El Tribunal Supremo de Brasil abre un proceso penal contra Bolsonaro por golpe de Estado
El Supremo Tribunal Federal de Brasil decidió este miércoles, por unanimidad, abrir un proceso penal contra el expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) y otros siete acusados por supuestamente tramar un golpe de Estado.
El líder ultraderechista será juzgado por dirigir, presuntamente, una conspiración que buscó anular la victoria electoral del actual mandatario, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva, en 2022 mediante una intervención militar.
Los cinco jueces de la Sala Primera del Supremo votaron por aceptar la denuncia tras conocer los detalles de la investigación, expuestos la víspera por la Fiscalía, y escuchar los argumentos de la defensa del líder ultraderechista.
Bolsonaro y los otros siete acusados, entre los que hay militares de alto rango y antiguos ministros de su Gobierno (2019-2022), fueron denunciados por abolición violenta del Estado democrático de derecho, intento de golpe de Estado, implicación en organización criminal armada, daño calificado y deterioro de patrimonio.
El magistrado Alexandre de Moraes, instructor del caso y primero en votar, consideró que hay "materialidad" e "indicios razonables" en la acusación que presentó la Fiscalía señalando a Bolsonaro como líder de la trama golpista y dijo que la denuncia detalló la participación del ex jefe de Estado en los actos citados.
Al argumentar su posición en la audiencia, el juez instructor reconoció el liderazgo del ex jefe de Estado en la presunta trama golpista y dijo que los hechos fueron descritos "en forma detallada" y "satisfactoria" por la Fiscalía.
"Tuvimos un intento de golpe de Estado violentísimo (...) una violencia salvaje, con petición de intervención militar para un golpe de Estado", dijo De Moraes al argumentar su voto en la audiencia en la que se decide si se abre un juicio contra Bolsonaro.
El juez sostuvo que "la organización criminal siguió todos los pasos necesarios para derrocar al gobierno legítimamente elegido" en un objetivo que "no se concretó" por "la resistencia de los comandantes del Ejército y la Fuerza Aérea las medidas de excepción".
Flávio Dino, el segundo juez en votar, resaltó que hubo alegatos orales "que concuerdan con la materialidad" de los hechos, mientras que el magistrado Luiz Fux seguidamente afirmó que fue una denuncia "amplia y bien elaborada".
En tercer lugar se pronunció la jueza Cármen Lucia Antunes, quien también resaltó los detalles expuestos en la investigación, dijo que "la dictadura mata" y señaló que el Estado democrático de derecho es un logro que requiere de "vigilancia constante".
El último magistrado en manifestarse fue Cristiano Zanin, presidente del órgano colegiado, quien afirmó que la Corte cuenta con "hechos capaces de constituir los delitos que fueron narrados por la Fiscalía".
La denuncia, presentada en febrero por la Fiscalía, acusó a Bolsonaro y a otros 33 sospechosos de tratar de anular los resultados de las elecciones de 2022 en las Lula salió victorioso para mantenerse en el poder.
Según la acusación, la conspiración desembocó en la invasión violenta las sedes del Supremo, el Congreso y la Presidencia el 8 de enero de 2023, pocos días después de la toma de posesión de Lula.
Penas de hasta 40 años
Los jueces entendieron que hay indicios suficientes para juzgar a los ocho sospechosos por cinco delitos graves que podrían acarrearles condenas de hasta 40 años de cárcel, si bien la ley brasileña limita a 30 años la privación de libertad.
El propio Bolsonaro ha admitido haber discutido la aplicación de estas medidas con la cúpula militar, pero hoy reiteró que el estado de sitio y de excepción son "dispositivos constitucionales" y hablar de ellos "no es crimen".
La causa se apoya en miles de pruebas recabadas por la policía, entre ellas un borrador de decreto para declarar el estado de sitio, y en la confesión del antiguo edecán de Bolsonaro, el teniente-coronel Mauro Cid.
Las investigaciones también descubrieron planes para asesinar a Lula, al juez De Moraes y otras autoridades, y vinculan al grupo con la invasión de la sede de la Presidencia, del Congreso y del Tribunal Supremo perpetrada por miles de bolsonaristas el 8 de enero de 2023, una semana después de la investidura de Lula.
Hasta ahora, 497 personas han sido condenadas por su implicación en los disturbios y otras 532, acusadas de delitos menos graves, han firmado acuerdos de no persecución penal.
Bolsonaro alega "persecución" judicial
Bolsonaro siguió el segundo día de la audiencia en el despacho de su hijo, el senador Flávio Bolsonaro, y tras conocer la decisión, hizo una declaración a la prensa durante una hora, pero no aceptó preguntas.
Refutó los cargos que se le imputan y cuestionó la imparcialidad de los jueces, a los que acusó de tener motivaciones "personales" contra él.
De hecho, la defensa de los acusados trató sin éxito de impugnar a tres jueces: De Moraes, por ser juez y víctima, Flávio Dino, por ser exministro de Lula y un ex rival político de Bolsonaro, y Cristiano Zanin, por haber trabajado como abogado personal de Lula.
El exgobernante también apuntó intereses políticos, con el supuesto objetivo de impedirle la posibilidad de volver a ser candidato en las elecciones de 2026.
Pero Bolsonaro, aunque se sigue proclamando como el candidato de la derecha, ya ha sido inhabilitado políticamente por la justicia electoral, por deslegitimar las instituciones democráticas, y no podrá participar en unas elecciones hasta 2030.
"No tengo obsesión por el poder", aseguró.
Los próximos pasos
Con la causa penal abierta, el juicio correrá a cargo de la Primera Sala del Supremo, que previsiblemente deberá analizar el caso en los próximos meses.
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Bolsonaro pasará este trámite en libertad y solo podría ser arrestado si la corte considera que existe riesgo de fuga, de obstrucción a la justicia o de coacción de testigos.
Desde el año pasado ya pesan medidas cautelares contra el ex jefe de Estado, entre ellas la retención de su pasaporte, lo que le impidió viajar el pasado enero a la investidura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, su aliado político.
De forma paralela, Bolsonaro también figura como investigado en otras causas. La Policía lo denunció el año pasado por la supuesta apropiación indebida de unas joyas, que deberían haber sido incorporadas al acervo del Estado, y por fraude en los certificados de vacunación de la covid-19.
