando aún esperaban una reincorporación efectiva, la entidad comunicó la apertura de un nuevo expediente de regulación de empleo que afectaba a 168 personas de 35 centros de trabajo distintos, incluidos los despedidos en 2023 de la oficina central.

El procedimiento, que pretendía dar forma legal al despido anterior, tuvo el mismo resultado. La Audiencia Nacional concluyó que la documentación aportada era incompleta, confusa y, en algunos casos, se presentaba tarde, lo que impedía a los sindicatos evaluar las causas reales del ajuste. Por ello, el pasado 30 de junio el tribunal declaró de nuevo la nulidad del despido colectivo y ordenó la readmisión de todos los trabajadores. El jurista Eduardo Rojo, catedrático de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), que ya había analizado la primera resolución, tituló su comentario sobre esta segunda sentencia con ironía: “Tropezar dos veces en la misma piedra”. 

Pese a asegurar por escrito que acataría el fallo y no recurriría, la organización volvió a hacerlo el último día del plazo. Los trabajadores, que ya habían firmado su readmisión, se enteraron por los sindicatos de que el caso volvería al Supremo. A día de hoy, siguen cobrando sus nóminas sin acceso al edificio, al correo o a sus puestos, en una situación que califican de “readmisión en falso”.

Varias personas consultadas, tanto dentro como fuera de la organización, explican que les resulta difícil reconocer en la dirección actual muchos de los valores que la entidad dice defender: la estabilidad, la dignidad en el empleo y el cuidado de quienes atraviesan situaciones vulnerables.

La sucesión de despidos y readmisiones incompletas, la opacidad y la impersonalidad en las comunicaciones, y lo que en ocasiones los sindicatos han considerado una falta absoluta de voluntad negociadora, dibujan un relato difícil de comprender e impropio de una organización de carácter humanitario. 

Desde un punto de vista económico, los sindicatos han señalado en varias ocasiones a lo largo de ambos procesos el enorme desembolso que estos han supuesto para la organización. La situación se agrava, a juicio de los sindicatos, al tratarse este dinero de fondos públicos o de donaciones de ciudadanos, que deben dirigirse a sufragar programas sociales y no lo que, según los afectados, constituye una “guerra personal” de la entidad contra una parte de su plantilla. 

La entidad no ha hecho pública una cifra del gasto provocado por este proceso, pero Mar Echenique, exresponsable del Área de Salud Mental de la organización, y parte del grupo de trabajadores despedidos, calcula que el importe puede estar en torno a los cinco millones de euros, solo en salarios de tramitación y cotizaciones, sin contar los honorarios legales asociados al proceso.  

Para los trabajadores afectados resulta además especialmente doloroso que el conflicto se iniciara por razones económicas, cuando Cruz Roja se negó a asumir la subida salarial reflejada en el convenio alegando falta de fondos —a pesar de su abultado resultado económico ese año, en línea con los anteriores y con los siguientes—, para que la entidad acabara gastando más dinero en sendos despidos y readmisiones que el que pretendía ahorrar negándose a llevar a cabo la subida pactada. 

Por otro lado, desde el punto de vista social, las mismas fuentes manifiestan su incredulidad ante el comportamiento de la dirección de Cruz Roja. Mientras parte de la plantilla que continúa dentro de la organización refiere un clima de miedo y desconfianza en la cúpula, a la que acusan de actuar mediante criterios mercantiles y no humanitarios, los trabajadores afectados hablan de un “daño moral” más allá del económico: “La función de Cruz Roja es proteger y socorrer al vulnerable, no crear más vulnerabilidad”, resume uno de ellos. 

La crisis de la vivienda en España se ha establecido como un factor claro de desigualdad social. Así lo afirma el informe Vivir la desigualdad 2025, de la ONG Oxfam Intermón, que arroja el dato de que casi la mitad de las personas en España se ve afectada por esta situación. Esta problemática va de la mano de la precariedad salarial, que, según el citado estudio, impide vivir con dignidad a un tercio de la población.

Según Oxfam Intermón, tan solo el 14,4% de los no propietarios se muestra optimista sobre la compra de una vivienda en un futuro. “En un país donde más del 60% de quienes no tienen una vivienda en propiedad cree que no podrán acceder a una, la desigualdad es una realidad cotidiana que se ha cronificado en la vida de miles de personas”, señala Ernesto García López, coordinador de la investigación.

A la hora de poder acceder a un alquiler o a una hipoteca, la brecha socioeconómica permanece visible para los jóvenes. Según el mencionado informe, el 72% de la juventud de clase adinerada tiene expectativas de recibir apoyo familiar. Sin embargo, casi dos tercios de los jóvenes con menos recursos ven imposible este tipo de respaldo.

La vivienda no es el único factor de desigualdad que señala el estudio Vivir la desigualdad 2025. La precariedad laboral y salarial también está detrás del malestar de la población española. Oxfam Intermón hace hincapié en el dato de que más de un tercio de la población asegura necesitar un segundo empleo, pero no lo podría compaginar con su actual estilo de vida. 

Alrededor de un 40% tampoco puede permitirse una semana de vacaciones al año o hacer frente con sus ahorros a un gasto repentino de 600 euros. “Se están cronificando algunos recortes vinculados con el consumo de productos básicos, como la alimentación, el ocio, el acceso a ciertos servicios sociosanitarios como dentista, fisioterapia, etcétera”, afirma García López. Concretamente, una de cada cuatro personas no va al dentista por razones económicas, al igual que al psicólogo. Además, el estudio subraya que una de cada dos personas no ha continuado su formación por los mismos motivos.

Según la ONG, la situación de vulnerabilidad afecta en mayor medida a las mujeres, jóvenes y personas racializadas. El informe señala que el 62,3% de las mujeres se ha visto obligadas a reducir su gasto en actividades de cultura y ocio, mientras que el porcentaje en hombres se sitúa diez puntos por debajo (54,2%). En cuanto a las personas racializadas, una de cada cuatro no puede permitirse la compra de medicamentos.

A pesar de que ocho de cada diez personas opinan que España es un país desigual, más de la mitad de las encuestadas considera que la situación puede revertirse. De hecho, el informe establece que existe un consenso en el que la solución se encuentra en las políticas redistributivas, aunque el 73% cree que el método actual no reparte adecuadamente la riqueza. Entre los responsables señalados se encuentran las Administraciones públicas y los distintos niveles de gobierno. Algunas de las medidas propuestas por los encuestados están relacionadas con la vivienda, los salarios, la calidad del empleo y los servicios públicos.

“La desigualdad no es una percepción, es una estructura que moldea la vida de millones de personas. Pero también es una construcción política que puede transformarse. Escuchar a la ciudadanía es el primer paso para actuar con justicia”, apunta García López. Desde Oxfam también proponen intervenciones como mejorar la protección social o garantizar los derechos de los migrantes, además de aumentar la progresividad del sistema fiscal.

El informe Vivir la desigualdad se ha basado en una encuesta cuantitativa con una muestra de 4.102 personas y llevada a cabo entre el 18 de marzo y el 4 de abril de 2025. Este proyecto ha tenido en cuenta la interseccionalidad en materia de edad, género, clase social, etnicidad, entre otros aspectos; y un enfoque multidimensional, con dimensiones no económicas como la salud o la educación. Además, la investigación ha contado con entrevistas y grupos focales para profundizar en los discursos identificados, cuyos resultados no aparecen en este texto.

Manos Unidas ha denunciado que 673 millones de personas pasaron hambre en 2024 y, desde 2020, el 28% de la población mundial sufre inseguridad alimentaria. Además, ha indicado en relación a esto que se producen alimentos suficientes para alimentar a 11.000 millones de personas, a pesar de que la población mundial es de unos 8.000 millones, pero que un tercio de ellos se termina desperdiciando.

La ONG se ha compartido estos datos en el encuentro Mesa del Hambre, con motivo del Día Mundial de la Alimentación, que se celebra este 16 de octubre. Este evento ha reunido a expertos, investigadores e instituciones relacionados con el mundo de la alimentación.

La razón por la que el hambre ha sido desplazado en la agenda mundial podría deberse a la "permacrisis", según Kattya Cascante, profesora de la Universidad Complutense de Madrid y presidenta de la Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES). Según Cascante, este fenómeno ha dado preferencia a "los conflictos, al clima, a las nuevas tecnología o a la inteligencia artificial, frente al problema crónico del hambre". La profesora de universidad también ha destacado el problema de la "mercantilización" de los alimentos.

La Mesa del Hambre también ha abordado otros temas como la soberanía alimentaria, de la mano de Vega Díez, directora cooperación internacional de Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI). "Muchas leyes y tratados permiten la entrada de intereses que devoran suelos, agua y bosques; gana el agromercado, no la gente", señala Díez.

El evento fue clausurado por la presidenta de Manos Unidas, Cecilia Pilar, que se refirió a la hambruna como "este drama humano que no solo es una cuestión de carencias, sino la consecuencia de una injusticia arraigada y afectada terrible que afecta las vidas de millones de personas". "Acabar con el hambre en el mundo exige la implicación de todos: de los gobiernos, de las instituciones, de la sociedad civil y de cada uno de nosotros", concluyó Pilar.

La Flotilla Global Sumud –iniciativa humanitaria con el fin de romper el bloqueo israelí de Gaza– informó este martes de "al menos 13 explosiones" y vuelo de "drones no identificados", además de "interferencias en las comunicaciones" en su travesía hacia la franja palestina en el Mediterráneo.

La organización denunció en un mensaje de su cuenta oficial de Telegram –que ha ido actualizando información durante este miércoles– que las explosiones se escucharon "en y alrededor de varios barcos de la Flotilla", además de reportar que múltiples tripulantes vieron "objetos que fueron lanzados sobre al menos diez barcos desde drones o aeronaves, provocando daños".

La Flotilla internacional había informado previamente del sobrevuelo de "más de 15 drones" a baja altitud sobre el barco Alma, la misma embarcación que fue "atacada" durante su escala en Túnez y que las autoridades tunecinas consideraron una "acción predeterminada".

"No se han reportado víctimas. El alcance de los daños será completamente evaluado a la luz del día", agregó el comunicado.

La Flotilla internacional dijo que se trata de "operaciones psicológicas" para frenar su navegación y afirmó que la presencia de drones tienen la intención de "intimidar y potencialmente recabar inteligencia para Israel".

La misión marítima condenó estos días los "intentos" israelíes por "criminalizarla" después de que Israel afirmara que se trata de una "iniciativa yihadista" apoyada por el grupo islamista Hamás.

El Ministerio de Exteriores de Israel advirtió este martes que la flotilla debe atracar en puertos israelíes para transferir la ayuda humanitaria que transporta, en lugar de hacerlo directamente a la franja palestina.

La misión rechazó cualquier acusación e insistió en que la flotilla reivindica su "derecho a entregar ayuda, proteger a los voluntarios y desafiar el asedio" con su misión, que calificó de "transparente y no violenta".

La Flotilla está integrada por 51 barcos, según la página de rastreo de la flotilla, incluidos los seis atracos en Grecia que esperan unirse a las delegaciones que salieron de España, Túnez e Italia para perseguir todos juntos su travesía hacia Gaza.

Cientos de palestinos salieron este jueves a las calles del centro de la ciudad de Gaza para protestar contra los planes de Israel de tomar la capital de la Franja, pedir que cese la guerra y mostrar su rechazo a tener que desplazarse, según ha informado EFE.

"(Protestamos) para manifestar nuestro rechazo a la ocupación de Gaza y a los desplazamientos. No queremos que nos envíen a Egipto o a otro país", asegura a EFE Mahmud Salim Abdelkarim, un gazatí de 19 años desplazado a la capital desde el campamento de refugiados de Jabalia, en el norte, zona que Israel ha ocupado casi completamente.

Este joven es uno de los centenares de gazatíes que salieron a la plaza Saraya de la capital con banderas palestinas y carteles de "paren el genocidio", "Gaza es nuestra", "no al desplazamiento, sí a quedarnos en nuestra tierra" y "Gaza muere bajo los bombardeos y el hambre".

Abdelkarim habla con la foto en la mano de su primo de 13 años asesinado hace dos semanas cuando trataba de buscar comida y apunta: "Cualquier palestino tiene derecho a educación, alimentación y sanidad y cualquier otro derecho que tenga una persona occidental lo merece una persona árabe, y en particular el palestino oprimido".

Anoche, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó al Ejército acortar los plazos para emprender la toma de la ciudad de Gaza, apremiando así el inicio de la invasión, aún en su etapa preliminar.

Las estimaciones sitúan en cerca de un millón de personas en la ciudad de Gaza, mientras que gran parte del resto de la población (de un total de 2,1 millones de personas) se hacinan en el sur del enclave. Israel tiene el "control operacional" del 75 % de la Franja, según el propio Ejército israelí.

EFE ha podido ver cómo en torno a una veintena de familias abandonan la ciudad diariamente por temor a la nueva ofensiva israelí, desplazándose hacia el sur del enclave.

Sin embargo, muchos se resisten a dejar sus hogares. "No vamos a salir de Gaza si no es al cielo", apunta Abdelkarim, quien recuerda que la primera vez que tuvieron que abandonar la ciudad a finales de 2023 sufrieron "calamidades e injusticias", le destruyeron su casa y mataron a familiares y amigos.

"Ahora no saldremos de Gaza pase lo que pase porque salir significa destrucción y muerte. Entre morir allá o aquí, preferimos morir aquí, en el norte de Gaza", recalca.

Otro de los manifestantes, Mahmud Abu Nada, espera que el mensaje que lanzan desde la plaza Saraya llegue al mundo entero: "detengan la guerra contra Gaza, detengan la guerra contra nuestros niños, nuestras mujeres y nuestros ancianos", pide.

"El pueblo gazatí ha llegado a la convicción firme de que cualquier solución a la agresión y la guerra pasa por la unidad de la palabra. Hoy el pueblo salió, con todos sus sectores y fuerzas y uniones y sindicatos para decir: ¡Basta! y para reafirmar ante el mundo que somos un pueblo que merece vivir", subraya este gazatí.

Además del anuncio de acelerar los planes para la toma de la ciudad, Israel ha intensificado los bombardeos en la capital.

En los últimos días, en la capital gazatí al menos 30 personas mueren diariamente. El 17 de agosto, 33 palestinos perdieron la vida en los ataques; al día siguiente, 27; y el día 19 fueron 36, según los recuentos diarios compartidos con EFE por Sanidad.

Según pudo atestiguar EFE este jueves en la capital, el sonido de las explosiones se produce prácticamente a cada hora, mientras en el barrio de Zeitún (sur) y la localidad de Yabalia (al norte de la capital), el Ejército israelí concentra tropas y equipos de una división de blindados a la espera de lanzar la invasión.

Entre edificios derruidos y el hambre que sigue acechando a la población de Gaza ante el bloqueo casi completo de Israel, los gazatíes siguen defendiendo su pueblo, sus hogares y su gente.

"Es una guerra contra el pueblo palestino que permanece firme en su tierra, confiado en su nación. No hay excusas para la ocupación (israelí), que fabrica pretextos para llevar a cabo estas atrocidades", lamenta Nada.

"Le solicito que prepare un plan para trasladar el equipo médico del norte al sur, de modo que pueda atender a todos los pacientes en el sur de la Franja y preparar los hospitales para recibir a los pacientes que llegan del norte", se escucha en una supuesta llamada -con la voz distorsionada- entre un oficial del Cogat (brazo militar israelí) y un funcionario de sanidad gazatí.

EFE no ha conseguido testimonios de médicos desde Gaza que hayan confirmado haber recibido estas llamadas.

Según la ONU, el 86,3 % del territorio gazatí ya se encuentra bajo órdenes de evacuación forzosa israelíes o en las denominadas 'zona de combate', lo que hace que los palestinos vivan hacinados en los pocos campamentos que quedan sin tomar por los militares. 

El Ministerio de Sanidad de Gaza rechazó este jueves la orden del Ejército israelí para que las ONG y el personal sanitario que trabajan en la ciudad de Gaza se desplacen al sur, de cara a la planeada invasión terrestre de sus tropas.

"El Ministerio de Sanidad expresa su rechazo a cualquier medida que socave lo que queda del sistema de salud tras la destrucción sistemática llevada a cabo por las autoridades de ocupación (israelí)", dijo la entidad en un comunicado.

"Dicha medida privaría a más de un millón de personas de su derecho a la atención médica y pondría en grave peligro la vida de residentes, pacientes y heridos", añadió.

El Ejército israelí hizo pública hoy una supuesta llamada -con la voz distorsionada- entre un oficial del Cogat (brazo militar israelí) y un funcionario de sanidad gazatí, en la que le urge a trasladarse, junto a su equipamiento, al sur del enclave.

Las organizaciones israelíes B'Tselem y Physicians for Human Rights Israel (PHRI) acusaron este lunes al Gobierno israelí de estar cometiendo un genocidio en la Franja de Gaza, la primera vez que ONG locales califican así la ofensiva de Israel contra el enclave palestino, según recoge EFE.

"Precisamente en este momento es especialmente importante llamar a las cosas por su nombre", dijo en una rueda de prensa en Jerusalén la doctora Daphna Shochat, de PHRI, al presentar un informe del grupo analizando la situación médica en el enclave.

Por su parte, la directora ejecutiva de B'Tselem, Yuli Novak, dijo que la realidad "no nos deja más opciones que reconocer la verdad: Israel está cometiendo un genocidio contra los palestinos de la Franja de Gaza".

Novak describió la sociedad israelí como una "capaz de borrar la humanidad de la gente y de perder toda su empatía y obligaciones morales" a través de un "largo proceso de deshumanización de los palestinos".

"Es una combinación terrorífica de circunstancias que nos llevan a la realidad que todos observamos hoy", aseguró la responsable.

Además del informe de PHRI, que analiza los efectos médicos de la ofensiva israelí para concluir que cumple con los requisitos legales para considerarse un genocidio de acuerdo a la Convención de Ginebra, B'Tselem publicó su propio informe documentando declaraciones de políticos y altos cargos militares llamando a destruir la sociedad palestina en Gaza.

Además, la organización, centrada en denunciar la ocupación de los territorios palestinos y los efectos de las políticas israelíes sobre sus residentes, avisó de que Israel está replicando lo aprendido en Gaza en Cisjordania ocupada, aunque en menor escala.

El grupo asegura que existe el riesgo de que el genocidio se extienda a toda la población palestina.

Algunas ONG internacionales, como Amnistía Internacional o Human Rights Watch, ya han denunciado que Israel está cometiendo un genocidio o "actos genocidas" en Gaza, mientras que Sudáfrica acusó al país en diciembre de 2023 de estar cometiendo un genocidio ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en un caso que sigue en curso.

En su rueda de prensa, las ONG aseguraron que los principales responsables de lo que está sucediendo son los dirigentes israelíes, pero acusaron también a la comunidad internacional de no hacer suficiente para frenar la guerra.

Casi 60.000 palestinos han muerto y decenas de miles más han resultado heridos durante la ofensiva israelí contra Gaza, que siguió a los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, según el recuento del Ministerio de Sanidad gazatí.

Hace aproximadamente dos años que dio comienzo el genocidio de Israel sobre la Franja de Gaza y, a pesar de los reiterados llamamientos de los organismos internacionales para que el Gobierno de Benjamin Netanyahu detenga su ofensiva, la población palestina sigue dependiendo de la ayuda que les proporcionan organizaciones y asociaciones. Pero no siempre es fácil saber quiénes están sobre el terreno o están asistiendo a los gazatíes, ni cómo se puede colaborar con ellos. En infoLibre, recopilamos las principales organizaciones que asisten a la población palestina.

Médicos Sin Fronteras, una organización médico-humanitaria internacional sin ánimo de lucro, proporciona asistencia médica a poblaciones en situaciones de crisis, como conflictos armados, epidemias, desastres naturales y exclusión de la atención médica. Desde el inicio del los ataques en Gaza han desplegado recursos para ayudar a los gazatíes. Disponen de un equipo médico en la zona para asistir sanitariamente a los palestinos y llevan a cabo, incluso, tareas quirúrgicas. Los costes de estas operaciones son cada vez más elevados y por ello, a través de su web ofrecen la posibilidad de realizar donativos para ayudar a los supervivientes de los ataques y poder adquirir material sanitario médico. En su propia web se muestra su registro de actividades desde el inicio del conflicto hasta la actualidad, donde se recogen el número de empleados, el apoyo que ofrecen además de todos los casos que han tratado duranta la guerra, como partos, intervenciones quirúrgicas, presentaciones de urgencias. Pero no solo recogen su actividad, también exponen cómo la falta de medidas de los gobiernos es lo que permite que a día de hoy los bombardeos y los ataques no cesen: "La hipocresía y la inacción de la comunidad internacional han permitido a Israel continuar libremente su masacre de palestinos en Gaza con total impunidad". Mas allá de los donativos o de hacerse socia o socio, Médicos Sin Fronteras pone a disposición otras maneras de cooperar como trabajar con ellos en proyectos humanitarios junto con sus colaboradores locales.

El Comité Internacional de la Cruz Roja es una organización neutral, imparcial e independiente con un cometido exclusivamente humanitario que trabaja activamente en Gaza desde el inicio del conflicto, proporcionando ayuda a las personas afectadas. En su página web se pueden encontrar algunas de las labores que realizan en las zonas ocupadas por Israel, artículos relacionados, además de testimonios de miembros del equipo sanitario y de civiles a los que atienden. Para que todo el mundo pueda colaborar ponen los donativos como medida de ayuda urgente para paliar la situación de los civiles afectados por los ataques. Disponen de la opción de asociarse a la organización además de un teléfono de contacto en caso de tener algún tipo de consulta relacionada +970 82832400. También ofrecen la posibilidad de poder trabajar con ellos, como propone Médicos Sin Fronteras.

Save the Children es una ONG internacional e independiente que trabaja para defender los derechos de la infancia en todo el mundo, en concreto en zonas y situaciones vulnerables. Como medidas de ayudas disponen de donativos, estos son imprescindibles para poder garantizar la protección de los niños y las niñas de Gaza. Definen la situación actual de los menores en la Franja como una "sentencia de muerte". "No podemos mirar hacia otro lado Jmientras los niños y niñas corren el riesgo de ser asesinados, mutilados o desplazados", exponen en su web. Junto con estos mensajes se pueden encontrar testimonios de civiles gazatíes además de la cifra total de menores a los que han ayudado, una colaboración fundamental para poder proporcionar un acceso continuo de asistencia y establecer nuevos centros de ayuda de atención primaria de salud, espacios amigables para la infancia y espacios de aprendizaje temporales. Disponen de la opción de hacerse socio junto con un teléfono de contacto gratuito para el donante y el socio 900 37 37 15.

Human Rights Watch investiga y denuncia crímenes y abusos que se producen en el mundo, en concreto en las zonas más vulnerables. A través de su página web se informa de noticias y artículos sobre los ataques que se están produciendo en Gaza junto con varias columnas de opinión en las que se expresa la inacción e impunidad de los altos mandos de las distintas organizaciones internacionales, sobre todo gobiernos. Denuncian la hambruna y los ataques que están sufriendo los gazatíes y cómo no se puede dejar de lado lo que está ocurriendo: "Las súplicas desesperadas de los palestinos hambrientos no deben ignorarse". Proporcionan la opción de donar para quienes quieran contribuir con esta organización que desde el principio del conflicto ha informado y denunciado el genocidio que está llevando a cabo Israel.

Nowegian Refugee Council trabaja en Palestina dando ayuda a los refugiados y a las víctimas del conflicto. Gracias a sus camiones con ayuda y alimentos tratan de ofrecer sustento a los gazatíes. En su página web explican la dificultad de este proceso debido a las distintas restricciones que han entorpecido el acceso y la entrega de ayuda. Explican cómo es el día a día de los palestinos durante el conflicto además de las distintas acciones que desarrollan en la zona, como el reparto de alimentos, de agua, de combustible, la asistencia a niños y la ayuda sanitaria en la zona. Proporcionan un apartado para poder donar y contribuir a que puedan seguir desarrollando sus actividades para ayudar al pueblo palestino.

World Central Kitchen es una ONG fundada por el chef José Andrés, proporcionan ayuda humanitaria a comunidades afectadas por desastres naturales y crisis humanitarias. Desde su plataforma web muestran su apoyo al pueblo palestino y a los desplazados por el conflicto en Cisjordania y en Gaza. Gracias a sus servicios en la zona, miles de familias palestinas reciben cada día agua potable y alimentos. Sin embargo, la organización reitera que las dificultades para hacer llegar esta ayuda han aumentado debido a las restricciones de entrada a Gaza. De hecho, en un comunicado fechado el 20 de julio, Wold Central Kitchen explica cómo se ha visto obligada a suspender la preparación de alimentos por falta de ingredientes, aunque continúan ofreciendo sus servicios habituales de panadería y agua. A través de los donativos la ciudadanía puede colaborar directamente con sus actividades.