La ley de transparencia obliga a las Administraciones a publicar determinada información con el objetivo de que cualquier ciudadano pueda fiscalizar la gestión y el uso del dinero público —lo que se conoce como publicidad activa—. Pero no solo a ellas: algunas entidades privadas, como las que reciben más de 100.000 euros al año de subvenciones o ayudas públicas, también deben cumplir ciertas obligaciones de publicidad activa sobre asuntos como su gestión económica o su organización institucional. A pesar de la obligación legal, no todas lo hacen. 

Un ejemplo de ello es Cruz Roja Española. En 2024 recibió 913,25 millones de euros en subvenciones y, por tanto, supera holgadamente el umbral a partir del cual debe cumplir con la ley de transparencia en materia de publicidad activa. Sin embargo, la organización no publica determinadas informaciones que exige la ley, como la remuneración anual de sus responsables y directivos. Todo ello, a pesar de haber sido informada de la obligatoriedad de hacerlo en varias ocasiones por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG). 

Este incumplimiento lleva prolongándose desde hace al menos seis años, durante los cuales Cruz Roja no ha tomado ninguna medida al respecto a pesar de ser consciente de la situación. En junio de 2019, el Consejo de Transparencia— a raíz de la denuncia de un periodista de infoLibre— recordó a la entidad su obligación de publicar esta información y solicitó explicaciones por su parte, sin recibir respuesta.

En julio de 2020, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno volvió a recordar a Cruz Roja sus obligaciones cuando evaluó a la organización en un informe de cumplimiento de la publicidad activa. En esta ocasión la entidad sí contestó al Consejo presentando alegaciones sobre el caso, y afirmó que "sus máximos responsables son voluntarios y no perciben retribución". El Consejo de Transparencia solicitó entonces que esta aclaración se incluyera en el portal, cosa que la ONG no hizo. 

Lo cierto es que, a pesar de las alegaciones que hizo ante el Consejo, ese mismo año Cruz Roja gastó 3,57 millones de euros en remuneraciones a sus directivos, como se refleja en la auditoría de sus cuentas de ese año. Ese dinero fue para el personal de lo que la organización define como "alta dirección", que entonces estaba integrada por 62 personas, según la misma información de las cuentas. Por tanto, esos directivos habrían cobrado 57.694 euros de media. 

En 2024, último ejercicio disponible, esta cifra ha aumentado hasta alcanzar los 4,31 millones de euros. La alta dirección ese año estuvo formada por 67 personas; y la media salarial ascendió hasta 64.299 euros por cabeza. En cualquier caso, Cruz Roja no detalla —ni en sus cuentas anuales ni en su portal de transparencia ni en ningún otro lugar— el desglose del sueldo para los distintos cargos dentro de esa alta dirección.

Entre ese personal directivo se encuentran la presidenta de la organización, la secretaria general, la coordinadora general, los secretarios autonómicos y provinciales y los gerentes de los centros sanitarios de Cruz Roja, entre otros cargos. Como es evidente, no todos cobran el mismo salario, pero la opacidad de la organización imposibilita hacer otros cálculos más allá de esa media. 

Además, las cuentas no aclaran si el número de personas que indican para la alta dirección corresponde al número de cargos que ha habido ese año o al número de personas concretas que los han ocupado. Un mismo puesto puede haber sido ocupado por varias personas distintas a lo largo del ejercicio, en cuyo caso el sueldo medio de cada cargo sería más alto. 

Contactada por este medio en varias ocasiones, la entidad se ha negado a hacer público el desglose de estos sueldos, o en su defecto a facilitarlo a infoLibre, que también se lo ha solicitado en múltiples ocasiones. Cruz Roja no ha vuelto a utilizar el argumento de que sus directivos son voluntarios, como afirmaron al Consejo en 2020. En esta ocasión, en una de sus respuestas a este medio, la entidad afirma que cumple con todas sus responsabilidades de transparencia y no tiene "mayores obligaciones de información" que las contenidas en los artículos 6.1 —sobre la estructura organizativa— y 8.2 —sobre contratos o convenios con la Administración pública— de la ley de transparencia. 

La trampa está en que la obligación de publicar "las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos responsables de las entidades" se encuentra en el artículo 8.1 de la ley. Pero el criterio del Consejo de Transparencia, el organismo que se encarga de velar por el cumplimiento de la ley de transparencia en nuestro país, es claro. 

En un criterio interpretativo de 2015 el CTBG establece de forma expresa que las entidades sin ánimo de lucro y las organizaciones privadas que reciban más de 100.000 euros al año de fondos públicos deben cumplir el artículo 8 en su totalidad, incluido el 8.1 y, por tanto, la obligación de publicar las retribuciones de sus directivos. El CTBG, además, ha confirmado a este periódico que ese criterio interpretativo sigue plenamente vigente. Cruz Roja no ha vuelto a responder cuando infoLibre le ha hecho llegar esa información.

Cruz Roja, además, debería ser consciente de este hecho, ya que cuando el CTBG evaluó a la organización en 2020, en el informe de cumplimiento —que se encuentra disponible en la propia web de la organización— se valoró su grado de cumplimiento de todo el artículo 8, no solo de su apartado 2. 

Manuel Sánchez de Diego, profesor de Derecho en la Universidad Complutense y director del Centro de Investigación en Transparencia y Gobierno Abierto, explica a infoLibre que al carecer la ley de transparencia de un régimen sancionador, este incumplimiento no tiene ninguna consecuencia práctica para la entidad. 

María Díez, profesora de periodismo en la Universidad de Valladolid y experta en transparencia, coincide: "Si buscamos organizaciones sociales en las que confiar, lo lógico sería que ellas fueran las primeras interesadas en ser transparentes. Pero tenemos un problema con el cumplimiento de la norma, debido a que esta no contempla sanciones. Su cumplimiento depende de la voluntariedad de las Administraciones y organizaciones, y en España tenemos una falta de cultura de la transparencia brutal", señala.

Como prueba de ello, en su respuesta a infoLibre, Cruz Roja también declara que no tiene que responder a las peticiones de información que puedan hacer los ciudadanos al amparo de la norma, puesto que esa obligación se limita a la Administración pública. Esta afirmación sí es cierta y se alinea con la ley y con el criterio del CTBG, que en julio de 2024 dio la razón a la ONG cuando no contestó a una petición de información sobre la gestión de los bienes inmuebles que obtiene mediante herencias. 

Lo que resulta sorprendente es que, a pesar de ello, la entidad mantiene un formulario en su portal de transparencia que permite enviar solicitudes en virtud de dicha ley. infoLibre, por ello, decidió preguntar tanto por esa vía como directamente al departamento de prensa por cuestiones como el coste de los dos despidos colectivos que realizó la entidad y fueron anulados por la Justicia o qué otras remuneraciones en especie o beneficios perciben los directivos de la organización que, según fuentes internas, incluyen el disfrute de un apartamento en Madrid en el caso de la directora, y el de un coche con chófer en el caso de la secretaria general.

El departamento de prensa declinó informar sobre ambas cosas —aunque sí respondió a otras cuestiones— y el de transparencia solo indicó que no respondería ninguna de las solicitudes al no estar obligado por ley a hacerlo.

El Consejo de Transparencia analiza cada año el grado de cumplimiento de distintas organizaciones y Administraciones sobre la publicidad activa que les exige la ley. La última vez que lo hizo con la Cruz Roja fue en 2020 y detectó que los salarios de sus directivos no eran lo único que la organización estaba ocultando.

El Consejo indicó que la ONG cumplía en un 65% con la información que debe publicar. Conseguía un aprobado, pero escondía varios datos que la legislación le exige publicar. En el caso de la información económica, además, el grado de cumplimiento bajaba hasta situarse en un 51%.

El organismo también destacó "el escaso uso de formatos reutilizables y la carencia de referencias a la fecha en que se actualizó o se revisó por última vez la información" por parte de la Cruz Roja. 

Algunas de las informaciones que ocultaba ya son públicas a día de hoy, como los contratos que le han sido adjudicados por Administraciones públicas. Otras, como las obligaciones económicas suscritas con Administraciones a través de convenios o los propios sueldos del personal directivo, siguen sin ser reveladas seis años después de que el Consejo les escribiera por primera vez sobre este asunto.

De hecho, al realizar la evaluación de 2020, el CTBG remitió ocho recomendaciones a Cruz Roja para mejorar su publicidad activa. En 2021 el Consejo volvió a evaluar a la organización para comprobar si había cumplido con ellas. Solo había aplicado tres y el organismo volvió a destacar en su informe que "no se publica información sobre las retribuciones percibidas por los máximos responsables de la organización".

Sí, más pesadas incluso que las del verano por una sencilla razón: termina el estío, se acercan las lluvias, la presión atmosférica es cada vez más baja y el aire menos denso. Y esto les complica el vuelo porque, al haber mayor humedad en el ambiente, aumentan de peso y prefieren caminar. Además, como les va a resultar complicado sobrevivir en el exterior por las bajas temperaturas y la escasez de alimento, buscan un refugio para ellas y sus descendientes. ¿Dónde? En nuestras casas, en nuestras oficinas o en nuestras aulas. Por estas razones es frecuente en esta época verlas posadas sobre nuestras mesas, nuestra comida, nuestros teclados o nuestros cuerpos, para nuestra desesperación.

El PP, como las moscas de otoño, no tolera el invierno político que supone estar en la oposición. Y eso que, incluso desde allí, sigue chupando del bote y manteniendo sus bisnes, que es para lo que está en la política. Han desarrollado una corrupción tan endémica que pueden vivir del aire del Estado incluso sin estar en el poder. Rozándolo. Y no tolera ese invierno porque necesita el calorcito del BOE, las butacas ministeriales, las mordidas de sus amigos y los sobres sin remitente.

Por eso, cuando pensabas que ya se habían marchado con el raca raca a otra parte, vuelven y llenan tertulias, periódicos, informativos y timelines con su cantinela de siempre: fraude electoral, gobierno ilegítimo, España se rompe, dictadura bolivariana, ETA, comunismo… Una playlist pésima y escasa que repite desde 2018. Y que también incluye el éxito "la culpa no es mía". Sí, el PP es capaz de decir que la culpa de la desaparición de datos sobre los cribados de cáncer en Andalucía la tiene La Oreja de Van Gogh por vender demasiadas entradas para sus conciertos.

Creo que todo esto tiene su origen en el hecho de que el PP llega al poder con espíritu colonizador y como si gobernar en democracia fuera para ellos –pero solo para ellos– un derecho hereditario. Pero no, en lo que se refiere a su ADN, el único gen que les distingue es el de la corrupción. Se da en todos sus especímenes en mayor o menor grado. Así que, una vez dentro, colocan sus huevos por todas partes: think-tanks y fundaciones afines que financian con dinero público, cargos en Administraciones autonómicas gobernadas por los populares y subvenciones a pseudomedios.

Lo malo de todo esto es que no importa cuántas veces cierres la ventana: la ‘mosca pepera cojonera’ siempre encuentra una rendija por la que colarse. Por eso comparo al PP con esas moscas plastas del otoño. Con la diferencia de que el PP da por el saco las cuatro estaciones.

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Alfredo Díaz es socio de infoLibre.

El número dos del PP de Madrid, Alfonso Serrano, volvió a cobrar en 2024 el bono social térmico para familias vulnerables, que va acompañado del bono social eléctrico. El primero supone una subvención anual de 209,13 euros que recibió el pasado mes de marzo, mientras que el segundo consiste en una rebaja mensual en el recibo de la luz del 65%. Serrano accede a esta ayuda destinada a "paliar la pobreza energética en consumidores vulnerables" gracias a su condición de familia numerosa. También se ha beneficiado un año más de estas ayudas Enrique Ossorio, presidente de la Asamblea de Madrid por el PP y anterior número dos de la presidenta madrileña.

Hace dos años que infoLibre desveló que los dos altos cargos recibían los bonos de pobreza energética, pero ninguno ha renunciado a este beneficio pese a que cobran salarios públicos astronómicos. Enrique Ossorio, presidente de la Asamblea de Madrid, tiene un sueldo de 106.223 euros y en 2023 declaró más de 1,3 millones de euros en inversiones. Serrano tiene un sueldo anual de 67.848 euros como diputado de la Asamblea de Madrid y ejerce también de mano derecha de la presidenta Isabel Díaz Ayuso como secretario general del PP de Madrid. Serrano está además en pleno ascenso dentro del PP nacional y acaba de ser designado por Alberto Núñez Feijóo para organizar el congreso nacional del partido el próximo 4 de julio.

infoLibre ha pedido al PP de Madrid su opinión sobre estos dos casos. "No hay bono social que tape toda la mierda que está saliendo del PSOE y de Sánchez", han contestado. No han respondido a la pregunta de por qué Alfonso Serrano cobró en 2022 el bono social térmico para consumidores vulnerables severos, destinado a hogares en una situación dramática. Para que una familia numerosa se considere en vulnerabilidad severa tiene que tener unos ingresos anuales iguales o inferiores a 16.600 euros, una fracción de los declarados por Serrano. Un año después, tras publicar infoLibre que recibía este bono, cambió su condición a consumidor vulnerable.

Después de que se conociese la noticia hace dos años, los altos cargos populares sacaron pecho de las ayudas y confirmaron que seguirían cobrándolas. "Para mí ha sido un gran esfuerzo tener cuatro hijos. Si alguien tiene envidia le invito a ser familia numerosa y verá si le compensa", dijo entonces Ossorio. Isabel Díaz Ayuso defendió a sus allegados tras conocerse la noticia con el argumento de que no son solo ayudas para los más vulnerables. "Se llama [bono] social, pero no es solo para las personas vulnerables. Se entiende que es un gesto del Gobierno hacia las familias numerosas", dijo la presidenta.

Ninguno puede alegar que lo recibió de manera automática el bono social eléctrico por ser familia numerosa porque solo se entrega a quien lo pide de manera explícita a la comercializadora de referencia que tiene contratada rellenando una solicitud. El bono social térmico se otorga de manera automática a quien disfruta del bono eléctrico. Las dos ayudas se deben renovar cada dos años para garantizar que se cumplen las condiciones económicas, pero las familias numerosas lo reciben indefinidamente mientras tengan en su poder este título. 

Aunque el bono social eléctrico y el térmico están conectados, tienen regulaciones muy diferentes. El bono para el gas natural se financia con los presupuestos nacionales y consiste en un pago anual cuya cuantía varía por comunidades autónomas y por la zona térmica en la que se ubique la vivienda, beneficiando más a quienes viven en lugares fríos.

El bono eléctrico, por su parte, es un descuento sobre el coste de la luz en la factura mensual (con un máximo de consumo) que se financia con un pequeño extra que pagan todos los clientes en su recibo. El descuento fue el año pasado del 65% para consumidores vulnerables y del 80% para vulnerables severos, aunque este año se ha reducido poco a poco hasta el 35% y el 50%, respectivamente, porque se infló temporalmente durante la crisis energética.

El Gobierno incumple su promesa de regularlo

Desde que se aprobó la creación del bono social eléctrico en 2009, uno de los requisitos para obtenerlo ha sido contar con el título de familia numerosa, sin ningún tipo de criterio económico. En 2017 se concreta la figura del "consumidor vulnerable", donde de nuevo se incluye la figura de la familia numerosa, sin más concreción. Tras destaparse hace dos años que Ossorio y Serrano disfrutaban de las ayudas, el Ministerio de Transición Ecológica se comprometió a reformar la ley para incluir un criterio económico, pero todavía no ha cumplido con su promesa. 

En marzo de 2023, la entonces titular del ministerio, Teresa Ribera, dijo que pondría un tope de renta para familias numerosas que estaría alrededor de los 26.000 euros, que incluiría un multiplicador que incrementaría la cifra cuantos más hijos tuviese la unidad familiar. Según un estudio de Esade, se eliminarían dos de cada tres familias numerosas que ahora lo cobran con ese cambio.

Sin embargo, la fuerte presión e influencia del colectivo de familias numerosas obligó a posponer la reforma y todavía no se ha llevado a cabo. En España hay 421.316 beneficiarios del bono social eléctrico con la condición de familia numerosa, y suponen el 25,6% de los beneficiarios totales de esta ayuda. 

José Carlos Romero, investigador de la Cátedra de Pobreza Energética en la Universidad Pontificia Comillas, subraya que hay que arreglar cuanto antes esta situación. "Hay que excluir el criterio de familia numerosa, punto", dice el experto.

En este momento, cualquier hogar puede acceder al bono si su renta conjunta anual en 2025 sea menor o igual a 12.600 euros, con un multiplicador extra de 0,3 por cada miembro adicional mayor de edad y de 0,5 por cada menor de edad. Romero añade que para dar un apoyo especial a las familias numerosas se pueden elevar los multiplicadores ligeramente para ellas. "No lo veo imprescindible, pero quizás sea una vía para mantener la consideración especial de este colectivo.

La presidenta de la Comunidad de Madrid incluye a menudo en sus discursos una encendida defensa de la familia. En particular, le gusta combinar familia y bajada de impuestos. Hace unos días, Isabel Díaz Ayuso anunció con alborozo la tramitación de una nueva rebaja fiscal en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, que incrementará hasta el 50% la bonificación para las herencias y transmisiones entre hermanos y entre tíos y sobrinos por consanguinidad. La rebaja se suma a la bonificación vigente de un 99% para las transmisiones entre cónyuges, hijos y ascendientes directos. De acuerdo con las estimaciones ofrecidas por la presidenta, la nueva medida generará un ahorro de alrededor de 140 millones anuales y beneficiará a unos 14.000 madrileños.

Llama la atención la referencia explícita a la consanguinidad. Si quien amasó la fortuna fue el cónyuge de tu tío o el sobrino de tu mujer, olvídate de la bonificación. La Comunidad de Madrid defiende a la familia, no a los advenedizos. Y no se puede negar que, en lo de defender a su familia, Ayuso siempre predica con el ejemplo. 

Después, las cifras. ¡14.000! ¡Guau! Aunque si tenemos en cuenta que la población de la comunidad madrileña se elevaba según el INE a 7.001.715 habitantes en 2024, la cantidad ya no impresiona tanto. No llega ni a un magro 0,2% del total. A todos, a todos, no parece que vaya a beneficiarnos. ¿Quiénes se van a ahorrar, entonces, los 140 millones? Si se detraen de los impuestos, acabará habiendo más perjudicados que favorecidos. ¡Cuántas cosas útiles para mucha gente podrían hacerse con 140 millones de dinero público!

Cuando se establecen bonificaciones o ayudas sin fijar escalas de aplicación ni topes, no suelen salir más beneficiados quienes más lo necesitan sino, por pura matemática, quienes más tienen. Por poner un ejemplo fácil: una cosa es que rebajen a tus hijos el 99% en el impuesto sobre la herencia del pisito que es tu vivienda habitual, y otra bastante distinta es que se lo descuenten a los hijos de Amancio Ortega o de Juan Roig. Lo primero puede ser justo; lo segundo contribuye a afianzar la desigualdad. Quizás se legisla para favorecer a las familias, pero a las de siempre.

De acuerdo con un informe de Oxfam de 2024, el 10% más rico de la población española acumula más de la mitad de la riqueza del país y el 1% de los más ricos entre los ricos monopoliza algo más del 20%. En cambio, el 50% de los hogares más pobres no alcanza ni el 8% de la riqueza total. La riqueza está en manos de unos pocos, de unas pocas familias. Según una información de la revista Forbes de hace algunos años, 30 familias acaparan gran parte de la riqueza en España. En general, y aunque haya excepciones, los ricos no se hacen, nacen.

Muchas de esas familias que concentran la riqueza patria llevan haciéndolo por lo menos los últimos 40 años. La distribución de la riqueza en España sigue siendo deudora en muchos sentidos de los casi 40 años de la dictadura franquista y de lo poco que se cambió después. Numerosos ricos actuales son los herederos de quienes hicieron o multiplicaron su fortuna gracias a su cercanía al franquismo. Algunos comenzaron ya por financiar el golpe de Estado y la posterior guerra. Otros se beneficiaron de expropiaciones, monopolios, concesiones exclusivas, grandes obras públicas y, en general, de las ventajas que les ofreció su afinidad con el poder en un régimen clientelar. La aclamada transición no cuestionó la estructura socioeconómica del país y las grandes familias dueñas del capital fueron aprovechando las oportunidades. Por ejemplo, hacerse con cuantiosos paquetes accionariales de las grandes empresas públicas que se iban privatizando, siguiendo el ejemplo histórico de sus antecesores en la élite, que ampliaron su condición de terratenientes con las amortizaciones.

Para redondear, un informe de 2022 de la OCDE constata que, en España, el 20% más rico recibió más del 30% de las ayudas públicas, mientras que el 20% más empobrecido apenas recibió un 12% del total. Lo de las paguitas que convierten a los más desfavorecidos en vagos aprovechados es una leyenda urbana.  Los ricos españoles y los partidos que más los defienden, que constantemente andan sacando pecho por su milenaria herencia cristiana, parece que quieran cumplir la críptica afirmación del Evangelio de San Mateo según la cual a quien más tiene se le dará y a quien no tiene se le quitará aún más.

Últimamente todos, creyentes y ateos, nos hemos convertido en especialistas en cónclaves, papas e intrigas vaticanas. Ha sido divertido. No sé si los conocimientos recientemente adquiridos han dado para saber que 2025 es un año jubilar para la iglesia católica. En un año jubilar, los fieles pueden alcanzar la remisión de todos sus pecados si cumplen ciertos requisitos. En 2025 nos ha tocado el Jubileo de la Esperanza. Bonito nombre.

El jubileo es una institución que, como tantas cosas, el cristianismo heredó del judaísmo, a menudo cambiando enormemente su significado. Tal como figura en el Levítico ⎯incluido en el Tanaj judío y el Pentateuco cristiano⎯, el jubileo era mucho más radical. Cada 49 años todo había de restituirse a su estado original para recomenzar de cero, y no en un sentido puramente simbólico o espiritual. Se condonaban las deudas, se eliminaban las servidumbres, se redistribuían las tierras… El jubileo renovaba las estructuras sociales y económicas: corregía tanto la pobreza y dependencia extremas como la acumulación excesiva en manos de unos pocos y, con ello, reafirmaba la igualdad esencial entre todos. El jubileo se sustentaba sobre una premisa básica y generaba una esperanza fundamental. La premisa: la tierra no pertenece a los seres humanos, quienes, por así decirlo, estamos aquí de prestado. La esperanza: la injusticia no tiene por qué ser eterna.

Los políticos como la señora Díaz Ayuso identifican la justicia con promulgar leyes que garanticen que la riqueza continúe acaparada por muy pocos. Más allá de las ensoñaciones de llegar a contar entre ellos, la esperanza de la mayoría pasa por desbancar a los que piensan como ella del poder.

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Ana Isabel Rábade Obradó es filósofa y profesora titular de la Universidad Complutense de Madrid.

Hay un precedente en la mente de todos. En plena Semana Santa, el primer ministro británico, Keir Starmer, convocó urgentemente al Parlamento para aprobar una ley que autoriza la incautación inmediata de la planta siderúrgica de Scunthorpe: el último alto horno británico, que pasó a manos del grupo chino Hebei Jingye Group en 2020, amenazaba con cerrar, sin posibilidad de reabrir, lo que privaría para siempre al Reino Unido de toda producción de acero primario.

La ley autorizó al ministerio de Industria a tomar el control inmediato de la planta, garantizar los salarios de los 3.500 trabajadores, gestionar los suministros y los flujos logísticos, y tomar todas las medidas necesarias para mantener la planta en funcionamiento. Se creó un fondo de 2.500 millones de libras esterlinas (2.900 millones de euros) para garantizar el futuro. “Hemos cometido un error. Nunca debimos vender nuestra siderurgia”, explicó el primer ministro británico para justificar una medida que supuso la ruptura con el thatcherismo iniciado a finales de los años setenta.

En Francia, ningún responsable ha reconocido nunca que la venta de Usinor, convertida en Arcelor, a la familia Mittal en 2006, fuera un error. Pero en las plantas siderúrgicas, muchos empleados, proveedores que trabajan para el grupo o políticos locales consideran que dejar el destino del grupo —reconstruido y modernizado con miles de millones de dinero público desde finales de los años setenta— en manos de un único accionista privado, sin que el Estado pueda exigirle rendir cuentas, sin que se tenga en cuenta el interés público, ha sido un error fatal.

Año tras año, han visto cómo se vaciaban las instalaciones, sin que se vislumbrara ninguna esperanza de recuperación. El anuncio a principios de abril de la supresión de 600 puestos de trabajo en siete centros del norte del país, la mitad de ellos en Dunkerque, confirmó todos los temores. Muchos temen que este plan social sea el primero de una larga serie que culmine con el cierre de altos hornos en Francia, considerados poco rentables y cuya modernización sería demasiado costosa.

¿Cómo imaginar un futuro para la industria francesa sin un sector tan estratégico, eslabón indispensable tanto para la automoción como para la defensa, el transporte y la construcción? Si la familia Mittal, principal accionista del grupo, ya no está interesada en Francia, ¿por qué no renacionalizarlo?

Basándose en el ejemplo británico, la idea está ganando terreno en todas partes. La federación del metal del sindicato CGT lo ha convertido en uno de sus caballos de batalla, exigiendo la nacionalización total o parcial de las actividades del grupo en Francia. Políticos de izquierdas como François Ruffin, Marine Tondelier, el primer secretario del Partido Socialista (PS) Oliver Faure o Aurélie Trouvé, apoyan la propuesta. El Partido Socialista ha anunciado además su intención de presentar una propuesta de ley de urgencia para poner la planta de Dunkerque “bajo tutela del Estado”.

Pero la propuesta también tiene adeptos en el bando presidencial. El senador por el Norte Franck Dhersin (Horizons) considera que hay que plantearse la idea de la nacionalización si permite “mantener la fabricación de acero en Francia”.

La respuesta del ministro de Industria, Marc Ferracci, no se hizo esperar. Como cada vez que se menciona la palabra nacionalización, considerada “una palabrota” —excepto en el caso de los astilleros de Saint-Nazaire, pero otras consideraciones influyeron en esa decisión— en un dossier industrial. “Recurrir a la tutela o a la nacionalización, como hacen algunos, es un reflejo un poco pavloviano”, ironizó el 5 de mayo en Sud Radio. En un momento en el que solo se habla de economía presupuestaria, según él, sería malgastar el dinero público: “ArcelorMittal tiene una capitalización de 22.000 millones de euros. Por lo tanto, comprar Arcelor, o incluso solo la mitad de sus acciones, sería con el dinero de los franceses”, explicó.

Las cifras mencionadas por el ministro de Industria son falsas. En el contexto actual, no se trataría de tomar el control de todo el grupo, de sus plantas en la India, Brasil o Estados Unidos, sino solo de las plantas francesas. Porque, según las declaraciones contables de ArcelorMittal, que ha elevado la optimización fiscal al arte supremo de la gestión, las plantas francesas apenas son rentables, o incluso pierden dinero. Sobre esa base, el coste de recuperar el control de las plantas de producción francesas sería mucho menor de lo anunciado, del orden de unos pocos miles de millones.

Pero es después cuando el coste podría volverse muy elevado. Y todo el mundo, incluidos los más fervientes defensores de la nacionalización, parece pasar por alto lo que vendrá después, como si recuperar el control público de un capital o de una planta industrial bastara para garantizar su supervivencia.

Y es que ArcelorMittal ha sido desmantelada y reorganizada para convertirse en una simple pieza de un grupo mundial integrado. Sus suministros, sus transportes, parte de sus sistemas informáticos de producción y gestión, su cartera de clientes... todo depende de una dirección centralizada que escapa a su control. Todo ello supone aceptar perder mucho dinero mientras se reconstruye todo.

Los medios financieros movilizados por el Gobierno británico para mantener la única planta de Scunthorpe dan una idea de la magnitud de las sumas que se necesitan. Porque si las plantas francesas recuperaran su autonomía, habría que reconstruirlo todo, reinvertir en herramientas de producción parcialmente abandonadas, modernizar los centros de fabricación para producir acero sin emisiones, so pena de tener que cerrar los altos hornos el 1º de enero de 2030.

Y todo ello en un momento en el que el mercado mundial del acero sufre un exceso de capacidad que provoca un desplome de los precios mundiales, en el que parte de los mercados están cerrados debido al aumento de los aranceles, en el que el sector automovilístico europeo, su principal salida, está en crisis, en el que ya no puede apoyarse en parte de lo que antes constituía su fuerza: sus patentes, sus redes de distribución y sus filiales en el extranjero.

En definitiva, para el ministro de Industria, el de Economía y Finanzas y el gobierno en general, el proyecto, más allá de la convicción ideológica, es impensable. Para salvar Dunkerque y el resto de las plantas francesas de ArcelorMittal, Marc Ferracci tiene la respuesta: “Hay soluciones industriales”. Antes de citar el plan siderúrgico europeo y el impuesto sobre el carbono en las fronteras a partir del 1º de enero de 2026, reconoce que deben reforzarse las medidas de protección en Europa.

Pero el ministro de Industria, fiel defensor de la política de la oferta, cuenta sobre todo con todas las ventajas y ayudas públicas que puede ofrecer el Gobierno. Mucho más eficaces, en su opinión, que establecer una relación de fuerza para incitar a la dirección del grupo siderúrgico a invertir en Francia. Muchas promesas.

En 2023, el Gobierno se comprometió a financiar la mitad de la inversión estimada en 1.800 millones de euros para poner en marcha la producción de acero eléctrico sin emisiones en Dunkerque. El grupo ha decidido suspender el proyecto, al considerar que ya no tiene la visibilidad suficiente para lanzar una inversión de tal envergadura. Pero Marc Ferracci sigue contando con él, dispuesto a aumentar la apuesta si es necesario.

Además de esa importante inversión, también promete al grupo garantizarle una electricidad a precios sin competencia, entre 40 y 42 euros por megavatio hora (MWh), por debajo de los costes de explotación de las centrales nucleares históricas. Promete ayudas para el empleo, la formación y la reclasificación de puestos, así como movilizar fondos europeos.

“ArcelorMittal no está en suspensión de pagos”, señala Christèle Khelf, secretaria general adjunta de la federación de minería y metalurgia de la CFDT, en referencia al aumento de los dividendos y al nuevo plan de recompra de acciones aprobado en la junta general del grupo el 6 de mayo. A diferencia de otros sindicatos, la CFDT se opone a la nacionalización. Pero el sindicato rechaza que el grupo vuelva a recibir ayudas públicas sin ofrecer nada a cambio. “Hay que acabar con el chantaje de Mittal. No se debe conceder ninguna ayuda pública sin contrapartida”, insiste Christèle Khelf.

Y es que el grupo es el campeón de las subvenciones públicas. Según las cifras elaboradas por el senador comunista Fabien Gay, cada año ArcelorMittal recibe 295 millones de euros de dinero público, de los cuales 195 millones se destinan a cuestiones energéticas, 40 millones a exenciones de cotizaciones sociales y 11 millones a créditos fiscales para investigación. Todo ello “sin contrapartida alguna”, señala este senador.

Todos temen que esta situación se perpetúe y que el grupo siderúrgico aproveche la emoción del plan social en el norte para obtener nuevas prebendas. La reunión celebrada el 6 de mayo entre los responsables de ArcelorMittal, los sindicatos, los políticos locales y el ministro de Industria no les dejó nada tranquilos. La dirección de la siderúrgica solo tiene previsto presentar la lista de puestos de trabajo que se suprimirán el 13 de mayo. De lo demás, nada. No se ha asumido ningún compromiso ni se ha esbozado ninguna perspectiva. Los responsables se han negado incluso a comprometerse a participar en una mesa redonda sobre el futuro del grupo en Francia, solicitada a gritos por los sindicatos y los políticos locales, entre ellos Xavier Bertrand, presidente de la región de Hauts-de-France.

“ArcelorMittal está engañando al Estado”, denuncia Gaëtan Lecocq, secretario general de la CGT de ArcelorMittal Dunkerque. Pero eso no parece importarle demasiado a Marc Ferracci, al parecer. Todos los participantes en la reunión terminaron con la impresión de que la única preocupación del ministro era evitar que Dunkerque se conviertiera en un nuevo Florange (enfrentamiento en 2012 entre la siderúrgica y el gobierno por un ERE, ndt) y que el problema industrial y social se transformara en una crisis política de gran envergadura. La única concesión que parece pedir a ArcelorMittal es que acepte un generoso plan social, que el Estado compensará de una forma u otra posteriormente, con el fin de comprar la paz social en Dunkerque.

Esa visión cortoplacista y cínica no resuelve nada, ya que todo apunta a que el plan social de Dunkerque es una prueba para ArcelorMittal con el fin de arrancar aún más concesiones, ayudas y protección en Francia y en Europa, mientras prosigue su reorganización mundial y el abandono del continente europeo, dejando la factura a los gobiernos.

El coste final de esta destrucción industrial masiva es conocido: se paga con miles de puestos de trabajo, con la desaparición de muchísimos subcontratistas, proveedores y prestadores de servicios, con el abandono de territorios, con la pérdida de competencias y conocimientos técnicos, y con un agravamiento de las cuentas sociales y fiscales.

Nadie suma nunca esos costes dispersos y esas pérdidas de ingresos, pero sin duda son más elevados que los de una nacionalización, por arriesgada que sea. En cualquier caso, al final queda una herramienta productiva. Teniendo en cuenta la importancia estratégica del sector y sus efectos impulsores en toda la industria y en los territorios, esta se justifica.

En todo caso, sin un enorme esfuerzo financiero no se conseguirá detener la hemorragia actual que afecta a todos los sectores económicos y reindustrializar el país adaptándolo a las nuevas urgencias climáticas. Pero eso implica también contar con una estrategia industrial y energética, una política de preferencia nacional que comience por la contratación pública y una visión a largo plazo. Todos esos términos son “palabrotas” para este gobierno.

¿Hasta cuándo podrá el Ejecutivo eludir el tema? La política de oferta aplicada por los sucesivos gobiernos de Emmanuel Macron desde 2017 cuesta cada año entre 170.000 y 200.000 millones de euros en ayudas y diversas desgravaciones a las empresas. Pero ¿con qué resultado?

Mientras se multiplican los planes sociales en toda Francia y se ven amenazados sectores enteros, pero al mismo tiempo algunos grupos distribuyen cantidades récord a sus accionistas, merece la pena plantearse la pregunta. Dos comisiones de investigación parlamentaria, una en la Asamblea Nacional y otra en el Senado, han decidido evaluar la pertinencia y la eficacia del gasto público.

En la línea de esas reflexiones, el senador socialista Thierry Cozic acaba de presentar una propuesta de ley para limitar el despido por motivos económicos en las empresas de más de 250 trabajadores.

El texto, que consta de dos artículos, propone revisar una serie de facilidades y libertades, algunas de las cuales se introdujeron con la ley laboral, conocida como ley El Khomri, aprobada en 2016. El primer artículo propone prohibir el despido por motivos económicos si hay distribución de dividendos, acciones gratuitas o stock options, o recompra de acciones durante el último ejercicio contable.

“Por otra parte, ya no es aceptable para Francia que esos despidos sean llevados a cabo por grandes multinacionales que reciben importantes subvenciones públicas”, dice el texto, que propone prohibir cualquier pago de ayudas o créditos fiscales durante tres años en caso de despidos improcedentes, así como el reembolso de las ayudas, incluidas las exenciones sociales relativas a los puestos suprimidos, si la sentencia se considera sin causa real y grave.

La propuesta de ley se someterá a votación en el Senado el 14 de mayo. Como era de esperar, la mayoría gubernamental y la derecha ya se han declarado totalmente en contra de la propuesta.

Traducción de Miguel López

Mollitiam Industries, una pequeña firma de Toledo especializada en software espía que saltó a las páginas de los periódicos en 2020 cuando fue señalada por Reporteros sin Fronteras como uno de los 20 mayores “depredadores digitales” del mundo, está abocada a la liquidación. Con una deuda de 3,95 millones de euros, la viabilidad de Mollitiam, que recibió 2,2 millones en subvenciones públicas desde su creación en 2018, es “nula”, según explican fuentes de la administración concursal.

De hecho, en breve ésta comunicará al juez la “insuficiencia de masa activa” de la empresa; es decir, informará de que sus activos no cubren siquiera los gastos que genera el propio concurso. Mollitiam lleva sin funcionar desde el pasado mes de octubre, por lo que se ha quedado “fuera del mercado”, explican las mismas fuentes. “Con sólo seis meses sin actividad, una empresa de este tipo cae en la obsolescencia”, lamentan. Mollitiam sólo ha conseguido vender “a precio razonable, pero no elevado” una pequeña herramienta de ciberseguridad, llamada dotlake, que extrae “datos de la deep web, foros cibercriminales más restringidos, mercados de fraude de difícil acceso, canales y grupos de telegram y ransomsites”, según puede leerse en su página web. Sin embargo, sus programas estrella de espionaje, Invisible Man y Night Crawler, entre otros, se han quedado en un cajón. “No tienen ningún valor”, considera la administración concursal.

Tampoco ha sido posible vender la empresa a un tercero. “No ha habido interés” en el sector, añade, en adquirir al creador de unos desarrollos informáticos cuyos únicos clientes son los gobiernos y sus organismos de inteligencia y seguridad.

Precisamente la principal razón de la insolvencia de Mollitiam, antes y de su camino a la liquidación, después. son los contratos con las fuerzas de seguridad de Ecuador y Colombia que no ha podido cobrar. El primero de ellos, por importe de 2,34 millones de dólares ha sido impagado por un “intermediario”. Otras administraciones públicas en el extranjero le dejaron a deber un total de 1,54 millones de euros más, tal y como consta en las últimas cuentas que la empresa envió al Registro Mercantil, correspondientes a 2023.

Según la administración concursal, esos contratos son imposibles de cobrar. Intentarlo, contratando abogados en esos países, supondría un coste que Mollitiam no puede asumir en sus actuales circunstancias.

El principal acreedor de la empresa son sus trabajadores, 39 personas en 2023, que se han quedado en la calle y cuyas indemnizaciones por despido y salarios adeudados tendrá que pagar el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). También la Seguridad Social y Hacienda figuran en la lista de créditos. Pero el segundo mayor acreedor es el CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación), que depende del Ministerio de Ciencia y cuyo fin es potenciar la inversión de capital riesgo en el sector tecnológico. Mollitiam le debe 1,1 millones de euros por la parte reembolsable de las subvenciones que el CDTI le concedió y no ha podido devolver. También adeuda a la sociedad de garantía recíproca Aval Castilla-La Mancha. Según consta en el registro de subvenciones de esa comunidad autónoma, Mollitiam consiguió una ayuda de 15.941 euros a través del programa Adelante Inversión y otra de 23.854 euros de Innova-Adelante. El tercero en la lista es el Banco Santander, que tiene una pignoración a su favor y es, por tanto, un acreedor con privilegio especial.

En todo caso, de los 3,95 millones que suma la deuda de Mollitiam, poco más de un millón es “contingente”, no se ha concretado aún jurídicamente que el acreedor tenga derecho a ese dinero, por su cifra o por su concepto.

El impago de contratos tan cuantiosos y la muerte de uno de sus fundadores, Samuel Álvarez González, en julio de 2023, llevaron a Molittiam a solicitar el preconcurso de acreedores en marzo de 2024 y el concurso voluntario de acreedores el 31 de octubre. Del procedimiento se encarga el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Toledo. En mayo del año pasado ya tuvo que dejar de pagar algunas nóminas, así como solicitar el aplazamiento de los pagos de cotizaciones a la Seguridad Social e incluso trasladar su sede de Toledo a Madrid. Pasó de facturar 2,5 millones de euros en 2022 a perder 1,024 millones en 2023, que se sumaron a los 1,061 millones de números rojos acumulados de ejercicios anteriores.

Buena parte de su éxito inicial se lo debe a sus programas espía, Invisible Man se lo vendió a la dictadura de Vietnam y al Ejército de Colombia. Con ese software, los militares colombianos espiaron a 130 periodistas, políticos, funcionarios y sindicalistas, pero también a corresponsales estadounidenses, a una magistrada del Tribunal Supremo, a un senador e incluso a exmilitares.

Mollitiam Industries también apareció en la galaxia de empresas creada por la compañía francesa Nexa y la israelí Intellexa para desarrollar sistemas de cibervigilancia punteros y venderlos después a gobiernos de todo el mundo, incluidas dictaduras y otros regímenes poco democráticos. Así lo desvelaron los Predator Files, obtenidos por Mediapart y Der Spiegel y compartidos con la red de medios European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre.

Según la información de los Predator Files, Mollitiam Industries firmó un acuerdo de confidencialidad con Nexa en diciembre de 2019, válido por un periodo de dos años y renovable por otros cinco. También le proporcionó un folleto de presentación de sus productos; en concreto, uno que describía sus sistemas de infección y control remoto invisible de objetivos conectados a internet. Es decir, ofrecía las mismas herramientas de cibervigilancia en las que se había especializado la galaxia Nexa-Intellexa. El mismo spyware desarrollado, por ejemplo, por el israelí NSO Group, ahora en el disparadero internacional por culpa de Pegasus, y la italiana Hacking Team, cuyos sistemas fueron utilizados para espiar al presidente de Amazon, Jeff Bezos.

Pero no sólo coincidía la firma española con el grupo franco-israelí en el producto, sino también en sus escasos escrúpulos respecto a los clientes a quienes se los vendían. Los Predator Files revelaron que Nexa vendió su spyware estrella, Predator, a Vietnam, una dictadura comunista que persigue a los disidentes y muestra escaso respeto por los derechos humanos. Según la información a la que tuvo acceso infoLibre, Mollitiam Industries también suministró al régimen vietnamita el programa Invisible Man.

Es el mismo que antes había vendido al Ejército de Colombia, una herramienta informática con la que en 2019 fueron espiados hasta 130 periodistas, políticos, funcionarios y sindicalistas. El escándalo, conocido como Carpetas secretas, fue destapado por la revista colombiana Semana en enero de 2020. La empresa española vendió su software al Ejército colombiano por 3.000 millones de pesos –unos 710.000 euros–, tras firmar un contrato a dedo, sin licitación previa.

Pero su vinculación con Colombia es más amplia. En septiembre de 2022 creó en el país sudamericano una filial, de la que posee el 100% de las acciones, Mollitiam Industries Colombia SAS. En mayo de 2021 ya había constituido una Unión Temporal de Empresas (UTE), con una participación del 40%, con la firma colombiana Newsat, que ha bautizado como Unión Temporal Phoenix 027-2021 y suministró el software y la licencia de su programa Phoenix a la Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía Nacional de Colombia.

Phoenix es “un sistema modular de monitorización masiva para producir inteligencia a partir de la descarga anónima de datos no estructurados procedentes de redes sociales, darknet y deepwebs”. En una ponencia enviada a un congreso sobre computación e ingeniería aplicada, que se celebró en el verano de 2022 en Las Vegas (Estados Unidos), Mollitiam explicó un detalle más sobre los usos de Phoenix: se trata de “un prototipo para la detección de posibles radicales en las redes sociales”. Es el programa que Mollitiam desarrolló gracias a unas ayudas de 641.827 euros abonadas por la Unión Europea –a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) – y el CDTI. Este organismo público también le concedió 540.000 euros en 2022 a través de Invierte Economía Sostenible, una sociedad anónima del que es el único accionista. Y 450.000 euros más en mayo de 2021 en una operación en la que también participó el fondo del Gobierno vasco Easo Ventures. Finalmente, subvencionó a Mollitiam con 390.394 euros más mediante los proyectos Cien y Eureka.

La empresa de Toledo era propiedad en un 26,14% de los hermanos Alvárez, Samuel y Esther, a través de la sociedad Time to Change SL. Un tercer accionista, Antonio Ramos Varón, disponía del 33,59% del capital por medio de Stack Overflow SL. Esther Álvarez ha sido la presidenta de Mollitiam hasta el pasado noviembre, cuando dimitió de todos sus cargos. Un año antes, y en sustitución de Samuel Álvarez, fue nombrado consejero Santiago Molins Riera, que procedía de la Fundación In-Nova, la semilla que los hermanos plantaron en 2007 y de la que nació Mollitiam en 2018.

Además, entre los accionistas de Mollitiam figuran Sabadell Venture Capital, filial para start-ups del banco dirigido por Josep Oliu; Easo Ventures, sociedad de capital riesgo con sede en San Sebastián y que capta fondos entre otros del Gobierno vasco, y Torsa Capital, un fondo creado por empresarios asturianos, entre ellos la familia Cosmen, los fundadores de la empresa de autobuses Alsa, y que dio entrada en su capital en julio de 2023 al banco de inversiones Renta 4, con un 30%.

Esta semana, los compañeros de El País publicaban un artículo sobre el calvario al que el Ayuntamiento de Madrid está sometiendo a un buen número de artistas, beneficiarios de unas ayudas que ahora, por nimiedades formales, se les está obligando a devolver. Imaginen ustedes la situación: alguien, por lo general joven, pide una subvención para producir un proyecto. ¡Qué suertudo! Calma: la dádiva, habitualmente, solo cubre los gastos materiales. ¿Honorarios? No me suena esa palabra: todo el mundo sabe que los agentes culturales sobreviven haciendo la fotosíntesis. Entregado el dinero, el implicado se pone en marcha: probablemente la transferencia venga a pie y las fechas de ejecución no acompañen, así que te toca adelantar de tu bolsillo. Obra terminada, éxito de crítica y público. 

Ahora, concluido el plazo, llega el divertido proceso de justificación. ¿Se imaginan lo complicado que es explicarle a un interventor por qué has necesitado más metros de material que los que contiene la obra resultante? «Verá, es que tengo que hacer pruebas hasta que consigo lo que busco». «Inconcebible», grita, airado, el funcionario.

Créanme: sé estas cosas de primera mano porque me gano la vida en ese sector. Y he visto de todo: artistas a los que se les chantajea para que produzcan bajo su cuenta y riesgo («estás en la resolución provisional, pero si esperamos a la definitiva no llegas a la exposición»), becarios que se pasan seis meses sin ver un penique porque el programa informático con el que se gestionan los pagos está gripado y «nadie sabe cómo arreglarlo», estancias en el extranjero que se resuelven en septiembre y debes agotar antes de que termine el año para que les cuadre el presupuesto y gente que ha acabado en la ruina porque academias que llevan ciento cincuenta años gestionando una residencia artística de relumbrón todavía no se han molestado en evitar que Hacienda entienda que el dinerito para suplir gastos no es un incremento patrimonial.

Alguien malvado y descreído podría pensar que a las administraciones solo les interesa publicitar los miles de euros que han dedicado a «cultura», aunque las inversiones sean ineficaces o, en la mayoría de los casos, trampas mortales para sus beneficiarios. Apenas conozco gente (y conozco a casi todo el mundo) que haya recibido una subvención que no le haya quitado el sueño con burocracias y amenazas de embargo. Imagino que habrá lectores que me replicarán que el dinero público es sagrado y que hay que justificarlo bien. Camarada, te doy la mano: no puedo estar más de acuerdo; pero escucha, no estamos hablando de eso, sino de bases ambiguas y de funcionarios que no conocen los rudimentos propios de un sector que no funciona, ya lo siento, como el de la compraventa de coches. 

Hablamos de una violencia institucional que se ejerce sobre aquellos que para poder trabajar tienen que solicitar la ayuda que ofrecen las administraciones, que siquiera van destinadas a que ese artista, investigador o comisario pueda desarrollar su labor en unas condiciones dignas, sino a que la puedan compatibilizar con otros trabajos con los que subsistir mientras «producen» a mayor gloria de un entramado institucional que favorece la extenuación, la ansiedad y el pluriempleo. Cuarenta horas a la semana sirviendo en un cátering y por las tardes engrandeciendo el patrimonio artístico español: los museos, no sé si lo saben, no se llenan solos, y la Marca España la queremos bien lustrosa. Es desesperante constatar, una y otra vez, cómo las chapuzas siempre las pagan los mismos. Porque cuando algo sale tarde y mal, a la administración no le caen recargos ni a sus responsables reprimendas. Es, siempre, una y otra vez, el fuerte contra el débil, el poderoso contra el desamparado.

La condena a la líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, ha generado un terremoto político en su país y un aluvión de reacciones internacionales, especialmente por parte de sus aliados. La líder de Reagrupamiento Nacional ha sido condenada por un delito de malversación de 2,9 millones de euros de fondos públicos junto con ocho eurodiputados de su partido. La sentencia considera probado que durante once años la formación ultra desvió las subvenciones del Parlamento Europeo destinadas a la contratación de asistentes en Bruselas o Estrasburgo para pagar a sus empleados en Francia. Le Pen deberá cumplir una pena de inhabilitación de cinco años con ejecución inmediata —que no afecta a su escaño de diputada—, cuatro años de prisión y una multa de 100.000 euros. Así, queda eliminada de la carrera presidencial de 2027.

Desde su formación han llamado a la movilización en las calles contra una condena que consideran desproporcionada e injusta, al tiempo que diversos dirigentes ultras han mostrado su solidaridad con Le Pen: desde el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, pasando por el Kremlin, que calificó la sentencia como "una violación de las normas democráticas" hasta el líder de Vox, Santiago Abascal, que atribuyó lo ocurrido a una campaña para "acallar la voz del pueblo francés". Otros líderes de la ultraderecha europea como la primera ministra Giorgia Meloni y su vicepresidente Matteo Salvini también han manifestado su apoyo a la francesa, al igual que el holandés Geert Wilders y el rumano George Simion.

Tampoco se quedó atrás la mano derecha del presidente estadounidense Donald Trump, Elon Musk, que se sumó a los reproches contra el veredicto del Tribunal de París. "Cuando la izquierda radical no puede ganar mediante el voto democrático, abusa del sistema legal para encarcelar a sus oponentes", escribió el  hombre más rico del mundo, ahora encargado del Departamento de Eficiencia Gubernamental del Gobierno de EEUU en X, la red social de la que es propietario. "Este es su libro de jugadas estándar en todo el mundo", añadió.

El caso ha generado división de opiniones en Francia, pero las principales asociaciones judiciales han cerrado filas tras la decisión. El tribunal sostiene que Le Pen, los otros ocho eurodiputados y los 12 asistentes firmaron "contratos ficticios": "Ha quedado probado que todas esas personas trabajaban en realidad para el partido y que su eurodiputado no le había confiado ninguna tarea", señalan En 2018, el Parlamento Europeo estimó el importe total desviado en 6,8 millones de euros, correspondiente a un periodo entre 2004 y 2017.

El caso de Le Pen recuerda a otros episodios con la extrema derecha como protagonista en los que también se han utilizado recursos públicos para malversar como el 'caso Serrano', que implicó al que fuera juez estrella de Vox y su candidato en 2018 a las elecciones de Andalucía. Francisco Serrano se presentó como un candidato que iba a limpiar la política andaluza y a acabar con las "paguitas", pero al "hombre bueno" de Santiago Abascal le espera el banquillo de los acusados. Y precisamente por un posible fraude con una subvención pública. Ni siquiera eso que Vox llama una "paguita", sino una subvención millonaria.

El caso Serrano tuvo su origen en 2016. Tras sus pésimos resultados como candidato de Vox en 2015 e inhabilitado como juez por prevaricación, Serrano decidió convertirse en un hombre de negocios mientras iba cultivando su imagen de referente conservador en Sevilla. Y eligió el sector del biocombustible a base de madera, los pellets. La idea: fundar una empresa y conseguir una ayuda pública. Para ello el juez y Enrique Pelegrín constituyeron en marzo de 2016 una sociedad, Biowood Niebla. Y ahí mismo, en el origen, empezaron las trampas. Los fundadores de la sociedad le atribuyeron ante notario a esta sociedad una maquinaria que en realidad no tenían para engordar sus fondos propios. Fue esa falsedad la que les permitió obtener 2,4 millones de euros de ayuda pública que, sin esos supuestos fondos propios, no hubieran podido obtener.

A la espera de que se celebre el juicio, Juan Gutiérrez, el instructor del caso de posible estafa y fraude de subvenciones ha impuesto a Serrano y a sus dos socios más de 3,3 millones de euros "para asegurar las responsabilidades pecuniarias" derivadas del posible fraude. "De no prestarla [la fianza] se le embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma", señaló el auto. Serrano sufrió el embargo de bienes por parte de Hacienda a raíz de este caso, desvelado en 2019 por infoLibre, periódico al que denunció ante los tribunales –sin éxito– por revelación de secretos.

El 'caso Serrano' no es una excepción dentro del historial de Vox, ya que la formación está siendo actualmente investigada por la Fiscalía Anticorrupción por presunta financiación irregular por utilizar métodos para captar fondos de manera opaca con unas "huchas", además de fondos extranjeros de modo ilegal al recibir dinero procedente de un banco cercano a Orbán. Además, Macarena Olona, exportavoz en el Congreso y candidata a la Junta de Andalucía, también denunció los desvíos de dinero del partido a través de la fundación Disenso.

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro tiene diversos frentes abiertos con la Justicia brasileña, con acusaciones que van desde falsificar su cartilla de vacunación hasta tramar un golpe de Estado para tratar de desbancar a Lula da Silva pasando por la apropiación de forma indebida de unas joyas que la familia real de Arabia Saudí entregó a una comitiva brasileña en una visita oficial a ese país en 2021. Se trataba de relojes Rolex, pendientes, un rosario árabe y un collar de oro y diamantes de Chopard. Según las estimaciones de los peritos policiales, len su conjunto tenían un valor de 5 millones de reales, lo que equivale a un millón de dolares.

Bolsonaro, pese a no participar en ese viaje, trató de lucrarse personalmente y venderlas en Estados Unidos. Cuando el escándalo estalló las devolvió, pero la Policía Federal consideró que había indicios suficientes para acusarle de al menos tres delitos: apropiación de bienes públicos, blanqueo de dinero y asociación criminal, ya que involucró a varias personas de su círculo de confianza, incluyendo a altos cargos del Gobierno. Según las investigaciones, Bolsonaro sí vendió algunas de esas joyas a través de intermediarios, pero sus colaboradores las acabaron recomprando una vez que el Estado exigió su devolución.

Esta misma semana transcendió que el expresidente brasileño será juzgado en los próximos meses después de que el Tribunal Supremo aceptara la denuncia de la Fiscalía contra él por liderar una conspiración para perpetrar un golpe de Estado. Cuando perdió el poder, Bolsonaro perdió también la inmunidad de la que había disfrutado durante más de treinta años y en 2023 los jueces lo inhabilitaron para concurrir a las elecciones hasta 2030, al igual que ha sucedido ahora con Le Pen, por abuso de poder para deslegitimar las elecciones.

En el año 2019 saltó el 'caso Ibiza' que acabó con la carrera del entonces líder de extrema derecha en Austria Heinz-Christian Strache, entonces vicecanciller, tras revelarse un vídeo en el que Strache ofreció contratos públicos a cambio de financiación para su partido a una mujer que se hizo pasar por la sobrina de un oligarca ruso. El escándalo provocó la ruptura de la coalición de gobierno y la convocatoria de elecciones.

El vídeo fue grabado con cámara oculta en julio de 2017 en una villa de Ibiza en el que el líder del Partido de la Libertad de Austria (FPÖ) planteaba vías de financiar ilegalmente a su partido, y se jactaba de recibir donaciones millonarias de grandes empresas. "No pagan al partido, sino a una asociación sin ánimo de lucro. Le tienes que explicar que eso no pasa por el Tribunal de Cuentas", explicaba a su interlocutora. En 2021 un tribunal de Viena le condenó a 15 meses de prisión  por haber favorecido a una clínica privada a cambio de 10.000 euros, un caso que se descubrió tras confiscar su teléfono a raíz del 'caso Ibiza'.

También se conoció que Strache había cargado durante años de manera indebida gastos personales a su partido y que este le pagaba parte del alquiler de su vivienda y sustanciosas dietas. Así, rápidamente se desbarató su imagen de político que denunciaba las prácticas corruptas, lo que culminó con un batacazo electoral del FPÖ. En las últimas elecciones celebradas en septiembre del 2024, fue la primera fuerza con Herbert Kickl a la cabeza, ministro de Interior cuando estalló el 'caso Ibiza', posteriormente destituido.

La inmensa mayoría de las ayudas públicas que se dan en España ignoran la emergencia climática. La organización ecologista Greenpeace ha analizado casi 60.000 millones de euros que el Gobierno repartió entre 2023 y 2024 a cientos de empresas del país y a millones de ciudadanos en forma de subvenciones y exenciones fiscales para transporte, agricultura y ganadería. La conclusión es que casi nueve de cada diez euros se consideran "total o parcialmente dañinos" para el medioambiente. Algunos de los grandes beneficiarios fueron Repsol, Ryanair o Fertiberia, que forman parte de las empresas más contaminantes del país.

"Muchas de estas ayudas se activaron con el covid y la crisis energética. En teoría iban a ayudar a hogares y empresas a superar el bache, pero ahora vemos que no fueron eficaces ni desde el punto de vista social ni ambiental", opina Carlos García, coordinador de Incidencia Política de Greenpeace y autor del informe. La ONG también concluye que el 92% de las subvenciones dadas fueron regresivas; es decir, no acabaron en manos de familias o empresas vulnerables.

Del volumen total de ayudas que dio el Estado en 2023 y 2024, Greenpeace ha estudiado las que se destinaron a transporte, vivienda y agricultura porque esos tres sectores generan el 50% de la contaminación del país, y si se hubieran incluido en las subvenciones criterios verdes se habría fomentado la reducción de las emisiones. Estos sectores también son especialmente relevantes porque en 2023 absorbieron el 41% de las subvenciones públicas de España: 32.075 millones de euros, o el 1,7% del PIB. En 2024 recibieron menos apoyo (27.100 millones) porque desaparecieron ayudas muy caras, como la ayuda de 20 céntimos a los carburantes.

En la partida de 2024, las subvenciones verdes solo representaron el 13,9% del total, frente al 35,7% de las marrones y el 50,4% de las naranjas. Esta clasificación por color es la manera en que Greenpeace divide lo que considera subvenciones ambientalmente sostenibles (verdes), ambiguas (naranjas) o contaminantes (marrones). El grupo naranja incluye el apoyo económico a políticas que en principio son negativas, aunque alguno de sus criterios son positivos para el planeta.

Entre las subvenciones naranjas, destaca la Política Agraria Común (PAC), que es de lejos la mayor ayuda pública que recibe la economía española (27,1% del total) y procede de las arcas de Bruselas. Carlos García explica que han incluido la PAC entre las políticas naranjas porque solo el 16% de su presupuesto está condicionado a las buenas prácticas ambientales. También han incluido en ese bloque naranja el bono social eléctrico porque su ayuda no discrimina entre energía renovable y fósil, y al IVA reducido en alimentos porque no incentiva la compra de productos ecológicos.

En el escueto apartado de subvenciones verdes destacan la gratuidad al transporte público y el plan de choque de movilidad sostenible, que ayudan a reducir los coches en las carreteras, o el plan eco vivienda. En el extremo opuesto están las ayudas marrones, como la fiscalidad reducida en la aviación (que tiene un IVA del 10%), las exenciones del combustible aéreo (el queroseno no paga impuesto de hidrocarburos) o la reducción del IRPF del 35% para el combustible agrícola.

El informe también calcula quiénes fueron en 2023 las empresas españolas más beneficiadas por estas ayudas, y señalan que 100 compañías recibieron 4.321 millones de euros en subvenciones, de los que 2.995 millones provenían de los fondos europeos Next Generation. Entre los grandes beneficiarios están gigantes como Iberdrola, ArcelorMittal, Naturgy, EdP, Endesa o Repsol.

"Esas cifras evidencian que quien más se beneficia son las empresas contaminantes. Y estamos hablando de ayudas a fondo perdido, que no se devuelven", recuerda García. "El caso paradigmático es el de Repsol, la empresa con más emisiones de España, que por mucho dinero público que reciba para descarbonizarse, 7 de cada 10 euros de sus inversiones van para su negocio tradicional petrolero. ¿Están las ayudas sirviendo para cambiar la compañía? Evidentemente no", añade el portavoz ecologista.

El Gobierno, y especialmente el Ministerio de Transición Ecológica, está en teoría comprometido con regular estas ayudas para redirigirlas hacia políticas verdes, pero por ahora quedan importantes subvenciones contaminantes activas. El Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC), actualizado en 2024, recoge la meta de eliminar subvenciones energéticas, como la rebaja de impuestos al carburante agrícola y al gas natural profesional, o la exención del impuesto de hidrocarburos para barcos.

Sin embargo, como destaca Greenpeace, todavía no hay un plan concreto para retirar estas subvenciones, que suponen un agujero en las arcas públicas. Solo las ayudas públicas al transporte cuestan al año a España 10.293 millones (44% en forma de subvenciones directas y el 56% en ayudas indirectas) y el 62,9% de ellas son consideradas marrones, o contaminantes.

La única ayuda que Transición Ecológica planea retirar a corto plazo es la brecha fiscal a favor del diésel (que tiene menos impuestos que la gasolina), un diferencial que cuesta unos 1.000 millones de euros al Estado cada año. La ministra de esta cartera, Sara Aagesen, ha reiterado varias veces en los últimos meses que planea retirar este beneficio lo antes posible porque además forma parte de las promesas del Gobierno a Bruselas a cambio de los Fondos Next Generation. De hecho, según EFE, antes del 11 de abril la medida debería estar implementada para evitar una posible sanción desde la Comisión Europea.

Primero fue una denuncia a la Inspección de Trabajo por irregularidades en la contabilidad de las horas extra trabajadas por la plantilla. Meses después del inicio de esa investigación laboral, las quejas de los trabajadores de Patio Campus contra directivos de ese "acelerador empresarial" al que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso subvencionó a dedo con dos millones de euros de dinero público, se extienden a trato vejatorio, machismo y homofobia. Varios trabajadores han denunciado a tres directivos de Iberia y dos de L'Oréal, dos de las grandes empresas que, junto a la Comunidad de Madrid, participan en la asociación. Sus reclamaciones se han enviado a través de los canales internos de denuncia de esas dos multinacionales y el despacho de abogados contratado por Patio Campus que investiga denuncias previas de acoso.

“En Madrid no queremos ciudadanos ni empresas ni proyectos maniatados a la Administración ni que sean rehenes de burocracia interminable ni que seamos los políticos quienes decidimos por dónde ha de caminar la empresa ni invitar con el dinero del contribuyente a pagar nuestros anuncios”, afirmó Ayuso durante el acto en el que Patio Campus fue presentado, el 30 de marzo de 2023. Ese discurso marcadamente neoliberal lo pronunció ante los representantes de los socios principales del consorcio empresarial encabezado por la multinacional cosmética L'Oreal, y del que también forman parte BMW, Inditex, Pascual, Iberia, Mahou San Miguel, Moeve y el gigante inmobiliario Merlin Properties. A ellos se han unido en los últimos meses la petrolera Cepsa y la gestora de fondos Kfund.

Patio Campus es un campus y coworking tecnológico-empresarial liderado por esas multinacionales. El Ejecutivo madrileño le concedió en abril de 2023 una ayuda de dos millones a toda prisa y sin concurso abierto. La memoria justificativa de esa subvención explicaba que su objetivo era "consolidar a nuestra comunidad como un foco de emprendimiento e innovación sostenible, fomentando el desarrollo autónomo, la atracción de startups y scaleups de alto potencial, situándola como una región de oportunidades empresariales y desarrollo de proyectos sostenibles". El dinero se concedió con polémica, porque el proyecto estaba presidido por el hermano del director general de Economía del Gobierno de Ayuso, Juan Manuel López Zafra. La premura en entregar los fondos públicos contrasta con la escasa actividad que Patio Campus —"el mayor campus empresarial de España", como lo definía la Comunidad— ha tenido desde entonces. Hasta un año y medio después de su fundación no logró acceder a su sede.

Desde entonces, las denuncias de algunos de trabajadores por irregularidades y acoso no han dejado de sucederse. En algunas de ellas, los empleados aseguran que sus responsables les han "encerrado en salas" para amenazarlos. También relatan faltas de respeto y motes despectivos. "Algunos miembros de la junta han hecho comentarios inapropiados sobre las mujeres y la diversidad sexual del equipo", con referencias a "lo buena que está" una de las trabajadoras y refiriéndose a otro como "maricón". Así lo han detallado los empleados afectados al bufete de abogados contratado por Patio Campus para investigar esos hechos. "La verdad es que no nos sentimos seguros de contar todo lo que estamos viviendo excepto en un juzgado, porque la junta directiva parece estar más preocupada por protegerse a ellos mismos que a nosotros", señalan. Los denunciantes temen que esa investigación interna acabe con sus propios despidos.

Los empleados también han hecho llegar sus quejas a dos de las multinacionales que integran el coworking —Iberia y L'Oréal— a través de sus canales internos de denuncia. En una de ellas, enviada a IAG (la matriz de la aerolínea española) el pasado 14 de febrero, se relataba cómo un cargo de la compañía, durante la fiesta de inauguración de la nueva sede de Patio Campus, celebrada el 30 de octubre, se habría excedido en el consumo de alcohol y "visiblemente afectado" decidió dar un discurso a la plantilla en el que se habría dirigido al denunciante con "comentarios homófobos". También profirió supuestamente manifestaciones sexistas contra otra de las trabajadoras de la asociación refiriéndose en público a "su cuerpo perfecto". En otra queja presentada por esa misma vía, acusan a otra directiva de Iberia de "compartir información confidencial" y proferir "comentarios que denigran a los empleados" del acelerador empresarial impulsado por Ayuso.

Desde Iberia confirman la recepción de esas denuncias. También aseguran que la compañía contrastó su contenido con los directivos afectados "que desmintieron categóricamente las acusaciones y ofrecieron toda su colaboración para aclarar lo ocurrido". La aerolínea señala también que ha facilitado toda la información que se le ha requerido desde Patio Campus, a cuya dirección solicitó que abriera su propia investigación interna "ya que las denuncias afectan supuestamente a empleados suyos". infoLibre también se ha puesto en contacto con L'Oréal que, sin embargo, no ha respondido al mensaje que se le ha hecho llegar. La denuncia enviada a través de su canal corporativo relataba que dos de los directivos de la multinacional cosmética implicados en el coworking empresarial madrileño habrían recibido por correo electrónico quejas de acoso laboral en octubre y diciembre, quejas que, según el denunciante, luego se elevaron a la Inspección de Trabajo.

Desde Patio Campus aseguran que tanto las compañías que lo conforman como la propia asociación disponen de procedimientos de actuación para tramitar este tipo de denuncias a través de canales habilitados para ello "con el fin de proteger su integridad y privacidad". También afirman que, al aparecer las quejas, la entidad "activó el protocolo previsto para iniciar una investigación independiente". Desde la asociación niegan "categóricamente" las acusaciones "en relación con todas y cada una de las personas señaladas", aseguran que "la persona denunciante anónima" es "ajena a la asociación", y se reservan "el ejercicio de acciones legales" para la protección y defensa "de la integridad y reputación de la asociación y de todas las personas que la integran".

El pasado diciembre, la Inspección de Trabajo inició una investigación sobre presuntas irregularidades en la contabilidad de las horas extraordinarias que realizaban los trabajadores. Según las denuncias de uno de sus empleados, parte de la plantilla habría completado más tiempo de trabajo fuera de la jornada habitual de lo permitido por el convenio colectivo, pero sus directivos les conminaron a no reflejarlas en la herramienta informática para el fichaje diario. infoLibre ha preguntado a Patio Campus por el resultado de esa inspección, pero no ha obtenido respuesta.

Mollitiam Industries, una pequeña firma de Toledo especializada en software espía que saltó a las páginas de los periódicos en 2020 cuando fue señalada por Reporteros sin Fronteras como uno de los 20 mayores “depredadores digitales” del mundo, se ha declarado en concurso de acreedores. Llegó a facturar 2,5 millones de euros en 2022, tras vender uno de sus programas estrella, Invisible Man, a la dictadura de Vietnam y al Ejército de Colombia. Con ese software, los militares colombianos espiaron a 130 periodistas, políticos, funcionarios y sindicalistas, pero también a corresponsales estadounidenses, a una magistrada del Tribunal Supremo, a un senador e incluso a exmilitares.

Sin embargo, el negocio de Mollitiam ha atravesado graves dificultades en los últimos dos años, que llevaron a sus gestores a solicitar el preconcurso de acreedores en marzo de 2024 y el concurso voluntario de acreedores el 31 de octubre. Del procedimiento se encarga el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Toledo, que ya ha nombrado un administrador.

La noticia la ha adelantado Intelligence Online, una web especializada en el mundo de las empresas y los servicios de inteligencia. Atribuye la caída de Molllitiam a las “crecientes presiones financieras” que ha sufrido la empresa toledana y a la cada vez mayor competencia de los especialistas extranjeros en ciberinfiltración que se están instalando en España, sobre todo, en Barcelona, y que le han hecho perder contratos con el Gobierno.

También señala la muerte de su fundador, Samuel Álvarez González, en julio de 2023, como uno de los motivos del declive de Mollitiam. Samuel y su hermana Esther eran los socios mayoritarios de la empresa, junto con un tercer accionista, Antonio Ramos Varón.

Intelligence Online asegura incluso que los mejores ingenieros de Mollitiam han abandonado la empresa en las últimas semanas, ante la incertidumbre sobre el futuro.

Sin embargo, el motivo de la caída de Mollitiam lo detallan sus gestores en las cuentas de 2023 que facilitaron al Registro Mercantil. Ese año la empresa perdió 1,024 millones de euros, que se suman a los 1,061 millones de números rojos acumulados de ejercicios anteriores. Como los fondos propios no cubren esas cifras, Mollitiam solicitó en marzo del año pasado el preconcurso de acreedores al encontrarse en situación de insolvencia inminente. Al iniciarse 2024, la tesorería de la empresa sufría un “deterioro significativo”, del que sus gestores culpan principalmente a que no han podido cobrar un contrato por importe de 2,34 millones de dólares con un cliente –“intermediario”, precisa– en Ecuador. Además, entonces también tenían sin cobrar otros contratos con diferentes administraciones públicas en el extranjero, que no mencionan, por valor de 1,54 millones de euros. Finalmente, aseguran, Mollitiam estaba pendiente de formalizar una serie de contratos menores con administraciones locales extranjeras cuya firma se demoraba por culpa de “diversos trámites burocráticos”.

El “rigor normativo” y la “confidencialidad” que exigen los contratos de software para la ciberdefensa, argumenta también la empresa, explican los retrasos tanto en la firma como en el cobro de los encargos para gobiernos, el núcleo de su negocio.

Debido a esas demoras, Mollitiam no pagó a “algunos” de sus trabajadores –de una plantilla de 39 personas– al menos la nómina de mayo del año pasado, después de que éstos “pusieran a disposición de la empresa sus salarios de forma voluntaria”, apunta. Lo mismo habían hecho los socios directores ya en marzo. Mollitiam también tuvo que solicitar un aplazamiento de los pagos a la Seguridad Social. Y trasladar su sede social de Toledo a Madrid, a una oficina de la Glorieta de Cuatro Caminos, además de poner a teletrabajar a los empleados del centro manchego.

Según las cuentas enviadas al Registro Mercantil, a 31 de diciembre de 2023 Mollitiam sumaba 1,43 millones de euros en deudas, de los cuales 438.709 euros eran deudas con entidades de crédito. El resto lo integraban la parte reembolsable de las subvenciones públicas recibidas, así como 41.666 euros que debían a Sabadell Venture Capital –uno de los fondos de capital riesgo a los que pertenece la empresa– y otros préstamos concedidos en 2022 por Neocapital (400.000 euros) y Ultramar Capital Partners (200.000 euros) –fondos creados por Torsa Capital, otro de los dueños de Mollitiam– e Invierte Economía Sostenible (540.000 euros), sociedad anónima cuyo único accionista es el CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación), que depende del Ministerio de Ciencia y cuyo fin es potenciar la inversión de capital riesgo en el sector tecnológico.

De hecho, la ayuda pública ha sido un importante apoyo financiero para Mollitiam. Desde su creación hasta 2021, consiguió más de 1,6 millones de dinero de los contribuyentes. Para desarrollar uno de sus programas, Phoenix, la empresa de Toledo contó con una subvención de 641.827 euros, abonados a partes iguales por la Unión Europea –a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder)– y por el Gobierno español, a través del CDTI. La subvención le fue concedida en 2019, la duración del proyecto era de dos años y el objetivo, crear una plataforma para el análisis de la información y el tratamiento de grandes volúmenes de datos (big data) obtenidos a partir de fuentes abiertas.

En mayo de 2021, el CDTI le concedió 450.000 euros en una operación para promover la innovación empresarial en la que también invirtió el fondo del Gobierno vasco Easo Ventures, a su vez propietario de una participación en Mollitiam. Y le subvencionó con otros 390.394 euros a través de los proyectos Cien y Eureka, según figura en las cuentas de 2023 de Mollitiam.

Además, una subvención de 59.636 euros sirvió a Mollitiam Industries para desarrollar el proyecto Electro I+D, que mide el nivel de “resiliencia en redes OT (civiles y defensa) frente a ciberataques”. El 80% del dinero vino de Europa, vía Feder, y el resto lo puso la Junta de Castilla-La Mancha. Esas mismas instituciones le otorgaron 50.751 euros para el proyecto Cibermarkint, “una plataforma Osint de inteligencia artificial”. Finalmente, recibió del Gobierno de Emiliano García-Page (PSOE) dos ayudas: una de 15.941 euros a través del programa Adelante Inversión y otra de 23.854 euros de Innova-Adelante, según consta en el registro de subvenciones de Castilla-La Mancha.

A finales de 2023, los hermanos Álvarez controlaban el 26,14% de la compañía a través de la sociedad Time to Change SL, mientras que Antonio Ramos Varón disponía en la misma fecha del 33,59% del capital por medio de Stack Overflow SL. Esther Álvarez ha sido la presidenta de Mollitiam hasta el pasado noviembre, cuando dimitió de todos sus cargos. Un año antes, y en sustitución de Samuel Álvarez, fue nombrado consejero Santiago Molins Riera, que procedía de la Fundación In-Nova, la semilla que los hermanos plantaron en 2007 y de la que nació Mollitiam en 2018.

Además, entre los accionistas de Mollitiam figuran Sabadell Venture Capital, filial para start-ups del banco dirigido por Josep Oliu; Easo Ventures, sociedad de capital riesgo con sede en San Sebastián y que capta fondos entre otros del Gobierno vasco, y Torsa Capital, un fondo creado por empresarios asturianos, entre ellos la familia Cosmen, los fundadores de la empresa de autobuses Alsa, y que dio entrada en su capital en julio de 2023 al banco de inversiones Renta 4, con un 30%.

InfoLibre se ha puesto en contacto, tanto con el administrador concursal de Mollitiam como con los tres fondos de inversión citados, para preguntarles por la situación concursal de Mollitiam, pero sólo ha respondido Sabadell Venture Capital, que mantiene el 6,8% del capital. “Nunca hemos desinvertido”, asegura.

Mollitiam Industries no sólo formaba parte de la lista de los mayores depredadores digitales de 2020, sino que también apareció en la galaxia de empresas creada por la compañía francesa Nexa y la israelí Intellexa para desarrollar sistemas de cibervigilancia punteros y venderlos después a gobiernos de todo el mundo, incluidas dictaduras y otros regímenes poco democráticos. Así lo desvelaron los Predator Files, obtenidos por Mediapart y Der Spiegel y compartidos con la red de medios European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre.

Según la información de los Predator Files, Mollitiam Industries firmó un acuerdo de confidencialidad con Nexa en diciembre de 2019, válido por un periodo de dos años y renovable por otros cinco. También le proporcionó un folleto de presentación de sus productos; en concreto, uno que describía sus sistemas de infección y control remoto invisible de objetivos conectados a internet. Es decir, ofrecía las mismas herramientas de cibervigilancia en las que se había especializado la galaxia Nexa-Intellexa. El mismo spyware desarrollado, por ejemplo, por el israelí NSO Group, ahora en el disparadero internacional por culpa de Pegasus, y la italiana Hacking Team, cuyos sistemas fueron utilizados para espiar al presidente de Amazon, Jeff Bezos.

Pero no sólo coincidía la firma española con el grupo franco-israelí en el producto, sino también en sus escasos escrúpulos respecto a los clientes a quienes se los vendían. Los Predator Files revelaron que Nexa vendió su spyware estrella, Predator, a Vietnam, una dictadura comunista que persigue a los disidentes y muestra escaso respeto por los derechos humanos. Según la información a la que tuvo acceso infoLibre, Mollitiam Industries también suministró al régimen vietnamita uno de sus programas más publicitados, que lleva el nombre de Invisible Man.

El mismo que antes había vendido al Ejército de Colombia, una herramienta informática con la que en 2019 fueron espiados hasta 130 periodistas, políticos, funcionarios y sindicalistas. El escándalo, conocido como Carpetas secretas, fue destapado por la revista colombiana Semana en enero de 2020. La empresa española vendió su software al Ejército colombiano por 3.000 millones de pesos –unos 710.000 euros–, tras firmar un contrato a dedo, sin licitación previa.

Pero su vinculación con Colombia es más amplia. En septiembre de 2022 creó en el país sudamericano una filial, de la que posee el 100% de las acciones, Mollitiam Industries Colombia SAS. En mayo de 2021 ya había constituido una Unión Temporal de Empresas (UTE), con una participación del 40%, con la firma colombiana Newsat, que ha bautizado como Unión Temporal Phoenix 027-2021 y suministra el software y la licencia de su programa Phoenix a la Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía Nacional de Colombia.

Phoenix es “un sistema modular de monitorización masiva para producir inteligencia a partir de la descarga anónima de datos no estructurados procedentes de redes sociales, darknet y deepwebs”. En una ponencia enviada a un congreso sobre computación e ingeniería aplicada, que se celebró en el verano de 2022 en Las Vegas (Estados Unidos), Mollitiam explicó un detalle más sobre los usos de Phoenix: se trata de “un prototipo para la detección de posibles radicales en las redes sociales”. Es el programa que Mollitiam desarrolló gracias a los 641.827 euros abonados por la Unión Europea y el CDTI.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha concedido subvenciones por 7,5 millones de euros a la asociación Centro de Recursos para Asociaciones y Ayuntamientos (Crea) desde 2020, el año en que se decretó el Estado de Alarma por la pandemia. Las adjudicaciones, al menos 90, según el portal del Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas, se sucedieron a lo largo de estos años pese a que la entidad no ha remitido debidamente al Gobierno madrileño ni a otras administraciones la justificación del gasto de los fondos públicos otorgados en algunos de sus proyectos. El propio Ejecutivo de la Comunidad le reclamó en febrero de 2021 que devolviera los 43.333 euros concedidos en una convocatoria de 2019 por esa razón. Pese a ello, las ayudas a Crea siguieron aprobándose año tras año.

Crea se presenta en su página web como “una entidad de ámbito estatal” que actúa “como punto de encuentro para nano, micro y pequeñas ONG de diversos puntos de todo el Estado”. Entre sus objetivos declara el de “apoyar a las personas y población vulnerable”, labor que, según su portal realiza “en colaboración con otras ONG, entidades sociales y redes de organizaciones de las que somos parte”. La asociación asegura también que está presente en siete comunidades autónomas y presta servicios en 19 provincias. “Integramos tanto a asociaciones como fundaciones y otras organizaciones del tercer sector de acción social y sanitario, formando parte de cuatro redes nacionales, nueve regionales y locales, así como varios observatorios y plataformas, coordinadoras y asociaciones sectoriales”, explica en su apartado “quiénes somos”. Crea se declara fundadora de la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado así como de la Federación del Mayor de la Comunidad de Madrid.

Sin embargo, a diferencia de la inmensa mayoría de las entidades sin ánimo de lucro del sector social, en su portal no aparece ninguna referencia a las ONG que forman parte de ella. Tampoco hay ninguna información sobre los miembros de su junta directiva ni se puede acceder a sus estatutos o sus cuentas. Consta en el Registro de Asociaciones del Ministerio del Interior con una actividad de "acción social y voluntariado", pero no está inscrito en el de la Comunidad de Madrid.

Su expresidente y miembro de su junta directiva Rafael Escudero asegura sin embargo que Crea cumple con todos los requisitos de transparencia y que su página web enlaza a todas las subvenciones que ha recibido, aunque se niega a facilitar los datos de sus responsables o sus normas estatutarias "por la normativa de protección de datos personales" e invita a solicitarlos a ese registro gubernamental. En cuanto a las entidades que forman parte de ella, indica que actualmente no hay ninguna y que colaboran con la fundación Grupo Hada, dedicada a "desarrollar programas de integración e inserción" a través de la "formación, ocupación, comunicación y TIC's". En su página web tampoco aparecen los miembros de su patronato ni su director.   

Una de las primeras subvenciones que recibió Crea de la Comunidad de Madrid la concedió la Consejería de Políticas Sociales y Familia el 26 de septiembre de 2019. El montante era de 43.333 euros que debían destinarse al “asesoramiento y orientación sociolaboral para personas inmigrantes y jóvenes extutelados de la Comunidad de Madrid”. El 3 de febrero de 2021, el departamento ordenó a Crea que devolviera a la Comunidad el dinero público que había recibido más los intereses. ¿La razón? La asociación no había justificado documentalmente en qué había empleado los fondos. Crea recurrió a los tribunales, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimó su recurso.

Idéntica situación se produjo con otra subvención concedida el 29 de octubre de 2015. Esta vez fue un organismo estatal, la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, quien le concedió una ayuda de 10.000 euros para un proyecto de “formación de cargos públicos de ámbito local en materia de lucha contra la drogadicción”. El 7 de febrero de 2017, el Ministerio de Sanidad le reclamó a Crea el importe que le había entregado con intereses. El departamento, entonces gestionado por Dolors Montserrat (PP), no se creyó los justificantes de gastos presentados cuando los trámites para reclamar de vuelta el dinero ya se habían iniciado. Crea tampoco presentó el informe de auditor requerido. “No estamos ante un ligero retraso, sino ante un incumplimiento de las condiciones de la subvención”, estableció la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, ante la que recurrió la asociación la decisión de Sanidad.

Crea tuvo también un nuevo conflicto judicial con este mismo ministerio en 2023, ya con Carolina Darias (PSOE) como titular. La Secretaría de Estado de Sanidad le impuso en septiembre de ese año una sanción de 9.000 euros por una falta grave. Se trata de la infracción prevista en el artículo 57.c de la Ley General de Subvenciones: “La falta de justificación del empleo dado a los fondos recibidos una vez transcurrido el plazo establecido para su presentación”.

Fuentes del equipo directivo de Crea aseguran que la falta de presentación de la memoria económica en esos proyectos se debió a problemas como la falta de renovación de la firma digital para presentarla telemáticamente. En el caso de la subvención concedida por el Plan Nacional Sobre Drogas, sus responsables apuntan al fallecimiento del trabajador que se encargaba del proyecto. También señalan que el hecho de gestionar proyectos y programas de varias administraciones en todo el país genera a veces confusión sobre los requisitos y los plazos de cada una de ellas. “A veces hemos cometido errores por ello”, afirman.

Pese a los incumplimientos y sanciones, y el hecho de haber tenido que reclamar de vuelta el dinero público entregado en una ocasión, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha seguido subvencionando a Crea año tras año desde la pandemia. La asociación ha recibido desde 2020 al menos 90 subvenciones para sus proyectos sociales que le han supuesto unos ingresos de alrededor de 7,5 millones de euros de dinero público. La más abultada, de 1.404.000 euros procedentes de los fondos Next Generation para la recuperación económica tras la pandemia, se le concedió el 5 de agosto de 2022 a dedo. El objeto: “Actuaciones de formación en programas de capacitación digital a las mujeres para mejorar sus oportunidades laborales e impulsar el emprendimiento social y el desarrollo rural”. El programa, que durará hasta 2025, consiste en la organización de cursos básicos de internet en pueblos de menos de 30.000 habitantes.

infoLibre ha preguntado a la Comunidad de Madrid sobre las razones que han llevado a tres de sus consejerías —Economía, Sanidad y Familia— a obviar esos incumplimientos y seguir concediendo ayudas a Crea. Un portavoz de la Consejería de Familia aseguró que ese departamento está recabando datos para revisar información de las diversas áreas desde las que se aprobaron.

Desde Crea achacan el volumen de ayudas recibidas de la Comunidad -la inmensa mayoría de las que recibe proceden de ella- a la cantidad de subvenciones que se licitan desde esa administración, mucho mayor que en otros territorios. Su presidente, Jorge Vales, asegura que se las conceden por la calidad de sus proyectos demostrada durante los 12 años de vida de la entidad, "sobre todo en ámbitos como la formación de mujeres y jóvenes en el entorno rural". Vales concede que existe cierta falta de transparencia porque quieren proteger la identidad de algunos de los miembros de la junta directiva "que se encuentran en situación vulnerable", aunque finalmente accede a enviar la lista en la que constan, además de él y Escudero, otros tres miembros. También los estatutos. Afirma que las dos personas que controlan la entidad son él y el asesor jurídico, el abogado sevillano Estanislao Naranjo Infante, "los dos únicos que tienen firma".

También reconoce algunos problemas en la justificación de los trabajos en el pasado que, dice, se acabaron con su llegada a la presidencia en 2019. Y niega que la totalidad de los 7,5 millones concedidos por la Comunidad, su principal pagador, fueran a su asociación. "Pese a que figuremos como solicitantes, gran parte de esos fondos fueron a la fundación Grupo Hada, nuestro principal colaborador".

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso alegó “razones excepcionales” para asignar a dedo una ayuda de dos millones de euros en abril de 2023 a la asociación Patio Campus. El proyecto, un campus y coworking tecnológico-empresarial liderado por siete multinacionales, está presidido por el hermano del director general de Economía de la Comunidad, Juan Manuel López Zafra. La subvención, que se aprobó en Consejo de Gobierno solo un mes después de la constitución de la asociación y a toda prisa "por la incipiente inestabilidad económica" vino acompañada de un convenio por el que la Comunidad de Madrid se convertía en “socio patrocinador” de la iniciativa.

Sin embargo, la actividad del consorcio empresarial ha sido muy limitada desde entonces y con presencia escasa en medios y redes. Año y medio después de recibir el dinero, Patio Campus asegura que se acaba de instalar en su sede, una de las señas de identidad del proyecto. El edificio, de 1.800 metros cuadrados, sigue en obras, sin acceso propio ni imagen corporativa que indique que allí se encuentra "el mayor campus empresarial de España", como lo califica la Comunidad.

“En Madrid no queremos ciudadanos ni empresas ni proyectos maniatados a la Administración ni que sean rehenes de burocracia interminable ni que seamos los políticos quienes decidimos por dónde ha de caminar la empresa ni invitar con el dinero del contribuyente a pagar nuestros anuncios”, afirmó Ayuso durante el acto en el que Patio Campus fue presentado, el 30 de marzo de 2023. Ese discurso marcadamente neoliberal lo pronunció ante los representantes de los socios principales del consorcio empresarial encabezado por la multinacional cosmética L'Oreal, y del que también forman parte BMW, Inditex, Pascual, Iberia, Mahou San Miguel y el gigante inmobiliario Merlin Properties. A ellos se han unido en los últimos meses la petrolera Cepsa y la gestora de fondos Kfund.

La ley madrileña de subvenciones establece como criterio general que la concesión de estas debe regirse por los principios de transparencia, objetividad, concurrencia (es decir, con el concurso de los candidatos que opten a la ayuda), igualdad y no discriminación. La norma solo permite la concesión directa -es decir, a dedo- “con carácter excepcional” cuando se acrediten “razones de interés público, social, económico o humanitario, y otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública”. Esta excepcionalidad fue la alegada por el Gobierno de Ayuso para conceder la subvención al consorcio el 5 abril de 2023, apenas un mes después de su constitución (el 24 de febrero de ese año).

Las razones expuestas en el expediente administrativo fueron, en primer lugar, de interés público y económico. “Su objetivo es consolidar a nuestra comunidad como un foco de emprendimiento e innovación sostenible, fomentando el desarrollo autónomo, la atracción de stratups y scaleups de alto potencial, situándola como una región de oportunidades empresariales y desarrollo de proyectos sostenibles, aprovechando las sinergias existentes entre ambas instituciones”, reflejaba la memoria justificativa que acompañó la ayuda. Ese documento apuntaba también que la decisión de no abrir una convocatoria al uso para que otras entidades optaran a los fondos, se debió a que “no existe en nuestra región ni en España, ningún otro campus en emprendimiento empresarial e innovación que tenga dichas características”.

La necesidad y la premura de la subvención nominativa de dos millones también se justificaba por “la actual situación económica provocada por la subida del coste de las materias primas, de la energía, del IPC subyacente y del tipo de interés del Banco Central Europeo” y “la quiebra de bancos en distintos países que puede originar una crisis financiera”. “Esta incipiente inestabilidad económica unida a que, si se realizase una convocatoria pública, la entidad firmante [es decir, Patio Campus] sería la única participante, hacen necesario abordar este proyecto a la mayor brevedad posible, con el objeto de afianzar la recuperación iniciada tras la pandemia de covid-19 y a su vez permitir el impulso del emprendimiento y el desarrollo empresarial”, concluía el documento que justificó el gasto de dinero público. La adjudicación de la ayuda se tramitó a toda prisa, con la legislatura cumplida y la Asamblea de Madrid ya disuelta a escasas semanas de las elecciones autonómicas del 23 de mayo de 2023.

La urgencia en otorgar la subvención no se ha traducido en la puesta en marcha del proyecto. Después de año y medio sin sede, el pasado miércoles Patio Campus accedió por fin a ella, según publicó en su perfil de Instagram. Se trata de un edificio situado en el número 11 de la plaza Pablo Ruiz Picasso de Madrid, en pleno distrito financiero de Azca, propiedad de uno de sus socios promotores, Merlin Properties, de 1.800 metros cuadrados. Pero el edificio en el que debe desarrollar su actividad se encuentra todavía en obras, vallado, sin acceso propio y sin su logotipo corporativo, según ha podido comprobar infoLibre. Las estancias y espacios que se pueden contemplar desde el exterior permanecen vacías y todavía en construcción. Un portavoz de la Consejería de Economía confirma que Patio Campus ya trabaja allí tras haberlo hecho hasta ahora en una sede provisional.

Ese lugar, que la asociación ha denominado "Madrid Innocity", será, según Patio Campus "un lugar único en el que el ecosistema emprendedor dispondrá de todos los servicios necesarios para desarrollarse. ¿Y cuáles son esos servicios? "Charlas inspiradoras, mentorías personalizadas y redes de contacto estratégicas". Todo ello, según la página web del consorcio de multinacionales, lo convertirá en "un espacio propicio para el intercambio de ideas y el desarrollo de proyectos que integren la sostenibilidad como principio fundamental", lo que se conseguirá a través de "una programación diversa que incluye talleres, conferencias y eventos de networking".

Sin embargo, hasta ahora, la actividad de Patio Campus, tan importante que justificó la ayuda a dedo de la Comunidad de dos millones, ha sido muy escasa. El hub empresarial enfocado a la tecnología y la innovación apenas está presente en redes sociales 18 meses después de su constitución. Su prefil de X, el antiguo Twitter, cuenta con 21 posts desde la creación de la asociación, el 23 de febrero de 2023, apenas más de uno por mes. Lo mismo que Instagram, donde solo se cuentan 31 publicaciones.

En su página web aparecen dos programas en marcha: Madrid Abierto y Economía Circular. Se trata de dos convocatorias abiertas para que las empresas (135 en la primera de ellas, según la Comunidad) presenten sus ideas sobre desarrollo de pymes y oportunidades de negocio ligadas con la protección del medio ambiente. Un panel de expertos de la asociación se encarga de seleccionar a los ganadores para darles formación e impulsar sus proyectos. Fuentes de la Consejería de Economía aseguran que también ha puesto en marcha un programa de aceleración propio para startups que, sin embargo, no aparece en la web de Patio Campus. Ninguna de las tres convocatorias ha merecido gran atención de los medios generalistas o económicos, que apenas se han referido a ellas.

Desde la Consejería de Economía aseguran que la Comunidad de Madrid está haciendo seguimiento de los fondos públicos que desembolsó para la asociación a través de la comisión que se creó al efecto y, semanalmente, por parte de la propia consejería. Un portavoz de ese organismo asegura que Patio Campus ha justificado el dinero ya invertido que ha ido a parar, "entre otras acciones", a los tres programas puestos en marcha hasta el momento. Hasta ahora, el Gobierno madrileño ha desembolsado 1.850.000 euros a los que se sumarán 150.000 más el año que viene. El convenio firmado por la Comunidad con el consorcio prevé que esta pueda reclamar la devolución del dinero total o parcialmente en caso de que Patio Campus no cumpla con los fines para los que fue concedida.

Patio Campus está dirigida por Javier López Zafra, hermano del director general de la consejería de Economía (la que concedió la ayuda), Juan Manuel López Zafra. El presidente de la asociación empresarial es, además, secretario general de L’Oreal España, una de las multinacionales que la conforman. Al contestar una pregunta parlamentaria al respecto de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, la directora general de Autónomos y Emprendimiento, Irene Correas, negó que el parentesco hubiera sido un factor en la concesión directa y aseguró que el director general no había participado en la tramitación de la ayuda. “Por supuesto que no ha habido tráfico de influencias”, dijo Correas. “Lopez Zafra tiene ese hermano como tendrá otros, como los tendrá usted y como los tendré yo”, respondió al diputado Eduardo Gutiérrez.

Nada más regresar de sus vacaciones, el pasado 16 de julio, el director general de Cáritas Luxemburgo, Marc Crochet, denunció ante la policía que la entidad diocesana había sufrido un desfalco que ha dejado sus cuentas a cero. La Fiscalía del Gran Ducado abrió inmediatamente una investigación por fraude, abuso de confianza, falsificación y blanqueo de capitales. Seis días después, fue detenida la directora financiera de Cáritas, Stéphanie Friob, que se ha presentado ante la policía como víctima del conocido como fraude del CEO o timo del jefe: recibió un correo de alquien que se hizo pasar por su superior y le ordenó hacer unas transferencias urgentes.

Pero las dudas han saltado enseguida a las portadas de los principales periódicos de Luxemburgo, donde el desfalco ha causado tal escándalo que ha hecho intervenir hasta al primer ministro. “No daremos ni un euro más a Cáritas hasta que se esclarezca la gestión de los fondos y hasta que tengamos una visión más clara de la gobernanza de la institución”, declaró Luc Frieden. “El Gobierno”, subrayó, “no confía en las estructuras actuales. Exigimos un administrador interino que sea nuestro contacto”.

La suspicacia del gobierno y de los medios luxemburgueses, que llevan días desnudando el caso, está más que justificada. Porque el robo no se ajusta en absoluto al manual del fraude del CEO. De hecho, el desfalco se llevó a cabo mediante 120 transferencias bancarias que se sucedieron entre febrero y julio de este año. Cinco meses. Por cuantías que difícilmente podían pasar inadvertidas, pues alcanzaron los 500.000 euros. Y la guinda era española: todas ellas tuvieron como destino 14 cuentas bancarias abiertas en el BBVA en España.

En algunos casos, el supuesto beneficiario era una ONG turca vinculada a Cáritas, ASAM (Asociación para la Solidaridad con Solicitantes de Asilo y Migrantes), y en otras Caritas Internationalis, la matriz con sede en Roma que coordina las 160 Cáritas repartidas por todo el mundo. Pero ni una ni otra recibieron el dinero. Según la radio pública luxemburguesa Radio 100.7, que destapó el escándalo, los números IBAN no coincidían con los titulares de las cuentas. Pero eso no fue obstáculo para que los dos bancos emisores, los luxemburgueses Spuerkeess y BGL BNP Paribas, hicieran las transferencias. Ni para que el BBVA, a su vez, permitiera a los beneficiarios de las 14 cuentas receptoras mover 61 millones de euros a no se sabe dónde.

Es más, de esa cantidad, 28 millones procedían de las reservas financieras de Cáritas Luxemburgo, pero el resto fueron préstamos, líneas de crédito que Spuerkeess y BGL BNP Paribas abrieron a la institución diocesana, supuestamente como adelanto de las subvenciones públicas que iba a recibir, pero que terminaron igualmente en las cuentas de los ladrones en España.

De forma que, además de la Fiscalía, la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) y el Banco Central Europeo (BCE) están investigando el caso. También la propia Cáritas ha encargado una auditoría a un comité de crisis y a PriceWaterhouseCoopers.

A preguntas de infoLibre, el BBVA asegura que “con anterioridad a ser informado” del fraude, el banco “había adoptado medidas restrictivas sobre las cuentas afectadas”, en el marco de sus protocolos de seguridad y cumplimiento. Pero, amparándose en su política de protección de datos, rechaza precisar cuándo fue informado de los problemas con las transferencias –que, como queda dicho, se realizaron a lo largo de cinco meses– y qué tipo de “medidas restrictivas” adoptó sobre las cuentas implicadas.

Sí que explica que “se activaron los procedimientos” establecidos en sus protocolos de seguridad porque descubrieron “anomalías” en las transferencias. Aunque, de nuevo, el banco evitar precisar qué tipo de discrepancia o irregularidad hizo saltar las alarmas.

En cualquier caso, el BBVA aclara que no está obligado a verificar el nombre del beneficiario de una transferencia. Basta con que el IBAN –el código numérico que identifica el país, la entidad, la oficina bancaria y la cuenta– sea correcto para que la operación se lleve a cabo. Y se remite al Banco de España, que en su Memoria de Reclamaciones de 2022 establece que es el ordenante quien debe comprobar el IBAN. Además, la orden de pago no se puede revocar.

El BBVA tampoco quiere desvelar si la Fiscalía luxemburguesa, el CSSF, el BCE o el Banco de España le han incluido en sus investigaciones y pedido información sobre las transferencias sospechosas. Ni quiere revelar si llevó a cabo la preceptiva investigación conocida como Know Your Client (KYC) a los titulares de esas 14 cuentas a las que fue a parar el dinero de Cáritas Luxemburgo. Los bancos están obligados a identificar a quienes contratan con ellos, así como a “acreditar y documentar el origen de sus fondos y su actividad económica y financiera”, tal y como repite el BBVA en su propio Código de Conducta, en cumplimiento de las normas internacionales contra el blanqueo de capitales y el fraude.

Respecto a las medidas restrictivas que el BBVA podía adoptar sobre las 14 cuentas sospechosas, el Banco de España cita algunas de las posibles: cancelar la operación, cerrar la cuenta, bloquearla, ordenar “restricciones operativas” e incluso cancelar todas las posiciones del titular en el banco, añaden las fuentes bancarias consultadas. Según apuntan, incluso se está empezando a utilizar la Inteligencia Artificial para identificar posibles irregularidades, lo que permite detectarlas con mayor rapidez.

El banco que preside Carlos Torres Vila tampoco ha querido contestar si ha abierto algún tipo de investigación interna sobre este asunto y si sospecha de que los desfalcadores contaron con ayuda interna de algún empleado del banco para sortear los protocolos de seguridad. [En la caja negra al final de esta información infoLibre reproduce las preguntas que envió al BBVA y éste no ha respondido].

Según ha publicado el medio digital reporter.lu, las transferencias desde Luxemburgo se hicieron “a un ritmo frenético”. Hasta siete diarias, por valor de varios millones de euros. Entre principios de febrero y mediados de marzo, salieron nueve millones de euros en una veintena de transferencias desde una cuenta de BGL BNP Paribas hasta la supuesta cuenta de Caritas Internationalis en el BBVA. Otros 52 millones se desviaron supuestamente a la turca ASAM, una ONG cuyo presupuesto, sin embargo, no supera los dos millones de euros y sólo trabaja con bancos de su propio país.

Reporter.lu también revela que Caritas Luxemburgo consiguió que BGL BNP Paribas le ampliara al menos dos préstamos de emergencia por importe de 16 y siete millones de euros utilizando como garantía las subvenciones que le concede el Estado luxemburgués.

El primer ministro, Luc Frieden cifró en 45 millones de euros el dinero que Cáritas recibe cada año del Gran Ducado por servicios como la gestión de instalaciones de acogida para refugiados, personas sin hogar, mujeres y enfermos mentales. También lleva a cabo proyectos humanitarios en Siria, Ucrania, Mali, Sudán del Sur o Laos a cuenta del Ministerio de Asuntos Exteriores luxemburgués. “Cáritas emite facturas que pagamos una vez hemos comprobado que se han prestado los servicios. Desde principios de año se han pagado 21 millones de euros, y sólo por servicios que se han llevado a cabo”, explicó a los periodistas tras saltar el escándalo.

Ahora todos esos servicios corren peligro. También los salarios de los 500 trabajadores de Cáritas en Luxemburgo, que sólo están garantizados hasta este mes de agosto. El cardenal Jean-Claude Hollerich, arzobispo de Luxemburgo, se ha limitado hasta ahora a publicar un comunicado en el que expresa su “profunda indignación” por el “escandaloso desvío” de fondos que “afecta a una organización católica cuyo objetivo es ayudar a los necesitados en el Gran Ducado y en el extranjero”.

Mientras la policía y los supervisores financieros investigan, los medios luxemburgueses no dejan de destapar los problemas de gobernanza que sufren tanto la propia Cáritas como los bancos implicados. Una tara fundamental para una institución que depende para financiarse de donaciones de particulares y de empresas, subvenciones públicas e incluso fondos de la Unión Europea.

Radio 100.7 asegura que el departamento financiero de Cáritas ya tenía problemas antes de que estallara el escándalo, por lo que el año pasado se encargó una auditoría a un consultor externo. Varios empleados abandonaron el departamento, mientras la directora financiera restringía el acceso de otros a la contabilidad. Según reporter.lu, eran cuatro las personas del comité de gestión, incluida Stéphanie Friob, que tenían poderes para operar con las cuentas bancarias de Cáritas. Friob, que se entregó a la policía el 20 de julio, se encuentra desde entonces bajo arresto domiciliario. Pero los investigadores buscan otros coautores o cómplices, en Cáritas y en los bancos, que pudieran haber ayudado en el desvío de los 61 millones de euros.

El Gobierno de Luc Frieden se ha comprometido a presentar en septiembre un plan de crisis que garantice el mantenimiento de los servicios sociales hasta ahora cubiertos por Cáritas. Precisamente cuando el papa Francisco tiene previsto visitar Luxemburgo, concretamente el día 26.

Llegados al concepto más manoseado y vilipendiado de la historia de la humanidad, no puedo evitar pensar en quienes viven atrapados en ideas ciegas de libertad. Cegueras desvinculadas del sistema ocular cuya etiología reside en la desajustada relación entre nuestra capacidad de razonamiento y la configuración emocional instalada en cada cual. Me refiero al tipo de ceguera intelectual generada a partir del enganche a un relato creado al margen del dato, a su carácter epidemiológico y las temibles consecuencias globales a las que nos exponemos. Nada que no contara José Saramago en su magnífico Ensayo sobre la Ceguera (1995). 

Los sesgos ideológicos y religiosos, los mitos y prejuicios sobre la multiplicidad de diversidades, el enorme desajuste entre necesidades reales y ambiciones, el uso patológico de las redes, el abuso de los bulos en los medios, el menosprecio a la educación, la normalización del sufrimiento de la alteridad, la idolatría a lo simple y la demonización de lo complejo, la obstinación por mantener el status quo por encima de todo, el rechazo al inevitable cambio, la falta de ética profesional, el deterioro de lo público, la negación de evidencias científicas…; todo ello operando simultáneamente nos hace ciegos como sociedad. Aún peor, padecemos una fea ceguera pobremente aceptada cuya exacerbada emocionalidad se exalta fácilmente encadenándonos al yugo de un constante malestar. Una sociedad que, aún con buenos datos, su mayor acción constructiva es levantar el dedo judeocristiano de la culpa ante todo lo que se menea, amén de desayunarse diariamente con el insulto y escudarse bajo un manto sagrado de viejas glorias identitarias cuyas complejas realidades se escapan de su propio conocimiento e interés. 

Al sustituir la palabra “autonomía” aplicada al contexto de una persona ciega, por la palabra “libertad” aplicada al contexto de cualquier ciudadano español, encuentro elementos paralelos que existen al objeto de dificultar la visión, así como otros que la distorsionan a base de asombrosas alucinaciones. Pareciera que los factores ambientales que permiten la visión social en condiciones salubres se vieran constantemente atacados por ingentes y asombrosas negaciones, por burdas falsedades, medias verdades y, directamente, bandadas de unicornios volando por encima de nuestras cabezas. 

La visión perdida como sociedad es recuperable solo en la medida del empeño que pongamos en ello. A modo de antídoto dejo a continuación algunos ejercicios prácticos para prevenir y esquivar este tipo de virulenta ceguera social: 

Creedme si os digo que nos encontramos en un punto crítico en el que el campo visual empieza a ser demasiado reducido, mientras que la agudeza visual encuentra serias dificultades para distinguir las luces de las sombras, y el extenuante ruido exterior nos dificulta apoyarnos en el oído para reorientarnos. El lobo está al acecho y no va a cambiar por el bienestar de las ovejas. Reflexionad sin perder de vista el rastro del dinero, motor del mundo actual, y constatad quiénes están removiendo los ríos para sacar ganancias. 

La historia universal cuenta con numerosos ejemplos de sociedades cuyas cegueras les empujaron a arrasar con todo para terminar siendo víctimas de sí mismas. Si coincidís en que con voluntad y esfuerzo se puede evitar hacer una cárcel de la ceguera, coincidiréis en el peligro de malentender el concepto y la práctica de la libertad. Necesitamos urgentemente un elixir de voluntad y esfuerzo para sanear este contexto tóxico y expulsar los contaminantes que, de lo contrario, acabarán por convertir nuestra libertad en una cárcel.  

José Antonio Alfaro es socio de infoLibre.

El 12 de septiembre de 2016, un tribunal de Sevilla condenó a los tres principales directivos de la empresa minera Cobre Las Cruces a un año de cárcel y 293.000 euros de indemnización. Los tres se confesaron culpables de un delito contra el medio ambiente, al contaminar con arsénico un acuífero próximo a la mina de cobre, y otro delito de daños al dominio público, puesto que la compañía extrajo de manera ilegal mucha más agua de la que tenía autorizada. La confesión formó parte de un acuerdo de los tres directivos de la compañía con la Fiscalía, que pedía inicialmente más de cinco años de cárcel, pero al final aceptó reducir la condena a un año, en parte por lo mucho que se había alargado un procedimiento judicial iniciado en 2008.

En febrero de aquel mismo 2016, a pesar de que era público que estaba abierta una causa penal contra Cobre Las Cruces por delitos contra el medio ambiente, esta compañía actuó como coordinadora de un proyecto denominado Inmet, cuyo objetivo era “maximizar el rendimiento de la recuperación de metales y minimizar el consumo de energía y la huella medioambiental”. Inmet formaba parte del programa Horizon y estaba financiado por la Unión Europea con 7,8 millones de euros, de los que 2,73 se quedaron en la caja de Cobre Las Cruces. Esta empresa, que tiene la sede en España pero cuyo propietario es la sociedad canadiense First Quantum Minerals, ha sido elegida para participar en siete proyectos del programa Horizon relacionados con lo que se conoce como materias primas críticas, que son esenciales para la transición energética y la digitalización. En total, se embolsará 5,53 millones de dinero público, lo que convierte a Cobre Las Cruces en la segunda empresa de toda Europa que más fondos recibe en proyectos de Horizon relacionados con materias primas críticas.

A menos de 20 kilómetros de la mina de Cobre Las Cruces, también en la provincia de Sevilla, está la localidad de Aznalcóllar. Allí se produjo en 1998 una de las principales catástrofes medioambientales de la minería europea en los últimos 50 años. La rotura de la balsa de la mina de pirita de Aznalcóllar causó el vertido de seis millones de metros cúbicos de lodos tóxicos al río Guadiamar, provocó la muerte de miles de peces y afectó a una superficie de 4.634 hectáreas, parte de las cuales tuvieron que dejar de cultivarse al estar contaminadas con metales pesados. El río tóxico se quedó a las puertas de Doñana, el principal parque nacional de Europa. La dueña de la mina era la multinacional sueca Boliden, que abonó unos 40 millones en indemnizaciones, pero dejó otras facturas sin pagar. La filial española de Boliden se declaró insolvente y el Gobierno español no pudo cobrar los 43 millones que gastó en limpiar los lodos tóxicos. El intento de la Junta de Andalucía de cobrar a Boliden los 89 millones que costó la restauración de la zona también ha fracasado de momento, en este caso por una resolución judicial que exime a la compañía sueca del pago, aunque la sentencia aún no es firme.

Boliden no paga lo que debe por el desastre medioambiental que causó en España, pero cobra sin problema dinero de los contribuyentes europeos. La multinacional sueca ha participado en ocho proyectos del programa Horizon relacionados con materias primas críticas en los últimos diez años, por los que ha recibido 2,7 millones de la UE. Varios de ellos tienen entre sus objetivos “minimizar el impacto medioambiental de las operaciones mineras”.

Investigate Europe ha analizado todos los proyectos financiados por los programas Horizon 2020, iniciativa de la UE que contó con un presupuesto de 80.000 millones entre 2014 y 2020 para impulsar la investigación e innovación, y Horizon Europe, sucesor del anterior que prevé distribuir 95.500 millones entre 2021 y 2027. Entre los miles de proyectos impulsados por los dos programas Horizon –que goza de amplio prestigio entre los científicos del continente– hay 95 que están directamente relacionados con las materias primas críticas. Esos 95 proyectos recibieron en total 667 millones de euros de financiación de la UE y en ellos participaron 1.043 entidades, entre empresas, universidades y centros de investigación.

Este artículo forma parte de una amplia investigación sobre las materias primas críticas –por qué son claves para la transición ecológica, quiénes son los dueños de las nuevas minas, qué empresas reciben dinero de la UE– realizada durante los últimos meses por Investigate Europe y que infoLibre publica en exclusiva en España [puedes consultar aquí todas las informaciones que vayamos publicando].

Esos ataques al medio ambiente por parte de empresas que reciben fondos de la UE no solo se han producido en suelo europeo. Boliden, la causante de la catástrofe de Aznalcóllar, aparece en un informe sobre violaciones de derechos humanos por parte de empresas europeas en terceros países, solicitado por el Parlamento Europeo. La multinacional sueca fue acusada de exportar residuos mineros a Chile, donde un subcontratista se deshizo de ellos sin tratarlos adecuadamente y perjudicando así a la salud de las comunidades locales. La francesa Eramet, que recibió 1,9 millones para cuatro proyectos Horizon, afronta denuncias por destruir los bosques y tierras de tribus locales de Indonesia afectados por la explotación de Weda Bay, la principal mina de níquel del mundo. Otra filial de Eramet, Société Le Nickel, está bajo la lupa por los presuntos daños medioambientales causados en Nueva Caledonia. La británica Anglo American, que recibió algo más de 200.000 euros de un proyecto Horizon, se enfrenta a demandas colectivas en los tribunales por el presunto envenenamiento masivo de niños con plomo en Zambia y acumula denuncias por contaminación en otros lugares como Brasil.

La lista sigue y sigue, con más de una decena de empresas mineras que cumplen esa doble condición de perceptoras de fondos de los programas Horizon relacionados con la transición verde y al mismo tiempo presuntas autoras de abusos medioambientales por todo el planeta.

Investigate Europe preguntó a la Comisión Europea si ser responsable de delitos medioambientales no es incompatible con la percepción de subvenciones. “La Comisión tiene muy en cuenta los factores medioambientales en los proyectos financiados por la UE”, aseguró una portavoz oficial, quien destacó que con el Pacto Verde Europeo se introdujo el principio de “no causar daños significativos”. Además, añadió que en Horizon Europe los participantes deben demostrar que sus proyectos respetan las prioridades climáticas y medioambientales fijadas por la UE. La portavoz evitó pronunciarse sobre el hecho de que esta financiación de empresas acusadas de daños medioambientales se ha producido con frecuencia, a pesar de que en sus preguntas los periodistas señalaron específicamente los casos de Cobre Las Cruces y Boliden.

El análisis sobre quién termina beneficiándose de los fondos Horizon guarda más sorpresas. La UE defiende la necesidad imperiosa de reducir su actual dependencia en materias primas críticas, que es especialmente significativa en el caso de China, pero también importante en el caso de Rusia. Como desveló Investigate Europe, ninguno de los 11 paquetes de sanciones a empresas y oligarcas rusos han afectado a las materias primas críticas, de forma que Europa le sigue comprando sin problemas níquel, cobre, vanadio o titanio.

Lo cierto es que dinero público de Horizon también ha terminado en manos chinas o rusas.

Soil Machine Dynamics Ltd. es una de las principales empresas de robótica submarina del mundo, que pertenece al grupo SMD (Specialist Machine Developments Ltd.), con sede en el Reino Unido. Soil Machine Dynamics recibió 3,53 millones del presupuesto de Horizon para el proyecto Vamos, cuyo objetivo era desarrollar una nueva técnica minera para extraer yacimientos minerales hasta ahora inalcanzables al encontrarse a una profundidad de más de 500 metros. El proyecto se inició el 1 de febrero de 2015 y, cinco días más tarde, el fondo de inversión Inflexion hizo público que había vendido SMD a la compañía Zhuzhou CSR Times Electric, cuyo accionista mayoritario es el Estado chino. Vamos se desarrolló hasta enero de 2019.

Aughinish Alumina es una empresa con sede en Irlanda que refina bauxita, roca de la que se extrae la alúmina utilizada para producir aluminio. La compañía irlandesa pertenece desde 2007 a Rusal, grupo ruso que es líder mundial de la industria del aluminio y uno de cuyos accionistas clave es Oleg Deripaska, que está incluido en la lista de sanciones de la UE, el Reino Unido y Estados Unidos. Aughinish Alumina también está incluida en otra lista, la de beneficiarios del programa Horizon. En concreto, recibió 563.500 euros por su participación en el proyecto RemovAL, que investigó cómo incrementar la utilización de los residuos industriales de bauxita.

Un accionista minoritario de Rusal es otro conocido oligarca ruso, Viktor Vekselberg, multimillonario que agrupa parte de sus inversiones en un holding llamado Renova. Hasta 2018, Renova tenía la mayoría absoluta del capital de la compañía sudafricana Transalloys, dedicada a la producción de ferrroaleciones de manganeso, aunque aquel año redujo su participación por debajo del 25%. La inmensa mayoría de las entidades que han recibido dinero público de Horizon son de la UE, pero también hay alguna de terceros países. Es precisamente el caso de Transalloys. Desde el 1 de enero de 2023 participa en el proyecto HalMan, que pretende desarrollar un proceso para extraer manganeso de forma más sostenible utilizando hidrógeno. La empresa sudafricana recibirá algo más de 73.000 euros del presupuesto de la UE. Los periodistas preguntaron a Transalloys y Renova cuál es la participación accionarial actual de la sociedad de Vekselberg, pero ambas se negaron a responder.

China, Rusia… y las Islas Vírgenes Británicas. El dinero de los contribuyentes europeos también puede terminar en una sociedad con sede en uno de los paraísos fiscales más conocidos del mundo. Desde allí opera Lancaster Exploration Limited, participante en el proyecto HiTech AlkCarb, cuyo objetivo era aportar a la industria europea de alta tecnología nuevos “modelos de exploración de las zonas alcalinas y carbonatitas”. Lancaster está especializada en la exploración de tierras raras en África y recibió más de 168.000 euros de la UE.

Los periodistas preguntaron a la Comisión Europea si operar desde paraísos fiscales no supone ningún obstáculo a la hora de recibir dinero público de la UE, citando el ejemplo de Lancaster Exploration Limited. “Como norma general, las personas jurídicas deben cumplir toda la legislación aplicable, incluida la fiscal”, respondió la portavoz de la Comisión, sin referirse al caso concreto planteado. Dicha portavoz recordó que “la autoridad otorgante de la subvención de la UE puede poner fin a la participación de un beneficiario” cuando incumple las obligaciones fiscales o de seguridad social o cuando “ha sido creado en una jurisdicción diferente con la intención de eludir obligaciones fiscales, sociales o de otro tipo en el país de origen".

El análisis del dinero destinado por la UE a investigación e innovación a través de los programas Horizon demuestra que la preocupación por las materias primas críticas no es algo nuevo, aunque es cierto que se ha intensificado durante los últimos años. Si nos fijamos en el año de inicio y el importe de los 95 proyectos subvencionados, vemos que 2021, 2022 y 2023 son los únicos en que se superan los 100 millones de euros en total. Pero 2015 también fue un año de gran actividad, con la puesta en marcha de 16 proyectos –el récord desde 2014 a falta de conocer los datos finales de 2023–, que recibieron más de 88 millones del presupuesto comunitario.

El único proyecto que arrancó en 2014 se titulaba Optimore y estaba coordinado por Josep Oliva, profesor de la Universitat Politècnica de Catalunya. “El objetivo era desarrollar modelos matemáticos para optimizar procesos, desde la trituración hasta la separación, de tántalo y wolframio mediante inteligencia artificial”, explica Oliva en conversación con IE. El profesor destaca que “la participación de la industria en estos proyectos es clave. La UE no apoya proyectos de investigación que no estén apoyados por empresas, donde no se vaya a producir una transferencia de resultados”. En su caso, señala Oliva, las empresas mineras aportaron dos cuestiones: “Nosotros necesitábamos materias primas para trabajar. Y esto lo facilitaron las empresas. Trabajamos con minas de Austria, Reino Unido y España. Y luego es importante trabajar con las empresas para realizar la transferencia de resultados”.

De acuerdo con la clasificación de la propia UE sobre el tipo de entidad perceptora de fondos Horizon para proyectos de materias primas críticas, el 45% del dinero fue a parar a empresas con ánimo de lucro, el 28% a universidades o instituciones educativos y el 20% a centros de investigación.

En cuanto a la distribución por países de los proyectos financiados por Horizon, entidades con sede en Alemania, España, Finlandia y Francia son las que más dinero han recibido.

En el caso de España, hay 122 entidades diferentes que han participado en alguno de los 95 proyectos. Es el país que más tiene. Esas entidades recibieron en total 88,3 millones. Quince de ellas lograron más de dos millones. La lista la encabeza el centro vasco de investigación Tecnalia, con 7,3 millones, seguida de la minera Cobre Las Cruces, con 5,5 millones. Entre las empresas subvencionadas están dos del grupo Maxam, que tiene actividades mineras, pero sobre todo es conocida por ser fabricante de armas. Como desveló infoLibre, el Gobierno español autorizó en 2021 que pasase a estar controlada por accionistas ocultos en las Islas Caimán. Maxam se embolsó 1,8 millones procedentes de proyectos Horizon.

Casi el 90% de los fondos se queda en entidades registradas en los Estados miembros de la UE –incluido Reino Unido en el caso del dinero de Horizon 2020–, algo más del 7,5% lo perciben miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio –Noruega es el quinto país que más dinero recibe–, mientras que el 2,5% restante se va a terceros Estados. En total, entidades de 57 países han contado con algún tipo de financiación del programa Horizon.

El lobby minero, aprovechando la preocupación de la UE por incrementar la autonomía europea en materias primas críticas, presiona para lograr que se incremente la financiación pública. Una premisa que ya han asumido las instituciones comunitarias en su propuesta de Reglamento de Materias Primas Críticas, que está previsto que entre en vigor a principios de 2024. El objetivo de las patronales es que no solo se financie la investigación científica básica, como ocurre con el programa Horizon, sino también la exploración minera.

Lo cierto es que, más allá de Horizon, ya existe más dinero público para la minería, a través de los presupuestos estatales y regionales de los Estados miembro. El pasado 9 de agosto, por ejemplo, la Comisión Europea dio luz verde a una subvención de 26,7 millones concedida por España a la empresa Cobre Las Cruces para que modernice su refinería en el complejo minero de Sevilla. La Comisión cree que esa ayuda estatal contribuirá a los objetivos del Pacto Verde europeo. Y todo ello a pesar de que Cobre Las Cruces no siempre es ejemplo de prácticas “verdes”. Después de los hechos que llevaron a la condena de sus tres principales directivos por delito contra el medio ambiente, el Gobierno español ha sancionado en dos ocasiones a la compañía por quedarse agua ilegalmente en su explotación minera.

Patio Campus, la asociación a la que, con solo mes y medio de existencia, la Comunidad de Madrid otorgó en abril la subvención más alta de las repartidas en lo que va de año entre ese tipo de entidades –dos millones de euros–, continúa sin sede y sin que sea posible conocer en qué ha gastado el dinero ya recibido: 1,2 millones a cuyo abono en un mes tras la firma de un convenio con la asociación quedaba obligada la administración regional. El convenio prevé que, de los dos millones asignados en total, se destinen entre este año y el próximo 600.000 euros a "campaña medios para dar a conocer el campus".

La condición de subvención más alta de las recibidas por entidades de su clase en la Comunidad se comprueba en la base oficial de datos sobre ayudas públicas. Constituida para el fomento de la innovación y el emprendimiento por cinco directivos de empresas relevantes y con la Comunidad de Madrid como “socio patrocinador”,  la actividad de Patio Campus constituye un misterio. El lunes, en respuesta a una pregunta parlamentaria de Más Madrid, la representante de la Consejería de Hacienda se limitó a recalcar con énfasis que el director general de Economía, Juan Manuel López Zafra, no intervino en la concesión de la subvención directa a Patio Campus, a cuyo frente se sitúa su hermano, Javier López Zafra.

"Por supuesto que no ha habido tráfico de influencias", contestó con enfado la directora general de Autónomos y Emprendimiento, Irene Correas, a preguntas del diputado de Más Madrid Eduardo Gutiérrez. López Zafra –agregó de inmediato– "tiene ese hermano como tendrá otros, como los tendrá usted y como los tendré yo”. Aquí se puede ver el vídeo hasta el minuto 18.52.

La insistencia del diputado para que Correas explicase por qué el Ejecutivo madrileño asignó una ayuda pública de tal envergadura a una asociación que declara tener su sede en un edificio en construcción obtuvo una respuesta sorprendente: “La asociación está domiciliada en la Plaza Pablo Ruiz Picasso 11”. Punto. Esas fueron las palabras de la directora general. Pero el problema reside en lo ya esbozado: que el edificio localizado exactamente allí, junto al Paseo de la Castellana y dentro de lo que se conoce como el complejo Azca, auténtico distrito financiero, se encuentra todavía en fase de construcción. Y así lo verificó infoLibre este miércoles, tomando la fotografía que antecede a esta información.

El inmueble pertenece a Merlin Properties, la mayor socimi (sociedad anónima cotizada de inversión inmobiliaria) del país. Una vez constituida la asociación por cinco personas físicas, Merlin Properties pasó a constar como uno de los “socios principales” junto con las siguientes empresas: L'Oreal, BMW, Inditex, Pascual, Iberia y Mahou.

El punzón más afilado lo clavó Más Madrid al preguntar a la directora general de Emprendimiento por qué el convenio habla de 600.000 euros –300.000 en 2023 y otros tantos en 2024– para "campañas medios". "¿Cómo explica la obligación de dedicar 600.000 a publicidad en medios de comunicación? ¿También le han aconsejado medios de comunicación concretos?". Así lo planteó Eduardo Gutiérrez. Pero tampoco ahí hubo respuesta.

A preguntas de este diario, los portavoces de la asociación afirmaron que los 300.000 euros mencionados no son solo para anuncios. “Es –se lee en uno de los mensajes cruzados con infoLibre– campaña de medios y todo lo que se está organizando (participación en eventos, summits etc) para dimensionar Patio y que se despliega en este cuatrimestre [el último del año] con muchísima intensidad”.

Respecto a la ausencia de sede real, los mismos portavoces aseguran que “el espacio físico de  Patio estará operativo a partir de marzo según las previsiones del dueño del edificio”. Cuando este diario publicó en mayo que la asociación carecía de sede, sus portavoces dijeron que se instalarían en ella este otoño.

¿Y desde dónde opera entonces la asociación? La respuesta fue la siguiente: “El equipo ejecutivo de la asociación está trabajando mano a mano con las corporaciones que son socios principales de Patio que está rotando por sus respectivas sedes en la preparación de todos lo hitos mencionados [en el convenio] fundamentalmente la configuración de los programas de aceleración y los acuerdos con el resto del ecosistema. Y evidentemente se instalará en el espacio de Patio Campus cuando la obra esté acabada”.

Para 2023, el anexo del convenio cifra –aun si es de forma “estimativa”– en 550.000 euros el coste del “Equipo Patio”. Ese mismo anexo dimensiona el “equipo” en 11 personas. "Además –sostiene la asociación–, el convenio establece que las cantidades no consumidas en un ejercicio se pueden consumir y justificar en el ejercicio siguiente sabiendo que la primera memoria justificativa anual se rendirá en abril del 24". "Es un convenio a cuatro años", recalcan. Siendo cierto que el convenio es de cuatro años, la cobertura económica sólo abarca tres ejercicios.

Durante la comparecencia parlamentaria del lunes tampoco Más Madrid logró que la directora general de Emprendimiento, en el cargo desde julio, revelase si el Ejecutivo tiene información “pormenorizada” sobre las actuaciones que ha de desarrollar la asociación.

De manera difusa, el convenio señala que el objetivo de la subvención es “la promoción y el fomento del emprendimiento y la atracción del talento mediante la creación de un campus de emprendimiento empresarial e innovación sostenible en Madrid”. Y para ello, Patio Campus deberá embarcarse en “actuaciones” como “la mejora de la imagen de la economía de la Comunidad de Madrid”, “la atracción de inversión y de talento a la Comunidad de Madrid” o la “generación de empleo de elevado valor añadido”. ¿Cómo se consigue eso? Pues con “la creación , desarrollo y gestión de un campus referente en el emprendimiento” capaz de “conectar a startups, inversores, entidades y organismos públicos y/o privados (…) diseñando así un ecosistema emprendedor y pionero en la Comunidad de Madrid”. O con la “apertura de una ventanilla única para emprendedores para atender a consultas sobre trámites con la Administración”. O con el “desarrollo de programas formativos para emprendedores, inversores, directivos y empleados de las organizaciones que forman parte del ecosistema emprendedor”.

¿Pero qué significa todo lo anterior? ¿Está realmente haciendo algo tangible la asociación beneficiada con dos millones de la Comunidad de Madrid y que, según sus portavoces, usa las oficinas de los “socios principales” como sede rotatoria y continúa sin ofrecer información en su web oficial?

Patio Campus sostiene que está “en plena actividad desde que se creó” a finales de febrero “con la entrada de siete socios principales (las corporaciones) con una importante contribución económica de cada una ellas”. Pero, de momento, el único dato económico constatable es la aportación económica de la Comunidad de Madrid. Es decir, los dos millones de la subvención que se sustenta en el convenio firmado en abril. “Todos los hitos –asegura la asociación– se están cumpliendo en tiempo y forma”. Patio Campus “está trabajando con cada una de las corporaciones en la elaboración de los programas de innovación de las startups, en el encuentro y cierre de acuerdos con todos los stakeholders que completarán el ecosistema emprendedor de Patio (escuelas de negocio, venture capital, inversores etc)”.

Siempre utilizando el argot financiero, la entidad agrega que en noviembre “se harán las primeras open calls para la captación de las startups que se adherirán a cada uno de los programas de innovación desarrollado para cada una de las verticales”. El convenio –y así cierra la asociación el bucle argumental– “de ninguna manera condiciona la subvención a la ocupación del espacio [la sede oficial que en realidad aún no existe]” sino a “hitos” que se están “cumpliendo a rajatabla”.

La compañía francesa Nexa y la israelí Intellexa crearon una galaxia de empresas que colaboraban y se complementaban en la tarea de desarrollar sistemas de cibervigilancia punteros y venderlos después a gobiernos de todo el mundo, fueran democráticos y respetuosos con los derechos humanos o no. También una empresa española, de turbio currículo, intentó integrarse en la órbita de Nexa. Se trata de Mollitiam Industries, una pequeña firma con sede en Toledo nacida en 2018, según consta en los Predator Files, obtenidos por Mediapart y Der Spiegel y compartidos con la red de medios European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre,  que publica estos días una extensa investigación que desvela ventas de material de vigilancia a dictaduras con complicidad europea [ver aquí]. En el trabajo colaboran Shomrim (Israel), Die Wochenzeitung (Suiza), Reporters United (Grecia), Domani (Italia), Daraj Media (Líbano) y The Washington Post (EEUU), con el apoyo del Security Lab de Amnistía Internacional.

Mollitiam Industries, que facturó una media de 1,12 millones de euros anuales entre 2019 y 2021, firmó un acuerdo de confidencialidad con la compañía francesa en diciembre de 2019, válido por un periodo de dos años y renovable por otros cinco. También le proporcionó un folleto de presentación de sus productos, en concreto, uno que describía sus sistemas de infección y control remoto invisible de objetivos conectados a internet. Es decir, ofrecía las mismas herramientas de cibervigilancia en las que se ha especializado la galaxia Nexa-Intellexa.

Pero no sólo coincidía la firma española con el grupo franco-israelí en el producto, sino también en sus escasos escrúpulos respecto a los clientes a quienes se los vendían. La investigación realizada sobre los Predator Files revela que Nexa vendió su spyware estrella, Predator, a Vietnam, una dictadura comunista que persigue a los disidentes y muestra escaso respeto por los derechos humanos. Según la información a la que ha tenido acceso infoLibre, Mollitiam Industries también suministró al régimen vietnamita uno de sus programas más publicitados, que lleva el nombre de Invisible Man.

infoLibre ha preguntado a Mollitiam por el resultado de su acercamiento comercial a Nexa y por sus negocios en el país del sureste asiático, sin obtener respuesta. Más abajo se detallan las cuestiones que la empresa no ha querido contestar [ver La caja negra].

En cualquier caso, la dictadura vietanmita no es su único cliente sospechoso. La empresa de Toledo saltó a los titulares en marzo de 2020, cuando su nombre apareció en la lista de los 20 mayores depredadores digitales de la prensa publicado por Reporteros sin Fronteras. Compartía protagonismo con los líderes mundiales del spyware, como el israelí NSO Group, ahora en el disparadero internacional por culpa de Pegasus, y la italiana Hacking Team, cuyos sistemas fueron utilizados para espiar al presidente de Amazon, Jeff Bezos.

El honor de figurar en tan dudosa compañía se lo debió Mollitiam Industries entonces a que había vendido al Ejército de Colombia la herramienta informática con la que en 2019 fueron espiados hasta 130 periodistas, políticos, funcionarios y sindicalistas. El escándalo, destapado por la revista Semana en enero de 2020 y conocido como Carpetas Secretas, reveló que los militares colombianos habían utilizado Invisible Man, una “plataforma de penetración” diseñada por Mollitiam Industries, para “perfilar” a periodistas colombianos pero también a corresponsales estadounidenses, a una magistrada del Tribunal Supremo, a un senador e incluso a exmilitares. La empresa española vendió su software por 3.000 millones de pesos –unos 710.000 euros–, tras firmar un contrato a dedo, sin licitación previa.

Según publicó la revista Wired, que pudo leer folletos promocionales de Invisible Man, éste es un producto de interceptación, capaz de acceder de forma remota a los archivos y la localización de un dispositivo e incluso activar la cámara y el micrófono sin que lo note el usuario. El spyware también incluye un keylogger, que registra las teclas pulsadas por el espiado; las contraseñas, por ejemplo. No importa el sistema operativo, el producto de Mollitiam puede tomar el control de cualquier dispositivo con Android, MacOS o Windows. Además, es “invisible” porque el ataque es indetectable para el 90% de los sistemas de seguridad. Así consiguieron los militares colombianos teléfonos, direcciones, correos electrónicos, conversaciones de WhatsApp y Telegram, fotos… de objetivos civiles a los que no podían investigar legalmente.

Tres años después, una filtración de correos internos del Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia, que publicó Forbidden Stories y en la que participó también infoLibre, desveló que el Ejército de ese país había puesto en marcha otro procedimiento para adquirir una nueva herramienta de ciberespionaje. Y una de las siete empresas contactadas por las fuerzas armadas colombianas fue, de nuevo, Mollitiam Industries. De las tres que finalmente enviaron una oferta, una era la empresa de Toledo.

El objetivo del Ejército colombiano era adquirir un software de inteligencia con fuentes abiertas, lo que se conoce como Osint por sus siglas en inglés. Ese es precisamente uno de los productos estrella de Mollitiam, que publicita en su página web bajo el nombre de Phoenix: “un sistema modular de monitorización masiva para producir inteligencia a partir de la descarga anónima de datos no estructurados procedentes de redes sociales, darknets y deepwebs”.

En una ponencia enviada a un congreso sobre computación e ingeniería aplicada, que se celebró en el verano de 2022 en Las Vegas (Estados Unidos) y que firma entre otros uno de los socios de la compañía, Mollitiam da un detalle más sobre los usos de su software. Publicita que una parte de Phoenix es “un prototipo para la detección de posibles radicales en las redes sociales”.

Mollitiam ya trabajaba en 2021y 2022 para la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional en un proyecto conjunto con la empresa colombiana Newsat. Mollitiam Industries aportó el software Osint y dispone del 40% del capital de la unión temporal de empresas constituida en el país sudamericano y también denominada Phoenix. La licencia para transferir el material a la Policía Nacional colombiana la concedió el Gobierno español en enero de 2022. La compañía española prestará actividades de mantenimiento hasta finales de 2026.

Además, para desarrollar Phoenix, la empresa de Toledo contó con una subvención de 641.827 euros, abonados a partes iguales por la Unión Europea –a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)– y por el Gobierno español, a través del CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación). La subvención le fue concedida en 2019, la duración del proyecto era de dos años y el objetivo, crear una plataforma para el análisis de la información y el tratamiento de grandes volúmenes de datos (big data) obtenidos a partir de fuentes abiertas.

Pero no fue la única ayuda pública que recibió Mollitiam Industries. En total, se embolsó más de 1,6 millones de dinero de los contribuyentes en sus cortos cinco años de vida. En mayo de 2021, el CDTI le concedió 450.000 euros en una operación para promover la innovación empresarial en la que también invirtió el fondo del Gobierno vasco Easo Ventures. Y le subvencionó con otros 410.394 euros a través de los proyectos Cien y Eureka, según figura en las cuentas de 2021 de Mollitiam.

Además, una subvención de 59.636 euros sirvió a Mollitiam Industries para desarrollar el proyecto Electro I+D, que mide el nivel de “resiliencia en redes OT (civiles y defensa) frente a ciberataques”. El 80% del dinero vino de Europa, vía Feder, y el resto lo puso la Junta de Castilla-La Mancha. Esas mismas instituciones le otorgaron 50.751 euros para el proyecto Cibermarkint, “una plataforma Osint de inteligencia artificial”. Finalmente, recibió del Gobierno de Emiliano García-Page (PSOE) una nueva ayuda de 15.941 euros a través del programa Adelante Inversión.

Aunque Mollitiam es una empresa joven, sus promotores tienen larga experiencia en el sector de la cibervigilancia. Los socios mayoritarios, Esther y Samuel Álvarez González, ya crearon en 2007 el Grupo In-Nova, que en 2016 trabajó para el Ejército de Brasil en la formación de un grupo de élite especializado en luchar contra el cibercrimen.

Además, en 2012 es posible rastrear a la empresaria española en Perú y ese mismo año la Fundación In-Nova, que preside Esther Álvarez, firmó un convenio de colaboración con el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec) peruano. En 2014 Esther Álvarez viajó a Ecuador, donde expuso sus conocimientos sobre ciberdefensa. Cuatro años después, In-Nova figuraba como habilitada en el Registro de Proveedores de Bienes Estratégicos del Gobierno ecuatoriano.

De vuelta a Colombia, que es donde más clientes tienen, los hermanos Álvarez crearon la empresa In-Nova Colombia SAS, que dirige un proyecto de consultoría con el Comando de Apoyo Tecnológico del Ejército (COATE). Como ya publicó infoLibre, en 2016 In-Nova participó en un proyecto de cooperación tecnológica entre España y Colombia para la transferencia de conocimiento en relación con sistemas autónomos de navegación y plataformas aéreas, con aplicación en vehículos aéreos no tripulados (UAV o drones), dirigido a oficiales de las Fuerzas Armadas colombianas.

También un equipo de dicha empresa realizó, a principios de febrero de 2022, una “demostración de equipos” en la Sección de Control Telemático de la Dirección del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de Colombia. Entre las personas a las que se autorizó la entrada a las instalaciones de la Fiscalía General estaba Samuel Álvarez.

Mientras, en España, Mollitiam vendió a la Guardia Civil en 2019 y por 302.500 euros un sistema de monitorización remota de comunicaciones desde móviles. También una herramienta para monitorizar redes sociales por 18.059, según publicó en su día El Salto. A In-Nova, el Ministerio de Defensa le adjudicó en 2015 el suministro de un prototipo de red de comunicaciones tácticas y, entre 2018 y 2022, cuatro contratos más por un importe total de 134.950 euros. Una de esas licitaciones fue para un sistema de interceptación.

La confluencia tecnológica de Mollitiam e In-Nova con Nexa es significativa. A principios de 2017, In-Nova participó en Homsec, una feria internacional que reúne en Madrid a vendedores y compradores del sector de la defensa y la seguridad nacional. En esa ocasión, según relató en detalle la prensa especializada, Samuel Álvarez mostró una tableta a la que se le había “conectado un dispositivo hardware o ‘sonda’ con el que se realizó un rastreo de las comunicaciones y dispositivos inalámbricos que se encontraban en la feria, mostrando los diferentes niveles de seguridad en función de las configuraciones y vulnerabilidades detectadas”. La sonda permitía rastrear el entorno, explorar las diferentes redes inalámbricas, tanto visibles como ocultas, así como explorar todos los dispositivos en un entorno cercano (varias decenas de metros), logrando información sobre éstos sin necesidad de interceptarlos. Por otro lado, y dentro del modo ‘misión’, de una forma sencilla de operar, se pueden construir operaciones de interceptación y captura de información de los dispositivos seleccionados”. Como revelan los Predator Files, los dispositivos de interceptación telefónica eran uno de los productos estrella de Nexa Technologies.

Es más, Invisible Man, el programa vendido a Colombia y Vietnam, y Night Crawler, que Mollitiam promociona de forma conjunta con el anterior, comparten habilidades con Predator, que puede recuperar todos los datos del teléfono, desde páginas web visitadas y correos electrónicos, hasta los mensajes cifrados de Signal o WhatsApp, e incluso contraseñas y certificados, además de activar el micrófono y la cámara. Y la interceptación es anónima, indetectable para la víctima, como en Invisible Man y Night Crawler.

Además de los hermanos Álvarez, un tercer accionista de Mollitiam es Antonio Ramos, conocido por su pasado como presentador de Mundo Hacker, un programa emitido en Discovery Max y en TVE. En abril de 2019, Ramos acudió a La Resistencia, de David Broncano., donde presumió de trabajar para los ministerios de Defensa de distintos países, que no identificó pero de los que quiso dejar claro que “siempre son países amigos de Occidente”. También aseguró que había recibido una medalla blanca al mérito policial por ayudar a desarticular una red de pederastas. En otras intervenciones públicas, afirmó que había sido asesor internacional para la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington y se presentó así: “Soy un hacker, lidero un grupo de hackers internacionales y hackeamos cosas para hacer la vida digital tanto de los ciudadanos como de las organizaciones más segura”.

Lo cierto es que, como revelan los Predator Files, no todos los clientes de Nexa, la empresa francesa a la que quería vender sus productos, eran países “amigos de Occidente”, ni éstos utilizaron sus herramientas informáticas para hacer “más segura” la vida de sus ciudadanos. Otro tanto puede decirse del uso que el Ejército colombiano dio al spyware de Mollitiam y del que es más que probable que haya hecho una dictadura como Vietnam.

Un cuarto accionista de la empresa toledana, con el 6,8% del capital, es Sabadell Venture Capital, la filial del banco que preside Josep Oliu y que se dedica a invertir en startups. Un portavoz de la entidad aseguró a infoLibre que no había tenido conocimiento del escándalo de espionaje a periodistas en Colombia porque el banco carece de “ningún tipo de control”. “No somos consejeros y nuestra inversión es puramente financiera”, explicó.

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#PredatorFiles se basa en documentos confidenciales obtenidos por Mediapart y Der Spiegel, y está siendo publicado por medios asociados a European Investigative Collaborations (EIC): NRC, Politiken, Expresso, Le Soir, De Standaard, VG, infolibre y Domani en colaboración con Shomrim (Israel), Die Wochenzeitung (Suiza), Reporters United (Grecia), Daraj Media (Líbano) y The Washington Post (EEUU).

“Es inevitable la eliminación progresiva de los combustibles fósiles", reconoció Sultan al-Jaber, presidente de la COP28 y consejero delegado de la Compañía Nacional de Petróleo de los Emiratos Árabes Unidos (ADNOC), en un reciente discurso previo a la próxima conferencia de las Naciones Unidas sobre el clima, que se celebrará en noviembre en Dubai (Emiratos Árabes Unidos). 

Sin embargo, según un nuevo análisis del Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (IISD), un think-tank canadiense, a pesar de sus reiteradas promesas, los gobiernos del G20 siguen ofreciendo un apoyo financiero incondicional a la industria de los combustibles fósiles.

Basándose en datos de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) e informes gubernamentales, el IISD informa de que, en 2022, la cantidad inyectada por los países del G20 en el sector había alcanzado la asombrosa cifra de 1,4 billones de dólares. Esta cifra, calificada de "asombrosa" por los investigadores que realizaron el análisis, representa la suma de subvenciones, inversiones y préstamos de instituciones financieras públicas. 

"Vemos un aumento masivo de las ayudas públicas a los combustibles fósiles en 2022", afirmó Tara Laan, experta asociada del ISSD y autora principal del análisis, en una conferencia celebrada el miércoles 23 de agosto. "Los que más consumen combustibles fósiles son también los que más dinero ganan con ellos, así que no tiene sentido", afirmó.

La trayectoria climática mundial depende en gran medida de que los países del G20 reduzcan sus emisiones. Aunque los líderes del G20 acordaron ya en 2009 que "eliminarían gradualmente las subvenciones ineficientes" a los combustibles fósiles y se comprometieron a alcanzar un objetivo climático común –mediante la ratificación del Acuerdo de París– para 2021, estos países son responsables en conjunto de alrededor del 80% de los gases de efecto invernadero emitidos a la atmósfera.

La guerra de Ucrania y el auge de las energías renovables no han invertido la tendencia al alza del consumo de energía primaria, en el que los combustibles fósiles siguen representando la gran mayoría (82%). De hecho, el uso de combustibles fósiles ha aumentado. Esto ha sido posible en particular gracias a las subvenciones públicas, que se han cuadruplicado con respecto a la década anterior hasta superar el billón de dólares, señala el análisis del IISD.

A diferencia de una evaluación similar realizada por la AIE en febrero, el análisis del IISD tiene en cuenta no sólo las subvenciones a los consumidores –como los escudos tarifarios y los bonos energéticos–, sino también las medidas para fomentar la producción, que existen en algunos países desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, las exenciones fiscales o de cánones, o la asignación de partidas presupuestarias a investigación y desarrollo a las industrias extractivas.

En Francia, por ejemplo, el gasto fiscal en la industria de los combustibles fósiles está en aumento, pasando de 7.770 millones de euros a 7.810 millones entre 2020 y 2021, según la OCDE.

Está aumentando la inversión pública en nuevas infraestructuras asociadas a la explotación de combustibles fósiles, sobre todo en los países emergentes. Mientras que China e India han reactivado el carbón en nombre de la seguridad energética, los países de Oriente Medio, por primera vez desde la pandemia, han aumentado sus inversiones en petróleo y gas.

Se trata de una contradicción "flagrante" con las recomendaciones científicas, según el análisis del IISD. De hecho, según el IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático), el cumplimiento del Acuerdo de París requiere una reducción del 43% de las emisiones de gases de efecto invernadero en todo el mundo para 2030, en comparación con los niveles de 2019. La AIE también declaró en 2021 que "a partir de hoy no habrá inversiones en nuevos proyectos de suministro de combustibles fósiles".

Las emisiones de gases de efecto invernadero, los daños causados por los efectos del cambio climático y la contaminación atmosférica suponen costes colosales para las empresas. "La mayoría de las subvenciones se derivan de una subestimación de los costes sociales y medioambientales asociados al uso de combustibles fósiles", señaló Nate Vernon, economista del Fondo Monetario Internacional (FMI), en la rueda de prensa del 23 de agosto.

Por ello, los expertos del IISD piden a los gobiernos del G20 que reformen las subvenciones e introduzcan un sistema de impuestos progresivos sobre el carbono –con un precio del carbono que oscile entre 25 y 75 dólares por tonelada equivalente de dióxido de carbono (tCO2e) en función de los ingresos de cada país– para que el precio de los combustibles fósiles refleje por fin su coste real. El objetivo es incitar a consumidores e inversores a abandonar los combustibles fósiles.

"Lo fundamental de subir el precio de los combustibles fósiles es que genera ingresos –muchos ingresos– que pueden utilizarse para proporcionar ayudas sociales focalizadas y facilitar la transición a fuentes de energía alternativas y limpias", explica Tara Laan.

Más allá de los países del G20, en 2022 las subvenciones a los combustibles fósiles alcanzaron la cifra récord de 7 billones de dólares, según un reciente estudio del FMI, que corrobora las conclusiones del IISD. Eso equivale al 7,1% del producto interior bruto mundial, casi el doble del gasto público anual en educación (4,3% de la renta mundial) y alrededor de dos tercios del gasto en sanidad (10,9%), señala el FMI.

Traducción de Miguel López

El Gobierno ha tirado de la palanca que pone en marcha la siguiente fase de Plan de Recuperación, que se espera que tenga un fuerte impulso y de manera más rápida en la economía española. Esa palanca es lo que se conoce como la adenda, un documento que modifica el Plan de Recuperación inicial para dar más énfasis a las partidas con mayores demandas. La gran novedad es que esta fase incluye por primera vez la solicitud de préstamos a Bruselas, no solo subvenciones, que tendrán condiciones muy ventajosas para la administración pública y las empresas y que agilizarán los trámites, al tener menor carga burocrática.

En total pueden ser hasta 84.000 millones de euros. Para poner en contexto esta cifra, la cuarta oleada de subvenciones europeas, que debe solicitar el Gobierno próximamente y que es una de las de mayor tamaño, está cifrada en 11.494 millones. Las administraciones ya han organizado líneas de financiación valoradas en 66.328 millones, que van mayoritariamente dirigidas a las comunidades autónomas para que inviertan en siete ejes, así como a la transición verde de las empresas. 

“Me parece positivo que el Consejo de Ministros haya hecho esta adenda al Plan de Recuperación”, ha explicado a infoLibre José Manuel Corrales, profesor de Economía y Empresa de la Universidad Europea de Madrid. “Hay que tener en cuenta que los fondos de recuperación van a ser fundamentales para el crecimiento económico y el estímulo de la inversión. También para todo lo que tiene que ver con la transición ecológica. Determinadas infraestructuras son necesarias estimular con estos fondos. Y para afrontar lo que es la recuperación post pandemia”.

El PP ha cargado duramente contra el Gobierno, por enviar la adenda antes de las elecciones. El plazo para presentarla ante la Comisión Europea es hasta el 31 de agosto y el Ejecutivo ha tomado la decisión de enviarla ya, por las complicaciones que se pueden generar a la hora de transferir los nuevos equipos ministeriales tras el 23J, algo que será inevitable aunque Pedro Sánchez continúe en La Moncloa.

Fuentes gubernamentales han afirmado a infoLibre que la adenda no es algo “cerrado”: se puede modificar en cualquier momento, sea quien sea el que gane las elecciones. La Comisión Europea tendrá hasta dos meses para dar luz verde, ampliable un mes más, algo que ocurrirá con toda seguridad para dar margen al nuevo Gobierno que salga de las urnas. Esto podría ser entre septiembre y octubre.

España ha apostado por el camino inverso al de Italia. El país transalpino organizó su propio plan de recuperación de manera que primero tuvieron más peso los préstamos y ahora llega el momento de las subvenciones. Las diferencias entre unas y otras es evidente: unos fondos se tienen que devolver y otros no. Pero los reembolsables tienen sus propias ventajas: al no ser dinero público a fondo perdido, la fiscalización es menor, y con menos burocracia, la inyección llega más rápido a las administraciones públicas, a las empresas y a los hogares. 

“Los préstamos pueden ser una herramienta muy útil para impulsar las inversiones”, añade el profesor Corrales. “Van a proporcionar capital adicional a las empresas para financiar proyectos o iniciativas, para fomentar la innovación y para estimular la ejecución con nuevas tecnologías. En el contexto del Plan de Recuperación, los préstamos pueden desempeñar un papel importante a la hora de facilitar el acceso a la financiación de empresas y emprendedores”, añade el académico.

Hay que poner en contexto en qué momento llega esto: los expertos coinciden en que los tipos de interés no van a subir mucho más de lo que ya están. Es decir, los créditos y los préstamos se han encarecido hasta llegar a cerca de lo que el Banco Central Europeo parece dispuesto a llegar. Esta herramienta da un plan B para las empresas que quieran invertir puedan hacerlo más barato de lo que ofrecen los bancos. España ha optado por empezar por las subvenciones, con un impacto inicial menos inmediato, y ha reservado los préstamos para este momento, que es más propicio, al estar el crédito más caro.

Esto supondrá un mayor endeudamiento para las administraciones o empresas que los pidan, pero las condiciones serán muy ventajosas. Tendrán un vencimiento a largo plazo, de 30 años, con un período de carencia [período en el que no se paga interés] de 10 años en el reembolso del principal. El interés será variable, dependiendo del coste medio de financiación de la Comisión Europea.

“En un contexto de restricción monetaria, el acceso a financiación más barata puede suponer una ventaja significativa para las empresas. Esto les permitiría obtener capital a tasas de interés más bajas, lo que reduciría sus costos financieros y les daría la posibilidad de realizar inversiones, expandirse o financiar proyectos de manera más asequible. Además, podría facilitar el acceso al crédito para aquellas empresas que de otra manera podrían tener dificultades para obtener financiamiento”, explica José Manuel Corrales.

¿Podría suponer esto un motivo de enfado para los bancos? Al tener una vía de financiación más barata, las empresas podrían dejar de pedir créditos y dirigirse a los fondos europeos. El profesor considera que no: “En el caso de préstamos bancarios tradicionales, los bancos todavía desempeñarían un papel importante. La relación de confianza establecida con los clientes, la capacidad para ofrecer servicios bancarios integrales y otros productos financieros seguirían siendo valiosos para muchas empresas”, opina.

Fuentes gubernamentales han explicado a infoLibre que han aprovechado la adenda para modificar el peso que se les ha dio a algunos ejes del Plan de Recuperación inicialmente. Por ejemplo, el Gobierno observa un boom de demanda de fondos en el sector del autoconsumo energético y en proyectos de hidrógeno verde, y por este motivo, van a darles más peso, tanto en los nuevos fondos como en préstamos.

Aún se desconoce el mecanismo que utilizarán las empresas para solicitarlos, pero sí que será el Tesoro el que recepcione los fondos y los vaya distribuyendo. El Gobierno ha presentado líneas para ir canalizando el dinero de manera estratégica, en los que han asignado, de momento, unos 66.000 millones. 

La partida más cuantiosa es el Fondo de Resiliencia Autonómica, una línea de 20.000 millones destinada a las regiones para que inviertan en siete ejes: vivienda social, transporte sostenible, competitividad industrial, innovación, turismo sostenible, economía de los cuidados y gestión de aguas y transición energética. La segunda gran línea es la Verde, tramitada por el ICO, que aumentará en 15.000 millones la financiación disponible para la transición ecológica. Otra línea de 7.000 millones estará destinada al crecimiento empresarial, de los que 1.000 millones irán a las empresas de turismo sostenible. 

Hay diferentes líneas destinadas a sectores, que se adecuarán a las particularidades de cada uno para agilizar el trámite. Entre estos habrá un fondo para start-ups tecnológicas, otra de vivienda social en alquiler, otro para ciberseguridad, para el sector audiovisual, para empresas especialmente afectadas por la pandemia o para pymes.

Los préstamos van a tener un peso fundamental en algunos de los PERTE prioritarios para el Gobierno. Por ejemplo, en el PERTE de microelectrónica y semiconductores, que pretende canalizar inversiones para que las empresas diseñen y produzcan chips en España, está dotado de 12.000 millones de euros, de los que 10.000 serán préstamos. También en el apoyo a pequeñas empresas tecnológicas. Según fuentes gubernamentales, la idiosincrasia de estos sectores hace que el mecanismo más ágil sea más útil, aunque luego tengan que reembolsar el dinero. Las grandes empresas tienen más medios para cumplir todo el proceso que implica pedir una subvención a fondo perdido, inciden las mencionadas fuentes.