El 1 de abril de 2026, la misión Artemis II de la NASA emprendió el camino hacia la Luna. Un camino que los humanos no hemos transitado desde diciembre de 1972 con la misión Apolo 17.

Artemis II, que supone el primer paso en la colonización permanente de nuestro satélite, acarrea múltiples retos. Uno de los más relevantes es lidiar con la radiación espacial, compuesta de partículas cargadas de muy alta energía. Evitar o, al menos, minimizar sus efectos es esencial para el éxito de esta y futuras misiones.

El origen de esa radiación espacial es variable: procede del espacio galáctico e intergaláctico, pero también de nuestro propio Sol –por su actividad nuclear y electromagnética– y de partículas atrapadas por el campo magnético terrestre, en los denominados cinturones de Van Allen.

Aunque las características de las radiaciones galácticas y solares no son iguales, sus efectos sobre los seres vivos sí se pueden generalizar.

Dichos efectos son negativos, muy parecidos a los que ocurren por la radiactividad de explosiones atómicas o accidentes en reactores nucleares. Su interacción con las células supone graves alteraciones de su función.

Por lo general, la radiación provoca roturas de las distintas moléculas de las células, bien directamente por su altísima energía, bien indirectamente porque esa energía se va disipando y genera especies químicas muy reactivas en altas concentraciones.

Estos cambios drásticos en las biomoléculas llevan a la pérdida de la función de las células. Lógicamente, es un daño que se puede traducir en trastornos graves o, incluso, la muerte de los astronautas. Estudios previos ya han puesto de manifiesto alteraciones de distintos sistemas, como el sistema nervioso central o el cardiovascular, en las personas expuestas.

La radiación puede alterar o romper el material genético, el ADN. Dado que esta molécula es la que aporta la información para todas las funciones de la célula, su alteración o destrucción supone un grave peligro.

A corto plazo, el daño puede provocar enfermedad o la muerte del individuo. A más largo plazo, puede suponer la pérdida crónica de distintas funciones o el desarrollo de cáncer.

La gravedad del impacto va a depender de distintos factores, como el tipo concreto de partícula ionizante, la energía de cada una de ellas o el tiempo de exposición.

Una característica que resume de forma general el daño potencial es la dosis absorbida. Una de las unidades empleadas es el sievert, y su milésima parte, el milisievert. Por ejemplo, una dosis súbita de 5-6 sieverts suele provocar la muerte en pocos días. Para hacernos una idea, la dosis anual máxima para tripulaciones de vuelos comerciales se sitúa en 1-2 milisieverts (0,001-0,002 sieverts).

En las misiones Apolo, los astronautas recibieron unas dosis de 0,5-3 milisievert cada día, con una duración de las misiones en torno a una semana. Es decir, dosis totales de unos 10-20 milisieverts.

Por ahora, el seguimiento de la salud de los astronautas que han participado en anteriores misiones a la Luna no parece indicar que presenten mayor incidencia de cáncer o mayor mortalidad. Pero es cierto que se expusieron durante tiempos relativamente cortos (algo más de 12 días en el caso de la misión más larga, el Apolo 17).

Aunque estas cantidades parecen asumibles, por el momento, no debemos perder de vista lo cambiante del ambiente espacial. Por ejemplo, si las misiones Apolo 16 y 17, que volaron en abril y diciembre de 1972, hubiesen tenido lugar en agosto de ese mismo año, la dosis de radiación hubiese sido letal debido a una erupción solar que tuvo lugar entonces. A menudo, tales erupciones ocurren con muy poca advertencia previa.

Desde luego, las distintas organizaciones involucradas en promover los vuelos espaciales investigan maneras para evitar o, al menos, reducir el impacto de la radiación sobre los astronautas. Dentro de las limitaciones obvias de peso y espacio, existen materiales que actúan de barreras para la radiación.

Ahora bien, al actuar sobre estos materiales se puede generar una radiación secundaria, también dañina, dentro de la cápsula. Se están estudiando mecanismos físicos, como generar campos electrostáticos o magnéticos, para desviar o frenar parte de la radiación.

Por último, se proponen estrategias de tipo nutricional o farmacéuticas para ayudar en la reparación correcta del daño al ADN y a las células. Una vez sobre la Luna, se baraja construir bases subterráneas para aprovechar la protección que suponen los primeros metros de suelo lunar.

Muchos son los retos a los que nos enfrentamos en la exploración espacial, incluso en los primeros pasos, como es establecer una base lunar. Uno de ellos será cómo evitar o disminuir de la mejor manera la radiación a la que los humanos estaremos expuestos en nuestro satélite, bien en su órbita o en su superficie. Las misiones Artemis nos proporcionarán, sin duda, respuestas a estos interrogantes.

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Alfonso Blázquez Castro es profesor del Departamento de Biología en la UAM, Universidad Autónoma de Madrid. Este artículo se publicó originalmente en The Conversation. Lea el original aquí.

España necesita terapia. O así lo dicen algunos datos. En 2025, el top 3 de los ensayos más vendidos lo ocupaban libros de autoayuda y desarrollo personal. Hábitos atómicos de James Clear, Ego y superconsciencia de Manuel Sans Segarra y Recupera tu mente, reconquista tu vida de Marian Rojas Estapé. 

Algunas cifras para dar contexto: seis de cada diez españoles afirman sufrir estrés, la mitad depresión y un tercio ansiedad. Más de la mitad, el 63%, también declara que no son capaces de relajarse y un 64% dice estar “potencialmente afectado” con cualquiera de estos tres trastornos, según los datos del Estudio Internacional de Salud Mental del Grupo AXA, publicado a principios de 2025. Sin embargo, tan solo un 18,2% acudió a un psicólogo por problemas de salud mental, según el Ministerio de Sanidad.

Pero, ¿cuánto cuesta ir a terapia? En Madrid, por ejemplo, una hora ante el terapeuta puede costar entre 50 y 90 euros. La otra opción, la de la sanidad pública, se hace cuesta arriba por las largas listas de espera, que pueden durar meses. Sentarse con un psicólogo no está al alcance de todos. Así que hay quien cae en la solución más rápida y barata: los libros de autoayuda.

Vivimos tiempos de incertidumbre y ante eso, el desarrollo personal y la autoayuda se presentan como guías, como una forma de saber qué hacer cuando la individualidad es tan extrema que ya no pensamos en grupo. “Las generaciones anteriores tenían instituciones que les guiaban de alguna forma, como la familia o la escuela. Ahora han perdido peso y nos encontramos con que necesitamos nuevos instrumentos para navegar esa incertidumbre. Es ahí donde está el caldo de cultivo del desarrollo de la autoayuda", apunta José Antonio Santiago, profesor de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid. 

De todos los autores, Marian Rojas-Estapé se lleva el podio. Su libro más vendido, Cómo hacer que te pasen cosas buenas, publicado en 2018, ya acumula más de 40 ediciones y, junto con Encuentra a tu persona vitamina, ha vendido más de 3 millones de copias en más de 40 países. En redes sociales tiene más de 4,5 millones de seguidores. Además, trabaja en el Instituto Rojas-Estapé, presidido por su padre Enrique Rojas. 

El éxito es innegable, pero sus alegatos reaccionarios, también. En 2008, su padre expresó en una entrevista para EFE que la homosexualidad es “un proceso clínico que tiene una etiología, una patogenia, un tratamiento y una curación”. Defendió que podía curarse y que, para él, era una moda. Ella no se queda corta. En una entrevista en El Hormiguero, en febrero de 2025, Rojas-Estapé aseguró que “el amor entre un hombre y un hombre se puede dar pero no es igual que el que hay entre un hombre y una mujer”. Una década antes ya declaraba en un documental de Cristianos ante las urnas que la ideología de género era una farsa y que la decisión de ser hombre o mujer ya estaba decidida de nacimiento. “Al final esto está inscrito, cada célula de mi organismo dice que soy mujer”, incidió. infoLibre se ha puesto en contacto con la Dra. Marian Rojas Estapé, pero no ha recibido respuesta.

Y mientras tanto, los números suben. Según un análisis de Grand View Research con datos de 2024, la industria del desarrollo personal y la autoayuda es capaz de mover 48.400 millones de euros al año. Y no va a parar. Esta misma empresa calcula que el mercado tendrá aumentos anuales superiores al 5% hasta 2030. 

Para Rojas Estapé, todo pasa por el matrimonio. Aunque ahora ha moderado sus posicionamientos más políticos, hubo una época en la que defendía a capa y espada que la solución al estrés y la ansiedad era tener una vida estable. Algo que, según sus parámetros, se traduce en estar en casa y con tu marido. 

Hace unos años ya criticó a quienes no querían seguir esta línea. “Nos encontramos en una etapa de la historia en la que todo vale. Contamos con el poliamor, las relaciones abiertas o el sexo casual (...) La gente se conoce una noche, busca placer, ansía una vía de escape y acaba en la cama sin reflexionar sobre lo que ha sucedido. Lo curioso es que cuando en terapia entro en la vida de esas personas en muchas ocasiones percibo una gran tristeza y un inmenso vacío". Claro que, el vacío no sucedería en los brazos de un marido. 

“Por el propio pensamiento que Rojas-Estapé tiene, muy individualista, parece que todos los problemas que tenemos los hayamos provocado nosotras mismas, no el sistema. Y por ello, tenemos que ser nosotras quienes lo solucionemos”, apunta María Medina-Vicent, profesora titular de filosofía en la Universitat Jaume I. ¿La forma de solucionarlo? Muy sencilla (y nada innovadora). “Ella vende que hay que volver a los modelos de antes. Defiende que la familia tradicional es la que te va a hacer sentirte feliz, porque te va a dar sentido y te va a marcar el camino que has de seguir”, resuelve la experta.

No es algo nuevo. Ya en 1995 un libro de autoayuda con el nombre The Rules (Las Reglas) animaba a las mujeres que quisieran casarse a adoptar los métodos de la mujer estadounidense tradicional: sé encantadora, hazte la difícil, nunca menciones el matrimonio y compórtate como un cervatillo atolondrado de dibujos animados que necesita ser rescatado. 

El otro flanco que Rojas-Estapé considera como vital para tener una vida plena, aparte del amor, es el trabajo. ¿Te explotan? Pon una sonrisa. ¿No te pagan las horas extra? No te enfades. ¿Te desmotiva el trabajo? Pues hazlo con ilusión. 

En un pasaje de Encuentra a tu persona vitamina, Rojas-Estapé habla de un consejo que dio a un hombre que trabajaba para Glovo. El hombre, cansado de su trabajo, le preguntó “cómo podía hacer que le pasasen cosas buenas”. La escritora no dudó. “Los repartidores acudís a las casas, pero el contacto que se genera con el comprador es casi imperceptible. En muchas ocasiones, uno no ve la cara del otro, le tapa el casco, y ese instante dura por lo general menos de quince segundos. Yo te recomiendo que pongas ilusión y pasión en tu trabajo. Por dos razones: la primera es que cuando introduces pasión en tu vida surgen cambios neurológicos importantes en tu cerebro; la segunda es que cuando actúas desde la ilusión, la gente lo capta, lo percibe y pueden suceder cosas maravillosas. Alguien con ilusión se convierte en persona vitamina”. 

Lo individual frente a lo colectivo. Toda la industria se basa en ello. “Estos discursos apelan mucho a que las soluciones son personales. Tienen que ver sobre todo con la actitud del individuo y la motivación. Si tienes una buena actitud, si eres una persona positiva, si muestras siempre felicidad, si tienes el lado positivo de las cosas y si estás muy motivado, podrás conseguir solucionarlo”, resume el profesor de la Complutense. 

“Rojas-Estapé te da pautas prácticas individuales para transformar tu vida: ser saludable, hacer ejercicio, ser optimista…Pero eso solo cambia tu forma de aproximarte al mundo, llevándote hacia la despolitización y la descolectivización”, coincide Medina-Vicent. “El coaching, la escritura terapéutica, el mindfulness… sirven para gestionar problemas, no para solucionarlos. Te ofrecen un parche para soportar mejor las dificultades, no para resolverlas”, zanja. 

La Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama) de Sevilla ha anunciado que demandará judicialmente a la Junta de Andalucía para solicitar indemnizaciones a distintas afectadas por los fallos en el programa de cribados de esta enfermedad en la comunidad autónoma después de que sus reclamaciones patrimoniales no hayan sido debidamente atendidas.

El abogado de este colectivo, Manuel Jiménez, ha informado este lunes a EFE de que estas acciones judiciales se concretarán de forma individual una vez superado el plazo de seis meses que tenía la administración sanitaria para contestar a las reclamaciones patrimoniales ya presentadas.

Según el letrado que representa a Amama, llegaron a formalizarse 160 reclamaciones patrimoniales, hay otro medio centenar en manos de las afectadas para ser presentadas y cerca de 40 están pendientes de estudio.

"Demandaremos al Servicio Andaluz de Salud porque la única respuesta que hemos recibido en estos meses a las reclamaciones presentadas ha sido una mera formalidad, un acuse de recibo", ha indicado Jiménez, quien ha lamentado la posición adoptada por la Junta de Andalucía y entiende que se está "ninguneando" a las afectadas.

"Aquí nadie dice nada, por eso se ha tomado la decisión de ir para adelante en los tribunales con la presentación de las demandas en la vía contencioso administrativa", ha concretado.

La primera de las demandas judiciales en formalizarse será la de Anabel Cano, en cuyo caso ya se han superado más de seis meses desde la presentación de su reclamación al haberla formalizado antes de que trascendieran de forma pública los fallos en el programa andaluz de cribados para la detección precoz del cáncer de mama.

La presidenta de Amama, Ángela Claverol, la propia Anabel Cano y varias afectadas más por estos fallos tienen previsto ofrecer este martes, a las puertas de los juzgados de Sevilla, detalles sobre esta decisión de demandar a la Junta de Andalucía por no atender sus reclamaciones patrimoniales ante el Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Andalucía acudirá a las urnas el próximo 17 de mayo. El presidente de la Junta, Juanma Moreno Bonilla, busca revalidar la mayoría absoluta obtenida en 2022 mientras la oposición intenta frenar esa posibilidad. Y es ahí donde emerge uno de los temas estrella de la campaña electoral: la sanidad. El descrédito del Gobierno autonómico fue sonoro con la crisis de los cribados de cáncer de mama y la propia candidata socialista, María Jesús Montero, está intentando poner el foco en la gestión de la sanidad pública. 

Lo cierto es que los datos parecen respaldar esa estrategia. La ciudadanía andaluza es la más descontenta con la sanidad pública de todo el Estado. Así lo muestran los barómetros sanitarios realizados por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en 2025. Mientras el conjunto de los españoles pone a la sanidad pública una nota media de 6,02, en el caso de los andaluces la nota cae hasta el 5,37.

La pregunta del CIS se refiere expresamente al "grado de satisfacción con el funcionamiento del sistema sanitario público" y los ciudadanos tienen que dar una respuesta númerica entre el 1 y el 10. El 1 significa 'muy insatisfecho'  y el 10 'muy satisfecho'. Esa nota media que dan los andaluces es inferior a la de cualquier otra comunidad autónoma. 

De hecho, el 47,79%, prácticamente la mitad, de los encuestados de la comunidad gobernada por Moreno Bonilla responden con valores entre el 1 y el 5, suspendiendo el funcionamiento de la sanidad pública andaluza u optando por lo que se conoce como un cinco raspado. Aunque en este caso, la escala del CIS va del 1 al 10 y no del 0 al 10 y, por tanto, la mitad se sitúa, en realidad, en el 5,5 y no en el 5.

La insatisfacción de los ciudadanos andaluces con la sanidad se ve también al analizar el valor más bajo de la escala. En Andalucía son un 11,18% de los encuestados los que optan por el 1, más que en cualquier otra comunidad y casi el doble que en el caso nacional, donde son un 6,41%.

Los andaluces no son solo los más descontentos con el sistema sanitario público en su conjunto. La comunidad también destaca en la mayoría de servicios concretos por los que pregunta el CIS. La ciudadanía andaluza es la que pone peor nota a las "consultas de atención primaria en centros de salud", las "consultas de atención especializada", las "urgencias de centros de atención primaria" y el servicio de "urgencias 061 y 112".

En los otros dos servicios concretos por los que se pregunta en los barómetros sanitarios es Canarias la comunidad que sale peor parada. Estos son las "urgencias en hospitales públicos" y los servicios de "ingreso y asistencia en hospitales públicos". Aun así, Andalucía da la segunda y tercera peor nota, respectivamente, también en esos casos.

La peor nota de todas es la que da la ciudadanía andaluza a las consultas de especialidades, con una media de 5,26. También es el servicio que se lleva el promedio más bajo en el conjunto de España, con solo un 5,74.

El descontento de los andaluces con el sistema sanitario público se refleja también en otras cuestiones planteadas en la encuesta. Uno de cada tres asegura haber necesitado consultar con su médico de familia en los últimos 12 meses y no haberlo conseguido. De nuevo, más que en ninguna otra comunidad y muy por encima de la media estatal, del 24,04%.

De hecho, los andaluces son los que muestran más problemas para conseguir cita con su médico de cabecera. Son quienes más aseguran no obtener cita, pero también los que muestran un mayor largo periodo de espera en caso de conseguirla. El CIS pregunta a los ciudadanos si en caso de haber tenido cita para el médico de familia y que este no les haya atendido el mismo día, cuántos días han tenido que esperar. La media española es de 9,15 días. En el caso de Andalucía sube hasta los 11,16. Otra vez, más que en ninguna otra comunidad.

Todos esos problemas que denuncian los andaluces con su sanidad pública se reflejan también en lo que creen que es necesario. El 59,82% considera que el sistema necesita cambios "fundamentales" o "profundos". En el conjunto del Estado la cifra es del 47,35%. El dato, además, ha subido respecto a 2024, cuando el 56,6% de los andaluces optaba por esa opción.

La pregunta del CIS es clara: "De las siguientes afirmaciones que le voy a leer, ¿cuál expresa mejor su opinión sobre el sistema sanitario en nuestro país?". Luego el entrevistador ofrece cuatro opciones de respuesta: "en general, funciona bastante bien", "funciona bien, aunque son necesarios algunos cambios", "necesita cambios fundamentales, aunque algunas cosas funcionan" y "funciona mal y necesita cambios profundos".

En Andalucía el 5,66% de los encuestados optó por "en general, funciona bastante bien". En cambio, el 30,66% se decantó por "funciona mal y necesita cambios profundos". En ninguna otra comunidad tan pocos entrevistados optaron por la respuesta que alaba el funcionamiento del sistema sanitario público. De la misma forma, en ninguna otra comunidad tantos eligieron la opción más crítica con el sistema.

Soy gorda. Estoy casada con una mujer y queremos ser madres. Quiero ser madre, quiero gestar y parir a una criatura. Acudimos a la Sanidad Pública para ello. Tengo sobrepeso y un trastorno de conducta alimentaria por el que estuve ingresada durante un tiempo largo después de ser Secretaria de Estado de Igualdad, después de haber recibido una violencia política muy concreta y muy sostenida que tenía como objetivo principal mi cuerpo, y casi no lo cuento. El primer médico que nos atendió en el centro de salud dijo que era mejor que él no fuera mi médico, que era demasiado todo (¿demasiado yo? ¿Demasiado grande, demasiado lesbiana? ¿Demasiada Pam?)  Y qué hago, pensé, ¿me mato? Ya estuve ahí. Y soy lesbiana y quiero ser madre pero soy gorda y cuando llegué a la consulta del hospital en la que sí me quisieron atender para iniciar el proceso de fertilidad lo primero que me plantearon fue que sin bajar de peso no podría acceder a ese derecho. Me propusieron que adelgazara, que corrigiera el cuerpo antes de que el cuerpo pudiera hacer lo que había ido a pedir que le ayudaran a hacer. Dije que era mi derecho, blabla, bulimia, blaba, ansiedad. Me plantearon que ahora había unas inyecciones muy buenas con las que no me costaría tanto hacerlo, corregir mi cuerpo, y así poder ser madre, con ese mismo cuerpo gordo-delgado-gordo-bulímico-insultado-gordo y, quizás sí, delgado, parturiento y amamantador. Todo un cuerpo para ser madre, fantaseo con humor sobre la idea de decirle a une future hije: cariño, no te comas la galleta, anda. Y aun así quería ser madre. Sentí con tanta intensidad la rabia, el deseo y la ajeneidad por mi propio cuerpo que me pregunté –y es la pregunta que articula todo lo que viene después– qué ha cambiado en los últimos años para llegar a esta situación, qué lógica hace que una institución pública le diga a una mujer con un trastorno de conducta alimentaria diagnosticado y sin ningún problema de fertilidad que la solución a su deseo de ser madre pasa por un fármaco para adelgazar, qué clase de sistema produce esa respuesta y la normaliza hasta el punto de que nadie en esa consulta pareció encontrarla problemática, casi ni yo misma. 

No es que ahora haya más gordofobia que antes, de hecho ésta lleva décadas operando sobre los cuerpos de las mujeres con una precisión que el lenguaje de la violencia estética no termina de capturar. Llamar violencia estética a lo que le ocurre a los cuerpos gordos es describir el síntoma y perder la causa, es quedarse en la superficie de un sistema que no opera principalmente sobre el deseo o sobre la belleza sino sobre la producción, sobre qué cuerpos pueden entrar en el circuito económico y social y reproductivo y cuáles quedan fuera, no por razones de gusto sino por razones de estructura.  El giro al que estamos asistiendo pasa por comprender que la gordofobia no consiste en que los cuerpos gordos gusten menos, sino que es un dispositivo cultural y social pero también tecnológico y económico que ordena el mundo, de tal modo que lo gordo vale menos, los cuerpos gordos valen menos ya que producen menos, acceden a menos, y el sistema ha encontrado formas cada vez más sofisticadas de administrar esa devaluación sin tener que declararla, en el mejor de los casos, como la opción saludable y, desde luego, nunca como política. 

Durante mucho tiempo se prometió que en el capitalismo todo se volvería inestable, que las formas sólidas se disolverían en el aire, que ninguna jerarquía sería permanente, y era una promesa que funcionaba también como advertencia: nada dura, nada resiste, todo puede cambiar. Hay algo, sin embargo, que no se ha vuelto líquido por más que los cantos de sirena del body positive nos pudieran haber confundido, y que, al contrario, se ha estrechado, que se ha vuelto más rígido y más exigente a medida que todo lo demás prometía flexibilizarse. El cuerpo. Y no todos los cuerpos, solo aquellos que pueden permitirse existir, al menos aparentemente, sin ser corregidos, es decir, empequeñecidos. Todo está empequeñeciendo a nuestro alrededor. La delgadez ya no organiza únicamente el deseo, sino que condiciona la existencia misma, y en ese desplazamiento —de ideal a condición de posibilidad— está todo el problema, porque lo que antes era una aspiración ahora se ha convertido en un umbral, en una línea que determina qué cuerpos pueden circular sin fricción en los mundos digitales que hoy habitamos y nos enriquecen y empobrecen; y a consecuencia de ello, cuáles son creíbles,  empleables, visibles y, por tanto, cuáles pueden producir valor. El giro de la delgadez ha hecho que hoy lo humano ya casi equivalga a lo delgado. 

El neoliberalismo produjo un desplazamiento que todavía estamos procesando, que tiene que ver con la fusión entre la persona trabajadora y su fuerza de trabajo, es decir, entre la persona y el producto que ofrece, de manera que el sujeto ya no tiene capital humano sino que es el sujeto mismo el capital humano, y su cuerpo, su imagen, su presencia, su manera de ocupar el espacio, muy particularmente el espacio digital, son parte del activo que pone en circulación cada vez que entra en el mercado, lo cual convierte todo lo que le ocurra al cuerpo en algo constitutivo del valor que produce, no en algo accesorio o privado o separable de su rendimiento económico.

La delgadez es, entonces, capital, pero no en el sentido en que solemos pensarlo, no como un atributo que suma puntos dentro de un sistema que ya te ha aceptado, sino como una condición que habilita la entrada al circuito, un umbral que hay que cruzar antes de que cualquier otra cualidad cuente o no. Durante décadas funcionó como capital erótico —ser deseable— y como capital social —ser aceptable—, pero hoy ha mutado y se ha vuelto económico, algorítmico y técnico, de manera que el cuerpo delgado no solo gusta más sino que rinde más, que se integra mejor en los flujos de producción contemporáneos, que ya no pasan por la fábrica sino por la visibilidad y la atención, y en los que lo que se extrae ya no es fuerza de trabajo sino forma, presencia y legibilidad. Como el Face ID de tu teléfono, si no eres delgada, el nuevo mercado de valores ni te reconoce la cara. 

Ya no solo vivimos en una economía de cuerpos alienados sino en una economía de cuerpos producidos. La fábrica disciplinaba el cuerpo para hacerlo útil, hoy el mercado lo interviene para hacerlo legible, para que pueda literalmente entrar en el circuito no como trabajador sino como producto, como unidad que se ajusta, que se optimiza, que se corrige cuando se desvía del estándar. En este contexto, la aparición de fármacos como el Ozempic no ha liberado a nadie del ideal de la delgadez sino que lo ha convertido en una tecnología de producción corporal, en una técnica que administra lo que antes se exigía, y conviene detenerse aquí porque lo que ha ocurrido es estructuralmente distinto a lo que ocurrió con la cultura de la dieta o el ejercicio, que, por más violentos que fueran, seguían operando sobre la voluntad, sobre la disciplina, la constancia, la renuncia, y eran en ese sentido tecnologías morales disfrazadas de tecnologías corporales, mientras que el fármaco liquida esa ficción porque no pide voluntad sino prescripción y capacidad de pago, y el cuerpo correcto ya no se construye sino que se compra. El privilegio de la delgadez es el nuevo privilegio de clase. 

Esto tiene una consecuencia que apenas estamos empezando a ver, que tiene relación con un desplazamiento del estigma de lo gordo. Si antes la gordura podía leerse como fracaso moral, como falta de disciplina o de voluntad o de cuidado, ahora se lee cada vez más como fracaso económico, como no haber podido, no haber tenido acceso, no haber llegado a tiempo, de manera que la estigmatización no desaparece sino que muta y ya no te señala como débil sino como pobre, y en una sociedad que lleva décadas confundiendo ambas cosas, el efecto práctico es exactamente el mismo. A esto se añade que la delgadez farmacológica produce una nueva opacidad, porque el cuerpo intervenido borra sus huellas —no hay cicatriz, no hay operación visible, no hay dieta reconocible—, la transformación es química y silenciosa y atribuible a cualquier causa, y lo que permanece es solo el resultado: el cuerpo correcto, presentado como siempre como algo natural, como algo que simplemente se tiene o no se tiene, nunca como algo que se ha comprado.

Y ahí aparece una forma de desigualdad que el sistema se niega a reconocer como tal, porque no todos los cuerpos tienen el mismo acceso a esa intervención, no todos pueden producirse de la manera adecuada en el tiempo correcto y sin dejar rastro, y el capital corporal funciona en este sentido como cualquier otro capital, es decir, cuanto más se aproxima un cuerpo al estándar más valor genera, cuanto más se aleja más se devalúa, no simbólicamente sino materialmente, en oportunidades, en salario, en credibilidad, en acceso a derechos, de manera que más gordo no es una descripción física sino una posición en una jerarquía económica, y esa posición no refleja lo que el cuerpo produce sino lo que el sistema está dispuesto a reconocer como producción válida.

En esto consiste exactamente el privilegio de la delgadez, en no tener que demostrar que tu cuerpo es funcional, no tener que cruzar ese umbral antes de que cualquier otra cosa que hagas o digas o produzcas pueda ser tomada en serio. Y en una realidad mediada por algoritmos esta lógica se intensifica de forma dramática y exponencial, porque los cuerpos no solo son vistos sino que para producir ese valor son también filtrados, clasificados, ordenados, y los que encajan, circulan, mientras los que no, quedan fuera del campo de visión, de manera que, y por decirlo de forma explícita e instagrameable,  el alcance orgánico de una publicación con un cuerpo no normativo es sistemáticamente menor. Y no es que las plataformas censuren sino que simplemente no amplifican ni muestran, lo que equivale a no existir en una economía de la atención a la imagen. Es decir, que si eres gorda, ganar dinero en una economía que algoritmiza la delgadez y cancela su contrario va a resultar inevitablemente más difícil. Lo que, por cierto, te hará más pobre y por tanto aún más gorda. La delgadez es la nueva bitcoin. 

Si el algoritmo es indispensable para comprender este giro, la lectura de género es el otro núcleo fundamental de este análisis, ya que es sobre los cuerpos feminizados donde esta lógica se vuelve más exigente y más precisa y más violenta. El cuerpo feminizado no enfrenta el mismo umbral de capital corporal que el cuerpo masculino sino uno más estrecho y vigilado, con menos margen de error. Un hombre con un cuerpo no normativo puede compensarlo con autoridad o con dinero o con posición, pensemos en Trump como paradigma de todo ello y cómo irónicamente ha sido el primer gobernante que, siendo gordo, ha pretendido prohibir la entrada a un país a las personas gordas. Sin embargo, los estudios sobre percepción de liderazgo documentan que el exceso de peso es penalizado de forma significativamente más severa en mujeres que en hombres en contextos de evaluación profesional, y la gordura masculina puede leerse como descuido o incluso como poder según el contexto, pero la gordura femenina casi nunca se lee como poder, sino más bien como una señal de que algo en ese cuerpo no funciona como debería. A esto se añade la temporalidad específica del cuerpo feminizado, que no solo tiene que ser correcto sino que tiene que serlo en el momento adecuado, porque la maternidad, la menopausia, el envejecimiento son procesos que el mercado lee como deterioro del capital corporal, y en ese contexto el Ozempic llega no como herramienta de salud pública sino como solución de mantenimiento para cuerpos que el tiempo va apartando del estándar, de manera que la intervención farmacológica se convierte en una forma de pagar la deuda de envejecer en un cuerpo que se sigue leyendo como femenino. Y hay una capa más, que tiene que ver con que las mujeres racializadas, las mujeres con discapacidad, las mujeres trans enfrentan umbrales adicionales que se superponen y se multiplican, porque el capital corporal no opera en una sola dimensión sino que es interseccional en su estructura aunque el mercado lo presente como universal, y el estándar que habilita no tiene el mismo coste para todos los cuerpos que se alejan de él.

Quizás el engaño más cutre en todo esto es que el privilegio de la delgadez aparecerá en tu pantalla en cualquier declinación posible del podemos ser quienes queramos ser. Lo que esconde toda esa semántica de la autoliberación es que solo es válida a veces, que solo algunos cuerpos pueden permitirse no optimizarse, y la pregunta entonces no es qué cuerpos son más bellos, ni siquiera qué cuerpos son más sanos, sino qué cuerpos pueden existir sin ser producidos, qué significaría un cuerpo que no funcione como capital, un cuerpo que come sin calcular y ocupa espacio sin pedir permiso y envejece sin corregirse y existe sin justificarse, un cuerpo que no tenga que ajustarse para circular ni reducirse para ser leído ni intervenirse para ser aceptado, un cuerpo que hemos aprendido a llamar inútil para el mercado y que por eso mismo, quizá, es el único desde el que puede empezar algo distinto, no producir mejores cuerpos sino hacerlos ingobernables. Las preguntas endemoniadas que nos quedan son: ¿Cuánto pesaría ese cuerpo que al neoliberalismo ya no le resulta rentable? ¿Se puede ser libre hoy teniendo un cuerpo? 

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Ángela Rodríguez 'Pam' es ex secretaria de Estado de Igualdad.

La unidad de emergencias del Servicio Andaluz de Salud ha publicado un comunicado proclamando oficialmente a la Virgen del Socorro del Amor “como Patrona y protectora de los servicios de urgencias y emergencias sanitarias de Sevilla”. Dada la situación en la que el Partido Popular, que gobierna con mayoría absoluta en Andalucía, está dejando la sanidad pública, la advocación a la Virgen no me extraña. Perdón, perdón, queridas lectoras, pues, aunque es un asunto muy serio, no sé si voy a poder resistirme a los chistes fáciles. 

Naturalmente, desde Andalucía Laica nos oponemos frontalmente a esta muestra de nacionalcatolicismo en un Estado aconfesional. Sin embargo, mi reflexión no pretende centrarse en este punto. Me interesa más bien retroceder un paso y poner el foco en qué queremos conseguir y cómo queremos ser tratados en un Estado de derecho. Deberíamos aspirar a esa mayoría de edad democrática que, como defendía Kant, nos concede autonomía a cambio de responsabilidad. 

Parte de los problemas que tienen las izquierdas para trasladar sus narrativas a la ciudadanía están relacionados con la necesaria complejidad de sus propuestas. Hay una enorme asimetría entre los mensajes informados, matizados, con cabida para los grises y respeto por las distintas perspectivas, y los eslóganes simples que la derecha –me da igual en qué parte del espectro– tiene tanto éxito en colocar. El “¡No a la guerra!”, el de antes y el de ahora, es una excepción. Bendita excepción. Y es una excepción por la propia naturaleza del asunto, que admite pocos matices. De hecho, la única reacción que han encontrado los de siempre es el silencio o la ambigüedad. Con asuntos más complejos es relativamente más fácil oponerse a las medidas del Gobierno o las reivindicaciones de los grupos progresistas, aunque sea con información falsa. Teniendo en cuenta que la ciudadanía cada vez va menos a las fuentes y más a las redes, gobernadas estas por algoritmos que se retroalimentan con las preferencias de cada uno, la desinformación verosímil, que no verdadera, se convierte en fundamento falaz de opiniones y decisiones políticas. Estoy pensando en el colectivo de personas inmigrantes, al que se acusa falsamente de aprovecharse del sistema. Estoy pensando en la violencia contra las mujeres, que directamente se niega. Estoy pensando en la artificial confrontación entre distintos tipos de mujeres, o entre mujeres y personas no binarias. Son solo ejemplos. Sabemos que sin trabajadores inmigrantes la economía y los servicios de la sociedad del bienestar serían insostenibles. Sabemos que los enemigos de las mujeres y las personas no binarias no son otras mujeres. Pero, desgraciadamente, el miedo es libre y va por barrios. En estos casos, a las izquierdas no les queda otra que la pedagogía. Hay que explicarse mejor, proteger y propiciar medios de comunicación independientes, aunque no sean complacientes, y exigir a las y los periodistas que honren su imprescindible labor siendo escrupulosos con la información.

Lo de la Virgen es otra cosa. Aquí no hay verosimilitud que valga. Nada tengo en contra de las personas que creen que van a ser castigadas o premiadas post-mortem por lo que voluntariamente hayan hecho o dejado de hacer en este mundo. Restringidos a este pequeño marco, su mundo es más controlable que el mío y eso, seguramente, les permite ser más felices. En este punto, no veo esencialmente más problema que con aquellos que albergan creencias no contrastadas en el ámbito de la nutrición, la salud, o la belleza. Las personas tienen derecho a sus creencias, aunque algunos no las compartamos, aunque a algunas no nos gusten, aunque a otros les parezcan carentes de todo fundamento. Siempre, eso sí, que no entren en conflicto con los valores de la democracia y el respeto al diferente. Sin embargo, la foto del consejero de sanidad de la Junta de Andalucía con el responsable del 061 de Sevilla y el hermano mayor de la cofradía concernida, con la talla de la Virgen de fondo, me deja estupefacta. 

Los creyentes deberían ser los primeros interesados en rechazar que se los utilice, ridiculice o se los tome por ciudadanos sin el mínimo espíritu crítico. Me viene a la mente la repentina conversión de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Todo el mundo sabe que el amparo de la Virgen del Socorro carece de valor real para las actividades del servicio de urgencias, que atiende por igual a todo tipo de pacientes, usando los recursos que la ciencia y la experiencia ponen al servicio de los profesionales. A una persona que necesita el servicio no se le responde con oraciones sino con intervenciones. Una persona que llama al 061 no espera bendiciones sino soluciones. No me resisto a reproducir algunos de los titulares que una página de noticias cofrades dedica al evento: “El 061 y las urgencias de Sevilla se acogen al manto de la Virgen del Socorro”; “Una ciudad que entrega sus urgencias a María”; “El deseo de unos sanitarios que viven al límite”. Pongo las citas exactas porque superan con mucho mi imaginación. Siendo una institución privada la que alberga la página, no hay nada que objetar. Pero ¿qué pinta el consejero en este acto? ¿Qué pinta la consejería firmando semejante despropósito vacío? ¿O no es vacío?

Este descarado acto de propaganda, pagado con dinero público, que esa es otra, debería avergonzar a los profesionales, sean o no creyentes, y ofender a los creyentes, trabajen o no en urgencias. Yo me sentí profundamente ofendida con la justificación de la guerra de Irán como una medida para proteger a las mujeres. Esa justificación es un insulto a nuestra inteligencia. Es el petróleo, amigas. Es el dinero y el poder, no los derechos. Aquí pasa lo mismo. 

Señor consejero de sanidad, me permito hacerle unas cuantas sugerencias que, aunque no surtan efecto en el más allá, sin duda mejorarían el servicio que Vd. tiene la obligación de garantizar. Convenza a su gobierno para que invierta en los servicios de urgencias, en sanidad pública y en la mejor formación para los sanitarios del futuro. No, el manto de la Virgen no sirve. Mejoren las condiciones de quienes están en primera línea: actualicen sus salarios, racionalicen sus horarios, contraten más personal. No traten de engañarnos con fuegos de artificio. Vd. sabe, como yo, que este tipo de actos no tiene la menor incidencia en ninguna de las actividades para cuya gestión Vd. cobra su sueldo. Si se trata de mera propaganda, incluso los creyentes deberían reprochárselo. Pero si está Vd. sugiriendo que el manto de la Virgen es su gran medida estrella de política sanitaria, los votantes deberían tomar buena nota. Hay elecciones en Andalucía en unas pocas semanas. ¡Que dios nos pille confesaos!

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María José Frápolli es miembro del Grupo de Pensamiento Laico y catedrática de Lógica y Filosofía de la Ciencia (UGR).

La Agencia Estadounidense de Alimentos y Medicamentos (FDA) ha dado el visto bueno a un medicamento de terapia génica desarrollado a partir de una investigación realizada en España para combatir una enfermedad poco frecuente pero muy grave causada por una inmunodeficiencia debido a un desorden genético.

El medicamento (denominado Kreslady) ha sido desarrollado por la empresa farmacéutica Rocket Pharma y ha demostrado en los ensayos su eficacia para combatir la 'deficiencia de adhesión leucocitaria tipo I', una inmunodeficiencia de baja prevalencia pero muy grave y que está asociada a infecciones que son potencialmente mortales, ha informado hoy el Instituto de Salud Carlos III, dependiente del Ministerio de Ciencia.

El nuevo medicamento fue diseñado por un equipo investigador del Centro de Investigaciones Energéticas y Ambientales (CIEMAT), del Área de Enfermedades Raras del Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBERER) y del Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz; y el Hospital Universitario Niño Jesús participó en el ensayo clínico para probar su eficacia y seguridad.

Los resultados que se obtuvieron demostraron que, pasados más de 3 años desde el tratamiento, los 9 pacientes que fueron tratados siguen vivos y libres de episodios recurrentes de infección.

La aprobación por parte de la administración estadounidense representa, según el Instituto de Salud Carlos III, "un hito" para la investigación en terapia génica en España, y ha valorado que gracias a la colaboración internacional se ha traducido en el primer medicamento de terapia génica desarrollado a partir de una investigación española que obtiene autorización comercial.

La 'deficiencia de adhesión leucocitaria tipo I' es una inmunodeficiencia genética poco frecuente que se produce por mutaciones que afectan a una proteína necesaria para que los glóbulos blancos migren desde la sangre hacia los focos de infección e inflamación.

Como resultado, los pacientes de esta enfermedad experimentan infecciones recurrentes, potencialmente mortales que comienzan en la primera infancia, así como problemas en la cicatrización de las heridas, y hasta ahora el único tratamiento viable es el trasplante de células madre, lo que puede conllevar riesgos y complicaciones importantes.

El tratamiento aprobado por la FDA fue concebido y ensayado en modelos experimentales por personal investigador de la Unidad de Innovación Biomédica del CIEMAT –dependiente del Ministerio de Ciencia- y del Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz, bajo la dirección de la doctora e investigadora Elena Almarza (actualmente directora en el departamento de operaciones técnicas de Rocket Pharma en España) y el investigador Juan Bueren, director de la Unidad Innovación Biomédica del CIEMAT.

Tras la firma del acuerdo de licencia en 2016, la empresa Rocket Pharma llevó a cabo un ensayo clínico internacional dirigido a evaluar la eficacia y la seguridad de este nuevo medicamento en un total de nueve pacientes, antes de solicitar la autorización de comercialización de este tratamiento para pacientes con esta enfermedad.

El ensayo clínico internacional se realizó en tres hospitales pediátricos: el Hospital del Niño Jesús de Madrid, el Children Hospital de la University College de Los Angeles y el Great Ormond Street Hospital de Londres, y los resultados obtenidos después de más de 3 años tras el tratamiento muestran una supervivencia sostenida de los pacientes, sin que éstos hayan sufrido infecciones graves recurrentes ni necesitado de un trasplante de médula ósea.

El sector del porcino español, el más potente de la Unión Europea, comienza a convivir con la peste porcina africana (PPA). El foco original, detectado hace exactamente cuatro meses, se ha extendido a una zona mucho mayor y cada semana se detectan nuevos positivos entre los jabalíes silvestres, pero el virus continúa alejado de las granjas y no hay contagios en cerdos, lo que permite mantener el 80% del volumen de exportaciones que había antes de la crisis.

Para considerar a un país libre de la PPA y volver a acceder al 100% de los mercados internacionales deben pasar 12 meses desde la detección del último positivo, pero por ahora no ha empezado a correr ese calendario. El último reporte del Ministerio de Agricultura, del 19 de marzo, registraba cinco contagios nuevos frente al informe de la semana anterior, con un total de 232 positivos divididos en 40 focos. Y ninguna prueba apunta a un cambio de tendencia.

El titular de ese ministerio, Luis Planas, ha subrayado esta semana que aún así el sector está protegido porque la peste porcina no ha entrado en ninguna explotación, y que la mejor prueba de que el control del virus ha funcionado es que el 82% de los certificados –cada uno de los más de 400 productos que se venden procedentes del cerdo– se siguen exportando, así como el 80% del volumen total de productos. "Un país que no diese garantías no estaría ni en el 40%", comentó el ministro en una entrevista en TV3 este martes.

Lo único que ha cambiado desde el estallido de la crisis es el precio del cerdo. En las primeras semanas el coste del animal se desplomó ante la previsión de una sobreoferta –por la caída de las exportaciones–, pero el precio del cerdo vivo ha remontado sin parar en las últimas seis semanas, hasta los 1,25 euros por kilo, alrededor de un 20% más que a cierre de 2025. Y ya está muy cerca de los 1,30 euros que costaba antes de la crisis.

Esta subida no significa que el sector esté sumido en el optimismo por la situación epidemiológica, sino que es una respuesta natural del mercado tras el desplome de precios en diciembre y enero, según Miquel Àngel Bergés, director general de Mercolleida, la lonja porcina de referencia. "La subida de marzo es habitual porque en enero hay exceso de oferta de cerdo y el precio baja, para después volver a subir. En España y en Europa. Y este año se suma que en España teníamos unos precios excesivamente bajos", valora el portavoz. "De momento seguirán subiendo hasta Semana Santa, y después es incierto", añade.

Pablo Resco, experto en mercados agrarios de Plataforma Tierra, describe cómo el porcino español se mantiene en una calma tensa: los precios comienzan a asentarse y parece que las exportaciones no peligran, pero todo depende de que la PPA continúe sin saltar a un cerdo de granja. En este momento ya se han registrado casos en jabalíes silvestres en diez municipios y hay 45 explotaciones ganaderas bajo vigilancia intensa.

"El sector está preocupado, pero no estamos en el pánico del primer momento. Se ha logrado estabilizar la zona afectada y no estamos en el peor escenario", valora Resco.

La crisis ha golpeado además en un momento dorado, con un récord de producción porcina en 2025 de 5,27 millones de toneladas de producto, aunque eso hace todavía más vulnerable al sector, porque acumula un stock mayor de carne mientras la lista de compradores se ha reducido.

Una decena de países han prohibido de manera prácticamente total las importaciones de cerdo español, con Japón, México y Filipinas como los más grandes. Otros 11 tienen limitaciones parciales (entre ellos Brasil y Argentina). La buena noticia es que toda la Unión Europea y China, los dos grandes socios de la ganadería porcina española, permiten la entrada de cerdo de fuera de la provincia de Barcelona. Otros grandes compradores como Corea del Sur, Canadá y Estados Unidos también tienen la puerta abierta al producto ibérico, así como otro medio centenar de países.

Tomás García Azcárate, vicedirector del Instituto de Economía, Geografía y Demografía (IEGD-CSIC), por su parte, señala que esta crisis porcina ha sacado a la luz otros problemas del sector. "Es un buen momento para plantearnos un debate sobre el futuro del cerdo en España", valora. Por ejemplo, si el modelo de sobreproducción es viable a largo plazo. "Creo que el crecimiento que hemos tenido en el sector no volverá a repetirse", añade. Los motivos son varios: China cada vez importa menos cerdo, el impacto ambiental de las granjas intensivas es enorme y criar a millones de cerdos genera una gran dependencia de importaciones de cereales y soja para alimentarlos. 

Varios expertos recuerdan también estos días que la crisis de la peste porcina en Alemania, que sufre desde hace cinco años, ha llevado a pique a la ganadería de cerdo de este país. La producción total ha caído en una cuarta parte desde 2020 y unas 5.000 explotaciones han cerrado.

El ministro Luis Planas también subrayó el martes que España ya está en la fase dos de la respuesta frente a la PPA –la primera fue la de controlar geográficamente el virus–, que consiste en la caza masiva de jabalíes, un animal que es capaz de extender el virus a docenas de kilómetros a la redonda. En los primeros meses del brote, el Gobierno prefirió optar por otras respuestas de control, pero a medida que el área de riesgo ha multiplicado su tamaño –abarca ya 33 municipios, para el riesgo bajo–, hace falta una respuesta más dura.

El ministerio se posiciona así con las demandas que hizo el sector porcino desde el primer minuto de la crisis, que reclamó abatir a todos los jabalíes en un área de 20 kilómetros, una medida que fue rechazada por grupos conservacionistas, como Greenpeace, que valoraron que esa vía era un error porque esos animales "son el mensajero y la víctima de la peste porcina africana, no el culpable de que haya aparecido".

Las polémicas zonas de bajas emisiones (ZBE) han sido hasta ahora la principal medida para frenar los elevados niveles de contaminación del aire en las ciudades españolas, pero parece que por sí solas no van a ser suficientes para proteger la salud de los habitantes. Un estudio ha demostrado por primera vez en España que la restricción de la entrada de los coches más contaminantes solo reduce la presencia de uno de los tres principales contaminantes derivados del tráfico urbano, el dióxido de nitrógeno (NO2), pero no afecta a la presencia de las micropartículas PM2,5 y PM10. Estas requieren acabar con todo tipo de tráfico, incluso con el de vehículos eléctricos.

El Instituto de Salud Global de Barcelona ha calculado el impacto que ha tenido la zona de bajas emisiones en el aire de la capital catalana, donde precisamente está implantada desde 2020 la mayor ZBE de todo el país. La conclusión principal es que durante los dos primeros años esas restricciones redujeron hasta en 7,6 µg/m³ (una bajada del 16%) la concentración de NO2, un gas irritante que puede causar inflamación pulmonar. Sin embargo, la concentración de micropartículas apenas se redujo en alrededor de 1 µg/m³, prácticamente nada.

Los resultados coinciden con otros análisis en zonas de bajas emisiones europeas, donde la concentración media de NO2 suele caer entre un 5% y un 25%, mientras que en la mayoría de los casos estudiados en otros países no hay cambios en las PM2,5, otro contaminante muy dañino para la salud. Xavier Basagaña, investigador en ISGlobal y coordinador del estudio, explica a infoLibre que las conclusiones son las esperadas. "Los resultados encontrados están en los rangos que había predicho la agencia Barcelona Regional para el Ayuntamiento de Barcelona en 2019. Aunque había muchas incertidumbres [sobre el resultado], no sorprende", valora el experto.

Las micropartículas que flotan en el aire de las ciudades se diferencian en dos tipos: inferiores a 2,5 micras de diámetro (PM2,5) e inferiores a 10 micras (PM10). Ambas entran en el organismo por la nariz, pero las primeras son especialmente peligrosas porque son tan pequeñas que pueden filtrarse por los tejidos y llegar al torrente sanguíneo, provocando inflamación y daños en diferentes órganos. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, en 2022 murieron de manera prematura en España 18.500 personas por la contaminación del aire.

A diferencia de otros contaminantes –como el NO2 o el ozono–, las partículas PM son una referencia genérica que se da a todo tipo de elementos que flotan en el aire. Pueden estar formadas por carboncillo, metales, restos vegetales, rocas… y llegan al aire de la ciudad desde múltiples orígenes. Uno de ellos es el tubo de escape de los vehículos de combustión antiguos, principalmente los diésel sin filtros modernos, pero también proceden de las obras urbanas, del rozamiento de los coches contra el asfalto, de las estufas antiguas o del polvo africano que arrastra el viento.

Es por ello que prohibir en Barcelona la entrada de coches muy contaminantes –no se permite el acceso a vehículos sin etiqueta durante los días laborables, de 7:00 a 20:00 horas– solo ataja uno de los muchos orígenes de estas emisiones. Incluso si se fomenta la entrada de coches eléctricos, estos siguen emitiendo virutas microscópicas a través del rozamiento de las ruedas con el asfalto y el que ocurre en los discos de los frenos.

Miguel Ángel Ceballos, experto de Ecologistas en Acción, subraya que la única manera de alcanzar realmente una buena salud atmosférica es reduciendo drásticamente el tránsito de vehículos. "El factor esencial es el número total de vehículos y los kilómetros recorridos. Hay que recortar la circulación, ya sea de eléctricos, híbridos o de motor de explosión, y fomentar el transporte público eléctrico y el peatón", resume el experto.

Ceballos también añade que las partículas PM se forman en las ciudades en grandes cantidades mediante reacciones químicas complejas que derivan del tráfico. Según explica, los filtros de urea que llevan los vehículos modernos para reducir las emisiones de NO2 del tubo de escape, conocidos como AdBlue, emiten amoniaco al aire, y este forma micropartículas PM2,5 al unirse con otras partículas que flotan en el aire.

"Se puede dar la contradicción de que para reducir el NO2 se utilizan sistemas que incrementan la aparición de partículas finas. Seguramente, ahora el amoniaco es el elemento principal en la formación de PM en ambientes urbanos", opina Ceballos.

El experto de Ecologistas subraya también que para cumplir con los nuevos requisitos de calidad del aire europeos que entran en vigor en 2030, hay que repensar el sistema, porque los registros de las grandes ciudades están en las antípodas de las exigencias de la próxima década. "No va a ser suficiente con las zonas de bajas emisiones tal y como las tenemos ahora diseñadas", valora Ceballos.

De hecho, España está tan atrasada en este aspecto que ni siquiera los ayuntamientos cumplen a la hora de establecer esas restricciones. La Ley de Cambio Climático obliga desde hace tres años a que las 153 ciudades que superan los 50.000 habitantes tengan una ZBE, pero solo están aprobadas en 59 urbes, según el portal del Ministerio de Transición Ecológica, y muchas de las que están implementadas ni siquiera son efectivas.

El Gobierno ha ampliado la cobertura sanitaria para los españoles residentes en el exterior durante sus desplazamientos temporales a España, una reforma que extiende este derecho a estas personas aunque no desempeñen actividad laboral ni perciban prestaciones y lo reconoce a sus familiares acompañantes, ha informado este martes el Ministerio de Sanidad y recoge EFE.

La asistencia sanitaria tendrá una vigencia equivalente a la estancia declarada, con un máximo de tres meses y el periodo total no podrá superar los seis meses por año, tras la aprobación del Real Decreto 180/2026.

Según el Gobierno, el texto da respuesta a una demanda social histórica, ya que hasta ahora solo los trabajadores y pensionistas españoles residentes en el exterior tenían reconocida la asistencia sanitaria durante sus desplazamientos a España.

A partir de ahora, los españoles de origen residentes en el exterior tendrán derecho a ser atendidos por el Sistema Nacional de Salud siempre que, conforme a la normativa española, comunitaria o internacional, no dispongan de cobertura sanitaria exportable desde su país de residencia.

Se reconoce también el derecho a la asistencia sanitaria para los familiares que acompañen al titular durante su estancia temporal o para los que se establezcan con él en caso de retorno.

Se consideran familiares con derecho el cónyuge o pareja de hecho y los descendientes del titular, del cónyuge o de la pareja de hecho, menores de 26 años o mayores con discapacidad igual o superior al 65%.

El trámite será gestionado y acreditado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que contará con un plazo máximo de tres meses para resolver la solicitud. Transcurrido dicho plazo sin resolución, la solicitud se entenderá estimada por silencio administrativo positivo.

Medicina sí o medicina no. Ciencia sí o ciencia no. Vacunas sí o vacunas no. Parecían debates ya superados, pertenecientes al siglo pasado y que nadie en su sano juicio cuestionaría, hasta que llegó la pandemia. La desinformación sobre las vacunas se abrió paso entre el miedo y la incertidumbre hasta llegar a este momento, algo peligroso no solo para quienes no quieren escuchar, sino para todos. Con esa inquietud de fondo, infoLibre ha organizado el foro Salud frente al bulo con el apoyo del Ministerio de Sanidad. 

Con el covid-19, fueron muchos los que se aprovecharon del miedo colectivo y alimentaron la histeria con remedios tan milagrosos como beber desinfectante para librarte del virus o ir por la calle con bolsas en la cabeza. Todos ellos ignoraban la solución más clara: vacunarse. 

La vacunación contra el coronavirus salvó casi 20 millones de vidas. Sin embargo, lo que inauguraron personajes como Trump se ha trasladado en los últimos años a España, con distintos congresos antivacunas –el último en Ciudad Real, ante la protesta del Colegio de Médicos de Ciudad Real– y mensajes difundidos en foros ultraderechistas de Telegram que hablan del peligro de ellas. 

El foro ha comenzado con una entrevista de Virginia P. Alonso, directora de este periódico, y la ministra de Sanidad, Mónica García para desmontar todos los bulos en el ámbito sanitario, cómo impactan en la sociedad y qué se puede hacer para combatirlos.

“La desinformación con respecto a la salud ha estado siempre. Pero ahora estamos viendo cómo la desconfianza también llega a cuestiones de las que ya había un marco riguroso. Los bulos se cuelan entre los huecos. La ciencia tiene un método científico, pero este método no siempre tiene respuestas para todo”, ha apuntado la ministra. Es una escena ya habitual: al no obtener una respuesta, lo más sencillo es acudir a internet. Pero en la red, lo que gana no es lo más fiable sino lo más atractivo. Y aquí entran los intereses externos. 

Para ocupar los espacios que todavía no ha cubierto la ciencia “hay actores que buscan desinformar y generar miedo para, en cierto punto, beneficiarse de ese miedo”, asegura García, que también destaca una amenaza aún mayor (pero que vemos a diario). Cuando se cuestiona o se plantea que una certeza es mentira, todo tiene que serlo. 

“Un gran ejemplo es el cambio climático. Cuando ideológicamente estás en contra de las medidas para combatir el cambio climático pero te llegan las consecuencias de él, tienen que negar todo, el papel del Gobierno, de la ciencia. Es un efecto dominó de desconfianza”, ha explicado la ministra. 

“Cuando se da un discurso antipolítico no es solo dañino para la política, sino que también genera desconfianza en la ciudadanía. Todo genera incertidumbre y hay intereses políticos e ideológicos que buscan generar una sensación de caos”, ha añadido. 

Esta sensación de caos no solo llega desde los espacios políticos o públicos sino que, desde hace ya bastante tiempo, se ha contagiado a las redes sociales. De hecho, en las redes, los bulos sobre salud mental van mucho más rápido que los hechos contrastados. En la pandemia, un 25% de los videos más vistos en YouTube sobre el covid incluían información falsa. 

“Las redes sociales son el lejano oeste donde todo vale y esos algoritmos, que hay que controlar, son capaces de llevarte a lugares donde nunca llegarías. No son neutrales”, ha declarado García. Para poder combatir ese caos de las redes sociales, la ministra también ha recalcado la necesidad de proporcionar el marco y las herramientas necesarias para paliar el riesgo. 

“El 100% de alfabetización no llegará nunca, pero tenemos que seguir construyendo el ecosistema. Tiene que ser transversal, la vía de acceso de información sobre la salud no tiene que llegar solo a través de los hospitales, también puede ser a través de los coles”, ha señalado. La ministra ha explicado que es precisamente por esto por lo que las derechas quieren controlar esos espacios. 

“Por eso la derecha puso el PIN Parental, para que los jóvenes no recibieran información sobre salud sexual. Nos lo jugamos con el terreno. Tenemos que aprender a alfabetizar y a dar las informaciones veraces”, ha denunciado. 

Tras la conversación con la ministra, Marta Gesto, directora general de infoLibre, ha moderado una mesa redonda para desentrañar las causas y consecuencias de este auge de la desinformación sobre salud. La han acompañado expertos y expertas en la materia, que conocen de primera mano a qué nos enfrentamos: Aser García Rada, pediatra y doctor en Medicina (UCM) y autor de la newsletter Cuídate; Graziella Almendral, secretaria General de ANIS; Araceli Rivera, enfermera de Familia en Semap; y Pampa García Molina, coordinadora del Science Media Centre España (FECYT). 

“¿En quién confío?”, esa es la pregunta principal que se hacen ahora los pacientes. Con el auge de los bulos y el desprestigio de las instituciones y los medios de comunicación, los ciudadanos se encuentran sin certezas absolutas y en una posición vulnerable en la que se impone la emoción.

“La clave está en la emoción, prestamos más atención a aquello que nos toca. Cuando nos toca algo de la salud, ya no vamos a preguntar a nuestro médico, simplemente buscamos en Google, pero internet no muestra la información veraz o más contrastada sino que enseña las noticias más impactantes, que confirmen lo que tú ya temías”, ha explicado Araceli Rivera. 

“La gente se fía de su personal sanitario, pero muchas veces no saben muy bien que les han dicho y ahí es cuando se van a redes, donde puede haber información veraz pero también información falsa. Si no tienen respuestas y son gente vulnerable, esto puede ser muy grave”, ha asegurado Graziella Almendral. 

“La desinformación está muy bien hecha y llega a todos los sectores. Tenemos que clasificar los bulos como un riesgo para la salud pública y articular acciones concretas”, ha añadido. 

Cuando se trata de salud, es normal tener dudas. Por eso, los expertos han coincidido en que no se debe generalizar. “No me gusta hablar de antivacunas porque eso implica que están en oposición a algo. Es más acertado hablar de reticencias. Hay que contar todo el proceso, escuchar y entender que una reticencia puede surgir ante la duda”, ha reclamado Araceli Rivera. 

“No hay que llamar a la gente antivacunas por tener dudas legítimas. Se vio con el covid. En ese momento le vimos las costuras a la ciencia y se comprendió que es necesario tener toda la información para poder tomar decisiones”, ha añadido Pampa García Molina. 

Precisamente en la pandemia los medios de comunicación aumentaron sus espacios para la información de sanidad y dieron espacio a expertos para poder aliviar la incertidumbre que trajo el covid. Incluso, Aser García ha contado cómo durante el covid, cuando trabajaba en pediatría, recurría a los medios de comunicación para informarse sobre los avances médicos que estaban surgiendo. 

Ahora, la cosa ha cambiado. “Se han reducido los espacios sobre salud en los medios, en el covid estos contenidos aumentaron su presencia pero ahora hemos vuelto a lo de antes. Solo nos llaman cuando hay una amenaza”, ha denunciado Graziella Almendral. Ese hueco lo están ocupando quienes buscan, como decía la ministra, el “caos”. 

Por ello, es importante saber en quién confiar. “Hay que hacer ver a la ciudadanía que es normal tener dudas, que es legítimo. Pero tienen que buscar en quien confiar: busca a quien te cuida, a quien está pensando en informarte aunque sea difícil. Busca a quien te de una mano”, ha zanjado Pampa García. 

Los análisis realizados por la Región de Murcia sobre la calidad de sus cultivos alejan las sospechas sobre el riesgo de contaminación por metales pesados de su agricultura. Los datos recopilados por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (Aesan), dependiente del Ministerio de Consumo, recogen que entre 2021 y 2024 no se detectaron niveles de plomo o cadmio por encima del límite legal en esta comunidad autónoma.

La información se basa en el análisis de 41 muestras tomadas en alimentos frescos a lo largo de estos cuatro años, el equivalente a diez exámenes por temporada. Estas frutas y verduras se recogen aleatoriamente en tiendas o naves industriales de la región. Sin embargo, no hay garantía de que los vegetales estudiados sean cultivados en Murcia, puesto que "no se dispone de información sobre el origen de producción" a la hora de analizar, explica a infoLibre una portavoz de la Aesan. Simplemente, son alimentos que en ese momento se distribuyen en establecimientos de esa comunidad autónoma. Los encargados de hacer esos estudios son los servicios de sanidad vegetal de cada región. Después, la Aesan se encarga de coordinar los muestreos de todas las autonomías.

infoLibre ha realizado esta consulta tras conocerse que en los últimos cinco años el Gobierno de Murcia ha efectuado al menos dos análisis –que mantiene ocultos– sobre los suelos agrícolas de la Región que han dado positivo en metales pesados. Concretamente en el Campo de Cartagena, una zona que se sabe que está profundamente contaminada por los residuos de las balsas de las minas que funcionaron el siglo pasado. Numerosos estudios han demostrado que esos metales pesados se transfieren a las plantas y cultivos, especialmente a las lechugas –el vegetal más exportado de Murcia–, y evaluaciones independientes han encontrado plomo y cadmio en lechugas cultivadas en esa zona.

Sin embargo, hasta ahora no se ha declarado ninguna alerta de consumo ni hay evidencias oficiales de esta transmisión a los cultivos. Según los datos recopilados por la Aesan, entre 2021 y 2024 se realizaron 485 análisis (41 en Murcia) en busca de plomo para frutas y verduras comercializadas en España y ninguno superó el máximo permitido. En este periodo también se analizaron 701 muestras para cadmio (41 en Murcia), que asimismo dieron un resultado negativo. Todavía no hay datos disponibles para 2025.

Tanto el cadmio como el plomo son dos metales considerados como contaminantes alimentarios. Ninguno tiene un umbral de consumo seguro porque siempre dañan la salud –el primero es cancerígeno y el segundo potencialmente cancerígeno–, pero la ley europea sí establece una concentración máxima legal en frutas y verduras. En cadmio es de entre 0,020 y 0,5 mg/kg (en función del cultivo) y en plomo de entre 0,1 y 0,3 mg/kg.

De las muestras estudiadas para plomo en España, el 91% resultó estar por debajo del límite mínimo de cuantificación, y el 9% dio entre 0,0065 mg/kg y 0,3 mg/kg. En plomo, el 80% de los test se encontró por debajo del límite de cuantificación, y 141 muestras (de 701) presentaron valores cuantificados que oscilaron entre 0,001 mg/kg y 0,21 mg/kg.

El sistema de avisos de riesgo alimentario se rige según el programa 11 de control de contaminantes del Plan Nacional de Control de la Cadena Alimentaria (PNCOCA), que establece el número de muestras que tiene que llevar a cabo cada región, y son los Gobiernos autonómicos quienes deciden dónde hacer estos controles: en fábricas, envasadoras, almacenes o minoristas. Aun así, bajo alerta, denuncia o sospecha, se pueden realizar análisis no programados.

Según el informe de la Aesan de 2024, el último publicado, ese año Murcia contó con dos trabajadores para realizar controles de calidad en alimentos y seis más para hacer inspecciones, en una Comunidad que produce cada año más de 3.500 toneladas de verduras y frutas. Las regiones que más especialistas en control tienen son Andalucía (71 personas en total) y Galicia (80), aunque la mayoría cuenta con muchos menos. Madrid tiene seis, Cataluña tiene diez, Aragón tiene dos y Baleares tiene 16, por ejemplo.

Ecologistas en Acción Murcia, que lleva años luchando contra la contaminación minera y agrícola en el Campo de Cartagena y el Mar Menor, reclama desde hace un mes –cuando se destapó el caso– que se proteja a los vecinos de la contaminación por plomo, así como a los consumidores.

"Han negado la existencia de un estudio que advierte de niveles preocupantes, algunos ilegales, de metales pesados en suelos agrícolas y, por si eso fuera poco, lo hacen cuatro años después de conocer una tesis doctoral que demuestra la incorporación de estos metales a partes comestibles de lechugas”, recogió Pedro Luengo, de Ecologistas en Acción Murcia, en un comunicado.

La publicación en las últimas semanas de evidencias sobre los altísimos niveles de plomo y cadmio en el Campo de Cartagena ha creado una calma tensa en el sector agrícola de la Región de Murcia. El Gobierno autonómico todavía no ha explicado por qué continúa sin publicar el informe que encargó a la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) sobre la composición del suelo en la región. El PP de Fernando López Miras se ha limitado a decir que los partidos de la oposición están provocando "un gran daño" a los profesionales cada vez que comentan el asunto en la Asamblea murciana y que algunos agricultores están siendo escrutados por sus clientes sobre esta polémica.

Desde el campo, por ahora, prefieren no comentar el asunto. infoLibre ha contactado con las organizaciones agrarias más importantes en la región, con grandes compañías y con las asociaciones de exportadores de verduras y fruta, pero no ha obtenido respuesta. El sector primario, que no es el causante de la contaminación –procede de las balsas mineras que llevan tres décadas abandonadas–, se mantiene al margen de este debate, aunque le afecta de lleno. Los mapas de contaminación del suelo por plomo y otros metaloides abarcan toda la huerta de Cartagena, la segunda región agrícola más importante de Murcia.

"Es un tema espinoso del que nadie quiere hablar, da muy mala imagen. Y te lo digo yo, que llevo más de veinte años en la agricultura murciana", es lo que se limita a señalar un alto cargo del sector. "Nadie gana con esto, solo se pierde", añade.

La consejera de Agricultura de la Región, Sara Rubira, es la cara visible del escándalo en la Comunidad, puesto que ella encargó el estudio de 2025 que ahora se ha destapado de manera parcial. Ese documento confirma –una vez más, porque se sabe desde hace años– la presencia de metales pesados en el suelo agrícola que rodea la sierra minera Cartagena-La Unión. Sin embargo, en su comparecencia de la semana pasada en el Parlamento regional, rehusó responder a qué es lo que contiene ese análisis completo que continúa en un cajón. 

A preguntas del PSOE en el Pleno de la Asamblea murciana, solo contestó que "no es conveniente alarmar, confundir y hacer tanto ruido" sobre la contaminación del suelo porque solo trae problemas, y acusó a la oposición de airear la crisis. "Esto produce un gran daño a los agricultores. Ya hay clientes que les están pidiendo certificados actualizados para poder seguir trabajando. Solo rezo para que sus declaraciones no sean las causantes de un daño que va a ser muy difícil de reparar", declaró la consejera del PP.

Aunque ninguna organización ni empresa agrícola ha querido participar en el artículo, alguna de ellas sí ha trasladado que no tienen constancia de que los profesionales estén siendo escrutados por sus clientes. Es habitual que los intermediarios que compran frutas y verduras para revenderlas realicen sus propios análisis al producto, pero no hay constancia de que se hayan encontrado por ahora resultados preocupantes. "Las propias comercializadoras son las principales interesadas en que no haya contaminación del producto. Estoy convencidísimo de que harán análisis de las partidas para ver si tienen algún rastro de metales pesados. Y cuando llegan a Alemania, lo mismo", opina Miguel Ángel Domene, especialista en fisiología de plantas y suelos en la Fundación Tierra-Cajamar.

Domene reconoce que es "evidente" que hay restos de metales pesados en la zona de Cartagena debido a la minería histórica, aunque no cree que lleguen a las frutas y verduras. "Los suelos del arco Mediterráneo son muy alcalinos, y eso dificulta que las plantas lo puedan absorber. Yo creo que aunque haya una concentración alta de elementos, no llegan a absorberse y acumularse", afirma. "No obstante, depende del tipo de planta", añade, y explica que mientras las verduras tienen una baja absorción de metales, la lechuga tiene mucha más facilidad, y ese es precisamente el producto más exportado de Murcia.

De hecho, hay diferentes estudios que confirman que lechugas y otras plantas de hoja que crecen en esta zona que rodea al Mar Menor contienen restos de plomo por encima de los niveles permitidos. Así lo afirmaba un análisis de la propia UPCT, publicado en 2022. Según el reglamento europeo de contaminantes en alimentos, tanto el cadmio como el plomo no tienen ningún umbral seguro de ingesta porque pueden ser dañinos en cualquier cantidad.

Aunque la consejera Rubira culpó del escándalo a la oposición, en realidad, el caso fue destapado por error gracias a un académico de la UPCT que citó el informe que sigue bajo llave –y que él mismo había elaborado– en un proceso judicial sobre la contaminación de una balsa minera en Cartagena. Lo que hizo la diputada socialista María del Carmen Fernández fue llevar el asunto a la Asamblea regional para pedir la dimisión de la consejera por esconder ese informe y después mentir, puesto que la primera reacción de la dirigente fue asegurar que el trabajo no existía.

"Usted tiene que dar la cara, publicar el informe, verificar los datos y, si hay algo preocupante, proteger a la población", le dijo Fernández a la consejera en el pleno del jueves de la semana pasada. "Consejera, dimita. No le queda otra que dimitir por decir mentiras", exigió también.

El caso está en la actualidad congelado. La Consejería contestó primero que el estudio no existía y reclamó a la universidad la devolución de los 293.000 euros de la subvención que recibió para realizar el trabajo. Cuando la UPCT contestó que se había entregado en tiempo y forma, el Gobierno regional cambió de versión hace tres semanas, declaró que el trabajo "no reunía los requisitos" del contrato, y dio 15 días a los autores para subsanar el problema, un periodo que ya ha finalizado. El caso está también en la Fiscalía, denunciado por Podemos Murcia y Ecologistas en Acción.

El Gobierno de Murcia, liderado por el barón del PP Fernando López Miras, oculta desde noviembre de 2020 un informe que recoge niveles extremadamente altos de metales pesados en el Campo de Cartagena. El estudio, al que ha accedido infoLibre, destaca que en los suelos agrícolas que rodean la Sierra Minera de Cartagena-La Unión hay concentraciones de plomo superiores a 1.000 mg/kg de tierra, diez veces por encima del máximo legal.

Este informe coincide con otro estudio que se destapó hace unos días de la Universidad Politécnica de Cartagena, que advierte de una contaminación de esa misma envergadura. Ambos trabajos ponen de manifiesto el riesgo constante de intoxicación al que están expuestos agricultores, vecinos y consumidores. Algunos de estos metales pesados, como el plomo o el cadmio, son altamente tóxicos e incluso carcinógenos, y hay numerosas evidencias de que acaban en las verduras cultivadas sobre estos terrenos.

Tanto el estudio publicado ahora por infoLibre como el que salió a la luz a mediados de febrero fueron encargados por la Consejería de Agricultura de la Región. En los dos casos el Gobierno autonómico ha optado por mantenerlos en un cajón, pese a que fueron financiados con fondos públicos y la ley obliga a su publicación, y pese a que políticos y activistas de la región han pedido formalmente una copia en numerosas ocasiones. El trabajo de 2020 fue además financiado en un 80% con dinero de fondos europeos FEDER, lo que abre la puerta a que la Justicia europea intervenga en el caso.

Aquel estudio, encargado a una consultora vasca, ha salido ahora a la luz e incluye un mapa de toda la Comunidad con los niveles de concentración de distintos metaloides en el suelo. Una mancha sobre el Campo de Cartagena muestra que allí hay niveles de riesgo, con el mensaje: "Valores habituales [detectados] entre 100 y 200 mg/kg con una anomalía en la zona de La Unión-Cartagena con valores que pueden exceder los 1.000 mg/kg". Para poner en contexto esos números, el real decreto de nutrición sostenible en suelos agrícolas establece que en terrenos con un pH superior a 7, como es el caso de Murcia, el máximo legal de concentración de plomo es 100 mg/kg si se quiere cultivar sobre esas tierras.

La conclusión principal de los autores es que la zona de Cartagena supera en más de diez veces ese límite, pero es que además en ese estudio se dice que los niveles "habituales" de plomo en toda la Comunidad son de entre 100 y 200 mg/kg, también por encima de ese límite. Esta segunda conclusión es una novedad, puesto que el análisis que salió a la luz en febrero solo analizaba el Campo de Cartagena.

El estudio también encuentra niveles muy por encima del máximo legal en cadmio en Cartagena, "donde se alcanzan valores que pueden llegar a los 6 mg/kg". El límite legal en suelo agrícola es de 1,5 mg/kg. También se supera el tope en zinc en esa misma zona, "donde los valores pueden llegar a superar los 600 mg/kg". El límite de zinc es 200 mg/kg.

No obstante, es imposible saber con precisión cuál es la situación real del suelo, porque no hay información más allá de esos comentarios escuetos y de los mapas a gran escala. Debería haber tablas más precisas, pero el informe está recortado y no tiene los anexos II y III, donde están las Actas de Laboratorio y los Resultados Analíticos, y donde debería verse cada muestra tomada con su referencia geográfica y el nivel de contaminación de ese punto.

De hecho, a simple vista parece que el encargo está incompleto. El título completo de ese trabajo es: "Determinación de niveles de fondos y niveles genéricos de referencia de metales pesados y otros elementos de traza en suelos, elaboración del inventario de suelos contaminados y desarrollo de una aplicación web para la gestión de la información de la calidad de los suelos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia".

Pero en ningún sitio del documento figura ese "inventario de suelos contaminados", más allá de unos mapas en baja resolución, y se desconoce si la aplicación web fue entregada, pero desde luego no se hace referencia a ella. infoLibre ha trasladado una serie de preguntas a la Consejería de Agricultura, pero no ha obtenido respuesta.

El coste del estudio fue de 251.165,75 euros, se adjudicó a la empresa vasca IDOM Consulting y el 80% se financió con fondos FEDER europeos, destinados al desarrollo regional. La adjudicación se formalizó en junio de 2020 y el trabajo fue finalizado en noviembre de ese año. Como la consejería no publicó los resultados, la diputada del PSOE María del Carmen Fernández pidió en julio de 2024 a la Mesa de la Asamblea regional la desclasificación del trabajo. Lo recibió incompleto –sin los dos anexos– en febrero de 2025, aunque hasta ahora no había accedido a su contenido, según explica a infoLibre. 

"El oscurantismo y la falta de información están perjudicando a la región", valora Fernández. "El Gobierno regional sabe que la sierra está contaminada desde hace 30 años y la competencia de solucionarla es regional. Hay que establecer medidas para garantizar la seguridad de los agricultores, los vecinos y los consumidores de los productos", añade la socialista. 

Otro de los que lleva años detrás de leer este trabajo es José Matías, doctor en Medioambiente y Minería Sostenible por la Universidad Politécnica de Cartagena y colaborador de Ecologistas en Acción de Murcia. Ha realizado numerosas peticiones oficiales que han sido ignoradas, y acaba de recibir una resolución de la Comisión de Transparencia que le da la razón y obliga a su publicación, aunque no confía en que vayan a facilitarle el documento íntegro. Matías también ha denunciado la situación ante la Fiscalía Europea por un posible caso de fraude.

Estos informes sobre contaminación se han desenterrado precisamente en un momento dorado de la agricultura murciana, que registró en 2025 un récord histórico de exportaciones hortofrutícolas en valor, con 3.800 millones de euros, según anunció esta semana López Miras, con destino principal a Alemania, Francia y Reino Unido. "Se vuelve a demostrar que cuando hablamos de agricultura, en la Región de Murcia se hacen las cosas mejor que nadie", dijo el barón del PP.

La Consejería de Agricultura del Gobierno de Murcia tiene en sus manos un informe que solo ha salido parcialmente a la luz, y en él se desvela un secreto a voces, que el Campo de Cartagena estaría contaminado por elevados niveles de metales pesados que superan con creces los límites permitidos para cultivar. Además de exponer peligrosamente a los agricultores y vecinos de la zona, está demostrado que estos elementos se transfieren a los vegetales, como las lechugas cultivadas en esa zona, según numerosos estudios elaborados en la última década en esa región.

Uno de ellos, firmado por investigadores del Garsa, el grupo Gestión, Aprovechamiento y Recuperación de Suelos y Aguas de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), encontró en lechugas cantidades de plomo hasta varias veces por encima del límite legal en la Unión Europea, que es de 0,3 mg/kg de vegetal. De las nueve muestras analizadas, solo dos estaban en el rango permitido, mientras que la mayoría dieron cantidades entre dos y siete veces por encima, e incluso una, 18 veces más. Dos muestras también superaron ligeramente los límites de cadmio.

El cadmio es considerado carcinógeno y tóxico para el riñón, mientras que el plomo es un "probable carcinógeno", según la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer. Según el reglamento europeo de contaminantes en alimentos, tanto el cadmio como el plomo no tienen ningún umbral seguro de ingesta porque pueden ser dañinos en cualquier cantidad.

Para medir el trasvase de metales a las lechugas, el autor cultivó en 2018 tres variedades en tierras que sacó de un campo agrícola ubicado junto al municipio de La Unión y de otros dos de la zona noreste de la Sierra Minera de Cartagena. "Se puede concluir que se están superando los límites recomendados en los tejidos foliares, por lo que podría existir un riesgo por ingesta continuada de las lechugas cultivadas con estos suelos", escribió el investigador Jacinto Martínez, autor de esta tesis doctoral, coordinada por Ángel Faz, director del Garsa.

Preguntado ahora por sus resultados de aquel estudio, publicado en 2022, Jacinto Martínez contesta que aquellos resultados "no son extrapolables" a lo que ocurre realmente en el campo, puesto que fue un análisis realizado en invernadero. Argumenta que en ese entorno las variables como la temperatura y la humedad "son más constantes y favorables, lo que facilita y magnifica la absorción" de los metales del suelo. "El objeto del estudio era, en condiciones extremas, ver la transferencia de estos elementos a las partes comestibles de las distintas variedades de lechugas, no hacer un diagnóstico de los suelos agrícolas de la zona, por lo que no son representativos", valora el investigador, a preguntas de este diario.

Por mucho que aquel estudio se desarrollase en un entorno controlado, otros análisis arrojan resultados similares. José Matías, doctor en Medioambiente y Minería Sostenible por la UPCT y perito de Ecologistas en Acción en casos de contaminación de suelos, ha elaborado numerosos exámenes sobre transferencia de metales pesados a cultivos en el Campo de Cartagena, y ha encontrado lo mismo.

Entre 2019 y 2020 estudió un campo de lechugas ubicado junto a Los Belones (Cartagena), pegado a las antiguas minas de la sierra de Cartagena, y de las diez lechugas estudiadas, solo dos estaban en el límite legal de la Unión Europea para plomo. El resto lo superaba en varias veces, con una concentración máxima de 1,7 mg/kg, casi seis veces más de lo permitido.

Matías puntualiza que la culpa no es de los agricultores, sino de que el Gobierno de Murcia lleva medio siglo ignorando las consecuencias de tener centenares de depósitos mineros que no se han sellado correctamente. "Hoy quedan todavía en Murcia 1.994 concesiones mineras activas, pero la minería terminó a comienzos de 1990. La obligación de la Comunidad es dar caducidad a un yacimiento cuando lleva un año sin explotarse, y la propietaria tiene la obligación de devolver la zona a sus condiciones seguras para la salud y el medioambiente, pero ahí siguen, soltando lixiviados y polvo diariamente", valora el experto.

Tanto el estudio de Matías como el de Martínez se centran en las lechugas porque sus hojas son especialmente sensibles a la toxicidad de los metales pesados (plomo, zinc, cadmio y cobre), pero el resto de verduras, hierbajos y plantas que crecen en la región también sufren contaminación en mayor o menor medida, según el lugar y la especie vegetal.

La propia Guardia Civil tiene evidencias de que la vegetación de la zona está contaminada con metaloides. Un informe pericial del Seprona, al que ha accedido infoLibre, recoge unos análisis que realizó el instituto armado en abril de 2025 en una rambla de Llano del Beal (Cartagena). Por esa escorrentía pasan lixiviados –líquidos tóxicos que contienen metales pesados– que parten de una corta minera cercana (Los Blancos) y que se van esparciendo por fincas agrícolas hasta terminar cinco kilómetros después en el Mar Menor, un espacio protegido de la Red Natura 2000.

La Guardia Civil analizó hace un año la tierra y las plantas de esa rambla, expuestas al paso de esos lodos, y encontró valores estratosféricos de metales pesados. En este caso, no estudiaron verduras cultivadas allí, sino cuatro muestras de plantas silvestres (trébol, olivarda y alcaparra), con concentraciones de plomo entre 20 y 4.900 veces superiores a las permitidas para consumo humano. Esos análisis se realizaron en tierras pegadas a una finca agrícola, e incluso una de las muestras fue tomada dentro del terreno de cultivo. 

En ese informe, el instituto armado advierte de que los "metales pueden transferirse a los cultivos" y esto es especialmente preocupante porque "posteriormente son ingeridos por el ser humano, y lo que supone, por tanto, una exposición directa, con el consiguiente riesgo significativo para la salud humana".

La tesis doctoral que abordó en 2022 la transferencia de metaloides a lechugas fue coordinada por Ángel Faz, director del Garsa. Se trata precisamente del grupo especialista en suelos de la UPCT que ha elaborado los mapas de contaminación de suelos que la Consejería de Agricultura de Murcia, en manos del PP, mantiene en un cajón. infoLibre se hizo eco este fin de semana del contenido de esas cartografías, que forman parte de un estudio más profundo que el Gobierno autonómico primero dijo que no existía, y que después dijo que estaba incompleto. La Universidad insiste en que fue presentado ante la consejería en mayo de 2025, y el Gobierno autonómico tiene la obligación de publicarlo por haber sido financiado con dinero público.

Esta situación de incertidumbre ha provocado una ola de indignación entre las organizaciones ecologistas y vecinales. Como desconocen el riesgo que implica para la salud de los trabajadores del campo y de los consumidores, reclaman que "se establezca una moratoria al cultivo de tales tierras y sobre todo a la comercialización de sus productos" mientras no se sepa el alcance del problema. Al mismo tiempo, piden a la Consejería de Salud "un estudio analítico riguroso y con transparencia de los contenidos en metales de los productos agrícolas cultivados en la zona Arco Sur del Mar Menor".

Un investigador de la Universidad Politécnica de Cartagena ha destapado sin querer la existencia de un estudio que demuestra que la agricultura del Campo de Cartagena se asienta sobre terrenos altamente contaminados por metales pesados, entre ellos por plomo, un probable carcinógeno. El área abarca miles de campos de cultivo y además a decenas de miles de habitantes en Cartagena, La Unión y docenas de poblaciones de la zona.

El informe que certifica la presencia de estos contaminantes no ha salido todavía a la luz –el Gobierno de Murcia dijo primero que no existía, y ahora que está incompleto–, pero sí unos mapas que formarían parte de ese documento y que acreditan la presencia de cantidades peligrosas de plomo, zinc, cadmio y cobre en la tierra. infoLibre ha solicitado información a la Consejería de Agricultura de esta Comunidad, pero no ha recibido respuesta.

Esas cartografías que muestran el área contaminada, publicadas primero por RR Noticias y a las que ha tenido acceso infoLibre, son de escasa calidad, pero permiten ver el problema que sufre la región. Buena parte del suelo tiene, por cada kilo de tierra, concentraciones de más de 1.000 miligramos de plomo, más de 500 miligramos de zinc, más de 50 miligramos de cobre y más de 5 miligramos de cadmio. Estos metales han salido de los depósitos de antiguas minas de la sierra de Cartagena, y el aire y el agua los han dispersado por la cuenca durante décadas.

Todas estas cantidades superan por mucho los límites legales, fijados en el real decreto de nutrición sostenible en suelos agrícolas. Para terrenos con un pH superior a 7, como es el caso de Murcia, el máximo legal de concentración de plomo es 100 mg/kg, diez veces menos que el mínimo registrado en la zona pintada de rojo. También se supera en varias veces el máximo permitido de zinc (200 mg/kg), de cobre (100 mg/kg) y de cadmio (1,5 mg/kg). El cadmio es considerado carcinógeno y es tóxico para el riñón, mientras que el plomo es un "probable carcinógeno", según la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer.

Grupos de vecinos y ecologistas están muy preocupados por lo que esta revelación supone para la salud de toda la región, debido a que la tierra contaminada se respira, se toca y se ingiere. Un estudio sobre la incidencia de cáncer en la Región de Murcia con datos de 1996 a 2007 muestra una mayor prevalencia en el Campo de Cartagena en mesotelioma, en cáncer de próstata y en cáncer de tráquea, bronquios y pulmón.

Los mapas ahora descubiertos también destapan una posible crisis agrícola en la región –considerada una de las huertas de Europa– porque está demostrado que cuando se cultiva sobre una tierra con metales pesados, una parte del residuo acaba en las frutas y verduras. Estas organizaciones reclaman que el Gobierno regional, en manos del PP de Fernando López Miras, libere el estudio completo para valorar cuál es el nivel de riesgo real al que está expuesta la población. 

"Que se esconda el informe y no se aclare desde el minuto uno las analíticas que se hayan podido hacer antes y después de recibir el informe, no da tranquilidad. Más bien alimenta las sospechas de que el problema es más gordo de lo que se quiere admitir", afirma Pedro Luengo, de Ecologistas en Acción de Murcia. Si una concentración de plomo de 1.000 miligramos por kilo ya es extremadamente grave, las organizaciones temen que en algunos puntos la contaminación pueda ser incluso varias veces superior a esa cifra, puesto que el mapa no ofrece una paleta de color superior a 1.000 mg/kg.

Activistas y vecinos denuncian también que la Región ha tapado el informe porque confabula con la industria agrícola murciana, que se juega cientos de millones de euros ante una eventual paralización del sector por metales pesados. La agricultura en esta Comunidad tiene un peso directo e indirecto sobre el 11% del PIB regional y sobre el 14% de todo el empleo, según la consultora PwC.

El experto en suelos José Matías, doctor en Medioambiente y Minería Sostenible por la Universidad Politécnica de Cartagena, colabora en el caso con Ecologistas, y reclama que se tomen medidas ya para evitar un daño aún mayor. "Desde el punto de vista científico, los niveles encontrados son alarmantes y exigen actuaciones inmediatas", opina Matías. "La ley 7/2022 obliga a que en esas tierras no se puede cultivar, pero es que además todos los trabajadores de esa zona, muchos inmigrantes indocumentados, están en permanente riesgo de toxicidad", añade el experto.

El escándalo salió a la luz hace una semana, cuando se publicó en la prensa la existencia de esos mapas de metales pesados, pero la historia viene de lejos. La consejera de Agricultura de la Región, Sara Rubira, dio en noviembre de 2023 una subvención de 293.035 euros a la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) para elaborar un Diagnóstico de la calidad de los suelos agrícolas del campo de Cartagena: uso y manejo sostenible para su conservación y pautas para su recuperación, un estudio que pretendía conocer el estado de la tierra de una zona que se sabe de sobra que está contaminada.

El Gobierno autonómico justificó el trabajo porque era importante para "ayudar a la posterior toma de decisiones en el avance de la protección del entorno y de la prevención de la contaminación debida a las actividades agrarias". Sin embargo, la consejería no volvió a dar cuenta de ese estudio.

El coordinador de aquel informe, Ángel Faz, responsable del Grupo de Investigación Gestión, Aprovechamiento y Recuperación de Suelos y Aguas (Garsa) de la UPCT, fue contratado junto a su equipo por Tragsa para elaborar en 2025 un análisis del depósito minero El Lirio (Cartagena), que se demostró que había sido sellado por esta compañía pública con tierras contaminadas. En ese segundo informe, el grupo de investigadores de la UPCT se citó a sí mismo incorporando los mapas de contaminación de la región que había elaborado previamente para la Consejería de Agricultura, argumentando que toda la cuenca minera sufría un grave problema de metales pesados, no solo la zona trabajada por Tragsa.

Como el caso de El Lirio estaba siendo investigado por el Juzgado nº1 de Cartagena, diferentes personas tuvieron acceso a esas cartografías, levantando la liebre sobre el informe tapado por el Gobierno de Murcia. Ecologistas en Acción, denunciante del caso de El Lirio, pidió el pasado octubre a la Consejería de Agricultura su desclasificación, pero esta contestó que el estudio no se había entregado y que iba a exigir la devolución de los 293.000 euros a la UPCT. Sin embargo, la semana pasada la universidad confirmó su existencia y que fue entregado en mayo de 2025 al Gobierno autonómico, y la Consejería ha cambiado ahora su versión y dice que "no se ajusta, por ahora, a algunos aspectos, características, metodología o plazos que reflejaba la memoria", dando 15 días a los investigadores de la UPCT para resolver el supuesto problema.

Las versiones contradictorias de la consejera Rubira han aumentado todavía más sospechas sobre lo que habría en ese informe, y Podemos y Ecologistas en Acción han presentado dos denuncias por la ocultación del documento. "Aquí hay un grave problema que puede afectar a nuestra seguridad alimentaria, a la seguridad de los trabajadores del campo y a la salud pública", dijo la semana pasada la diputada morada en la Asamblea Regional, María Marín.

Además de que este estudio es relevante para la ciudadanía y los agricultores que trabajan en la zona, su publicación es obligatoria según el artículo 37 de la Ley de Ciencia Abierta. Según esa norma, todas las investigaciones financiadas con dinero público que se traduzcan en una publicación científica tienen que ser accesibles para todo el mundo "de forma simultánea a la fecha de publicación".

No es la primera vez que la Consejería de Agricultura oculta la existencia de un informe de caracterización de suelos que puede comprometer a la agroindustria murciana. En 2020, la misma consejería contrató a IDOM Consulting un análisis de suelos contaminados por metales pesados y la elaboración de un mapa de riesgo, pero no solo para el Campo de Cartagena, sino de toda la Región de Murcia. El presupuesto de ese proyecto fue de 251.165,75 euros.

En teoría se dieron diez meses para su elaboración, pero nada más se ha vuelto a saber de él. Ecologistas en Acción también presentó múltiples solicitudes formales de acceso a esa documentación, que han sido ignoradas. En este caso, el informe fue además financiado con fondos europeos Feder en un 80%, lo que ha permitido al grupo ecologista denunciar el caso ante la Fiscalía Europea.

Por ahora no está claro qué podría suponer jurídicamente la publicación de este estudio para la agricultura murciana porque no se conoce el informe completo, pero lo que se deduce con los mapas conocidos es que se superan por mucho los límites máximos de metales pesados del real decreto de nutrición sostenible en suelos agrícolas. Cuando esto ocurre, la normativa recoge que se debe prohibir el empleo de fertilizantes con alto contenido en metales pesados y que el agricultor –en este caso cientos de ellos– debe implantar un protocolo de vigilancia, aunque no hay constancia de que haya ocurrido.

Un paso más allá es la declaración del suelo como contaminado, lo que prohibiría toda actividad agraria. La Ley de declaración de suelos contaminados de 2005 solo contempla la declaración inmediata de un suelo como contaminado cuando se supera en cien veces los niveles genéricos de referencia establecidos para una sustancia, pero en este caso no se llega a esas cantidades. La alternativa, según esa ley, es que la comunidad autónoma realice en la zona un análisis de valoración de riesgos para la salud y el medioambiente, pero solo si se superan los niveles genéricos de referencia para una sustancia de riesgo.

El problema es que la normativa estatal de 2005 no incluye valores de referencia para los cuatro metales analizados en este caso, sino que se emplaza a las comunidades autónomas a que establezcan sus propios niveles máximos a partir de las particularidades geológicas de cada región.

El Gobierno de Murcia inició hace un año la tramitación para aprobar los niveles genéricos de referencia para estos metales, pero todavía no están aprobados en sede parlamentaria. En todo caso, el borrador de ese proyecto demuestra que los valores se superarían en todos los casos: plomo (115 mg/kg), cobre (225 mg/kg), zinc (705 mg/kg) y cadmio (4 mg/kg).

Una vez que entren en vigor esos valores máximos, se deberían comparar con los resultados del informe de la UPCT e iniciar por tanto un estudio de valoración de riesgos en el Campo de Cartagena. A continuación, según la ley de 2005, si se demuestra que hay riesgo para la salud humana, el suelo se debe declarar "contaminado". Otro real decreto, el 9/2005, subraya que un suelo contaminado no es apto para producción agrícola.

En Madrid, la Salud y la Educación son, como en todas partes del mundo civilizado, servicios esenciales, pero aquí están provistos por un ecosistema público-privado excesivamente escorado al privado. Un privado disfrazado de amable concertado al que tiende a írsele de las manos su innato carácter especulador, su opacidad y su inestabilidad, insuficientemente embridado por las autoridades competentes. Un carácter y unas formas con las que, sin rubor, dejan abandonados a los usuarios cuando desaparece el exceso de lucro. Un carácter y unas formas que nos empobrecen como sociedad al tener que asumir, además, el quebranto económico que causan, y unos servicios públicos deteriorados e incapaces de reestablecerse ágilmente del saqueo depredador, que en Madrid campa a sus anchas y es aplaudido por las autoridades, en lugar de ser debidamente vigilado y sancionado, con suficiente luz y taquígrafos. Por aportar dos datos básicos de brocha gorda: la inversión per cápita que el presupuesto público madrileño destina tanto a la educación como a la salud es la más exigua, con diferencia, de toda España (900 euros y 1600 euros, respectivamente, redondeando hacia arriba). Datos más finos, que no caben aquí, darían para analizar cuántos de esos dineros se administran en opacos conciertos privados.

Madrid no es un territorio amable con las personas mayores ni con las que necesitan atención a la dependencia. Al margen de las pensiones, centralizadas en la Seguridad Social común, la atención, y centrándonos en esta importantísima política, nada más hay que recordar que la Comunidad de Madrid, “el motor económico de España”, destina al Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) apenas 148 euros por habitante, cuando la media en España es de 175 euros, de modo que el gasto por persona dependiente atendida en Madrid es un 4% inferior a la media nacional (ver aquí). 

Que las casas sean para vivir es una prioridad que la Comunidad de Madrid oficialmente rechaza incumpliendo la aplicación de la Ley de Acceso a la Vivienda, nos guste más o menos, y me atrevo a decir que vulnerando el principio de la autonomía local, en ausencia de un procedimiento para que los municipios madrileños puedan siquiera solicitar la declaración de zona tensionada, y donde, además, el patrimonio público municipal (el suelo) se regala con concesiones casi perpetuas a fines privados y alejados del interés general, suelo que ya no está disponible para construir casas para vivir y los equipamientos públicos indispensables para vivir en esas casas que ya no caben. Otra política consciente y contraria a la mayoría.

Todas estas soluciones estratégicas, y muchas otras, se organizan desde los gobiernos y las administraciones públicas y se financian fundamentalmente con impuestos. Si estos no son suficientes, pues habrá que recurrir a la deuda, pero no sin antes recuperar impuestos propios a los que ideológica y alegremente se renuncia, además de analizar con sinceridad y con datos duros quién efectivamente los paga y a quién recurrentemente se les exime. 

Unos impuestos que pagan con muy diferente intensidad unas personas (trabajadoras) y no otras (rentistas), por los ingresos de su actividad. Unas exenciones y bonificaciones que eximen de pagarlos a unas personas (rentistas) y no a otras (trabajadoras). Además, las personas trabajadoras son todas físicas, de carne y hueso, mientras que las personas rentistas pueden ser físicas o jurídicas, y a estas últimas es muy difícil seguirles la pista. Y son estas personas rentistas, en particular las grandes acaparadoras de rentas, físicas y jurídicas, las exclusivas beneficiarias de las políticas para ricos y ultrarricos desplegadas en la Comunidad de Madrid con el presupuesto público. Unas políticas que, al comunicarse enmascaradas en promedios falaces y locos, simulan que las mayorías se encuentran incluidas en unos cálculos. Nada más lejos de la realidad. 

Y si hablamos de Igualdad, que es condición transversal a todas las soluciones, no sorprende, pero quizá no sabíais (ver aquí), que la Comunidad de Madrid es la única del Estado desprovista de una Ley de Igualdad, y la única junto con Murcia que no aplica el preceptivo enfoque de género a sus presupuestos. 

Tampoco tenemos en la Comunidad de Madrid la figura de “designado del poder legislativo autonómico” que nos defienda de las malas prácticas de la administración y gobierno autonómico, como ya expuse aquí, y que de nuevo la sitúa como líder indiscutible del “team” territorios insolidarios, por pura dejación. Así nos va. 

Contestando a la pregunta del título, creo que hay evidencia a capazos de que, si hablamos de lo que realmente importa, del interés general, en Madrid todo es peor.

*Aquí puedes ver la primera parte de este artículo.

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Verónica López Sabater es economista y consejera de la Cámara de Cuentas de Madrid.

El Tribunal Constitucional ha rechazado admitir a trámite el último recurso presentado por el padre de Noelia, la joven de Barcelona de 25 años afectada por una paraplejia, con el que buscaba frenar de manera cautelar la eutanasia de su hija, según informa EFE.

La Sala segunda de la corte de garantías ha adoptado esta decisión por unanimidad en una sesión extraordinaria celebrada este viernes, ante la "manifiesta inexistencia de violación de un derecho fundamental tutelable en amparo". El padre había solicitado en su recurso de amparo "medidas cautelarísimas" para suspender la eutanasia que ya se le había concedido a su hija a través de sus representantes legales: el despacho ultracatólico Abogados Cristianos.

En esta nueva apelación, el padre también impugnó todas las resoluciones anteriores que habían acreditado que su hija tenía la capacidad de decidir y los requisitos suficientes para obtener el procedimiento por "una enfermedad grave e incurable que le provoca un padecimiento grave, crónico e imposibilitante".

La batalla ante la justicia arrancó cuando el padre recurrió la resolución de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, de 18 de julio de 2024, por la que se concedió la autorización de la eutanasia de su hija, mayor de edad, y de inmediato el juzgado acordó como medida cautelar la suspensión de la eutanasia. La batalla ante la justicia arrancó cuando el padre recurrió la resolución que concedía la eutanasia a su hija.

Ante esta nueva resolución, Abogados Cristianos ha emitido un comunicado en el que aseguran que llevarán el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Estrasburgo. El despacho ultracatólico considera que "se están vulnerando derechos fundamentales, especialmente el derecho a la vida y a la tutela judicial efectiva".

También han señalado que sigue pendiente la resolución su solicitud de medida cautelar ante el Juzgado de lo Penal.

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) ven "baja" la probabilidad actual de exposición a fórmulas infantiles contaminadas debido a la retirada a gran escala de esos productos, informa EFE.

Ambas agencias han avanzado este jueves los resultados de una evaluación rápida conjunta sobre las últimas evidencias científicas en relación a la presencia en leches de fórmula de la cereulida, una toxina producida por la bacteria Bacillus cereus.

Después del reciente estudio de la EFSA sobre los niveles de cereulida que podrían suponer un riesgo para la seguridad alimentaria, las dos agencias han concluido que, debido a las retiradas de productos y las medidas de control implementadas a gran escala, la probabilidad actual de exposición a fórmulas infantiles contaminadas es "baja".

No obstante, han advertido de que pueden producirse casos adicionales si los productos retirados permanecen en los hogares en lugar de ser devueltos.

Hasta el pasado 13 de febrero siete países de la Unión Europea (Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Luxemburgo, España y Reino Unido) habían notificado casos de bebés con síntomas gastrointestinales tras el consumo de fórmulas infantiles.

Se están realizando investigaciones para identificar más casos y evaluar si los lotes retirados u otros lotes de fórmulas infantiles podrían haber sido el vehículo de la enfermedad, según un comunicado.

La evaluación conjunta indica que la mayoría de los casos notificados presentaron síntomas gastrointestinales leves, aunque también se han reportado hospitalizaciones por deshidratación.

Los expertos han señalado que identificar y confirmar los casos puede resultar "difícil", ya que "los síntomas pueden parecerse a los de las infecciones gastrointestinales virales comunes y las pruebas de cereulida en muestras clínicas no están disponibles de forma rutinaria en muchos entornos".

En diciembre de 2025, empresas alimentarias de varios países comenzaron a retirar varias fórmulas infantiles tras detectarse cereulida en lotes de fórmulas infantiles que contenían aceite de ácido araquidónico (ARA), suministrados por un productor en China.

En febrero, aumentaron las retiradas después de que la EFSA estimara los niveles de seguridad de cereulida en fórmulas infantiles.

En cuanto al impacto en la salud, la evaluación señala que la intoxicación por cereulida suele presentarse con síntomas relativamente leves, pero los bebés (menores de seis meses) pueden ser más vulnerables debido a su mayor sensibilidad a la deshidratación y a las alteraciones electrolíticas.

Los productos retirados no deben administrarse a bebés ni niños pequeños y deben devolverse al punto de venta, según los organismos europeos, que han recomendado seguir las instrucciones y directrices emitidas por las autoridades nacionales de seguridad alimentaria.

Asimismo, han destacado la importancia de estar atento a los síntomas de vómitos y diarrea en bebés y niños pequeños, independientemente de la causa subyacente, así como consultar a un médico si presentan síntomas gastrointestinales persistentes o graves.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha anunciado este miércoles que el Instituto de las Mujeres está estudiando la posibilidad de establecer un perímetro de seguridad en el entorno de las clínicas abortivas para evitar la ubicación en sus inmediaciones de entidades y asociaciones antiabortistas, según recoge EFE.

Redondo ha hecho estas declaraciones en el pleno del Congreso de los Diputados, donde también se ha comprometido a garantizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en los hospitales públicos.

"Me parece la mejor manera de evitar el hostigamiento y la coacción de las mujeres", ha concretado.

La semana pasada, Sumar ya presentó una proposición de ley para modificar el Código Penal que castiga el acuso a las mujeres que acuden a las clínicas a interrumpir de forma voluntaria su embarazo y lograr que se prohíban las concentraciones o actos a 200 metros alrededor de estos centros médicos.

Hoy la ministra ha listado el establecimiento de este perímetro de seguridad como una de las medidas en las que Igualdad está trabajando para garantizar la prestación del aborto, y ha recordado que en la Cámara Baja son mayoría quienes defienden este derecho.

Redondo también ha aprovechado su intervención para criticar la posición sobre este tema de la derecha, a la que ha afeado que "tradicionalmente ha votado en contra de todas las leyes del aborto y ha recurrido su constitucionalidad ante los tribunales".

"Frente a quienes hostigan y pretenden cercenar nuestros derechos, la libertad de las mujeres sobre su propio cuerpo, vamos a seguir trabajando", ha aseverado Redondo, quien ha reivindicado que el Gobierno mantiene su voluntad de blindar el aborto en la Constitución.