El comienzo no era malo: en 2024, el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) elaboró un documento titulado «Enfoque de la Unión Europea en materia de seguridad de la información para las operaciones y misiones militares dirigidas por la UE», un informe de “difusión limitada”. 

Como todas las fuerzas militares, el brazo armado de Europa se preocupa por la seguridad de la información, es decir, el conjunto de prácticas, procesos y tecnologías destinados a proteger la información contra cualquier acceso no autorizado, divulgación, alteración o destrucción. No se trata únicamente de ciberseguridad, sino también de la protección de los datos físicos, humanos y organizativos. Sin embargo, la filtración vinculada a la operación IRINI demuestra que los militares europeos tienen mucho camino por recorrer en esta materia.

En este lote de datos filtrados se encuentran contraseñas de redes wifi, códigos de acceso a edificios que alojan a militares, el código para acceder a salas específicas en cuarteles generales, datos personales de proveedores de servicios, de militares e incluso de sus cónyuges. 

La seguridad operacional, que consiste en no proporcionar al adversario información que pudiera serle útil, es ignorada: a lo largo de los documentos, se encuentran, por ejemplo, las fichas de los militares que reciben habilitaciones de seguridad. En ellas figuran sus nombres, fechas de nacimiento y números de pasaporte. Todo tipo de información que constituye un primer paso para mecánicas de “ingeniería social”, una técnica que consiste en manipular a una persona para inducirla a facilitar información confidencial.

Un archivo enumera también toda una serie de nombres de usuario y contraseñas de servicios utilizados por los militares. Información muy valiosa sobre los proveedores de la UE en materia de herramientas de vigilancia, como la empresa británica dea.aero, que suministra servicios de ISR (Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento, por sus siglas en inglés). 

Cabe esperar que los militares hayan actualizado las contraseñas después de su publicación, porque si bien Reflets es probablemente el único medio que recuperó estos datos cuando estaban la web del grupo de ransomware —y no tiene interés en usarlos—, no puede decirse lo mismo de los servicios de inteligencia de países no europeos, en particular Rusia. La elección de contraseñas resulta desconcertante: los militares europeos son aficionados al clásico “12345”. Además, la renovación de contraseñas no parece estar en la agenda.

Como en todas las filtraciones militares, esta proporciona abundante información técnica sobre las herramientas de comunicación puestas a disposición de las tropas, incluidas las ubicaciones de los centros de comunicaciones y la forma en que están interconectados, ya se trate de herramientas de comunicación “convencionales” o “seguras”. Los documentos también permiten elaborar listas de aviones espía aportados por Francia a la operación IRINI, como drones de vigilancia tipo Reaper o aviones AWACS.

Pero la seguridad no se limita a las contraseñas. Un documento compartido por el equipo jurídico militar francés ofrece, por ejemplo, información “diplomática” interesante que probablemente no estaba destinada a difundirse por Internet como ha ocurrido.

Se observa así que la operación IRINI tiene entre sus objetivos "apoyar la detección y vigilancia de las redes de tráfico de migrantes y trata de seres humanos mediante la recopilación de información y la organización de patrullas realizadas con medios aéreos sobre alta mar". 

Los juristas militares franceses explican en el documento que “los medios navales de la operación han sido solicitados en varias ocasiones para hacerse cargo de embarcaciones. A pesar de que los incidentes se producen mayoritariamente en la zona de rescate maltesa, es el centro de coordinación italiano quien toma el control, ya que Malta nunca responde o se niega a gestionar estas operaciones. Por otra parte, el hecho de que un centro de coordinación nos solicite no implica que respondamos positivamente. Puede ocurrir que no podamos o que no dispongamos de ningún medio en la zona inmediatamente próxima. El argumento de que las armadas no están sujetas a los convenios de rescate no es realmente sostenible en tiempos de paz. No obstante, la decisión final corresponde al comandante de operaciones”.

Otro asunto abordado por los juristas franceses es el uso del puerto de Marsella como destino para los buques interceptados y sospechosos de violar el embargo. Este es un asunto delicado entre los Estados europeos: Francia es el único país que ha ofrecido un puerto para acoger estos barcos, ya que el resto de gobiernos se resisten a asumir la responsabilidad logística y jurídica que ello conlleva. Un documento del equipo jurídico revela que el Gobierno francés quiso provocar un “electroshock” anunciando el cierre del puerto de Marsella para estos buques, en una medida de presión sobre los socios europeos.

El mundo de los grupos de ransomware es opaco. Las  webs de filtraciones son gestionadas por actores maliciosos que pueden mentir, atribuir erróneamente la información que publican, o inyectar en ella datos falsos. Para tratar de comprender mejor las implicaciones de esta filtración, Reflets ha entrevistado a Corsin Camichel, investigador de eCrime.ch y observador de los grupos de ransomware.

eCrime.ch lleva un registro preciso de los ataques de ransomware. ¿Tiene conocimiento de otros ataques de esta magnitud contra fuerzas armadas?

Hemos observado previamente ataques de ransomware dirigidos contra fuerzas armadas o militares. Si bien el número total de incidentes sigue siendo relativamente reducido, su distribución geográfica resulta significativa: estos ataques parecen producirse con mayor frecuencia en países de América del Sur o Asia que en Europa.

No hemos encontrado ningún anuncio oficial sobre este incidente de seguridad por parte de la UE. ¿Es habitual? ¿Las entidades afectadas suelen hacer como si no supieran nada para evitar la mala publicidad?

Desgraciadamente, muchas organizaciones afectadas siguen optando por no notificar públicamente estos incidentes. Las empresas privadas se han vuelto algo más transparentes en los últimos años, principalmente debido a las leyes de protección de datos y a las obligaciones de información financiera. Sin embargo, la mayoría de los casos que observamos no se asocian a ninguna declaración pública de la organización afectada.

¿Se conoce la proporción de víctimas que pagan los rescates?

Es difícil obtener cifras precisas, ya que muchos pagos de rescates nunca se hacen públicos. No obstante, el análisis de blockchain realizado por Chainalysis sugiere que actualmente solo el 28% de las organizaciones víctimas pagan el rescate. Hace unos años, las estimaciones apuntaban a que aproximadamente una de cada dos víctimas pagaba, mientras que hoy esa cifra se acerca a una de cada cuatro.

Contactada al respecto, la Dirección de Comunicación de la Comisión Europea no respondió a las preguntas de esta investigación.

Estas son las preguntas enviadas por Reflets.info en el marco de este artículo:

Disparos sin previo aviso, en aguas internacionales. Las balas impactan en los radares, inutilizan cuatro embarcaciones de rescate y destrozan el cristal protector del puente. La tripulación intenta proteger a los 87 migrantes a bordo mientras exige, primero en inglés y luego en árabe, que cese el ataque. En vano.

El 24 de agosto de 2025, el Ocean Viking, el buque de búsqueda y rescate operado por la ONG SOS Méditerranée, recibió más de cien impactos de bala durante varios minutos. Los daños al barco se estiman en torno a 194.000 euros. Para la directora de la filial italiana de la ONG, Valeria Taurino, el incidente es "un acto ilegítimo de guerra contra trabajadores humanitarios y personas que huyen". Lo perpetró la guardia costera libia a bordo del Houn 664, una lancha patrullera donada por Italia a Trípoli con fondos europeos.

Más de seis meses después, ese ataque no ha tenido ninguna repercusión. Nadie ha cuestionado el suministro de embarcaciones, equipos y formación a la guardia costera libia, ni siquiera ante una nueva prueba de que están siendo objeto de un uso indebido.

Desde el inicio de la cooperación italiana y europea con la guardia costera libia, la violencia en el Mediterráneo central ha escalado: embestidas, disparos, maniobras peligrosas, abandono de náufragos en peligro y obstaculización de operaciones civiles de rescate. Entre 2016 y 2025, Sea-Watch documentó 72 incidentes de violencia por parte de las autoridades libias en el mar. Dieciocho ocurrieron el año pasado, un récord. "Estas prácticas no solo ponen en peligro vidas humanas, sino que violan el derecho marítimo internacional y el principio de no devolución", escribe la ONG.

En abril de 2024, fue el barco de rescate de la ONG Mediterranea el que recibió disparos de los libios. Antes de eso, ya habían disparado contra un buque de rescate en 2016. No tardaría en producirse una nueva acción: primero el incidente del Ocean Viking en agosto de 2025; un mes después, la guardia costera libia abrió fuego contra el Sea-Watch 5, que acababa de rescatar a 66 náufragos. Hasta donde se sabe, el Ocean Viking es el único buque que ha sufrido daños significativos por disparos.

Las autoridades diplomáticas europeas son conscientes de los enfrentamientos entre barcos humanitarios y la guardia costera: "Los libios se muestran reacios a cooperar con las ONG internacionales que se niegan a reconocer su legitimidad ('la llamada guardia costera libia') y son percibidas como coordinadoras con las redes de tráfico de personas", se lee en una comunicación interna —consultada por IrpiMedia— de la delegación de la UE en Libia, emitida pocos días después del ataque al Sea-Watch. "Sin ilusiones", continúa el texto: es "poco realista" que las ONG y la guardia costera compartan "ni siquiera unos objetivos mínimos respecto a la gestión de incidentes de búsqueda y salvamento" en el mar.

Parece existir una estrategia detrás de la violencia contra los migrantes: las interceptaciones con "maniobras peligrosas y uso excesivo de la fuerza", según un informe conjunto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia (UNSMIL) publicado en febrero de 2026, forman parte de un patrón más amplio de "explotación" de los migrantes que en Libia se ha convertido en una realidad brutal y normalizada.

Entre enero de 2024 y septiembre de 2025, el informe documentó "numerosos incidentes" en los que personas a bordo de embarcaciones con destino a Europa "cayeron al mar o se arrojaron por la borda como consecuencia de las acciones de los rescatadores libios, incluida la Guardia Costera Libia (GCL) y la Administración General para la Seguridad Costera (AGSC), que en algunas ocasiones supuestamente dispararon tiros cerca o sobre embarcaciones en apuros y sobre personas a bordo o que ya se encontraban en el agua".

Así, las violaciones y los abusos "han sido y siguen siendo perpetrados por actores estatales de seguridad" como la AGSC y la GCL, prosigue el informe. Los dos organismos, el primero vinculado al Ministerio del Interior y el segundo al Ministerio de Defensa, han sido los principales beneficiarios del SIBMMIL, el programa europeo más rico e importante de gestión de fronteras y migración en Libia.

Sibmmil, acrónimo de Support to Integrated Border and Migration Management in Libya (Apoyo a la Gestión Integrada de Fronteras y Migración en Libia), es un proyecto de desarrollo fronterizo en Libia iniciado en julio de 2017 y concluido en diciembre de 2025. En total, el programa contó con un presupuesto de 61,2 millones de euros, la gran mayoría procedentes de fondos europeos del Fondo Fiduciario de Emergencia de la UE para África (EUTF), el fondo fiduciario puesto en marcha en 2015 para "abordar las causas profundas del desplazamiento forzado y la migración irregular y contribuir a una mejor gestión de la migración", según una nota de prensa. Fue implementado por el Ministerio del Interior italiano, apoyado en la fase inicial por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que forma parte del sistema de las Naciones Unidas.

En febrero de 2026, IrpiMedia analizó el gasto del Ministerio del Interior italiano y la OIM. En total, se rastrearon poco más de 34 millones de euros, un 56% del total, lo que significa que no existe información pública y accesible sobre cómo se gastó el 44% restante del presupuesto de Sibmmil. Se trata de 27,1 millones de euros en fondos europeos sobre los que no existe transparencia alguna.

El rastreo de los fondos ha demostrado que el Sibmmil fue, en gran medida, el instrumento utilizado para aumentar la capacidad de las autoridades libias para interceptar migrantes. Los fondos europeos gestionados por el Ministerio del Interior italiano se emplearon para el suministro de embarcaciones, la formación de tripulaciones y la creación del Centro de Coordinación de Rescate Marítimo de Trípoli. Los fondos asignados a la OIM, por otro lado, se utilizaron para reforzar "la capacidad de las autoridades nacionales del sur para llevar a cabo operaciones de rescate en el desierto sensibles a la protección y para aplicar las normas internacionales de derechos humanos", explicó un portavoz de la organización a IrpiMedia, aclarando que no había habido "cooperación con la guardia costera libia".

El barco desde el que se disparó al Ocean Viking, el Houn 664, también fue financiado a través de una licitación del Sibmmil de 3,3 millones de euros, para esta y otra lancha patrullera. La embarcación es utilizada por la guardia costera libia, que, como se ha visto, es uno de los organismos libios que más se ha beneficiado del apoyo europeo. Sin embargo, la financiación europea a Libia no ha sido cuestionada.

La Comisión Europea explicó a IrpiMedia que, en 2025, siguiendo la recomendación del Tribunal de Cuentas Europeo, "formalizó" un procedimiento interno para el personal de la UE a la hora de tramitar denuncias relacionadas con violaciones de derechos humanos en proyectos financiados por la UE. El procedimiento incluye también "orientaciones claras sobre el vínculo entre las denuncias y las disposiciones de los acuerdos de financiación de la UE sobre suspensión y rescisión en caso de que no se respeten los derechos humanos". A mediados de febrero, el mecanismo se utilizó al menos en un caso. No se sabe a qué país se refiere, pero no parece ser Libia.

En relación con el ataque al Ocean Viking, un portavoz de la Comisión Europea declaró que "la UE planteó el asunto directamente a las autoridades libias, instándolas a garantizar las investigaciones necesarias". Se ha abierto una investigación, pero seis meses después del incidente no ha habido avances. Mientras tanto, sin embargo, añadió el portavoz, la UE trabaja con las autoridades libias para "adoptar y promover procedimientos operativos estándar para el salvamento marítimo" y reforzar sus "procedimientos nacionales de seguimiento y rendición de cuentas".

Además, durante la última reunión del Consejo Ejecutivo del Sibmmil, celebrada en noviembre de 2025 en Roma con presencia de representantes de Europa, Libia, Italia y otros países de la UE, el programa fue calificado de "exitoso". "La necesidad de un proyecto de seguimiento es consensual", escribió un funcionario de la UE que participó en un documento interno que forma parte de la filtración.

El Sibmmil se completó en un plazo mucho mayor al previsto inicialmente. Sin embargo, el proyecto estuvo influenciado por la estabilidad del gobierno de Trípoli y sus relaciones con los países europeos. En términos diplomáticos, el nombramiento de Giorgia Meloni como presidenta del Consejo de Ministros coincidió con una fase de mayor cooperación con Trípoli. A finales de enero de 2023, la primera ministra viajó a Trípoli en uno de sus primeros viajes desde su elección unos meses antes. Habló de una cooperación "a todos los niveles" con Libia: inversiones, infraestructuras, energía y, "por supuesto", también migración.

A su lado se encontraba el primer ministro del Gobierno libio, Abdel Hamid Dbeibah. Designado con carácter provisional en 2020, se suponía que debía conducir a Libia hacia unas elecciones antes de finales de 2021. Cuando Meloni fue nombrada primera ministra, Dbeibah "necesitaba desesperadamente apoyos exteriores", explica Tarek Megerisi, analista del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores (ECFR), porque habían pasado años desde el final previsto de su mandato político y, en consecuencia, se enfrentaba a una crisis de legitimidad. Con Italia, Dbeibah jugó la carta de la energía y la migración, con la firma de un nuevo acuerdo entre Eni y la empresa petrolera nacional libia NOC y la promesa de un mayor compromiso en el control fronterizo.

A esta primera visita de Meloni le siguió, entre el 5 y el 7 de febrero de 2023, otra visita a Trípoli de una delegación de la Comisión Europea. Fue la primera visita de este tipo en cinco años y, a partir de ese momento, se producirían al menos seis misiones más, además de varias reuniones en Roma, Bruselas y Varsovia. En febrero de 2023 Italia entregó una nueva embarcación a la guardia costera libia, y en junio, otras dos antiguas lanchas patrulleras reformadas de la Guardia di Finanza italiana. Entre ellas, el Houn 664, que más tarde abriría fuego contra el Ocean Viking.

Meloni regresó a la capital libia para el Foro de Migración Transmediterráneo en julio de 2024, junto con el entonces vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas. La cumbre es una nueva confirmación de las buenas relaciones de Trípoli con sus socios europeos. "La apertura de Libia a debatir acciones concretas para abordar las causas profundas de la migración irregular [...] se hace eco de los objetivos y la visión largamente acordados por la UE", reza un informe interno redactado por los funcionarios europeos presentes en el foro. Tres meses después, el proyecto Sibmmil alcanza un primer hito importante: en octubre de 2024, la guardia costera libia pone en marcha "el primer Centro de Coordinación de Rescate Marítimo (CCRM) oficialmente reconocido" en Trípoli, según otros documentos de Irini.

Los problemas con los libios se barren bajo la alfombra con apretones de manos y anuncios triunfales. Sus huellas pueden encontrarse, sin embargo, en algunos documentos internos confidenciales. En enero de 2024, un documento de la misión naval Eunavfor Med Irini señala que "existe el riesgo de que los fondos y el equipo proporcionados a Libia no lleguen a los destinatarios previstos, o puedan ser objeto de un uso indebido en algún sentido". Dos meses después, el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) reiteraba que "el respeto de los derechos humanos y la transparencia sobre las condiciones de las personas recuperadas en el mar y sobre cómo son tratadas en tierra siguen sin estar claros".

A pesar de las preocupaciones sobre los destinatarios de la financiación y el equipamiento, y de las dudas respecto al respeto de los derechos humanos, el CCRM de Trípoli ha sido "una inversión sólida y rentable que refleja una creciente disposición de Libia a asumir la responsabilidad de su zona de búsqueda y salvamento (SAR)", escriben los diplomáticos europeos en un documento publicado por FragDenStaat, el portal que recoge solicitudes de acceso a documentos en Alemania. La iniciativa, por lo tanto, debe replicarse en el este de Libia: "Se ha puesto en marcha la implementación del proyecto del Centro de Coordinación de Rescate Marítimo (CCRM) en Bengasi", prosigue el documento de finales de febrero. El acuerdo con el este, sin embargo, no se limitaría únicamente al CCRM. Según otros documentos también publicados por FragDenStaat, a principios de marzo, los ministros de los 27 países de la UE habrían debatido en Bruselas una "cooperación estructurada y en profundidad" con el este de Libia.

En Bengasi, en el este del país, el control político y militar está firmemente en manos del general Khalifa Haftar, quien no es reconocido por la comunidad internacional y que en el pasado intentó hacerse con el control de Trípoli por la fuerza, contra Dbeibah y sus aliados. A pesar de ello, Europa lleva tiempo barajando la idea de colaborar con él y con la controvertida brigada TBZ vinculada a su hijo Saddam. Un documento de IRINI de octubre de 2024 recoge una reunión entre personal militar de la misión de la UE y el embajador de la UE en Libia, Nicola Orlando. Según este último, "no importa que no haya un gobierno unificado en Libia para iniciar un diálogo [entre las autoridades libias y la misión IRINI]. En particular, porque la guardia costera libia sí está oficialmente unificada en Libia". "En su opinión —prosigue el documento— es incluso necesario implicar al este".

Pocos meses después, en febrero de 2025, tuvo lugar la primera misión conocida a Bruselas de funcionarios libios tanto del oeste como del este. En septiembre, tras años de bloqueo, oficiales de la Marina libia (de la que depende la guardia costera) asistieron a un curso de formación en Taranto (Italia) en el marco de la misión Irini de la UE, y en este caso también hubo personal de ambas partes del país. Por último, en octubre, según reveló IrpiMedia, tuvo lugar la primera visita de representantes del este de Libia a la sede de Frontex en Varsovia.

La Comisión Europea ha subrayado en repetidas ocasiones que se trata de reuniones "a nivel técnico", pero para Haftar representan un impulso significativo a su legitimidad internacional. En un intercambio de correos electrónicos entre los dirigentes de Frontex que data de la época de las visitas, consultado en esta investigación, la instrucción que debe transmitirse a las autoridades de Trípoli y Bengasi está claramente establecida: "responder a los casos [es decir, llamadas de socorro en la zona SAR] y abstenerse de usar armas de fuego durante el salvamento marítimo".

Siete días después del ataque al Ocean Viking, el 31 de agosto de 2025, el embajador de la UE en Trípoli, Nicola Orlando, se reunió con Abdulsalam Al-Zoubi, subsecretario del Ministerio de Defensa de Trípoli, del que depende la guardia costera libia. "Es nuestro jefe y está haciendo un trabajo excelente", explica Masoud Abdel Samad, jefe de operaciones de rescate de la guardia costera libia, a IrpiMedia.

Al-Zoubi inició su carrera como líder de una milicia terrestre en Misrata. Su grupo armado controla, en particular, la zona que se extiende desde Trípoli hasta Misrata pasando por el puerto de Al-Khoms. Esto corresponde al tramo de mar donde la lancha patrullera Houn 664 suele realizar sus operaciones, incluido el ataque del 24 de agosto de 2025.

"Esa zona pertenece a Al-Zoubi, que se ha vuelto más activo como subsecretario. Ha establecido una presencia en el mar con sus propios buzos y lanchas motoras. Allí, todos trabajan estrechamente con Italia y con Dbeibah, naturalmente. Al-Zoubi es uno de sus mayores apoyos", dijo a IrpiMedia Jalel Harchaoui, investigador del Royal United Services Institute.

En el frágil y cambiante equilibrio de poder de Libia, Al-Zoubi es una figura que ha ganado poder, influencia y reconocimiento incluso más allá de las fronteras del país, con viajes a Estados Unidos, Turquía y Europa. Con frecuencia actúa como "representante diplomático" del Ministerio de Defensa libio, especialmente en las reuniones con socios extranjeros.

El 4 de septiembre de 2025, cuatro días después de su reunión con Orlando, se reunió en Roma con el ministro de Defensa Guido Crosetto y el ministro del Interior Matteo Piantedosi. "La cooperación en la gestión de los desafíos migratorios y de seguridad continúa", declaró este último. El ataque al Ocean Viking no fue mencionado.

"La pérdida continua de vidas en el mar no es una inevitabilidad trágica, sino el resultado de decisiones políticas deliberadas", escribió SOS Méditerranée en un informe recién publicado con motivo del décimo aniversario de la ONG. Desde 2016 hasta hoy, la UE y sus estados miembros, continúa el informe, "han desmantelado el salvamento marítimo liderado por el Estado, han sustituido la asistencia por la disuasión y la contención, y han trasladado la responsabilidad a actores que no pueden o no quieren respetar las obligaciones internacionales". Como el personal de la guardia costera libia que disparó desde el Houn 664.

En 2021, Abdelhakim Baayo acaparó titulares cuando los medios libios informaron de que había sido la primera persona en registrarse para las primeras elecciones presidenciales del país.

En ese momento, Baayo también era empresario y trabajaba como director de una empresa española propiedad del fondo soberano de Libia, la Autoridad Libia de Inversión (LIA, por sus siglas en inglés).

La empresa, Alhammra Company Spain SL, fue constituida en España en 2015, después de que las sanciones impuestas durante el levantamiento contra Muamar el Gadafi provocaran dificultades administrativas a una empresa anterior en Gibraltar. El objeto social de la nueva sociedad era amplio e incluía actividades tan diversas como la adquisición de cables y alambres, y el comercio de leche y atún.

Para cuando Baayo decidió presentarse a la presidencia, múltiples organismos oficiales libios lo habían acusado de apropiarse indebidamente de fondos de Alhammra, así como de haber usado dinero de la empresa para realizar el pago inicial de un apartamento registrado a su nombre, según muestran documentos filtrados obtenidos por OCCRP.

Aunque algunas de las acusaciones se hicieron públicas en un informe de auditoría y en redes sociales, las pruebas que las sustentaban no se difundieron. OCCRP ha obtenido ahora documentos internos —incluidas facturas, correos electrónicos y notificaciones de pago— que corroboran muchas de las principales afirmaciones.

Los archivos muestran que Alhammra realizó un pago inicial para un apartamento en Madrid del que Baayo es propietario. También se usó dinero de la compañía para cubrir gastos médicos o educativos que no encajaban claramente dentro del mandato de Alhammra, según los registros internos vistos por OCCRP.

Baayo nunca se ha enfrentado a cargos legales en Libia por estas acusaciones. Alhammra presentó acusaciones similares contra él en una denuncia en España en 2020, pero fue retirada por motivos que siguen sin estar claros.

Cuando fue contactado para recoger su punto de vista, Baayo respondió a OCCRP, a través de un antiguo colega, que las acusaciones eran falsas.

El supuesto uso indebido de fondos coincidió con un periodo de caos para el fondo soberano de Libia, marcado por divisiones políticas y acusaciones de corrupción, robo y mala gestión tras la caída de Gadafi en 2011.

Tarek Megerisi, investigador principal en el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, afirmó que desde la caída de Gadafi, la cantidad de fraude en las filiales del fondo se había “disparado”.

“Antes, él [Gadafi] utilizaba la corrupción políticamente. Cuando desapareció, su sistema permaneció, pero su papel como freno desapareció”, dijo Megerisi.

Los activos de LIA han sido valorados en más de 68.000 millones de dólares, repartidos en una abrumadora red de más de 550 filiales en África, Europa, Asia y Norteamérica. El fondo no respondió a las preguntas que se le trasladaron.

Alhammra se creó en 2015 como sucesora de una empresa con sede en Gibraltar llamada Al Hammra Limited. En aquel momento, las órdenes de congelación de activos libios habían dificultado que la empresa en Gibraltar pudiera realizar tareas administrativas básicas, según documentos de la compañía.

La nueva empresa con sede en España heredó los contratos de su predecesora, específicamente para suministrar materiales como cables y alambres a la empresa estatal de energía de Libia. También incluía contratos para suministrar productos alimentarios como atún y queso.

Las acusaciones contra Baayo comenzaron a finales de 2018, cuando la empresa matriz de Alhammra y el brazo inversor de LIA, la Compañía Libia de Inversión Exterior (LAFICO), enviaron auditores para revisar los documentos y los estados financieros de Alhammra correspondientes a los tres años anteriores.

Posteriormente, LAFICO envió una carta al fiscal general acusando a Baayo de haber cometido “varios actos que causaron un grave daño a la empresa, tanto material como moralmente”, y de actuar de una forma que “expuso los fondos de la compañía matriz al despilfarro”.

Seis funcionarios de un comité creado por LAFICO recomendaron en un informe que Baayo fuera remitido a un comité de investigación, aunque no está claro si eso llegó a suceder. Baayo negó las acusaciones en aquel momento, según un informe interno de LAFICO basado en una reunión con él. LAFICO no respondió a las preguntas de los reporteros.

La Oficina de Auditoría de Libia, el organismo estatal de supervisión, afirmó en su informe anual de 2020 que Baayo había “ocultado deliberadamente los documentos que revelaban sus transgresiones y manipulaciones”, y lo acusó de esconder los ordenadores de la empresa, borrar correos electrónicos y ocultar retiradas de efectivo de una cuenta bancaria de la compañía.

Baayo dijo a OCCRP que estas acusaciones eran falsas.

En noviembre de 2020, Alhammra, ya bajo un nuevo director, presentó una denuncia contra Baayo en España, pero el caso fue posteriormente archivado tras la retirada de la denuncia por parte de los demandantes, según informó a OCCRP un juzgado de Madrid. Cuando los periodistas lo contactaron, Baayo respondió que “cuatro denuncias” contra él habían sido examinadas por la justicia española y desestimadas por falta de pruebas.

En el mismo informe anual, la Oficina de Auditoría libia señaló otros pagos inexplicados en Alhammra, incluido dinero de la empresa utilizado para pagar un anticipo de un apartamento en Madrid.

El informe de auditoría mencionaba específicamente una transferencia de unos 164.000 euros de los fondos de Alhammra. Registros incluidos en los documentos filtrados muestran que Alhammra envió esa cantidad el 10 de octubre de 2018 a un promotor inmobiliario de Madrid a través del Banco Santander.

El informe señalaba que se utilizaron facturas de una empresa tunecina poco conocida llamada Transatlantic International Trade, o TITCO, para crear la impresión de que los pagos correspondían a un préstamo. Una nota de TITCO fechada el 12 de diciembre de 2018 —obtenida por OCCRP— confirmaba que la empresa había recibido 164.000 euros de Alhammra por lo que decía que eran facturas de octubre y noviembre de ese año.

Un correo electrónico filtrado de enero de 2019 aporta más credibilidad a la afirmación del informe de auditoría. En el mensaje, el remitente —identificado como miembro del “departamento financiero” de Alhammra— pedía a un destinatario en una consultora española que “arreglara” tres facturas de TITCO con el pago del Santander de octubre.

TITCO era una empresa de Túnez fundada en diciembre de 2013 por dos ciudadanos libios, Esam Abouzriba y El Makki Meelad Mohamed Ibrahim. La compañía fue cerrada en 2017, un año antes de que se emitieran las facturas. Los informes financieros anuales de la empresa, obligatorios por ley, no figuran en el registro tunecino.

“M. Baayo” sigue apareciendo como propietario del apartamento en cuestión, así como de dos plazas de garaje cercanas, según registros públicos españoles. El apartamento, ubicado en Madrid, está valorado actualmente en más de 750.000 euros.

En su respuesta a OCCRP, Baayo afirmó que la empresa contrajo un préstamo legal y que varias autoridades libias confirmaron la validez del procedimiento. Describió la acusación de que las facturas de TITCO se usaron para ocultar la compra del apartamento como “falsa y engañosa”, y aseguró que la denuncia había sido desestimada.

Abouzriba, Ibrahim y la Oficina de Auditoría de Libia no respondieron a las preguntas de OCCRP.

Entre 2016 y 2017, Alhammra también gastó más de 145.000 euros en viajes, servicios médicos y gastos relacionados con educación, según registros internos de la compañía vistos por OCCRP.

Baayo afirmó a OCCRP que los reglamentos internos para empleados de LAFICO autorizaban a la empresa a cubrir las matrículas escolares de los hijos de los empleados. No respondió específicamente a las preguntas sobre los gastos de viajes y médicos.

Entre ellos figuraban 9.745 euros utilizados para cubrir gastos médicos de la madre de un empleado, según el informe de LAFICO. El informe también señalaba múltiples pagos de “tasas de matrícula” para los hijos de otro empleado.

Alhammra también realizó varios pagos de alquiler entre noviembre de 2017 y marzo de 2018 en nombre de Ahmed Maiteeq, que era vicepresidente del Gobierno de Libia en ese momento, y de una mujer que, según publicaciones en redes sociales, parece ser su esposa. Los pagos —también por un apartamento en Madrid— ascendieron a 8.000 euros, según facturas de la inmobiliaria y registros bancarios de Alhammra. No está claro por qué Alhammra realizó estos pagos, que no se mencionan en los informes oficiales libios.

Baayo describió la interpretación de OCCRP sobre estas transacciones como engañosa en términos fácticos y dijo que había sido absuelto de esta acusación, sin aportar más explicaciones.

Maiteeq no respondió a las preguntas.

En otra operación —que tampoco aparece en los informes oficiales libios— Alhammra pagó más de 250.000 euros en 2016 para comprar una fábrica cuya dirección bancaria es la misma dirección en Túnez utilizada por TITCO.

Según los registros de transferencias de pago obtenidos por OCCRP, el dinero se ingresó en una cuenta bancaria tunecina con dos beneficiarios, entre ellos Al Makki, uno de los fundadores de TITCO.

Cuando los periodistas visitaron el lugar en 2023, no había rastro de la fábrica. Tampoco había ninguna pista de ella en el registro mercantil de Túnez.

Baayo dijo que el proyecto de la fábrica fue finalmente cancelado y que el dinero se redirigió para la compra de un camión. No proporcionó pruebas.

Alhammra entró en liquidación en España en 2022, aunque no fue hasta el año siguiente cuando Baayo anunció en una publicación en Facebook que había renunciado a su puesto.

Para entonces, Baayo ya había hecho públicas sus aspiraciones presidenciales. Pero nunca tuvo ocasión de ponerlas a prueba: las elecciones de Libia se retrasaron repetidamente y aún no se han celebrado.

El expresidente francés Nicolas Sarkozy entrará el próximo día 21 de octubre a la prisión parisiense de La Santé por la condena de 5 años de prisión dictada en su contra en septiembre pasado en relación a la financiación libia de su campaña presidencial de 2007, indicaron este lunes fuentes judiciales a varios medios franceses, tal y como recoge EFE.

Sarkozy, que se convertirá así en el primer exjefe de Estado francés en ir a prisión, ha comparecido este lunes ante la Fiscalía Nacional Financiera para conocer la fecha y el lugar de su encarcelamiento.

Su entrada en prisión se producirá el martes de la semana que viene debido a la orden de prisión emitida en su contra, pese a haber apelado la sentencia dictada en primera instancia por el Tribunal Correccional de París hace dieciocho días.

El político conservador, que ejerció de presidente de 2007 a 2012, fue condenado el 25 de septiembre por conspiración para delinquir al permitir que sus allegados solicitaran al régimen libio de Muamar el Gadafi financiación ilegal para la campaña presidencial que le abrió las puertas del Palacio del Elíseo.

El tribunal justificó esta medida en el caso de Sarkozy, de 70 años, por la "excepcional gravedad de los actos" cometidos por un líder político que entonces aspiraba al máximo cargo de la República francesa.

Una vez en prisión, sus abogados podrán presentar una solicitud de puesta en libertad ante el Tribunal de Apelación, que tendrá un plazo máximo de dos meses para resolverla, es decir, justo antes de las próximas navidades y le permitiría presentarse libre al juicio en apelación previsto, en principio, para el próximo marzo. En caso de ser rechazada, podrán formalizar otras.

Las únicas dos prisiones en la región de París que cuentan con espacios adaptados para presos que necesitan protección son La Santé en París y Fleury-Mérogis en Essonne, ya sea en los llamados "pabellones vulnerables" o en espacios de régimen de aislamiento, en el que, según medios franceses, debería estar Sarkozy.

Un número indeterminado de personas murió tras volcar una embarcación en la que viajaban unos 65 ciudadanos paquistaníes en las proximidades de la ciudad portuaria de Zawiya, en el norte de Libia, informó este lunes el Ministerio de Exteriores de Pakistán en un comunicado que ha recogido EFE.

"Nuestra embajada en Trípoli ha informado de que un barco que transportaba aproximadamente a 65 pasajeros naufragó cerca del puerto de Marsa Dela, al noroeste de la ciudad de Zawiya, en Libia", señalaron.

El comunicado agregó que la embajada envió un equipo al hospital de la localidad "para ayudar a las autoridades locales a identificar a los fallecidos". Sin embargo, Exteriores no precisó el número de fallecidos, pero indicó que la embajada paquistaní en Libia está tratando de obtener más detalles sobre el número de afectados.

Las costas libias son un lugar de tránsito frecuente para las embarcaciones de migrantes con destino a Europa. Guardacostas libios interceptaron la última semana de enero varias embarcaciones precarias con 592 migrantes a bordo, 88 de ellos mujeres y otros 33 menores, y que fueron devueltos a Libia, según la Organización Internacional de las Migraciones (OIM).

Al menos 44 migrantes paquistaníes murieron el pasado enero en el naufragio de un cayuco que se dirigía hacia Canarias (España) desde Mauritania, según el balance de la ONG española Caminando Fronteras.

La presencia de ciudadanos paquistaníes en embarcaciones de migrantes que intentan alcanzar Europa es frecuente, y ha dado lugar a investigaciones contra las mafias que operan dentro de Pakistán para facilitar su traslado al Viejo Continente, un recorrido repleto de peligros.

En 2023, según datos de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), creada para gestionar y coordinar la cooperación entre los Estados miembros de la Unión Europea en materia de control de fronteras externas, la ruta migratoria del Mediterráneo central, la que lleva directamente a Italia, contabilizó 157.479 llegadas, un 49% más que el año anterior. Una cifra muy superior a la de la ruta de África occidental (la que parte, sobre todo, de Mauritania) y a la del Mediterráneo Occidental (la que lleva a España desde el Magreb, en particular a través de Marruecos), con 40.403 y 16.915 llegadas, respectivamente.

La estrategia de la primera ministra italiana, la neofascista Giorgia Meloni, ha dado la vuelta a esas cifras, que se nutren sobre todo de los cientos de miles de personas desplazadas por los diferentes conflictos que asolan el Sahel, entre los cuales ha cobrado especial protagonismo en los últimos años el de Malí. En lo que va de año, las llegadas a través de la ruta del Mediterráneo central se han desplomado. Apenas se han contabilizado 7.576 migrantes entre enero y julio (3.236 argelinos, 2.980 marroquíes, 772 de nacionalidad desconocida, apenas 210 malienses y 157 guineanos). 

¿Cómo lo ha conseguido? Poniendo en marcha un generoso programa de cooperación con los países de los que parten las embarcaciones (Túnez, Argelia y Libia) por valor de 5.500 millones de euros, casi el doble de todo lo que España dedica a cooperación en el mundo. El Gobierno no ha facilitado a infoLibre cifras sobre lo que destina a África en materia de migraciones (seguridad, formación, cooperación y promoción empresarial).

Meloni presentó su estrategia en enero en formato “plan de desarrollo para África” en una cumbre de líderes del continente celebrada en Roma. Formalmente, busca crear empleos y oportunidades en origen en África y disuadir a sus jóvenes de realizar migraciones peligrosas a través del mar Mediterráneo, a partir de proyectos piloto en áreas como educación, atención médica, agua, saneamiento, agricultura e infraestructura energética. A cambio, los países receptores se comprometieron a impedir el paso a los migrantes, en su mayoría originarios del Sahel.

En mayo, Meloni convocó a los gobiernos de Túnez, Argelia y Libia para reducir la llegada de migrantes irregulares a través del Mediterráneo central. El ministro del Interior, Matteo Piantedosi, acogió en la capital italiana a sus homólogos de estos tres países con el objetivo de conseguir “una reducción de los flujos ilegales” de migrantes. La “prioridad estratégica”, señaló abiertamente Piantedosi, “debe ser trabajar para reforzar la estabilidad de las fronteras terrestres, empezando por la zona del Sahel”. Una forma de expresar lo que no deja de ser una externalización de fronteras para impedir el paso a los migrantes a cambio de recursos económicos.

El país del norte de África con el que las autoridades italianas han estrechado más sus relaciones en el ámbito migratorio este último año es Túnez. Meloni lo ha visitado hasta en cuatro ocasiones en menos de un año, siempre con la cuestión migratoria en el centro de las conversaciones. La última tuvo lugar en abril.

Los migrantes que ahora ya no pueden viajar a través de esa ruta —Túnez, Argelia y Libia lo impiden— buscan ahora alcanzar Europa partiendo de las costas de África Occidental y llegando hasta las Islas Canarias, la travesía más peligrosa del mundo. El resultado ha sido un incremento sin precedentes de la llegada de cayucos, con 21.620 personas solo entre los meses de enero a julio, siempre según datos de Frontex. La mayoría vienen de Malí (9.319), huyendo de la guerra. Les siguen los migrantes de Senegal (4.302), Marruecos (2.001) y Mauritania (1.815), a los que hay que sumar 1.452 cuya nacionalidad se desconoce.

Los 5.500 millones que Italia ha puesto a disposición de Túnez, Argelia y Libia a cambio de que estos países impidan el tránsito de migrantes hacia sus costas dan una idea de lo limitado del esfuerzo económico del Gobierno español con el mismo objetivo. Pedro Sánchez anunció 300 millones para Mauritania el pasado mes de febrero, a la vista de que los migrantes que ya no pueden viajar a través del Mediterráneo central lo intentan ahora a través del Atlántico. Una suma sustancialmente menor que la italiana.

El problema no tiene, de momento, un horizonte de solución. Las medidas que Pedro Sánchez impulsa estos días en su gira por la zona (este martes en Mauritania y miércoles y jueves en Gambia y Senegal) solo pueden dar resultados, si lo consiguen, muy a largo plazo, reconocen fuentes del Ejecutivo.

La más importante de ellas, la llamada migración circular (programas de migración legal a demanda de empresas españolas con formación y compromiso de retorno), apenas alcanza, de momento, a 17.400 migrantes de Marruecos, Colombia, Honduras, Ecuador, Senegal, Argentina y Uruguay. Por poner un ejemplo (el Gobierno no ofrece más datos), de la zona que está visitando Sánchez, apenas 141 senegaleses han tenido la oportunidad de beneficiarse del programa.

En cualquier caso, no es útil para la situación actual, porque este programa ha sido diseñado para migrantes económicos y no para los refugiados malienses que huyen de la violencia en su país. Ellos son ahora mismo el grueso de los que se suben a los cayucos, rumbo a Canarias: no tienen alternativa para buscar refugio.

La llegada de migrantes al archipiélago se ha ido desacelerando, pero todo el mundo da por hecho que volverá a dispararse en otoño, cuando las condiciones en el Atlántico favorezcan la travesía. Mientras tanto, el Gobierno continúa sin resolver la reubicación de casi 6.000 niños y niñas llegados a Canarias cuyo traslado a la Península está bloqueando el Partido Popular.

Para complicar más las cosas, en los últimos días ha aumentado significativamente la presión migratoria sobre Ceuta, un suceso que el Gobierno se esfuerza en desvincular de la voluntad de Marruecos, a pesar de que todo indica que no sería posible sin la colaboración —por omisión— de las autoridades del país.

La ciudad autónoma ha experimentado en los últimos días la llegada de cientos de migrantes a nado, en una situación que recuerda el caos vivido en mayo de 2021, cuando Rabat presionó al Gobierno español para que cambiara de postura sobre el Sáhara, facilitando la llegada de más de 8.000 personas de forma irregular.

La delegada del Gobierno en Ceuta, Cristina Pérez, reconoció este lunes que la ciudad vive una situación de presión migratoria “extrema”, con una media de intentos de entrada de 500 personas diarias procedentes de Marruecos y Argelia. Tan solo este pasado domingo lo intentaron 1.500 personas. La media de devoluciones al día, según Pérez, oscila entre las 150 y las 200 personas, en virtud del convenio que permite a las autoridades españolas trasladar de regreso a su país a los varones marroquíes que llegan de forma irregular a Ceuta.

La posición del Gobierno no ha variado. Reivindica como propio el Pacto Europeo de Inmigración y Asilo, así como el apoyo a “políticas de integración” que pongan en valor la contribución de los extranjeros a la riqueza de España. “Si hoy tenemos más de 21 millones de cotizantes a la Seguridad Social”, recordó este martes la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, “también es gracias a esos trabajadores que vienen de fuera de nuestro país”. “Dentro de esos más de 21 millones de cotizantes a la Seguridad Social, el 13,5% son personas que han venido de fuera”.

Con todo, explicó Alegría, la política de inmigración del Gobierno incluye “claramente una política de cooperación” con los países de origen y tránsito que, por diversos medios, policiales y de promoción económica, tratan de desincentivar la migración irregular. “Muchas veces ese desafío se fragua a miles de kilómetros de nuestras costas. Y es fundamental incrementar esas políticas”.

La precariedad de la posición del Ejecutivo en esta materia volvió a quedar de manifiesto este martes en el Congreso. Sánchez salvó in extremis tener que explicar, en sesión extraordinaria en la Cámara Baja, su política migratoria, tras un triple empate en la Diputación Permanente. La petición del PP contó con el apoyo de Vox y Junts y la abstención de Podemos.

La muerte de Yevgueni Prigozhin el 23 de agosto de 2023, cuando su avión estalló en pleno vuelo entre Moscú y San Petersburgo, dio un vuelco a la investigación sobre el grupo Wagner que dos periodistas, la francesa Lou Osborn y el suizo Dimitri Zufferey, estaban a punto de terminar en esas fechas después de casi un año de trabajo. Si el golpe de Estado que protagonizó Prigozhin sólo dos meses antes, rebelándose contra Vladimir Putin y dirigiendo a sus mercenarios desde Ucrania hacia Moscú, ya era un magnífico y desconcertante giro de guión, la explosión en el aire del jet donde viajaba toda la cúpula de Wagner abría un capítulo inédito lleno de interrogantes en la historia del grupo de mercenarios más famoso del siglo.

Osborn y Zufferey desnudan en Los señores de la guerra. Qué es Wagner y cómo actúa el aparato militar ruso (Altamarea) los múltiples rostros del que hasta ahora se consideraba “el ejército de Putin en la sombra”. De hecho, tras el exhaustivo trabajo de ambos periodistas, queda claro que no era, en ningún caso, tan secreto como podría pensarse de un grupo a medio camino entre el mercenariado y lo paramilitar. Es el primer libro sobre Wagner y acaba de ser traducido al español, tras ver ediciones en polaco y neerlandés, y le esperan las versiones en alemán y finlandés.

En realidad, Wagner era –sigue siendo– mucho más que una simple milicia privada. Lo prueban Osborn, investigadora del grupo All Eyes on Wagner y del Centro para la Resiliencia de la Información (CIR), y Zufferey, de la radiotelevisión pública suiza RTS, con una admirable indagación basada únicamente en fuentes abiertas que sorprenderá a más de uno por la profundidad de sus resultados. La disección a la que los autores someten a la criatura de Prigozhin ayuda a despejar la incógnita que sobre el futuro de Wagner abrió la explosión del jet el pasado agosto: sí, sobrevivirá a la muerte de su fundador. Es una marca, advierten, “lista para ser franquiciada”. “El gran cambio [tras la muerte de Prigozhin] es que ya no hay una figura específica que comunique. El silovik [político ruso que proviene de los servicios de inteligencia] que era Prigozhin es una fórmula que ahora el Kremlin quiere evitar”, explica a infoLibre Dimitri Zufferey.

El trabajo de Osborn y Zufferey es doblemente meritorio si se tiene en cuenta la naturaleza de Wagner. Los periodistas no dudan en describirla como una “nebulosa”. No sólo es el brazo armado del Kremlin, o una empresa militar privada de las que hay decenas, en Rusia y en otros países. Estados Unidos la considera una “organización criminal internacional” y la Unión Europea, una “organización terrorista”. Osborn y Zufferey, por su parte, aseguran que Wagner “ha llegado más lejos que nadie” en el mercado de la seguridad privada, hasta convertirse en la “estructura mercenaria más poderosa del mundo, la única que utiliza aviones, lanzamisiles, aeronaves de gran capacidad y tanques”.

Pero su actividad supera con mucho el terreno militar. El “mercenariado 2.0” de Wagner, detallan los autores, incluye campañas de desinformación en internet con granjas de trolls, así como una variada gama de rentables actividades económicas, desde la explotación de minas, la ganadería y el negocio forestal hasta la producción de películas de propaganda al estilo Marvel. Cuenta con su propia agencia de prensa, Ria-Fan. El grupo es también un “Estado dentro del Estado”, que opera sin someterse a ley alguna –en Rusia los mercenarios son ilegales–, pero que siempre ha contado con la protección del Estado ruso y el apoyo financiero del Kremlin.

Pues bien, los periodistas han conseguido desnudar las actividades de este grupo “opaco y criminal” utilizando sólo herramientas de investigación en línea, lo que se conoce como Open Source Intelligence (Osint). Es sorprendente la huella digital que Wagner, las decenas de empresas que integran el grupo de Prigozhin y sus miles de soldados han dejado al alcance de cualquiera con un mínimo de interés. Fotos, vídeos y datos publicados por los mercenarios en redes sociales como Telegram, e imágenes tomadas por satélites comerciales han permitido rastrear los movimientos de la milicia, presente en al menos una quincena de países.

También se han ayudado los autores de filtraciones de datos, porque a Wagner, irónicamente, lo han hackeado varias veces piratas informáticos, ha sufrido su WagnerLeaks. Así tuvieron acceso, por ejemplo, a la lista completa de su personal y sus nóminas, o a la contabilidad. Contratos de las empresas del grupo, documentos firmados por funcionarios rusos, junto con relatos de testigos y exmercenarios, han permitido completar el retrato del neblinoso Wagner.

No era menor el desafío: aunque fue creado en 2014, hasta el otoño de 2022 no hubo una confirmación oficial de la existencia del grupo y de la relación de éste con Yevgueni Prigozhin. Fue a través de un vídeo, difundido en Telegram, donde Prigozhin aparece vestido con uniforme militar ante los presos de una cárcel de la república de Mari-El, a 650 kilómetros de Moscú, y les promete la libertad a cambio de alistarse durante seis meses en una empresa militar privada para luchar en Ucrania. Para entonces la invasión rusa llevaba en marcha ocho meses. Y no fue hasta junio de 2023, casi un año más tarde, cuando Putin reconoció públicamente que había financiado a Wagner en todas las acciones que había emprendido hasta ese momento.

Gracias al libro de Osborn y Zufferey, el lector descubrirá que el grupo ha llegado a tener 25.000 hombres, si hay que creer a Prigozhin, porque, según EEUU, sólo en Ucrania a finales de 2022 Wagner tenía desplegados hasta 50.000, de los que únicamente 10.000 eran mercenarios, y el resto exprisioneros. Los primeros no sólo son rusos, también los hay sirios –18.000–, chechenos, de los Balcanes, libios o de la República Centroafricana. El perfil: veteranos con experiencia militar y una edad media de 30 años. En Ucrania cobraban 2.000 euros al mes, pero el sueldo podía aumentar a 3.100 euros si entraban en operaciones paramilitares. Percibían un bonus semanal de 1.050 euros si participaban en un enfrentamiento armado con el ejército ucraniano. Un dato que da para un estupendo meme: ni siquiera los mercenarios escapan a los conflictos laborales. En Malí se declararon en huelga en 2022 porque no les pagaban. Después empezaron a saquear poblados. Allí cobraban de 7.000 a 9.000 euros al mes.

Para los expresidiarios, que llevan una letra K en los uniformes, la experiencia en Wagner era mucho más cruda: no sólo no se les pagaba el bonus por combate, sino que, sobre todo, servían de carne de cañón, aseguran Osborn y Zufferey. “Su trabajo”, resumen, “es avanzar y morir, avanzar o morir, avanzar para morir. Nunca duran mucho”. Son soldados “de un solo uso”, sin experiencia, a los que no se les permite retirarse. En Bajmut (Ucrania), cayeron el 99%. En febrero de 2023 se detuvo por completo el reclutamiento de prisioneros. Pero en el primer trimestre de 2022 habían salido de las cárceles rusas 23.000 reclusos y 6.000 en el segundo.

La idea de crear Wagner partió de un mercenario sudafricano, Eeben Barlow, que presentó al Estado Mayor ruso en 2010 un modelo para formar una empresa militar privada adaptada a las necesidades rusas. Pero a quien los autores atribuyen el nombre del grupo es a Dimitri Utkin, piloto militar y comandante de las fuerzas especiales con misiones en Afganistán y Chechenia, que pasó por otras dos empresas privadas de seguridad, Moran y Slavonic Corps, antes de integrarse en Wagner. También murió en el avión accidentado con Prigozhin. El apellido del compositor alemán, y de un general de la Wehrmacht, es el apodo que Utkin utilizaba para sus comunicaciones por radio. Resulta que el piloto también era un gran admirador del Tercer Reich y de Adolf Hitler.

Porque, aun tratándose de mercenarios, de soldados que luchan por dinero, Wagner se construye sobre una base ideológica muy marcada. El Movimiento Imperial Ruso (MIR) se la proporciona con su promoción del nacionalismo étnico ruso y sus centros de entrenamiento paramilitar, sostienen los periodistas. De hecho, en Wagner existen unidades especializadas integradas por milicias de extrema derecha, de ideología nazi, como una llamada Rousitch, que mantienen vínculos con el MIR, incluido desde 2020 en la lista de organizaciones terroristas de EEUU.

Aunque a Prigozhin, y al Kremlin, les interesaba mucho más otra parte fundamental del grupo: los negocios. Wagner es una estructura a medio camino entre el holding de oligarcas rusos y el crimen organizado. M-Finance LLC, Diamville, Bois Rouge, Lobaye Invest o Service K en la República Centroafricana; Evro Polis LLC en Siria, Broker Expert LLC en Sudán, Megaline LLC, M-Invest LLC, Agro Kapital LLC… forman parte de la red. Lakhta Plaza LLC, una inmobiliaria, está a nombre del hijo de Prigozhin.

Son sólo algunas de las empresas relacionadas con Wagner o con Concord, el grupo creado por Prigozhin, en principio sólo dedicado al cáterin. Eso sí, el más grande de este sector en Rusia. Primero suministraba a los comedores escolares, después al Ejército. Pero enseguida fue mucho más lejos. Los autores calculan que, entre 2014 y 2021, Prigozhin se hizo con licitaciones públicas adjudicadas a Concord por valor de 5.600 millones de euros.

Osborn y Zufferey precisan, no obstante, que esa cantidad es sólo una mínima parte de los ingresos de Wagner. En todos los países en los que se ha asentado la milicia, Prigozhin firmaba suculentos acuerdos con los gobiernos. Vendía seguridad a cambio de recursos naturales. En Siria y Libia se quedaba con yacimientos petrolíferos, en Sudán y en Malí con minas de oro –con Meroe Gold Mining Company–, en la República Centroafricana con diamantes y maderas tropicales, en Mozambique lo intentó, sin éxito, con yacimientos de gas. Los gobiernos centroafricanos, embarcados en una cruenta lucha con grupos yihadistas, han entregado a los rusos sus fuentes de riqueza para pagarles el entrenamiento de sus inexpertos ejércitos y la ayuda de los mercenarios en los combates. La factura es onerosa: la República Centroafricana paga a Wagner por sus servicios 78,2 millones de euros, el 20% de su presupuesto anual. Los autores calculan que desde que la milicia rusa puso un pie en el empobrecido país, ha cobrado un total de 390 millones de euros.

En 2022, los turbios negocios con los diamantes y las maderas exóticas en la República Centroafricana fueron destapados por la red de medios European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre, en colaboración con All Eyes on Wagner. A continuación, EEUU sancionó a Bois Rouge y a Diamville, las empresas rusas señaladas en esa investigación, por sus vínculos con Prigozhin.

Pero la huella de Wagner se ha detectado también en Burkina Faso, islas Comoras, Nigeria, Congo, Camerún, Chad, e incluso mucho más lejos, destacan Osborn y Zufferey, en Venezuela y Perú.

Su presencia en África es un hecho conocido. Ha desplazado a los franceses en todo el Sahel, donde la antigua potencia colonial concentra el rechazo de la población. Y se ha hecho fuerte gracias al combate con los islamistas y a su absoluta falta de escrúpulos. Los mercenarios dejan un rastro de abusos y vulneraciones de los derechos humanos que incluyen torturas, asesinatos, saqueos y violaciones. Redadas en aldeas, ejecuciones, masacres en mezquitas… algunas de las atrocidades fueron grabadas y compartidas en las redes sociales por los propios rusos.

La reacción internacional a sus actividades ha sido notoria, aunque escasamente eficaz. Prigozhin fue sancionado por la Unión Europea en octubre de 2020 por infringir el embargo a Libia. Reino Unido y Francia hicieron lo propio con Wagner al año siguiente. También EEUU lo ha incluido en su lista de sanciones. Lituania, Países Bajos, Bélgica y Francia lo declararon “organización terrorista” en la primavera de 2023.

Pero ni esas medidas ni la muerte de su creador parecen haber hecho mella en la “nebulosa”. El libro deja claro que no ha habido cambio alguno en los registros mercantiles rusos que haya afectado a la red de empresas asociadas a Wagner desde junio de 2023, cuando Prigozhin se rebeló contra Putin. Además, el Kremlin pretende seguir manteniendo la influencia rusa en África y, apuntan los autores, está creando dos nuevas empresas militares privadas, llamadas Redut y Convoy, que disfrutan del mismo apoyo financiero que Wagner pero son controladas por el servicio de inteligencia militar ruso (GRU). E incluso hablan de un posible nuevo director del entramado: el general Andréi Averyanov.

Esos movimientos no responden en ningún caso la pregunta de qué ha ocurrido con los miles de mercenarios de Wagner en los últimos siete meses. Su creador se instaló durante casi 20 años en las esferas más altas del poder ruso, pero ni siquiera ese estatus le garantizó la protección frente a Vladimir Putin tras desafiarlo. Osborn y Zufferey lo describen como un personaje de Rabelais: “Ladrón, preso, comerciante, comisionista del zar, traidor”.

Su biografía es carne de serie en Netflix. Estuvo nueve años en la cárcel tras ser condenado por hurto organizado, estafa y prostitución de menores en San Petersburgo. Y pasó de vender perritos calientes –tras un viaje inspirador a EEUU– a abrir un casino. Después se dedicó a los restaurantes de lujo, lo que le proporcionó el contacto con la élite rusa, y con Putin, que entonces era consejero del alcalde de la ciudad. Apodado “el cocinero de Putin”, casi de forma despectiva, amasó una auténtica fortuna, convirtiéndose en otro miembro más de “la estructura cleptocrática del Kremlin”, dicen los autores.

Ebrio de poder, retó al zar Putin y perdió. Wagner fue crucial en la anexión de Crimea y en la guerra de Ucrania, además de herramienta fundamental de la nueva geopolítica que quiere imponer Rusia en África. Muerto Prigozhin, la hidra –así la llaman Osborn y Zufferey– ha sido decapitada, pero Wagner fue un invento de Putin –“Prigozhin no era un ideólogo, ni un político, ni siquiera un militar”, aclaran–, se construyó a la sombra y con el dinero del Kremlin y, advierten los autores del libro, seguirá impulsando con la fuerza de las armas la política de influencia rusa en todo el mundo.

Eran las 15.22 horas del 7 de junio de 2021 cuando un taxi recogió a Olivier Bohbot a la salida de su cita. El número dos del grupo francés Nexa, especializado en equipos de espionaje y vigilancia, ha dado como dirección al taxista el bulevar Mortier, en el distrito 20 de París. Justo enfrente de la sede de la Direction Générale de la Sécurité Extérieure (DGSE).

Que el prestigioso servicio de inteligencia exterior francés reciba a uno de sus proveedores, fabricante de tecnologías sensibles, es perfectamente normal. Pero que siga haciendo negocios con Nexa es, cuanto menos, sorprendente.

Desde 2011, la empresa, antes conocida como Amesys, es objeto de una investigación judicial por haber vendido a Libia, bajo el dictador Gadafi, un sistema de vigilancia por internet que permitía espiar y seguir a los opositores al régimen. En 2017 se abrió una segunda investigación por los mismos motivos, relativa a la venta del mismo sistema a Egipto, pocos meses después del golpe de Estado del mariscal al-Sisi.

El 15 de junio de 2021, una semana después de su reunión en la sede de la DGSE, Olivier Bohbot y otros ejecutivos de Nexa fueron detenidos por gendarmes de la Oficina Central de Lucha contra los Crímenes contra la Humanidad y los Crímenes de Odio. Al mismo tiempo, un juez de instrucción dictó varios autos de procesamiento por complicidad en torturas. Los directivos de Nexa niegan los cargos que se les imputan.

Éste es uno de los aspectos más sorprendentes del asunto: a pesar de las fuertes sospechas de violaciones de los derechos humanos, la DGSE, y en general el Estado francés, ha mantenido su apoyo a Nexa, que entre 2014 y 2021 se benefició de al menos 11 millones de euros en contratos con varios servicios de inteligencia y con los ministerios del Interior, Justicia y Defensa. Éstas son las conclusiones de la investigación Predator Files, basada en documentos confidenciales obtenidos por Mediapart y Der Spiegel y compartidos con la red de medios EIC, a la que pertenece infoLibre, que en esta ocasión ha trabajado con Shomrim (Israel), Die Wochenzeitung (Suiza), Reporters United (Grecia), Domani (Italia), Daraj Media (Líbano) y The Washington Post (EEUU), así como con el apoyo del Security Lab de Amnistía Internacional.

Nexa, que entonces se llamaba Amesys, estaba en contacto “todo el tiempo” con el servicio de inteligencia de entonces, “porque Amesys es uno de los principales proveedores de la DGSE”, declaró el antiguo presidente de la empresa, Philippe Vannier.

A partir de 2006, a petición del dictador libio Muamar Gadafi y con el beneplácito del presidente Nicolas Sarkozy, Amesys desarrolló el software Eagle, el primer sistema capaz de vigilar internet a escala de todo un país. Según las informaciones a las que ha tenido acceso EIC, la DGSE seguía muy de cerca esta proeza tecnológica y el contrato libio.

Varios testigos declaran que fue la DGSE, a través de su propio director técnico, Bernard Barbier, quien pidió a Qosmos, otra empresa francesa, que colaborara con Amesys para proporcionarle una sonda de interceptación del tráfico de internet, necesaria para que Eagle funcionara correctamente.

Un agente de la DGSE declaró al juez instructor que, cuando estalló una disputa comercial entre Amesys y Qosmos, su departamento le pidió, “extraoficialmente”, que llevara a cabo una “mediación” para reconciliar a las dos empresas.

La DGSE se negó a responder a las preguntas de Mediapart. Stéphane Salies y Olivier Bohbot, directores y accionistas mayoritarios de Nexa, aseguraron que era “normal” en su actividad comercial “tener contactos con las autoridades”, pero declinaron hacer más comentarios.

Estas buenas relaciones vienen de lejos. En un folleto comercial, los dos directores de Nexa se describían a sí mismos como poseedores de “más de 20 años de experiencia en la venta de soluciones [...] a la DGSE”. Varios empleados confirmaron a la policía que el director general del grupo, Stéphane Salies, tenía estrechos vínculos con el servicio, así como con Bernard Barbier, director técnico de la DGSE de 2006 a 2013. Contactado por Mediapart, éste no ha contestado a sus preguntas.

Dos antiguos empleados de Amesys declararon a la policía que Eagle estaba equipado con una puerta trasera que permitía a Amesys acceder al software sin que su cliente libio lo supiera. Como reveló Intelligence Online, uno de los dirigentes del grupo, Renaud Roques, fue aún más lejos y explicó ante el juez de instrucción que esa puerta trasera había sido “diseñada por la DGSE”, para que los servicios secretos pudieran “conectarse de forma discreta e indetectable al sistema libio” y “acceder a la lista de objetivos” del espionaje.

Con la esperanza de que se confirmara su versión, Renaud Roques exigió, y consiguió, que tres ingenieros de la DGSE en funciones en aquel momento fueran entrevistados de forma anónima por el juez. Pero éstos se negaron a comentar la existencia de esta posible “puerta trasera”, ya que el tema está “clasificado como secreto de defensa”. Sin embargo, uno de los agentes secretos alabó el diálogo “constante y de calidad” con Amesys sobre Libia: “La empresa respondía a nuestras preguntas y nos mantenía al corriente de la evolución del contrato”.

Mediapart ha podido identificar a los antiguos funcionarios de la DGSE que fueron entrevistados anónimamente por el juez. Dos de ellos pasaron a trabajar para la Agencia Nacional Francesa de Seguridad de los Sistemas de Información (ANSSI), encargada de proteger a los organismos públicos y a las empresas contra los ciberataques. A partir de la década de 2010, ocuparon allí puestos de alto rango.

Un documento incautado durante el registro confirma el papel desempeñado por estos dos agentes de la DGSE en el contrato libio. El documento es un registro manuscrito de una reunión que mantuvieron con ejecutivos de Amesys en el “MinDef” el 15 de enero de 2007. Según el documento, hablaron del “producto Eagle”, así como de las instrucciones de seguridad destinadas a evitar filtraciones: “Limitar al mínimo el número de personas en el bucle", “tener cuidado con las fuentes y el acceso a las fuentes”.

A partir de marzo de 2011, tras la intervención militar occidental que condujo al derrocamiento y muerte de Gadafi, cundió el pánico. Nicolas Deckmyn, un joven ingeniero de Amesys en aquella época, relató cómo fue “convocado” urgentemente por la DGSE para que facilitara las coordenadas de los lugares donde estaba instalado el sistema Eagle. “Creo que era para intervenir, para bombardear los tres emplazamientos”, dijo a los gendarmes. Para no dejar rastro de la ayuda de Francia al dictador libio.

Uno de los edificios fue completamente arrasado y los otros dos fueron limpiados, sin que se sepa por quién. En agosto de 2011, cuando dos periodistas de The Wall Street Journal visitaron uno de los centros y revelaron la existencia del sistema Eagle, encontraron documentos en papel, pero los servidores informáticos habían desaparecido.

Tras el escándalo y la apertura de una primera investigación judicial sobre el contrato libio, Stéphane Salies, uno de los altos ejecutivos de Amesys, compró la tecnología Eagle, la rebautizó como Cerebro y la alojó en una nueva empresa llamada Nexa, que se hizo cargo de la mayoría de sus empleados. El objetivo: hacer olvidar el nombre de Amesys. Al mismo tiempo, creó en Dubái una empresa hermana, y discreta, llamada Advanced Middle East Systems (AMES), que tiene la enorme ventaja de poder exportar sin solicitar licencias en Francia.

Durante su detención policial, Stéphane Salies declaró que “las autoridades francesas y los servicios franceses habían sido informados [de la creación de AMES] y no habían planteado ninguna objeción. “Me refiero principalmente a la DGSE”, precisó. “¿Tenía la DGSE alguna petición?”, preguntó el gendarme. “Sí, pero no puedo revelarlas, porque es clasificado”.

Se desconoce si la DGSE aprobó extraoficialmente el hecho de que Nexa pudiera exportar desde Dubái, eludiendo a las autoridades francesas. Sin embargo, un documento encontrado durante los registros policiales muestra que el Ministerio de Economía, encargado de expedir las licencias de exportación, fue informado de la creación de AMES y no se opuso.

Interrogada como testigo, Rachida H., responsable administrativa de Nexa, declaró que, tras el asunto libio, “resultó difícil restablecer la confianza con los servicios de inteligencia”. La investigación judicial ha demostrado, por el contrario, que las relaciones se caldearon con rapidez. Un documento interno de 2014 indica que Nexa tenía entonces un contrato por valor de “10 millones de euros al año” para suministrar a la DGSE IMSI catchers, los dispositivos que interceptan las comunicaciones móviles en un radio de unos cientos de metros. Sin embargo, el contrato parece haberse interrumpido, ya que EIC no ha encontrado ningún pago por este importe.

En diciembre de 2020, Renaud Roques se mostró preocupado en un grupo de discusión interno: “Hola, ¿alguno de vosotros tiene acceso a la cuenta de Nexa [en Société Générale] para ver si hemos recibido una transferencia de 200k de la DGSE? Me gustaría estar seguro antes de seguir [...] más tarde hoy. El número dos de Nexa, Olivier Bohbot, le remitió a otro empleado para que comprobara si efectivamente se habían pagado los 200.000 euros. Por lo que ha podido averiguar EIC, la investigación judicial no ha determinado qué se pagó a cambio de esta elevada suma.

Los agentes secretos franceses también ayudaron a Nexa a exportar: un documento de 2014 enumera campañas de ventas en India, Mali, Mauritania y Senegal, realizadas con el “apoyo de los servicios franceses”. Y cuando la DGSE pareció dar una “opinión” negativa sobre la venta del sistema de interceptación masiva de internet Cerebro a los servicios secretos paquistaníes, Renaud Roques, número tres de Nexa, escribió en su cuaderno que tenía que “indagar para encontrar la razón”. Este cuaderno de notas manuscritas, fechado en 2015 y 2016, menciona también una reunión con un agente de la DGSE cuyo seudónimo era Clovis, para recomendarle un sistema de radio fabricado por el grupo alemán Plath, accionista al 30% de Nexa.

Casualmente, Nexa tuvo que tratar de nuevo con uno de los antiguos agentes de la DGSE que había supervisado el contrato con la Libia de Gadafi cuando ya estaba en la ANSSI. Esta agencia es la encargada de expedir las autorizaciones a las empresas para importar y vender material de vigilancia en territorio francés. Los gendarmes encontraron una lista de 29 productos de Nexa que habían recibido autorización de la ANSSI en aquella época. Además del software Cerebro, se trataba de un potente sistema israelí de infección telefónica, otro de interceptación en la nube, un tercero de interceptación de “flujo de satélites” y varios tipos de IMSI catchers.

En un breve informe, los gendarmes consideran que Nexa ha minimizado las capacidades reales de sus productos en las solicitudes de licencia enviadas a varios organismos de control: “La descripción es diferente de lo que aparece en los contratos y folletos de venta”. Citan como ejemplo una solicitud de autorización enviada a la ANSSI en 2017 sobre una sonda, conectada a Cerebro, que captura el tráfico de internet. “En ningún momento se menciona la capacidad máxima y las funciones ilimitadas de esta tecnología”, escriben.

El alto funcionario de la ANSSI que validó y firmó la autorización estaba, sin embargo, muy familiarizado con las capacidades del producto desplegado en Libia: fue uno de los tres ingenieros de la DGSE que estuvieron en contacto con la empresa sobre este asunto y que finalmente fueron oídos por los tribunales.

EIC se ha puesto en contacto con este ingeniero, quien respondió que no podía comentar nada que caiga bajo la protección de los secretos de la defensa nacional. Sin embargo, señaló que la ANSSI no era responsable de las licencias de exportación y que siempre especificaba las “limitaciones” aplicables a las ventas en Francia: “Las soluciones de interceptación como las que usted menciona están limitadas sistemáticamente a los ‘servicios autorizados”, es decir, a los servicios secretos.

Pero la DGSE no es la única agencia gubernamental que utiliza los servicios de Nexa. Un documento interno de 2014 indica que la compañía francesa tenía entonces otros tres contratos sensibles, cuya naturaleza no se especifica: uno “pequeño” con el Ministerio del Interior, uno “mediano” con la Dirección de Inteligencia Militar (DRM) y otro por valor de dos millones de euros con la Dirección General de Armamento (DGA).

Además, la agenda de Renaud Roques incluye una reunión con el comisario responsable de la dirección técnica de la DGSI –la inteligencia interior–, una visita del ministro del Interior a los locales de Nexa y una presentación de producto a una delegación del GIGN, el grupo de intervención de élite de la gendarmería.

La luna de miel con los servicios de inteligencia continuó mucho después de los primeros problemas legales de la empresa. En junio de 2021, cuando Nexa fue registrada, nueve de sus empleados aún seguían autorizados por el Ministerio de defensa a acceder a información clasificada como “confidencial de defensa” hasta 2025 o 2027, entre ellos Renaud Roques y el director general Stéphane Salies.

Incluso en sus documentos internos Nexa cultiva el secreto sobre sus contratos, designados con códigos, la mayoría de los cuales se refieren a dulces. Los contratos franceses se llaman Cachou –una marca de caramelos–, Paris-Brest –un pastel– o Calisson –un dulce tradicional– [los españoles llevan la etiqueta Turrón].

Entre los contratos firmados con el Estado francés entre 2014 y 2020, hay uno de 2016 por importe de 180.000 euros a cambio de un descodificador y un programa informático para el Groupement Interministériel de Contrôle (GIC), el organismo que gestiona las escuchas y vigilancias “administrativas” realizadas por los servicios secretos al margen de procedimientos judiciales.

En 2018, Nexa firmó un contrato de 219.000 euros con la Dirección de Inteligencia Militar, y otro de dos millones en 2020, bautizado como MilleFeuille –Milhojas–, con el Ministerio de Defensa, para sistemas de interceptación de comunicaciones móviles de tipo IMSI catcher. Uno de los componentes del proyecto, el “estudio mochila”, tenía como claro objetivo diseñar un dispositivo discreto que cupiera en una mochila.

En otros casos, no especifica la naturaleza del contrato, como el proyecto Papillon con el Ministerio de Justicia, por valor de 2,8 millones de euros.

A través de su filial Elektron –vendida en diciembre de 2021­, Nexa también fue muy activa en el ámbito de las escuchas telefónicas, a pesar del lanzamiento de un sistema único, PNIJ, que se confió a Thales a partir de 2017. Sin embargo, debido a problemas técnicos, varios departamentos interregionales de investigación criminal siguen utilizando el sistema de Nexa. En junio de 2021, el dueño de la empresa se felicitó por teléfono por un reciente pago de 500.000 euros recibido del ministerio por este concepto.

En julio de 2018, Nexa obtuvo un nuevo contrato con el Ministerio del Interior, denominado Pimousse –otra marca de caramelos–, por un sistema que se utiliza para complementar las escuchas telefónicas tradicionales: permite capturar, no sólo mensajes de voz y de texto, sino también datos de internet y geolocalización, según explicó un ingeniero de Nexa a los gendarmes.

Nexa también ha vendido un módulo de software llamado Jasmine, que puede identificar con quién habla una persona y la fecha de los intercambios –pero no su contenido–, incluso cuando el objetivo utiliza aplicaciones cifradas como Signal, WhatsApp o Telegram. “Este módulo [...] se utiliza para la interceptación judicial en Francia”, declaró a la policía el jefe de Nexa.

Un documento fechado en enero de 2021, en el que se enumeran las campañas de ventas en curso, muestra que Francia era un mercado prioritario: Nexa estaba en la carrera para intentar conseguir 18 contratos diferentes con ministerios o servicios de inteligencia, por un valor total de 10 millones de euros. Los principales incluían la ampliación del proyecto MilleFeuille con el Ministerio de Defensa por más de tres millones de euros y un sistema de escucha de teléfonos móviles con la DGSE por 400.000 euros.

Contactados por Mediapart para preguntarles por estos contratos, la DGSE y el Ministerio de Defensa se han negado a responder. El Ministerio del Interior tampoco ha contestado. El Ministerio de Justicia ha confirmado que utiliza Elektron para las escuchas telefónicas. Sin embargo, afirma que “nunca ha adjudicado un contrato a Nexa y nunca ha tenido ningún vínculo con esta empresa”.

Mientras suministraba a ministerios y a los servicios de inteligencia franceses, Nexa seguía exportando sus sistemas de vigilancia altamente intrusivos, incluido software de pirateo telefónico, a regímenes autoritarios. Como en los buenos tiempos del coronel Gadafi. Interrogado al respecto por el juez de instrucción, uno de los antiguos agentes de la DGSE confesó finalmente: “Estamos ante el problema habitual de la venta de armas, y sabemos muy bien que todo esto no puede ser siempre angelical”. En efecto.

Libia es un escándalo francés sin fin. Aunque ya había sido señalada por la Justicia por haber vendido sistemas de cibervigilancia al régimen del difunto dictador Muamar Gadafi, la empresa Nexa, vinculada a los servicios de inteligencia franceses, volvió a hacerlo 13 años después, esta vez en beneficio del actual hombre fuerte del este de Libia, el mariscal Haftar.

Así lo revela la investigación Predator Files, basada en documentos confidenciales obtenidos por Mediapart y Der Spiegel, y realizada por infoLibre y la red de medios European Investigative Collaborations (EIC), que en esta investigación ha trabajado con Shomrim (Israel), Die Wochenzeitung (Suiza), Reporters United (Grecia), Domani (Italia), Daraj Media (Líbano) y The Washington Post (EEUU), así como con el apoyo del Security Lab de Amnistía Internacional.

Nexa y sus principales directivos fueron acusados en junio de 2021 de complicidad en torturas en relación con el primer contrato libio, que fue firmado en 2007. Tanto la empresa como sus ejecutivos niegan estas imputaciones.

Fue durante esta investigación cuando los dos jueces de instrucción y los gendarmes de la Oficina Central de Lucha contra los Crímenes contra la Humanidad y los Crímenes de Odio (OCLCH) descubrieron que la empresa firmó a finales de 2020 un contrato de 3,3 millones de euros con el régimen de Haftar para suministrarle equipos de interceptación de teléfonos móviles. Ese contrato se celebró violando el embargo sobre la venta de armas a Libia, y a pesar de que el mariscal Haftar es objeto de investigaciones por crímenes de guerra, y de que su gobierno no está reconocido por la comunidad internacional.

Al descubrir estos hechos, las dos juezas de instrucción encargadas del caso, Stéphanie Tacheau y Ariane Amson, solicitaron, el 23 de junio de 2021, autorización para ampliar su investigación a tres delitos y faltas vinculados al contrato de Haftar.

Pero la Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT), dirigida por el fiscal Jean-François Ricard, y el Ministerio de Economía, encabezado por Bruno Le Maire, parecían decididos a frenar las investigaciones.

La fiscalía se negó a ampliar la primera calificación realizada por los magistrados: “participación en un acuerdo o en un grupo constituido con vistas a cometer crímenes de tortura y desapariciones forzadas en Libia”. Por tanto, de acuerdo con la ley francesa, los jueces sólo están autorizados a seguir examinando los documentos ya incautados y tienen prohibido llevar a cabo cualquier investigación adicional –audiencias, registros, escuchas telefónicas–.

No obstante, la fiscalía aceptó que la investigación se ampliara a la violación del embargo de armas en Libia. Pero esta vez fue el Ministerio de Economía el que bloqueó el procedimiento. Ese delito requiere, para iniciar el procedimiento, una denuncia firmada por el ministro de Economía, Bruno Le Maire. Y nunca la presentó.

Tras nueve meses de espera, los magistrados finalmente preguntaron a la fiscalía y obtuvieron, en marzo de 2022, la ampliación de la investigación a un delito menos grave, que no requiere el acuerdo de Economía: “exportación sin declaración de mercancías prohibidas”.

Preguntada por sus decisiones, la fiscalía no quiso explicar si había informado al ministro de que tenía que presentar una denuncia. Respondió que “el juez de instrucción conoce in rem [es decir, sobre los hechos, en lenguaje jurídico] y puede dar a los hechos otra calificación penal”. Pero esta declaración se contradice con la carta enviada al juez de instrucción en julio de 2022 por el vicefiscal primero de la fiscalía, quien establece que, a pesar de la remisión in rem, “la ausencia de denuncia” por parte del ministro no permite incoar un procedimiento por violación del embargo.

En resumen, en este nuevo asunto libio, Nexa parece haber sido protegida por el Estado francés.

¿Es el caso demasiado embarazoso quizá para el Gobierno de Francia? Las negociaciones comerciales entre Nexa y el mariscal Haftar coincidieron en el tiempo con los movimientos políticos del presidente Emmanuel Macron y de su entonces ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Yves Le Drian, para elevar el perfil del señor de la guerra libio en la escena internacional a pesar de su pésima reputación.

EIC preguntó a Emmanuel Macron y a Bruno Le Maire –su ministerio se encarga de las licencias de exportación de tecnología de vigilancia– si estaban informados del contrato entre Nexa y Haftar y si lo validaron. Macron no ha contestado. Le Maire Bruno no explica por qué no presentó una denuncia: “Dados los procedimientos judiciales en curso, no podemos hacer comentarios sobre este caso concreto. Dejaremos que los tribunales hagan su trabajo y den las respuestas que esperamos”.

Nexa siempre ha sabido alinear sus intereses con la política internacional más o menos discreta de Francia. La historia libia es un caso de manual de cómo funciona la diplomacia gala en este tipo de asuntos.

Un pequeño flashback. En la época en que aún se llamaba Amesys, Nexa ya había aprovechado la luna de miel entre el presidente francés Nicolas Sarkozy y Muamar Gadafi para desarrollar y luego vender al régimen de Trípoli, en 2007, el potente sistema Eagle, el primero del mundo capaz de vigilar masivamente internet a escala de todo un país.

El contrato, negociado con Abdalá Senusi, exmilitar libio, antiguo jefe de inteligencia y cuñado de Gadafi, que fue condenado en Francia a cadena perpetua por el atentado contra el avión DC-10 de la compañía UTA en 1988 –170 muertos–, se saldó con el pago de más de cuatro millones de euros en comisiones ocultas al intermediario Ziad Takieddine, un empresario franco-libanés próximo a Nicolas Sarkozy, en cuentas bancarias situadas en paraísos fiscales.

Estos hechos están hoy en el centro de la investigación por corrupción sobre la supuesta financiación por Gadafi de la campaña presidencial de Nicolas Sarkozy en 2007. Nicolas Sarkozy y tres de sus antiguos ministros, junto con otras nueve personas, acaban de ser enviados a juicio por este motivo. La Justicia francesa sospecha que los equipos vendidos entonces por Francia permitieron al régimen de Gadafi espiar, antes de detener y a veces torturar –o incluso algo peor–, a los disidentes de Bengasi que habían iniciado una revolución armada contra el autócrata libio a raíz de la Primavera Árabe.

La guerra en Libia que siguió entre marzo y octubre de 2011 a la caída del régimen y la muerte de Gadafi reveló los compromisos de Amesys con la dictadura. A su vez, desencadenó investigaciones de la prensa y la presentación de una denuncia por parte de dos ONG, la Liga de Derechos Humanos (LDH) y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH). Ambas consiguieron que se abriera un procedimiento penal contra Amesys.

En el proceso, la empresa se rebautizó como Nexa y cambió el nombre de su software de Eagle a Cerebro, con la esperanza de continuar sus actividades discretamente.

Pero, contra todo pronóstico, la desaparición del régimen de Gadafi no sofocó las ambiciones empresariales de Nexa en ese país. Como demuestran documentos internos obtenidos por Mediapart, la empresa francesa volvió a invertir en territorio libio en 2013. A pesar del embargo sobre la venta de armas votado por el Consejo de Seguridad de la ONU en febrero de 2011. Y a pesar de que, tras la guerra, una parte importante del país se encontraba en manos de milicias, señores de la guerra e islamistas sin ley.

“Desde que Muamar [Gadafi] ya no está, ha perdido color de todos modos...”, bromea el comercial de Nexa Raphaël C. en un SMS enviado en enero de 2013 al número tres del grupo, colgando una foto de las vistas al mar desde su habitación de hotel en Trípoli. ¿El objetivo del viaje? Vender Cerebro al nuevo régimen. La operación lleva el nombre en clave de Phoenix. Nexa quiere resurgir de sus cenizas en Libia, en el mismo lugar donde vendió por primera vez su software de espionaje.

Pero el viaje no es fácil. “Siempre hay tiros por todas partes. [...] Están todos armados menos yo”, escribía Raphaël C. el 21 de enero de 2013. El vendedor intentó visitar los centros de vigilancia donde se habían instalado los equipos de Nexa antes de la guerra, pero sólo pudo echar un vistazo al edificio antes de dar media vuelta: “Evitamos parar porque hay milicias en esta calle”.

En septiembre de 2013, Raphaël C. se quejó de que un intermediario estaba difundiendo demasiado la propuesta comercial de Nexa: “Si esto acaba en la mesa de un periodista, tendríamos problemas”. Pese a sus esfuerzos y a una reunión con el “hermano del presidente de la República”, la operación fue un fracaso.

Dos años más tarde, Nexa dio la espalda al Gobierno de Trípoli y acudió al más poderoso de sus enemigos: el mariscal Haftar. El primer contacto comercial se produjo en 2015, cuando un representante del mariscal visitó el stand del grupo francés en una feria internacional de Dubái.

Por aquel entonces, Jalifa Haftar ya se había convertido en el hombre fuerte del este de Libia. Antiguo jefe de la fuerza expedicionaria del ejército de Gadafi, el militar se pasó a la oposición en los años 80 antes de exiliarse en Estados Unidos. Regresó a Libia en 2011 para apoyar la insurrección contra Gadafi y unos años más tarde asumió el mando del Ejército Nacional Libio (ENL), una autoproclamada fuerza militar, convirtiéndose de hecho en una especie de procónsul de la mitad oriental del país.

Sin embargo, Jalifa Haftar fue excluido de la coalición que formó el Gobierno de Acuerdo Nacional Libio, reconocido en diciembre de 2015 por el Consejo de Seguridad de la ONU como “el único gobierno legítimo de Libia”. Inspirado en el nacionalismo árabe, reúne una red heterogénea de fuerzas tribales, antiguos partidarios de Gadafi y antiislamistas. Presentado como un baluarte contra los yihadistas, ha recibido el apoyo oficial de varias potencias internacionales, en primer lugar de Egipto y Emiratos Árabes Unidos. Egipto no dudó en utilizar cazas Rafale comprados a Francia para llevar a cabo campañas de bombardeos en beneficio de Haftar; en cuanto a los Emiratos, se cree que han financiado en gran medida las ambiciones de Jalifa Haftar. Por no hablar de la milicia rusa Wagner, que también acudió en apoyo del mariscal.

Por el contrario, los opositores de Haftar denuncian sus inclinaciones autoritarias y los abusos de sus hombres, en particular desde la operación denominada Dignidad, lanzada en la primavera de 2014 y sobre la que pesan ahora sospechas de crímenes de guerra, como ha señalado el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI). También se han abierto investigaciones penales en Francia por tortura y actos de barbarie, y en Estados Unidos por crímenes de guerra.

Pero nada de eso fue suficiente para frenar el entusiasmo comercial de Nexa. Para la compañía francesa, todo se aceleró con Haftar en 2017 en París, durante Milipol, la feria mundial de la seguridad. Un documento comercial, marcado como “confidencial”, muestra que un intermediario, Jalal Dira, expresó el interés del mariscal libio por los equipos de vigilancia de Nexa. Ya activo como intermediario en la venta de armas con Francia bajo el régimen de Gadafi, Jalal Dira, descrito como próximo al fabricante aeronáutico francés Dassault, es conocido en los medios diplomáticos e industriales franceses por haber puesto su agenda a disposición de los sucesores del dictador.

Contactado por Mediapart, Dira no niega los contactos con Nexa en Milipol, pero precisa que no estuvo “implicado en ninguna transacción financiera con la empresa, ni con los equipos del mariscal Haftar, y menos aún en la violación de embargo alguno, en Libia o en cualquier otro lugar”.

Al mismo tiempo, en julio de 2017, Jalifa Haftar fue recibido oficialmente a bombo y platillo por el flamante presidente Emmanuel Macron, durante una cumbre internacional en La Celle-Saint-Cloud, un elegante suburbio de París. Las fotos del acto muestran a los dos hombres cogidos del brazo. Tiempo después, el ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Yves Le Drian, llegó a decir que deseaba “victorias” al mariscal, según un reportaje de Le Figaro .

A principios de 2019, el mariscal Haftar lanzó una vasta ofensiva militar destinada a conquistar el oeste de Libia y derrocar al gobierno. A principios de abril, las fuerzas del ENL estaban a las puertas de la capital. Mientras los combates arreciaban en los suburbios de Trípoli, Nexa envió al bando de Haftar, en noviembre de 2019, una oferta comercial de 41 páginas. Versaba sobre el producto más potente del grupo francés, diseñado con su socio Intellexa, el desarrollador de Predator. Por nueve millones de euros, Nexa ofrece al mariscal comprar el AlphaSpear 360, una furgoneta capaz de infectar teléfonos con Predator en un radio de aproximadamente 500 metros en modo zero-click, es decir, completamente invisible para los objetivos. Y una herramienta muy útil en el campo de batalla.

Pero el mariscal duda. Su ofensiva militar es un fracaso. En junio de 2020, los soldados del ENL regresaron a Bengasi.

El acuerdo con Nexa se cerró inmediatamente después. En septiembre y luego en noviembre de 2020, el gobierno de Haftar firmó cuatro contratos para la compra de equipos de interceptación, por un importe total de 3,3 millones de euros. Esa factura incluía un sistema para interceptar teléfonos por satélite Thuraya, y tres IMSI catchers, incluido el modelo más potente, el AlphaMax, capaz de escuchar las comunicaciones de voz e internet de los teléfonos móviles dentro del alcance de su antena. En diciembre se paga a Nexa un primer anticipo de casi 100.000 euros.

El contrato lo firma, por cuenta de los gobernantes Haftar, un tal Ahmed al-Werfalli. Su hermano, Mahmud, era uno de los principales lugartenientes de Haftar y sospechoso de múltiples atrocidades. Según la Corte Penal Internacional, que emitió varias órdenes de detención contra él, encargó el asesinato de 33 personas en junio de 2016 y ejecutó personalmente a balazos a 10 personas frente a una mezquita de Bengasi en enero de 2018.

Ahmed al-Werfalli, firmante de los contratos de equipamiento de Nexa, fue detenido brevemente en Lituania en 2019 para ser interrogado en el marco de la investigación de la Corte Penal Internacional contra su hermano. Se negó a cooperar con los investigadores. Más tarde, prometió pagar los daños después de que su hermano destruyera las oficinas del fabricante de automóviles Nissan en Bengasi.

Finalmente, Mahmud al-Werfalli no tuvo que responder de sus actos ante la justicia internacional. Murió tiroteado en 2021 en turbias circunstancias en Libia por hombres armados no identificados.

Pero, por parte de Nexa, los negocios iban bien. En enero de 2021, el jefe del grupo francés dio luz verde a la venta al mariscal Haftar, visiblemente muy interesado, de un sistema de escuchas telefónicas y de vigilancia de internet, el MCng.

Pero Nexa tiene que trabajar duro para encontrar la manera de entregar los equipos encargados por Haftar. El asunto es espinoso, porque Libia sigue bajo embargo. Aunque no parece ser un problema para la dirección del grupo galo. Lo que no saben los ejecutivos de Nexa en ese momento es que los gendarmes les han intervenido los teléfonos y empiezan a descubrir el alcance de sus nuevos trucos sucios en Libia.

Para evitar tener que pedir a Francia una licencia de exportación, el acuerdo fue cerrado por Advanced Middle East Systems (AMES), la empresa hermana de Nexa en Dubái. Para mayor confusión, oficialmente AMES sólo es el proveedor de otra empresa también con sede en Dubái, AR Global Group, que revendió el equipo al gobierno de Haftar.

El esquema parece diseñado para evitar solicitar una licencia de exportación en Emiratos: “Hemos preguntado a la autoridad de control en Dubái, nos han dicho que, si utilizamos un intermediario en Dubái, no nos pedirán absolutamente nada”, dice por teléfono el jefe de Nexa, Stéphane Salies. Otra ventaja: “No habrá transacciones directas entre el país y nosotros”.

Pero el 18 de mayo de 2021 surgió un gran problema: Lituania se niega a conceder una licencia para la exportación de componentes, fabricados en el país, que se utilizan para los equipos de Nexa. Tres días después, el 21 de mayo, Stéphane Salies llamó a Kay Höft, su abogado alemán especializado en el cumplimiento de la normativa sobre exportaciones. La conversación es impresionante. “Tenemos una petición de un país súpermalo”, en este caso el “bando de Haftar”, explica el director de Nexa, que pregunta si “está completamente prohibido”. El abogado responde que sí, sin dudarlo, ya que existe “un embargo de armas”, el ENL es “una entidad militar” y los productos vendidos por Nexa tienen “un alto índice en la clasificación de artículos no autorizados”.

El jefe de Nexa insiste, y detalla su plan con “un intermediario en Dubái”. El abogado le advierte: “Usted conoce el embargo de armas [y] el esfuerzo de la Unión Europea con respecto a Libia... Son muy estrictos”. Le aconseja a Salies que “lo olvide”.

Cuatro días más tarde, Stéphane Salies vuelve a llamar a Kay Höft para presentarle un nuevo plan: ha encontrado “un proveedor situado en Inglaterra”, que está dispuesto a realizar la venta y la entrega. El abogado señala que, en este caso, es necesaria una licencia de exportación británica. Pero sugiere un truco para evitar pedirla: Nexa podría enviar los equipos a Dubái, luego “ensamblarlos con otros artículos y reexportarlos desde los Emiratos Árabes Unidos, y así no tendría que revelar la identidad del usuario final [a las autoridades del] Reino Unido”. “Vale, ya veo, es factible, podría ser fácil”, le contesta el jefe de Nexa.

Contactado a través de su portavoz, Ahmad al-Mesmari, Jalifa Haftar no ha contestado a las preguntas de EIC sobre este asunto. Por su parte, los Emiratos “refutan enérgicamente cualquier acusación de facilitar la venta de cualquier sistema de vigilancia a cualquier país”, asegura un funcionario del Gobierno emiratí a EIC. “Los Emiratos siempre han respetado y seguirán respetando las sanciones impuestas por la ONU. […] Cuentan con un marco legal de control de las exportaciones y supervisan continuamente la exportación de productos de doble uso”, explica.

En cualquier caso, la investigación de los gendarmes parece que detuvo la ejecución del contrato libio. El 15 de junio de 2021, tres semanas después de esta conversación telefónica, los gendarmes registran las oficinas de Nexa y los domicilios de sus directivos, que son interrogados bajo custodia policial.

Frente a los gendarmes, el número tres del grupo, Renaud Roques, declara que sólo ha “oído hablar de un proyecto” en Libia, y que “no puede decir” si el país “está embargado o no”. Stéphane Salies, por su parte, invoca el “secreto profesional” y la clasificación de “defensa confidencial” para no responder con precisión a las preguntas sobre el contrato con Haftar.

Preguntado por sus conversaciones con el abogado Höft, Salies indicó que quiso “encontrar una solución para poder hacer la entrega legalmente”. Afirmó también que “el material está en un hangar” en Dubái “a la espera de las licencias de exportación para poder entregarlo”. “Lleva pendiente más de tres meses, lo que demuestra claramente que estoy esperando la licencia”, insistió.

Pero en un breve informe los gendarmes son categóricos: “Esta transacción se hace bajo embargo, pasando por varios países, para evitar restricciones”. Y dicen que estos hechos están “constatados” en sus investigaciones.

Preguntados por Mediapart, Stéphane Salies y su colaborador Olivier Bohbot respondieron que “ninguno de los equipos [...] fue entregado a la Libia del mariscal Haftar”. Se negaron a hacer más comentarios sobre sus actividades en el país.

El 22 de junio de 2021 a las 14:33 la vida del candidato a la presidencia egipcia Ayman Nour ya no tiene secretos para los servicios secretos de su país. Su teléfono acaba de ser infectado con Predator, un programa espía, similar a su competidor israelí Pegasus, que es capaz de succionar todos los datos del móvil y convertir el aparato en un chivato, activando el micrófono y la cámara. Ayman Nour cometió el error de hacer clic en un enlace malicioso recibido por WhatsApp, que remitía a un artículo de prensa falso redactado especialmente para él: “Turquía pide a los canales de televisión de la oposición egipcia que dejen de criticar a Egipto”.

Desde que huyó de su país justo después del golpe de Estado de 2013 que llevó al poder al dictador Abdulfatah al-Sisi, este excandidato presidencial, conocido por sus posiciones laicas y su defensa de los derechos humanos, se exilió en Turquía, donde dirige El Sharq TV, un canal de televisión crítico con el régimen egipcio.

Primero notó extraños fallos en su teléfono. Pero, cuando un canal de televisión egipcio reveló algunas de sus conversaciones privadas, empezó a temer por su vida. El Citizen Lab de la Universidad de Toronto, que se ha dedica a investigar las relaciones entre nuevas tecnologías y derechos humanos, probó su dispositivo y confirmó sus temores: Ayman Nour era, en efecto, víctima de Predator.

Predator Files, una investigación basada en documentos confidenciales obtenidos por Mediapart y Der Spiegel, y coordinada por la red European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre, con la asistencia técnica de Amnistía Internacional, revela que el grupo francés Nexa vendió el programa espía Predator, desarrollado por la empresa israelí Intellexa, al menos a tres autocracias: Egipto, Vietnam y Madagascar.

Los documentos a los que ha tenido acceso EIC prueban que Egipto compró por 9,4 millones de euros, en el verano de 2021, el software Predator de Intellexa, una compañía basada principalmente en Europa, pero pilotada por exprofesionales de los servicios secretos israelíes. En 2019, Intellexa selló una alianza con el grupo francés Nexa, que lleva años en el punto de mira de dos investigaciones judiciales por “complicidad en torturas” relacionadas con la venta de sistemas de vigilancia masiva por Internet a Libia y Egipto.

Jueces instructores y gendarmes de la Oficina Central de Lucha contra los Crímenes contra la Humanidad y los Crímenes de Odio (OCLCH) de Francia han descubierto que fueron directivos de Nexa quienes cerraron la venta de Predator a los servicios secretos del mariscal Al-Sisi. “¿Quieres ir a juicio y que salga en la prensa [la existencia del contrato de Predator]? ¡Estáis locos! [...] Si volvemos a las andadas, estamos acabados, estamos muertos”, advirtió el director de Nexa, Stéphane Salies, el 3 de junio de 2021 en una conversación telefónica.

Salies también admite entonces que es perfectamente consciente de que sus clientes pueden hacer “casi cualquier cosa” con los programas de pirateo telefónico vendidos por Intellexa, visto “lo que pasó en Arabia Saudí” con el asesinato del periodista [Jamal] Khashoggi”. “Puede hacer mucho daño. [...] Basta con uno o dos errores y nos llevaríamos un fuerte bumerán en la cabeza”, avisa, claramente más preocupado por los riesgos para su negocio que por las víctimas como Ayman Nour.

Pero los Predator Files van mucho más allá del caso egipcio. Revela los métodos sin escrúpulos utilizados por las empresas que integran la alianza Intellexa/Nexa para vender potentes herramientas de vigilancia a países autoritarios como Vietnam, Madagascar, Emiratos Árabes Unidos y Qatar. Incluso burlando la ley, como hizo Nexa al firmar en 2020 un contrato con el mariscal Haftar en Libia, violando el embargo de armas a un régimen no reconocido por la comunidad internacional.

Hace dos años, el escándalo Pegasus, revelado por Forbidden Stories, mostró cómo se utiliza la piratería telefónica para espiar a opositores, periodistas y activistas de derechos humanos. Y cómo Israel utilizó Pegasus para sanear su relación con las dictaduras.

Con los Predator Files le toca ahora el turno a Europa. Intellexa se jacta en su página web de que el grupo está “regulado por la Unión Europea”, como garantía de limpieza. En realidad, por cinismo y para no dejar el campo libre a estadounidenses e israelíes, los gobiernos europeos hacen la vista gorda ante los excesos de sus empresas de cibervigilancia.

En Francia, donde Nexa gozaba de excelentes relaciones con los servicios secretos y los ministerios, la empresa incluso tenía acceso al presidente Emmanuel Macron, y utilizó a su antiguo asesor Alexandre Benalla como intermediario para intentar vender sus productos a Arabia Saudí, a pesar del asesinato de Jamal Khashoggi.

Europa se ha convertido en un refugio seguro para los vendedores de programas espía, así como en una “plataforma para su exportación a dictaduras y regímenes opresores”, según denunció el pasado mes de mayo el informe de investigación de la comisión PEGA del Parlamento Europeo, creada a raíz del caso Pegasus. El 18 de julio, el Gobierno estadounidense incluyó a Intellexa en su lista negra. Pero el informe de la comisión PEGA no suscitó ninguna reacción en Europa.

La investigación de EIC demuestra que si Nexa y su aliado Intellexa han podido prosperar es gracias a la pasividad, incluso la complicidad, de varios países europeos, a pesar de los numerosos escándalos. En 2022, Intellexa fue condenada en Chipre por recopilación ilegal de datos. Unos meses más tarde, estallaba en Grecia el escándalo Predatorgate, tras revelar la prensa que los servicios secretos habían infectado los teléfonos de decenas de personalidades, entre ellas políticos de la oposición y periodistas.

En Francia, gracias a los esfuerzos de dos ONG se abrieron dos investigaciones judiciales desde 2013, que desembocaron en la inculpación por “complicidad en torturas”, en junio de 2021, de Nexa y sus principales directivos. Muchos de los documentos en los que se basa Predator Files proceden de esas investigaciones. Los responsables de la empresa niegan los hechos de los que se les acusa. “En mi alma y en mi conciencia intento hacer el bien”, declaró el dueño de Nexa cuando le interrogaron los gendarmes.

A pesar de todos los esfuerzos realizados por los medios de EIC y sus socios en esta investigación por ponerse en contacto con los directivos de Intellexa, éstos no han respondido. Los responsables de Nexa enviaron una respuesta general denunciando “acoso mediático y judicial”. Dicen que siempre han respetado “escrupulosamente la normativa”. Aunque admiten haber vendido a países que “distaban mucho de ser perfectos desde el punto de vista del Estado de Derecho”, precisan que a menudo se trataba de una consecuencia de las “opciones políticas” de Francia: “En varios de los países conflictivos que menciona, no sólo obtuvimos el permiso de exportación, sino que nos limitamos a seguir la vía de la estrecha cooperación iniciada por Francia con esos mismos países”.

Las empresas y personas implicadas en la investigación impugnan los hechos que se les imputan y se benefician de la presunción de inocencia.

Todo empezó con Amesys, la antecesora de Nexa. En 2007, la empresa desarrolló para el dictador libio Muamar El Gadafi el software Eagle, el “primero del mundo” capaz de vigilar Internet “masivamente a escala de todo un país”, según presume un folleto de la propia compañía.

Oficialmente, se trata de luchar contra el terrorismo. En realidad, la Justicia francesa sospecha de que el objetivo era localizar, detener y torturar a los opositores. Los gendarmes encargados de la investigación judicial señalan que las propuestas hechas a los países clientes son “siempre muy explícitas en el aspecto de la interceptación masiva”. Por ejemplo, un folleto comercial detalla las preguntas a las que puede responder la vigilancia de Eagle: “¿Cuál es la vida digital de su población? Contactos, amigos, proveedores, socios... ¿Quién está en contacto con quién en su país?”.

Según un documento interno, Francia adquirió el sistema en 2007. Sin embargo, no se sabe con qué fin ni qué servicio lo ha utilizado. En cuanto a los primeros clientes a los que se exportó, se trata, como reveló el sitio Reflets.info, principalmente de dictaduras amigas de Francia, como Guinea, Marruecos y Gabón.

Eagle también se vendió a varios regímenes apreciados por el presidente Nicolás Sarkozy, en un contexto de casos de corrupción: Qatar, poco antes de la atribución de la Copa del Mundo de fútbol, el Kazajstán de Nursultan Nazarbayev, en la época del Kazakhgate, y Libia. La venta de Eagle es considerada por la Justicia francesa como una de las contrapartidas concedidas por Nicolas Sarkozy al coronel Gadafi en la supuesta financiación libia de su campaña electoral de 2007 por la que está siendo juzgado.

En 2011, tras la guerra en Libia y la muerte de Gadafi, la prensa reveló la existencia del sistema Eagle. La Liga de Derechos Humanos (LDH) y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) presentaron una denuncia. Batallaron durante dos años contra la fiscalía, visiblemente deseosa de enterrar el caso, antes de conseguir la apertura de la investigación judicial por complicidad en tortura. El escándalo puso de rodillas a Amesys: los directivos recibieron correos electrónicos insultantes, los bancos cerraron sus cuentas, la empresa no podía contratar personal.

Así que dos de sus directivos, Stéphane Salies y Olivier Bohbot, se libraron entonces con una hábil maniobra: en 2012 crearon una nueva empresa llamada Nexa, que compró el software Eagle, y lo rebautizaron como Cerebro.

Tras este sencillo ajuste, todo vuelve a ser como antes. Un documento interno muestra que, ya en 2014, Nexa consiguió contratos con varios ministerios franceses y con la DGSE –los servicios franceses de inteligencia exterior–, lo que también ayudó a la empresa a vender sus productos en el extranjero.

Nexa desarrolla sondas que interceptan voz, tráfico de internet, teléfonos por satélite, así como IMSI catchers, unos dispositivos capaces de captar teléfonos móviles en un radio de unos cientos de metros. Todos estos sistemas pueden conectarse a Cerebro, que analiza todas las interceptaciones para lograr una “vigilancia global” digna del Gran Hermano, detalla Nexa en un aterrador folleto promocional.

Es una historia de éxito. Según documentos internos analizados por Mediapart, Nexa obtuvo, entre 2012 y 2021, al menos 30 contratos en más de 20 países. Hay democracias europeas –Suiza, Austria, Alemania, también España–, pero la mayoría de los clientes son regímenes autoritarios o problemáticos: Omán, Qatar, Congo Brazzaville, Kenia, Emiratos Árabes Unidos, Singapur, Pakistán, Jordania, Vietnam...

Preguntados al respecto por EIC, Stéphane Salies y Olivier Bohbot responden que “nunca hubo contrato y/o entrega” con algunos de estos países, sin precisar cuáles.

Durante su detención policial, los dirigentes de Nexa aseguraron que actuaban en la más estricta legalidad. “No juzgo la naturaleza democrática del cliente, confío en el gobierno que me autoriza a vender”, declaró el número tres del grupo, Renaud Roques. “Nuestras soluciones están sujetas a autorización, que examinan las autoridades francesas”, añadió el copropietario y número dos de Nexa, Olivier Bohbot.

La policía intentó comprobarlo. En julio de 2021, pidieron al SBDU, el organismo dependiente del Ministerio de Economía francés que expide las licencias de exportación, todos los permisos concedidos a Nexa en los últimos 10 años. El SBDU sólo informó de tres, para Egipto, Qatar y Singapur.

¿Cómo es posible? Predator Files demuestra que el grupo eludió a las autoridades francesas obteniendo licencias en otros países, en particular de los Emiratos Árabes Unidos (EAU).

Cuando refundó el grupo en 2012, Stéphane Salies creó en realidad dos empresas: Nexa, en París, y Advanced Middle East Systems, en Dubái, uno de los Emiratos. Oficialmente, las dos empresas no tienen ninguna relación. En realidad, son empresas hermanas, y Advanced Systems era simplemente una “oficina de ventas” de Nexa, según aparece en sus documentos internos.

Los directivos de Nexa afirman haber creado una oficina en Dubái por razones de “proximidad con los clientes”. Un documento interno menciona más bien las ventajas “fiscales” y “estratégicas”: “Sin impuesto de sociedades, sin cargas sociales, [...] sin más problemas con la prensa, más flexibilidad en los procedimientos de exportación”.

El jefe de Nexa, Stéphane Salies, es aún más explícito en una carta de 2014 enviada al ISI, el servicio de inteligencia de Pakistán: “Las autoridades de la Unión Europea han reforzado las futuras restricciones a la exportación de tecnologías cibernéticas y de interceptación. [...] Afortunadamente, para Advanced Systems, estos problemas [...] están completamente eliminados. Toda nuestra propiedad intelectual pertenece al 100% a nuestra entidad en los Emiratos Árabes Unidos, por lo que no hay [...] riesgo de que se deniegue una licencia de exportación”.

Un portavoz del Gobierno emiratí asegura a EIC que es “categóricamente falso” que haya concedido “licencias de exportación para vender programas espía”. “Los Emiratos Árabes Unidos niegan rotundamente cualquier acusación de que haya facilitado la venta de cualquier sistema de vigilancia a cualquier país”, subraya. “Los Emiratos", añade, “disponen de un marco legal de control de las exportaciones y supervisan continuamente la exportación de productos de doble uso”.

El grupo francés elige vender desde Nexa o Advanced Systems “dependiendo del país receptor”, señalan los gendarmes. En 2015, un gerente de la firma gala creía que una solicitud de licencia “iba a quedar bloqueada”. “No, aquí no, lo vendo desde Advanced Systems”, respondió su comercial con oficina en Dubái. Según una auditoría interna de los procedimientos de exportación, el acuerdo de licencia entre Nexa y Advanced Systems se envió a la SBDU, que “nunca puso objeciones a su contenido”. En otras palabras, el Ministerio de Economía parece haber autorizado de facto a Nexa a exportar desde Dubái, sin ningún control por parte de Francia.

Un ejemplo parece confirmar que el Gobierno francés hizo la vista gorda ante esta trama: el megacontrato celebrado en 2014 con Egipto. El año anterior, un golpe militar había derrocado al presidente electo Mohamed Morsi, de los islamistas Hermanos Musulmanes. El Gobierno de los Emiratos, opuesto a la Hermandad, decidió ofrecer al nuevo dictador, el mariscal Sisi, tecnologías made in France para consolidar su poder: un sistema de vigilancia masiva de las comunicaciones de voz, suministrado por Ercom –hoy filial de la también francesa Thales–, así como el software Cerebro de Nexa para la vigilancia de internet, facturado por 15,6 millones de euros.

Fue Nexa la empresa que ejecutó el contrato de principio a fin. Pero en su solicitud de licencia al SBDU, la firma francesa indica que no vendió nada y que se limitó a prestar “servicios” a Advanced Systems para instalar el sistema en Egipto. El SBDU lo validó, a pesar de que el ministerio conocía los vínculos entre ambas empresas.

En un correo electrónico enviado a los gendarmes, el director del SBDU, visiblemente avergonzado, se justificó indicando que, a diferencia de la venta de material de vigilancia, la prestación de “servicios” no está regulada; por tanto, no está sujeta a licencia y no puede prohibirse “por razones vinculadas, por ejemplo, a los derechos humanos”.

“La creación de nuestras empresas nunca tuvo por objeto eludir la legislación”. francesa, responden Stéphane Salies y Olivier Bohbot a Mediapart. “La reglamentación emiratí en materia de exportación es la misma que en la Unión Europea (los acuerdos de Wassenaar) y ya hemos recibido denegaciones de [licencias de] exportación de esta administración”, añaden.

El diagnóstico que hace la policía es serio. En un sucinto informe, considera que las solicitudes de licencia de Nexa no son lo suficientemente específicas “sobre los materiales o servicios suministrados”, en particular en lo que se refiere a las capacidades de vigilancia masiva de Cerebro. “También es importante señalar que el SBDU no solicita ninguna información adicional a estas solicitudes y acepta la mayoría de las solicitudes de Nexa “, concluyen. Contactado por Mediapart, el SBDU se negó a responder a sus preguntas.

En cualquier caso, los documentos internos a los que EIC ha tenido acceso sugieren que Nexa no parecía preocupada ni por los derechos humanos ni por el estricto cumplimiento de la normativa. Durante el tiempo en que permaneció bajo custodia, Stéphane Salies aseguró que se negaba a vender a las peores dictaduras: “Por ejemplo, si la petición fuera para Birmania [antiguo nombre de Myanmar], la respuesta sería: no, no vendería”. Los gendarmes, sin embargo, encontraron un proyecto llamado Migale con Myanmar.

En Advanced Systems, los vendedores disponían incluso de una “prima excepcional” equivalente al “4% del margen generado” si conseguían vender a tres “países de riesgo”: Irak, Afganistán y Libia, aun cuando este último país está sometido a un embargo internacional de armas. Lo que no impidió a Nexa vender material de vigilancia al mariscal Haftar, que gobierna en el este de Libia y cuyo poder no es reconocido por la comunidad internacional. Este contrato se firmó en 2020, a pesar de que la empresa francesa no había solicitado licencia.

En Nexa, las licencias de exportación las gestiona Aline B., la secretaria de Stéphane Salies. En 2015 su superior le dijo, durante su entrevista de evaluación, lo que se esperaba de ella: “Actúa como salvaguarda de las exportaciones siendo lo más inteligente posible. Contamos contigo para guiarnos, pero tu papel también es encontrar soluciones”.

El mensaje se recibe alto y claro. En octubre de 2017, el número tres de Nexa, Renaud Roques, quiso enviar un IMSI catcher a Arabia Saudí para una demostración. Para ello necesita una licencia de exportación temporal, de la que no dispone. Aline B. le responde que tiene autorización para Kenia. “Vas a Kenia con él y luego vas a Arabia Saudí. [...] Si quieres una solución, aquí la tienes”.

En 2016, Renaud Roques contó cómo se disponía a volar a Argel con una sonda de vigilancia de Internet como “equipaje facturado”, mintiendo sobre su naturaleza: “Simplemente declaramos un servidor”. Dos años más tarde, Stéphane Salies quería que uno de sus comerciales hiciera una demostración en Vietnam sin licencia. Aline B. le respondió que eso era imposible. “A menos que te arriesgues con el equipaje de mano, cosa que ya hemos hecho muchas veces”, replica su jefe.

Stéphane Salies y Olivier Bohbot no contestaron a las preguntas de EIC sobre estos casos concretos, aunque indicaron que sus empresas “respetaban escrupulosamente la normativa de exportación”.

Pero surge una nueva amenaza. En 2017, la revista francesa Télérama reveló la existencia del contrato firmado tres años antes con Egipto. La Liga de Derechos Humanos y la Federación Internacional de Derechos Humanos presentaron una nueva denuncia, que desencadenó la apertura de una segunda investigación judicial por complicidad en torturas.

Stéphane Salies y Olivier Bohbot contestan al respecto que, al haber obtenido “una autorización del SBDU”, consideraban que Cerebro “podía exportarse con total normalidad”: “Tanto más en el caso de un país como Egipto, con el que las autoridades francesas ensalzaban una intensa cooperación. [...] No se puede, por una parte, autorizar y animar a una empresa a concluir un contrato con un Estado y, algunos años más tarde, perseguirla penalmente por haber concluido precisamente este contrato”.

Para Stéphane Salies, las denuncias judiciales ya son demasiado: dimite de su cargo de director general de Nexa, dejando las riendas a su socio, Olivier Bohbot. Salies sólo conserva su cargo como jefe de Advanced Systems. En 2018, se trasladó a Dubái “por problemas con los medios de comunicación”, declaró luego a la policía.

Bajo el sol de Emiratos, Stéphane Salies vive a lo grande. Gana 25.000 euros al mes y conduce un Porsche Macan y un Mercedes GT, adquiridos por 170.000 euros. También invirtió más de seis millones de euros en tres propiedades, entre ellas una casa de cuatro millones en las afueras de París y una villa de 1,5 millones en Dubái.

Además, la nueva investigación judicial no perjudica las buenas relaciones de Nexa con el poder. El número tres del grupo, Renaud Roques, participó en la campaña presidencial de Emmanuel Macron en 2017. Casualmente, dos meses después de las elecciones, la Secretaría General de Defensa y Seguridad Nacional (SGDSN) autorizó a Nexa a “celebrar contratos [...] a nivel confidencial de defensa” con el GIC, el organismo dependiente del gabinete del primer ministro francés que supervisa las escuchas telefónicas realizadas por los servicios secretos, al margen de procedimientos judiciales.

Un año más tarde, Nexa consiguió una reunión con Emmanuel Macron y su polémico –y condenado– consejero Alexandre Benalla, y luego pidió a este último que le ayudara a vender sus productos a Arabia Saudí. Ni el Elíseo ni la SGDSN ni Alexandre Benalla han respondido a EIC sobre estos asuntos. Renaud Roques tampoco ha contestado. Stéphane Salies y Olivier Bohbot indican que no pagaron a Alexandre Benalla ni firmaron ningún contrato gracias a él.

En 2019, Nexa adquirió a uno de sus competidores, Trovicor. Son pájaros con el mismo plumaje: esta empresa, antes alemana, trasladó su sede a Dubái tras quedar al descubierto por vender sistemas de vigilancia a dictaduras como Irán y Siria. El grupo francés aprovechó la ocasión para rebautizarse como Trovicor Intelligence, con la esperanza de olvidar el nombre de Nexa, manchado por la investigación judicial sobre el contrato egipcio.

Convertida en un peso pesado europeo, Nexa está en su cénit. Al menos, en apariencia. Porque, en realidad, el año 2018 fue catastrófico para el grupo: su facturación se dividió por tres en un año, pasando de 23 a ocho millones de euros. El problema es estructural: debido al desarrollo de la encriptación en internet, Cerebro, su producto estrella, se está quedando ciego. No puede leer los mensajes cifrados. Así que Nexa debe entrar en un nuevo mercado, popularizado por la empresa israelí NSO y su software Pegasus: el hackeo de teléfonos móviles.

La salvación de Nexa vendrá de la mano de un israelí: Tal Dilian. Este antiguo oficial tiene 25 años de carrera en el Tsahal, las fuerzas armadas de Israel, primero en los comandos y luego como jefe de la mítica Unidad 81, donde trabajan los hackers de élite de la inteligencia militar israelí. Obligado a abandonar el ejército en 2003 tras ser acusado de malversación de fondos, Tal Dilian se lanza al negocio de la vigilancia. Y se establece en Europa para no estar sometido a los controles del Gobierno israelí.

El exoficial se instala primero en Chipre, donde en 2008 cofunda la empresa Circles, experta en geolocalizar teléfonos móviles. Circles acabó fusionándose con NSO, la creadora de Pegasus, tras su reventa en 2014 por 130 millones de dólares. Con varios inversores, entre ellos su amigo Oz Liv –también exjefe de la Unidad 81– y el empresario israelí Meir Shamir, funda el grupo Aliada, registrado en las Islas Vírgenes Británicas. Entre las empresas que lo forman está Wispear, con sede en Chipre y especializada en infiltrarse en teléfonos vía wifi.

En 2018, Tal Dilian adquiere la nacionalidad maltesa, lo que le permite vivir en la Unión Europea. Ese mismo año, su grupo se hace con el control de Cytrox, una start-up especializada en hacking y fundada por israelíes y un húngaro en Macedonia del Norte, un pequeño país balcánico situado al norte de Grecia.

Cytrox se encontraba entonces al borde de la quiebra. Pero gracias a los fondos aportados por inversores alemanes, Tal Dilian y sus hombres consiguen comprar fallos de seguridad; es decir, vulnerabilidades presentes en el código informático del software que hace funcionar los teléfonos móviles y que permiten hacerse con su control. Así es como Cytrox consigue crear el formidable Predator.

Sin embargo, es menos potente que su competidor Pegasus, que infecta en zero-click, sin que sea necesaria ninguna acción del usuario. Predator inicialmente sólo funcionaba en one- click, si el objetivo hacía clic en un enlace malicioso.

Un documento de los Predator Files muestra que Nexa comenzó a cooperar ya en 2018 con Tal Dilian para resolver este problema. Los dos grupos desarrollaron una “furgoneta de pirateo”. Gracias a la tecnología wifi de Wispear y a un potente IMSI catcher proporcionado por Nexa, la furgoneta puede inyectar Predator en teléfonos en modo zero-click, en un radio de aproximadamente 500 metros. En el sector, es el santo grial. “Zero-click, creo que eso es lo que impulsa las ventas hoy en día”, dice el número tres de Nexa, Renaud Roques, por teléfono.

En febrero de 2019, un comunicado de prensa anuncia el lanzamiento de Intellexa, una “alianza” entre Nexa y el grupo de Tal Dilian. Su ambición es crear un líder europeo, capaz de ofrecer a los gobiernos todas las herramientas de vigilancia posibles. Seis meses más tarde, Tal Dilian declaraba, en una entrevista a la revista Forbes, que la empresa tenía como objetivo unas ventas anuales de 500 millones de dólares. En cuanto a las ventas a dictadores, afirmaba, como los traficantes de armas, que la culpa es de los clientes: “Trabajamos con los buenos. Y a veces los buenos no se comportan”.

Entonces Tal Dilian organiza, para los periodistas de Forbes, una demostración filmada de su furgoneta en una calle de Larnaca, en Chipre. “Los rastrearemos, los interceptaremos, los infectaremos”, dice refiriéndose a dos colegas apostados en el exterior. Unos segundos después, el contenido de uno de los teléfonos aparece en una pantalla dentro de la furgoneta.

El vídeo provocó un escándalo. Las autoridades chipriotas confiscaron la furgoneta y abrieron una investigación. A la empresa de Tal Dilian se le impuso una simple multa por haber robado los datos de 600 personas. El israelí abandona inmediatamente el país y establece su nueva sede en Grecia.

Los documentos de una demanda interpuesta por uno de sus antiguos socios en Israel, muestran, además, que posteriormente hizo sus actividades aún más opacas.

En el verano de 2020, su grupo cambió de nombre a Intellexa, y las sociedades operativas se transfirieron a una empresa irlandesa llamada Thalestris. Los accionistas se ocultan tras un apoderado suizo, Andrea Gambazzi, un proveedor de servicios financieros con sede en Lugano. La directora de la empresa matriz del grupo es ahora Sara Hamou, una abogada polaca que no es otra que la socia de Tal Dilian. Oficialmente, el antiguo oficial israelí ya no es el director, sino un simple “consejero” de Intellexa.

EIC ha encontrado su rastro en Suiza, en Champéry, un encantador pueblo de montaña del cantón francófono de Valais, a seis kilómetros en línea recta de la frontera francesa. Varias pistas atestiguan su presencia: invirtió en una empresa local de taxis en 2019 y el periódico municipal anunció en noviembre de 2021 el nacimiento de su hijo. En su chalé, un letrero de madera grabada reza Chez Dilian (Casa Dillian). Pero cuando los reporteros de EIC llamaron a su puerta, no estaba.

Nadie sabe con exactitud dónde vive el ex oficial israelí. En los grupos de WhatsApp creados en 2020 con los franceses de Nexa, utilizaba cuatro números de teléfono diferentes: dos israelíes, uno chipriota y otro suizo...

Para los franceses, la alianza con Tal Dilian es un regalo del cielo. Abren su libreta de direcciones para vender Predator en países donde Intellexa no “dispone de los recursos y contactos necesarios”, explicó un ejecutivo de Nexa a la policía. En 2020, los franceses han previsto “una semana completa en Macedonia”, donde tiene su sede la empresa Cytrox, la desarrolladora de Predator, “para formarse en las herramientas cibernéticas ofensivas de Intellexa y poder hacer demostraciones”.

Su primer cliente no es otro que Egipto, al que Nexa había vendido Cerebro en 2014. Mientras tanto, la feroz represión iniciada por el mariscal Al-Sisi –40.000 detenciones, 1.400 manifestantes muertos– ha sido denunciada en numerosas ocasiones por ONG de defensa de los derechos humanos, e incluso por el Parlamento Europeo. Dos informáticos de Nexa llegaron a dimitir en 2018 por “razones éticas”, porque temían que Cerebro se utilizara para perseguir a homosexuales.

Algo que no disuade en absoluto a Nexa. El 19 de septiembre de 2020, se creó un grupo de WhatsApp franco-israelí para preparar una demostración de Predator en El Cairo. Stéphane Salies, presiona: “Se trata de un cliente muy exigente con conocimientos especializados. [...] El primer pago está condicionado al éxito de la demo”.

Parece que la prueba fue un éxito. “Acabo de recibir un mensaje de nuestro agente diciendo que está firmado”, dice exultante Stéphane Salies el 31 de diciembre de 2020, en un mensaje con cuatro emojis de botellas de champán. “¡¡¡Genial!!! Feliz año nuevo”, responde Tal Dilian.

Según un documento interno, el contrato fue suscrito por Advanced Systems, empresa hermana de Nexa en Dubái, por 9,4 millones de euros. No parece haberse solicitado ninguna licencia de exportación a Francia. El cliente es el TRD, siglas del Departamento de Investigación Técnica, la división cibernética de los servicios secretos egipcios.

El TRD no hizo un buen uso de Predator. En diciembre de 2021, el laboratorio canadiense Citizen Lab reveló que los teléfonos de dos egipcios habían sido hackeados con el programa espía de Intellexa: el candidato opositor Ayman Nour y el “presentador de un popular programa de noticias” que deseaba permanecer en el anonimato.

Para entonces, los dirigentes de Nexa parecían perfectamente conscientes de los abusos que los regímenes autoritarios pueden perpetrar con Predator. El 3 de junio de 2021, Stéphane Salies indicó a su colega Renaud Roques que, para limitar los riesgos, la venta del software de infección debía ser realizada exclusivamente por la entidad Advanced Systems de Dubái: “Vamos a utilizar Advanced sólo para eso ahora”.

Salies usa el ejemplo de “lo que pasó en Arabia Saudí, hicieron un poco de lío, entre Bezos y Khashoggi”. El dueño de Amazon, Jeff Bezos, había asegurado que su teléfono había sido hackeado por los saudíes. En especial, se encontraron rastros de infección en los teléfonos de los familiares de Jamal Khashoggi, el periodista brutalmente asesinado y descuartizado en 2018 en Estambul por los servicios secretos saudíes.

Stéphane Salies teme que sus propios clientes hagan lo mismo: “Puede hacer mucho, mucho daño. [...] Aunque el 90% de las veces se haga por [...] una buena causa. Basta una o dos meteduras de pata para que el bumerán te dé de lleno en la cabeza”. Pero eso no le impidió vender Predator al menos a otros dos regímenes autoritarios, Vietnam y Madagascar, en condiciones muy problemáticas.

Stéphane Salies y Olivier Bohbhot contestan ahora a EIC que su empresa Advanced Systems sólo actuó “como distribuidor/intermediario” en estos contratos y no tuvo que pedir licencia en los Emiratos: “Correspondía al fabricante del sistema solicitar las autorizaciones de exportación”.

Documentos fechados en 2020 y enero de 2021 muestran que Nexa también estaba tratando de vender software espía Intellexa en ese momento a, al menos, otros siete países, entre ellos Arabia Saudí, Qatar, Libia, Camerún, Malasia y Mauricio. No está claro si estos contratos se celebraron finalmente.

En Sierra Leona, la oferta se refería a la famosa furgoneta de pirateo, capaz de infectar teléfonos con Predator en modo zero-click. Precio propuesto: 24 millones de euros con todas las opciones. Nexa también realizó una campaña de 10,5 millones para la “extracción ofensiva de datos” en Irak, un país muy problemático dada la influencia que ejerce allí Irán.

Las escuchas telefónicas de los gendarmes también revelan que, a pesar de sus éxitos comerciales, había problemas en el paraíso de Nexa e Intellexa. En el centro del conflicto están los precios que cobran los israelíes por Predator. “En este país, son todos iguales [...] es un infierno”, se queja Stéphane Salies por teléfono. “Ya sé qué libro te voy a regalar para tu próximo cumpleaños, [...] uno que empieza por “mein” [el libro Mein Kampf, de Adolf Hitler]”, responde su colaborador Renaud Roques.

“A lo largo de mi carrera, cada vez que he tratado con israelíes, al final las cosas siempre han ido mal. [...] Tengo muchos amigos judíos con los que las cosas van bien, pero malditos sean los israelíes en los negocios...”, se justifica el dueño de Nexa. Cuando su colega sugiere atacar a Intellexa por el contrato egipcio, Stéphane Salies estalla: “¿Quieres ir a juicio y que salga en la prensa? Estás loco. [...] Oh no, si volvemos a las andadas, estamos acabados, estamos muertos”.

El 15 de junio de 2021, dos semanas después de esta conversación, los gendarmes registran la sede del grupo y los domicilios de sus principales ejecutivos. Al mismo tiempo, son interrogados bajo custodia policial. Algunos de ellos, incluido Stéphane Salies, son acusados de complicidad en torturas por la venta de Cerebro a Libia en 2007 y a Egipto en 2014.

En el caso egipcio, el tribunal de apelación anuló las acusaciones un año después, en particular porque la investigación no pudo demostrar que los opositores al régimen del mariscal Al-Sisi fueran torturados a raíz de la información recogida con Cerebro. La investigación sobre la venta de Predator a Egipto en 2020 sigue abierta.

Mientras estaba bajo custodia policial, Salies negó haber cometido delito alguno: “Es extremadamente chocante para mí encontrarme aquí y tener que responder a esta acusación. [...] Sigo firmemente convencido de que [la vigilancia] funciona por el bien general, para salvar vidas”.

El director de operaciones de Nexa, Rudy Richard, abogó por el patriotismo económico: la tecnología de Nexa “puede utilizarse para el bien o para el mal, pero no creo que la solución sea prohibirla. Porque si la prohibimos, serán los estadounidenses o los israelíes quienes lo hagan”.

Entrevistado como testigo, Nicolas Deckmyn, un ingeniero que dejó Nexa en 2019, ofreció una versión muy diferente: “Viví con ese peso durante todos esos años, el caso de conciencia era enorme [...] Después de muchos años, comprendí que nada cambiaría en términos de legislación para las herramientas de inteligencia vendidas a ciertos países no democráticos”.

Tras ser acusados por la Justicia francesa, Stéphane Salies y Olivier Bohbot anunciaron que tiraban la toalla. Boss Industries, el principal holding del grupo Nexa, vendió, a partir de diciembre de 2021, su filial francesa Serpikom –especializada en escuchas forenses–, el negocio de Nexa y parte de su tecnología al grupo francés Chapsvision.

“El impacto reputacional ha sido devastador con nuestros clientes, uno tras otro han puesto a Nexa Technologies en la lista negra, así como los bancos pidiendo el cierre de nuestras cuentas”, indica la empresa francesa en su último informe financiero. En marzo de 2023, Nexa pasó a llamarse RB 42 y anunció que abandonaba el negocio de la vigilancia para especializarse en ciberseguridad.

Pero su empresa hermana en Dubái, Advanced Systems, fue vendida por Boss Industries a sus propios gestores, el principal de los cuales es... Stéphane Salies. Además, Boss Industries también conserva el control de Trovicor, establecida igualmente en Dubái.

Ambas empresas siguen activas en la actualidad: la feria de hardware de vigilancia ISS World, celebrada en septiembre de 2023 en Singapur, fue patrocinada por Advanced Systems, y Trovicor organizó dos conferencias. EIC ha podido comprobar que las dos empresas han renovado recientemente su licencia comercial ante las autoridades de Dubái y que ocupan la misma oficina en un rascacielos de la ciudad.

Preguntados al respecto, Stéphane Salies y Olivier Bohbot indican que Trovicor sigue activa, pero que Advanced Systems está “en proceso de cese de actividad”. Ambos añaden que, tras los registros e imputaciones de junio de 2021, “denunciaron” los contratos vigentes vinculados a Predator, que transfirieron a Intellexa: “Nos dimos cuenta de que las autorizaciones concedidas no nos protegían suficientemente y no constituían ninguna garantía contra las violaciones de los derechos humanos”. También explican que desde entonces han puesto fin a su cooperación con Intellexa y han cesado completamente su actividad en el ámbito del software de hackeo telefónico.

Por su parte, Tal Dilian, el hombre fuerte de Intellexa, también se ha visto salpicado por un gran escándalo: el PredatorGate en Grecia, país en el que había instalado sus oficinas tras su salida de Chipre.

Desde abril de 2022, los medios de comunicación Inside Story y Reporters United revelaron que un servicio de inteligencia griego, el EYP, había infectado con Predator a 96 personas, entre ellas el periodista de investigación Thanasis Koukakis y el líder del Pasok, Nikos Androulakis.

El director del EYP y el secretario general del Gobierno dimitieron, pero no el primer ministro, el conservador Kyriakos Mitsotakis, a pesar de que el servicio de inteligencia depende directamente de su autoridad.

Finalmente se abrió una investigación judicial. Las oficinas griegas de Intellexa fueron registradas en diciembre de 2022. Pero hasta el momento no se han presentado acusaciones. La policía está bajo presión, ya que es probable que la investigación conduzca al primer ministro, reelegido el pasado mes de mayo.

A menos que la salvación venga de Bruselas: según el medio Euractiv, la fiscalía europea ha abierto una investigación sobre el caso, que este órgano no ha querido confirmar ni desmentir.

Así pues, Intellexa prosigue sus actividades discretamente. Una investigación técnica realizada por Citizen Lab concluyó a finales de 2021 que lo más probable es que Predator fuera utilizado por Armenia, Indonesia, Madagascar, Omán, Arabia Saudí y Serbia. Un nuevo informe que publicará próximamente Amnistía Internacional, y al que ha tenido acceso EIC, indica que el spyware también es utilizado por Kazajistán, Mongolia, Vietnam y Angola.

Y los abusos continúan. El 14 de septiembre, el político egipcio Ahmed Tantawi, candidato a las elecciones presidenciales previstas para finales de este año o principios de 2024, reveló que su teléfono había sido infectado con Predator. Justo cuando Tantawi se afanaba por obtener los 20.000 avales de ciudadanos egipcios necesarios para validar su candidatura, el político opositor denuncia que las autoridades se niegan a registrarlos. Durante ese proceso, y probablemente para castigar a Tantawi por haber denunciado el hackeo, el régimen egipcio ha detenido a 73 miembros de su equipo electoral, entre ellos cuatro abogados, según informó el 26 de septiembre la ONG Iniciativa Egipcia por los Derechos Personales.

Esto es lo que está haciendo Egipto con Predator. Un software de espionaje diseñado en Europa y vendido por una compañía francesa a los servicios secretos del dictador Abdulfatah al-Sisi.

No cesa la ira de los habitantes de Derna, en Libia. Centenares de supervivientes de la tormenta Daniel, que devastó la ciudad y causó miles de muertos y desaparecidos, según un balance aún imposible de calcular, se manifestaron la semana pasada para denunciar la impericia de las autoridades del Este. Esas autoridades no están reconocidas por la comunidad internacional, y están representadas por Aguila Salah, presidente del Parlamento, pero también por el hombre fuerte de la región, el mariscal Jalifa Haftar, y su clan.  

Entre los eslóganes coreados se podían ver "El pueblo quiere la caída del Parlamento", o "Los que robaron o traicionaron deben ser ahorcados". En una declaración leída durante la manifestación, el "pueblo de Derna" exigía "una rápida investigación y acciones legales contra los responsables del desastre", la disolución del consejo municipal y una investigación sobre la gestión presupuestaria de la ciudad. 

Los manifestantes también pidieron "el establecimiento urgente de una oficina de apoyo de la ONU en Derna" y la puesta en marcha del "proceso de reconstrucción de la ciudad e indemnización de los residentes afectados". A continuación, varios manifestantes quemaron la casa del alcalde de la ciudad, Abdulmonem al-Ghaithi, leal al clan Haftar, al grito de "¡La sangre de los mártires no se derrama en vano!". 

Tras la manifestación, y mientras los servicios de emergencia seguían buscando y evacuando cadáveres en condiciones difíciles, se pidió a los periodistas que abandonaran la ciudad y se cortó la red de telecomunicaciones, que se restableció 24 horas después. Oficialmente, el corte se debió a una "rotura de fibra óptica" y no fue provocado, aunque los técnicos han demostrado que sí lo fue. 

Este hecho demuestra el nerviosismo de las autoridades ante la desesperación y el enfado de la población, ya marcada por años de guerra civil y división. Derna, donde las protestas siempre han sido fuertes, estuvo controlada por los yihadistas del Estado Islámico antes de caer en manos de los islamistas cercanos a Al Qaeda en 2015, para ser retomada después en un baño de sangre en 2018-2019 por el ejército de Jalifa Haftar, ex discípulo del dictador Muamar Gadafi. 

Desde entonces, el odio de la población al clan Haftar no ha parado de crecer, como recuerda a Mediapart el especialista en Libia Jalel Harchaoui, investigador asociado del Royal United Services Institute de Londres (Reino Unido). "La ira de los habitantes de Derna es el resultado de varios factores. Se explica por el carácter dictatorial del sistema de Haftar en el Este, pero también por la división entre Este y Oeste y por el odio histórico de Derna al mariscal Haftar. La población no entiende por qué no hubo evacuación cuando se acercaba el ciclón, y sabe que las prácticas corruptas hacen que, por ejemplo, no haya habido mantenimiento de las presas de Derna desde hace décadas". 

Además del trauma de la tragedia climática, Derna también está preocupada por estar en manos corruptas, en un momento en que la ayuda internacional llega de muchos países por millones de dólares. La población está preocupada sobre todo porque Saddam Haftar, uno de los hijos del mariscal Haftar, que tiene fama de haber malversado fondos en varias ocasiones y de haber violado los derechos humanos, ha sido designado para dirigir el comité encargado de gestionar la crisis humanitaria.  

Jalel Harchaoui señala que "hoy, la emergencia es humanitaria, hay que ayudar a la población y reconstruir. Ninguna nación va a presionar a Dabaiba en el Oeste ni a la familia Haftar en el Este, a pesar de su parte de responsabilidad. Las dos familias tendrán que trabajar juntas y cada una se servirá de los miles de millones de dólares de ayuda internacional. En cuanto a la dictadura militar de Haftar, se fortalecerá a pesar del descontento exacerbado de los libios." 

"Justo antes del desastre de Daniel, la ONU aún tenía esperanzas de terminar con esta condescendencia y tener un nuevo gobierno, más pequeño y tecnocrático, que se encargara de los asuntos corrientes y supervisara unas elecciones en las mejores condiciones posibles. Pero todo eso ha quedado en nada", afirma el investigador. 

 "Esperamos que la población tome conciencia de esta enfermedad de corrupción y dictaduras militares, y que haga caer un régimen que no tiene ninguna legitimidad electoral", añade Harchaoui, “pero hay que ser realista, la probabilidad es muy baja. Mientras que el descontento de la población consiguió derrocar a Gadafi en 2011 porque intervinieron militarmente Estados poderosos, empezando por Francia –y eso costó ocho meses–, ahora la población libia está sola". 

La situación está tan estancada que, hasta la fecha, el proceso auspiciado por Naciones Unidas destinado a desembocar en "elecciones libres y creíbles", nunca ha tenido éxito. Era un mantra durante años de la comunidad internacional y, en particular, del presidente francés Emmanuel Macron, que se veía como padre de una reconciliación imposible entre Este y Oeste. El país está dividido entre polos de poder y grupos armados rivales, atestado de mercenarios y fuerzas extranjeras, cada uno guiado por sus propios intereses. 

A diferencia del primer ministro Dabaiba en Trípoli (Oeste), el poder del bando de Haftar en Bengasi (Este) no está reconocido por la comunidad internacional, pero así todo cuenta con el apoyo de naciones importantes. "Desde que la guerra terminó en 2020, existe una especie de complicidad de facto entre los bandos del Este y del Oeste para garantizar el mantenimiento del statu quo", añade el investigador Jalel Harchaoui.  

El viernes 22 de septiembre, en respuesta a las manifestaciones de principios de semana, las autoridades del Este anunciaron que el 10 de octubre se celebrará en Derna una conferencia "internacional" para la reconstrucción de la ciudad, con la inclusión en el orden del día de "la presentación de proyectos modernos y rápidos". No es seguro que eso calme los ánimos de los habitantes de Derna.

Traducción de Miguel López

El número de muertos tras las devastadoras inundaciones en Libia se ha elevado a cerca de 11.300 sólo en la ciudad de Derna, la más afectada, ha informado la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) y recoge Europa Press. El domingo 10 de septiembre la tormenta Daniel golpeó Libia tras haber azotado Grecia, Bulgaria y Turquía. Dos presas se rompieron en las montañas sobre el puerto arrasando amplias zonas de la ciudad de 100.000 habitantes.

La OCHA ha dicho que "cerca de una semana después, las inundaciones sin precedentes dejaron además aproximadamente 10.100 desaparecidos sólo en Derna, mientras que otras 170 personas han muerto en otras partes del este de Libia". "Se espera que estas cifras aumenten a medida que los equipos de búsqueda y rescate trabajen incansablemente para encontrar supervivientes", ha dicho en un comunicado, antes de resaltar que los datos de la Organización Mundial para las Migraciones (OIM) recogen que más de 40.000 personas se han visto desplazadas.

El organismo ha subrayado que "la situación humanitaria es particularmente dura en Derna, donde se necesita ayuda multisectorial urgente para salvar vidas y aliviar el sufrimiento", al tiempo que ha advertido de que "las limitadas instalaciones sanitarias operativas hacen frente a escasez de personal y falta de equipamiento, medicinas y suministros".

Por otra parte, ha incidido en que "con miles de desplazados ahora en movimiento, el riesgo de exposición a minas antipersona y otros explosivos tras años de conflicto va al alza", al tiempo que ha detallado que las inundaciones podrían haberlos desplazados.

Sin embargo, la Media Luna Roja de Libia ha cuestionado la veracidad de los datos, días después de salir al paso de otras informaciones sobre víctimas que eran atribuidas al organismo. "¿Cuáles son las fuentes de estas cifras?", se ha preguntado Taufiq al Shukri, un portavoz de la Media Luna Roja libia, quien ha recalcado que "las cifras oficiales son emitidas por la agencia autorizada por las autoridades libias".

Asimismo, ha destacado que las operaciones de búsqueda y rescate en Derna van "mejor" con la participación de equipos libios y extranjeros, según ha recogido la agencia alemana de noticias DPA.

Los vaivenes en las cifras de fallecidos han sido habituales durante los últimos días. Durante la jornada del sábado, las autoridades asentadas en el este del país cifraron los muertos en 3.252, días después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) situara en cerca de 4.000 los fallecidos.

Abdulmenam al Gaizi, alcalde de la ciudad de Derna, alertó a última hora del miércoles de que la cifra de muertos en la localidad podría aumentar hasta los 20.000, al tiempo que añadió que la presa de la ciudad, que reventó poco después de que otra situada río arriba se derrumbara por la presión del agua, llevaba sin mantenimiento desde 2008 a causa de la crisis política en el país africano.

El país se encuentra dividido en dos administraciones después de que la Cámara de Representantes diera por finalizado el mandato del primer ministro de unidad, Abdel Hamid Dbeibé, por el aplazamiento de las elecciones presidenciales en diciembre de 2021 y nombrara para el cargo a Fazi Bashaga -posteriormente suspendido en el cargo y sustituido por Osama Hamad-, decisión que supuso un varapalo para los esfuerzos para poner fin al conflicto y la inestabilidad que sacude Libia desde la captura y ejecución de Muamar Gadafi en 2011.

La cifra de muertos en la ciudad libia de Derna (este) a causa de las devastadoras inundaciones registradas el lunes al paso de la tormenta 'Daniel' podría aumentar hasta los 20.000, según ha alertado el alcalde de la localidad, Abdulmenam al Gaizi, en medio de los trabajos de búsqueda de miles de personas desaparecidas tras ser arrastradas por las aguas, según informa Europa Press.

Al Gaizi ha explicado que estos cálculos derivan de los enormes daños registrados en varios barrios de Derna, que ha sufrido la práctica destrucción del 25 por ciento de la ciudad, antes de incidir en que la interrupción de las comunicaciones está dificultando las tareas de búsqueda y rescate.

Asimismo, ha manifestado en declaraciones concedidas a la cadena de televisión Al Arabiya que la presa de la ciudad, que reventó poco después de que otra situada río arriba se derrumbara por la presión del agua, llevaba sin mantenimiento desde 2008 a causa de la crisis política en el país africano.

El país se encuentra dividido en dos administraciones después de que la Cámara de Representantes diera por finalizado el mandato del primer ministro de unidad, Abdul Hamid Dbeibé, por el aplazamiento de las elecciones presidenciales en diciembre de 2021 y nombrara para el cargo a Fazi Bashaga --posteriormente suspendido en el cargo y sustituido por Osama Hamad--, decisión que supuso un varapalo para los esfuerzos para poner fin al conflicto y la inestabilidad que sacude Libia desde la captura y ejecución de Muamar Gadafi en 2011.

Los trabajos de búsqueda y rescate continúan en la ciudad y otras localidades afectadas en el este de Libia, donde alrededor de 34.000 personas se han visto desplazadas a causa de las inundaciones, incluidas 30.000 en Derna, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Hasta el momento, las autoridades asentadas en el este del país han cifrado en al menos 5.200 los fallecidos, si bien fuentes del gobierno de unidad de Libia, con sede en la capital, Trípoli, han elevado a 6.000 las víctimas mortales.

En este sentido, el ministro de Aviación Civil de las autoridades orientales, Hichem Chiuat, manifestó el miércoles que las aguas en la costa de Derna "traen constantemente decenas de cuerpos" de personas arrastradas al mar Mediterráneo por la súbita inundación.

La tormenta 'Daniel' ha azotado el este del país -dividido en dos gobiernos paralelos desde principios de 2022 a causa de una grave crisis política- tras causar estragos la semana pasada en Grecia, Bulgaria o Turquía, donde se han confirmado cerca de una treintena de fallecidos.

Hay mucha gente que intenta dormir bajo los toldos de las tiendas cerradas en Zarzis, en el sur de Túnez, buscando un poco de sombra. Otros se han reunido enfrente, en una casa en construcción al borde de la carretera. El día a día de estos emigrantes del África subsahariana es de espera, de oración y de angustia. La gran mayoría procede de Sudán, y casi un centenar de ellos viven en esta casa sin terminar que les ha ofrecido un residente local, el "tío Ali", como le llaman.

Entre los ladrillos rojos y las toscas paredes de cemento, cada uno intenta crear su propio rincón. Uno reza, otro, con fiebre, se tumba en un colchón en el suelo a la espera de alguna medicina. Fuera, algunos distribuyen la comida y el agua que han traído unos residentes voluntarios. Las paredes están cubiertas de sábanas secándose. Se han excavado fosas sépticas rudimentarias en el suelo para dar una apariencia de higiene, mientras que las ollas y las bombonas de gas colocadas entre los escombros del edificio constituyen la "cocina".

Nourredine Isaac Abdallah, sudanés de 29 años, con una gorra ceñida a la cabeza, se encarga de algunos de los suministros. "Tenemos una habitación donde guardamos la comida que nos da todo el mundo, y por la noche el tío Ali nos da la llave para que podamos repartirla entre todos. Él guarda la llave para que no haya problemas entre nosotros", explica.

El tío Ali, que no quiere dar su apellido por miedo a ser perseguido por las autoridades, cree que no tenía más remedio que ayudarles. "Llegaron en grupos. Al principio avisé a las autoridades, pero nadie vino a sacarlos, y luego, con el calor que hacía, sinceramente no tuve valor para hacerlo. Así que paramos las obras y les dejo vivir aquí", admite, añadiendo que es poco probable que la situación vaya para largo.

"Es muy peligroso y precario vivir en una obra, y les ayudo en todo lo que puedo, pero me gustaría que encontráramos una solución para ellos. ¿Dónde está la dignidad humana en este tipo de situación? ¿Dónde están los derechos humanos de los que siempre nos hablan?", pregunta el hombre, mientras le da a Noureddine una moneda de 5 dinares (1,49 euros) para comprar pan. 

Esta situación no es exclusiva de Zarzis. Algunos inmigrantes duermen en olivares, otros en centros, a veces destartalados, pertenecientes a ONG. "Tenemos muchos casos de subsaharianos que vienen a nuestros locales porque no pueden alojarse en ciertos centros donde ya hay demasiados", explica Abdulay Saïd, chadiano residente en Túnez que ha obtenido la nacionalidad tunecina. Dirige una coalición de siete asociaciones humanitarias de la región de Médenine, que acoge a inmigrantes desde hace varios años para integrarlos en el tejido socioeconómico.

En julio, tras la muerte de un tunecino durante un altercado con migrantes en la ciudad oriental de Sfax, se desató una ola de violencia racista y desalojos forzosos de sus hogares que afectó a muchos subsaharianos.

Muchos fueron abandonados a su suerte en las calles y a otros, las autoridades tunecinas los llevaron por la fuerza a las zonas fronterizas con Libia y Argelia para abandonarles en el desierto. Esas expulsiones costaron la vida a 25 personas, según cifras del Ministerio del Interior libio, aunque la Media Luna Roja tunecina rescató a 600 migrantes tras el escándalo de las imágenes que mostraban a varios centenares de migrantes abandonados en el desierto.

"En nuestras instalaciones hemos tenido a muchos menores, pero también a mujeres recogidas en el desierto, que no han podido permanecer en los centros en los que habían sido internadas y que han acudido a nosotros en busca de ayuda", explica Abdulay Saïd, que cuenta que muchas de ellas sufren "secuelas y traumas" que requieren atención psicológica. "Algunas mujeres pasaron veinte días en el desierto con sus bebés; cuando volvieron, ya no podían amamantarlos. Algunos adolescentes, deshidratados, estaban viviendo junto a los cadáveres de los que no habían sobrevivido", explica.

Hoy, los supervivientes están repartidos en centros supervisados por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que no permite el acceso a los periodistas por "la seguridad de los migrantes", según sus palabras. La OIM sólo responde por email. Las 234 personas rescatadas en el desierto han sido distribuidas entre las ciudades de Tataouine, Médenine y Zarzis, en colaboración con las autoridades regionales y la Media Luna Roja. También se está proporcionando ayuda alimentaria y asistencia psicológica y médica. Pero esta situación es más que temporal, como señala Abdullay, "ya que los centros están desbordados". 

Pero además algunos de los centros son residencias universitarias, que volverán a estar ocupadas por estudiantes al comienzo del nuevo curso escolar. Algunos emigrantes recuperados en la frontera argelina también están acogidos, según testigos, en institutos de Kebili y Tamerza, vigilados por la guardia nacional. Otros viven bajo las palmeras en el oasis de Nefta, ayudados por la población local, como la de Zarzis. La OIM afirma estar "trabajando para encontrar soluciones". Una de ellas sería el retorno voluntario de algunos emigrantes a su país, un procedimiento que pueden solicitar a través de la organización, pero que lleva su tiempo. Según cifras de la Media Luna Roja tunecina, cerca de 200 personas han presentado esa solicitud.

A pesar de esta política represiva contra la inmigración, que las autoridades tunecinas siguen sin reconocer pues niegan haber echado a los migrantes al desierto e incluso hablan de "campaña de desinformación", continúan las llegadas y aumentan las salidas hacia Europa. En Zarzis, la mayoría de los sudaneses llegaron entre julio y agosto, a través de la frontera libia. No pasaron por el mismo calvario que los deportados en el desierto, pero todos caminaron durante tres o cuatro días bajo un sol abrasador, "siempre con la esperanza de que las cosas fueran mejor en Túnez que de donde venían. En parte es cierto, ya que muchos tunecinos han sido muy generosos con nosotros", afirma Noureddine Isaac Abdallah. 

Durante su paso por el desierto en julio, Noureddine se encontró con algunos de los que habían sido expulsados a principios de mes. "Cuando vi el estado en que se encontraban, pensé que no iban a poder terminar el viaje con nosotros. Algunos habían caminado durante cinco días desde el paso fronterizo de Ras Jedir", uno de los pasos fronterizos con Libia, añade, que dejó su país en 2021 para venir a Libia, donde permaneció dos años.

"Me registré en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Trípoli, pero nunca me han contestado y las condiciones de vida en Libia se han vuelto demasiado difíciles", explica. Lleva días intentando en vano encontrar una solución con la oficina de la agencia de la ONU en Zarzis. "Hemos dicho varias veces al ACNUR que no tenemos dónde ir ni qué comer, pero no ha habido respuesta. Para mí, depende de ellos encontrarnos una solución. He huído de la guerra en mi país, así que puedo solicitar asilo", explica Zakaria, de 27 años, que acompañaba a Noureddine aquel día.

Túnez no tiene ley de asilo, y es ACNUR quien gestiona las solicitudes y también el estatuto de refugiado. Pero el reasentamiento en terceros países se hace caso por caso y sólo afecta al 1% de las solicitudes presentadas cada año. En los últimos años, ACNUR ha proporcionado alojamiento a muchos refugiados y solicitantes de asilo en Túnez, pero recientemente se ha visto desbordada por la demanda.

A 1 de agosto, había registrados en ACNUR 10.500 refugiados y solicitantes de asilo. Al igual que la OIM, el departamento de comunicación ACNUR sólo responde por email y confirma el aumento de las llegadas de sudaneses al país este verano. De las 860 llegadas registradas en julio, el 67% procedían de Sudán, el 17% de Sudán del Sur y el 5% de Somalia.

En esa casa en construcción de Zarzis, muchas personas no saben qué les deparará el mañana. Su única esperanza es reunir un poco de dinero para intentar echarse al mar a través de la ciudad de Sfax, en el este del país, que se ha convertido en el centro neurálgico de las salidas hacia Italia. A pesar de las 34.000 personas interceptadas en el mar por la guardia nacional tunecina desde principios de año, no parece disminuir el ritmo de salidas. El fin de semana del 26 y 27 de agosto, la isla de Lampedusa pidió ayuda ante la afluencia de 1.800 migrantes llegados en 63 embarcaciones en 24 horas, la mayoría procedentes de Túnez.

Las llegadas continúan en la frontera con Libia, a pesar del acuerdo firmado el 10 de agosto para distribuir a los migrantes concentrados en Ras Jedir que ambos países se negaron a acoger durante casi un mes entre julio y agosto. Según asociaciones locales, el sábado 26 de agosto fueron retenidos en la frontera más de un centenar de migrantes, que están siendo alojados en la ciudad de Tataouine.

El 16 de julio, Túnez firmó un acuerdo con la Unión Europea para intensificar la lucha contra la inmigración irregular. La UE ha prometido dedicar 105 millones de euros a "la gestión de la migración y la prevención de muertes en el mar", según un portavoz de la Comisión Europea. Hasta ahora no se ha dado información alguna sobre la aplicación real del acuerdo. En un informe publicado el 19 de julio, la ONG Human Rights Watch explicaba que Túnez "ya no es un país seguro" para los migrantes subsaharianos.

Traducción de Miguel López

¿Cómo puede seguir viviendo sabiendo que ya no están? Crépin Mbengue Nyimbilo sólo tiene en la memoria el terrible recuerdo de su foto, difundida aquí y allá por ONGs y algunas voces indignadas por el destino reservado a los refugiados. En la foto se ve a Matyla, también conocida como "Fati", tumbada boca abajo en la arena, descansando junto a su hija Marie.

El hombre no podía imaginar ni por un segundo que su compañera y su hija perderían la vida de esta manera, engullidas por la frontera. Incluso pensó salvarlas el domingo 16 de julio, pero todo cambió. “Ya no me quedaban fuerzas, apenas respiraba", dijo con un hilo de voz cuando nos pusimos en contacto con él por teléfono. “Para salvarlas, les dije que se fueran y me dejaran allí".

Fue la última vez que las vería. Ese día, Crépin, Matyla y Marie fueron abandonados en el desierto entre Túnez y Libia, sin comida ni agua, como cientos de otros migrantes subsaharianos desde principios de julio. El refugiado camerunés aún no sabe por qué.

Cuenta a Mediapart cómo la pareja decidió ir a Túnez el 13 de julio, para "garantizar un futuro seguro" y una educación "adecuada" a su hija, tras cinco intentos fallidos de cruzar el Mediterráneo desde Libia. Esperaban instalarse allí, engrosando las filas de los migrantes africanos ya presentes en el país (véase nuestra entrevista con el investigador Camille Cassarini).

Pero, sin saberlo, su proyecto se inscribe en un contexto extremadamente represivo para los africanos subsaharianos, en particular los presentes en la localidad de Sfax, donde a principios de julio estallaron tensiones que provocaron la muerte de un tunecino y una verdadera "caza de negros". Las ONG y los investigadores han documentado una serie de "deportaciones" organizadas por las autoridades tunecinas, que hasta la fecha han afectado a más de mil personas.

Tras ser rechazada una primera vez, la familia consiguió cruzar la frontera entre Libia y Túnez en la noche del viernes 14 al sábado 15 de julio. "Después nos fuimos a pie hasta la ciudad de Ben Gardane” (en la costa del este de Túnez).

Cuando llegaron cerca de una mezquita, donde se encontraron con una lugareña a la que pidieron ayuda, llegó una patrulla de policía y les ordenó subir al vehículo. Matyla, que sufría dolores menstruales, pidió ir al hospital. "En lugar de eso, nos llevaron a la comisaría, cerca del desierto. Golpearon a todos los hombres y se llevaron mi teléfono y nuestro dinero", relata Crépin.

Pasaron la noche del sábado en el patio, tumbados en el suelo sobre la arena y rodeados de perros guardianes. El domingo por la mañana, la familia vio cómo metían a la fuerza al primer grupo de refugiados en una furgoneta. "Luego nos tocó a nosotros. Fue entonces cuando nos abandonaron en el desierto".

La familia siguió caminando, abrumada por el cansancio, la sed y el calor excesivo. Crépin se desplomó, demasiado débil para continuar. "Matyla tenía tanta sed que le pidió a la niña que orinara en su boca. Pero Marie no podía, porque estaba completamente deshidratada. Después no bebieron ni una gota de agua durante 24 horas.

"No podía más y no podía obligarlas a quedarse conmigo. Les dije: 'Si Dios quiere, nos volveremos a ver en Libia'". Tenían que unirse a un grupo de exiliados también abandonados en el desierto que se veían a lo lejos.

Matyla estuvo hablando por WhatsApp con un antiguo vecino hasta las 5:50 de la mañana del lunes 17 de julio. Después, nada. La posición en la que las encontraron hizo pensar a Crépin que se habían quedado dormidas y que Matyla había fallecido antes que Marie.

“Debían de estar agotadas y tuvieron que tumbarse en la arena", dice. Marie debió de agarrarse a su madre al ver que ya no reaccionaba". ¡Tantas hipótesis y suposiciones! ¡Tantas preguntas sin respuesta! ¿Qué ocurrió con sus cuerpos? ¿Fueron enterrados y en qué condiciones? ¿Podrá visitar alguna vez sus tumbas?

Esa famosa foto, publicada por primera vez por una página de noticias de Facebook sobre Libia, refleja su desesperación. Al final, no consiguieron alcanzar al grupo. No llegaron a encontrar el camino de los guardias fronterizos. No encontraron agua.

 "Cuando pienso que una simple botella de agua las podría haber salvado... Al ver la foto, me vi obligado a reconocer que habían muerto. Pero aún no puedo admitirlo. Estoy esperando a que Matyla me llame por teléfono, que venga a buscarme". Tras perder el conocimiento en el desierto, Crépin dice que se despertó cuando se hizo de noche. Soñó, o alucinó, que había encontrado cinco litros de agua y se los había bebido de un trago.

"No sé por qué ni cómo, pero me dio fuerzas para levantarme". Este treintañero divisó entonces dos sombras, que también caminaban en la penumbra. Dos sudaneses también deportados que le ofrecieron una botella de agua. Juntos llegaron a Libia, entrando de madrugada, aprovechando la hora de la oración y un momento de falta de atención de los guardias fronterizos. Entonces se toparon con un granjero que aceptó dejarles en Zuara, donde Crépin vivía con Matyla y su hija.

"Fui a nuestra casa, convencido de que allí las encontraría". Al no tener noticias de ellos, al principio pensó que habían sido detenidos en el desierto y encarcelados. Al cabo de dos días, un amigo de la familia le llamó y le pidió que viniera urgentemente.

"Había visto la foto y creyó reconocer a Marie. Me pidió que me sentara y fuera fuerte para lo que iba a ver. Reconocí enseguida el vestido amarillo de Matyla y a mi pequeña Marie", dice con voz quebrada. Una imagen que le "perseguirá" toda su vida. El hombre tenía montones de fotos de ellas, perdidas cuando su teléfono fue confiscado por los tunecinos.

Pero cuando buscó en su cuenta de Google, encontró una foto de su mujer con el mismo vestido amarillo. Esta foto permitió a la ONG Refugiados en Libia identificar formalmente a las dos víctimas. Desde entonces, la ONG le ha encontrado un alojamiento "más seguro" en algún lugar de Libia. Crépin afirma que fue amenazado por teléfono tras contar su historia a la prensa la primera vez (véase el artículo de AP News).

Conoció a Matyla por primera vez cuando llegó a Libia en 2016, cuando su ruta migratoria le llevó allí "un poco por casualidad". "Dejé Buea, en Camerún, cuando la región estaba en manos de los secesionistas y querían que me uniera a ellos. Mataron a mi hermana mayor porque me negué.”

Crépin llega a un campamento, cerca de Trípoli, donde se esconden los emigrantes a la espera de cruzar el Mediterráneo. En medio de una mayoría de angloparlantes, descubre a Matyla, con la que establece un estrecho vínculo. Ella procede de Costa de Marfil, país del que huyó y donde tuvo una "vida complicada". "Pasamos allí unas semanas y concebimos a Marie.”

Tras su intento fallido de cruzar, ambos fueron encarcelados, uno en Beni Walid, el otro en Sabratah. Crépin la encontró en Facebook y descubrió que estaba embarazada. Ella siguió con el embarazo y estaban "felices" de formar una familia. Matyla dio a luz en marzo de 2017. Para ser más aceptada en Libia, adoptó un nombre de pila que suena árabe, "Fátima", o "Fati".

Su sueño es abrir un restaurante que llamaría L'Abidjanaise, pero mientras tanto se gana la vida limpiando las casas de los libios. Crépin también trabaja como pintor y, cuando se presenta la ocasión, en la construcción. Marie creció sin escolarizar. "Nunca conseguimos cruzar. Elegimos ir a Túnez, pensando que sería mejor que aquí".

Pero en el Magreb, resume, "la vida de los negros no cuenta". Ojalá su historia pudiera "arrojar algo de luz sobre esa realidad". Matyla, de 30 años, y Marie, de 6, murieron "en vano", cree. "Gratuitamente". Afirma haber muerto en su interior: "Mi cuerpo sigue aquí, pero mi espíritu se ha ido".

Anteayer, una mujer le llamó para decirle que Matyla y Marie habían sido enterradas por las fuerzas de seguridad libias en Aljmail, a las afueras de Zuara. "Un comandante volvió a ponerse en contacto conmigo para preguntarme si quería visitarlas. Iba a ofrecerme una fecha, pero no he vuelto a saber nada más de él.” Sólo espera que descansen en paz "en algún lugar".

Traducción de Miguel López

Se trata de uno de los peores naufragios –que sepamos– ocurridos en esa zona del Mediterráneo, donde desde 2015 miles de personas intentan llegar a las puertas de Europa. Cientos de personas perdieron la vida al zozobrar su embarcación en aguas internacionales frente a la costa suroeste de Grecia el martes por la noche.

Según las últimas cifras, fueron rescatadas del mar 104 personas, y se recuperaron 78 cuerpos sin vida. Según los supervivientes, la embarcación de madera podía llevar hasta 700 personas a bordo, entre ellas un centenar de niños, lo que hace temer la desaparición de más personas bajo las aguas.

El barco, que al parecer zarpó de Tobruk (Libia) el 9 de junio, transportaba a ciudadanos egipcios, sirios y paquistaníes (entre otros). "Esas son las principales nacionalidades que encontramos procedentes de Tobruk", señala Sara Prestianni, encargada de derechos de la red EuroMed Droits, que ha trabajado mucho en esta ruta migratoria. "Alrededor de 13.000 personas han tomado esa ruta desde Tobruk desde principios de año. Cada vez vemos más sirios.”

Al parecer la embarcación estuvo a la deriva durante varios días, probablemente al quedarse sin combustible o sufrir una avería en el motor. Para protegerse, las mujeres y los niños iban en la bodega de la embarcación. El jueves, las autoridades portuarias griegas anunciaron la detención de nueve ciudadanos egipcios, sospechosos de ser contrabandistas y uno de ellos el capitán de la embarcación.

Ante la magnitud de la tragedia, las autoridades griegas anunciaron tres días de luto nacional. Una reacción que podría parecer, desde la distancia, a la altura del acontecimiento. Pero esos anuncios de "reacción" ya no bastan. Es hora de actuar, de dejar de limitarse a contar los muertos y luego lamentarlo, como si las políticas puestas en marcha no hubieran contribuido a segar esas vidas, con el pretexto de que su origen, color de piel o religión no eran los buenos.

Un ejemplo clarificador es el sistema de acogida puesto en marcha para los ucranianos que huían de su país y de la agresión rusa que asolaba su vida cotidiana.

¿Cómo fue posible organizar en un abrir y cerrar de ojos la acogida de varios millones de personas en Europa, desencadenando de paso una protección temporal que les permitiera viajar libre y gratuitamente y obtener un permiso de residencia temporal en los distintos países de acogida, movilizados para organizar esta acogida a escala europea? ¿Por qué no puede transponerse una política de acogida semejante para otras nacionalidades y otros perfiles, a los que preferimos dejar morir en el mar y en las rutas migratorias, sin demasiados miramientos?

Es difícil no recordar la indignación que causó la muerte del pequeño Alan Kurdi, cuyo cadáver apareció boca abajo en una playa turca en 2015. En aquel momento, muchas personalidades políticas encajaron esa tragedia y compartieron su emoción, en un momento en que Europa se enfrentaba a la llegada de un gran número de sirios que huían de la guerra.

Sin embargo, a principios de 2023, nuestra publicación sobre una niña cuyo cuerpo fue encontrado en la misma posición que la de Alan Kurdi en una playa de Kerkennah, una isla frente a la costa de Sfax, suscitó la indiferencia general en lugar de poner en tela de juicio las políticas migratorias de la UE y de terceros países como Libia, Túnez, Marruecos y Turquía, encargados de proteger sus fronteras, a pesar de que desprecian regularmente los derechos de sus propias poblaciones, por no hablar de los migrantes.

El 2 de junio, los guardacostas tunecinos encontraron el cadáver de otra niña frente a la misma costa, esta vez flotando en el agua, con un mono infantil color rosa y con unas zapatillas azules todavía puestas. La única reacción fue un tuit escrito al día siguiente por un estudiante de doctorado tunecino que transmitía la foto de la criatura y denunciaba la "externalización criminal de la política europea de fronteras" y la "corrupción de las autoridades". El tuit, poco compartido y que debería haber dado la vuelta al mundo, decía: "Las fronteras matan". Pero prevaleció el silencio y, una vez más, la indiferencia.

Habría mucho más que decir. Desde hace meses, la morgue del hospital de Sfax está a rebosar de cadáveres, abandonados en el mar o en las playas y encontrados por los pescadores. Las salidas desde Túnez nunca han sido tan elevadas. El país se ha convertido en la principal puerta de entrada a Europa, abarcando diferentes perfiles, empezando por los propios tunecinos, pero también los emigrantes subsaharianos. La retórica xenófoba y estigmatizadora de Kaïs Sayed hacia ellos no ha frenado esos flujos; al contrario, a veces ha empujado a algunos de ellos a dejar Túnez, que antes era un país de tránsito y ahora convertido, para algunos de ellos, en un país de destino.

El 6 de junio, Giorgia Meloni viajó a Túnez para negociar con el Jefe de Estado tunecino, a golpe de talonario, para frenar el flujo de migrantes en origen. En los tres primeros meses de 2023, las autoridades registraron un aumento del 5% en el número de personas interceptadas en el mar con respecto al año pasado. Y eso sin contar las personas que han hecho la travesía a Lampedusa, ni las vidas engullidas por el Mediterráneo, calificado en una triste y banal letanía de "cementerio". El mar es práctico porque puede "tragarse" cuerpos y ocultar al resto del mundo lo que equivale a un asesinato en masa, en el caso de víctimas cuyas vidas son, en última instancia, menos valiosas que otras.

Este tipo de naufragios, de los que se tiene conocimiento y en los que se puede llevar a cabo una operación de rescate a posteriori, exigen una reacción política, dado el número de desaparecidos, al igual que el ocurrido en Sicilia el pasado mes de febrero, que causó la muerte de al menos 86 personas. Durante semanas siguieron apareciendo cadáveres en una playa de Calabria. Hace unos meses, se difundieron también en las redes sociales imágenes espantosas de cadáveres de adultos devueltos por el mar tras un naufragio frente a las costas de Libia, que suscitaron escasas reacciones políticas en todo el mundo.

Sara Prestianni señala que, por enésima vez, "este naufragio frente a las costas de Grecia demuestra la ausencia real de un plan y de voluntad de rescate, con Estados que no asumen sus responsabilidades y que intervienen cuando ya es demasiado tarde". "La omisión de socorro parece haberse convertido en la regla", lamenta, recordando que la cifra de muertos en el Mediterráneo este año es "abrumadora" (1.166 hasta la fecha, frente a los 3.800 de todo 2022).

Esta vez, los guardacostas griegos se cuidaron de señalar que ninguna de las personas a bordo de la embarcación llevaba chaleco salvavidas. Según las autoridades, la embarcación había partido de Libia para llegar a Italia y un avión de Frontex, la agencia europea de vigilancia de fronteras, la había localizado el martes por la tarde. Sin embargo, según las autoridades, los exiliados rechazaron "toda ayuda". Frontex se declaró "profundamente conmovida" por la noticia del naufragio.

Las autoridades tampoco mencionan que Grecia es acusada regularmente de devolver a los migrantes al mar, para que se cojan miedo de que, tras una supuesta ayuda, en realidad serán expulsados del territorio, una práctica ilegal según el derecho marítimo internacional y la Convención de Ginebra, que deben permitir a cualquier persona en apuros ser rescatada y llevada a un puerto "seguro" y poder, si lo desea, presentar una solicitud de asilo en el país al que intentaba llegar.

El pasado mes de mayo, una publicación del New York Times mostraba esa práctica, gracias a un vídeo de un sicario pillado in fraganti. Mediapart documentó un caso similar en 2022, que se saldó con la muerte de dos demandantes de asilo.

A pesar de todas estas tragedias, la Unión Europea, y Francia en particular, se obstina en mantener una política de efectos devastadores, sin pensar en replantear la política europea de migración y asilo para que las personas que huyen de sus países puedan llegar a Europa con seguridad, sin poner en peligro sus vidas o en manos de traficantes a menudo sin escrúpulos. “Eso es lo que se desprende de la última versión del Pacto Europeo de Asilo", afirma la representante de EuroMed Droits. “Avanzamos cada vez más hacia la externalización de las fronteras, cuya gestión se cede a terceros países".

Lo peor es cuando esto legitima a los dirigentes de regímenes autoritarios en la escena internacional. "Muy a menudo, se produce un aumento del número de personas que se marchan, lo que aumenta la presión sobre un país europeo, que se ve obligado a entablar un diálogo con un dirigente político como Haftar en Libia", añade Sara Prestianni. Nuestros propios dirigentes, por su parte, se enzarzan en una competición política y mediática para venir a decirnos que acogemos a "demasiados", olvidando señalar una realidad que todavía se ignora con demasiada frecuencia: la mayoría de los movimientos de población se producen dentro de un mismo país o continente.

Como si les hiciéramos un favor, habría que dar a los exiliados la posibilidad de solicitar asilo desde fuera de Europa, en el país del que huyen o en países vecinos, para que no vengan a nuestras costas hasta que se les haya concedido protección, y para que no puedan "aprovecharse del sistema" (¿qué sistema?) quedándose en el país de acogida si su solicitud es rechazada. En Grecia, en vísperas de las elecciones legislativas de mayo, el Primer Ministro Kyriákos Mitsotákis hizo de la lucha contra la inmigración un caballo de batalla, prometiendo ampliar el muro "anti-inmigrantes" existente en la frontera terrestre entre Grecia y Turquía.

En Italia, varias leyes han dado cuerpo a la retórica anti-inmigración (véase nuestro reportaje), incluida una que obliga a las ONG con barcos humanitarios en el Mediterráneo central a rescatar a migrantes en peligro y a llevarlos a puertos a veces muy lejanos, en el norte del país, obligándoles a navegar varios días más. El decreto, bautizado como "Decreto Immigrazione", pretende también dejar de conceder protección "especial" a los inmigrantes que no hayan conseguido el estatuto de refugiado, pero que hayan dado muestras suficientes de integración e inclusión social en el país, al tiempo que acelera las expulsiones reforzando los centros especializados en cada región.

En Francia, el debate público se ha visto salpicado de comentarios a cuál más desmesurados. La acogida del Ocean Viking en Toulon en noviembre, el barco humanitario de la asociación SOS Méditerranée que había sido devuelto por Italia, fue ejemplo de una flagrante falta de voluntad en materia de acogida: la derecha y la extrema derecha lamentaron la decisión del Ministro del Interior, mientras que éste intentó tranquilizarles, explicándoles que las personas que no estuvieran destinadas a quedarse en Francia serían expulsadas manu militari. Ese fue el caso de Bamissa D., de cuya historia se hizo eco Mediapart, y que fue devuelto a Malí.

Desde el otoño pasado y el anuncio de un nuevo proyecto de ley de inmigración, la derecha y la extrema derecha, como el Ejecutivo en varias ocasiones, han alimentado la relación entre extranjeros e inseguridad, e incluso delincuencia. La única medida presentada como "de izquierdas", aunque pueda considerarse utilitarista, destinada a regularizar la situación de los sin papeles cuando cumplan ciertas condiciones y trabajen en un empleo llamado poco demandado, (ver nuestro análisis), ha suscitado la indignación de muchas personalidades políticas, que sin duda prefieren seguir beneficiándose de una mano de obra que puede doblegarse fácilmente, permitiendo a muchos sectores aprovecharlo para seguir en pie en Francia.

"La tragedia que se cobró la vida de decenas de hombres y mujeres al naufragar su embarcación en el Mediterráneo es estremecedora. Mis pensamientos están con las familias de las víctimas", tuiteó Gérald Darmanin (ministro del interior francés, ndt) el miércoles 14 de junio, sin sugerir la más mínima salida a este callejón sin salida mortal.

Aquí como en todas partes, el naufragio frente a las costas griegas demuestra hasta qué punto los migrantes son y seguirán siendo utilizados como herramientas políticas, unas veces para desviar la atención de las urgencias que sacuden a un país –paro, pobreza, inflación, desigualdades sociales–, otras como moneda de cambio con los países europeos que prefieren mantener sus puertas cerradas y están dispuestos a soltar mucho dinero para que otros asuman el papel de guardianes.

 Este artículo se actualizó la noche del jueves 15 de junio con el anuncio de la detención de nueve personas.

Traducción de Miguel López

Un total de 1.838 migrantes murieron o desaparecieron en el Mediterráneo en 2021, lo que representa cinco muertes al día y un aumento del 20% con respecto al año anterior, cuando perdieron la vida en el mar unos 1.448 migrantes, según el último informe del Monitor Euromediterráneo de Derechos Humanos.

En el mes de septiembre se registró la tasa más alta de llegadas a las costas europeas: más de 16.000 personas. Solo dos meses antes, en julio, al menos 311 migrantes murieron o desaparecieron, lo que representa más de diez vidas al día.

"Las políticas europeas, cada vez más estrictas, presagian un aumento dramático en el número de inmigrantes y solicitantes de asilo que mueren lejos de los centros de atención", ha dicho la investigadora sobre migración y asilo Michela Pugliese, quien ha añadido que las autoridades europeas están ocupadas "abrumando a los activistas con sanciones y multas desorbitantes para disuadirlos de brindar la asistencia necesaria".

Además, ha recalcado que muchos países europeos "devuelven por la fuerza a migrantes y solicitantes de asilo a países inseguros como Libia", lo que violaría la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, las leyes de la Unión Europea o los instrumentos de Derechos Humanos.

En este sentido, Pugliese ha resaltado que se llevan a cabo estos procedimientos de devolución "sin tener en cuenta las peligrosas condiciones a las que pueden estar expuestos", tanto en las cárceles, como en los centros de detención o en sus países de origen.

El informe resalta que la cooperación entre la UE y Libia "para hacer retroceder a los migrantes" se endureció en 2021, ya que las estadísticas del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) recogieron que alrededor de 31.500 migrantes y solicitantes de asilo fueron devueltos al país del norte de África el 23 de diciembre de 2021, más del triple del número registrado en 2020.

El Monitor Euromediterráneo de Derechos Humanos ha instado a las autoridades europeas a reactivar las misiones SAR —asistencia a cualquier buque o persona en peligro en el mar, independientemente de la nacionalidad o el estado de dicha persona— y realizar patrullas permanentes para garantizar una respuesta rápida al hundimiento de los barcos de migrantes en el Mediterráneo.

Asimismo, la organización ha emplazado a la UE a que garantice que la Guardia Costera de Libia respete los derechos de los migrantes y solicitantes de asilo y trabaje para poner fin a todas las prácticas violentas, tanto durante como después de las devoluciones.

Enésima conferencia de paz después de Berlín 1, Berlín 2, Palermo, La Celle-Saint-Cloud... Pero ésta podría ser “decisiva”, confía a Mediapart (socio editorial de infoLibre) Ján Kubiš. “Personas y países, que nutren profundas divergencias, se han puesto de acuerdo en una serie de puntos esenciales”. Es el nuevo enviado de la ONU para Libia desde hace 11 meses, un puesto que ha estado vacante durante casi un año y que ha agotado a varios de sus homólogos, como el último de ellos, Ghassan Salamé.

No habla árabe, no es africano, como exigía la Unión Africana, vive en Ginebra (Suiza), no en Trípoli, en el corazón del infierno, como pide un estudio independiente de la ONU, pero en pocos meses, el eslovaco, que ha estado en Líbano, Irak, Afganistán, ha hecho “un trabajo notable y valiente”, elogió el presidente francés Emmanuel Macron. “Gracias, Ján Kubiš, por estar presente en el día a día”.

En la pequeña sala de la Maison de la Chimie de París, abarrotada de periodistas y diplomáticos, donde se celebra una conferencia de prensa de acceso limitado, estallan los aplausos. La canciller alemana Angela Merkel, el primer ministro italiano Mario Draghi, el presidente y el primer ministro libio Mohamed al-Menfi y Abdel Hamid Dbeibah abundan en el reconocimiento de Emmanuel Macron. Ján Kubiš, que ha querido permanecer discreto, agradece los cumplidos, sonrojado al verse el centro de atención. “Es un esfuerzo colectivo a largo plazo”, insiste en un aparte.

En menos de seis semanas, a partir del 24 de diciembre –si no se torpedean los esfuerzos de uno de los procesos de paz más laboriosos del mundo–, el pueblo libio debería ser llamado a las urnas para unas elecciones presidenciales y legislativas históricas, que se supone que pasarán la página de más de una década de guerra y caos. Los dirigentes o representantes de una treintena de países, actores del conflicto o de su resolución, manifestaron, a puerta cerrada, el pasado 12 de noviembre en París, junto a las autoridades de transición libias, la necesidad y la urgencia de salir airosos de esta doble elección crucial para reconciliar a una Libia destrozada.

Mientras los jefes de Estado o sus enviados se reunían, los convocantes cerraban el acto. Más de un centenar de periodistas acreditados, entre los que se encontraba Mediapart, se encontraban al otro lado de la calle, en salas en el sótano, condenados a seguir las llegadas de los jefes de Estado a través de pantallas, sin poder acceder a las delegaciones de los distintos países.

Dependientes de las imágenes en régimen de pool (como se llama a los pocos periodistas elegidos a dedo y autorizados a seguir al presidente en nombre de sus colegas), de los WhatsApp del gabinete de prensa del Elíseo, condenados a mendigar información controlada –“¿Podemos tener algo sobre la reunión con Sissi?”, “¿Podemos saber qué se dijo?”, esperarán durante horas las ocho páginas de la resolución y la conferencia de prensa, a la que sólo podrá asistir una parte, principalmente de los cuatro países coorganizadores (Francia, Alemania, Italia y Libia), y formularán una sola pregunta por país.

“Es importante que todas las partes interesadas libias se movilicen decididamente a favor de la organización de elecciones presidenciales y legislativas libres, justas, inclusivas y creíbles el 24 de diciembre de 2021 [...] y que acepten los resultados de estas elecciones”, subrayaron los participantes en la cumbre en su declaración final.

Si la apuesta parece incierta, incluso poco realista, cuanto más se acerca el plazo, ya que las tensiones aumentan entre los dos bandos rivales de la parte oriental y occidental, y a falta de una ley electoral equitativamente consolidada, la comunidad internacional considera que las elecciones libias están “al alcance de la mano” y pide que se mantengan. Detrás de la preocupación por la “inclusión”, está el llamamiento a la “participación plena e igualitaria de las mujeres”, la “integración de los jóvenes”, pero también la posibilidad de que todas las facciones rivales sean candidatas.

Todos aquellos que “intenten obstruir, socavar, manipular o falsificar el proceso electoral y la transición política”, dentro o fuera del país, “rendirán cuentas y podrán ser incluidos en la lista del comité de sanciones de la ONU”, amenazaron los países firmantes. “No es la primera vez que se esgrime el arma de las sanciones, pero en realidad nunca ha impedido que los distintos clanes o milicias saboteen la marcha hacia la reconciliación”, afirmó un destacado observador.

Algunos considerarán que el comunicado de la Conferencia de París es tibio, como una sarta de deseos piadosos desconectados de la realidad libia, que pasa por alto un punto crucial: la ausencia de un código electoral sólido y unánimemente aceptado, ya que el actual ha sido denunciado por ser elaborado a la medida del bloque oriental. No obstante, se trata de un paso adelante teniendo en cuenta el número de participantes y sus diversos desacuerdos e intereses, aunque dos de los principales actores del conflicto –Rusia y Turquía– no enviaran a sus líderes, sino a representantes de menor rango (el jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, y el viceministro de Asuntos Exteriores turco, Sedat Önal).

Entre los 25 puntos validados por la cumbre, en la que finalmente participó Argelia (algo que no se daba por hecho), por voz de su ministro de Asuntos Exteriores, Ramtane Lamamra, señal del inicio de un deshielo entre París y Argel, figura un asunto de primer orden: el proceso de retirada de las fuerzas extranjeras y de los mercenarios que minan el terreno libio, enquistado por múltiples injerencias. “Este plan no debe ser un plan sobre el papel, sino una realidad”, advierte Angela Merkel, que también está dispuesta a que Alemania forme y envíe observadores para ayudar al buen desarrollo de las elecciones.

Varios miles de mercenarios extranjeros siguen presentes en Libia, amenazando la estabilidad y la seguridad del país y de toda la región: rusos de la milicia Wagner, al servicio del Kremlin, turcos, sirios proturcos, chadianos, sudaneses. Emmanuel Macron aplaudió “un primer paso”, con el anuncio, en vísperas de la apertura de la cumbre, de la retirada de 300 mercenarios al servicio del bando del señor oriental libio Jalifa Haftar, y agradeció “la implicación de los países africanos vecinos, en particular de Chad”. Antes de pedir a los más reticentes, Rusia (que niega cualquier envío de mercenarios y cualquier vínculo con Wagner) y Turquía, “que retiren sin demora” sus tropas.

“No hay paz sin que su salida”, dijo un miembro de la delegación libia, contactado por Mediapart, consciente de los obstáculos internos del Ejecutivo libio, receptáculo de todas las rivalidades, donde un tira y afloja opone al presidente Mohamed al-Menfi al primer ministro Abdelhamid Dbeibah. “No estoy seguro de que podamos cumplir el calendario, celebrar elecciones en seis semanas en un marco democrático, porque todavía tenemos que superar nuestras propias divisiones y trabajar en la modificación de la ley electoral para que no sea contestada”. En París, Menfi y Dbeibah se dejaron ver juntos, hablando con una sola voz.

Durante la rueda de prensa, los periodistas libios se decantaron por una pregunta –ya que sólo se podía hacer una por país– en la que se interpelaba a Dbeibah, que tiene ambiciones presidenciales a pesar de que la ley se lo prohíbe y de que se había comprometido ante la ONU y las fuerzas libias a no ser candidato para cumplir su misión, organizar las elecciones. El empresario, uno de los más prósperos de Misrata, la tercera ciudad de Libia, que construyó su negocio sobre la base de la corrupción, respondió que devolvería “el poder a los elegidos”. Sin entrar en detalles de sus intenciones y con una precisión que cada cual puede interpretar como quiera: “Si el proceso electoral se lleva a cabo de forma honesta”.

Uno de los grandes temores es que celebrar elecciones ahora tenga el efecto contrario al buscado, la vuelta a la guerra, debido sobre todo a las apetencias de personalidades divisionistas y apresuradas, como el mariscal Haftar, que pulverizó el proceso de paz en 2019 para hacerse con el poder y que planea entrar en la carrera presidencial.

En el bloque occidental, algunos de sus opositores, como el presidente del Consejo Superior del Estado (el equivalente al Senado), Jaled al-Mechri, del movimiento islamista, que se levanta contra la actual ley electoral, llaman a los libios a boicotear las elecciones “permitiendo que se presenten los criminales”. Señala al mariscal Haftar o a Saif al-Islam Gadafi, el hijo más conocido del dictador Muammar Gadafi, que también sueña con ser candidato y sobre el que pesa una orden de detención de la Corte Penal Internacional por “crímenes contra la humanidad”.

“Ninguno de nosotros puede sustituir la soberanía libia que defendemos y, por lo tanto, el papel que cada una de las instituciones tendrá que desempeñar en los próximos días y semanas”, afirmó Emmanuel Macron, entrevistado por la prensa francesa. Su entorno recuerda que mantiene “un diálogo con todos los actores de Libia, incluido Jalifa Haftar”. Antes de presidir la cumbre, el presidente francés también almorzó con uno de los más fieles partidarios de Haftar, que también es uno de los mejores clientes de la industria armamentística francesa, condecorado casi a escondidas hace un año: el dictador egipcio Abdel Fattah al-Sissi. Un “almuerzo de trabajo” del que no ha trascendido nada.

Francia, que durante mucho tiempo ha jugado un doble juego apoyando secretamente a Haftar bajo el pretexto, sobre todo, de la lucha contra el terrorismo, pretende ahora brillar con neutralidad. Entre los asientos reservados en la rueda de prensa para la delegación francesa, por detrás del ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Yves Le Drian, y del jefe de la célula diplomática del Elíseo, Emmanuel Bonne, había uno en la tercera fila a nombre de Paul Soler.

El discretísimo “señor Libia”, ausente de los organigramas, destituido en la primavera de 2019 tras las revelaciones de su relación con Alexandre Benalla, fue rehabilitado en primavera por el Elíseo. El exmilitar del 13º regimiento de dragones paracaidistas, especialista en inteligencia, ya no se esconde. En 2019, convenció a París para que apoyara la ofensiva de Haftar sobre Trípoli, que terminó en un sangriento fracaso y echó al oeste de Libia a los brazos de Turquía.

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

El pasado 8 de octubre, volvían a perderse vidas humanas, ante una indiferencia casi general, en Libia. Seis hombres murieron a tiros en el centro de detención de Al-Mabani, en Trípoli, a manos de guardias armados que abrieron fuego tras un motín y un intento de fuga de los inmigrantes allí recluidos. Al menos otras 24 personas resultaron heridas, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), cuyos equipos se encontraban presentes en el lugar de los hechos y fueron testigos de lo sucedido.

“El uso excesivo de la fuerza y la violencia, que con frecuencia conlleva la muerte, es un fenómeno común en los centros de detención libios”, resumía el jefe de Misión de la OIM en Libia, Federico Soda, con una mezcla de amargura y fatalismo. “Algunos de nuestros empleados describen a los migrantes heridos tirados en un charco de sangre en el suelo. Estamos desolados por esta trágica pérdida de vidas”.

Muertos y un charco de sangre no escandalizan a mucha gente. El 1 de octubre comenzó una fuerte represión en Trípoli, que condujo a la detención de muchos exiliados en un campamento improvisado en el barrio de Gargaresh, y posteriormente en otros campamentos, y a su ingreso en este centro de detención, ya superpoblado. “Las redadas comenzaron hace 15 días en los barrios donde hay una alta concentración de inmigrantes y solicitantes de asilo. Se desalojaron5.000 personas, se destruyeron sus casas, fueron detenidas e internadas en uno de los centros de detención dependientes del DCIM [Departamento de Lucha contra la Inmigración Ilegal, dependiente del Ministerio del Interior]”, explica Jean-Paul Cavalieri, jefe de misión del ACNUR en Libia.

Una “gran redada” que tuvo como consecuencia la duplicación de la población de personas detenidas en todo el país en apenas unos pocos días. “Como resultado, se encontraban hacinadas en celdas mal ventiladas y 2.000 ellas intentaron escapar. Seis hombres murieron y decenas resultaron heridos”. “Desde hace dos semanas, es una verdadera cacería humana”, suspira Hamed [nombre supuesto], un joven africano que vive en Trípoli desde hace tres años y que ha intentado varias veces cruzar a Europa, sin éxito.

Y añade: “La Policía va a las casas de la gente, echa la puerta abajo y entra. Los detienen en sus casas y los llevan a la cárcel. Es muy peligroso para los migrantes en Trípoli en este momento. Antes, este tipo de cosas no ocurrían. Podías acabar en un centro de detención tras ser interceptado en el mar o secuestrado en la calle por grupos armados, pero la policía no venía a acecharte a casa”.

“Varios de mis amigos fueron detenidos y llevados a Al-Mabani. Algunos de ellos resultaron heridos en el momento del tiroteo y las ONG los sacaron del centro para atenderlos”, afirma otro exiliado subsahariano contactado por Mediapart (socio editorial de infoLibre), que prefiere mantener el anonimato.

Una fuerte represión en el período previo a las elecciones

Según una fuente cercana al Ejecutivo libio, la orden vino “de arriba” y podría tener un fin electoral: una señal de firmeza enviada a la población local relativa a la migración, dos meses antes de las elecciones presidenciales previstas para el 24 de diciembre, tras el nombramiento de un nuevo ejecutivo interino el pasado febrero.

Oficialmente, las autoridades libias justificaron la represión lanzada a principios de octubre por el deseo de desmantelar las redes de tráfico de drogas y el alojamiento ilegal de inmigrantes. En un comunicado publicado en su página de Facebook, el Ministerio del Interior libio informó de un muerto y varios heridos, sin precisar su número, pero también de policías heridos. Aludía a una “operación policial llevada a cabo con profesionalidad y sin el uso de la fuerza”.

El pasado mes de abril, en el mismo centro de detención, ya había perdido la vida una persona y otras dos resultaron heridas, según informó Médicos Sin Fronteras, cuyos equipos habían atendido a dos adolescentes con heridas de bala. En junio, un informe de Amnistía Internacional recogía que la violencia cometida contra los exiliados durante una década había continuado en el primer semestre de 2021, a pesar de las promesas de hacer algo al respecto.

“Para mí, estos no son centros de detención, sino prisiones. Las condiciones sanitarias son deplorables, no hay comida. Puede haber entre 400 y 500 personas hacinadas en una sala, los guardias están armados y son violentos. Si intentamos escapar, nos disparan en el acto”, añade Hamed, que también ha estado detenido.

¿Debemos aceptar que ese grado de violencia se esté convirtiendo en algo habitual contra los inmigrantes, un término que, en boca de quienes lo quieren utilizar, tiende a deshumanizar a mujeres, hombres y niños y contribuye a reforzar el miedo al “otro”? ¿Deben considerarse sus vidas menos valiosas que las de los demás?

Durante años, en este país dividido y desgarrado por la guerra, en el que prosperan peligrosas milicias locales, los emigrantes, sobre todo los procedentes de África (subsaharianos, norteafricanos), han sido objeto de los peores abusos, como ser secuestrados y retenidos por mafias que luego exigen un rescate por su liberación. También son víctimas, en la mayoría de los casos, de explotación, malos tratos, abusos sexuales y violaciones, torturas, desapariciones forzadas o ejecuciones sumarias, incluso en centros de detención oficiales.

Un sistema de crímenes generalizado apoyado, indirectamente, por la Unión Europea, que ha inyectado, según las últimas noticias, la módica suma de 455 millones de euros en Libia como parte del Fondo Fiduciario de Emergencia para África. Detrás de este largo título, la Unión Europea pretende financiar la “formación de guardacostas” o “la mejora de la gestión de las fronteras”, pero sobre todo “la protección y el apoyo a los migrantes y refugiados”. Tanto como decir que en este último punto, todavía estamos lejos de ello.

“Además de estar superpoblados, los centros de detención oficiales carecen de fondos y están mal equipados. También hay una falta total de control judicial para los detenidos”, señala Jean-Paul Cavalieri. “Las causas no son sólo el hacinamiento, sino las graves violaciones de los derechos humanos, la extorsión de los guardias de la prisión, la desesperación. ¿Se perseguirá a los responsables de este sistema de detención por estos abusos?”, se preguntaba Vincent Cochetel, enviado especial del ACNUR para la situación en el Mediterráneo occidental y central, en Twitter, que reclamaba “sanciones”.

Una pesadilla interminable

El momento de esta represión y el anuncio de esta matanza se produce coincidiendo con la publicación, a principios de octubre, en Ginebra del informe de una misión independiente de investigación de la ONU, en el que los inspectores hablan de “crímenes de guerra” y “crímenes contra la humanidad” contra los migrantes. La noticia no llegó a las portadas de los diarios.

“Los migrantes, los solicitantes de asilo y los refugiados son objeto de una letanía de abusos en el mar, en los centros de detención y a manos de los traficantes”, denunció Chaloka Beyani, miembro de la Misión de Investigación, que recogió y analizó cientos de documentos y entrevistó a más de 150 personas en Libia, Túnez e Italia, lo que permitió identificar a las personas (entre grupos libios y actores extranjeros) que pueden tener responsabilidad en las violaciones, abusos y crímenes cometidos en el país desde 2016.

“Nuestras investigaciones indican que las violaciones contra los migrantes son cometidas a gran escala por actores estatales y no estatales, con un gran nivel de organización y con el estímulo del Estado, todo lo cual es sugerente de crímenes contra la humanidad”, añadió el investigador de la ONU.

Detrás, se esconden las reveladoras cifras de las detenciones arbitrarias, pero también las de la interceptación de migrantes por parte de los guardacostas libios en el Mediterráneo, que son inmediatamente detenidos a su regreso a Libia. Se trata de 3.400 personas, entre ellas 356 mujeres y 144 niños, sólo para el abarrotado centro de Al-Mabani en Trípoli. Diez mil en todos los centros de detención libios, con poco o ningún acceso a la ayuda humanitaria.

Según la OIM, todos los vuelos humanitarios están suspendidos desde hace meses por decisión del director del DCIM, lo que obliga a más de mil detenidos a permanecer en Libia aunque hayan expresado su deseo de regresar voluntariamente.

“Las autoridades libias tienen una parte de responsabilidad, ya que los centros de detención están bajo su jurisdicción”, recuerda el jefe de la misión del ACNUR en Libia. “Naciones Unidas y la Unión Europea deben estudiar la posibilidad de imponer sanciones para que se persiga a los cómplices de graves violaciones de los derechos humanos, aunque tengan una función oficial. Es legítimo apoyar a Libia, pero es importante que este apoyo esté condicionado al respeto de los derechos humanos, tanto en los centros de detención como en el mar cuando se realicen interceptaciones”.

Este año, las interceptaciones en esta ruta migratoria han sido especialmente elevadas: 24.000 personas fueron detenidas por los guardacostas libios, a veces en condiciones terribles, como muestran las imágenes de la asociación Pilotes volontaires, cuyos aviones de reconocimiento patrullan para detectar embarcaciones en dificultades en el mar, en las que se puede ver cómo las personas caen al agua y quedan a la deriva, sin saber si el mar se ha tragado muchas vidas y cuántas.

La Unión Europea, que financió la creación de la zona SAR (búsqueda y rescate) libia, sigue subvencionando la misión de estos guardacostas, que han demostrado su incompetencia y violencia con los exiliados.

Desde el final de las operaciones de rescate Tritón o Sophia, puestas en marcha por la agencia europea de vigilancia de fronteras Frontex, ningún buque militar opera en el Mediterráneo central. Al delegar sus misiones en los guardacostas libios, que no dudan en violar el derecho internacional llevando a cabo devoluciones ilegales (interceptando a personas en las zonas de búsqueda y salvamento maltesas o italianas y devolviéndolas a Libia), la Unión Europea elude sus responsabilidades. Como si fuera adecuado, y aceptable, dejar que los seres humanos pierdan la vida, a menudo en naufragios invisibles de los que nadie es consciente.

Solo iniciativas como el Proyecto Migrantes Desaparecidos de la OIM intentan poner un número y un nombre a las personas desaparecidas en el mar: 17.000 muertos y desaparecidos en el Mediterráneo central desde 2014. ¿Hasta cuándo el mundo y Europa seguirán mirando hacia otro lado?

Para reaccionar y poner fin a estos abusos, a los dirigentes europeos les convendría embarcarse en un buque humanitario para participar en una patrulla en el Mediterráneo central; a veces las fotos o los vídeos de personas a bordo de balsas no bastan para tomar conciencia de la gravedad de la situación. Es necesario confrontarse con la realidad, ver las figuras desesperadas, a bordo de una embarcación improvisada y a menudo sobrecargada, flotando en medio de una extensión infinita de agua con el cielo como único horizonte; escuchar sus gritos de auxilio, acercarse a ellos, adivinar los frágiles cuerpos de bebés inocentes envueltos en una simple manta; acercarse a los supervivientes, ver su piel lacerada por la tortura, enfrentarse a sus ojos vacíos y a sus sollozos incontrolados, curar las heridas; escuchar las historias de las mujeres violadas, convertidas en esclavas sexuales, comprender qué es Libia y por qué tanta gente huye de ella, por cualquier medio. Muchos dicen que preferirían morir en el mar antes que ser devueltos a este “infierno libio”.

Si el horror es tan grande, ¿por qué tantos migrantes (597.611 actualmente en Libia) deciden ir allí? En realidad, la mayoría de las personas van a Libia por las oportunidades de trabajo que ofrece el país, sin intención de continuar su viaje migratorio por el Mediterráneo, y sin imaginar los malos tratos que les esperan. A menudo, una vez allí, para huir de los abusos, deciden escapar intentando la travesía.

Que se sepa, ningún líder político experimentará jamás una operación de búsqueda y rescate en el mar. Se encargarán de dejar el trabajo sucio a las asociaciones ciudadanas, como SOS Méditerranée y otras ONG cuyo barco humanitario recorre el Mediterráneo central para rescatar a los exiliados en apuros, y que, como señaló un joven rescatado por el Ocean Viking a principios de 2021, no sólo salvan a personas, sino a “toda la humanidad”.

La perspectiva de unas elecciones presidenciales y parlamentarias en Libia en diciembre y enero da esperanzas a los más optimistas sobre el futuro. “Da esperanza para la creación de un espacio de cooperación para intentar mejorar las cosas, para la instalación de un gobierno estable, la reconstrucción del país y una gobernanza migratoria que permita a la gente venir a trabajar al país legalmente”, concluye Jean-Paul Cavalieri.

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

La organización SOS Mediterráneo ha informado este jueves que el barco de rescate Ocean Viking ha hallado al menos 10 cadáveres en el naufragio en las costas de Libia de una embarcación con cerca de 130 personas a bordo, si bien se teme que el total de tripulantes haya fallecido en el incidente al no haberse localizado supervivientes por el momento, según recoge Europa Press.

Según ha detallado SOS Mediterráneo en un comunicado, el Ocean Viking ha actuado este jueves en el lugar del naufragio después de horas de búsqueda de la embarcación tras haber recibido varias llamadas de socorro. "Tras horas de búsqueda, nuestro peor miedo se ha hecho realidad. La tripulación del Ocean Viking tuvo que presenciar las devastadoras consecuencias del naufragio de un bote de goma al noreste de Trípoli. Este barco había sido reportado en peligro con alrededor de 130 personas a bordo el miércoles por la mañana", ha explicado la coordinadora de Búsqueda y Rescate del barco Luisa Albera.

Albera ha precisado que en las últimas 48 horas, la línea civil de emergencia Alarm Phone ha avisado al barco de rescate de un total de "tres barcos en peligro en aguas internacionales frente a Libia", todos a "al menos diez horas" de la posición de los rescatistas. "En ausencia de una coordinación estatal efectiva, tres buques mercantes y el Ocean Viking han cooperado para organizar la búsqueda en condiciones marítimas extremadamente difíciles", ha lamentado.

La rescatista ha señalado que desde la llegada al lugar del naufragio este jueves no se ha encontrado "a ningún superviviente, mientras que pudimos ver al menos diez cuerpos en las cercanías de los restos del naufragio". "Estamos desconsolados. Pensamos en las vidas que se han perdido y en las familias que tal vez nunca tengan la certeza de lo que les sucedió a sus seres queridos", ha añadido Albera.

Por su parte, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha apuntado a través de su perfil oficial de Twitter que el centenar de tripulantes del barco puede haber fallecido en el naufragio, citando al comunicado de la organización SOS Mediterráneo. "Nos entristece esta última tragedia y renovamos nuestro llamado a los estados para que reubiquen los buques de búsqueda y rescate en el mar Mediterráneo", ha demandado la OIM. Al menos 41 personas murieron al naufragar una embarcación de inmigrantes frente a las costas tunecinas hace una semana, mientras casi 360 personas han muerto en el Mediterráneo Central en lo que va de año, según datos de la ONU.