“¿Qué vamos a hacer ahora?”, dice Margely Tinoco, hundida, sollozando, a los periodistas presentes el lunes 20 de enero en la ciudad de Ciudad Juárez, en el norte de México, en la frontera con Estados Unidos. Esta colombiana, acompañada de su hijo y su marido, hacía cola desde el amanecer, a temperaturas bajo cero, a la entrada del puente Paso del Norte. Iba a cruzar el río hasta la ciudad texana de El Paso para solicitar asilo.

Como otras cien personas más, Margely formaba parte del segundo grupo del día, que tenía programada una reunión con inmigración a primera hora de la tarde. Pero a todos se les negó el paso al otro lado.

“Esta mañana ha estado pasando gente, ¿por qué se nos niega esta oportunidad? Donald Trump acababa de terminar unos minutos antes su primer discurso como presidente de Estados Unidos. La consecuencia inmediata fue que se cancelaron todas las citas asignadas para presentar una solicitud de asilo. Tras algunos minutos de indecisión, sin que nadie se atreviera a romper la cola, un representante del puesto fronterizo del Estado mexicano de Chihuahua se acercó para confirmar la noticia: “No pasarán más migrantes, el acceso está cerrado.”

El mismo día de la toma de posesión del 47º presidente americano, este grupo de migrantes, procedentes principalmente de América del Sur y Central, se había hecho la esperanza de que probablemente serían los últimos en llegar a Estados Unidos gracias al programa CBP One, accesible a través de una app. Pero la futura administración Trump llevaba días anunciando su fin. La plataforma CBP One, lanzada en 2023 por Joe Biden para organizar los flujos migratorios, era la única vía legal de entrada a Estados Unidos para los aspirantes a pedir asilo.

Cada día se asignaban por sorteo 1.450 citas en ocho puntos de la frontera entre México y Estados Unidos. CBP One permitió entrar en Estados Unidos a casi un millón de personas, con larguísimos tiempos de espera (a menudo varios meses) para obtener el preciado pase.

“Ya ni siquiera se puede entrar en la app, la página que aparece dice que todas las citas han sido canceladas”, comprueba Yalideth en el teléfono de una de sus compañeras de viaje. Esta joven venezolana, pasmada, expresa su frustración: “He perdido siete meses de mi vida en este país malgastando mi energía y mi dinero”. Había llegado el día anterior de la capital mexicana y había gastado ya todos sus ahorros en un billete de avión. Ahora está pensando si ir a un hotel en esta ciudad que no conoce: “Una noche cuesta 35 dólares, están abusando de los precios. Quiero irme y olvidar toda esta pesadilla, pero tengo dudas”.

Unas calles más allá, en el centro de Ciudad Juárez, Carly Fernández está sentada en un banco frente a un restaurante comunitario al pie de la catedral, intentando ponerse en contacto por teléfono con sus amigos de Venezuela. Quiere contarles lo decepcionada que está porque acaba de recibir un correo electrónico en el que le confirman que la cita para ella y su familia, prevista para dentro de tres semanas, ha sido cancelada. “Estamos cansados, hemos luchado mucho para llegar hasta aquí. Teníamos mucha esperanza en que por fin sería una oportunidad para trabajar y ofrecer a nuestros hijos una vida mejor. Una vez más, tenemos que esperar a ver qué deciden los gobiernos. Mi hermana está pensando en volver, pero a mí me gustaría esperar.”

La declaración del estado de emergencia en la frontera con México y las primeras medidas tomadas por Donald Trump sumen en la incertidumbre a los migrantes en tránsito por el territorio y por toda la frontera. Sin más información del lado mexicano, las autoridades intentan como pueden responder a la emergencia.

Al día siguiente de la investidura, Miriam Gallegos, que trabaja para el Consejo Estatal para la Población del Estado de Chihuahua, llegó a Paso del Norte para recoger a otro grupo de migrantes. Han intentado viajar a Estados Unidos a pesar de que les cancelaron la cita, y acaban de ser devueltos. “No caigan en la desesperación y no intenten entrar ilegalmente. Sé que han esperado mucho tiempo, pero deben tener un poco más de paciencia para ver qué cambios se producen”, les dice.

Para que entren en calor un poco y “pensar en lo que vendrá después”, la empleada invita a esta gente decepcionada a seguirla hasta un edificio gubernamental situado a cinco minutos del puente. “Este es un espacio seguro, aquí nadie va a venir a buscarles”, dice para tranquilizar a los migrantes, desconfiados con las autoridades mexicanas, mientras unas cincuenta personas se van acomodando en sillas alineadas en una sala con dos calentadores.

Una abogada de la organización Las Américas de El Paso, que no desea dar su nombre, califica la decisión de la administración de cancelar la plataforma CBP One como una mala decisión que va en contra de la legislación estadounidense. Afirma que “las organizaciones humanitarias y las ONG pro migrantes están liderando la lucha para revertir esta directiva, que afecta a muchas personas que han seguido la ley para entrar legalmente en Estados Unidos”. Dirigiéndose a los presentes en la sala, añade: “Pero eso no va a pasar de la noche a la mañana, queremos reunir pruebas y testimonios”.

“¿Qué pruebas?”, interrumpe Germán Briseño, un ex militar venezolano desengañado sentado en primera fila. “¿Qué mejor prueba que cruzar diez países para llegar aquí y esperar casi un año para una cita? Dígame qué más pruebas hacen falta”. Al fondo de la sala, Jeny Blanco, también venezolana, añade: “¿Qué puede hacer México por nosotros?” Esta madre saca de su abrigo una carpeta con unas cuantas hojas impresas en su interior. “Estados Unidos no nos quiere, pero estamos atrapados aquí. No podemos movernos por México, no podemos volver a nuestro país. No tenemos papeles, estamos en un agujero, en un callejón sin salida, no sabemos qué hacer.”

La eliminación de la aplicación CBP One deja a los emigrantes atrapados en México con pocas opciones. Entre la serie de decretos presidenciales firmados por Trump el primer día de su segundo mandato, está el regreso del programa “Quédate en México”, también conocido como Migrant Protection Protocols (MPP), que obliga a los solicitantes de asilo a pasar toda la duración del proceso fuera del territorio americano. Donald Trump introdujo esta medida por primera vez en 2019. Fue muy criticada porque obligaba a muchas personas, incluidas familias, a esperar en zonas mexicanas peligrosas y los gobiernos de México y Estados Unidos le pusieron fin en 2022.

Aunque Trump ha prometido constantemente detener la “invasión” del territorio americano por los migrantes, el flujo migratorio que llega a la frontera sur de Estados Unidos se redujo drásticamente en los meses previos a su llegada a la Casa Blanca. Las detenciones efectuadas por las patrullas fronterizas americanas cayeron más de un 75%. Este resultado se atribuye al sistema de cita única de la CBP One, que permitía a los migrantes llegar más tarde a la frontera y evitar así el norte de México, más peligroso, pero también es consecuencia de la política aplicada por los servicios de inmigración mexicanos, que consiste en devolver sistemáticamente a los migrantes hacia el sur del país.

Ismael Martínez dirige desde 2019 el albergue Pan de vida, a las afueras de Ciudad Juárez, donde las casitas dormitorio llenas de camas llevan un año casi vacías. Explica que gracias a la app han podido cruzar muchas personas, quedándose sólo unos días en este lugar. “Ahora tendremos que acoger a los que van a ser devueltos desde Estados Unidos”, advierte con cierta tosquedad. Pero este mexicano, que ha dedicado toda su carrera al trabajo comunitario, no está preocupado. Recuerda anteriores crisis migratorias, en las que el refugio llegó a albergar hasta 700 personas: “Imagino que habrá mucha gente que no podrá regresar a sus países de origen. Tendrán que reconstruir sus vidas aquí”.

Las primeras deportaciones de la segunda era de Donald Trump ya han comenzado: según el Instituto Mexicano de Migración, en la noche del martes 22 de enero fue devuelto a Ciudad Juárez un grupo de 56 mexicanos junto con otros grupos en varias ciudades del norte. Con más de 11 millones de personas amenazadas por las deportaciones masivas prometidas por Trump, la frontera mexicana y sus refugios se preparan para un episodio más de una crisis migratoria que no cesa.

Traducción de Miguel López

Asma Alwaka tiene muy difuminados sus recuerdos sobre Siria. Más que imágenes, de hecho, conserva los sonidos. El de las bombas, el de los llantos, el de los gritos. Tenía apenas 9 años cuando la guerra la obligó a huir de su casa. A ella, a sus cuatro hermanos y a sus padres. Desde 2011 su vida consistió en eso: en huir de una ciudad a otra. No permanecían más de un año en ninguna. "La guerra nos hacía movernos constantemente", recuerda desde el otro lado del teléfono. Por eso decidieron emprender otro viaje más largo. Uno que tras diez días les llevó hasta Turquía, desde donde consiguieron ser trasladados como refugiados a España. Hoy celebran la caída de Bachar al Asad, pero asumiendo que es tarde para recuperar lo que han perdido tras casi catorce años de conflicto. "Hemos perdido familia y nuestra casa, ¿para qué vamos a volver?", se pregunta.

Le ocurre algo parecido a Rasmi Al Akhdar, que lleva 40 de sus 58 años en España. Él también huyó de Al Asad, pero de Al Asad padre. La caída de Bachar no ha supuesto sólo el fin de su mandato, sino también el de un régimen que en sus 53 años de existencia ha sido "responsable de unos crímenes contra la humanidad cuyo alcance no llega a imaginarse fuera del país", explica Leila Nachawati, profesora de comunicación y especialista en Oriente Medio. "Prisiones como la de Sednaya han sido auténticos campos de exterminio. La mayoría de las personas que estaban desaparecidas en realidad fueron asesinadas y quienes salían a manifestarse eran reprimidos con sadismo y crueldad", relata. Por eso hay que celebrar lo ocurrido. "Una y otra vez", remacha.

Y así lo han hecho. Rasmi llevaba deseando vivir este momento desde que tiene memoria, casi el mismo momento en el decidió hacer las maletas. "Quería labrarme el camino y un futuro que allí veía totalmente perdido", recuerda. Estaba a punto de cumplir los 18 años que le obligaban a cumplir un servicio militar obligatorio que duraría, mínimo, dos años y medio. Y no quería. "Eso te trunca completamente la carrera", dice. Lo esquivó gracias a que se matriculó en unos estudios superiores que luego consiguió trasladar a una universidad española, donde estudio Informática. Lo que sí le apetecía.

El servicio militar al que también querían someter obligatoriamente al hermano de Wafaa Almala también fue la última señal que les mostró que debían salir de Siria. En su caso fue en 2013, dos años después del inicio de la guerra. "Él tenía entonces 30 años y estaban buscando chicos para el ejército. Además fue ese el momento en el que más miedo teníamos. Los bombardeos eran cada vez mayores, así que teníamos que salir inmediatamente. Sí o sí", recuerda. Lo que no podían ni siquiera prever es que lo harían por tanto tiempo. "Llegamos con la idea de volver en cuanto pudiéramos, pero todo ha sido demasiado largo", relata.

En todo este tiempo, Asma, que ya tiene 22 años, ha aprendido castellano, tiene un grado medio y estudia uno superior. Rasmi se ha casado por segunda vez y cuida, ahora, de su cuarto hijo. Y Wafaa, de 35 años, ha pasado hace apenas tres por el altar. Por eso los tres piensan mucho la respuesta cuando se les plantea si volverán a su país. "Es complicado", reconoce esta última. Pero al menos, añade, sabe que sí podrá viajar. Aunque sea por periodos más cortos de tiempo. "Podré volver a juntarme con mi familia, ir con mi marido, ver a mi hermano después de 13 años", dice, todavía con tono de incredulidad. "En cuanto me jubile pasaré muchísimo más tiempo allí. Me apetece muchísimo", reconoce Rasmi, que ha regresado alguna vez, sobre todo antes de la guerra, para poder ver a su familia. Aunque siempre con billete de vuelta.

Desde que comenzó la guerra en 2011 ha habido 13 millones de sirios y sirias que han obtenido la protección internacional, según los datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur). Casi un millón de ellos están en Europa y 16.807 se encuentran en nuestro país, que todavía tiene pendientes de resolver 1.580 solicitudes que no meterá en un cajón. Así lo confirmó este jueves el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, que descartó seguir los pasos dados por otros países como Italia o Alemania, que ya han apartado las solicitudes de los sirios del montón de expedientes pendientes. "En estos momentos, las solicitudes de asilo de ciudadanos sirios son pequeñas, no es como en otros países de la Unión Europea. No es necesario tomar ninguna medida adicional", señaló el ministro.

En cualquier caso, las organizaciones en defensa de los Derechos Humanos descartan que la cantidad deba ser el baremo que decida paralizar o no las solicitudes. Amnistía Internacional, por ejemplo, pidió expresamente a Europa no mezclar la caída de Al Asad con la "política antirrefugiados". Más que nada porque, señalaron desde la organización, "cinco décadas de brutalidad y represión no pueden deshacerse de la noche a la mañana".

Así lo considera también Nachawati. "No se pueden congelar las solicitudes de asilo porque Siria todavía no es un país seguro al que volver. Hace apenas una semana de la caída de una dictadura y mucha gente no tiene ni un hogar al que regresar. Forzar su vuelta es abocar a Siria al desastre", afirma la experta. La situación allí continúa siendo extremadamente compleja. Ya no sólo por los distintos grupos locales que han representado la oposición al régimen, sino por la injerencia de otros actores internacionales. "Siria lleva más de una década secuestrada por Irán, Rusia y Turquía y ahora también ha entrado en juego Israel, que pretende reconfigurar Oriente Medio con una política de tierra quemada y desplazamientos que les permita ampliar su presencia colonial", apunta.

El Observatorio Sirio de Derechos Humanos denunció este jueves que el ejército de Benjamin Netanyahu ha ocupado, desde el pasado domingo, unos 300 kilómetros cuadrados de territorio sirio adyacente a los Altos del Golán. Lo hizo en una zona desmilitarizada en unas acciones que defendieron como "limitadas y temporales" y destinadas únicamente a la protección y seguridad de su población. Por ahora, según ha aclarado el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, las tropas no se moverán durante los meses de invierno.

Diferentes países europeos han paralizado el proceso de peticiones de asilo de ciudadanos sirios tras la nueva coyuntura creada por la caída del régimen de Bachar al Asad, mientras en los países vecinos a Siria los regresos de nacionales son todavía escasos y con cautela, según informa EFE.

El derrumbe del régimen de los Al Asad, que durante medio siglo ha dirigido Siria, ha abierto expectativas de un cambio que permita el regreso de sus nacionales, que durante años han escapado y buscado refugio en diferentes países.

Según datos de Acnur los desplazados sirios han pedido asilo en más de 130 países, aunque la gran mayoría vive en naciones vecinas dentro de la región: Líbano, Jordania, Irak, Egipto y sobre todo Turquía, donde hay unos tres millones.

La ONG Amnistía Internacional instó este martes a los gobiernos europeos a "revertir inmediatamente" las decisiones de suspender las solicitudes de asilo a los sirios y les conminó a no sacrificar la seguridad de estos ciudadanos en aras de "las políticas antirrefugiados" que imperan en el continente, por considerar que la situación en Siria es extremadamente volátil.

Aunque Europa no es el principal foco de refugio de los sirios desplazados sí hay países que desde hace años acogen a esos nacionales, como Alemania, adonde llegaron masivamente a mediados de la pasada década hasta acercarse al millón.

Ahora la Oficina Federal para la Migración y los Refugiados (BAMF) de Alemania no tramitará por el momento más solicitudes de asilo presentadas por ciudadanos sirios tras la caída del Al Asad y a la espera de la evolución de los acontecimientos. La portavoz adjunta de Interior, Sonja Kock, indicó que "existe la posibilidad de rebajar la prioridad de las decisiones de asilo", una opción a la que puede recurrir la BAMF en situaciones poco claras, como la actual en Siria. En otras palabras, las decisiones de asilo no quedan resueltas sino que se vuelven a colocar al final del montón y se priorizan otras decisiones de asilo, precisó, lo que afecta actualmente a 47.270 solicitudes de sirios.

En la misma línea se ha situado el Ministerio del Interior del Reino Unido (casi 5.700 solicitantes en la actualidad), que paraliza las solicitudes de asilo de ciudadanos sirios hasta "evaluar" la situación actual, dijo el Home Office británico en un comunicado. La ministra británica del Interior, Yvette Cooper, comentó que la razón de la decisión de frenar las solicitudes reside en la necesidad "monitorizar de cerca" el rápido desarrollo de los acontecimientos en el país árabe, sumido en la incertidumbre.

Por su parte, el Gobierno francés ha secundado a otros países europeos y ha decidido congelar el trámite de asilo. "Hemos decidido adoptar una medida inspirada en la alemana. Hace una hora decidimos la suspensión del examen de las demandas de asilo", confirmó una fuente de Exteriores.

Países como Austria (casi 15.000 solicitantes según datos de ACNUR de 2024), Países Bajos (13.000), Bélgica (más de 4.000) y Suiza (algo menos de medio millar) han congelado también las peticiones a la luz de los nuevos acontecimientos. Suiza recibe cada año varios cientos de solicitudes de asilo de ciudadanos sirios, siendo 2015 el año en el que éstas alcanzaron su cifra máxima, al superar las 4.700.

A lo largo de este martes las autoridades migratorias de Finlandia, Suecia, Dinamarca y Noruega se han sumado a otros países europeos y han anunciado que paralizan la tramitación de solicitudes de asilo de ciudadanos sirios, como reacción al derrocamiento del régimen autoritario de Bachar al Asad.

La excepción es España. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha asegurado este martes que la suspensión de los trámites para las solicitudes de asilo de ciudadanos sirios en España "no es necesaria" y "no está encima de la mesa". Lo ha dicho en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros tras ser preguntado sobre la decisión de algunos países de la Unión Europea.

"En estos momentos, las solicitudes de asilo de ciudadanos sirios son pequeñas, no es como en otros países de la Unión Europea que han tomado ya medidas. No es necesario tomar ninguna medida adicional porque a diferencia de otros países europeos donde sí representan una parte muy importante de las solicitudes de asilo, aquí no es el caso", ha expresado.

"Si en algún momento vemos que la situación cambia y que es necesario tomar otra decisión se tomaría, pero en estos momentos no es necesario y no está encima de la mesa", ha añadido Albares, que ha indicado que ha trasladado esta información al Ministerio del Interior.

En 2023 se concedieron 927 estatutos de refugiado y 126 protecciones subsidiarias a ciudadanos sirios, mientras que se archivaron 218 solicitudes y se denegaron 92, según los datos facilitados a EFE por Interior. Entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2024, España ha recibido 1.393 solicitudes de protección internacional de ciudadanos sirios.

El alto comisionado de la ONU para los refugiados, Filippo Grandi, ha subrayado que la nueva situación en Siria podría permitir que "la mayor crisis de desplazamiento forzado del mundo pueda avanzar hacia soluciones justas", aunque puntualizó que la situación es aún incierta. Sin embargo, al estallido de felicidad por la caída de Al Asad se une la cautela de quienes podrían emprender el camino de retorno a casa.

Así, algunos de los tres millones de refugiados sirios registrados en Turquía podrían empezar a regresar a su tierra y, este martes, las autoridades turcas han abierto un nuevo paso fronterizo, pero las cifras de candidatos al retorno son aún modestas, según los medios turcos. Aproximadamente medio millar de refugiados sirios retornan cada día a su tierra, casi el doble de lo ocurría antes de la caída del régimen, señalaron este martes las autoridades turcas, que están acondicionando los pasos fronterizos para asumir un flujo de hasta 15.000 personas.

El ministro del Interior, Ali Yerlikaya, dijo en la televisión turca NTV que los pasos fronterizos abiertos hasta ahora tenían la capacidad de gestionar cada día unos "3.000 retornos voluntarios y dignos", suficiente hasta ahora, pero la previsión es incrementarlo hasta cinco veces.

Jordania recibió a más de 1.300.000 sirios desde el inicio de la crisis siria en 2011, según el ministro del Interior jordano, Mazen al Faraya, para quien "lo que impedía que un refugiado sirio regresara era principalmente una cuestión de seguridad y el servicio militar obligatorio en Siria, y otros temían ser perseguidos por el régimen que había en ese momento, pero ahora ya no". Sin embargo, Al Faraya explicó que "aproximadamente 100 personas regresaron de Siria a Jordania" este martes, lo cual indica por el momento poca disposición al retorno. 

Más de 20 millones de personas huyen de sus hogares cada año por fenómenos meteorológicos provocados por el cambio climático, según datos de ACNUR. Son más desplazados que los del total de conflictos armados que hay en el mundo. Inundaciones como las que sufrió Pakistán en 2022 provocaron movimientos tan grandes como los de la guerra en Ucrania. Este año la revista Nature ha publicado un estudio en el que demuestra que los efectos de la crisis climática se están agravando y superan los límites que permiten vivir de manera segura y justa en el planeta. 

No existe ningún tipo de regulación jurídica que ampare a estas familias que emigran por motivos sobrevenidos a día de hoy.  “No hay una respuesta adecuada de la comunidad internacional para garantizar la seguridad de estas millones de familias que, en su mayoría,  se ubican en el sur global”, comenta Raquel Celis Sánchez, coordinadora del área de Incidencia y Participación Social  de Zehar-Errefuxiatuekin, en un evento organizado por CEAR para analizar las relaciones entre el cambio climático y los desplazamientos forzosos en la era digital, con motivo de la celebración de la COP-28 de Dubai.

Aunque se hable de “refugiados climáticos”, lo cierto es que los desplazados por este motivo no pueden solicitar este tipo de protección internacional. Celís apuesta por avanzar hacia nuevas interpretaciones de lo que es una persona refugiada para que pueda incluir estos supuestos y piden que se garantice el principio de no devolución cuando peligre la integridad física del solicitante. “La vía del refugio no sirve hoy en día para estos casos cada vez más frecuentes. No lo hace ningún estatus de protección internacional actual”, afirma Beatriz Felipe, ambientóloga y doctora en Derecho, y autora del libro Migraciones climáticas. Sobre desigualdad, mitos y desprotección. 

“Se ha avanzado muy poco, estamos prácticamente igual que hace diez años en Derecho Internacional y hay grandes vacíos, aunque cada vez tenemos mejores datos e investigaciones” añade la escritora, que cree que el problema está en que “hay una falta evidente de voluntad política”. “No es que no haya voluntad, es que hay una prioridad por evitar que lleguen a toda costa. Me pregunto por qué no hablamos de desplazamiento forzado, sino de migración climática”, contraargumenta Celís. 

Ya existen algunos instrumentos jurídicos y políticos que tratan de dar una solución a esta problemática, aunque en la mayoría son regionales o no vinculantes. Un buen ejemplo es la Convención de Kampala firmada por la Unión Africana que obliga a proteger a los afectados por desastres meteorológicos, aunque sólo a nivel interno. También destacan las expertas la Declaración de Cartagena sobre los refugiados que, aunque no reconoce explícitamente estos movimientos transfronterizos, sí obliga a la protección por graves impactos en el orden público, una coletilla que “podría servir”. “Es un ejemplo de lo que se puede hacer, al menos en la teoría, aunque los desplazamientos internacionales queden fuera”, apunta Felipe y añade: “Hay algunos estados que ya incluyen referencias cruzadas entre el cambio climático y la movilidad”. 

CEAR lleva meses reivindicando que la Unión Europea cuenta desde 2001 con una directiva de protección temporal que permite dar asistencia inmediata, pero que sólo se utilizó durante el conflicto entre Ucrania y Rusia. Esta directiva contiene una definición de persona desplazada “amplia “, pero podría desaparecer en las actuales negociaciones para un nuevo acto de asilo que se están llevando a cabo durante la Presidencia europea española. España también cuenta con mecanismos de residencia por razones humanitarias como el que se puso en marcha tras el terremoto de Haití en 2010. 

Caterina Rodelli se encarga de analizar las políticas de la Unión Europea en cuestiones como la vigilancia en fronteras o la inteligencia artificial a través del proyecto Access Now, que investiga las políticas migratorias de la UE: “Europa está a años luz de un instrumento como el de Kampala. El pacto de migración y  asilo que se está discutiendo ahora no va por ese camino. Se ha apostado por  reforzar las fronteras y retener la movilidad con tecnologías cada vez más sofisticadas”, y alerta de que algunos avances, como la inteligencia artificial, son un riesgo para los colectivos más vulnerables, como las personas migrantes o racializadas, ya que están diseñados “por personas y cuentan con un sesgo”. 

Caterina asegura que la forma de recopilar datos  puede ser “muy violenta” en el caso de los migrantes: “Con los datos se crean perfiles y predicciones. Si vemos las políticas recientes de migración en Europa se habla constantemente de la deportación y para ello es necesario tener un control complejo de los cuerpos: rostros, huellas digitales, perfiles… Actualmente se está probando hasta a recolectar emociones y es un precedente peligroso. Desde las instituciones se parte de la idea de que las personas migrantes siempre tienen algo que esconder”. 

Este tipo de tecnologías ya se usan en varios países de la UE. En Alemania se está empezando a registrar el habla de los solicitantes de asilo para comprobar si su acento coincide con el lugar de origen que afirmar tener.  “En las fronteras se utilizan drones, cámaras térmicas… Pero el objetivo es evitar que las pateras crucen a aguas europeas y facilitar su devolución, no ayudar ni salvar vidas”, concluye. 

El cambio climático no afecta a todos por igual, ni todos contribuimos de igual manera a él. Occidente sigue siendo el gran contaminador, mientras que los países más vulnerables a sus efectos se encuentran en su mayoría ubicados en el sur global y en las zonas más deprimidas económicamente. 

La mayor parte de estos movimientos no son transfronterizos. De acuerdo a los últimos datos del Internal Displacement Monitoring Centre, en 2022 hubo 32,6 millones de desplazados internos que dejaron sus hogares como consecuencia de la degradación ambiental y el cambio climático, una cifra récord desde que hay registros. “La mayoría de los afectados buscan refugio en sus propios países. Hay que recordar que se ven obligados a emigrar,  incluso a veces es necesario reubicar a comunidades enteras. Ya sucede en Alaska y en algunas islas del Pacífico”, explica Felipe que incide en que estos movimientos tienen un origen “multifactorial”, en el que influye el cambio climático, la desigualdad económica y social, o la estabilidad de los gobiernos. “Hay que visibilizar también las inmovilidades, a aquellos que no pueden o no quieren marcharse, incluso cuando su hogar se vuelve inhóspito”, continúa. 

Los niños y las mujeres son los más afectados por estas catástrofes medioambientales. En Ghomara, una isla de la India que ha perdido varios metros en los últimos años por culpa de la erosión, las mujeres han asumido más carga de trabajo y pobreza, tras ver cómo sus maridos se veían obligados a emigrar. En los desplazamientos se enfrentan a violencia sexual o la trata de personas.

“Necesitamos hablar de justicia ambiental. Uno de los principales patrocinadores de la COP-28 es Google, que el año pasado gastó 15.000 millones de litros de agua en sus supercomputadoras mientras millones de personas sufren estrés hídrico en el mundo y podrían convertirse en nuevos desplazados”, explica Celís que recuerda que hasta ahora en ninguna cumbre se ha hablado de los desplazados por la degradación ambiental o el cambio climático y que, de igual manera, son pocos los textos sobre medioambiente que contemplan estas situaciones y tratan de buscar soluciones. 

El director de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Par Liljert, ha asegurado ante el Consejo de Seguridad de la ONU que 2.093 migrantes han muerto entre enero y septiembre de 2023 intentando cruzar el mar Mediterráneo, ruta que han seguido más de 187.000 personas "en busca de un mejor futuro y la promesa de seguridad", ha informado Europa Press.

"Aunque se dedica una atención significativa a las muertes en el mar, las historias compartidas por los migrantes sugieren que varias tragedias pueden estar pasando desapercibidas, especialmente durante el cruce del desierto del Sahara", ha declarado Liljert.

Según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), unas 186.000 personas han llegado en lo que va de año por vía marítima a Italia, Grecia, España, Chipre y Malta, con más de 130.000 llegadas a Italia.

Ademá, Liljert ha apuntado que Grecia ha registrado un aumento del 300 por ciento en las llegadas de migrantes en lo que va de años, y que en Italia casi se han duplicado de las 70.000 de 2022 a las 130.000 actuales.

En ese sentido, ha señalado que el conflicto en Sudán ha provocado que, tan solo en agosto, casi 1.300 sudaneses llegasen a Túnez, uno de los principales puentes de África hacia Europa.

De hecho, el director de la Oficina en Nueva York de ACNUR, Ruven Menikdiwela, ha señalado durante la misma reunión que, en lo que va de año, más de 102.000 refugiados han tomado la ruta del Mediterráneo Central desde Túnez hacia Europa, lo que significa un aumento del 260 por ciento respecto al año anterior.

Desde Libia, el número de personas intentando hacer la misma ruta es de 45.000, de los que 10.600 han sido rescatadas, interceptadas o desembarcadas en Libia; el dato para Túnez asciende hasta los 31.000.

Liljert, por su parte, ha expresado una gran preocupación por la creciente discriminación y la xenofobia hacia los migrantes, y ha advertido sobre un aumento de estos viajes debido al incremento de conflictos, desastres naturales y la pobreza.

Es por ello por lo que ha recomendado a la comunidad internacional tomar medidas no solo para "impedir las salidas", sino que se deben tener en cuenta los "diversos motores de la migración".

El aumento de la conflictividad en África y Asia, las tragedias climáticas o las graves crisis económicas de la última década han hecho que se disparen las peticiones de protección internacional en toda la Unión Europea y en el resto del mundo. Solamente en la primera mitad del año se han alcanzado las 519.000 solicitudes, a lo que hay que sumarle unas 600.000 que están a la espera de ser tramitadas. Si continúa esta tendencia a finales de año llegaremos al millón de desplazados, la segunda mayor cifra desde la crisis de refugiados de 2015-2016. 

Después de Alemania y con Francia rozando los talones, España ocupa el segundo lugar en número de peticiones de toda la UE+ ( los Veintisiete, junto con Noruega y Suecia). Unos datos que contrastan con el ranking en solicitudes favorables, en el que ocupamos el tercer lugar por la cola, sólo por delante de Malta y Chipre. 

De las 118.842 solicitudes de protección internacional que se realizaron el año pasado en nuestro país,  sólo 14.235 fueron favorables, mientras que 51.838, casi el 60%, se desestimaron. A ello se suma que, desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) alertan de que podría haber otras 80.000 a la espera de una citación, es decir, en total, podría haber unas 250.000 personas sin ser atendidas “por que no hay recursos”. 

Héctor Pérez es responsable de apoyo a la coordinación del Eje de Acogida de ACCEM, una ONG especializada en la ayuda a refugiados, migrantes y personas en riesgo de exclusión. Explica a infoLibre que, en los últimos años, la demanda de asilo ha sufrido un crecimiento muy grande, que ellos mismos han notado, aunque, dice, ahora están “más preparados” que en otras crisis anteriores. 

Cecilia Estrada, doctora de Migraciones Internacionales y Cooperación de la Universidad Pontificia de Comillas y directora de la Cátedra de Refugiados y Migrantes Forzosos, comenta en conversaciones con este medio que hay varios factores que han influido en el aumento de llegadas al territorio europeo y, más concretamente al español. Para ello hay que tener en cuenta tres perfiles de refugiados: el que huye de una guerra entre dos países (ucranianos), el iberoamericano con similitudes culturales (Colombia, Perú) y los que se ven obligados a moverse por catástrofes climáticas, en este caso, podríamos hablar de Marruecos o Libia, donde cree la doctora que hace falta “poner el foco ahora”. 

“La mayor parte de los solicitantes de asilo en España son de Iberoamérica, especialmente de Venezuela, que sufre una grave crisis por las sanciones internacionales, y de Colombia, donde también han aumentado las víctimas de trata, porque la violencia no ha cesado a pesar de los acuerdos de paz. También hay que tener en cuenta las protestas por la reforma tributaria y el caso de Perú, que sufre una gran inestabilidad política y es el tercer país de origen”, señala la doctora. 

España también ha acogido, aunque en un menor número, a personas provenientes de conflictos armados, como Ucrania o Mali, con prácticamente un 100% de reconocimiento de solicitudes. Los datos contrastan con las respuestas que reciben las nacionalidades de Iberoamérica. A los venezolanos se les suele conceder una “ayuda humanitaria”, que les permite acceder a ciertas ayudas nacionales, pero a los colombianos - que han aumentado este año en un 71% sus solicitudes- se les deniega el refugio en la mayoría de los casos. “El imaginario que existe del refugiado es como el que viene de Ucrania, de una guerra, pero huyen de muchas situaciones y muchos contextos de violencia, que cuesta más reconocer porque hay relaciones diplomáticas con esos países y parece que se está reconociendo que ese país no es suficiente para proteger a sus conciudadanos”, añade Estrada. 

Elena Muñoz, coordinadora del servicio jurídico de CEAR nos recuerda que España “está muy por debajo de la media en solicitudes positivas del estatus de refugiados”, aunque reconoce que se ha avanzado en algunos puntos como la “violencia género” o “la persecución por orientación sexual”, donde no siempre el peligro no está en el Estado, sino en el entorno familiar y la falta de protección nacional: “Sí es importante seguir ampliando la definición de refugiado en España en el caso de persecuciones por grupos armados o por grupo social determinado como marca la convención de Ginebra, por poner algún ejemplo”.

España no es el único país que acumula largos retrasos en las resoluciones. A fecha de junio 158.000 personas esperaban obtener una respuesta en nuestro país, 142.000 en Francia y 30.000 en Alemania. El colapso ha sido tal en algunos momentos que, en Bélgica anunciaron que se priorizaría el acceso a una vivienda temporal a las familias, frente a los hombres solteros. Las solicitudes sin tramitar en el territorio europeo han aumentado en un 34%, la cifra más alta desde 2016, según el último informe de la Agencia Europea de Asilo, y eso que sólamente incluye a quienes han realizado este trámite una única vez. 

Para acabar con estas esperas innecesarias, los tres expertos apuntan a la necesidad de aumentar el número de recursos económicos, logísticos y humanos. “En prácticamente todo el territorio español es imposible, directamente, iniciar los trámites porque no hay citas disponibles, y las directivas europeas son muchas respecto a los plazos, debería de poner hacerse en menos de diez días”, explica Muñoz que recuerda que es “posible hacerlo con rapidez como lo hemos visto con Mali o Afganistán”.

En ACCEM lidian con situaciones de este tipo todos los días y conocen de cerca cuáles son las consecuencias de pasar masas meses “en un limbo legal”. “La incertidumbre es generalizada. No saben qué va a ser de su vida y tienen toda sus expectativas puestas en conseguir ser ciudadanos de pleno derecho”, comenta Pérez: “Necesitan renovar sus papeles y, como el sistema está saturado, tanto para solicitudes nuevas como viejas, no lo consiguen a tiempo y corren el riesgo de perder el empleo, tener problemas con el banco o para acceder a otra serie de servicios”. 

Además de colaborar con ACCEM, Pérez es trabajador social. Pone el foco en los problemas emocionales y psicológicos con los que llegan a nuestro país todas estas familias, sobre todo cuando provienen de lugares en conflicto o han tenido una ruta migratoria traumática: “Tienen que pasar un duelo por la situación que están dejando atrás y una de nuestras funciones en brindarles asistencia psicológica. En los casos más graves han sido víctimas de trata, abusos o persecuciones, incluso de tortura”. Por todo esto, insiste, es importante poder brindar una atención individualizada a cada caso desde las instituciones y entidades responsables. 

Tampoco se olvida de esas miles de personas, la mayoría, que no consiguen ser reconocidas como refugiadas: “En casos como el de los venezolanos, pueden buscar otras vías, como la residencia por motivos humanitarios, pero en la mayoría de ocasiones acabarán en una situación vulnerable, desamparados y abocados, incluso, a la economía sumergida”. 

Si se continúa con la tendencia actual de llegadas de refugiados, a finales de año se rozará la cifra más elevada desde que hay datos, la de 2016, con la crisis provocada por la Guerra en Siria. Ya entre enero y junio el incremento ha sido del 28% respecto al mismo periodo del año anterior. El 30% de ellas se han registrado en Alemania, por detrás, España y Francia, con un 17% y 16% respectivamente. 

Aún así, es importante señalar que, si en la UE viven 750 millones de personas, no se llega a acoger ni a un millón: un 0,12%. Desde CEAR lamentan que “se puede cuando se quiere”, como se ha demostrado con Ucrania, o con otros conflictos como el de Mali y Afganistán. 

Estos datos llegan en un momento político en el que la inmigración ha vuelto a ser uno de los temas de debates entre los socios del club de los Veintisiete. A unos pocos meses de las elecciones europeas, con España en la presidencia rotativa, el consejo sigue tratando de sacar adelante un acuerdo de reparto de cuotas de migrantes que permita aliviar la presión de los países del sur. Esta misma semana Italia se ha distanciado del acuerdo apostando por un cierre de fronteras más estricto y ya en junio, con el primer borrador, se eliminó la obligatoriedad de cumplir las cuotas por una sanción de 20 mil euros anuales por persona no acogida.

Polonia y Hungría están liderando el rechazo a la medida.. Precisamente el gobierno polaco va el mes que viene a las urnas para votar un polémico referéndum en el que se preguntará por las políticas de acogida. Igual de polémicas han sido las negociaciones de la Unión Europea con países como Túnez o Turquía para evitar las llegadas a las costas, que ahora quiere seguir impulsando el ejecutivo de Meloni. “Hacen falta acuerdos diplomáticos, más allá de estas y otras medidas para agilizar los trámites, que estén ligados a conseguir que los países de tránsito sean un lugar seguro, como es el caso de Turquía, o de México y Guatemala con Estados Unidos”, explica Estrada. Además, lamenta que se acabe ideologizando las vidas de estas personas. 

Desde CEAR ven la Presidencia del Consejo de la UE como “una oportunidad histórica” para impulsar un nuevo pacto sobre migraciones y asilo. Muñoz apunta a que el liderazgo español va a ser  “fundamental”, pero que los plazos “son los que son” y debería estar en febrero para llegar antes de las próximas elecciones europeas: “Tiene que convencer, primero al Consejo, que será difícil, y luego al Parlamento”, y resalta que, a parte de esto, hay algunos puntos que siguen preocupando a la asociación, como la no obligatoriedad de los mecanismos de solidaridad y la importancia de poner en el foco a las personas refugiadas, “en vez de tratarlas como cifras a repartir”.

¿Cómo puede seguir viviendo sabiendo que ya no están? Crépin Mbengue Nyimbilo sólo tiene en la memoria el terrible recuerdo de su foto, difundida aquí y allá por ONGs y algunas voces indignadas por el destino reservado a los refugiados. En la foto se ve a Matyla, también conocida como "Fati", tumbada boca abajo en la arena, descansando junto a su hija Marie.

El hombre no podía imaginar ni por un segundo que su compañera y su hija perderían la vida de esta manera, engullidas por la frontera. Incluso pensó salvarlas el domingo 16 de julio, pero todo cambió. “Ya no me quedaban fuerzas, apenas respiraba", dijo con un hilo de voz cuando nos pusimos en contacto con él por teléfono. “Para salvarlas, les dije que se fueran y me dejaran allí".

Fue la última vez que las vería. Ese día, Crépin, Matyla y Marie fueron abandonados en el desierto entre Túnez y Libia, sin comida ni agua, como cientos de otros migrantes subsaharianos desde principios de julio. El refugiado camerunés aún no sabe por qué.

Cuenta a Mediapart cómo la pareja decidió ir a Túnez el 13 de julio, para "garantizar un futuro seguro" y una educación "adecuada" a su hija, tras cinco intentos fallidos de cruzar el Mediterráneo desde Libia. Esperaban instalarse allí, engrosando las filas de los migrantes africanos ya presentes en el país (véase nuestra entrevista con el investigador Camille Cassarini).

Pero, sin saberlo, su proyecto se inscribe en un contexto extremadamente represivo para los africanos subsaharianos, en particular los presentes en la localidad de Sfax, donde a principios de julio estallaron tensiones que provocaron la muerte de un tunecino y una verdadera "caza de negros". Las ONG y los investigadores han documentado una serie de "deportaciones" organizadas por las autoridades tunecinas, que hasta la fecha han afectado a más de mil personas.

Tras ser rechazada una primera vez, la familia consiguió cruzar la frontera entre Libia y Túnez en la noche del viernes 14 al sábado 15 de julio. "Después nos fuimos a pie hasta la ciudad de Ben Gardane” (en la costa del este de Túnez).

Cuando llegaron cerca de una mezquita, donde se encontraron con una lugareña a la que pidieron ayuda, llegó una patrulla de policía y les ordenó subir al vehículo. Matyla, que sufría dolores menstruales, pidió ir al hospital. "En lugar de eso, nos llevaron a la comisaría, cerca del desierto. Golpearon a todos los hombres y se llevaron mi teléfono y nuestro dinero", relata Crépin.

Pasaron la noche del sábado en el patio, tumbados en el suelo sobre la arena y rodeados de perros guardianes. El domingo por la mañana, la familia vio cómo metían a la fuerza al primer grupo de refugiados en una furgoneta. "Luego nos tocó a nosotros. Fue entonces cuando nos abandonaron en el desierto".

La familia siguió caminando, abrumada por el cansancio, la sed y el calor excesivo. Crépin se desplomó, demasiado débil para continuar. "Matyla tenía tanta sed que le pidió a la niña que orinara en su boca. Pero Marie no podía, porque estaba completamente deshidratada. Después no bebieron ni una gota de agua durante 24 horas.

"No podía más y no podía obligarlas a quedarse conmigo. Les dije: 'Si Dios quiere, nos volveremos a ver en Libia'". Tenían que unirse a un grupo de exiliados también abandonados en el desierto que se veían a lo lejos.

Matyla estuvo hablando por WhatsApp con un antiguo vecino hasta las 5:50 de la mañana del lunes 17 de julio. Después, nada. La posición en la que las encontraron hizo pensar a Crépin que se habían quedado dormidas y que Matyla había fallecido antes que Marie.

“Debían de estar agotadas y tuvieron que tumbarse en la arena", dice. Marie debió de agarrarse a su madre al ver que ya no reaccionaba". ¡Tantas hipótesis y suposiciones! ¡Tantas preguntas sin respuesta! ¿Qué ocurrió con sus cuerpos? ¿Fueron enterrados y en qué condiciones? ¿Podrá visitar alguna vez sus tumbas?

Esa famosa foto, publicada por primera vez por una página de noticias de Facebook sobre Libia, refleja su desesperación. Al final, no consiguieron alcanzar al grupo. No llegaron a encontrar el camino de los guardias fronterizos. No encontraron agua.

 "Cuando pienso que una simple botella de agua las podría haber salvado... Al ver la foto, me vi obligado a reconocer que habían muerto. Pero aún no puedo admitirlo. Estoy esperando a que Matyla me llame por teléfono, que venga a buscarme". Tras perder el conocimiento en el desierto, Crépin dice que se despertó cuando se hizo de noche. Soñó, o alucinó, que había encontrado cinco litros de agua y se los había bebido de un trago.

"No sé por qué ni cómo, pero me dio fuerzas para levantarme". Este treintañero divisó entonces dos sombras, que también caminaban en la penumbra. Dos sudaneses también deportados que le ofrecieron una botella de agua. Juntos llegaron a Libia, entrando de madrugada, aprovechando la hora de la oración y un momento de falta de atención de los guardias fronterizos. Entonces se toparon con un granjero que aceptó dejarles en Zuara, donde Crépin vivía con Matyla y su hija.

"Fui a nuestra casa, convencido de que allí las encontraría". Al no tener noticias de ellos, al principio pensó que habían sido detenidos en el desierto y encarcelados. Al cabo de dos días, un amigo de la familia le llamó y le pidió que viniera urgentemente.

"Había visto la foto y creyó reconocer a Marie. Me pidió que me sentara y fuera fuerte para lo que iba a ver. Reconocí enseguida el vestido amarillo de Matyla y a mi pequeña Marie", dice con voz quebrada. Una imagen que le "perseguirá" toda su vida. El hombre tenía montones de fotos de ellas, perdidas cuando su teléfono fue confiscado por los tunecinos.

Pero cuando buscó en su cuenta de Google, encontró una foto de su mujer con el mismo vestido amarillo. Esta foto permitió a la ONG Refugiados en Libia identificar formalmente a las dos víctimas. Desde entonces, la ONG le ha encontrado un alojamiento "más seguro" en algún lugar de Libia. Crépin afirma que fue amenazado por teléfono tras contar su historia a la prensa la primera vez (véase el artículo de AP News).

Conoció a Matyla por primera vez cuando llegó a Libia en 2016, cuando su ruta migratoria le llevó allí "un poco por casualidad". "Dejé Buea, en Camerún, cuando la región estaba en manos de los secesionistas y querían que me uniera a ellos. Mataron a mi hermana mayor porque me negué.”

Crépin llega a un campamento, cerca de Trípoli, donde se esconden los emigrantes a la espera de cruzar el Mediterráneo. En medio de una mayoría de angloparlantes, descubre a Matyla, con la que establece un estrecho vínculo. Ella procede de Costa de Marfil, país del que huyó y donde tuvo una "vida complicada". "Pasamos allí unas semanas y concebimos a Marie.”

Tras su intento fallido de cruzar, ambos fueron encarcelados, uno en Beni Walid, el otro en Sabratah. Crépin la encontró en Facebook y descubrió que estaba embarazada. Ella siguió con el embarazo y estaban "felices" de formar una familia. Matyla dio a luz en marzo de 2017. Para ser más aceptada en Libia, adoptó un nombre de pila que suena árabe, "Fátima", o "Fati".

Su sueño es abrir un restaurante que llamaría L'Abidjanaise, pero mientras tanto se gana la vida limpiando las casas de los libios. Crépin también trabaja como pintor y, cuando se presenta la ocasión, en la construcción. Marie creció sin escolarizar. "Nunca conseguimos cruzar. Elegimos ir a Túnez, pensando que sería mejor que aquí".

Pero en el Magreb, resume, "la vida de los negros no cuenta". Ojalá su historia pudiera "arrojar algo de luz sobre esa realidad". Matyla, de 30 años, y Marie, de 6, murieron "en vano", cree. "Gratuitamente". Afirma haber muerto en su interior: "Mi cuerpo sigue aquí, pero mi espíritu se ha ido".

Anteayer, una mujer le llamó para decirle que Matyla y Marie habían sido enterradas por las fuerzas de seguridad libias en Aljmail, a las afueras de Zuara. "Un comandante volvió a ponerse en contacto conmigo para preguntarme si quería visitarlas. Iba a ofrecerme una fecha, pero no he vuelto a saber nada más de él.” Sólo espera que descansen en paz "en algún lugar".

Traducción de Miguel López

A mitad de junio, veinte personas perdieron la vida en un cayuco que llevaba 13 días a la deriva cerca de Canarias y aún hay más de 200 desaparecidos de los que no se sabe nada. Con ellos, son más de 12.000 las personas que han intentado llegar a España a través de la ruta canaria desde enero, de ellas al menos 800 han muerto en el intento.

Los meses de verano no suelen caracterizarse por un aumento de la inmigración irregular en el archipiélago canario porque no es un periodo meteorológicamente favorable. Sin embargo, durante el mes de junio llegaron, de media, 90 personas al día desde diferentes puntos de África. 

Junio fue un mes especialmente trágico en las islas, en el que hay que lamentar la muerte de más de 300 personas.  El día 21 un niño de 4 años y otra treintena de hombres y mujeres fallecieron, después de pasar más de 12 horas esperando ayuda humanitaria. Salvamento Marítimo había localizado la embarcación, pero recibió la orden de esperar al rescate de las autoridades marroquíes. La Fiscalía ha presentado diligencias por un posible delito de omisión de socorro y el Defensor del Pueblo ha iniciado actuaciones de oficio. 

El día 27 de junio una barcaza partió de Senegal con dos centenares de personas, entre las que se encontraban varios menores. La semana pasada se la confundió con otra embarcación procedente de Mauritania. Los días 3 y 10 de julio se localizaron otras dos embarcaciones, entre las que se encontraba un fallecido. 

Txema Santana, periodista experto en migraciones y asesor de la vicepresidencia del Gobierno de las Islas Canarias en esta materia, explica a infoLibre que el mayor pico de llegadas de embarcaciones al archipiélago suele darse entre septiembre y octubre, cuando la situación marítima es más favorable, pero que “una combinación de muchos factores que hay que tener en cuenta” han favorecido el incremento de las últimas semanas. 

Por un lado, destaca la utilización de cayucos, un tipo de embarcación que hasta ahora era menos frecuente que, por ejemplo, las neumáticas. “En total se han localizado 17 desde principios de junio y vemos que el aumento es exponencial”. Este tipo de barcazas, hechas con madera, proceden de Mauritania y, especialmente de Senegal, un país que atraviesa una situación sociopolítica complicada, desde que a finales de mayo estallaran protestas juveniles contra el gobierno. 

La llegada de estas embarcaciones se suma a las habituales neumáticas procedentes, principalmente, del territorio controlado por Marruecos. Este tipo de lanchas son menos resistentes y aguantan poco en el agua. Helena Maleno, coordinadora de la asociación Caminando Fronteras, en conversación con infoLibre asegura que el incremento de muertes en junio, al igual que el repunte que se vio en el mes de febrero, podría  deberse, en parte,  a “la llegada de estas grandes neumáticas, que son abandonadas en mitad del mar y no reciben ayuda humanitaria ni de España ni de Marruecos”. Al respecto de este naufragio, desde Salvamento Marítimo, en un comunicado del 23 de junio, aseguran que "fue Marruecos quien actuó al estar la patera más cerca de sus costas y no haberse encontrado personas en el agua".

Otro factor que ponen encima de la mesa Santana y Maleno es el contexto político español. “Rabat ha utilizado históricamente a los migrantes más vulnerables como moneda de cambio y podría estar haciendo lo mismo ahora que "acaba de expirar el acuerdo pesquero entre España y Marruecos".

El periodista también advierte de que todos estos factores van a seguir presentes los próximos meses y, “aunque es impredecible, si se continúa con la tendencia actual y se replica lo de este junio, lo que pase en otoño puede llegar a ser muy relevante”. 

La llegada de barcazas precarias desde el continente africano ha caído un 5% respecto al año anterior en toda España y casi dos décimas en las Islas Canarias. Sin embargo, este descenso de llegadas contrasta con las cifras de fallecidos y desaparecidos, que según recoge el último informe Monitoreo del Derecho a la Vida-Primer Semestre 2023, presentado por Caminando Fronteras del 6 de julio, se mantiene prácticamente sin ninguna variación. 

“A pesar de que han llegado menos barcos a tierra, las muertes son prácticamente las mismas: se han reducido de 978 a 951 respecto al mismo periodo de 2022”, explica Maleno. Del total de vidas perdidas, medio centenar eran niños y más de 700 se perdieron en la ruta atlántica, ya que más de la mitad de las tragedias registradas por la asociación humanitaria (28 de 49) se han producido en esta región. Además, Maleno advierte de que “la cifra real podría ser aún mayor porque no se conocen todos los naufragios”, a lo que se suma la dificultad para conocer el total de tripulantes de la veintena de embarcaciones que han desaparecido sin dejar rastro. 

La activista asegura que la situación se parece cada vez más a la de Libia y lamenta que no se esté aplicando “el principio de defensa de la vida”. Recuerda que el 21 de junio un niño y treinta personas perdieron la vida, a pesar de que se conocía su localización, “por problemas en la coordinación entre España y Marruecos”, que ahora están siendo investigados. Respecto a esta tragedia, el Gobierno defiende que la actuación de Salvamento Marítimo “fue la correcta” y que “el avión español confirmó que el barco se encontraba en buenas condiciones”. 

Santana pone también el foco en la necesidad de reforzar los recursos y el personal en la región. Asegura “que son los propios trabajadores los que les dicen que faltan manos”. 

"Hace ya muchos días que no tenemos noticias . Su familia en el país está muy angustiada. Yo hago todo lo que puedo para buscarla, pero no sabemos cómo ni dónde hacerlo… Ellos siguen teniendo esperanza, pero yo creo que ya no está entre nosotros. Sólo queremos saber" A.J (Testimonio publicado por Caminando Fronteras).

El cambio de estrategia en las relaciones bilaterales con Marruecos ha hecho que disminuya el número de migrantes que llegan de manera irregular a las costas españolas, especialmente en el área del atlántico sur. Sin embargo, según los testimonios y datos recabados en el Monitoreo de Caminando Fronteras, “el incremento en el control de las costas ha provocado más redadas en los territorios controlados por Marruecos, con detenciones ilegales, separación de familias y traslados forzosos hacia el desierto”. Actuaciones que también denuncian varias organizaciones pro derechos humanos en el terreno. 

La mayoría de víctimas mortales desaparecen para siempre. Más del 40% de las personas que se dan por muertas en este tipo de tragedias, están desaparecidas y, de ellas, un 91% nunca son encontradas.

Santana tiene ahora 41 años, pero recuerda que, cuando era pequeño iban refugiados saharauis a pasar el verano a su casa y que, ya entonces, moría gente en las playas canarias. Este mes se cumplen 24 años de la primera tragedia registrada. “Las personas que pierden la vida tienen padres y madres que vienen aquí a buscarles y nos piden ayuda, pero muchas veces no los encuentran” lamenta mientras recuerda que hace poco un chico le comentó que el cuerpo de su tía había aparecido al otro lado del océano, en el Caribe. 

Las ONGs humanitarias denuncian los obstáculos a los que se enfrentan los familiares a la hora de denunciar, incluso cuando se desplazan a España y piden más coordinación con los países de origen para poder realizar identificaciones. Caminando Fronteras es una de las organizaciones que trabajan impulsando la identificación de estas, realizando un listado de las personas que están siendo buscadas por sus familiares, junto con el de las víctimas confirmadas. 

Maleno y Santana creen que parte del problema tiene que ser “un racismo institucional sistémico”. La activista critica, además que España “haya decidido seguir el ejemplo de Meloni en el control migratorio, dejando de lado los derechos humanos” y lamenta que, en plena campaña electoral “nadie haya dedicado unos minutos a hablar del naufragio horrible del día 21 y de las 300 desapariciones del último mes". 

Santana, como canario, pide que se tengan en cuenta a las islas desde la Península y la Unión Europea y que “se tomen medidas con urgencia frente a un problema estructural, que podría complicarse en los próximos meses".

El avión Sasemar 101 de Salvamento Marítimo ha localizado sobre las 12.00 horas de este lunes un cayuco, con unas 200 personas, a más de 130 kilómetros al sur de la isla de Gran Canaria, según apuntan fuentes de la entidad institucional a Europa Press.

En concreto, el avión de Salvamento ha alertado sobre el avistamiento de la embarcación pasadas las 12.00 horas, indicando que estaba a 71 millas (131,49 kilómetros) al sur de la isla de Gran Canaria, y activando a la guardamar Caliope que se espera llegue al rescate durante las horas del mediodía.

Hasta que la guardamar alcance las coordenadas en las que está el cayuco, se ha desviado a un buque mercante que se encontraba por la zona, el MSC Marta, para que esté cerca de la embarcación.

Este cayuco, indican, podría ser el que se lleva buscando varios días con unas 200 personas tras salir desde Senegal y que ha implicado la activación de medios aéreos de Salvamento, así como el aviso por radio a todas las embarcaciones navegantes por el sur de las islas de Gran Canaria y Tenerife.

La noche del 13 al 14 de junio se produjo en el mar Jónico, al oeste del Peloponeso, el que podría ser el peor naufragio en el Mediterráneo de personas refugiadas desde hace décadas. Un pesquero que transportaba hasta 700 pasajeros procedentes de Siria, Egipto y Pakistán, según el centenar de supervivientes rescatados, se hundió a 47 millas náuticas (76 kilómetros) de la ciudad turística griega de Pilos. Seis días después de la tragedia, se han recuperado al menos 78 cadáveres y cientos de personas han desaparecido en el mar.

Siguen sin respuesta muchas preguntas. El Tribunal Supremo griego ha abierto una investigación sobre las circunstancias de la tragedia. Según Atenas, el barco zarpó de Libia y se dirigía a Italia. El grupo Alarm Phone, una ONG que recibe llamadas de emigrantes en peligro, alertó a las autoridades de la situación de riesgo de la embarcación, que fue avistada por la agencia europea Frontex y los guardacostas griegos. Pero los guardacostas griegos aseguraron en un primer momento que los migrantes "no querían" ser rescatados y que avanzaban "con seguridad" hacia Italia.

El ministro griego de Inmigración intentó exculpar a los guardacostas, diciendo que no podían intervenir fuera de sus aguas territoriales. Pero rescatar un barco en peligro es una obligación según el derecho internacional del mar. Se ha procedido a la detención, ampliamente difundida, de nueve presuntos contrabandistas presentes a bordo, señalados por las autoridades como culpables del naufragio. Otras diez personas fueron detenidas también en Pakistán el domingo 18 de junio.

Sin embargo, el barco permaneció inmóvil durante horas el 13 de junio, según reveló la BBC, con imágenes que lo respaldan, lo que contradice a los guardacostas, que el lunes 19 de junio aún mantenían que el barco estaba navegando. Nadie pudo socorrer a los pasajeros, hacinados y sin chalecos salvavidas. Peor aún, algunos supervivientes afirman que la embarcación zozobró cuando era arrastrada por los guardacostas, que supuestamente intentaron dirigirla hacia Italia.

De ser cierto, este intento por parte de un país de la Unión Europea de "desviar" ilegalmente a los refugiados en el mar hacia otro Estado miembro de la UE sería algo inédito. Grecia ya ha sido acusada de seguir una estrategia de "devolución" con zodiacs que transportan exiliados a Turquía frente a su costa oriental.

En los últimos meses, refugiados, ONG y medios de comunicación han documentado esas devoluciones, intensificadas desde la vuelta al poder en 2019 del partido derechista Nueva Democracia. Las autoridades niegan que estas acciones formen parte de una estrategia para fortificar la frontera con la vecina Turquía, rival de Grecia.

Como novedad, miles de personas se manifestaron el jueves 15 de junio en Atenas con pancartas en las que se podía leer: "Han convertido el Mediterráneo en un cementerio líquido". Hasta ahora, los activistas pro migrantes que denunciaban las prácticas ilegales del gobierno lo hacían en medio de la indiferencia de los medios de comunicación.

El naufragio se ha producido en pleno periodo electoral: el domingo 25 de junio se celebran nuevas elecciones legislativas. Nueva Democracia obtuvo el 40,79% de los votos en las elecciones de mayo, muy por delante de la izquierda de Syriza (20%). Sin mayoría absoluta, el partido descartó formar una coalición, de ahí la repetición de elecciones.

La tragedia ha permitido a la oposición atacar a la mayoría de derechas. El partido comunista KKE criticó "la política de intensificación de la represión con Frontex (...) que alimenta las actividades de los traficantes y empuja a las personas desarraigadas a viajes terribles". El líder del partido anticapitalista MeRA25, el ex ministro Yánis Varoufakis, cuestionó "el silencio cada vez más culpable de las autoridades griegas". La ultraderechista Solución Griega culpa a Europa y quiere, sin inmutarse, "que se cierren todas las ONG".

En los debates, lo que está aumentando es sobre todo la polémica en torno al salvamento. Los líderes de Syriza y Nueva Democracia se enzarzan en una batalla mediática. Alexis Tsipras y Kyriakos Mitsotakis tienen opiniones divergentes sobre la política migratoria del país, que ha sido durante décadas un punto de entrada a la UE para los refugiados.

Como criticó Alexis Tsipras la semana pasada, "¿es suficiente la respuesta del capitán del barco, cuando probablemente se trata de un traficante que obviamente se negará a ser rescatado porque sabe que si las autoridades intervienen, será detenido?". El capitán parece ser que rechazó la ayuda de los guardacostas.

"Los que nos señalan con el dedo son los que han convertido el país en un centro de tránsito y toleraron la tragedia, el infierno de Moria (campo de refugiados de Lesbos)", replicó el ex primer ministro Kyriakos Mitsotakis. De este modo, atacó la política de Syriza, aplicada al inicio de su mandato en 2015. El partido había abierto las fronteras a los refugiados, en su mayoría sirios, en un intento de obligar a la UE a abrir los ojos ante las llegadas a Grecia.

"En la opinión pública surgen dos visiones radicalmente distintas: una a favor de cerrar aún más las fronteras y otra a favor de tratar el problema con humanidad, que es lo que defendemos en Syriza", explica a Mediapart Alexis Charitsis, ex ministro del Interior y actual diputado de Syriza por Mesenia, un distrito del Peloponeso. "Mientras no cambien las políticas europeas, seguirán las tragedias. Hay que repartir la gestión de la política migratoria, ya que Italia y Grecia se encuentran solas gestionando este problema", repite.

Sin embargo, señala que hay "algo de esperanza": "Hubo solidaridad entre los griegos del Peloponeso (península predominantemente de derechas) tras el naufragio. Los habitantes llevaron alimentos y ayuda a los refugiados. Tenemos que aprovechar eso y no olvidar esa actitud” .

¿Tendrá el naufragio algún efecto en la votación del domingo? Aris Spourdalakis, miembro de las juventudes de Syriza en Kalamata, la capital de Mesenia, lo duda. "Ya hemos visto naufragios en Grecia, aunque éste es mayor y ha conmovido a la opinión pública. Desde hace años, para una parte de la opinión pública, la vida de un refugiado no vale la de un griego", lamenta. Y cita como ejemplo que “en 2012, neonazis de Amanecer Dorado apuñalaron a afganos sin provocar reacción alguna. Fue necesario el trágico asesinato de un rapero griego (Pavlos Fyssas) para provocar su caída".

"No creemos que ningún partido pueda aportar realmente una solución a este fenómeno. Estamos decepcionados con Grecia y con la UE", afirma Kostas Tsoronis, químico especializado en la producción de aceite de oliva en el Peloponeso, entristecido por el naufragio.

Theodoros Zeis, abogado de refugiados desde hace décadas, señala también que "desgraciadamente, sigue siendo mayoritaria una corriente anti refugiados, aunque no podamos predecir cómo se va a votar".

"Nueva Democracia, que es una mezcla de derecha y extrema derecha, se exime de la responsabilidad de todas estas tragedias acusando sistemáticamente a los traficantes de personas. Quieren hacernos creer que la migración la crean los traficantes, y no es así", explica. “Para luchar eficazmente contra esas redes, hay que crear vías legales de inmigración para que los refugiados puedan solicitar asilo.”

Grecia parece lejos de tomar ese camino. Durante la primera campaña electoral, Kyriakos Mitsotakis anunció la extensión de un muro anti inmigrantes en su frontera terrestre con Turquía. Syriza, consciente de que parte de la población conservadora está a favor, declaró en marzo que "no se oponía" a esa barrera, aunque consideraba que no contribuiría a resolver "el problema migratorio". La UE, por su parte, no financia directamente el muro, pero guarda silencio.

Traducción de Miguel López

La ONG Amnistía Internacional (AI) ha calificado de "catastrófico" el naufragio ocurrido junto a la ciudad griega de Pylos el pasado martes que se ha saldado con cerca de 80 muertos, y ha enfatizado en la necesidad "desesperada" de la existencia de rutas "seguras y legales" hacia Europa, según informa Europa Press.

"Esta es una tragedia de proporciones inimaginables, más aún porque era completamente prevenible. Exigimos una investigación urgente, exhaustiva, independiente e imparcial sobre qué sucedió para causar esta catástrofe, y que se brinde asistencia y apoyo a los supervivientes", ha declarado la investigadora sobre migración de Amnistía Internacional Adriana Tidona.

Amnistía ha pedido responsabilidades al Gobierno griego pues, aunque la guardia costera griega ha asegurado que las personas abordo del barco "rechazaron" la asistencia y expresaron su deseo de continuar hacia Italia, la ONG ha puesto en duda que consultaran a todas y cada una de las personas migrantes, que además se encontraban "en claro peligro".

"Muchas preguntas exigen respuestas. ¿Por qué no se lanzó mucho antes una operación de búsqueda y rescate? ¿Qué provocó el naufragio del barco? ¿Quiénes perdieron la vida? Los supervivientes y sus familias merecen transparencia, verdad y justicia", ha exigido Tidona.

La investigadora ha pedido aclarar "urgentemente" las condiciones en las que se dió "esta tragedia", que pertenece a una larga lista de naufragios que se han dado tanto en Grecia como en el resto de Europa y que "podrían haberse evitado fácilmente".

Además, ha mostrado su preocupación por la poca transparencia de las autoridades griegas, a las que ha instado a compartir más información sobre el incidente y sobre la decisión de no lanzar antes una misión de rescate.

La organización también ha pedido al Gobierno de Grecia que garantice apoyo psicológico adecuado a los supervivientes, que tengan acceso a formas de comunicación para contactar con sus seres queridos y que sean acomodados en un ambiente seguro, además denunciar la desaparición de más personas.

La publicación de las imágenes aéreas y la información de Frontex, la Guardia Europea de Fronteras y Costas, son fundamentales para reconstruir el naufragio, según Amnistía.

El Gobierno de Grecia ha declarado tres días de luto nacional a causa de la muerte de cerca de 80 migrantes tras el hundimiento el miércoles frente a las costas griegas de una embarcación que trasladaba a cerca de 500 personas, según informa Europa Press.

La oficina del Primer Ministro griego, Ioannis Sarmas, ha indicado que el luto estará en pie hasta la medianoche del viernes, 16 de junio, por "las víctimas del trágico hundimiento en aguas internacionales al oeste de Grecia".

Asimismo, ha recalcado que "sus pensamientos están con todas las víctimas de los implacables traficantes, que se aprovechan de la miseria humana". El suceso ha dejado hasta ahora 79 muertos y más de un centenar de rescatados, si bien hay centenares de desaparecidos.

La Guardia Costera griega mantiene activo el despliegue de búsqueda y rescate en la zona, situada a unos 87 kilómetros de la ciudad de Pylos, en la región de Peloponeso (sur), si bien cada vez hay menos esperanzas de encontrar supervivientes. Según el diario griego 'Ta Nea', a bordo del barco podrían haber viajado cerca de un centenar de niños.

La organización Alarm Phone ha señalado en su cuenta en la red social Twitter que recibió una alerta sobre una embarcación en peligro durante la jornada del martes y agregó que en el pesquero iban unas 750 personas a bordo. "Las autoridades fueron alertadas", ha recalcado.

Así, ha denunciado que "Grecia y otras autoridades europeas eran muy conscientes de la presencia de este buque, sobrecargado y no preparado para una travesía marítima". "No se lanzó una operación de rescate. A primera hora del 14 de junio, naufragó", ha lamentado.

Por su parte, la Guardia Costera griega afirmó el miércoles en un comunicado que la embarcación fue detectada por un avión de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) y dos buques que pasaron por la zona, "sin que pidiera asistencia". "En llamadas de teléfono consecutivas por parte de la Sala de Operaciones al buque para dar ayuda se recibió una respuesta negativa", aseguró.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) tenía registrados hasta este miércoles 48 muertes de migrantes en la zona oriental del Mediterráneo, cifra que se disparará una vez se haya contabilizado el último naufragio. Desde el año 2014 han perecido en esta zona cerca de 2.300 personas, según las estimaciones recogidas por la organización.

Más de 3.000 migrantes y refugiados han muerto o están desaparecidos tras intentar llegar por mar en 2021 a las costas del sur de Europa o a las islas Canarias, según Naciones Unidas, que ha llamado a adoptar medidas "urgentes" para proteger a quienes se embarcan en estos "peligrosos" viajes —de hasta diez días en el caso del archipiélago español—.

Del total de fallecidos, al menos 1.924 corresponden a las rutas que conectan el norte de África con Europa en la parte central y occidental del Mediterráneo, mientras que 1.153 de estas víctimas se circunscriben a la ruta del Atlántico hacia las Canarias.

El dato global de 2021 prácticamente duplica el registrado el año anterior y una portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), Shabia Mantoo, ha advertido de que 2022 también está dejando cifras "alarmantes", con 478 muertos o desaparecidos en lo que va de año.

"La mayoría de los cruces tuvieron lugar en embarcaciones repletas, no aptas para navegar, inflables", ha señalado Mantoo, al hacer repaso de unas condiciones precarias que se extienden también al viaje terrestre previo, a través del desierto del Sáhara, en zonas "remotas" sin apenas acceso o en centros de detención, a merced de todo tipo de abusos.

ACNUR ha recordado que los cierres fronterizos derivados de la pandemia de covid-19, la inestabilidad política y de seguridad y el deterioro de las condiciones socioeconómicos complican aún más un contexto en el que ha apelado a los gobiernos a tomar medidas, tanto en el ámbito de la protección de los migrantes como en la búsqueda de soluciones a más largo plazo.

En este sentido, la agencia ha reclamado por boca de su portavoz "alternativas" a los largos y peligrosos viajes, así como un enfoque político más humanitario. La ONU y las organizaciones de Derechos Humanos han denunciado de forma reiterada la falta de mecanismos claros de desembarco para los migrantes rescatados en aguas del Mediterráneo.

"Los países deben garantizar la entrega de servicios esenciales a las personas en movimiento y a aquellas que están atrapadas en la ruta, interceptadas en el mar o recluidas en centro de detención, y determinar si necesitan protección internacional", ha dicho Mantoo.

Unos cuantos niños ucranianos juegan en un patio, sin miedo a la lluvia. Otros, cerca del comedor. Es mediodía en un moderno centro de formación de la Seguridad Social en Pozuelo de Alarcón (Madrid) que dispone de comedor y hospedería y que ahora ha sido reconvertido en un centro de primera atención y acogida de refugiados que huyen de la guerra de Ucrania.

En otras salas se sucede el papeleo. La ONG Accem, una de las 19 con las que tiene convenio el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, hace las primeras entrevistas a los recién llegados. Luego tienen cita con la Policía para una foto y algunos datos básicos y, por último, con el personal del Ministerio. 

Así, en menos de 24 horas, pueden obtener un permiso de residencia temporal, uno de trabajo, acceso a la sanidad y la educación públicas y, si lo necesitan, el acceso a centros de acogida. Requieren acogida un 40% de los que llega a este centro, que ha podido visitar infoLibre junto a otros medios. Para todos ellos, lo peor ha quedado atrás. Comienza una nueva vida, no sin incertidumbres, pero con derechos. 

La política de asilo y refugio es una competencia exclusiva del Gobierno central y, dentro de él, recala en el departamento que dirige José Luis Escrivá, que tiene ya datos de unos 40.000 desplazados por la guerra de Ucrania. 17.500 han completado el proceso y otros 20.000 tienen ya una cita para formalizarlo en los próximos días o semanas. El total de desplazados es, sin duda, mayor, según fuentes del Ministerio, pero no todos se han acercado a una ventanilla pública aún.

Hay tres centros, en Pozuelo de Alarcón (Madrid), Barcelona, y Alicante, que sirven como puerta de entrada centralizada para todos los trámites. Otro abrirá en unos días en Málaga. Sus emplazamientos coinciden con los lugares de residencia de la comunidad ucraniana en España, 120.000 personas, el cuarto país en el que antes de la guerra más ciudadanos de ese país residían. 

De los cuatro centros, tres trabajan en perfecta colaboración con las comunidades autónomas. Todos salvo en Madrid, donde el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha decidido abrir el suyo propio invitando a los refugiados a acudir al hospital Isabel Zendal a pesar de que todos los trámites en materia de refugio y asilo se pueden hacer (y sólo se pueden hacer) a través de los cauces del Gobierno central. Sólo hay una excepción: los menores no acompañados (tratados antes como menores que como refugiados) que, según el Ministerio, son hasta el momento los menos de entre los llegados. 

Algunas cifras globales. El 37% de las personas desplazadas que han sido atendidas son menores de edad. Entre los adultos, un 76% son mujeres (los hombres son requeridos por el Gobierno de Volodimir Zelenski para luchar). El 64% de los atendidos poseen estudios superiores. El 21% no disponen de alojamiento y el 24% solicitan acogida. El número de teléfono habilitado, que atiende también en ucraniano, ha recibido 15.000 llamadas. Las ONG han atendido, de una forma u otra, a 30.000 personas desde que comenzó la guerra. En el sistema de acogida hay ya 12.000. Y el departamento de Escrivá cree que esto es sólo el principio. 

“El sistema de acogida está preparado, como así lo demostró en anteriores ocasiones en casos como los de Afganistán o Ceuta”, explican fuentes cercanas al ministro. “Es flexible y atenderá a todos los que lo necesiten. El reto en las próximas semanas o meses es la acogida y el número de plazas. En otros países se están teniendo que levantar campamentos y quizá en España en un futuro haya que recurrir a este tipo de espacios”.

Una directiva de 2001 permite actuar con rapidez. Sin embargo, nunca había sido puesta en práctica hasta ahora con este alcance “porque en otras ocasiones, como las crisis de Kosovo o de Siria, había países contrarios a la solidaridad. Son los que ahora más están sufriendo la crisis de desplazados” que ha expulsado del país a 3.725.000 ciudadanos, según datos de Acnur. 

Comunidades autónomas y ayuntamientos de muy distinto signo se han ofrecido a ayudar y el Gobierno reconoce que, si la guerra se prolonga y continúa el éxodo, toda ayuda y colaboración será más que necesaria. “Una persona acogida en primera fase, aunque depende mucho de las características de cada uno, conlleva un gasto diario de unos 70 euros”, según fuentes gubernamentales. 

Los gastos serán sufragados por el Gobierno, que espera contar con fondos europeos para el sobreesfuerzo, que pone a prueba el Presupuesto y capacidad logística de la Secretaría de Estado de Migraciones. Es el Ministerio el que asigna geográficamente a los desplazados que necesitan acogida en función de las plazas disponibles, salvo en el caso de los menores no acompañados, para los que no hay un protocolo acordado por las diferentes administraciones. Otros ministerios, como el de Igualdad, colaboran con acciones específicas. 

Cuando un refugiado recibe sus papeles, dispone de un año de protección, que incluye acogida y dinero de bolsillo, además de la posibilidad de trabajar. El Ingreso Mínimo Vital es una opción, pero no de momento, ya que sus requisitos incluyen haber residido un año al menos en España. 

España, como país con muchos kilómetros de frontera y como frontera sur de la Unión Europea, tiene mucha experiencia en la acogida. Pero el horror de la guerra ha añadido a nuevos actores. Son las familias que, desinteresadamente, se ofrecen a acoger a ciudadanos ucranianos en sus casas o que incluso han ido hasta la frontera de ese país para acompañarlos hasta España. 

Sin embargo, es “muy importante” que esa “explosión de solidaridad” se canalice adecuadamente. Aunque en el pasado ha habido muchos casos de acogida de menores en familias, muchos de los que ahora llegan de Ucrania son mayores. Para canalizar la acogida, el Ministerio ha firmado un convenio con la Fundación La Caixa, con experiencia en la evaluación de idoneidad de familias. En un solo día, más de 600 familias españolas han llamado al teléfono habilitado para solo cuatro provincias, a modo de proyecto piloto.

Las autoridades de Turquía han anunciado este viernes que los ciudadanos de Siria, Irak y Yemen tienen vetado viajar en avión a Bielorrusia en un intento por frenar la crisis migratoria en la frontera con Polonia, ha informado Europa Press. 

Debido a los problemas de entradas ilegales hacia el bloque comunitario desde suelo bielorruso, las autoridades han señalado que "los ciudadanos iraquíes, sirios y yemeníes que quieran volar a Bielorrusia desde aeropuertos turcos no podrán comprar billetes hasta nuevo aviso", tal y como ha indicado en un comunicado la Autoridad de Aviación Civil turca.

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha dado las gracias a Ankara por la decisión y ha aplaudido la "cooperación y el apoyo" de la Autoridad de Aviación Civil en un mensaje difundido a través de su cuenta de Twitter.

En este sentido, desde el Ejecutivo europeo han informado de que las aerolíneas iraquíes y turcas limitarán sus viajes a Bielorrusia durante las próximas semanas, si bien la compañía aérea bielorrusa Belavia tendrá vetado utilizar el aeropuerto turco de Estambul para realizar escalas.

Tras una serie de contactos con varias aerolíneas implicadas en los vuelos de migrantes desde Oriente Próximo, la portavoz comunitaria, Dana Spinat, ha indicado que "todas las aerolíneas contactadas han condenado cualquier forma de tráfico humano y han mostrado su compromiso para combatir el fenómeno".

Así, Iraqi Airways ha señalado que no reanudará los vuelos a Bielorrusia, mientras que Turkish Airlines suspenderá la venta de billetes al país para los ciudadanos de las citadas nacionalidades.

Después de que el aeropuerto de Estambul se haya convertido, en palabras del Alto Representante, Josep Borrell, en un "'hub' de tránsito de migrantes", el Ejecutivo europeo ha logrado también que las autoridades turcas prohíban a Belavia usar la red de Turkish Airlines, evitando que los migrantes lleguen a Minsk vía Estambul.

Todo esto se encuadra en los esfuerzos realizados desde Bruselas para poner coto a la presión migratoria que se vive en las fronteras entre Bielorrusia, Polonia y Lituania. Según la UE, el Gobierno del presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, está detrás de estos movimientos, en pleno pulso con la UE por las sanciones europeas contra su deriva autoritaria.

En este sentido, Spinant ha recordado que la Comisión está explorando la posibilidad de aplicar sanciones contra aerolíneas que no cooperen con Bruselas en este asunto y sean "cómplices del tráfico de personas".

Belavia veta el embarque 

Previamente, la aerolínea nacional de Bielorrusia, Belavia, había asegurado que no permitiría el embarque en Turquía de ciudadanos de Irak, Siria y Yemen siguiendo las directrices de las autoridades turcas ante el repunte del flujo migratorio en la frontera.

"Por decisión de las autoridades turcas, desde el 12 de noviembre los nacionales de Irak, Siria y Yemen no podrán embarcar en los vuelos de Turquía a Bielorrusia", ha informado la compañía, que ha ofrecido el reembolso del billete a los pasajeros afectados, según la agencia de noticias BelTA.

Miles de personas se agolpan en la frontera de Bielorrusia con varios países de la Unión Europea, principalmente Polonia, como resultado de una llegada masiva de la que el bloque comunitario responsabiliza directamente a Lukashenko, que ha amenazado con todo tipo de represalias por las sanciones externas.

Belavia está en el punto de mira por la supuesta organización de vuelos desde países de origen de migrantes y refugiados, ya que en su mayoría proceden de países de Oriente Próximo y, en particular, de Irak. La aerolínea y el Gobierno bielorruso han negado las acusaciones de tráfico de migrantes.

Regresar a Irak

Además, la Embajada de Irak en Rusia —voz oficial de Bagdad también ante Minsk— se ha ofrecido a fletar un avión con los ciudadanos iraquíes que estén en Bielorrusia que "deseen regresar" a su país de origen. Así, ha instado a quienes lo deseen a registrarse para poder volver a Irak.

Un portavoz del Ministerio de Exteriores, Ahmed al Sahaf, ha confirmado al medio Rudaw el inicio del proceso de inscripción y ha prometido a quienes hayan perdido sus pasaportes que se les ofrecerá uno provisional para poder regresar. Se trata, ha explicado, de retornos voluntarios y gratuitos.

Por otra parte, Al Sahaf ha cifrado en casi 600 los iraquíes que han solicitado un permiso de residencia en Polonia, por lo que ha subrayado que el Gobierno de Irak seguirá con su labor diplomática también para que se garanticen los derechos de los migrantes.

Irak es uno de los países que Bruselas se había marcado en la agenda para que el vicepresidente responsable de Migración, Margaritis Schinas, visitara en los próximos días para presionar a las autoridades para que tomaran medidas contra los vuelos que cree que costea el régimen bielorruso para trasladar a miles de migrantes irregulares hasta la frontera con la UE.

El Ejecutivo comunitario anunció esta semana que además del diálogo con los países de origen y tránsito de los migrantes que están llegando a Minsk también explora la posibilidad de sancionar a las aerolíneas de estos países que mantengan rutas abiertas con Bielorrusia.

La amenaza de Polonia 

El viceministro de Exteriores de Polonia, Marcin Przydacz, ha amenazado este viernes con cerrar un mayor número de pasos fronterizos en la frontera con Bielorrusia ante la creciente crisis migratoria.

"Un paso fronterizo está cerrado, si el otro lado no entra en razón, es posible que sigamos adelante", ha declarado Przydacz en declaraciones a la emisora polaca Radio Canal 3.

A principios de esta semana y ante la situación en la frontera, Polonia cerró un cruce fronterizo en la zona de Kuznica. "En aras de la seguridad, era necesario cerrar este cruce (...) creo que los analistas de Minsk y los representantes de las agencias económicas y diplomáticas entendieron y entienden esta situación", ha aseverado.

Así, ha asegurado que Polonia está tratando de reducir la crisis fronteriza, por lo que la alerta es una mera "señal de advertencia". "Tenemos otros pasos fronterizos", ha insistido.

En este sentido, ha señalado que Polonia carece de interés alguno en agravar la situación en la frontera y ha expresado que considera que esta debe resolverse lo antes posible.

"Que Alexander Lukashenko envíe a estos migrantes, a quienes trajo a propósito aquí, de vuelta a casa. Que empiece a pensar en una manera de salir de este aprieto interno y de la crisis a la que ha conducido a su propio país", ha recalcado.

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha amenazado este jueves con cortar el tránsito de gas hacia los países de la Unión Europea (UE) en caso de que el bloque anuncie nuevas sanciones, al tiempo que ha ordenado supervisar los "movimientos de tropas" de la OTAN y Polonia en la frontera, ha informado Europa Press.

"Proporcionamos calefacción a Europa y aún así nos amenazan con cerrar la frontera. ¿Y si cerramos el paso de gas natural?", se ha preguntado el mandatario, quien ha recomendado a las autoridades de Polonia, Lituania "y otros tontos" que " piensen antes de hablar".

"El Ministerio de Exteriores debe advertir a todos en Europa. Si aplican nuevas sanciones contra nosotros, debemos responder", ha manifestado Lukashenko. "Han empezado a asustarnos con el quinto paquete (de sanciones)", ha dicho, antes de pedir al primer ministro, Roman Golovchenko, que "no se perdone nada" al bloque, ha informado Europa Press.

Asimismo, ha destacado durante una reunión que "el Ministerio de Defensa, el Comité de Seguridad del Estado (KGB) y las fuerzas fronterizas deben controlar el movimiento de tropas de la OTAN y Polonia", según ha recogido la agencia bielorrusa de noticias BelTA.

Así, ha resaltado que en la zona hay ya desplegados 15.000 militares, carros de combate y vehículos blindados, al tiempo que ha denunciado que este despliegue ha sido llevado a cabo "de forma insolente" y "sin avisar a nadie".

El mandatario ha ordenado además prestar una atención especial a la entrega de ayuda a los refugiados que se encuentran en la frontera y ha advertido de que se han registrado intentos de introducir armas y municiones en algunos campamentos para provocar un conflicto.

El Ministerio de Defensa de Bielorrusia ordenó el miércoles aumentar su defensa aérea en la zona occidental del país ante el aumento de la tensión con Polonia. Así, dijo que la Fuerza Aérea ha aumentado su despliegue "tanto en el oeste como en el noroeste".

Por su parte, el ministro de Exteriores de Bielorrusia, Vladimir Makei, ha negado en una entrevista concedida a la agencia rusa de noticias Sputnik que Minsk haya lanzado una "guerra híbrida" contra la Unión Europea (UE) a través de la autorización de paso a miles de migrantes a través de sus fronteras.

Makei ha sostenido que lo que sucede en la frontera con Polonia "es resultado de la irreflexiva política de la UE" y "consecuencia de la destrucción del sistema estatal de varios estados y de invitar a los refugiados con la promesa de acogerlos".

"Hoy día la UE cambió radicalmente esa política e intenta castigar a Bielorrusia imputándole una guerra híbrida", ha sostenido. "¿De qué guerra híbrida están hablando? ¿Bielorrusia contra la UE con sus 500 millones de habitantes? Por nuestra parte no hay ninguna guerra ni puede haberla", ha recalcado.

En este sentido, ha incidido en que las autoridades bielorrusas están interesadas en que la crisis migratoria se solucione lo antes posible y ha recordado que el bloque dejó de financiar en 2020 los proyectos de refuerzo de infraestructura fronteriza, tras lo que Minsk suspendió el acuerdo de readmisión.

"Propusimos a la UE sostener consultas sobre este asunto, pero recibimos una respuesta negativa. Desde entonces volvimos a proponer centenares de veces entablar el diálogo, pero nunca nos respondieron positivamente", ha dicho el ministro de Exteriores bielorruso.

Por ello, ha incidido en que Bielorrusia ve intentos de organizar provocaciones por parte de los países vecinos. "No depende de nosotros el desarrollo de la situación. Esperemos que se imponga el sentido común y que la otra parte llegue a comprender que se debe buscar una salida a esa situación", ha zanjado.

Aeroflot rechaza las acusaciones

Por otra parte, la mayor aerolínea rusa, Aeroflot, ha rechazado durante la jornada las acusaciones sobre su presunta implicación en el tráfico de migrantes en situación irregular hacia la UE a través de Bielorrusia.

"La información sobre la participación o asistencia de Aeroflot en la organización del transporte masivo de migrantes al territorio de Bielorrusia no tiene nada que ver con la realidad", ha dicho la compañía a través de un comunicado.

"La información sobre la amenaza de imponer sanciones puede impactar de manera negativa en las actividades operativas y financieras de la empresa, así como en su capitalización", ha manifestado, antes de agregar que no efectúa vuelos a Irak o Siria y que no cuenta con una conexión entre Estambul y Minsk.

Asimismo, ha recalcado que tiene la intención de proteger sus intereses utilizando vías legítimas, "incluido el derecho a la protección judicial de los intereses de la empresa", después de que la agencia Bloomberg informara de que la UE podría imponer sanciones a principios de diciembre contra Aeroflot y la turca Turkish Airlines por presunta implicación en tráfico de migrantes.

En este sentido, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha tildado de "disparate" estas informaciones. "Esperemos que tales ideas locas sean parte de la desinformación", ha valorado el portavoz de la Presidencia rusa durante una comparecencia ante la prensa.

"Los militares se ponían en fila junto a la verja, frente a cientos de personas hambrientas, y lanzaban las bolsas de comida hacia la multitud. Durante el confinamiento, hubo heridos a diario intentando escalar para coger las bolsas que quedaban enganchadas en lo alto de la verja e incluso peleas multitudinarias por hacerse con una ración de arroz seco. Fueron meses en los que, de facto, se trató a seres humanos como si fueran animales”. Quien habla es Mélodie Maurel, trabajadora en la clínica de Médicos sin Fronteras en el campamento de Moria, en la isla griega de Lesbos.

Incertidumbre, miedo, agobio, tristeza y un sinfín de términos negativos definen los sentimientos que millones de europeos han sufrido durante los largos meses de pandemia. Lo que desconocen esos mismos europeos es que esas palabras se quedan cortas para describir cómo el covid-19 ha afectado a los miles de personas en situación de vulnerabilidad y solicitantes de asilo que están estancados en Lesbos. Seres humanos de diferentes orígenes que llevan años soportando una situación brutal de aislamiento colectivo. Sus pésimas condiciones de vida en el antiguo campo de Moria, que fue pasto de las llamas en septiembre de 2020, y el sustituto de aquel, aún en construcción y mucho más restringido, no ocupan ya una línea en los medios de comunicación. Esta triste historia comienza hace algo más de un año y medio y llega hasta el día de hoy.

Un cóctel de odio a punto de estallar

Desde inicios de 2020 el ambiente de tensión en la isla griega crecía día a día y las manifestaciones de corte fascista aumentaban con el paso de las semanas. Las relaciones políticas entre la Unión Europea y Turquía no pasaban por su mejor momento y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, amenazaba con abrir sus fronteras y dar paso hacia Europa a los casi cuatro millones de refugiados que mantiene embotellados en su territorio. Mélodie Maurel, trabajadora humanitaria que en ese momento formaba parte del equipo de Médicos sin Fronteras en la clínica del campo de Moria, recuerda el aumento de las protestas contra la presencia de refugiados: “Los movimientos antimigración cada vez hacían más ruido. Las llegadas de refugiados estaban marcando máximos y en aquel momento había 24.000 solicitantes de asilo en la isla, una presencia enorme teniendo en cuenta la población total de Lesbos, en torno a 115.000 personas”.

Otro trabajador humanitario [a quien nos referiremos de aquí en adelante como Alex para preservar su voluntad de mantener el anonimato] rememora aquellos días en una conversaicón con infoLibre en Mitilene, la capital de Lesbos: “Se formó un cóctel en la isla que iba a estallar de un momento a otro. Algunos locales, pero principalmente grupos fascistas de Atenas y países europeos como Alemania o Austria, se estaban desplazando hasta Lesbos esperando un hipotético aumento de llegadas de refugiados. En aquel momento, el campo de Moria albergaba a más de 20.000 personas a la espera de la tramitación de sus solicitudes de asilo. El clima de crispación estaba llegando al punto de ebullición”, cuenta. Para ese momento, las ONG y sus trabajadores eran el objetivo principal de estos grupos ultraderechistas, que iniciaron un minucioso trabajo de seguimiento y difamación de voluntarios. Grababan y fotografiaban a los trabajadores, sus vehículos, sus almacenes, y hacían circular las imágenes por diferentes grupos de Facebook. Y luego salían a ‘cazar’ a estos voluntarios, como se puede apreciar en el siguiente vídeo:

Días después, el momento del estallido llegó. El 29 de febrero de 2020, Erdogan anunciaba que Turquía rompía el pacto suscrito con la UE en 2016 para la retención de refugiados y abría todas sus fronteras, tanto terrestres como marítimas, para permitir que los migrantes avanzasen en su camino hacia el corazón de Europa. Grupos fascistas prendieron fuego al único campamento de emergencia en el norte de la isla, Stage 2, unos días antes de que las dos ONGs que operaban en esa zona anunciasen el cese total de sus operaciones y el retiro inmediato de la isla. Mélodie se encontraba a apenas 500 metros del campamento de emergencia el día que fue quemado, ya que trabajó en numerosas ocasiones en las operaciones humanitarias de la costa norte y aún mantenía lazos con diversas personas en la zona: “Aquella noche, refugiados recién llegados a la costa, periodistas y trabajadores humanitarios tuvimos que permanecer refugiados en To Kyma”, un restaurante ampliamente conocido por los los trabajadores humanitarios que han pasado por el norte de la isla. El mismo restaurante en el que nació la ONG Proactiva Open Arms, cuya historia ha quedado plasmada en la película Mediterráneo. “Una caravana de entre 50 y 100 coches llegó por una carretera costera, se acercaron hasta el campamento de emergencia y le prendieron fuego ante la pasividad de la policía. Los agentes, lejos de actuar, se limitaron a decirnos que permanecieramos en el interior del local porque no podían garantizar nuestra seguridad en el exterior”, relata en una conversación con infoLibre en el propio restaurante.

Pandemia mundial y situación en el campo de Moria

El 11 de marzo de 2020 la OMS declaró la situación de pandemia mundial. Con la imposición de restricciones, cuarentenas y confinamientos el clima de crispación se enfrió considerablemente en la isla. Mientras tanto, los miles de refugiados que habitaban el campamento de Moria vieron (aún más) reducidas sus libertades y el campo quedó herméticamente cerrado. Hasta ese momento, los migrantes podían entrar y salir con libertad del recinto. La mayor parte de las organizaciones que se habían quedado en la isla trabajaban fuera del campo, principalmente en centros de día, preparación y distribución de comida, ropa, artículos de higiene, atención psicológica, servicios jurídicos y un largo etcétera. Con el confinamiento de la capital, muchas de ellas vieron anulada su capacidad de trabajar, ya que la gente no podía salir de Moria y ellos tampoco podían salir de la capital, Mitilene, situada a escasos 15 minutos del lugar.

Alex relata cómo eran las condiciones de vida en el campamento en aquellos tiempos: “Moria estaba preparado para albergar unas 3.000 personas y en ese momento lo habitaban más de 20.000. Miles de ellos vivían fuera del perímetro, en los campos de olivos colindantes con el recinto del campamento. La dirección de Moria no tenía espacio para toda esa gente y simplemente se tenían que buscar la vida. En el campo de olivos la gente montaba techos con lo que podían: plásticos, palets o tiendas de campaña. No había ni baños ni duchas, aunque dentro del campo la situación no era mucho mejor”, relata el voluntario. “En el interior del recinto de Moria, se acumulaban toneladas de basura y los escasos baños se desbordaban a diario, creando unas condiciones de insalubridad que daban lugar a diversas enfermedades entre los refugiados. La red eléctrica tampoco soportaba las necesidades de tantas personas, ya que estaba provista por generadores. Los migrantes a menudo montaban sus propias redes eléctricas, pero eran muy inestables y no proporcionaban potencia suficiente. El lugar se había convertido en una especie de jungla”, recuerda Alex.

Mélodie, como trabajadora de MSF, fue una de las pocas personas externas que pudo entrar en Moria durante el casi medio año de confinamiento total. Y a través de sus palabras podemos dilucidar una realidad que tendríamos que haber conocido hace tiempo a través de los grandes medios de comunicación. “Durante los meses de confinamiento la situación empeoró hasta puntos que nunca habíamos llegado a imaginar. Las autoridades griegas ni siquiera permitían a los solicitantes de asilo acudir al hospital. Las mujeres embarazadas daban a luz en la propia clínica de MSF, había pacientes heridos de arma blanca que se cosían en el suelo por falta de medios y espacio. Aquel lugar parecía un hospital de guerra”, cuenta. “Desde el cierre total del campamento, el Ejército pasó a ser el encargado del reparto de comida, que ya era difícil de por sí. Nunca voy a olvidar las situaciones que vi desde la clínica: los militares se ponían en fila junto a la verja, frente a cientos de personas hambrientas, y lanzaban las bolsas de comida hacia la multitud. Hubo personas heridas a diario intentando escalar la verja para coger las bolsas que se quedaban enganchadas, y peleas multitudinarias por hacerse con una ración de arroz seco. Fueron meses en los que, de facto, se trató a seres humanos como si fueran animales”, recuerda con tristeza.

El cierre absoluto del campamento fue mucho más largo de lo esperado. Alex cuenta que, cuando Grecia comenzó a relajar las medidas contra el coronavirus, el campo de Moria se mantuvo cerrado: “El Gobierno griego argumentó que era por la pandemia, pero en aquel momento no había ni un sólo caso de covid-19 registrado en toda la isla”. Y así se mantuvo hasta el 8 de septiembre, día en el que Moria se vería reducido a cenizas tras un devastador incendio.

Incendio, proliferación fascista y construcción del nuevo campamento

Durante los primeros meses de pandemia, el Gobierno griego había trasladado a unas 10.000 personas desde Lesbos hasta la zona continental, principalmente los campos situados en Atenas. Cuando Moria ardió, unas 12.000 personas aún habitaban el lugar. En los días siguientes al incendio los refugiados durmieron al raso, en la carretera y los campos colindantes con el campamento, porque la policía griega había montado barricadas y controles en todas las salidas posibles del enclave.

Alex estuvo presente en aquellos episodios: “Los trabajadores humanitarios teníamos la sensación de que los grupos ultraderechistas se habían marchado de la isla, pero estábamos equivocados. Mantuvieron un perfil bajo, en gran parte por las restricciones del covid-19, pero el incendio detonó su reagrupación inmediata y se manifestaban todos los días en la capital y en las zonas aledañas al campamento quemado”, recuerda. Su organización, que siempre se mantuvo en la isla, estuvo en la diana del acoso fascista: “Unos días después del incendio, un vehículo comenzó a seguirnos y a grabarnos muy de cerca durante más de media hora. La dirección de la ONG nos trasladó a un sitio seguro porque nuestra integridad corría peligro, nuestras caras iban a empezar a circular por grupos ultraderechistas en las redes sociales”.

Mientras tanto, el Ejército griego construía a toda prisa el nuevo campamento, situado junto a la costa sureste de la isla. Pero se multiplicaban los problemas: los militares no tenían experiencia en construcción y no tenían materiales adecuados para levantar un campamento que albergase a tanta gente. Y el lugar seleccionado para construirlo era uno de los peores que podrían haber elegido: “Parte del campamento se encontraba en la cara de la costa que recibe todo el viento proveniente del mar. Y toda la zona principal se encontraba a nivel del mar en la parte más baja de las pequeñas montañas colindantes, por lo que las tormentas de invierno, muy características de la isla, iban a causar inundaciones con total seguridad”, cuenta Alex. Además, las tiendas empleadas no estaban preparadas para soportar viento, lluvia ni frío: “Originalmente, las tiendas utilizadas pertecenían a UNHCR (ACNUR, en sus siglas en español) y estaban destinadas a los campos de refugiados en Jordania. Eran endebles, de materiales finos, y no tenían suelo. Estamos hablando de finales de septiembre, coincidiendo con el inicio del invierno. La planificación inicial de este campamento es la peor que he visto en mi vida”, relata el joven. “Una vez se finalizó la primera fase de la construcción, con miles de personas ya instaladas en las tiendas, las autoridades nos permitieron acceder al recinto para comenzar a mejorar la habitabilidad y ofrecer toda la asistencia posible a los residentes. Y desde entonces no hemos parado hasta el día de hoy. A su vez, la dirección del campamento se dió cuenta de que la dramática situación durante el invierno de 2020 no podía volver a repetirse este año. Muy poco a poco las tiendas fueron sustituídas, se instalaron suelos, aseos, duchas, cadenas de distribución de comida y un largo etcétera de elementos esenciales para la vida que debieron estar ahí desde el primer momento”, cuenta el joven.

Mélodie, que comenzó a trabajar con la organización Greek Council for Refugees tras su paso por MSF, lleva varios meses acompañando y asesorando a las familias residentes en el nuevo campamento. Considera que aún hay mucho trabajo por hacer, pero reconoce que la situación ha cambiado bastante en el último año: “Cuando el nuevo campamento fue construído, la gente tenía miedo de entrar. Muchos fueron forzados a ingresar, porque preferían continuar viviendo en la calle y durmiendo al raso antes que volver a vivir los horrores acontecidos en Moria”. Y destaca algo positivo entre todas las cosas aún por mejorar: “En el nuevo campamento, hay muchísima más seguridad en todos los aspectos. Hay mucho más control de acceso, más vigilancia, más presencia de las autoridades, lo que ha llevado al lugar a ser mucho más tranquilo. Hay muchas menos situaciones desfavorables para los solicitantes de asilo, como peleas, robos o agresiones sexuales, que eran situaciones relativamente comunes en el antiguo campo de Moria”, dice la trabajadora.

Los testimonios de Alex y Mélodie son sólo la punta de un iceberg que ha hundido los sueños y aspiraciones de decenas de miles de personas que abandonaron sus hogares para preservar su vida. Casi siete años han pasado desde el estallido de la mal llamada crisis de los refugiados y su situación al llegar a Europa sigue siendo tan precaria y denigrante como lo era en aquel entonces. Y todos somos, en mayor o menor medida, cómplices de la incuestionable existencia de un infierno a las puertas de Europa.

“Querida doctora Merkel, es usted la primera jefa de gobierno democrática en Alemania, ésa es una fuerte señal para muchas mujeres, y ciertamente también para algunos hombres”. Con esas palaras dio la bienvenida el presidente del Bundestag, Norbert Lammert, a la recién elegida canciller el 22 de noviembre de 2005. Lammert no podía saber entonces que la doctora Merkel –investigaba en química cuántica antes de entrar en política– iba a igualar –y puede que superar, si no se forma gobierno hasta diciembre– los 16 años que Helmut Kohl pasó en el poder. Konrad Adenauer, el primer canciller de la Alemania democrática y padre fundador de la UE, se quedó en 14. Cuatro mandatos en los que Angela Merkel ha gobernado en coalición, tres con los socialdemócratas del SPD y uno con los liberales del FDP. Y en los que ha lidiado con dos de las mayores crisis de los últimos 100 años: primero la financiera y su resaca europea, después la pandemia del coronavirus.

En tanto tiempo, quien empezó como la niña de Kohl se transformó en una Mutti (mamá) para sus compatriotas, pero también en la canciller de la austeridad implacable, en el tanque que dominaba la política europea con su potencia y ortodoxia económicas. Resulta fácil, por tanto, caer en la tentación de convertir a Angela Dorothea Merkel –su nombre completo– en la canciller de hierro. En realidad, es la antítesis de otra mujer en su mismo espectro ideológico y similar apodo férreo, Margaret Thatcher. La alemana está muy lejos de la arrogancia y la inflexibilidad dogmática de la británica, que pasó 11 años al frente del Gobierno, pero salió de él con los índices de popularidad por los suelos y apuñalada por su propio partido. Dimitió el mismo día que Lammert saludaba a Merkel en Berlín, sólo que 15 años antes.

Se la ha tachado de insulsa y poco emotiva, y es el origen de un neologismo, el verbo merkeln, como sinónimo de no tener una opinión definida o ser vacilante. Aunque, en la hora de su marcha, también se le prodigan los elogios por su eficiencia y sensatez, al tiempo que se destaca la dificultad con la que se están enfrentando sus posibles sucesores para aparecer tan confiables ante los votantes como lo ha sido la canciller.

Lejos quedan en la memoria los días en que Angela Merkel, y su ministro de Finanzas, Wolfgang Schäuble, capitaneaban sin misericordia los cruentos rescates a Grecia, España y Portugal e Irlanda. Ni un euro para los manirrotos del sur si no era a cambio de unos recortes que se vendieron como reformas y que han precarizado las condiciones de vida de millones de ciudadanos durante años. Alemania aplicaba una mezcla de superioridad moral y dogmatismo económico con la vista siempre puesta en asegurarse al votante alemán, aterrado de perder sus ahorros por culpa de unos países endeudadísimos que se gastaban el dinero en “alcohol y mujeres y luego pedían ayuda”“alcohol y mujeres y luego pedían ayuda”, por utilizar las palabras del presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, holandés, socialdemócrata, pero el mayor aliado de las políticas austericidas de Schäuble.

Tan encarnizada fue la pelea que en octubre de 2012 Angela Merkel fue recibida en Grecia con carteles de “No al cuarto Reich” en las manifestaciones y caricaturas de Adolf Hitler en los periódicos. El PIB griego no dejó de caer desde 2008 hasta 2016, ocho años en los que la economía del país perdió un 28% de su riqueza. Pese a su recuperación desde entonces, aún es el 76% de lo que registraba su contabilidad nacional antes de la crisis y el rescate europeo. Salarios hundidos, tasas de paro que compiten con las españolas, recortes criminales en la sanidad y en la educación son algunas de las huellas dejadas en Grecia por una política pensada para el beneficio de la economía alemana.

Hasta The Economist, la biblia del liberalismo, apuntaba en 2012 a la canciller alemana con una portada que reproducía un barco con el nombre “la economía mundial” hundiéndose en el océano y del que sale un bocadillo de tebeo: “Por favor, ¿podemos encender ahora los motores, señora Merkel?”.

En cuestiones alejadas de la economía, Merkel ha sido mucho más flexible. Tras el desastre nuclear en Fukushima, consciente de que la preocupación por el medio ambiente se extendía en Alemania y el partido de Los Verdes podía capitalizarla, dio la campanada al anunciar en marzo de 2011 que suspendía la extensión –recién aprobada– de la vida de las centrales nucleares. Pese a que ella misma las había defendido antes. La última se apagará el próximo año. Otro tanto ocurrió con la unión homosexual, cuya legalización el partido conversador había bloqueado durante años. Merkel incluso votó en contra en el Bundestag, pero dio libertad a sus diputados para que decidieran en conciencia. La medida fue aprobada en 2017. Según dijo entonces, consideraba que traería “más cohesión y paz social”. También es obra de la canciller la supresión del servicio militar obligatorio en diciembre de 2010, a la que siempre se había opuesto la CDU.

Después del “Wir schaffen das”

Mucha mayor repercusión tuvieron sus decisiones sobre política migratoria en 2015. Cuando más de un millón de personas expulsadas por la guerra de Siria y la violencia en Afganistán e Irak pedían refugio en Europa, Angela Merkel abrió las puertas a casi 900.000 sólo ese año. “Wir schaffen das” (“Podemos hacerlo”) fue la frase que acompañó el anuncio. La revista Time la nombró Persona del Año. La mujer sin empatía que contestó a una niña palestina envuelta en lágrimas que quizá tendría que volver a Líbano, tras años viviendo en Alemania, porque “el país no puede acoger a todos”, adoptaba una política humanitaria. Cierto que también impulsó un año después la firma del controvertido acuerdo con Turquía por el que el país de Tayyip Erdogan ha recibido ya de la UE 6.000 millones de euros a cambio de atender en su territorio a cuatro millones de refugiados que así no pisarán suelo europeo.

De esta forma, Alemania ha sido el país de la UE que ha acogido más refugiados –más de millón y medio, España sólo a 4.900–, cuya integración y contribución a la economía nacional son motivo de elogio. Pero esa generosidad tuvo una consecuencia indeseada: el despertar de la ultraderecha, xenófoba y racista, que cristalizó en Alternative für Deutschland (AfD). Al igual que luego Vox en España, la AfD primero entró en los parlamentos de los länder y finalmente accedió al Bundestag en 2017 como tercera fuerza política, con 94 escaños.

En lo que sí se ha mostrado inflexible Merkel es en el cordón sanitario a la AfD. A diferencia de lo que han hecho en España el PP y Ciudadanos, la CDU ha repudiado al partido de extrema derecha sin titubeos. Merkel pareció incluso haber abandonado su contención emocional cuando en noviembre de 2019, apremió al Bundestag a oponerse al “discurso extremista”. “De otra manera, nuestra sociedad no volverá a ser la sociedad libre que es”, advirtió a los diputados, entre los que se encontraban los 88 de la AfD. “Expresar una opinión no tiene coste cero. La libertad de expresión tiene sus límites y esos límites comienzan cuando se propaga el odio. Empiezan cuando la dignidad de otra persona es violada”, proclamó taxativa y enérgica. La misma contundencia con que tres meses más tarde rechazó el pacto al que había llegado la CDU con la AfD para hacer presidente de Turingia a un candidato del FDP, rompiendo así el veto a la extrema derecha: “Fue un mal día para la democracia. Fue un mal día para la CDU”. Pocos días después, el liberal dimitió y el aspirante del izquierdista Die Linke fue designado presidente de este land del este de Alemania.

Esta vez sí se puede gastar

La última gran crisis de su último mandato, la pandemia del covid-19, volvió a mostrar la cara humana de Merkel, también la cara confiable. Sus didácticas explicaciones sobre el virus, en las que pudo hacer gala de su preparación científica, dieron la vuelta al mundo a caballo de las redes sociales. “No puede ser que antes de navidades tengamos muchos contactos y después sean las últimas fiestas que pases con tus abuelos”, alertó de nuevo en el Bundestag. La canciller lidió bien en la primera fase de la pandemia, cuando Alemania evitó las terribles cifras de contagios y muertos de España o Italia. Con el tiempo, las dificultades para poner de acuerdo a los länder sobre las restriccionesimpactaron en la gestión de la pandemia. También ha tenido que bregar contra los negacionistas del virus, aliados con la extrema derecha a la hora de atacar las mascarillas y las vacunas como amenazas a la libertad individual.

Con los fondos de recuperación, los miles de millones de euros que la UE va a destinar a combatir la crisis económica causada por el virus, Angela Merkel no ha aplicado la ortodoxia de la anterior crisis. De momento, ha dejado a un lado la alergia alemana a gastar, consciente de la excepcionalidad de la crisis. Tanto de puertas adentro, suspendiendo temporalmente la regla del schwarze nullschwarze null –incorporado en la Ley Fundamental alemana y que prohíbe aumentar el déficit público por encima del 0,35% del PIB– como en territorio comunitario. Aunque mantuvo su rechazo a mutualizar la deuda para hacer frente al daño económico provocado por la pandemia emitiendo coronabonos. La política europea no ha sido precisamente la protagonista de la campaña electoral alemana. Pero los conservadores tienen en principio más prisa por volver a la disciplina fiscal que los socialdemócratas. Y ya han empezado a sonar los primeros avisos para que ese regreso se decida cuanto antes.

Futuro

Angela Merkel deja una Alemania con el paro casi a niveles de prepandémica –un 5,5%–, pero con un mercado de trabajo precarizado donde la crisis se ha cebado en quienes vivían de un minijob, los contratos a tiempo parcial por 400 euros. El virus ha destruido casi 900.000 de estos puestos, ocupados sobre todo por mujeres y jubilados con pensiones bajas. Queda pendiente el reto de la digitalización y de unas infraestructuras que piden a gritos nuevas inversiones. La alemana ejerció también de contrapunto absoluto del estrambótico y excesivo Donald Trump, erigiéndose en la líder europea frente al America first, hoy ya en el olvido, que dinamitaba los acuerdos internacionales sobre el clima o el comercio internacional.

A partir de ahora, una vez retirada, la doctora Merkel sólo ha adelantado que en principio se dedicará a leer. “Se me cerrarán los ojos, porque estoy cansada. Entonces trataré de dormir un poco, y luego veremos dónde aparezco”, explicó en cierta ocasión, según publica Deutsche Welle, que cifra su pensión en 15.000 euros mensuales. Su antecesor, Gerhard Schröder, fundó una consultora y se ha dedicado desde entonces a una polémica labor de lobista, contratado por la empresa constructora del gasoducto Nord Stream, filial de la rusa Gazprom. Otro excanciller, Helmut Schmidt, se convirtió en un carísimo conferenciante. De la discreta Merkel no serán de esperar, ni de lejos, estridencias semejantes.

Otoño de 2015. Òscar Camps (Eduard Fernández) y Gerard Canals (Dani Rovira) trabajan como socorristas en Badalona y deciden, a raíz de la foto de un niño ahogado en una playa turca, desplazarse hasta Lesbos para ejercer labores de rescate en un contexto de crisis migratoria sin precedentes. Mediterráneo, cada vida cuenta toca la fibra del espectador desde el primer segundo hasta el último suspiro, realizando un recorrido por lo que sería el detonante de la creación de Open Arms. La ONG asistió a más de 100.000 personas en su llegada a las costas griegas entre aquel otoño y la primavera de 2016 y su repercusión imprimió la dramática situación en las aguas de la isla en la mente de muchos ciudadanos que hasta entonces sólo habían conocido cifras y alguna que otra imagen de la catástrofe. La película llega a la gran pantalla este viernes 24 con un preestreno solidario en cines a nivel nacional, cuyos beneficios íntegros serán destinados a los trabajos de Open Arms en el Mediterráneo central.

El filme, dirigido por Marcel Barrena y preparado a lo largo de cinco años, refleja con precisión milimétrica el caos vivido en aquella época y el trabajo esencial de estos socorristas cuando los grandes medios aún no estaban genuinamente interesados en lo que estaba sucediendo. Recoge dos de los episodios que dieron un (pequeño) vuelco a la inacción institucional y mediática en las islas del mar Egeo: la foto del niño Aylan y el naufragio del 28 de octubre de 2015, que se saldó con unas 240 personas rescatadas y un número de fallecidos sin determinar. Esa fecha tiene una significación muy grande para el mundo humanitario y son muchas las organizaciones que aún trabajan sobre el terreno y rinden homenaje cada año a quienes no salieron de aquel cementerio marino con vida.

Desde el inicio del desarrollo del guión la idea era rodar en las mismas localizaciones en las que la historia real tuvo lugar, en la pequeña villa de Skala Sykaminèas y el restaurante To Kyma, que fue el centro de coordinación de la ONG hasta su desplazamiento a aguas del Mediterráneo central. Òscar Camps, en conversación con infoLibre, cuenta cómo se gestó su marcha de Lesbos: "En marzo de 2016, la Unión Europea decidió firmar el acuerdo con Turquía para bloquear la salida de refugiados desde sus costas. Hasta entonces se notaba cierta connivencia entre los guardacostas turcos y las salidas de embarcaciones, porque era imposible esconder a las 6.000 personas que salían cada día de esas zonas. A partir de ese momento se redujo mucho el flujo migratorio y la presión pasó al Mediterráneo central, cuya ruta marítima es mucho más larga y peligrosa que la establecida entre Turquía y Grecia". En ese momento tomaron la decisión de mover sus operaciones, consiguieron un velero y se lanzaron al mar entre las costas de Italia, Malta y Libia. "Nuestra embarcación no estaba preparada para realizar rescates, pero lo adecuamos lo mejor posible y con eso nos fuimos al Mediterráneo central. Y sólo con el velero conseguimos rescatar a 14.000 personas", cuenta desde el otro lado del teléfono.

Cabe destacar que, tras la marcha de Open Arms a realizar tareas humanitarias en la ruta migratoria proveniente de Libia, To Kyma y Skala Sykamineas continuaron siendo la piedra angular de las operaciones de salvamento y recepción en la zona norte de la isla, donde Refugee Rescue recogió el testigo de los socorristas catalanes en coordinación con Lighthouse Relief, ONG de asistencia primaria en tierra establecida en el norte unos meses antes de la llegada de Camps y Canals. Desde el estallido de la pandemia, y coincidiendo también con el aumento de agresiones y manifestaciones anti-refugiados, ambas ONG se retiraron de la costa norte. Camps asegura que por el momento Open Arms no tiene planeado volver a sus orígenes pero no cierra "ninguna puerta": "Ha habido momentos en estos años en los que hemos estado muy solos, con el resto de barcos de rescate bloqueados por distintas razones. No podemos abandonar el Mediterráneo central", dice. Pero a continuación matiza: "No cerramos nada, dejamos todas las puertas abiertas. Nuestro problema actual es que la crisis nos ha golpeado mucho en lo económico y nuestras donaciones han caído en picado. Estamos en un momento de precariedad en el que nos cuesta financiar nuestras labores de rescate y eso dificulta mucho explorar otros horizontes". Y hace un llamamiento a la solidaridad para poder continuar salvando vidas día tras día allá donde puedan ayudar: "Necesitamos que las personas rescaten en cierto modo a Open Arms para que Open Arms pueda seguir rescatando a otras personas", dice el fundador de la organización humanitaria.

Una película cargada de realidad: 1.000 refugiados reales participaron en el rodaje

Marcel Barrena describe los inicios de esta idea y algunas claves de cómo se llevó a cabo. Conversando con infoLibre cuenta que todo empezó tras el rodaje de 100 metros, protagonizada por Dani Rovira bajo su dirección. "Un día leí una noticia en la que el fundador de Open Arms, Òscar Camps, hablaba de lo que estaba ocurriendo. Era tan bestia que sentí la necesidad de contarlo, llamé a Dani (Rovira) y ambos estuvimos de acuerdo en tratar de dar forma a una película que recogiera lo que estaba pasando. Dos días después estábamos reunidos con Òscar (Camps), que desde el primer momento se implicó al máximo con la idea". El director también destaca que el filme es fruto de la colaboración greco-española y ha contado con el apoyo y participación de la productora audiovisual griega Heretic.

Realizaron diversos viajes a Lesbos, en ocasiones acompañados por el equipo de Open Arms, para desarrollar el guión, la puesta en escena y el rodaje, ya que el objetivo era relatar una realidad difícil de producir, por parte del equipo, y difícil de digerir, por parte del elenco y el público general. Y el máximo exponente de esa realidad llevada a la ficción es que los personajes de refugiados, tanto en tierra como en las escenas de hundimientos, naufragios y desembarcos, son interpretadas por refugiados reales que un día, no tanto tiempo atrás, habían vivido de primera mano esas situaciones. Aunque por momentos pareció que no iba a ser posible: "En un principio los psicólogos de diferentes organizaciones nos indicaron que no era buena idea porque las personas arrastran traumas muy fuertes de sus viajes. Pero eventualmente hicimos la propuesta y hubo cientos de refugiados que se ofrecieron voluntarios para participar. Tenían la necesidad de contar su historia, de crear memoria y esto ha dado a la película un alma especial", cuenta el director. Según relata, los migrantes fueron parte activa "en la planificación de diversas escenas basándose en su propia experiencia".

Cambios en el plan de rodaje tras la escalada de tensión promovida por la extrema derecha

Desde el equipo de la película se decidió abandonar la idea inicial de rodar en el norte de Lesbos y los escenarios de grabación se sustituyeron por lugares ficticios en otros enclaves, tanto en la isla como en la capital griega, Atenas. ¿Por qué? Según cuenta el director, un tiempo antes del inicio del rodaje tuvieron que cambiar de localizaciones, en un contexto de alta tensión promovida por grupos de ciudadanos y determinadas organizaciones de corte ultraderechista en la isla: "En el último viaje que hicimos empezaron a haber manifestaciones pro-nazis en contra de los refugiados. La cosa estaba muy mal, había muchísimas fuerzas de seguridad desplegadas en las calles de la isla, y los productores griegos dijeron que no se podía rodar allí porque estaba habiendo incluso ataques de la población civil a los refugiados. Me dio mucha pena, pero intentamos mantener la esencia de lo que queríamos rodar en la costa norte".

Meses más tarde, mientras el equipo rodaba secuencias en Atenas, el campo de refugiados de Moria quedaría reducido a cenizas y las zonas aledañas serían rodeadas por ciudadanos contrarios a la presencia de refugiados. Y, como contexto, tampoco se deben olvidar los episodios de violencia que tuvieron lugar unas semanas antes, coincidiendo con el estallido de la pandemia de covid-19. En marzo de 2020, alentados en parte por determinadas instituciones, grupos de extrema derecha prendieron fuego al único campamento de emergencia de toda la isla situado junto a Skala Sykamineas, ardió la zona de la escuela infantil de la ONG One Happy Family en circunstancias que nunca fueron esclarecidas y se sucedieron multitud de agresiones contra refugiados y voluntarios realizando labores humanitarias.

Preestreno solidario y candidata a representar a España en los Oscar

Este viernes 24 la película se preestrena en diversas salas de Cinesa. La compañía se ha adherido a la iniciativa de Open Arms, Desde este cine se ve el mar. Preestrenos que salvan vidas, y todos los beneficios que se recauden serán destinados íntegramente a los trabajos de la ONG en el Mediterráneo. Y llegará a las carteleras españolas de forma oficial el próximo 1 de octubre.

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas ha seleccionado la película como contendiente para representar a España en la gala de los Oscar. Competirá con Almas paralelas, dirigida por Pedro Almodóvar, y El buen patrón, de Fernando León. El próximo 5 de octubre se anunciará el título que defenderá la industria de cine nacional en los premios de Hollywood, aunque Marcel Barrena asegura que el simple hecho de haber sido seleccionada es una victoria: "He aprendido cada día realizando este proyecto. A nivel personal y emocional pude ver una realidad que hasta entonces sólo había visto en los telediarios, y eso es lo que le queremos transmitir al público, acercarlos a esa realidad como si estuvieran sobre el terreno". Y añade: "Si al gran público lo ayudamos a que recuerde que detrás de cada refugiado hay una persona, que tienen que huir y buscar otro sitio, consideraremos que el filme es un éxito. Que logremos que la gente se plantee qué está viviendo una persona en su tierra para decidir que lanzarse al mar, meter a tu bebé en un bote de goma, es una buena idea". El director espera que con la llegada a los cines el público pueda ponerse en la piel de todas las personas que se representan en la película. Porque como dice el título: Cada vida cuenta.

El alto representante para la Política Exterior de la Unión Europea y vicepresidente de la Comisión, Josep Borrell, ha señalado este miércoles que no cree que la situación en Afganistán vaya a producir una crisis de refugiados como la que sucedió en Siria en los años 2015 y 2016, según informa Europa Press. "No creo que tengamos una avalancha de dos millones de personas intentando pasar las fronteras", ha opinado Borrell en declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, debido a que la mayoría de la gente en Afganistán es "muy pobre", vive en zonas de "montaña" y , a su juicio, no tienen "fuerzas" para migrar.

Para Borrell, esta condición, unida a la lejanía, Afganistán está unos 5.000 km más lejos de Europa que Siria, harán que el fenómeno migratorio sea de "decenas de miles" y no de "centenares de miles" y acotado a las clases media de las ciudades que han crecido durante los 20 años en que las tropas occidentales estuvieron en el país y que además, preferirían ir, según ha apuntado, a países como Estados Unidos, Canadá y Australia y "no a Europa".

A pesar de todo, Borrell, ha insistido en que Europa tiene la "obligación moral" con "mucha gente" de ayudarles a salir del país porque han estado trabajando conjuntamente para construir un Afganistán "como quisiéramos" con respeto a los derechos humanos y a las mujeres y ese "compromiso" les puede "salir caro".

Pide hablar de "exiliados" y no de migrantes

Respecto a estos colaboradores, Borrell ha pedido hablar de "exiliados" y no de "migrantes" porque salen del país para salvar su vida. "¿A los españoles que huyeron en el 39 les hubiéramos llamado migrantes?", se ha preguntado. "Pues los afganos de los que estamos hablando igual", ha zanjado.

En esta misma línea, ha apuntado que siempre ha pensado que el problema de la inmigración es el "más poderosos disolvente de la UE", porque entorno a él hay posiciones antagónicas y ha criticado que "algunos países", siempre que desde las instituciones europeas se pide acoger a afganos, reclaman tener cuidado en no hacer "efecto llamada". Sin embargo, ha reconocido que la UE no tiene la capacidad de recepción para acoger a todos los que querrían abandonar Afganistán.

Por eso, según ha señalado, la acogida se ha limitado a los colaboradores con Occidente y ha asegurado que "sobre esos" no piensa que nadie se atreva "al menos públicamente" a rechazar su llegada y decir "que se espabilen, no queremos saber nada".