Asesinatos, destrucción de viviendas, coches, bienes agrícolas… Desde el 7 de octubre de 2023, la violencia colonial se ha disparado en la Cisjordania ocupada, donde viven ilegalmente más de 750.000 israelíes. En 2025 ya había alcanzado un nivel sin precedentes en dos décadas. A lo largo de ese año fueron asesinados ocho palestinos por colonos israelíes. 2026 se perfila como aún más mortífero: en apenas cuatro meses ya han sido asesinados al menos diez palestinos por extremistas judíos.

Los últimos asesinatos tuvieron lugar esta semana, en la provincia de Ramala. El martes 21 de abril, Aous Hamdi Al-Nassan, de 14 años, y Jihad Marzouq Abou Naïm, de 32, murieron por los disparos de un colono armado con un fusil de asalto en la aldea de Al-Mughayyir. Al día siguiente, el miércoles 22 de abril, en circunstancias similares, Awda Atef Awawdeh, de 25 años, falleció a causa de sus heridas tras haber sido tiroteado en Deir Dibwan.

En Al-Mughayyir, Aous Hamdi Al-Nassan y Jihad Marzouq Abou Naïm cayeron frente a la escuela de niños, cerca de la entrada del pueblo, un lugar donde “no hay civiles israelíes, ni colonias, ni carreteras israelíes”, aseguró a AFP el alcalde del municipio, Amin Abou Alia. “Cualquier colono que se acerque a esta zona lo hace con la intención de causar daño”, denunció. En 2019, el padre de Aous, Hamdi Al-Nassan, corrió la misma trágica suerte: fue abatido por colonos cuando acudía en ayuda de unos heridos. El adolescente se suma a la lista de más de 230 víctimas menores de edad asesinadas desde el 7 de octubre de 2023 por colonos o por el ejército israelí en Cisjordania.

Su pueblo, situado principalmente en la zona C, es decir, bajo control total israelí, es emblemático de la asfixia colonial que se está produciendo en Cisjordania, con el objetivo de acaparar las tierras palestinas. Rodeado por cerca de una decena de puestos avanzados, esos asentamientos ilegales que se expanden y fragmentan el territorio palestino, Al-Mughayyir sufre ataques casi a diario, varios de ellos de gran envergadura, como en abril de 2024, cuando los colonos asaltaron la localidad durante tres días, o en agosto de 2025, cuando el ejército israelí arrancó cientos de olivos.

En Deir Dibwan, el ejército israelí afirmó haber entregado a la policía “a civiles israelíes que habían entrado en la zona sin autorización previa” e informó de que detuvo “a sospechosos palestinos implicados en el lanzamiento de piedras contra civiles israelíes, que a continuación fueron puestos en libertad”. Aseguró, además, haber recibido posteriormente un aviso sobre un palestino muerto por disparos y que la policía abrió una investigación.

El ejército de Israel afirmó que envió soldados a Al-Mughayyir tras recibir un aviso de lanzamiento de piedras “contra un vehículo israelí que transportaba a varios civiles, entre ellos un soldado de la reserva, quien salió del vehículo y abrió fuego contra los sospechosos presentes en la zona”. “A su llegada, los soldados intervinieron para dispersar los violentos enfrentamientos en la zona”, añadió el ejército, sin dar más detalles e indicando que “el incidente está siendo investigado”.

Los habitantes ofrecen otra versión, la de ataques selectivos por parte de colonos cada vez más brutales, armados con palos, porras, cócteles molotov y armas pesadas, aprovechándose de la impunidad de la que gozan, a menudo bajo la protección o con el apoyo del ejército israelí. Como ha demostrado recientemente el diario británico The Guardian, más del 96% de las investigaciones contra los colonos se archivan sin más y no se ha iniciado ningún proceso judicial desde 2020, mientras han sido asesinados más de 1.100 palestinos, de los cuales al menos una cuarta parte son menores.

Desde el inicio de la guerra entre Israel y Estados Unidos contra Irán, el 28 de febrero pasado, la violencia se ha intensificado aún más en todo el territorio. La Autoridad Palestina ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional: “Es hora de actuar para poner fin al terrorismo de los colonos.”

A mediados de marzo, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OHCHR, por sus siglas en inglés) denunció la existencia de “una estrategia estatal coordinada”, en la que las autoridades israelíes desempeñan “un papel central”. Este organismo alertó de que desplazamientos en Cisjordania, “que coinciden con el desplazamiento masivo de palestinos a Gaza”, “parecen indicar una política israelí concertada de traslado forzoso masivo” en el conjunto de los territorios ocupados, lo que suscita “preocupaciones respecto a una limpieza étnica”. Entre noviembre de 2024 y octubre de 2025, la expansión de los asentamientos provocó “el desplazamiento de más de 36.000 palestinos en la Cisjordania ocupada”, una expulsión de una magnitud sin precedentes.

La violencia de los colonos constituye un factor principal del desplazamiento forzoso, como atestiguan los informes de varias ONG. El 20 de abril, el Consejo Noruego para los Refugiados (Norwegian Refugee Council, NRC) publicó un estudio demoledor que documenta especialmente el uso de la violencia sexual como arma para empujar a las comunidades palestinas a abandonar sus tierras. Se han registrado múltiples formas de agresión, como la desnudez forzada, exhibición de los genitales ante menores o amenazas de violación.

Bajo la presión constante y ante el riesgo creciente, las familias adoptan estrategias extremas: “Muchas se separan, enviando a las mujeres y a los niños a otros lugares, y los hombres se quedan para proteger las casas y el ganado —un patrón que a menudo precede al desplazamiento total”, describe el informe. “Otras sacan a sus hijas de la escuela u organizan matrimonios precoces para que tengan menos peligro”. El aumento de esta violencia ha llevado a más de dos tercios de las cerca de 100 personas entrevistadas a abandonar sus hogares.

“Lo que me llevó a tomar la decisión de mudarme fue el acoso que sufrían mi mujer, mis hijas y mi nuera”, testifica un hombre entrevistado en el informe. “Los colonos empezaron a acercarse cuando mi hijo y yo nos íbamos a trabajar. Vigilaban de cerca a las mujeres, silbaban cuando salían de los refugios a plena luz del día y nos lanzaban piedras por la noche. Me aterrorizaba la idea de que le pudiera pasar algo grave a mi familia debido a esta violencia constante de los colonos durante mi ausencia”. “Lo mejor que hice fue enviar a mi hija a vivir con su abuela a la ciudad, porque temía por ella”, cuenta una madre de familia.

En la provincia de Belén, dos chicos de 15 años que cuidaban del ganado fueron atacados por colonos, golpeados, atados y desnudados. A uno de ellos le rociaron con orina y al otro le rompieron una pierna. En otra comunidad beduina palestina, en el valle del Jordán, un palestino fue víctima de una grave agresión sexual delante de su familia.

El estallido de violencia es tal que cada vez son más las voces que se alzan en Israel para denunciar “el terrorismo judío”, pero más por razones de seguridad y estratégicas que humanitarias. Son las de políticos como Yaïr Golan, líder de la alianza de izquierda Los Demócratas, o Yaïr Lapid, líder de la oposición centrista. O las de influyentes religiosos como los miembros de la asociación Rabinos por los Derechos Humanos o de antiguos responsables de seguridad en Israel. A finales de marzo, la asociación Comandantes por la Seguridad de Israel, que agrupa a 550 oficiales superiores, generales retirados y ex altos responsables de los servicios de seguridad, interpeló en una carta abierta al jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, sobre el “peligro estratégico” que representa el “terrorismo judío”. Eyal Zamir reconoció que se trata de actos de violencia “moral y éticamente inaceptables”.

Para Amnistía Internacional, estos actos de violencia forman parte del proyecto de anexión por la fuerza de Palestina por parte de Israel. “La expansión acelerada de los asentamientos ilegales y el recrudecimiento de la violencia y los delitos respaldados por el Estado [israelí], atribuibles a los colonos en la Cisjordania ocupada, ponen de manifiesto la catastrófica incapacidad de la comunidad internacional para tomar medidas decisivas”, condena la ONG. Critica, en particular, la inacción de terceros Estados, que “no respetan sus obligaciones jurídicas, negándose a utilizar las herramientas a su disposición, como la suspensión del Acuerdo de Asociación entre la UE e Israel, con el fin de disuadir a Tel Aviv de continuar con su programa ilegal”.

El pasado 20 de abril, los Veintisiete fueron incapaces de hablar con una sola voz para frenar la empresa genocida del Gobierno de Netanyahu. El presidente francés Emmanuel Macron, aunque reconoció que la suspensión del acuerdo era una “cuestión legítima” en caso de que Israel “continúe con esta política que contraviene su historia”, declaró que “no es el momento de precipitar una confrontación cuando hace unos días Israel ha aceptado un alto el fuego para el Líbano y se comprometió a entablar conversaciones,”.

Traducción de Miguel López

Colonos israelíes perpetraron en 12 meses 1.700 agresiones violentas contra palestinos en Cisjordania, denunció este martes un informe de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, que también consideró el masivo traslado forzoso de civiles en ese territorio un posible indicio de "limpieza étnica".

Las autoridades israelíes dirigieron, participaron o autorizaron esta violencia, aseguró el informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos por la alta comisionada adjunta Nada Al-Nashif, y que cubre el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2024 y el 31 de octubre de 2025.

En ese periodo, resumió la "número dos" de derechos humanos de la ONU, hubo un marcado aumento de la violencia y de los asentamientos, como parte de la estrategia del Gobierno israelí para "consolidar la anexión de grandes partes del Territorio Palestino Ocupado, sometiendo así a los palestinos a mayor opresión".

Unos 180 de los 1.700 ataques denunciados culminaron en palestinos asesinados o heridos, denunció un informe que confirmó al menos 14 muertes a manos de colonos, con o sin la participación de fuerzas israelíes.

Al-Nashif también denunció la impunidad de los ataques, ya que en el periodo estudiado sólo se presentaron acusaciones formales en un caso.

El informe también señaló que en el periodo cubierto se autorizó la construcción de 27.000 viviendas en Cisjordania, el triple que en los 12 meses anteriores, y se dictaron otras medidas que "según han dicho públicamente cargos israelíes, podrían enterrar definitivamente la idea de un Estado palestino".

Paralelamente se demolieron 1.700 estructuras, medidas que junto a las anteriores forman parte de una clara estrategia de "alterar la geografía y la demografía de Cisjordania, arrebatando a los palestinos de sus casas, tierras, recursos naturales y patrimonio cultural".

El desplazamiento de más de 36.000 palestinos en el periodo "constituye traslados forzosos prohibidos por el derecho internacional que hacen temer una limpieza étnica", aseguró Al-Nashif.

Al otro lado del teléfono se oye la voz de un “niño que ha dejado de serlo”, según dicen sus allegados. “Abrí la puerta del coche y pedí ayuda gritando: ‘¡Han matado a mi familia!’ Un soldado se acercó y me cogió del pelo. Me tiró al suelo gritando a sus compañeros: ‘¡Hemos matado a unos perros!’ Luego se arrodilló sobre mí y empezó a pegarme. También quiso pegarle a mi hermano pequeño, Mustafa. Me interpuse con todas mis fuerzas. Después, los soldados me metieron en un jeep. Me registraron y me preguntaron quién estaba conmigo en el coche. Respondí: mi madre, mi padre y mis hermanos. Me llamaron mentiroso”.

Jaled, de 11 años, cuenta a Mediapart, con voz monótona, el asesinato de su padre, Ali Bani Odeh, de 37 años, de su madre, Waed, de 35 años, de sus hermanos, Mohamed, de 5 años, y Othman, de 6 años, en la noche del sábado 14 al domingo 15 de marzo, por una unidad de la policía de fronteras, dependiente del mando central del ejército israelí.

Es esa misma unidad la que, el 27 de noviembre de 2025, fue filmada en Jenín ejecutando a quemarropa a dos palestinos que se habían rendido con las manos en alto, y cuyo comandante fue ascendido al día siguiente por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir.

La familia Odeh regresaba toda contenta a Tamún, donde vive, en el norte de la Cisjordania ocupada, tras haber cumplido uno de los rituales favoritos de los niños: comprar ropa nueva en Nablus, la gran ciudad, para celebrar la próxima fiesta del Eid al-Fitr, que marca el final del Ramadán, el mes de ayuno en la religión musulmana.

También habían celebrado el regreso del padre tras varias semanas de ausencia: trabajaba en una obra de construcción en Israel. En la parte trasera, los niños dormían o dormitaban cuando, hacia la 1:30, el coche fue ametrallado con fusiles de asalto al llegar a la localidad de 15.000 habitantes. El centenar de casquillos encontrados en el lugar da testimonio de la lluvia de disparos.

“Surgieron de la oscuridad unos hombres, de las calles de los alrededores, y nos dispararon sin previo aviso”, dice Jaled. Todo sucedió “tan rápido” que asegura que “no tuvo tiempo de sentir miedo”. Sentado en el asiento trasero, en el medio, su hermano Mohamed fue el primero en desplomarse. Murió en el acto. Luego fueron Othman y los padres.

Cuando oyó a su padre recitar la shuhada, la oración que atestigua su fe en el islam, y sobre todo cuando este le gritó: “Sé un hombre, hijo mío, la responsabilidad de nuestra familia recaerá sobre ti”, Jaled comprendió que estaba a punto de suceder lo irreversible.

Ahora es huérfano, superviviente del tiroteo junto a su último hermano, Mustafa, de 8 años, en la casa de los abuelos, que está en puro trasiego. La gente acude en masa desde los alrededores para presentarles sus condolencias. El domingo, cientos de personas acompañaron el cortejo fúnebre por la ciudad. Jaled está en estado de shock, de estupor. Recuerda las palabras, los gestos, los rostros, el único grito de su madre, el silencio de sus hermanos pequeños.

“Repite como un robot lo que la gente le dice: que debe ser un hombre, fuerte, que no necesita ver a un psicólogo, que su familia es mártir, que irá al paraíso, que el destino de nuestro pueblo es resistir. Pero es un niño que ha visto cómo ejecutaban a su familia ante sus ojos y que ve cómo se derrumba su mundo”, confiesa Fares Furqha, quien le acompaña durante nuestra entrevista e investiga para una ONG palestina las circunstancias de esta nueva tragedia en Cisjordania.

Para las autoridades israelíes fue “un incidente”, y dicen que se está llevando a cabo una investigación. Según ellas, los soldados israelíes, que llegaron a Tamún a primera hora del día, buscaban a militantes palestinos acusados de actividades terroristas. Al parecer, abrieron fuego para protegerse del padre de Jaled, que habría acelerado en su dirección.

“Una explicación absurda para encubrir el enésimo asesinato a sangre fría de personas inocentes”, denuncia Murad Jadallah, que fue investigador jurídico de la organización de derechos de los presos Addameer. “La familia Odeh no podía saber que había policías israelíes, pues estaban infiltrados, vestidos de civil, en vehículos con matrículas palestinas, según los testimonios”.

El lunes, más de treinta y seis horas después de los hechos, el departamento del Ministerio de Justicia encargado de investigar las faltas profesionales de la policía aún no había citado a los agentes implicados en este cuádruple asesinato, señalaba el diario Haaretz.

”El hecho de que los agentes infiltrados implicados en el incidente aún no hayan sido interrogados contrasta con la práctica habitual en casos similares”, escribe el diario israelí. “Por regla general, los agentes implicados en este tipo de incidentes son interrogados de inmediato para impedir que los sospechosos coordinen sus versiones o falsifiquen las pruebas en el lugar del crimen.”

Para Shawan Jabarin, director de Al-Haq, la ONG palestina de defensa de los derechos humanos más antigua, “no habrá justicia ni garantías procesales”. “La impunidad es total, tanto si eres militar como colono”, denuncia el activista. “Si disparas para matar a un palestino, no tienes nada que temer. Puede incluso que seas recompensado por tus superiores.”

Relata la proliferación de abusos y humillaciones perpetrados por los colonos y el ejército israelí en Cisjordania, la expansión de los asentamientos, las redadas en las casas palestinas, las detenciones arbitrarias de adultos y niños, los desplazamientos forzados de la población, la restricción de la libertad de movimiento, los robos de tierras y ganado, y la apropiación de los recursos hídricos.

“Cada vez que un acontecimiento llama la atención de los medios internacionales, los colonos y el ejército aprovechan para intensificar sus ataques”, señala Shawan Jabarin. “Lo vimos durante la pandemia del covid-19, después del 7 de octubre y ahora con la guerra contra Irán. Israel no solo quiere impedir la creación de un Estado palestino. Quiere empujarnos a marcharnos, a abandonar nuestras tierras. Vivimos lo que ya vivieron nuestros antepasados antes de 1948: la limpieza étnica de Palestina.”

“Vivimos aterrorizados. Ya no son pequeños grupos de colonos los que atacan un pueblo o a los palestinos”, coincide Murad Jadallah, “sino manadas enteras. Vienen cincuenta, cien, con armas pesadas, morteros de fragmentación y el apoyo y la protección del ejército.”

Desde el inicio de los bombardeos israelo-americanos sobre Irán el 28 de febrero, en Cisjordania han sido asesinados al menos once palestinos a manos de militares o colonos israelíes. A principios de marzo, en el espacio de una semana fueron asesinados cinco palestinos por supremacistas israelíes. Se suman a los cientos de muertos, entre ellos más de doscientos niños, asesinados desde el 7 de octubre de 2023 en este territorio ocupado desde 1967, que no deja de ser fragmentado por la colonización.

El martes 17 de marzo, la Organización de las Naciones Unidas instó a Israel a detener inmediatamente la expansión de sus colonias, que ha provocado el desplazamiento forzoso de más de 36.000 palestinos en un año. El informe de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos señala “una expulsión masiva de palestinos de una magnitud sin precedentes”, “que coincide con el desplazamiento masivo de palestinos en Gaza”, y que “parece indicar una política israelí concertada de traslado forzoso masivo” en todos los territorios ocupados, “lo que suscita preocupaciones respecto a una limpieza étnica”.

La zona C en particular, codiciada por la extrema derecha israelí y bajo control total de Israel en materia de seguridad y administración, que representa más del 60 % de la superficie de Cisjordania y concentra las mayores riquezas, se ha vuelto “inhabitable”, explica Shawan Jabarin. “Los ataques de los colonos son masivos y diarios. Decenas de comunidades beduinas han sido obligadas por los colonos a abandonar sus montañas.”

El activista se muestra preocupado por las restricciones de circulación en Cisjordania, aún más drásticas desde la guerra contra Irán. En las carreteras que utilizan los habitantes, las ambulancias y el tráfico comercial, Israel ha instalado cientos de barreras y puestos de control, lo que agrava la pesadilla diaria de desplazarse y dificulta las intervenciones de emergencia. “Cada barrio se ha convertido últimamente en una auténtica prisión, ya que incluso las carreteras de circunvalación y los caminos secundarios están cerrados con candados”, afirma Shawan Jabarin.

En la noche del sábado 14 al domingo 15 de marzo, las ambulancias tardaron más de veinte minutos en recibir autorización para intervenir, según la Media Luna Roja Palestina. “Toda una eternidad” para Jaled y Mustafa, heridos, que esperaban ser trasladados al hospital. Las personas que recuperaron los cuerpos de sus padres y hermanos, acribillados a balazos, sobre todo en la cabeza y la cara, tardaron aún más en obtener el visto bueno de las autoridades israelíes. Estas, en cambio, retiraron el coche a toda prisa, escenario del crimen.

Al soldado que lo había sacado violentamente del vehículo, Jaled le hizo una pregunta: “¿Quieres a tu madre y a tu padre?”. El militar respondió: “Sí”. Jaled le preguntó entonces: “¿Por qué habéis matado a mi madre y a mi padre?”. La respuesta fue una lluvia de golpes.

Desde el 28 de febrero, por primera vez y en pleno Ramadán, Israel mantiene cerrada la mezquita de Al-Aqsa, tercer lugar santo del islam, situada en Jerusalén Este, con el pretexto de la guerra contra Irán. Los fieles se ven obligados a rezar en las calles, fuera de los muros de la ciudad vieja de Jerusalén. Un cierre total, mientras que el acceso al Muro de las Lamentaciones, el lugar de oración más importante para los judíos, solo está restringido. Los fieles pueden rezar allí con un límite de cincuenta personas.

“Los israelíes nunca habían ido tan lejos”, condena Shawan Jabarin, director general de la ONG palestina Al-Haq. “No lo hacen por razones de seguridad, sino por motivos políticos e ideológicos. Quieren afianzar su dominio sobre los lugares sagrados y sentar un precedente para que Al-Aqsa quede reservada exclusivamente a los judíos, como hicieron en 1994 con la mezquita de Ibrahim, en la Cisjordania ocupada, en Hebrón, bajo control total israelí.” En aquel momento, tras la masacre de veintinueve fieles musulmanes a manos de colonos ese mismo año, el 63 % del recinto se asignó a los fieles judíos y el 37 % a los musulmanes.

Traducción de Miguel López

Un joven palestino de 17 años fue asesinado durante la noche del lunes por fuego israelí en Sinjil (gobernación de Ramala), con lo que ya son 14 los ejecutados por autoridades israelíes o por colonos ultranacionalistas judíos en los Territorios Palestinos ocupados desde que comenzara la guerra contra Irán, informó este martes el Ministerio de Salud palestino y recoge EFE.

 El organismo militar israelí que controla los territorios palestinos (COGAT) informó de la muerte del menor, llamado Salim Sami Salim Faqha, y de las "heridas moderadas sufridas por otro ciudadano a causa de las fuerzas de ocupación", dijo el ministerio palestino en un comunicado, en el que se refirió a la policía y el Ejército israelíes como los perpetradores.

La Media Luna Roja Palestina había declarado previamente que "las fuerzas de ocupación impidieron que sus equipos llegaran hasta el cruce de Sinjil", situado en el centro de Cisjordania.

Mientras, fuentes locales informaron de que las autoridades israelíes retuvieron el cuerpo e impidieron el acceso a la zona de los residentes y las ambulancias palestinas, según la agencia palestina de noticias Wafa.

La agencia añade que un gran contingente del ejército israelí había irrumpido antes en la localidad de Sinjil para realizar una redada.

En Cisjordania, ya son 14 los muertos en el repunte de violencia israelí contra la población palestina desde que comenzó la guerra con Irán, el 28 de febrero. Esta cifra supera las 12 víctimas mortales que han provocado los misiles de la República Islámica en Israel.

Entre los 14 fallecidos en Cisjordania se encontraba la familia Bani Odeh, de la que los progenitores -Ali (37 años) y Waad (35)- y dos de sus hijos, Otman (7 años) y Mohamed (5), fueron ejecutados a manos de la policía israelí hace dos días.

Ali y Waad volvían junto a sus hijos de intentar comprar ropa en la ciudad de Nablus (norte) tras romper juntos el ayuno del Ramadán. Al entrar de madrugada a la localidad de Tamún, se encontraron de frente con una operación de la policía israelí: los agentes abrieron fuego inmediatamente contra el vehículo.

En un comunicado emitido minutos después de conocerse el suceso, la Policía de Israel aseguró que sus agentes estaban llevando a cabo una operación de detenciones en Tamún cuando apareció el vehículo y aceleró hacia ellos. Ante lo que consideraron una "amenaza inmediata", los policías abrieron fuego.

EFE consultó tanto a la Policía de Israel como al Ejército por la actuación o si existía algún tipo de inteligencia que vinculara a alguien de la familia a grupos armados, a lo que no obtuvo respuesta o recibió comunicados sin relación con lo preguntado.

La organización israelí pro derechos humanos Breaking the Silence ha asegurado que "tras monitorizar la situación de terror colono durante décadas" en Cisjordania, pueden confirmar que "las dos últimas semanas, con el mundo mirando a Irán, están entre las más letales" registradas.

Varios colonos mataron a tiros este domingo a dos palestinos en la ciudad de Abu Falah, al noreste de Ramala (Cisjordania), informó el Ministerio de Sanidad palestino en un comunicado y recogió EFE.

Estas dos últimas muertes elevan a cinco los palestinos asesinados a manos de colonos desde el inicio de la guerra de Israel junto a Estados Unidos contra Irán, que ya ha cumplido más de una semana. Los fallecidos fueron identificados como Thaer Farouq Hamayel, de 24 años y Fares Jawdat Hamayel, de 57 años, según detalló Sanidad.

El Ejército israelí, por su parte, condenó en un comunicado "cualquier tipo de violencia", y aseguró que tras recibir la alerta de ataque "de civiles israelíes contra palestinos" enviaron a soldados y a agentes de la Policía Fronteriza a la zona.

"Al llegar al lugar, las fuerzas de seguridad actuaron para dispersar a los involucrados mediante dispersión de multitudes. Posteriormente, se informó de la muerte de dos palestinos a causa de disparos". El Ejército habla de un tercer muerto también por asfixia, según su nota.

Además, aseguró que, tras ser examinado el incidente por el Comandante del Comando Central, el General de División, Avi Bluth, junto a la Policía Fronteriza, se ha abierto una investigación penal. "Este incidente es inaceptable. Habrá tolerancia cero para los civiles que se tomen la justicia por su mano. Estas acciones son peligrosas, no representan al pueblo judío ni al Estado de Israel, y nos desvían de nuestra misión de defender a la población y combatir el terrorismo, a la vez que socavan la seguridad y la estabilidad en la zona", lamentó Bluth.

Y agregó que no se pueden permitir este tipo de episodios en medio de la guerra que Israel mantiene contra Irán y la milicia libanesa, Hizbulá.

"Especialmente en un momento en que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están atacando con mano firme a nuestros acérrimos enemigos, Irán y Hizbulá, no podemos permitir que la violencia interna descontrolada socave el estado de derecho y la seguridad de la región", indicó.

Estos nuevos ataques de colonos llegan después de que ayer sábado en Masafer Yatta, el compendio de aldeas localizadas en las colinas de Hebrón (sur de Cisjordania) y retratadas en el documental ganador del Óscar 2025 No Other Land, un colono israelí con uniforme militar matara a tiros a otro palestino.

Según confirmó a EFE la ONG israelí B'Tselem, el colono abrió fuego matando a Amir Muhamad Shanaran, de unos 28 años, e hiriendo de gravedad a su hermano mayor, algo confirmado también a Wafa a través de fuentes médicas.

Los ataques de colonos israelíes contra palestinos en Cisjordania ocupada se han disparado estos últimos días, en paralelo a la ofensiva bélica contra Irán -que Israel libra junto a EE.UU.- y lejos de la atención pública.

Según confirmo a EFE la ONG Yesh Din, solo durante los primeros cuatro días de guerra se documentaron al menos 50 casos de violencia por parte de colonos en 37 comunidades palestinas diferentes.

El Gobierno de Israel aprobó este domingo reabrir el proceso de registro de tierras en Cisjordania ocupada por primera vez desde 1967, lo que permitirá al Estado israelí registrar de forma vinculante y definitiva terreno de este territorio palestino, según un comunicado difundido a EFE por el Ministerio de Justicia.

"La propuesta aprobada constituye una verdadera revolución en Judea y Samaria (nombre bíblico con el que los nacionalistas israelíes se refieren a Cisjordania). La Tierra de Israel pertenece al pueblo de Israel. El Gobierno de Israel se compromete a fortalecer su control sobre todas sus partes", aseguró el titular de Justicia, Yaariv Levin, tras la aprobación de la medida, que promovió junto a las carteras de Defensa y Finanzas.

El objetivo de la medida es "el registro de extensas áreas" en Cisjordania a nombre del Estado israelí, mientras el Gobierno de Israel pasará a dotar a la autoridad gubernamental competente de presupuesto y equipos para llevar a cabo la colonización del terreno.

Justicia especifica en el comunicado que el proceso se aplicará en el Área C de Cisjordania, siendo esta la zona bajo dominio administrativo y militar israelí (abarca el 60 % del total del enclave).

La división por zonas, establecida en los Acuerdos de Oslo, estipula además un Área A bajo control administrativo y militar palestino (18 % del territorio); y un Área B, de administración palestina y control de seguridad israelí (22 %).

"Continuamos con la revolución de los asentamientos y la apropiación de tierras en todo nuestro país. Por primera vez desde la Guerra de los Seis Días, estamos restaurando el orden y la gobernanza en la gestión de las tierras de Judea y Samaria", dijo por su parte el ministro de Finanzas, el colono Bezalel Smotrich, según el comunicado.

Israel ocupó Cisjordania durante la Guerra de los Seis Días de 1967. A raíz de ello, el fiscal general militar israelí en el momento emitió una orden para suspender de inmediato estos procesos de titularidad en dicho territorio palestino, ya que estos contravienen el derecho internacional al ser Israel una potencia ocupante.

Israel Katz, titular de Defensa, reivindicó la medida como un movimiento "de seguridad y jurídico esencial, diseñado para asegurar control, su aplicación y la total libertad de acción del Estado de Israel en el territorio".

Además, la medida "permitirá al Ejército y el estamento de defensa actuar con determinación" en estas áreas de Cisjordania con tal de "salvaguardar los intereses nacionales" de Israel, agregó.

La ONG israelí Yesh Din explica que este proceso, conocido como la liquidación de títulos, se llevó a cabo en Palestina por el Mandato Británico (1920-1948) para determinar la propiedad de la tierra. Tras 1948, el reino de Jordania, que pasó a administrar Cisjordania, continuó el procedimiento.

"La regularización de la titularidad es un proceso mediante el cual se determina la titularidad de un terreno y se inscribe a nombre de los propietarios legítimos en el registro de la propiedad (conocido como tabú o tapú) de forma definitiva y vinculante", recogía Yesh Din en su página web el pasado septiembre.

"Una vez concluido, el proceso de registro es raramente reversible", sigue.

Y añadía: "Los procedimientos de liquidación de títulos son actos propios de una soberanía permanente, ya que crean y determinan derechos absolutos a perpetuidad. Por lo tanto, un régimen de ocupación, que es temporal por definición, debe abstenerse de realizar actos que caracterizan a un régimen permanente", señala la ONG.

Peace Now, ONG pacifista israelí, apunta que la medida puede generar un "despojo masivo" para los palestinos de sus tierras en el Área C, además de un proceso de anexión y aplicación de la soberanía israelí en estos territorios ocupados.

Además, que estas tierras pasen a estar registradas como terreno estatal de Israel o bajo nombres de ciudadanos israelíes "llevará a complicaciones legales y costes inmensos cuando se llegue a un (hipotético) acuerdo político de dos Estados", añade.

La Autoridad Nacional Palestina (ANP) calificó este domingo como "anexión de facto" la aprobación por parte del Gobierno de israel para reabrir el proceso de registro de tierras en Cisjordania ocupada por primera vez desde 1967.

"Constituye una anexión de facto del territorio palestino ocupado y una declaración del inicio de los planes para anexar territorio palestino con el objetivo de consolidar la ocupación mediante la construcción de asentamientos ilegales", esgrimió la presidencia de la ANP, a cargo de Mahmud Abás, en un comunicado.

En la nota, además, la definen como una "violación del derecho internacional", en concreto de la Resolución 2334 del Consejo de Seguridad de la ONU que considera ilegal toda actividad de asentamiento en el territorio palestino ocupado, y una "amenaza a la estabilidad y seguridad" en Cisjordania.

La presidencia palestina instó también a la comunidad internacional, en particular al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y al gobierno estadounidense, a intervenir de inmediato para "obligar a Israel a cumplir con el derecho internacional y las resoluciones de la ONU".

"Estas medidas unilaterales no otorgarán legitimidad alguna a la ocupación en el territorio del Estado de Palestina ni cambiarán el hecho jurídico e histórico de que Cisjordania, incluidas Jerusalén Oriental y la Franja de Gaza, es territorio palestino ocupado según el derecho internacional", concluyó el comunicado de la ANP.

Por su parte, el Ministerio de Justicia de Israel declaró hoy que se trata de una "verdadera revolución en Judea y Samaria", nombre bíblico con el que los nacionalistas israelíes se refieren a Cisjordania.

"La Tierra de Israel pertenece al pueblo de Israel. El Gobierno de Israel se compromete a fortalecer su control sobre todas sus partes", aseguró el titular de Justicia, Yaariv Levin, tras la aprobación de la medida, que promovió junto a las carteras de Defensa y Finanzas.

El objetivo de la misma es "el registro de extensas áreas" en Cisjordania a nombre del Estado israelí, mientras el Gobierno de Israel pasará a dotar a la autoridad gubernamental competente de presupuesto y equipos para llevar a cabo la colonización del terreno.

El grupo islamista palestino Hamás también reaccionó a la medida del Gobierno de Israel con una condena enérgica en la misma línea que la ANP: apelando al derecho internacional e interpelando a Naciones Unidas a tomar cartas en el asuntos.

"La decisión del gobierno de ocupación sionista de aprobar hoy una resolución que le permite apropiarse las tierras de la Cisjordania ocupada y judaizarlas, registrándolas como 'tierras estatales', es una decisión nula emitida por una autoridad de ocupación ilegítima y un intento de imponer por la fuerza prácticas colonialistas", expresó Hamás en su comunicado. 

Por la vía de los hechos, Cisjordania, ocupada por Israel desde 1967, ya está anexionada. En los mapas oficiales israelíes no aparece trazada la línea verde que separa este territorio palestino de Israel; línea que tampoco existe en la mente de muchos israelíes. En los puestos de control, cada mañana pasan de Cisjordania a Israel largas filas de coches israelíes con la misma facilidad con la que los automovilistas cruzan un peaje en una autopista francesa. Una gran red de líneas de autobús recorre el territorio desde el mar Mediterráneo hasta el Jordán, conectando los asentamientos con las grandes ciudades israelíes.

Los colonos “disfrutan de los mismos derechos y ventajas que los israelíes que viven dentro de Israel”, recordaba un informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicado el 7 de enero, que pone de relieve la discriminación entre palestinos y colonos judíos en Cisjordania, incluida Jerusalén Este.

El ejército de ocupación israelí realiza incursiones diarias en las ciudades de las zonas A y B, que según los acuerdos de Oslo deberían estar bajo la jurisdicción administrativa de la Autoridad Palestina. Israel ya tiene el control total de la seguridad y la administración de la zona C, que representa el 60 % de Cisjordania y donde se encuentra la inmensa mayoría de los asentamientos.

Pero el ministro supremacista judío Bezalel Smotrich, que se ha convertido en una especie de gobernador de Cisjordania desde febrero de 2023, alberga sueños más ambiciosos. Impulsado por sus tropas nacionalistas-religiosas, aboga ante el Gobierno por la anexión de iure de Cisjordania, incluyendo la soberanía judía sobre todo el territorio comprendido entre el mar Mediterráneo y el río Jordán, e incluso más allá.

El domingo 8 de febrero, Bezalel Smotrich logró una nueva victoria. Su ministerio de Finanzas, junto con el de Defensa, anunció una serie de medidas que refuerzan el control israelí sobre la Cisjordania ocupada que deberían “modificar fundamentalmente la realidad jurídica y civil” de ese territorio palestino.

Israel va a abolir las regulaciones que datan de la época en que Jordania administraba Cisjordania, antes de 1967, y que prohibían a los judíos comprar tierras. Smotrich promete que los israelíes podrán convertirse en propietarios sin tener que pasar por un largo proceso burocrático ante la administración militar encargada de los asuntos civiles en los territorios ocupados. Los catastros ya no estarán protegidos por normas de confidencialidad, por lo que los posibles compradores podrán ponerse en contacto directamente con los propietarios.

El periódico israelí Haaretz se muestra preocupado por la posible falsificación de esos registros. Y es que los asentamientos israelíes son ilegales según el derecho internacional, que prohíbe el traslado de parte de la población civil de la potencia ocupante al territorio ocupado.

Las autoridades israelíes también quieren administrar, a partir de ahora, la Cripta de los Patriarcas —la mezquita de Ibrahim para los musulmanes— en Hebrón y la tumba de Raquel en Belén, dos lugares religiosos situados en zonas bajo autoridad palestina. En Hebrón, la principal ciudad de Cisjordania, donde los colonos viven en el centro de la ciudad, los israelíes ya no tendrán que solicitar la aprobación del ayuntamiento palestino para obtener permisos de construcción.

La organización territorial de Cisjordania según los acuerdos de Oslo de 1993

Infografía Donatien Huet / Mediapart

En términos generales, el gabinete de seguridad justificó la ampliación del control israelí sobre las zonas A y B administradas por la Autoridad Palestina basándose en las “infracciones relacionadas con el agua”, el “perjuicio a los yacimientos arqueológicos” y la lucha contra “los daños medioambientales que contaminan toda la región”.

Las medidas anunciadas suponen un nuevo golpe a los acuerdos de Oslo, que Israel dejó de respetar hace tiempo. “Seguiremos enterrando la idea de un Estado palestino”, se jactó Smotrich. El presidente palestino, Mahmud Abás, ha solicitado la intervención inmediata de Estados Unidos y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, denunciando la confiscación de tierras palestinas y “un intento evidente de Israel de legalizar la expansión de los asentamientos”. Hamás ha animado a los palestinos a “intensificar la confrontación con la ocupación y sus colonos”.

Hasta ahora, “el apartheid israelí formaba parte de un sistema burocrático muy sofisticado”, explica un responsable del Instituto Palestino para la Diplomacia Pública (PIPD): “Llevaba tiempo expropiar a los palestinos.” Estos podían ganar algunos años frente a las expulsiones encadenando recursos ante la justicia israelí, aunque el resultado casi nunca les era favorable, pues el Tribunal Supremo es uno de los instrumentos de defensa del apartheid israelí. “Ahora ya no hay tiempo. Estamos viendo una aceleración de los procesos legislativos y burocráticos que permiten a cualquier colono instalarse muy fácilmente en Cisjordania”, dice esta fuente del PIPD.

En un comunicado conjunto, Arabia Saudí, Jordania, Qatar, Pakistán, Indonesia, Egipto, Turquía e incluso el aliado árabe que suele ser más complaciente con Israel, los Emiratos Árabes Unidos, han condenado las medidas del gabinete anunciadas el domingo por la noche. La Unión Europea ha denunciado la decisión como “otro paso en la dirección equivocada”. Pero Israel está intensificando su colonización sin obstáculo alguno.

En octubre, la Knesset, el Parlamento israelí, aprobó en primera lectura un texto que abre la vía a la anexión de Cisjordania. La ONU informó en diciembre de un “notable aumento” de los proyectos de construcción de viviendas israelíes en Cisjordania, con planes para “cerca de 47.390 viviendas avanzadas, aprobadas o presentadas” en 2025, frente a una media de 12.800 al año entre 2017 y 2022 , antes de la llegada al poder de la actual coalición.

En Jerusalén Este, anexionada ilegalmente por Israel en 1980, unas treinta familias palestinas, es decir, cerca de 175 personas, están amenazadas de expulsión en el barrio de Silwan, a los pies de la ciudad vieja, recuerda la ONG anticolonización Ir Amim. Esta organización habla de un “punto de inflexión” para este barrio, en un contexto de “violaciones mortales del alto el fuego que continúan en Gaza, aumento de la violencia de los colonos, confiscación de tierras y expansión de asentamientos en el territorio palestino ocupado”. En Silwan ya han sido expulsadas de sus hogares ocho familias y sus casas han sido inmediatamente ocupadas por colonos israelíes.

Ante el genocidio en Gaza y el asesinato por el ejército o los colonos de más de mil palestinos en Cisjordania desde el 7 de octubre, los países europeos, entre ellos Francia, han impuesto sanciones que solo afectan a unos pocos colonos, ocultando la realidad de la violencia estatal. Sin embargo, la Unión Europea sigue siendo el principal socio comercial de Israel.

“La disonancia cognitiva y la total desconexión entre los discursos diplomáticos o las soluciones políticas propuestas y la realidad sobre el terreno son cada vez más evidentes”, observa el responsable del PIPD. “Israel acelera la anexión, pero la comunidad internacional se centra en la reforma de la Autoridad Palestina.”

Aunque las “tácticas” de las autoridades israelíes difieren según los territorios afectados —Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén Este—, el objetivo sigue siendo el mismo, continúa esta fuente: “Reemplazar a la población palestina”.

En el enclave del sur, el bloqueo y luego el genocidio han empujado a los más acomodados y a las clases intelectuales a huir de una vida que se ha vuelto imposible. Ese fenómeno se repite en Cisjordania: las redadas del ejército, las detenciones, las carreteras bloqueadas y el desempleo galopante y los ataques de los colonos que vacían ciertas zonas de sus habitantes palestinos, han hecho insoportable la vida cotidiana, y los más afortunados emigran. Una anexión de iure amplificaría esa violencia y esa expansión colonial y, por otro lado, aceleraría la desaparición de una sociedad palestina rica y diversa en sus territorios.

Traducción de Miguel López

Barcelona se congregaba ayer jueves para pedir justicia por Palestina. No era en una multitudinaria manifestación o en una concentración, como era habitual ver estos últimos años. Tampoco era en la calle, y en vez de grito, se escuchaba música. El Palau Sant Jordi se llenó para albergar el concierto Manifest x Palestina. El acto era el broche de oro de la campaña internacional coordinada por Act X Palestine para recaudar fondos. 

El concierto contaba con artistas como Amaia, Oques Grasses o Mushka. Pero quedaba una. Solo faltó un pequeño letrero en las pantallas del Palau para que el público se transformara: Rosalía.

“Hoy, especialmente, es un honor estar en este escenario”, ha expresado la cantante catalana después de cantar su canción La Perla, incluida en su último disco Lux. Nadie esperaba su asistencia, puesto que no había sido anunciada en el cartel, aunque si que se sabía que estaba en la capital catalana. Tampoco se esperaba un posicionamiento tan claro después de innumerables críticas por la falta de contundencia de la artista al tratar temas políticos. Incluso, fue muy criticada por no posicionarse en contra del genocidio, algo que remedió con un comunicado en Instagram en el que aseguraba: "El hecho de no haber usado mi plataforma de forma alineada con el estilo o expectativas ajenas no significa en absoluto que no condene lo que está pasando en Palestina. Es terrible ver día tras día como personas inocentes son asesinadas y que los que deberían parar esto no lo hagan".

El concierto también contaba con voces palestinas como Lina Makoul o Zeyne, además de con artistas como Morad, Bad Gyal o Yerai Cortés y figuras como Pep Guardiola o Eduard Fernández. Todos los beneficios del concierto se destinarán a impulsar y reconstruir proyectos culturales en Gaza y Cisjordania, canalizados a través del PPAN (Palestinian Performing Arts Network) y centros culturales independientes como el Lajee Center (Camp de Refugiados de Aida) y el Dar Qandeel (Tulkarem).

A pocos kilómetros de allí, en la playa, se había dado un homenaje por la tarde a la pequeña Hind Rajab, una niña que, con tan solo cinco años, fue asesinada hace dos. Este suceso llego a todas las partes del mundo después de que se difundiera una última llamada en la que pedía ayuda mientras esperaba una ambulancia que no llegó nunca. En Barcelona, la organización social Avaaz, ha conmemorado el aniversario de su muerte en un acto al que ha asistido su madre, Wesam Hamada. Una lona de unos 1.000 metros cuadrados se ha desplegado en la playa con el retrato de la pequeña Hind con el objetivo, según la organización, de pedir protección para la infancia palestina y exigir rendición de cuentas. Ahora, la historia de la niña será conocido por todos en la película La voz de Hind Rajab, nominada al Oscar.

La iniciativa Justicia por Palestina avanza en su camino para conseguir que se anule el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea e Israel. Esta iniciativa ciudadana, que ha sido presentada ante la Comisión Europea, tiene como fin la suspensión total del acuerdo ya que lo consideran una violación sistemática de los derechos humanos por parte de Israel. Los promotores, European Left Alliance, tienen como meta llegar al millón de firmas y, en total, han conseguido 370.000.

Para que la iniciativa salga adelante necesitan que al menos siete Estados miembros lleguen a un nivel mínimo de firmas. Desde que la recogida comenzó el 13 de enero de 2026, varios de los países ya lo han conseguido como Francia, Bélgica, Finlandia y España. El camino, no obstante, todavía es largo, ya que hace falta recoger casi el doble de las firmas conseguidas hasta ahora y que, por lo menos, tres Estados más superen el mínimo de apoyo establecidos en la normativa europea. La esperanza está depositada en tres países que, aunque todavía no llegan al mínimo, están cerca de hacerlo: Irlanda, Italia y Suecia.

Desde la European Left Alliance apuntan que "según la Comisión Europea, el Estado de Israel es responsable de un nivel sin precedentes de asesinatos y lesiones de civiles, de los desplazamientos a gran escala de la población y de la destrucción sistemática de hospitales e instalaciones médicas en Gaza. Israel también impuso un bloqueo de la ayuda humanitaria que podría equivaler a utilizar la inanición como método de guerra. Israel incumple múltiples normas y obligaciones en virtud del Derecho internacional y no adopta las medidas de prevención del delito de genocidio ordenadas por la Corte Internacional de Justicia".

Tanto en Gaza como en Cisjordania los abusos de Israel continúan. En la Franja siguen muriendo palestinos a pesar del alto el fuego y todavía no llega la suficiente ayuda humanitaria o materiales para poder llevar a cabo una reconstrucción. Más allá de las armas, los gazatíes están viviendo en unas condiciones que provocan hambrunas y frío constante.

En Cisjordania se suceden los desplazamientos, con cerca de 45.000 desplazados en Jenin. Además, la UNRWA –la  agencia de la ONU que trabaja con los refugiados y refugiadas de Palestina– ha visto cómo el Estado de Israel ha destruido su sede. En los barrios, se siguen expropiando viviendas de palestinos y hay nuevos asentamientos de colonos israelíes. Hay cerca de 1.050 palestinos muertos y miles de presos.

Desde Justicia por Palestina aseguran que "la Unión Europea no ha hecho nada más que declaraciones, sin ninguna amonestación. No ha suspendido aún su acuerdo de asociación con Israel, que es la piedra angular de la cooperación bilateral comercial, económica y política entre la UE e Israel. Financia a Israel a través de programas como Horizon y no hay embargo de armas".

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha anunciado este viernes la apertura de una investigación para identificar empresas que podrían estar promocionando desde el estand de Israel en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) viajes a territorios palestinos ocupados ilegalmente.

De ser cierto, estas prácticas podrían ser consideradas como publicidad ilícita, puesto que el real decreto ley de medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina aprobado en septiembre de 2025 prohíbe la publicidad de bienes y servicios procedentes de estos territorios ocupados.

Según ha informado en un comunicado el ministerio que dirige Pablo Bustinduy, los indicios recabados hacen pensar que varias empresas israelíes podrían estar ofreciendo viajes a lugares como Jericó, en la Cisjordania palestina ocupada. "La publicidad se hace en el marco de una de las ferias más relevantes del sector, con miles de visitantes", ha expuesto Consumo.

El ministerio de Bustinduy ya exigió el pasado diciembre a siete multinacionales que retirasen 138 anuncios de alojamiento vacacional en asentamientos israelíes en el territorio palestino ocupado.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha publicado en la red social BlueSky una carta dirigida a la directora de Fitur, María Valcarce, en la que expresa su "profunda indignación" al conocer la presunta promoción de viajes y actividades turísticas en territorios ocupados de Cisjordania y tilda de "incompatible" la participación de Israel en la feria. "Que un evento internacional celebrado en España sirva para legitimar y normalizar la explotación económica de un territorio sometido a ocupación militar ilegal resulta inaceptable e incompatible con el derecho internacional", ha aseverado.

La ministra ha denunciado el genocidio de Israel contra la población de Gaza, así como la "ocupación, represión y violencia estructural" perpetradas en su territorio. Asimismo, Rego ha recordado a Valcarce que el Gobierno de Israel ha vetado a dos miembros del Gobierno español por su denuncia del genocidio, impidiendo su entrada a Palestina. "Por todo lo expuesto, consideramos que la participación del Estado de Israel en Fitur es incompatible con los principios que deberían regir un foro internacional de estas características y solicitamos que adopten las medidas necesarias para que Israel no participe ni disponga de espacio alguno en esta feria", ha resaltado. 

El Gabinete de seguridad israelí aprobó este domingo reconocer 19 nuevos asentamientos en el territorio palestino ocupado de Cisjordania, según confirmó el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, quien lideró la propuesta junto al ministro de Defensa, Israel Katz.

"Estamos bloqueando el establecimiento de un Estado terrorista palestino sobre el terreno", celebró Smotrich en un comunicado, en el que añadió que entre estas nuevas colonias están las de Ganim y Kadim, al oeste de la ciudad palestina de Yenín, y que fueron evacuadas en 2005.

Con esta decisión, el número total de asentamientos, ilegales según el derecho internacional, reconocidos durante el mandato de Smotrich asciende a 69.

El ministro de Finanzas, quien reside en un asentamiento en Cisjordania, afirmó que la decisión "corrige una dolorosa injusticia después de 20 años" -en alusión a la llamada "ley de desconexión" de 2005- y añadió: "El pueblo de Israel está regresando a su tierra, construyéndola y fortaleciendo su control sobre ella".

El pasado mayo, el Ejército israelí -que controla Cisjordania- autorizó el regreso de ciudadanos israelíes a las colonias de Sa-nur, Ganim y Kadim, a las que les había prohibido entrar desde entonces. Esta decisión se tomó en represalia después de que tres Estados -España, Noruega e Irlanda- anunciaran el reconocimiento formal del Estado de Palestina.

Se estima que más de 500.000 colonos viven actualmente en Cisjordania, ocupada por Israel desde la guerra de 1967, y otros 200.000 viven en Jerusalén Este, costado oriental de la ciudad ocupado y anexionado por Israel.

El coordinador especial adjunto de la ONU para el Proceso de Paz en Oriente Medio, Ramiz Alakbarov, advirtió hoy ante el Consejo de Seguridad de que 2025 ha sido el año con mayor avance de asentamientos israelíes en el territorio palestino ocupado desde que el organismo comenzó a registrar estos datos en 2017, según ha informado EFE.

Una tendencia que, dijo, socava el derecho internacional y la viabilidad de la solución de los dos Estados. Alakbarov expresó su condena a la expansión de asentamientos y alertó de la grave situación humanitaria en Gaza, al presentar su informe trimestral sobre la aplicación de la resolución 2334 del Consejo de Seguridad, que exige a Israel el cese de la colonización.

Asimismo, apoyó el alto el fuego en Gaza, basado en el plan integral impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y en los esfuerzos de mediación de Egipto, Catar, Turquía y Estados Unidos, al considerar que ofrece una "oportunidad clave para detener la violencia y mejorar la situación humanitaria".

No obstante, instó a Israel y a Hamás a aplicar plenamente el acuerdo, ejercer la máxima contención y respetar el derecho internacional y las resoluciones de la ONU, subrayando que la tregua debe consolidarse para permitir la recuperación y reconstrucción del enclave palestino.

Según Alakbarov, el alto el fuego sigue siendo "frágil" y destacó que la ONU está intentando dar respuesta a las "necesidades abrumadoras" de la población gazatí, en particular con programas de protección frente al invierno. Sin embargo, subrayó que las condiciones siguen siendo "extremadamente graves" y confirmó la primera muerte por hipotermia, la de un recién nacido de dos semanas en Jan Yunis.

En el plano humanitario, el funcionario instó a preservar y ampliar el espacio operativo de la ONU y de las organizaciones asociadas y reclamó la plena reanudación del corredor jordano para la entrada de ayuda a Gaza, en línea con resoluciones del Consejo de Seguridad. Aunque celebró la reapertura parcial del paso de Allenby/King Hussein, advirtió de que el volumen de suministros sigue siendo "muy limitado".

El representante de la ONU denunció como "profundamente preocupante" la entrada forzosa de autoridades israelíes en un complejo de la UNRWA en Jerusalén Este y recordó que las instalaciones de Naciones Unidas son inviolables.

Asimismo, criticó la decisión del Gobierno israelí de aprobar o regularizar 19 asentamientos en Cisjordania, algunos de ellos evacuados en 2005, y recordó que, conforme al derecho internacional y a la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de julio de 2024, Israel debe poner fin a toda actividad de colonización y a su presencia ilegal en el territorio ocupado.

También expresó su preocupación por el aumento de la violencia en Cisjordania, incluidos los ataques de colonos contra civiles palestinos y los enfrentamientos armados, y pidió el cese inmediato de toda violencia contra civiles.

El alto el fuego en Gaza no ha frenado los ataques de Israel contra los palestinos. No lo ha hecho en la propia Franja, ni en el otro territorio palestino, también ocupado, de Cisjordania. Los habitantes de esta región limítrofe con el río Jordán han sufrido desde el 7 de octubre de 2023 el recrudecimiento de las agresiones de los colonos israelíes hacia ellos. Palizas, robos e incendios son algunas de estas acciones que, además, en muchas ocasiones, cuentan con la connivencia de la Policía y el Ejército israelíes. 

El periodista A. A. y la activista R. R. –ambos palestinos– han descrito la dramática situación de su tierra, Cisjordania, en el encuentro Palestina. Defender la vida, defender la tierra, organizado por la Alternativa Antimilitarista-MOC. A. A. es cofundador de la organización Youth of Sumud, que se dedica a ofrecer ayuda y protección en la región de Masafer Yatta: tanto a pastores en su actividad como a niños en su ruta hacia el colegio. Por su parte, R. R. es una joven activista que participa en Ikhilia, una cooperativa agrícola formada por mujeres palestinas en el valle del Jordán. infoLibre ha sido el único medio escrito que ha podido conversar con ellos durante su visita a España.

Ellos mismos han asegurado a este periódico que han sufrido personalmente el acoso de los colonos. “Intentaron robar un rebaño de ovejas de mi tío. Él, su esposa y yo intentamos impedirlo y me rompieron la pierna. Este año, en enero, atacaron mi casa y quemaron mi coche”, cuenta A. A. En cuanto a la Policía israelí, los entrevistados sostienen que “no hace nada” ante estos ataques. “Si llamamos a la Policía, esta dice que es una zona militarizada y que no es nuestra tierra. O te vas o nos dejas de llamar”, explica A. A. 

En Cisjordania, según relata, la situación de las mujeres es especialmente alarmante ya que la asistencia médica es escasa, al igual que el acceso a la educación. “La mayoría de estas zonas no tiene centro médico, por eso cuando una mujer está enferma o embarazada tiene que ir en coche, que son atacados por los colonos”, explica R. R. Además, la activista señala que “la mayoría de las mujeres no pueden ir a la escuela porque tienen miedo de ellos. Muchas son asesinadas mientras caminan para ir a la universidad o a trabajar”, añade.

Ambos palestinos están de acuerdo en que, tras el alto el fuego en Gaza del pasado octubre, la situación en Cisjordania ha empeorado: “Los colonos creen que la guerra no debería parar y que deben continuarla ellos mismos”. Tampoco se muestran satisfechos con el reconocimiento a Palestina por varios países occidentales: “Primero, salvar vidas. Luego hablamos de los Estados”.

A.A. proviene de la aldea de Tuba, en la zona de Masafer Yatta, mientras que R. R. es del valle del Jordán. Ambos lugares se encuentran en la sección C de Cisjordania –bajo control civil y militar israelí– y donde se ubican los asentamientos de colonos, declarados ilegales por el derecho internacional. El área C supone alrededor del 60% de Cisjordania y cuenta con una población de unos 300.000 palestinos, según el Observatorio Mundial sobre Finanzas y la Inversión de los Gobiernos Subnacionales (SNG-WOFI, por sus siglas en inglés). En 2020, Cisjordania albergaba a más de 2,8 millones de palestinos y a 450.000 israelíes.

Parte de Masafer Yatta ha sido considerado por Israel como zona militarizada, lo que supone para los palestinos la imposibilidad de construir y, además, la demolición de algunas de sus viviendas. Los residentes de la región han acudido en varias ocasiones a la Justicia israelí para revocar esta calificación del suelo, sin éxito. “A día de hoy, las personas que viven en esta zona están aisladas y el ejército no permite a nadie entrar allí. Ni familiares, ni periodistas, ni profesores, ni médicos”, explica A. A.

Ambos palestinos han elegido la vía pacífica para luchar por los derechos de la población en Cisjordania, en un momento en el que ser activista en la región de Oriente Medio no es fácil. “No tenemos la protección para contar la verdad”, afirma R. R, que hace hincapié en el caso de Ayman Ghrayeb.

“Estuvimos sin saber de él durante tres días y después nos dijeron que estaba en el hospital. Ahora está detenido por seis meses y no tiene abogado”, prosigue. Este activista fue arrestado por el Ejército israelí el pasado 17 de noviembre mientras grababa con una cámara el ataque de unos colonos a la aldea de Fasayil.

Precisamente, Ghrayeb es el fundador de Ikhilia, que pretende “dar a los agricultores y las mujeres algo para continuar con sus vidas”, según R. R. Sin embargo, otra labor que llevan a cabo organizaciones como esta es la de documentar las distintas formas de acoso por parte de los israelíes. “Sirve para luego escribir sobre ello en las redes sociales o ir a los tribunales y comisarías israelíes; aunque eso no ayude, hay que intentarlo”, afirma A. A. Además del apoyo legal, Youth of Sumud también colabora con organizaciones de derechos humanos para ofrecer ayuda humanitaria a la población.

Para los dos activistas, lo esencial es “fortalecer la resiliencia de la gente para que pueda permanecer en sus tierras”. “Si estas personas no permanecen en sus casas, será un desastre más grande”, concluye A. A.

Según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus iniciales en inglés), desde el pasado 7 de octubre, 200 palestinos –52 de ellos eran niños– han sido asesinados por las fuerzas israelíes en Cisjordania. En este mismo periodo de tiempo, 2.803 palestinos han sido heridos, de los cuales al menos 355 son niños; y se han registrado 254 ataques de colonos contra la población palestina.

Los palestinos A. A. y R. R., junto con el nepalí Subhash Kattel –miembro de la Internacional de Resistentes en la Guerra (IRG)– han participado en el encuentro Desarmar el militarismo: Resistir la guerra, construir la paz, organizado por la Alternativa Antimilitarista-MOC e IRG, y celebrado a finales de noviembre en Barcelona. También han visitado Valencia y Madrid, este último acto acogido por la Fundación Anselmo Lorenzo.

La oración del alba aún no había despertado a los habitantes el miércoles 26 de noviembre cuando los primeros vehículos blindados del ejército israelí y cientos de soldados invadieron las calles de Tubas y las localidades vecinas de Tammun, Tayasir, 'Aqqaba y el campo de Al-Fara'a. Todas ellas se encuentran entre Nablus y el norte del valle del Jordán, en el noreste de la Cisjordania ocupada.

Los militares anunciaron a continuación que habían lanzado una “amplia operación antiterrorista” en cooperación con el Shin Bet (los servicios de inteligencia internos) y la policía fronteriza, la más importante desde que entró en vigor el alto el fuego en Gaza el 9 de octubre. El ejército prevé que se prolongará durante varios días, y las entradas a varias ciudades y pueblos, entre ellos Tubas, han sido bloqueadas con montículos de tierra.

Se ha informado de disparos desde helicópteros Apache. Los militares israelíes también distribuyeron folletos rojos con el dibujo de una silueta con el rostro oculto por una kufiya: “Su región se ha convertido en un refugio para los terroristas”, se leía en ellos. “Si no toman la iniciativa para cambiar esta realidad, actuaremos con determinación, como lo hicimos en Jenín y Tulkarem.”

Los campos de refugiados de estas dos ciudades fueron desalojados por la fuerza en enero de 2025. Aún no han regresado a sus hogares unos 32.000 palestinos y han sido destruidos varios cientos de edificios, lo que supone el mayor traslado forzoso de población en Cisjordania desde 1967. En un informe publicado la semana pasada, la ONG Human Rights Watch acusó al ejército israelí de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en esas zonas.

El alcalde de la ciudad de Tammun, Samir Bisharat, informó de que algunos habitantes habían sido expulsados de sus hogares, que han sido convertidos en cuarteles. El edil fue detenido el miércoles 26 y puesto en libertad el jueves 27 por la mañana. El jueves a mediodía, el Club de Prisioneros Palestinos anunció la detención de ciento veinte personas en la gobernación del norte del valle del Jordán, cuarenta y siete de las cuales fueron liberadas al cabo de unas horas.

La cadena de televisión Alghad TV también informó de la detención de su cámara Shadi Jarara'a mientras se encontraba sobre el terreno, vestido con su chaleco con la inscripción “Press”. También fue detenido un periodista del canal Al-Fajr, Yazan Hamayel. Ambos fueron rápidamente puestos en libertad.

La Media Luna Roja Palestina anunció que había trasladado al hospital a cuatro personas “golpeadas” y mencionó las dificultades para llegar a los pacientes por estar atrapados en las ciudades rodeadas por el ejército israelí. La organización informó de que el ejército israelí detuvo a un hombre que estaba siendo atendido en una de sus ambulancias a la entrada de la ciudad de Tammun. La web Middle East Eye lo identificó como Mohammed Odeh, un prisionero recientemente liberado en el marco de los acuerdos entre Israel y Hamás.

El ejército afirma haber registrado “más de 220 lugares” y haber incautado armas, sin precisar de qué tipo. Dice que busca a palestinos a los que acusa de haber “llevado a cabo ataques terroristas contra civiles israelíes y fuerzas de seguridad”. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó en una comisión de defensa el 26 de noviembre que el ejército “trabaja con determinación para evitar” un estallido de violencia en Cisjordania ocupada. “Estamos preparados”, respondieron las brigadas Al-Qods, vinculadas a la Yihad Islámica Palestina.

Los grupos armados surgieron en Cisjordania a partir de 2021, justo después de que la Autoridad Palestina cancelara las elecciones legislativas y presidenciales y de la "guerra de once días" que ensangrentó Gaza en mayo de ese año. Se formaron en varios campos de refugiados de grandes ciudades como Tulkarem y Jenin, y en la ciudad vieja de Nablus, extendiéndose hasta Tubas y el campo de Al-Fara'a.

Tras una serie de ataques en su territorio en la primavera de 2022, Israel respondió con una amplia operación militar, cuando Benjamín Netanyahu aún no había vuelto al poder. El nivel de represión israelí en Cisjordania no hizo más que aumentar a partir de entonces, adoptando la forma de un castigo colectivo para los habitantes de las zonas donde se encontraban los combatientes palestinos.

Desde el 7 de octubre de 2023, los colonos y militares israelíes han matado a más de mil palestinos en este territorio ocupado. Casi una cuarta parte de las 201 víctimas palestinas desde principios de 2025 en este territorio eran menores de 18 años.

Los grupos armados que surgieron en 2021 “atraían a jóvenes desencantados de diferentes partidos políticos, entre ellos Fatah, controlado por la Autoridad Palestina, Hamás, la Yihad Islámica y el Frente Popular para la Liberación de Palestina”, revelaba en marzo un análisis del International Crisis Group.

Sin una dirección clara ni una coordinación real, observaba Tahani Mustafa en ese informe, “su único programa político y sus únicas ambiciones eran la defensa de sus barrios frente a las incursiones israelíes, cada vez más frecuentes. Muchos de sus ataques eran simbólicos, iban dirigidos a edificios o material militar en lugar de a soldados, y solo utilizaban la violencia letal contra los militares israelíes que invadían sus barrios. Esa distinción era intencionada, afirman los militantes, conscientes de la respuesta desproporcionada que Israel daría a cualquier ataque contra colonos o soldados”.

A principios de octubre, esos grupos combatientes habían desaparecido casi por completo, debido a la represión israelí y de la Autoridad Palestina; algunos de sus miembros también habían sido reclutados por el poder en Ramala. El genocidio en Gaza y el desencadenamiento de la violencia de los colonos israelíes y los militares han reactivado la aparición de células armadas en diferentes zonas de Cisjordania.

Los habitantes palestinos de Tubas y sus alrededores temen que se repita la violenta represión que se abatió sobre tres campos de refugiados en Tulkarem y Jenín. El ejército israelí los había vaciado a mediados de enero de 2025, justo cuando se había acordado una tregua en Gaza, que se rompió un mes después.

Moustafa Barghouti, fundador y líder de la Iniciativa Nacional Palestina, veterano de la escena política palestina, ha denunciado “una grave agresión destinada a extender el crimen de genocidio, anexión y limpieza étnica en Cisjordania”. Esta “es el resultado”, escribió en la red social X, “del silencio de la mayoría de los gobiernos occidentales ante los crímenes israelíes”. El “objetivo” de esta operación del ejército israelí “es político y no militar”, concluyó el gobernador de Tubas, Ahmed al-Asaad, en una entrevista con el canal Al Jazeera Mubasher, “a juzgar por el contingente militar” desplegado.

El reconocimiento de Palestina, anunciado por Francia y otros diez países en septiembre, no ha cambiado nada la situación sobre el terreno. La violencia de los colonos israelíes sigue reduciendo el espacio en el que pueden moverse los palestinos en Cisjordania; la del ejército continúa sin más condena que la de comunicados sin efecto. Sobre el terreno, la anexión de este territorio ya es un hecho. Legalmente, Israel no ha dado el paso aún, pero ha transformado discretamente el sistema de gestión de la ocupación en Cisjordania, transfiriendo a una administración civil algunos poderes que hasta entonces estaban en manos del ejército.

Traducción de Miguel López

La mañana del 27 de enero de 2025, Leila E., una trabajadora social de 54 años, estaba preparando el almuerzo con sus hijos y nietos en el campo de refugiados de Tulkarem, en el norte de Cisjordania ocupada, cuando 25 soldados israelíes irrumpieron en su casa.

“Gritaban y tiraban cosas por todas partes... Nadie dio explicación alguna, destrozaban todo, gritaban y decían tacos. Era como una película, algunos iban enmascarados y tenían todo tipo de armas”, relata. Los soldados los sacaron a la fuerza de casa y uno de ellos les dijo: “Ya no tenéis casa. Tenéis que iros”. La hija de Leila, embarazada de cuatro meses, entró en pánico y abortó.

Este testimonio es uno de los 31 relatos recopilados por la ONG de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW), que ha publicado el jueves 20 de noviembre un informe de 105 páginas sobre la expulsión de unos 32.000 habitantes de tres campos de refugiados del norte de Cisjordania: Jenín, Tulkarem y Nur Shams. HRW acusa al ejército israelí de crímenes de guerra y de crímenes contra la humanidad.

El 21 de enero, dos días después de la entrada en vigor de la segunda tregua en Gaza, Israel lanzó una amplia operación militar que causó al menos 40 muertos en varios campos de refugiados de Cisjordania. Diez meses después, el ejército sigue prohibiendo el acceso a tres campos.

Entrevista a Nadia Hardman, autora principal del informe e investigadora principal de la división de derechos de los refugiados y migrantes de HRW.

Mediapart: Usted acusa a Israel de limpieza étnica, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad contra los habitantes palestinos de los campos de refugiados de Jenín, Tulkarem y Nur Shams. ¿Cómo han llegado a estas conclusiones?

Nadia Hardman: La investigación ha durado nueve meses, durante los cuales hemos examinado lo ocurrido en los campos. Los medios de comunicación cubrieron un poco esta noticia en enero y febrero de 2025, pero la atención se centró principalmente, como es lógico, en Gaza. Sin embargo, se trata del mayor desplazamiento de población desde 1967 en Cisjordania. Es tremendo.

Fuimos dos veces a las zonas donde se desplazó a la gente, a Jenín y Tulkarem. Entrevistamos a 31 palestinos. Vimos las imágenes de satélite para visualizar cómo son los campos de refugiados. En los seis meses estudiados, descubrimos que habían sufrido daños importantes o habían sido destruidos 850 edificios. El ejército israelí invadió los campos con helicópteros Apache, infantería y excavadoras. Las personas cuyas casas fueron arrasadas no podrán volver. Y, por ahora, no está claro si los palestinos de estos tres campos de refugiados podrán volver algún día.

Desde el punto de vista jurídico, Israel ocupa Cisjordania. El derecho de la guerra y el derecho internacional prohíben absolutamente cualquier desplazamiento de poblaciones bajo ocupación, salvo en casos excepcionales. Las autoridades israelíes afirman que hay activistas dentro de estos campos. Pero la mera presencia de combatientes o armas no justifica el desplazamiento masivo de 32.000 personas o más. Las leyes de la guerra son muy claras al respecto. Israel debe explicar, en cada caso, por qué no hay otra solución que desplazar a estas personas. Y no lo ha hecho.

Además, si se desea desplazar a personas, hay que proporcionarles comida, agua y refugio. Las autoridades israelíes simplemente obligaron violentamente a huir a los habitantes. Hemos documentado homicidios durante estas expulsiones. Había personas dentro de sus casas mientras las excavadoras destruían partes del edificio, unas escenas aterradoras. Se ordenó a los habitantes que se marcharan sin indicarles adónde ir ni cómo sobrevivir.

Una vez que el ejército israelí tomó el control de esas zonas, las arrasó. Construyó amplias carreteras de acceso dentro y fuera de los campamentos. Esto se asemeja más a una destrucción sistemática e intencionada, que va más allá del simple imperativo militar.

Todos esos elementos combinados nos llevan a concluir que se trata de crímenes de guerra relacionados con el desplazamiento forzoso. Varios meses después del supuesto fin de la operación militar, cuando ya no hay combates, los habitantes no pueden volver a sus hogares.

A esto se suma la intención de Bezalel Smotrich [ministro de Finanzas supremacista judío, también gobernador de facto de Cisjordania, ndr] que declaró explícitamente que iban a convertir estos campamentos en "ruinas inhabitables". El ministro de Defensa [Israel Katz, ndr] ha dicho que los campamentos están vacíos.

La operación cuenta con el respaldo de una política estatal, lo que nos lleva a concluir que es amplia y sistemática: constituye pues un crimen contra la humanidad. Por último, dado que se trata de acciones de un grupo étnico que desplaza a otro por medios violentos, se asemeja a una limpieza étnica.

En noviembre de 2024, ustedes estudiaron los desplazamientos forzados de los palestinos de Gaza. Su informe también concluía que Israel estaba cometiendo crímenes de guerra y contra la humanidad. ¿Se pueden señalar similitudes con lo que ocurrió en los campos de Jenín y Tulkarem?

El modus operandi es ligeramente diferente en cada campo, pero en ambos casos es aterrador. En Jenín, se dirigió a la gente hacia una única salida, donde se había instalado un puesto de control informal con un sistema de seguridad. En Tulkarem y Nur Shams, a los habitantes simplemente se les ordenó salir por unas rutas determinadas. Se les dijo que si tomaban otro camino, los francotiradores les dispararían. Algunos informaron de que la orden provenía de los drones que, según ellos, a veces los seguían cuando salían del campo.

Las personas con discapacidad intentaban averiguar cómo salir mientras las carreteras eran destruidas por las excavadoras. Hablé con un hombre que no pudo llevarse su silla de ruedas. Una mujer murió cuando el ejército israelí voló la puerta de su casa. Su padre resultó gravemente herido. A otra mujer, embarazada de ocho meses, la dispararon, muriendo ella y su bebé. Su marido ha quedado discapacitado de por vida. La gente no tuvo tiempo de recoger lo mínimo indispensable. Se marcharon con lo puesto.

Es una estrategia similar a la de Gaza y pone de manifiesto el enfoque militar israelí hacia la población, que se basa en una política de desplazamiento y obstaculización del derecho al retorno. En Gaza, el ejército fingió respetar el derecho internacional: afirmó haber establecido un sistema de evacuaciones, con zonas seguras... Hemos demostrado que todo esto era completamente falso. Pero en Cisjordania, los militares ni siquiera se molestaron en hacer creer que estaban evacuando a la gente. Se trataba simplemente de expulsiones, sin órdenes planificadas, sin zonas seguras ni instrucciones sobre dónde ir.

El ejército israelí nos envió una larga carta, más detallada que todas las que habíamos recibido antes, pero no era sustancial porque no abordaba algunas de nuestras preguntas. Simplemente decía que había activistas en los campamentos y que habían confiscado armas. Admitió que quería reorganizar los campamentos.

Pero la cuestión no es si tiene una razón militar legítima. Se necesita una razón militar imperiosa. Existe una prohibición absoluta de los desplazamientos [de población en territorio ocupado], salvo como último recurso, y entonces hay que explicar las otras soluciones que se han barajado; por supuesto, Israel no ha presentado nada de eso.

En el informe, Leila E., de Tulkarem, vivió la incursión militar como “otra Nakba”, en referencia a la expulsión de cerca de 900.000 palestinos en torno a la creación de Israel en 1948. ¿Qué secuelas hay en los habitantes de los campos de refugiados, descendientes de quienes fueron expulsados de sus tierras en aquel momento?

Lo realmente desgarrador era que la gente nos decía que no tenían ni idea de qué había pasado con sus casas. A veces, podíamos ver en las imágenes de satélite que habían sido destruidas antes incluso de que ellos lo supieran. Otras veces, se enteraban por terceros y se veían invadidos por una sensación de pánico. Son zonas militares, cuyo acceso está oficialmente prohibido. La gente no tiene posibilidad de recurrir. El Tribunal Supremo israelí ha declarado que esas demoliciones pueden continuar y extenderse tanto como el ejército desee.

Los refugiados palestinos han soportado años de desplazamiento, pero los campamentos eran su hogar, un espacio en el que habían vivido durante generaciones. Es imposible verificarlo, pero la gente nos ha dicho que cree que las autoridades están tratando de borrar la cuestión de los refugiados, en particular con la represión contra la UNRWA [la agencia de la ONU para los refugiados palestinos] y los desplazamientos de población que continúan en todos los territorios palestinos ocupados [TPO].

Hemos verificado los crímenes de guerra cometidos en los campos de refugiados, pero eso no significa que no se estén produciendo desplazamientos forzados en otros lugares. Hay casos de desplazamientos en Cisjordania y, evidentemente, un desplazamiento masivo en Gaza. Son patrones que deben situarse en el contexto del trato que reciben los palestinos en los TPO, que, como ya hemos dicho, corresponde a un apartheid.

En el informe, ustedes invitan a los tribunales nacionales y al Tribunal Penal Internacional (TPI) a investigar estos crímenes israelíes. ¿Cuáles son sus recomendaciones, dado que Israel parece gozar, aún hoy, de una amplia impunidad?

En este informe hemos aislado las responsabilidades individuales, ya sea por lo que esas personas han declarado o porque formaban parte de la cadena de mando. Hemos identificado que las unidades sobre el terreno obedecían al general de división Avi Bluth, que, dentro del mando central, está a cargo de las operaciones militares en Cisjordania.

Estamos convencidos de que estas personas deberían ser, como mínimo, investigadas. No somos un tribunal, no sabemos qué concluirá la justicia. Con este informe, queremos exponer las pruebas abrumadoras de los numerosos crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y limpieza étnica.

Todo esto ocurre mientras el Tribunal Internacional de Justicia ha publicado un dictamen consultivo según el cual los Estados no deberían participar en la ocupación ilegal [por Israel en los territorios palestinos] y mientras hay un alto el fuego en Gaza que podría allanar el camino para el retorno a la solución de dos Estados (Human Rights Watch no se ha pronunciado sobre esto último).

Pero queremos demostrar que se están cometiendo atrocidades al más alto nivel en los territorios palestinos ocupados, incluso mientras se llevan a cabo esas negociaciones políticas. Los Estados pueden, en virtud de la jurisdicción universal, decidir investigar, y nosotros intentamos demostrar que algunos crímenes son tan graves que cualquier tribunal podría juzgarlos, incluido el TPI.

También afirmamos que se deben imponer sanciones a las personas que hemos identificado: Bezalel Smotrich, Israel Katz, Benjamín Netanyahu y Avi Bluth, además de la imposición de un embargo al comercio con los asentamientos ilegales y a la transferencia de armas. Son recomendaciones que llevamos repitiendo desde hace años.

Esperamos también que este informe ponga de relieve lo que está ocurriendo en Cisjordania, mientras la atención del mundo se centraba en Gaza, con razón, debido a las atrocidades tan brutales que allí se estaban cometiendo.

Traducción de Miguel López

El Ejército israelí mató este lunes a dos gazatíes en el barrio de Shakoush, en el norte de Rafah, confirmó a EFE una fuente del Ministerio de Sanidad de la Franja, que dijo que las víctimas habían salido en busca de leña, según informa EFE.

 Por su parte, el Ejército confirmó haber atacado "por aire y tierra" a gazatíes que, según ellos, representaban una amenaza tras haber cruzado la Línea Amarilla y desplazarse hacia las tropas apostadas en sur de Gaza.

"Tras la identificación, las tropas atacaron a los terroristas por aire y tierra para neutralizar la amenaza", detalla el texto, sin enumerar el número de víctimas ni detallar por qué supuestamente constituían una amenaza.

Varios civiles también resultaron heridos por disparos del Ejército israelí al este del campamento de refugiados de Al Bureij, en el centro, detalló la agencia oficial palestina de noticias Wafa.

Sin contar estos fallecidos, al menos 236 palestinos han sido asesinados por fuego israelí, la mayoría civiles, desde el inicio del alto el fuego el pasado 10 de octubre.

Además, pese al alto el fuego, Israel ha herido en estas tres semanas a 600 personas, lo que aumentó a 170.670 gazatíes el número total de heridos desde el 7 de octubre de 2023 y a 68.865 el de muertos.

Además, se han recuperado durante el alto el fuego 502 cadáveres entre los escombros, si bien se estima que miles más siguen sepultados.

La denominada Línea Amarilla, donde las tropas israelíes se han retirado de forma parcial en el marco del acuerdo de alto el fuego, aísla ciudades palestinas enteras en el norte de la Franja de Gaza, como Beit Hanoun, Beit Lahia y Yabalia, así como Rafah y Abasan al Kabira en el sur, entre otras.

A estas zonas, que representan alrededor del 53% de la extensión de Gaza, no puede aproximarse ningún gazatí a riesgo de ser disparado por las tropas sin previo aviso.

El Hospital Nasser de Jan Yunis (sur de Gaza) recibió este lunes los cadáveres de 45 palestinos que Israel mantenía en su poder y entregó a la Cruz Roja para su devolución a la Franja, dijo a EFE el director de la unidad del Ministerio de Sanidad a cargo del recuento de fallecidos en el enclave, Zaher Al Waheidi.

Siguiendo el acuerdo de alto el fuego, Israel debe devolver 15 cuerpos de palestinos en su poder por cada cadáver que Hamás entrega a la Cruz Roja (y esta, de nuevo a Israel). En la noche del domingo, los islamistas transfirieron tres ataúdes de cautivos fallecidos.

En total, Israel ha devuelto a Gaza 270 cadáveres de prisioneros palestinos en su poder, de los cuales hasta ahora Sanidad ha identificado unos 78. Dado el mal estado de los cuerpos y la carencia de recursos de los hospitales gazatíes, el Ministerio recurre a que las familias de los desaparecidos en el enclave traten de reconocer a los suyos entre las imágenes de los fallecidos.

"La inspección (para reconocerlos) está en curso, se emitirá un informe preliminar una vez finalizada", advirtió Al Waheidi en un intercambio de mensajes de texto.

Sanidad denuncia desde que comenzaron los intercambios de cuerpos entre Israel y Hamás que los cadáveres de los palestinos que son devueltos a Gaza no presentan nada que los identifique y muestran en algunos casos signos de tortura y distintos abusos físicos, además de llegar esposados y con los ojos vendados.

Hamás, por su parte, está retornando a Israel los cuerpos de los rehenes de un día para otro y continúa buscando a los que no estaban en su poder. En Gaza continúan ocho cadáveres que, según Hamas, pueden estar bajo los escombros de los edificios destruidos en los bombardeos israelíes.

Mientras Israel reanuda sus bombardeos sobre Gaza a pesar del alto el fuego —y deja más de 90 muertos en un solo día—, su influencia se expande silenciosamente en otro frente: el de la cultura popular. A través de empresas, patrocinios y conglomerados mediáticos, el Estado israelí y sus aliados corporativos han logrado permear algunos de los productos culturales más seguidos de España, desde Eurovisión hasta Operación Triunfo (OT ).

El nuevo patrocinador de OT, el concurso musical de Amazon Prime —antes, de RTVE— es el comparador de precios Idealo, una filial del grupo Axel Springer, el mismo conglomerado que controla medios internacionales como Bild, Politico o Business Insider, y que ha hecho del apoyo a Israel uno de sus principales valores corporativos. En la sede central del grupo, en Berlín, ondea desde hace años la bandera israelí junto a la alemana y la europea.

El vínculo entre Axel Springer y el Estado israelí no se limita al plano simbólico: la empresa mantiene una relación estructural con fondos de inversión como KKR y CPP Investments, ambos con intereses en el complejo militar-industrial israelí y, en el caso del primero, propietario de decenas de festivales de música en Europa y España. En los últimos meses, varios artistas han anunciado su retirada de festivales de Superstruct Entertainment —la promotora controlada por KKR— tras las denuncias de sus vínculos financieros con Israel.

El patrocinio de OT por una filial del grupo llega, por tanto, en un momento en el que la relación entre entretenimiento y política es cada vez más evidente. Si en Eurovisión el principal patrocinador es la marca israelí Moroccanoil —que comercializa sus productos cosméticos bajo un nombre equívocamente marroquí—, en España el escaparate musical lo ocupa ahora una empresa asociada al conglomerado mediático más abiertamente sionista de Europa.

La frontera entre la política exterior y la cultura popular es cada vez más difusa: mientras Israel viola el alto el fuego y continúa matando civiles en Gaza, la industria del entretenimiento europea sigue integrando a marcas y empresas ligadas a su aparato económico y mediático.

El grupo Axel Springer no solo influye en la narrativa informativa sino que también participa de la economía de la ocupación. Su filial israelí Yad 2 Internet Ads Ltd., propiedad del grupo a través de Aviv Group GmbH, mantiene miles de anuncios de compraventa y alquiler de viviendas en los territorios palestinos ocupados, incluidas más de 2.000 propiedades en asentamientos de Cisjordania, según la organización Who Profits, que monitorea la actividad económica en la zona. La web también difunde ofertas de empleo en servicios de seguridad privada en puestos de control y residencias de los territorios ocupados.

Otra investigación, publicada por el Business & Human Rights Resource Centre, detalla que Yad 2 promociona empresas inmobiliarias que venden viviendas “solo para judíos” y ha organizado ferias con promotores que abogan por construir en Gaza una vez ocupado el territorio. 

En conjunto, estas actividades revelan un mismo entramado económico y político: el conglomerado mediático que patrocina Operación Triunfo en España obtiene beneficios de la explotación inmobiliaria en asentamientos israelíes ubicados en territorios palestinos ocupados —declarados ilegales por Naciones Unidas— mientras su matriz ondea la bandera israelí en Berlín y algunas de sus principales cabeceras, como Bild, justifican los ataques contra periodistas en Gaza.

El grado de hambruna y malnutrición en Gaza sigue sin remitir pese al alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre, ya que la ayuda alimentaria que entra en la Franja sigue sin ser suficiente, advirtió este jueves la Organización Mundial de la Salud (OMS), asegura EFE.

"La ayuda es significativamente baja, no puede reducir el nivel de hambre, y la situación sigue siendo catastrófica porque no llega lo suficiente", aseguró en rueda de prensa el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Tedros recordó que entran en Gaza actualmente entre 200 y 300 camiones con ayuda a diario, lejos de los 600 requeridos y acordados, y puntualizó que muchos de ellos son envíos comerciales porque "mucha gente no puede permitirse comprar nada". En la misma rueda de prensa, el representante de la OMS en Cisjordania y Gaza, Rik Peeperkorn, reconoció que la llegada de ayuda humanitaria mejoró desde el comienzo del alto el fuego, pero recordó que el paso de Rafah sigue cerrado, así como otros internos para llevar asistencia al norte de la Franja.

Él y otros responsables de la OMS recordaron que al menos 411 gazatíes murieron por malnutrición este año, entre ellos 109 niños (89 de ellos menores de cinco años), mientras al menos 600.000 personas en la Franja siguen sufriendo niveles de seguridad alimentaria "catastróficos".

Tedros subrayó que las necesidades sanitarias en Gaza siguen siendo enormes, tras un conflicto que dejó 170.000 heridos, incluidos más de 5.000 amputados y 3.600 con graves quemaduras. "Al menos 42.000 personas sufren heridas que requieren largo tiempo de rehabilitación", recordó el director general, quien también señaló que 4.000 mujeres dieron a luz cada mes en condiciones de riesgo, un millón de personas requieren asistencia en salud mental y 14 de los 36 hospitales gazatíes detuvieron sus operaciones.

Aunque la OMS anunció esta madrugada las primeras evacuaciones desde el alto el fuego (41, todos ellos niños), otros 15.000 requieren salir de Gaza para poder ser tratados, resaltó Tedros, quien subrayó que es especialmente importante que se reanuden los envíos de pacientes a Cisjordania y Jerusalén Este. El máximo responsable de la OMS recordó que la organización ha elaborado un plan de 60 días para recuperar parcialmente los servicios sanitarios en Gaza, con un coste de 45 millones de dólares, "pero reconstruir completamente su sistema de salud requerirá al menos 7.000 millones de dólares".

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que Israel no se anexionará Cisjordania y advirtió de que el país hebreo "perdería el apoyo de EE.UU." si tomase esta decisión, porque el mandatario dio "su palabra a los países árabes" de que esto no sucedería.

"Esto no sucederá", repitió hasta tres veces en una entrevista con la revista Time publicada este jueves, en la que dijo que "eso no puede hacerse ahora", un día después de que el Parlamento israelí aprobase en una primera lectura un proyecto para anexionar Cisjordania.

Trump aseguró también que quiere visitar Gaza "pronto" y adelantó que prevé un inminente relanzamiento de los lazos de Israel con el mundo árabe, a cuyo a liderazgo presionó para aceptar su plan de paz en la Franja, según cuenta en la entrevista. "Bibi, no puedes luchar contra el mundo. Puedes librar batallas individuales, pero el mundo está en tu contra", recordó así el propio Trump sus palabras para convencer al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de que respaldara la propuesta, al final de lo que Time describió como un "monólogo repleto de improperios".

El mandatario llegó a sugerir que si Netanyahu no aceptaba el plan y el alto el fuego con Hamás, su alianza histórica terminaría. "Fue una declaración muy directa y contundente a Bibi", confirmó el enviado especial de Trump a Oriente Medio, Steve Witkoff, testigo de la conversación.

El presidente estadounidense también narró cómo el ataque de Israel a los negociadores de Hamás en Catar, a principios de septiembre, complicó los esfuerzos por negociar el fin al conflicto en el enclave palestino. Enfurecido, Trump calificó al bombardeo en Doha de "terrible" y a la decisión de Netanyahu como un "error táctico" que violó la soberanía de la nación catarí, aliado de EE.UU. y mediador junto a Washington de las conversaciones. Sin embargo, para el magnate neoyorquino, esto también presentó una oportunidad para demostrar a los países árabes que la guerra de Gaza podría convertirse en un conflicto regional y asegurar el respaldo a su propuesta de paz.

Su intención de visitar "pronto" el enclave palestino impulsaría los esfuerzos por revitalizar y desarrollar la devastada Franja. El mandatario sugirió que evalúa pedir a Israel la liberación del líder palestino Marwan Barghouti, visto como una figura unificadora que podría sustituir a Mahmud Abás al frente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP).

Después del apoyo masivo a su plan en la Franja, Trump espera lograr para fines de este año su objetivo de ampliar los Acuerdos de Abraham, dirigidos a normalizar las relaciones entre Israel y sus vecinos árabes y, sobre todo, a lograr la adhesión de Arabia Saudí, actor principal en la región.

La "visión optimista" - según Time- del mandatario se traduce en una mayor integración económica entre los israelíes y los países árabes, que incluya acuerdos de libre comercio, una red energética en Israel y líneas ferroviarias desde el Mediterráneo hasta el Golfo Pérsico, con Trump como centro "esencial" para su cumplimiento.

El vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, aseguró este jueves que la propuesta de ley aprobada por la Knéset sobre anexionar el territorio palestino ocupado de Cisjordania es "una maniobra política estúpida" y afirmó tajante: "Cisjordania no va a ser anexionada por Israel".

"Es una maniobra política, es una maniobra política estúpida, y personalmente me siento insultado. Cisjordania no va a ser anexionada por Israel, la política de la Administración Trump es que Cisjordania no va a ser anexionada por Israel, esa va a seguir siendo nuestra política", dijo Vance a los periodistas antes de subirse al avión en el aeropuerto Ben Gurión, a las afueras de Tel Aviv.

El vicepresidente, que aterrizó el martes en Israel para supervisar el plan del alto el fuego en Gaza, aseguró además que se siente ofendido por la decisión de la Knéset: "si quieren hacer votos simbólicos, pueden hacerlo, pero nosotros definitivamente no estamos felices con ello".

El Parlamento israelí aprobó este miércoles en una lectura preliminar con 25 votos a favor y 24 en contra, una propuesta para anexionar la Cisjordania ocupada, en el primer paso que precede a otras tres votaciones que serán necesarias en la Knéset para convertir este proyecto en ley. La propuesta, que ha sido rechazada por España, Catar, Turquía y otros países, dice: "el Estado de Israel aplicará sus leyes y soberanía a las zonas de asentamiento en Judea y Samaria, para establecer el estatus de estas áreas como parte inseparable del Estado soberano de Israel". Palestina no cuenta con continuidad territorial, y mientras en Gaza gobernaba la rama política de Hamás, en Cisjordania permanece la ANP, encabezada por Abás.

Si bien en la mayor parte de esta zona (la denominada Área C que equivale al 60% del territorio) Israel posee tanto control militar como civil desde los Acuerdos de Oslo. Además, existen cientos de puestos de control militares israelíes a lo largo de toda Cisjordania, y un sistema de permisos que no permite el libre movimiento de los palestinos entre ciudades, prohibiendo a muchos la entrada a Jerusalén (entre otras urbes).

La historia es una mezcla de 1948 (la Nakba palestina) y 1984 (la emblemática obra de George Orwell). Tuvo lugar en la librería Educational Bookshop, una institución de Jerusalén Este situada en la calle Salah-al-Dinh, cerca de la ciudad vieja. Un espacio que vende todo tipo de libros, en árabe y en inglés, con predilección por los temas que preocupan a la región, en su gran mayoría escritos por voces críticas con la política israelí.

La librería, que atrae a muchos extranjeros, adeptos a los frecuentes encuentros que organiza, también cuenta con una pequeña cafetería cuyo wifi lleva el nombre de Shireen Abu Akleh, la periodista estrella de Al Jazeera asesinada por una bala del ejército israelí en 2022 en Jenin, Cisjordania.

Mahmoud Mouna, el propietario, recuerda el 9 de febrero de 2025 como un momento en el que existía, al igual que hoy, un rayo de esperanza de que los rehenes fueran liberados y que la matanza de Gaza cesara por fin, durante la tregua rota unilateralmente por Israel el 18 de marzo.

“Soldados israelíes entraron armados en la librería: arramblaron con 300 libros de los pocos miles que tenemos aquí y me llevaron a la comisaría junto a mi sobrino, que trabaja aquí”, cuenta. Al principio, fueron “acusados de vender libros que incitaban a la violencia. Poco después, cambiaron la acusación por alteración del orden público”.

Entre los libros incautados se encontraban obras del historiador crítico israelí Ilan Pappé, el último libro del historiador Jean-Pierre Filiu, muchas obras de autores palestinos, desde Mahmoud Darwich hasta el investigador Rashid Jalidi, pero también el segundo tomo en inglés del cómic L’Arabe du futur, de Riad Sattouf, las novelas gráficas de Joe Sacco o incluso un libro titulado Climbing Palestine, una guía de lugares para practicar escalada en Cisjordania...

¿Entiende Mahmoud Mouna, en retrospectiva, la elección de los libros incautados? “Los soldados no hablaban ni árabe ni inglés, miraban los libros con la aplicación Google Translate”, explica el librero. “En nuestra profesión tenemos el dicho de no juzgar un libro por su portada, pero eso es exactamente lo que hicieron al llevarse todos los libros con una bandera palestina, un soldado o la palabra Palestina... Pero no se llevaron novelas.”

Y continúa: “Vivimos en un ambiente tóxico en el que en cualquier momento pueden aparecer hombres armados, sin motivo alguno. El espacio democrático se está derrumbando. Todos los espacios de libertad de expresión, ya sean universidades o lugares culturales, están amenazados. Esto afecta en primer lugar a los palestinos, pero no solo a ellos”.

“Antes”, recuerda Mahmoud Mouna, “se decía que si ponías a tres israelíes en una habitación, salían cinco opiniones diferentes. Ahora, puedes poner a diez y solo sale una posición, y es la que oyeron en la televisión el día anterior.”

Con sus 42 años, “siempre ha sufrido la opresión de Israel”, pero “no habría imaginado un cambio tan rápido”. “El 7 de octubre aceleró las cosas hacia lo peor, pero todo ya había comenzado antes. Hace unos años, se podía pensar que unas elecciones podrían cambiar algo, pero creo que hemos llegado a un punto de no retorno. Aunque los rehenes sean liberados y la violencia en Gaza cese mañana, no creo que podamos volver a la situación anterior”.

Tras pasar una noche en prisión, finalmente fue puesto en libertad sin cargos junto con su sobrino, Ahmad Mouna. Ambos poseen una simple tarjeta de residente de Jerusalén Este, expedida por las autoridades israelíes, que les permite desplazarse, pero que no constituye un verdadero título de ciudadanía. “No tengo un carné de identidad real en mi cartera, pero tengo uno en mi corazón, y ese es el que cuenta”, bromea Ahmad Mouna.

¿Qué ha cambiado para él en los últimos dos años? “Tenemos ante nuestros ojos una nueva Nakba, nos despertamos cada mañana con imágenes de niños hambrientos o ensangrentados. No nos sentimos seguros en nuestra casa en Jerusalén Este, entre las patrullas militares hostiles y las redadas de colonos que nos insultan y amenazan. Por no hablar de todos los obstáculos administrativos: tengo un amigo que tiene una empresa de construcción y lleva dos años sin trabajar. Simplemente, ya no conceden permisos de construcción a los palestinos de Jerusalén Este.”

Acaba de tener un hijo, que ahora tiene dos años, nacido justo un mes antes del 7 de octubre. “Espero que pueda vivir en libertad, justicia e igualdad, pero es cierto que el futuro no es prometedor”, continúa sin perder la sonrisa.

¿Piensa marcharse para asegurarle un futuro mejor? “En absoluto. Los palestinos están arraigados en su tierra. Aunque la situación empeore, decidimos quedarnos, aunque tenemos muchas razones para temer que la limpieza étnica continúe aquí después de Gaza.”

No muy lejos de la librería, Tamar se ha hecho cargo de la tienda familiar que vende chocolate y café, al tiempo que dirige una empresa de servicios informáticos. “Sé cómo funciona, así que no publico nada en mis redes sociales, incluso nuestros grupos de Telegram son espiados. Tengo un amigo que utilizó la palabra shahid [mártir] para lamentar la muerte de un familiar suyo en Gaza y fue citado por la policía”.

Tamar, de 34 años y con dos hijos, corrió la misma suerte en este clima posterior al 7 de octubre, en el que los palestinos ciudadanos de Israel o “palestinos del 48”, que representan el 20 % de la población del país, y los residentes de Jerusalén Este están sometidos a un control aún más estricto por parte del Shin Bet, los servicios de inteligencia internos. Al frente de este organismo, el primer ministro israelí acaba de nombrar a David Zini, un ultraderechista mesiánico sin experiencia, pero perteneciente a su círculo más cercano...

“Para la fiesta del Eid”, cuenta Tamar, “fui a Ramala, en Cisjordania, para enviar dinero de ayuda los niños y a los hospitales de Gaza. Solo eran unas decenas de shekels y es tanto una tradición como una obligación religiosa ayudar a los necesitados en esta época del año.”

Unos días después, el Shin Bet le hizo presentarse: “Me dijeron que el dinero había llegado a manos de Hamás y que querían saber si yo era un ‘pequeño terrorista’, porque ya sabían que no era uno importante, o si simplemente había cometido una tontería. Ya lo sabían todo: que había ido a Ramala, cuándo, a quién le había dado dinero, cuánto...”

“Siempre nos han vigilado”, continúa, refiriéndose a las múltiples cámaras instaladas por toda la calle donde se encuentra su tienda. “Pero, desde el 7 de octubre, esto va más allá. Saben hasta el color de mis calzoncillos o la consistencia de mis heces”.

¿Teme cada vez más este control creciente sobre su vida? “Por supuesto, temo que después de Gaza, después de Cisjordania, nos toque a nosotros, aquí en Jerusalén Este, ser empujados a marcharnos. Pero, ¿adónde ir? Además de mi tarjeta de residente de Jerusalén Este, tengo un pasaporte jordano. Pero no quiero ir allí. No es mi país, ¡y además es un Estado policial, como Israel!”.

Cuando insistimos en que no parece que esté hundido en una situación tan desesperada, Tamar responde: “He vivido con la ocupación desde que nací. Por supuesto, la situación ha empeorado en los últimos dos años, pero hemos crecido con ella. Nuestra vida es dura, pero tenemos una causa. Aquí se mata a la gente, pero no hay suicidios, como en Occidente, porque tenemos un objetivo y sabemos que seguir viviendo —y viviendo aquí— es el primer paso de nuestra resistencia no violenta”.

“No dejamos que nuestros hijos jueguen en la calle por miedo a los colonos”, continúa, “vemos morir a nuestros hermanos en Gaza cada día, no tenemos perspectivas económicas, pero conseguimos dormir por la noche porque, aunque no podamos acceder a una vida normal, nuestra vida tiene sentido.”

Uno de los lugares emblemáticos de esta resistencia palestina no violenta es Sajnin, una gran ciudad árabe situada al norte de Israel, en Galilea. Allí se erige un monumento en memoria de los seis habitantes de la ciudad que murieron por disparos israelíes el 30 de marzo de 1976, durante una huelga general decretada por los palestinos con ciudadanía israelí contra el acaparamiento de tierras. Desde esta revuelta, los palestinos celebran el “Día de la Tierra” cada 30 de marzo.

El sábado 4 de octubre, la manifestación que atravesó la ciudad tuvo un doble objetivo: rendir homenaje a los jóvenes de la ciudad asesinados durante el estallido de la segunda Intifada, hace exactamente veinticinco años, y pedir el fin de la guerra en Gaza.

Con una participación de más de mil personas, en su mayoría árabes, pero también unos cuantos militantes de la izquierda judía, la manifestación, que iba desde la mezquita hasta el mausoleo, estuvo custodiada por hombres uniformados, armados hasta los dientes y listos para intervenir. Cuando una anciana con velo intentó sacar una bandera palestina —prohibida en Israel—, uno de ellos se la arrebató inmediatamente.

Hassan, un maestro jubilado de 82 años, es sin duda el decano de los manifestantes. “Pero”, subraya, “nunca había visto aquí tanta policía israelí. Antes, la policía no se aventuraba demasiado en las ciudades árabes. Pero desde que Ben Gvir [ministro de Seguridad Nacional, líder del partido de extrema derecha Fuerza Judía, ndr], están mostrando su fuerza para hacernos entender que, incluso en estas ciudades, no somos bienvenidos.”

¿Ha cambiado su vida en los últimos dos años? “Mis gestos y mis días son iguales a como eran antes del 7 de octubre”, responde. “Pero lo que está pasando en Gaza nos ha hecho perder las ganas de vivir. Incluso la comida ha perdido su sabor. Lloramos, sin saber ya si lloramos por el presente, el pasado o el futuro”.

Como la inmensa mayoría de los palestinos de Israel con los que hemos hablado, Hassan sitúa la secuencia iniciada el 7 de octubre en un largo periodo de tiempo: “Yo tenía 5 años en 1948, lo que no impidió que un soldado que buscaba militantes me torturara. La violencia israelí hacia nosotros no tiene fin.”

Aya Zinati ha venido desde la gran ciudad de Haifa con su hija. “En los primeros meses del genocidio, no podíamos manifestar nuestra ira en absoluto. Ahora ya es más posible, aunque siguen intentando intimidarnos. ¡Mirad!”, dice mientras señala a los policías montados a caballo.

Para Ryan, un joven de 20 años de hombros anchos que observa la manifestación desde la acera, participar en un manifestación como esa sería demasiado arriesgado. “No tengo miedo, pero no quiero comprometer mi futuro, que no me dejen estudiar o viajar. Graban a todo el mundo. Desde hace dos años, tenemos la sensación de estar constantemente vigilados. Yo ya no salgo por la noche, porque estoy casi seguro de que me van a controlar”.

Para Aya Zinati, “en dos años ha cambiado todo “: “Ya no nos atrevemos a decir nada, a hacer nada, a publicar nada en las redes sociales. Ya no podemos mostrar nuestra bandera. Tenemos miedo de que nos arresten por cualquier cosa”, se lamenta esta trabajadora social que corea a pleno pulmón los eslóganes de los manifestantes: “Estados Unidos es la cabeza de la serpiente”, “De Sajnin a Gaza, la tierra tiembla” o “Unidad contra los fascistas”.

Esta cuestión de la unidad volverá a plantearse pronto en las elecciones legislativas israelíes, previstas para octubre de 2026, pero que podrían adelantarse. En general, la participación de los ciudadanos palestinos de Israel es baja y sus votos se reparten de forma muy dispersa entre partidos árabes religiosos y laicos, conservadores y progresistas, igualmente divididos sobre las posibles alianzas con los partidos judíos.

Eso impide que la mayoría de esos partidos superen el umbral necesario para enviar diputados al Knesset y hace que los partidos árabes nunca hayan ocupado —ni mucho menos— en el Parlamento una proporción comparable al peso demográfico de los palestinos de Israel. Y eso a pesar de que muchas de las leyes más controvertidas de los últimos años se han decidido por un estrecho margen.

Abed, de unos treinta años, ha cambiado de opinión sobre la cuestión. Aunque fue uno de los pocos palestinos elegidos en el municipio de Tel Aviv-Jaffa, después del 7 de octubre decidió no participar más en las instituciones israelíes debido a la masacre en Gaza.

“Tenemos que votar masivamente en las próximas elecciones”, explica. “No es que confíe ni por un instante en la supuesta democracia israelí, pero debemos pasar al modo supervivencia si no queremos acabar como nuestros hermanos de Gaza. Nuestra única esperanza es influir realmente en las elecciones.”

Incluso aunque eso signifique apoyar cualquier frente unido contra Netanyahu y sus aliados supremacistas, cuando la oposición al primer ministro está liderada por personas como Naftali Bennett, exlíder del principal órgano de los colonos israelíes, Avigdor Lieberman, considerado durante mucho tiempo como la extrema derecha de Netanyahu, o Benny Gantz, quien, siendo jefe del Estado Mayor, se regocijó en 2014 por haber “devuelto a Gaza a la edad de piedra.”

Sami Abu Shehadeh dirige el partido Balad, el principal partido palestino laico. Fue miembro de l Knesset entre 2019 y 2022, elegido gracias a una experiencia inédita de lista común entre varios partidos árabes y el partido Hadash, de ideología comunista, hoy en el limbo pero nuevamente deseado por algunos.

Para él, “lo que los sionistas proponen hoy es o bien un genocidio liderado por Ben Gvir y Netanyahu, o bien un apartheid liderado por Bennett y Lieberman”: “No podemos elegir entre la peste y el cólera. Pero esperamos poder influir en el Parlamento y encontrar interlocutores.”

Shehadeh, que vive en Jaffa, donde los lazos familiares con Gaza son más estrechos que en otras ciudades de mayoría árabe de Israel, considera que “la vida se ha convertido en un infierno desde hace dos años”. “Ya ni siquiera tengo valor para ver las noticias, aunque soy un político y estoy obligado a informarme. Pero ahora me conformo con poner el sonido porque ya no soporto las imágenes de Gaza. El sionismo siempre ha sido violento con nosotros, pero nunca había visto un consenso criminal como este”.

Abed está decidido a votar en las próximas elecciones: “Paradójicamente, este Gobierno permitiría nuevas alianzas. El nuevo jefe del Shin Bet no solo se centrará en los palestinos de 1948, sino que también cargará contra los grupos de izquierda y el colectivo LGTB, lo que puede provocar una reacción.”

“No me sorprende la violencia actual”, concluye, “pero nunca hubiera imaginado que Occidente lo permitiría hasta este punto. Vivimos en un mundo en el que el derecho internacional no se aplica a Israel. Eso nos obliga a reevaluar nuestra posición política si no queremos desaparecer”.

Traducción de Miguel López