Una destructiva bomba social extremadamente peligrosa es que el poder actúe contra la ciudadanía mundial. Lo tenemos muy cerca; lo sentimos muy lejos, si solamente nos asimos a la visible e inmediato. Podemos considerar como axioma global la idea de que la violencia tapa el sentido común; ese que nos inclina a pensar que el diálogo siempre es preferible a un conflicto brutal. Lo son las actuales guerras, aunque aquí vamos a referirnos solamente a la actual en Oriente Medio. Tras el preludio del genocidio de Gaza, viene ahora  el epítome de la guerra iniciada por el señor Netanyahu con el patrocinio del señor Trump. Todas las guerras comportan demasiadas amarguras en forma de bajas civiles, con previsibles daños ambientales y unas vergonzosas violaciones del derecho internacional.

El actual atraco militar que desempeñan Israel, Estados Unidos y el Irán represor de los ayatolás son los principales contaminadores del equilibrio humanitario siempre deseable. Refuerzan los vínculos entre la guerra, el poder y la destrucción ambiental; todo es amargura ética. Otro tanto sucede en Ucrania y en todos esos lugares de los que las grandes agencias no nos sirven noticias. 

Los impactos de la guerra actual del petróleo –nos atrevemos a llamarla así aunque lleva el hiriente contaminador moral del caudillo israelí– son tremendos. Nos tememos que serán perturbadores duraderos de la vida de los más pobres. Escasearán el petróleo, el gas o la energía comunitaria; o serán tan caros que los países pobres se sumirán en el desconsuelo social. La cascada inflacionista la pagarán los más pobres, incluso las clases medias; por todo el mundo.

Parece que la Agencia Internacional de Energía (IEA por sus siglas en inglés) ha aconsejado a sus países miembros que adopten  medidas para responder a los posibles amargos efectos de la guerra, y la consiguiente crisis energética. Entre otras, reducir la velocidad en las autopistas y fomentar el teletrabajo. Teme una interrupción del suministro ahora que las dianas de los bombardeos buscan instalaciones petroleras. La AIE también manifestó estar dispuesta a liberar las reservas de los países para mitigar la que declaró la "mayor interrupción del suministro en la historia del mercado petrolero". Me pregunto las afecciones ambientales, económicas y sociales que la guerra provocará en las poblaciones pobres de las mega ciudades africanas o asiáticas. El estrecho de Ormuz se estrecha mucho más para Asia, a donde va casi el 90 % del GLP (gas licuado del petróleo) que lo atraviesa. 

Todo lo anterior interacciona con la preocupación climática. Estos días hemos leído justificaciones de que la acción climática es demasiado costosa. Ya se encargan la extrema derecha y las grandes empresas de instrumentalizar la inestabilidad social para bloquear el bienestar global. Despliegan sus batallas o guerras contra la protección del medioambiente. Se comenta que la misma Unión Europea se está rearmando con dineros hurtados a la protección ambiental y a la cooperación internacional para reducir desigualdades. 

Se hubieran paliado una parte de los efectos si las energías renovables fuesen el pegamento vivencial de los estados. Se dice que en España –después de tres años de fuertes inversiones en eólica y solar– el gas ha determinado el precio de la electricidad, por ahora, solo en el 15% de las horas en 2026, en comparación con el 89% en Italia. La diferencia viene motivada por los años de inversión en energía solar y eólica, con aciertos y errores, pero generadores de electricidad. Ayudaría reconocer que el gas es un débil eslabón climático y productivo. Cuanta más energía se autogenere un país, en forma de energías renovables respetuosas con el entorno, menos dependerá del exterior. Se suprimen amarguras varias.

En realidad, mucho nos tememos que medidas como las subvenciones, que vendrán, no hagan sino reposicionar a los combustibles fósiles. Ya se encargan de difundir esta solución los mensajes públicos de las grandes petroleras sobre el cambio climático en los últimos años, en los que invierten elevadas sumas de dinero. Los medios de comunicación, complacientes con ellas, difuminan los efectos contaminadores. Se olvidan de que la quema de petróleo, gas y carbón es la principal causa del aumento de la temperatura global y de las olas de calor, sequías, tormentas y subida del nivel del mar que de él se derivan. Una noticia publicada en Reuters estos días informaba de que “en respuesta al conflicto, las compañías eléctricas en Asia están "aumentando la generación de energía a partir del carbón para reducir costos y salvaguardar el suministro energético",

Me impresiona la claridad con la que ve esta amarga guerra bélica y climática un artículo publicado en Social Europe (19/03/2026) titulado libremente como “¿Conflicto armado o supervivencia mutua? Viene a esclarecernos que el militarismo y el colapso ecológico no son emergencias separadas. Sino la misma contingencia, que se retroalimenta en una espiral que la humanidad no puede permitirse ignorar. Copiamos casi textualmente. El mundo se hunde en el militarismo, las confrontaciones múltiples y la guerra que amenaza al mundo entero. Justo cuando la humanidad más necesita una cooperación internacional para afrontar la crisis climática.

Lo podemos comprobar en el compadreo con el que hablan algunos presidentes de países –el señor Trump a la cabeza– que demandan un aumento vertiginoso de los presupuestos militares; no les importa justificar la destrucción. Es más, cargó contra España porque el presidente Sánchez “solo” se comprometió a que apenas alcanzase el 2%. Donald Trump habría declarado que Estados Unidos podría atacar varias veces el mayor centro de exportación de petróleo de la isla de Kharg, en Irán; "solo por diversión". La bravuconería es moralmente grosera. La cultura política que este señor exhibe, y sus muchos imitadores en países diversos con una incultura políticosocial “en la que la devastación de lugares lejanos se discute con ligereza, como si la matanza de extranjeros apenas importara”.

En ese artículo tan inspirador, anteriormente mencionado, se remarca que la guerra no es solo una catástrofe humanitaria; también es una catástrofe ambiental. Algunas estimaciones sobre las emisiones durante el genocidio de Gaza afirman que las de GEI se acercaron al total anual de 36 pequeños países. La militarización no es inocua para el medioambiente: consume enormes cantidades de combustible, energía, acero, hormigón, materiales escasos, talento científico y recursos públicos. Además, las bombas contra la ética global no hacen sino incrementar el miedo de la población, la rivalidad entre países diversos. En suma, la amenaza de la militarización actual trunca la cooperación internacional de la que depende la construcción de un mundo sostenible; ¡Cuántas reuniones para los llamados “alto el fuego” de Gaza, o la reducción de la supuesta amenaza nuclear iraní han fracasado! La inutilidad de las malas intenciones.

Wislawa Szimborska (Nobel de Literatura 1996) se preguntaba en su poema “Principio y fin”: “Después de cada guerra alguien tiene que limpiar… Aquellos que sabían de qué iba la cosa, tendrán que dejar su lugar a los que saben poco. Y menos que poco. E incluso prácticamente nada.” Recordemos la cordura de Rosa Regàs: “No hay cosa más amarga que la inutilidad.”

Las Fuerzas Armadas iraníes amenazaron este domingo con cerrar "completamente" el estrecho de Ormuz y destruir los intereses económicos de Estados Unidos en la región, si Washington ataca las centrales eléctricas del país persa, según recoge EFE.

“El estrecho de Ormuz será cerrado completamente y no se reabrirá hasta que nuestras centrales eléctricas destruidas sean reconstruidas”, afirmó Ebrahim Zolfagari, portavoz del Cuartel General Central Jatam al Anbiya, que coordina a las Fuerzas Armadas iraníes.

El militar sostuvo que, en caso de que Washington cumpla su amenaza, Teherán adoptará una serie de “medidas punitivas” inmediatas, entre ellas el cierre total de esta estratégica vía, además de atacar infraestructuras energéticas y de tecnologías de la información en Israel, así como empresas en la región con participación estadounidense y centrales eléctricas de países que alberguen bases militares de EE.UU.

“Todo está preparado para una gran yihad con el objetivo de destruir completamente todos los intereses económicos de Estados Unidos en la región”, sostuvo.

Así respondió Zolfagari al ultimátum del presidente estadounidense, Donald Trump, quien dio anoche un plazo de 48 horas para que Irán abra “totalmente” el estrecho de Ormuz; de lo contrario, advirtió que atacaría sus centrales eléctricas.

El portavoz insistió en que Irán no inició el conflicto y que tampoco comenzará ataques contra infraestructuras energéticas, pero subrayó que responderá “sin límites” si sus instalaciones son atacadas.

Horas antes, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, advirtió también que Irán atacará y destruirá infraestructuras vitales, energéticas y petroleras en toda la región si se materializan las amenazas estadounidenses.

Por su parte, el representante de Irán ante la Organización Marítima Internacional aseguró que el estrecho permanece abierto a la navegación internacional, “excepto para los enemigos”, bajo condiciones de seguridad establecidas por Teherán.

El estrecho de Ormuz se ha convertido en el epicentro del caos tras la escalada bélica, interrumpiendo una de las principales rutas energéticas del mundo y disparando el precio del petróleo.

El barril de Brent para entrega en mayo llegó a 112,91 dólares, su mayor nivel desde julio de 2022.

El paquete de hasta 80 medidas que conforman el plan anticrisis para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio han entrado este domingo en plena vigencia, tras su publicación la víspera en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y el próximo jueves el Congreso dictaminará su convalidación.

El plan cuenta con una dotación de 5.000 millones de euros e incluye, entre otras medidas, rebajas de impuestos a la electricidad, el gas y los carburantes (del 21% de IVA al 10%); así como descuentos para colectivos vulnerables y ayudas directas para los sectores más afectados.

En el apartado fiscal destacan, especialmente, la suspensión temporal del impuesto de generación eléctrica, actualmente del 7 % y que pagan las compañías; la rebaja del impuesto especial sobre la electricidad que pagan los consumidores (del 5,11% actual al 0,5%); y la congelación del precio máximo de venta del butano y propano.

Asimismo, el Ejecutivo dio luz verde a otro decreto que establece una congelación temporal de los precios del alquiler, similar al aplicado en crisis previas. Este último es muy probable que no salga adelante en la Cámara Baja, por el rechazo ya anunciado de formaciones como Junts, PP y Vox.

Entre las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros destaca, igualmente, la prohibición del despido en las empresas que reciban ayudas públicas relacionadas con los efectos del conflicto.

También ha entrado en vigor un plan de movilidad sostenible, que obligará a las compañías de más de 200 personas trabajadoras o 100 por turno a que faciliten los desplazamientos de su plantilla al centro de trabajo; así como una suspensión de la causa de disolución por pérdidas, ya acordada previamente respecto del COVID-19.

Sectores de la economía relacionados con el transporte, la agricultura o la ganadería han mostrado su disconformidad parcial con el paquete de medidas del plan anticrisis, en especial en el colectivo de la movilidad por carretera (logística, mercancías y autobús).

Patronales como CETM, Fenadismer, UNO (logística) y Confebus califican como "claramente insuficientes" las medidas aprobadas por el Gobierno. Incluso, las dos primeras organizaciones no descartan movilizaciones en el transporte de mercancías por carretera si no se atienden sus peticiones.

Desde la organización de Agricultores y Ganaderos (COAG) consideran que estas medidas son "necesarias", pero avisan de que serán "insuficientes" si la situación se prorroga "más allá de 15-30 días", mientras que Asaja cree que el plan “queda abierto, sin concreción, es pobre y lejos” de la situación.

El sindicato CCOO se ha sumado a los sindicatos agrarios y ha reclamado al Gobierno más medidas fiscales y transferencias directas dirigidas a los colectivos más vulnerables.

Desde otro ángulo, la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (Ceees) ha valorado la reducción del IVA a los combustibles como "una mejor alternativa a la nefasta experiencia" del descuento de 20 céntimos por litro aplicado tras la invasión rusa de Ucrania.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) también ha aplaudido las rebajas fiscales de los carburantes, que calcula que reducirá en "unos 8 euros" el precio del depósito medio.

En cuanto a las organizaciones empresariales, CEOE y Cepyme no han valorado aún el plan presentado por el Gobierno. Se espera que lo hagan en los primeros días de la semana entrante.

Sí han mostrado, en cambio, su "firme rechazo" a la aprobación de una congelación temporal de los precios del alquiler, al ser una medida “ajena” al conflicto en Oriente Medio y una “injerencia injustificada en el derecho a la propiedad privada”.

La guerra de Irán, iniciada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, ha provocado fuertes caídas en las bolsas e importantes incrementos en los precios del petróleo y del gas, incrementando casi de inmediato lo que los consumidores finales deben pagar por los combustibles de automoción, como la gasolina 95 o el gasóleo A, con subidas que esta semana ya superan el 17% en la gasolina y el 30% en el gasóleo.

Sin embargo, aún mayor es la subida que en los últimos 18 días experimentó el precio del gasóleo B, conocido popularmente como gasóleo agrícola, pues es el más empleado en la maquinaria del campo. Mientras que el 28 de febrero el litro se adquiría a un precio medio de 1,2 euros en Galicia, en la actualidad esa cifra ya se acerca a los 1,6 euros, un ascenso del 32%. El precio medio en Galicia se sitúa seis céntimos por litro por encima de la media española.

El precio del gasóleo B se sitúa ya cerca del máximo alcanzado en las semanas posteriores al inicio de la guerra de Ucrania (1,66 euros por litro) y el ritmo de encarecimiento es muy similar al que se produjo en ese momento.

Productores agrícolas y ganaderos, al igual que los sindicatos del sector, vienen alertando de estas subidas y exigiendo a las distintas administraciones medidas que ayuden a paliar este encarecimiento, que se suma a las subidas que en los últimos años vienen experimentando otros costes de producción, como los piensos, reduciendo así su margen de beneficios. Además, advierten de otro efecto derivado de la guerra en Irán que también puede tener graves consecuencias para el sector en los próximos meses: el encarecimiento de los fertilizantes. Cerca del 30% del comercio mundial de fertilizantes nitrogenados pasa cada año por el estrecho de Ormuz.

Uno de los sindicatos que viene denunciando esta situación es el Sindicato Labrego Galego, que alerta del componente “especulativo” que se añade a la subida de los precios del petróleo. Las personas agricultoras que llaman para encargar el gasóleo agrícola se encuentran “con enormes diferencias” y precios que cambian “de hora en hora o de lugar en lugar”, señalaba el sindicato hace unos días.

El SLG denuncia que “las subidas realizadas hasta este momento responden a una anticipación especulativa por parte de los distribuidores, realizando esas subidas sobre stocks comprados a bajo precio que ya tienen en los almacenes”.

En paralelo, denuncia el SLG, los productores gallegos ya están sufriendo un descenso en la nueva renovación de contratos en el precio al que les compran la leche. “En vísperas de renovaciones de contratos de la leche, pedimos que en los nuevos contratos que se renueven se tenga en cuenta esta crisis del gasóleo y lo que supone y va a suponer la subida de los costes en las granjas gallegas”, dice el sindicato.

Sobre la subida de los fertilizantes, el SLG denuncia igualmente que una parte del encarecimiento no tiene justificación. “Las importaciones de fertilizantes nitrogenados proceden esencialmente de Marruecos, Argelia, Egipto y Rusia y ninguno de esos orígenes depende del estrecho de Ormuz”, explica el sindicato. “Estamos hablando de una amenaza para las personas agricultoras y ganaderas”, dice el SLG, que, al final, advierte, estas subidas también van a repercutir en el coste final de la alimentación para las personas consumidoras.

El SLG reclama la actuación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, del Gobierno del Estado y de los gobiernos autonómicos, entre ellos la Xunta, “en un momento de crisis excepcional como esta”. “Hay fondos financieros y capital especulativo comprando contratos de futuros para obtener ganancias millonarias”, denuncia el sindicato, que recuerda que “los carburantes y fertilizantes que se están distribuyendo en este momento llegaron al Estado español con contratos previos a la guerra de Irán”.

Este martes la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, demandó al Gobierno de la Xunta ayudas directas al sector agroganadero para afrontar el aumento de los costes de combustibles, fertilizantes y alimentación animal. Lo hizo desde Mazaricos, en una visita a una de las granjas afectadas por la crisis inflacionista consecuencia de la guerra de Irán iniciada por Estados Unidos e Israel.

Pontón reclamó a Alfonso Rueda que deje de “arrastrar los pies” y comience a tomar medidas para hacer frente a la escalada de precios que sufre un “sector estratégico” para la economía de muchas comarcas. Galicia cuenta con un “enorme potencial” para producir alimentos y, sin embargo, tiene “un gobierno que no está a la altura y no está apoyando como debería al sector”, denunció la líder del BNG.

Desde la Granxa Pazos de Mazaricos, Pontón abogó también por la “estricta aplicación de la ley de cadena alimentaria” para garantizar un precio justo para que los productores “no tengan que producir a pérdidas” y apostó igualmente por que no entre en vigor “un acuerdo con Mercosur que va a afectar a una parte del sector gallego”.

También la portavoz de Industrias Alimentarias del BNG en el Parlamento, Ariadna Fernández, acusa a la Xunta de tener el sector ganadero “abandonado frente a la bajada que se prevé en el precio de la leche y el aumento de costes por la guerra”. Un escenario que, advierte, anticipa una bajada “drástica” en el margen de beneficios que hará que cierren aún más explotaciones ganaderas. “Pese al escenario que se avecina, la Consellería do Medio Rural sigue en posición de espectadora y no actúa con responsabilidad para defender al sector”, critica.

Los estadounidenses podrían ver una reducción en el precio de la gasolina hasta situarse por debajo de los tres dólares por galón para el verano, un periodo de viajes para muchas familias, dijo este domingo el secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, quien espera que la guerra contra Irán, que ha elevado el precio del oro negro, culmine pronto.

"Los estadounidenses lo notarán durante algunas semanas más (el precio alto de la gasolina)", afirmó en el programa 'Meet the Press' de la cadena NBC, donde señaló que "hay una buena posibilidad" de que haya un alivio en el precio de la gasolina en cuanto se elimine "el mayor riesgo para el suministro energético mundial".

De acuerdo con el secretario de Energía, cuando finalice la guerra contra Irán lanzada por EE.UU. e Israel el 28 de febrero "habrá un mundo con mayor abundancia de energía, energía más asequible y menos riesgos para los soldados y el comercio estadounidenses en Oriente Medio".

El conflicto ha derivado en una crisis energética por la escalada significativa del precio del petróleo en los mercados internacionales ante la situación en el estrecho de Ormuz, el enclave energético estratégico controlado por Irán, por donde pasaba aproximadamente un 20% del petróleo mundial y gran parte de minerales estratégicos.

Irán ha cerrado de facto el paso de Ormuz, lo que ha llevado al alza el precio del crudo.

El precio promedio de la gasolina en Estados Unidos era de 2,94 dólares por galón el 1 de marzo, un día después del inicio de la guerra. Este sábado, la media se situó en 3,70 dólares, de acuerdo con los medios que citan a la plataforma GasBuddy.

Aunque Wright se mostró confiado en una pronta solución al conflicto, reconoció que "en la guerra no hay garantías".

"El plazo aún no está del todo claro, pero creo que ese es sin duda uno de los objetivos de la Administración" del presidente Donald Trump, añadió.

En una entrevista el sábado con NBC, Trump previó que finalizada la guerra, el precio del petróleo bajará más de lo que estaba antes y se jactó de que con él ya se situaba "en mínimos históricos".

"Hay muchísimo petróleo, muchísimo gas... Hay muchísimo ahí fuera, pero ya saben, está un poco obstruido. Pronto se desbloqueará", aseguró.

El líder republicano considera que "muchos países" enviarán "buques de guerra" al estrecho de Ormuz para mantenerlo "abierto y seguro" tras el anuncio del nuevo líder supremo iraní, Mojatba Jameneí, de que el estratégico paso permanecería cerrado.

"Esperemos que China, Francia, Japón, Corea del Sur, el Reino Unido y otros países afectados por esta restricción artificial envíen barcos a la zona" indicó en su red social, Truth Social.

Wright no quiso entrar en detalles sobre las palabras del mandatario, pero afirmó haber conversado con algunas de esas naciones: "Así que sé que es cierto", sostuvo.

"El mundo depende de los flujos que pasan por el estrecho de Ormuz" dijo apuntando que Japón, Corea, China, Tailandia y la India dependen especialmente del estrecho para su suministro energético.

Al ser preguntado en específico por China y si EE.UU. estaría dispuesto a compartir información de inteligencia con ese país, recordó que Washington dialoga siempre con el gigante asiático y afirmó que espera que sea "un socio constructivo en la reapertura".

"La apertura del estrecho de Ormuz es incluso más importante para China que para Estados Unidos", señaló Wright, que en otra entrevista en la cadena ABC indicó que en cuanto sea posible "todos los recursos militares estadounidenses" trabajarán para reabrirlo.

El ataque ilegal de Estados Unidos e Israel contra Irán domina la conversación en redes. Las consecuencias económicas empiezan a notarse en el bolsillo de los ciudadanos, que no le quitan ojo al precio de los carburantes, que se mueve como si fuera una montaña rusa. Y aunque todavía no ha cundido el pánico, las colas en las gasolineras para llenar el depósito cada vez son más frecuentes. Los usuarios de X y Bluesky se han hecho eco de la situación tratando de hacerla más llevadera a golpe de meme. "Dan ganas de prenderle fuego a todo. Por eso está la gasolina al precio que está. Ley de la oferta y la demanda", ironiza @prendente.bsky.social‬, "Desayuno con carburantes". se cachondea @Delnilorobert ilustrando su tuit con la mítica imagen de Audrey Hepburn en 'Desayuno con diamantes' contemplando el escaparate de Tiffany's.

Las elecciones en Castilla y León están a la vuelta de la esquina —por cierto, en infoLibre te contaremos el minuto a minuto de lo que pase el domingo— y por eso Alberto Núñez Feijóo hacía campaña en la provincia de Segovia. Y allí, se producía una de las imágenes más compartidas entre los tuiteros. El líder del PP rememoraba su juventud jugando al balonmano en el que fue su colegio. Su tiro a portería se ha hecho viral, aunque con alguna que otra modificación llena de ironía: "Seguramente en el colegio le conocían bajo el pseudónimo de At y cuando marcaba gol decían: "¡Anotó At!", se mofa @LegoLlorchs

La cancelación del concierto de Morrissey en Valencia porque "el ruido" le impidió dormir se ha convertido en diana de los memes y las mofas en redes. El cantante argumentó que la fiesta cerca del hotel le había dejado "en estado catatónico" y estas palabras han sido mágicas para los tuiteros: "¿Podemos usar la expresión “me he quedado Morrissey” como sinónimo de catacroquer?", reclama @Mariagonzalezga.

No te pierdas cada semana lo más destacado de las redes sociales resumido en nuestro tuitómetro.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) calcula que el cierre del estrecho de Ormuz por la guerra en Oriente Medio va a provocar un hundimiento de la oferta de petróleo en el mundo de 8 millones de barriles al día (mb/d) en marzo, y le obliga a revisar sustancialmente sus previsiones para todo el año, según informa EFE.

En su informe mensual sobre el mercado del petróleo publicado este jueves, la AIE destaca que con ese conflicto estamos viviendo la mayor interrupción de suministro de la historia, y precisa que con 98,8 mb/d de media este mes, la salida de petróleo al mercado va a caer al nivel que tenía en el primer trimestre de 2022.

Precisamente este miércoles, la AIE anunció que 400 millones de barriles de petróleo saldrán al mercado con el objetivo de reducir los precios del crudo, disparados por la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Es la mayor liberación de activos de este tipo de la historia.

Después del ataque coordinado entre Estados Unidos e Israel contra Irán, los ayatolas contratacaron utilizando su mayor amenaza contra la economía mundial: el estrecho de Ormuz. A través de él se mueve la quinta parte del flujo de petróleo mundial y, con su cierre, las consecuencias no han tardado en llegar.

El precio del petróleo ha sido el mayor exponente. El pasado martes, se disparó hasta 29%, hasta situarse cerca de los 120 dólares, un máximo en 4 años. Es cierto que después bajó y cerró en un ascenso del 6,76%, una tendencia que ha continuado en la jornada de este miércoles, en la que ha caído alrededor alrededor del 6%. Esta bajada supondría una caída del 7,5% respecto a la oferta que hubo en el mes de febrero.

Según los elementos de que dispone la agencia, los flujos que normalmente pasaban por el estrecho de Ormuz (15 mb/d de crudo y 5 mb/d de derivados del petróleo) han quedado reducidos a menos del 10%.

Esas pérdidas sólo van a poder ser compensadas a corto plazo, y únicamente de forma muy parcial, con un aumento de producción de algunos productores que no pertenecen a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), esencialmente Estados Unidos, Canadá, así como Rusia y Kazajistán, que recuperarán una parte del retroceso que sufrieron en febrero.

Ante la falta de estabilidad, la AIE también pretende compensar con esos 400 millones de barriles inyectados al mercado a lo largo de, por lo menos, dos meses, la quinta parte del petróleo perdida en bloqueo de Ormuz para evitar una escalada masiva en los precios que pueda provocar una crisis económica.

A falta de una resolución rápida del conflicto, la agencia advierte que esa liberación parcial de un tercio del total de sus reservas estratégicas "sigue siendo una medida provisional" y que el impacto final del conflicto en el mercado del petróleo y el gas dependerá de los daños en las infraestructuras energéticas y de la duración del bloqueo de ese paso marítimo fundamental.

La AIE estima que para el conjunto de este año la oferta de petróleo subirá de media en 1,1 mb/d respecto a 2025 hasta 107,2 mb/d, lo que significa una revisión a la baja muy significativa respecto al incremento de 2,4 mb/d que anticipaba hace sólo un mes, antes de que Oriente Medio se incendiara con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Serán los productores que no pertenecen al cártel formado por la OPEP y sus socios los que aportarán íntegramente ese crecimiento, y muy particularmente Estados Unidos y Brasil.

Por lo que respecta a la demanda, los autores del informe también han corregido a la baja y de forma importante sus expectativas, ya que de entrada prevén que en marzo y en abril disminuirá en alrededor de un millón de barriles diarios respecto a lo que calculaban en su precedente informe hace sólo un mes.

La razón fundamental es que se está consumiendo menos queroseno porque el tráfico aéreo en Oriente Medio se ha visto en gran medida paralizado, con implicaciones también para el resto del mundo, y porque la paralización de los flujos de gas natural licuado (GNL) por el estrecho de Ormuz ha provocado fuertes interrupciones en la cadena de suministro para la producción de gas licuado de petróleo. Además, a medio plazo la AIE anticipa un cambio de comportamientos de los consumidores en todo el mundo por el encarecimiento de los carburantes.

Al final, la demanda mundial de petróleo aumentará sólo en 644.000 barriles diarios de media en el conjunto de 2026 (un 0,6%, tras haber subido un 0,8% en 2025) hasta 104,77 mb/d. Eso supone 210.000 barriles diarios menos de lo que esperaba en febrero.

La Comisión Europea presentó este martes su esperado paquete automovilístico con un giro histórico en la política verde del bloque. Bruselas propone ahora que se sigan vendiendo coches nuevos con motor de combustión a partir de 2035 y de manera indefinida, pese a que la Unión Europea tenía tallada en piedra que ese año sería el principio del fin de la gasolina y el diésel. La decisión debe ser ahora pactada con el Parlamento Europeo y el Consejo, aunque tiene el visto bueno de los conservadores y la extrema derecha, que son mayoría.

Este giro de 180° forma parte de una nueva visión para el sector del automóvil, la tercera industria más importante del continente. Hasta ahora, la regulación europea recogía que en 2035 los fabricantes tenían que reducir un 100% las emisiones de sus coches nuevos vendidos frente a los objetivos de 2021. Pero la Comisión plantea ahora que esa reducción sea del 90%, eliminando de facto el veto al motor de combustión y abriendo la puerta a que se puedan vender todo tipo de vehículos, incluyendo de gasolina y diésel.

Apostolos Tzitzikostas, comisario europeo de Transporte Sostenible y Turismo, aclaró en una rueda de prensa este martes que estas relajaciones supondrán que en 2035 se reduzca drásticamente la venta de eléctricos. "Hemos calculado que esta reducción del 10% del objetivo conllevará que entre el 30 y 35% de los vehículos vendidos nos sean eléctricos. Serán de combustión, híbridos enchufables, eléctricos de autonomía extendida [gracias a un motor térmico extra] o de otras tecnologías que podrían llegar en los próximos diez años".

Si el año pasado se vendieron 10,6 millones de coches en la Unión, la previsión de Tzitzikostas supondría que más de 3,3 millones de turismos comercializados en 2035 serían contaminantes, así como en los años siguientes. El Consejo Internacional de Transporte Limpio (ICCT), una organización internacional de estudios sobre contaminación y vehículos, calcula que "esto provocará al menos 1.000 millones de toneladas adicionales de emisiones de CO₂".

Stéphane Séjourné, vicepresidente ejecutivo de Estrategia Industrial de la Comisión Europea, aprovechó para pedir al Parlamento Europeo "un apoyo lo más rápido posible" para sacar adelante la propuesta. "En marzo dije que el sector de la automoción estaba herido de muerte [...] pero este paquete inaugura una nueva era para la industria europea. No hemos abandonado nada de la trayectoria de descarbonización, sino que estamos siendo pragmáticos con la situación económica y geopolítica", dijo este martes.

La letra pequeña del plan aclara que las marcas pondrán vender coches que contaminen un 90% menos que en el máximo de 2021 (95g CO2/km), y serán las marcas las que tendrán que buscar la tecnología que más les convenga para llegar a esa cifra. También tendrán que compensar esas emisiones (el 10%) utilizando en sus cadenas de producción acero bajo en emisiones (compensará hasta el 7%) y combustibles sintéticos y biocombustibles (el 3% restante).

Una tercera vía será vender una nueva clasificación de vehículo 100% eléctrico "pequeño y asequibles fabricados en la UE", el M1E, que en lugar de contabilizarse como 1, se contabilizarán como 1,3 créditos, que en principio podrán canjearse por derechos de emisiones o vender a un rival para que los canjee. Esta nueva categoría de coches incluirá a turismos de hasta 4,2 metros de longitud con un precio ideal de entre 15.000 y 20.000 euros, una manera de incentivar que las marcas compitan por producir utilitarios no contaminantes para las clases medias.

El impacto de este cambio normativo –si finalmente es avalado por los 27 países– supondría introducir en las carreteras europeas millones de vehículos contaminantes nuevos a partir de 2035, y reducir las ventas de eléctricos en el continente. También manda una señal política que desincentiva invertir en nuevas fábricas de baterías, instalación de cargadores eléctricos y traslada confusión a los ciudadanos. Hasta ahora estaba claro que el futuro era el coche eléctrico, pero ahora se abre la puerta a los de gasolina, a los biocombustibles, a los combustibles sintéticos, a los coches de "autonomía extendida" o a los híbridos enchufables.

Todos estos modelos son controvertidos de una u otra manera. Los de gasolina, los híbridos y los eléctricos de autonomía extendida son altamente contaminantes, mientras que utilizar combustibles sintéticos y biocombustibles en coches es extremadamente caro y contraproducente, como se ha demostrado en muchos estudios.

Felipe Rodríguez, subdirector del ICCT, una organización que estudios sobre contaminación y vehículos, advierte a infoLibre de que la propuesta es una huida hacia adelante para la industria automovilística. "Es un cálculo cortoplacista para seguir exprimiendo el motor de combustión, donde Europa tiene una ventaja competitiva sobre China, pero es precisamente el cortoplacismo lo que ha llevado a los fabricantes a este punto", opina el analista.

Las marcas europeas llevan desde 2021 presionando para evitar la muerte del coche de gasolina porque la inmensa mayoría de sus fábricas producen estos vehículos, mientras que China está devorando el mercado de los turismos eléctricos e híbridos con modelos más asequibles. Rodríguez afirma que el lobby automovilístico ha conseguido ahora asegurarse un futuro más allá de 2035, pero que se trata de un parche artificial que solo ampliará la brecha entre la tecnología china y la europea en baterías.

El Partido Popular Europeo (PPE), el mayor grupo político del Parlamento Europeo, apoya por completo la propuesta de la Comisión, de manera que no se esperan cambios sustanciales en las negociaciones de los próximos meses. Manfred Weber, presidente del PPE dijo la semana pasada al diario alemán Bild que esto eran muy buenas noticias. "Para nosotros, el coche es y sigue siendo un objeto de culto, no un campo de batalla ideológico que, en última instancia, beneficia a los partidos de extrema derecha", afirmó en una entrevista. El canciller alemán Friedrich Merz también se ha posicionado públicamente a favor de la continuidad de los vehículos contaminantes.

Por contra, el presidente español, Pedro Sánchez, mandó una carta la semana pasada a la presidenta de la Comisión exigiendo mantener los objetivos que hay ahora firmados por los Veintisiete. "España demuestra tener una visión clara de cero emisiones y alza la voz para defender la electrificación del transporte por carretera. [...] Cualquier relajación adicional podría ralentizar las inversiones y una ralentización temporal de la demanda" de coches eléctricos.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha revisado el índice de precios al consumo (IPC) de junio hasta el 2,3%, una tasa una décima superior a la adelantada hace dos semanas y tres décimas por encima de la de mayo, debido al encarecimiento de la gasolina, gas, carne, pescado y marisco, según informa EFE.

Los datos remitidos por el INE este martes confirmaron la tasa de inflación subyacente -que no tiene en cuenta la energía ni los alimentos frescos- en el 2,2%, la misma que el mes anterior.

El grupo con mayor influencia positiva fue el del transporte, que moderó su descenso anual 1,2 puntos hasta el -0,8%, debido al encarecimiento de carburantes y lubricantes para vehículos, en línea con el aumento del petróleo en los mercados internacionales.

Le siguió la vivienda, cuyos precios subieron el 4,2%, cuatro décimas más, debido al encarecimiento del gas y, en menor medida, de los combustibles líquidos.

Por su parte, los precios de alimentos y bebidas no alcohólicas se elevaron el 2,8%, tres décimas más que el mes anterior y la más elevada en casi un año, por el menor abaratamiento de las legumbres y hortalizas y por el encarecimiento de la carne, pescado y marisco.

Para el Ministerio de Economía, el dato de inflación confirma la tendencia a la estabilización en torno al 2, nivel de referencia para el Banco Central Europeo, una moderación de precios que, junto a los aumentos salariales, "permite a los hogares seguir ganando poder adquisitivo", a la vez que las perspectivas de crecimiento económico siguen superando las de las principales economías europeas.

De los componentes de la cesta de la compra, el aceite de oliva es el que más redujo su precio, un 45,7% en el último año, marcando su mayor descenso de la serie, y también se abarató respecto al mes anterior, un 5,8 %, aunque, según detalla el INE, desde enero de 2021 aún mantiene un aumento acumulado del 58,1 %.

También bajaron en tasa interanual el azúcar, un 19,3%; el yogur, un 3,1%; otros productos a base de cereales, un 2,1%; la pizza y la quiche, un 1,8%; y las salsas y condimentos, un 1,6%.

Los alimentos que más subieron en junio respecto al mismo mes del año anterior fueron el chocolate (21,6%), el café (19,8%), los otros aceites (18,7%), los huevos (18%), la carne de vacuno (14,5%), el cacao (13,1%), frutas frescas o refrigeradas (12,6%) y la carne de ovino y caprino (12,2%).

Dejando a un lado el ámbito alimentario, lo que más subió fue la joyería y bisutería, un 22,8%; los vuelos internacionales, un 11,9%; los hidrocarburos licuados, un 11,5%; y la recogida de basura, un 10,8%.

En el extremo contrario, las mayores bajadas las registraron los combustibles líquidos, un 12%; la gasolina, un 9,2%; la telefonía móvil, un 8,4%; y los ordenadores personales, un 7,7%.

En comparación mensual, los precios de consumo subieron un 0,7% respecto a mayo y encadenan nueve meses al alza. Los grupos con mayor repercusión positiva fueron el ocio y la cultura, por los paquetes turísticos de cara al verano, la vivienda por la subida de precios de la electricidad y el transporte por el encarecimiento de los vuelos y de los carburantes para vehículos.

Lo que más subió de precio en junio fueron los vuelos (25%) y los paquetes turísticos internacionales (23,4%), y lo que más bajó, el aceite de oliva (5,8%) y los juegos y aficiones (3,4%), según detalla el INE.

El IPC registró tasas anuales positivas en todas las comunidades autónomas en junio, las más elevadas en Baleares y País Vasco, ambas un 2,8%, y las más bajas, en Murcia y Canarias (1,7%).

En mayo la tasa de variación anual del IPCA se situó en el 2,3%, tres décimas más que la registrada en el mes anterior, mientras que la mensual fue del 0,7%. 

Facua-Consumidores en Acción ha lanzado una web para ayudar a los consumidores a encontrar las gasolineras más baratas, comparar precios y conocer su evolución y ha revelado diferencias de hasta el 107% entre la más económica y la más cara. Esta herramienta, ha informado este jueves esta asociación, muestra cada día el precio medio, mínimo y máximo de los combustibles en cualquier municipio de España, según informa EFE.

La página publica el precio medio, mínimo y máximo de la gasolina, el diésel y el GLP (Gas Licuado del Petróleo), según Facua, que ha detallado que el precio medio de la gasolina en toda España es actualmente de 1,481 euros por litro. Varía además hasta un 107,2%, con un mínimo de 0,965 en la gasolinera más barata y 1,999 en la más cara.

Desde la web, el consumidor puede ver cuáles son las gasolineras más cercanas a la dirección que desee o a su propia ubicación si elige la opción de geolocalización. Pueden ordenarse por distancia o por precio todas las estaciones de servicio que haya en un radio de 20 kilómetros.

La web tiene una sección para comparar precios en la que el usuario puede conocer las gasolineras más caras y más baratas en cualquier fecha de los últimos meses a nivel nacional, en la Península y en una comunidad autónoma, provincia o municipio en concreto. Además, puede guardar los resultados entre los favoritos de su navegador para consultarlos de forma recurrente.

Los resultados de la comparación de precios muestran tanto las cinco gasolineras más caras y más baratas como los precios medios, mínimos y máximos de cada una de las marcas que cuenten con estaciones de servicio en el territorio elegido. Además, la página cuenta con un apartado para conocer la evolución de los precios de la gasolina, el diésel y el GLP.

Para ello, el usuario solo tiene que introducir entre qué periodos quiere conocer los datos, seleccionar el tipo de combustible e indicar si los desea a nivel nacional, en la Península o en una comunidad autónoma, provincia o municipio en concreto. En los resultados de la búsqueda histórica se muestra tanto la oscilación de precios en el periodo elegido con el precio inicial, final y medio durante el mismo como el porcentaje de incremento o bajada.

Además, incluyen una tabla con el precio medio que ha tenido cada día el combustible y si subió, bajó o se mantuvo igual que el día anterior. Los datos utilizados en gasolineras.facua.org son los que las gasolineras envían cada día al Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

La inflación se recortó un 2,2% en abril respecto al mismo mes del año anterior, una tasa que supone una décima menos respecto a la de marzo, mientras que los precios de los alimentos se moderaron hasta un 2%.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado así este miércoles el incremento del índice de precios de consumo (IPC) de abril que adelantó a finales del pasado mes, debido al comportamiento a la baja de los precios del gas, la electricidad y los carburantes.

La inflación subyacente (índice general sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) se situó en el 2,4%, tras aumentar cuatro décimas respecto a marzo. 

La moderación de la tasa general se debe a la bajada de los precios del gas, frente a la subida en abril de 2024; de la electricidad, mayor que en el mismo mes del año pasado; y de los carburantes y lubricantes para vehículos personales, que subieron hace un año.

Así, tiraron a la baja del IPC el grupo de la vivienda, cuya tasa anual disminuyó 1,5 puntos, hasta el 4,2%, y el del transporte —en el que se encuadran los carburantes—, cuya tasa disminuyó siete décimas y se sitúa en terreno negativo (1,6%).

Por contra, tiró al alza el grupo del ocio y cultura, que situó su variación anual en el 2,7%, 3 puntos por encima de la del mes pasado, por la subida de los paquetes turísticos.

En esta moderación es especialmente relevante la bajada del precio del aceite de oliva, que se redujo un 42,2% en el último año —su mayor descenso en la serie histórica— y un 5,5% respecto al mes anterior, aunque según detalla el INE el aumento de precio acumulado desde enero de 2021 se sitúa en el 76,3%.

De los componentes de la cesta de la compra, también bajaron en tasa interanual el azúcar, un 17 %; el yogur, un 3,7 %; la pizza y la quiche, un 2,2%; y las salsas y condimentos, un 1,8%.

Los alimentos que más subieron en abril respecto al mismo mes del año anterior fueron el chocolate (24%), el café (18,5%), otros aceites comestibles (17,5%), los huevos (17,4%), la carne de vacuno (13%) y la carne de ovino y caprino (11,4%).

Dejando a un lado el ámbito alimenticio, las mayores subidas en abril fueron la de la joyería y bisutería (23,5%), los vuelos nacionales (21,3%), los vuelos internacionales (17,8%), los paquetes turísticos nacionales (17,2%) y el transporte de pasajeros por mar (11,9%).

En el extremo contrario, las mayores bajadas las registraron los combustibles líquidos, un 14,2%; la gasolina, un 11,7%; el gasóleo, un 9,9%; los ordenadores personales, un 9,1%; los equipos de telefonía móvil, un 7,6%; y los equipos para la recepción, registro y reproducción audiovisual, un 5,6%.

En comparación mensual, los precios de consumo subieron un 0,6% respecto a marzo y encadenan siete meses al alza.

Los grupos con mayor repercusión positiva fueron el vestido y el calzado, por los precios de la nueva temporada primavera-verano; el ocio y la cultura, por el encarecimiento de los paquetes turísticos; y el de hoteles, cafés y restaurantes, por los alojamientos.

Lo que más subió de precio en abril fueron los vuelos nacionales (16,5%) e internacionales (16,4%), y lo que más bajó, el gas natural, un 5,6%; y el aceite de oliva, un 5,5%, según detalla el INE.

Siete comunidades autónomas registraron en abril una inflación superior a la media nacional: Baleares (2,8%), País Vasco (2,6%), Navarra y Comunidad Valenciana (2,5%), Extremadura, Asturias y Aragón (2,4%), mientras que la más baja estuvo en Murcia (1,5%) y Castilla-La Mancha (1,7%).

En abril la tasa de variación anual del IPCA se situó en el 2,2%, la misma que la registrada en el mes anterior. La variación mensual fue del 0,6%.

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa destaca en un comunicado que la inflación continuó bajando en el mes de abril y que el precio de los alimentos se mantuvo contenido, mientras que siguió reduciéndose el precio del aceite de oliva, que se acentúa y acumula una caída del 42% desde el pico alcanzado en abril de 2024 y se sitúa en niveles de hace dos años. 

La equiparación fiscal entre el gasoil y la gasolina está cada vez más lejos. Fuentes del Ministerio de Hacienda descartan que la subida de alrededor de 10 céntimos sobre el litro de diésel —para equipararlo a la gasolina— vaya a salir adelante próximamente porque el Gobierno no cuenta con los apoyos parlamentarios suficientes, especialmente debido al 'no' de Podemos. La medida forma parte de los compromisos de España con Bruselas y, si no se aprueba antes del 11 de abril, el Ejecutivo se enfrenta a una penalización en el siguiente tramo de los fondos europeos, que asciende a 23.900 millones entre ayudas y préstamos.

El ministerio dirigido por María Jesús Montero afirma a infoLibre que el Gobierno "sería favorable" a eliminar de manera inminente los beneficios fiscales de los que goza el diésel, "pero la enmienda ha caído y no hay apoyos suficientes" para revivirla. La medida podría salir adelante sin apoyos en forma de real decreto, pero en las siguientes cuatro semanas volvería a retirarse porque la tumbaría el Congreso en su convalidación. De hecho, la intención del Ejecutivo era aprobar la subida fiscal en forma de real decreto ley en diciembre, pero finalmente descartó esa vía.

Según el Libro Blanco de 2022 para la reforma Tributaria, la equiparación fiscal del gasoil y la gasolina aportaría al Estado 2.621 millones de euros año, de los que 1.737 vendrían del consumo residencial. La subida también reduciría un 1,56% la demanda de gasóleos. No obstante, en las recientes negociaciones entre el Gobierno y la Comisión se ha estimado que los ingresos de la medida serían de unos 1.500 millones, debido a que el consumo de gasoil está en decadencia y porque se excluiría al diésel profesional de la subida.

El principal bache del Gobierno desde hace meses para sacar adelante la subida ha sido Podemos. En noviembre tumbó, junto con los votos de PP, Vox y UPN, la enmienda del PSOE porque el Gobierno no les garantizaba la supervivencia del impuesto a las grandes energéticas, que finalmente no salió adelante. Desde Podemos confirman ahora que su posición "no ha cambiado" y que "no tiene sentido bajarle el impuesto a quien vende el combustible para subírselo al que lo compra". "No es coherente con una política social", añaden desde el partido. Por su parte, desde el PNV confirman que apoyan la medida, mientras que fuentes de Junts prefieren no trasladar su posición.

En todo caso, España no perderá el acceso a la quinta partida de los fondos europeos, que concentra 8.000 millones netos correspondientes a subvenciones y 15.900 en forma de préstamos. A partir del 11 de abril, Bruselas tendrá que evaluar cuántos de los 84 hitos comprometidos se han superado y restar de las ayudas las medidas incumplidas.

Según una enmienda que presentaron los socialistas en octubre, la intención del Gobierno es que el gasóleo de automoción pague en concepto de impuesto de hidrocarburos un total de 0,47269 euros por litro (0,40069 euros de tipo general y 0,072 euros de tipo especial), en lugar de los 0,379 euros por litro actuales (0,307 euros de tipo general y 0,072 euros de tipo especial). La idea era equiparar de esta manera la fiscalidad del diésel con la de la gasolina 98.

La medida era una de las prioridades a corto plazo de la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, para desincentivar el uso del vehículo contaminante. De hecho, Aagesen ha señalado en varias ocasiones que era lo primero que había que hacer antes de abordar la bajada del IVA a la electricidad, otra medida reclamada por la Comisión para apoyar a la industria y los hogares. Hace dos semanas le preguntaron por ello en Bruselas, y la ministra contestó que estaba trabajando "a nivel nacional para poder conseguir ese impuesto al diésel que es tan importante", pero evitó contestar a si subiría los impuestos al gasoil antes del 11 de abril.

María Jesús Montero, por su parte, abrió la puerta el pasado jueves a que la reforma se quede en un cajón. "Al final, como siempre digo, el Gobierno no se puede responsabilizar del voto de otros ni de los vetos cruzados que se pueden producir entre los partidos políticos", dijo la titular de Hacienda.

Cristina Arjona, encargada de Movilidad en Greenpeace, opina que la equiparación de los impuestos es indispensable para que España avance en fiscalidad verde, ya que es uno de los países que más retrasados de Europa. "Por supuesto, esta recaudación tendría que dirigirse íntegramente a avanzar en mejorar el transporte público, a apoyar a las familias vulnerables y a la población rural", que será la más afectada por la medida", explica.

Según la organización Tax Foundation, España tiene uno de los impuestos al diésel más bajos de Europa. Ocupa el puesto número 22 de 27, y por detrás solo están países del este del continente, como Polonia, Hungría o Bulgaria. Si en España se pagan 0,379 céntimos en impuestos por litro de gasoil, en Portugal son 0,443, en Francia 0,594 y en Italia 0,617. A estas cifras hay que añadir después el IVA de cada país.

La Comisión está forzando a España a incrementar este impuesto porque en 2022 los Estados miembros pactaron acabar con las subvenciones a los combustibles fósiles como parte del Pacto Verde, y una medida muy común de apoyo a este sector son las ventajas fiscales. Los Estados están obligados antes del 31 de diciembre de 2030 a "la fijación de un plazo para la supresión progresiva de los subsidios a los combustibles fósiles que sea coherente con la ambición de limitar el calentamiento global a 1,5 °C". España fue el tercer país de la UE con más subsidios a la energía fósil en 2023, según la Agencia Europea de Medioambiente.

Los precios de la energía se moderaron de manera drástica en 2024 tras los picos sin precedentes que dejaron 2022 y 2023, y aun así, las principales compañías del país cerraron su segundo mejor año del último lustro, solo superado por 2022. Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol y Moeve (antigua Cepsa) ganaron 11.249 millones en 2024, un 5,4% más que el año anterior. Las eléctricas registraron una importante subida de los beneficios gracias al aumento de las ventas, mientras que la caída de los precios del gas y la menor rentabilidad del petróleo castigaron a las compañías de combustibles fósiles.

Iberdrola cerró su mejor año del histórico en 2024, mientras que Repsol y Moeve se despidieron de los años dorados (2022 y 2023) que dejó la crisis energética. El último lustro ha estado marcado por continuos vaivenes que han obligado a las compañías a diversificar su negocio hacia nuevos productos y países, y a elegir entre la electricidad y los combustibles renovables o su negocio tradicional. Echando la vista atrás, hacia los últimos cinco años, Iberdrola ha sido la mejor parada. Entre 2020 y 2024 ganó 22.250 millones, seguida de Repsol (8.350 millones), Endesa (8.209), Naturgy (6.420) y Moeve (350).

En lo que respecta al ejercicio de 2024, Iberdrola, la mayor eléctrica de España, cerró con un beneficio neto de 5.612 millones, superando su anterior récord de 2023, de 5.612 millones. Alcanzó este hito con la venta de centrales térmicas y porque logró vender la mayor cantidad de energía de su historia (238 TWh), y aumentó un 1,1% sus clientes en el mundo. En la península también incrementó un 8% su beneficio Ebitda gracias al incremento de la generación renovable y el menor uso de centrales de ciclo combinado de gas. Además, mejoró su negocio en Estados Unidos el de redes en Reino Unido y Brasil.

Endesa, la segunda eléctrica de España y la segunda gasista, también incrementó un 154% sus beneficios, de 951 millones en 2023 a 1.888 millones en 2024. El principal motivo es que hace dos años perdió un laudo contra Qatar Energy que obligó a la compañía a pagar más de 500 millones a la gasista. En su caso, Endesa perdió clientes (-2,9%) y ventas totales (-4,3%), pero se benefició de la caída de los precios del gas en el mercado internacional, que disminuyeron entre un 20% y un 30%, y de la mayor producción renovable, dos cambios que permitieron a la eléctrica aumentar los márgenes de beneficios en sus ventas.

Naturgy, la mayor gasista del país y la tercera eléctrica, ganó 1.901 millones en 2024, un 4,3% menos que en 2022. Según se lee en sus cuentas, la rebaja del precio del gas conllevó una caída de más del 30% en su negocio de gestión de la energía, que abarca la compraventa de gas y gas licuado, tras un 2023 especialmente bueno. También sufrió en su negocio de generación eléctrica (-10,5% de Ebitda) por el menor uso de los ciclos combinados en España por el auge de las renovables.

Por su parte, la primera petrolera de España, Repsol, se anotó el año pasado unas ganancias de 1.756 millones, un 45% por debajo del año anterior. Aunque los beneficios son grandes y estarán acompañados de dividendos récord, la cifra pone fin a dos años dorados de la compañía. Al igual que otras grandes petroleras, los márgenes del negocio de refino de Repsol, la principal fuente de ingresos de la compañía, cayeron el año pasado un 47%. La resaca de la pandemia se unió a la invasión de Ucrania, y las expectativas de un posible desabastecimiento de diesel y gasolina permitieron ampliar los márgenes de las compañías en 2022 y 2023. Pero el panorama internacional ha cambiado y cada vez hay más evidencias de en los próximos años sobrarán combustibles, lo que ha devuelto los márgenes a su estado natural.

Por último, las cuentas de Moeve, la segunda petrolera del país, muestran una mejoría tras ganar 92 millones en 2024, frente a las pérdidas de 233 millones del año anterior. La antigua Cepsa sufrió también una caída de su margen de refino del 30% respecto a 2023, pero durante el primer trimestre de 2024 el margen permaneció por encima incluso del año anterior (10,7 dólares por barril). A esto se sumó un incremento interanual de la fabricación de productos refinados del 2%. El Ebitda de la división de energía se disparó un 75% hasta los 1.453 millones de euros "gracias a un excepcional resultado de todas las divisiones", dice la compañía, y este hito permitió revertir las pérdidas del año anterior.

Las mayores petroleras del planeta llevan meses mostrando signos de estancamiento tras los dos mejores años de su historia. Y las compañías españolas apuntan en la misma dirección. Este jueves, Repsol reveló que en 2024 ganó 1.776 millones de euros, un buen resultado, pero un 45% por debajo de 2023. BP y Galp también han recortado drásticamente sus beneficios, mientras que Cepsa, la segunda petrolera española, también ha empeorado su negocio petrolero, aunque aún no ha presentado sus resultados anuales.

La principal razón es el desplome de los llamados márgenes de refino, la diferencia entre el coste de adquisición o de producción del crudo y de la venta de sus derivados, como el gasoil, el queroseno o las gasolinas. Todas las compañías recogen una caída drástica de estos márgenes respecto los últimos dos años debido a que la producción global de combustibles ha crecido y paralelamente se ha estancado la demanda por la ralentización de la economía china y el auge del coche eléctrico.

El margen de refino de Repsol se desplomó a cierre de 2024 un 47% respecto al año anterior, desde los 9 dólares por barril hasta los 4,8 dólares. Y la caída es de casi el 80% si se compara con el segundo trimestre de 2022, cuando llegó a situarse en 23,3 dólares por barril, el récord de la compañía. Aunque Cepsa no ha publicado sus cuentas del año pasado, en enero sí adelantó que su margen de refino de 2024 cerró el año en 4,6 dólares por barril, un 30% menos que en 2023.

Los analistas explican que hace dos años se alcanzaron beneficios récord en el negocio del refino por el miedo que se instauró ante una posible escasez de combustibles. La capacidad global para procesar el crudo cayó durante la década pasada —solo en Europa se cerraron más de 15 refinerías entre 2010 y 2019— y durante la pandemia de la covid-19 algunas plantas no realizaron los mantenimientos necesarios para operar con normalidad. A esto se suma que en febrero de 2023 la Unión Europea prohibió todas las importaciones de combustibles producidos en Rusia como represalia a la invasión de Ucrania, lo que aumentó el temor a un desabastecimiento y disparó los precios de las gasolinas en Europa y Estados Unidos. Los márgenes de refino de las grandes petroleras se multiplicaron casi por 10 durante los siguientes meses, según la consultora Wood Mackenzie.

Un experto del sector de los combustibles explica que estos acontecimientos crearon las condiciones idóneas para el negocio de las energéticas, y la tormenta perfecta para los consumidores. "En mercado de los combustibles está siempre muy tensionado y los cuellos de botella como el de 2022 se traducen en márgenes por las nubes para las petroleras. De hecho, se habla mucho del precio del petróleo y de su impacto en los precios de las gasolineras, pero lo realmente importante es la capacidad que tienen las compañías para refinar, porque lo que consumen los coches es diésel, no petróleo", afirma.

Tras ese subidón, el mercado ha vuelto a su estado natural en apenas dos años y todas las compañías han recortado sus márgenes de refino, su principal fuente de beneficios. El precio del crudo y del gas en los mercados internacionales también ha caído notablemente tras dos años de crisis energética, de manera que extraer crudo y gas para revenderlo ha sido también menos lucrativo para las energéticas, según evidencian sus cuentas de resultados.

Con todo y con eso, Repsol ganó el año pasado más de 1.700 millones y este jueves anunció su mayor reparto de dividendos en una década. La petrolera británica BP, la tercera en España por red de gasolineras, también desplomó su beneficio en 2024 un 97,5%, hasta los 369 millones de euros (frente a 14.774 en 2023). La portuguesa Galp, la cuarta por importancia en España, ganó 1.040 millones, un 16,3% menos. Todas ellas declararon un desplome en sus ingresos por refino, igual que Exxon y Chevron, las dos mayores petroleras de Estados Unidos.

En 2025 se espera que el mercado de los carburantes rebaje todavía más la tensión por el incremento de la producción, de manera que tanto el negocio del refino como el precio de la gasolina y el gasoil se suavice todavía más. La Agencia Internacional de la Energía calcula que la demanda global de crudo crecerá este año 1,05 millones de barriles al día, mientras que la producción aumentará en 1,8 millones, una diferencia de 750.000 barriles diarios. La agencia también señala que en este momento la capacidad de refino es la más alta de los últimos cinco años, y crecerá en 2025 en más de 500.000 barriles diarios.

El sector petrolero también tiene en el punto de mira la prohibición de vender coches nuevos de combustión en la Unión Europea y Reino Unido a partir de 2035, y algunas refinerías europeas ya han anunciado su intención de cerrar en los próximos años para evitar la sobreproducción y el hundimiento de los precios de los combustibles a principios de la próxima década.

El precio máximo de la bombona de butano subirá un 0,18% a partir de mañana martes y se situará en 16,64 euros, debido al leve encarecimiento del 0,43% de las materias primas y de los fletes (1,18%) y también a la depreciación del euro frente al dólar (-4,1%), según publica este lunes el BOE y recoge EFE.

El precio máximo de venta de los gases licuados del petróleo envasados (GLP) en envases de entre ocho y 20 kilogramos, es decir, la tradicional bombona de butano, no está liberalizado y su valor se revisa cada dos meses, el tercer martes del mes, por resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas.

Esta revisión bimestral se calcula en función del coste de la materia prima (propano y butano) en los mercados internacionales, así como del coste de los fletes (transporte) y la evolución del tipo de cambio euro-dólar. Por otra parte, la evolución del precio, bien sea al alza o a la baja, está limitada al 5%, y el exceso o defecto de precio se acumula para su aplicación en posteriores revisiones.

El gas licuado de petróleo (GLP) envasado es una mezcla de hidrocarburos, principalmente compuesta de butano, que sirve como alternativa al gas natural para su consumo energético en envases a presión, especialmente en poblaciones o núcleos urbanos sin conexión a la red de gas natural. Cada año se consumen 64,5 millones de envases de GLP de distintas capacidades, cifra que se redujo más de un 25% entre 2010 y 2021.

El pasado 5 de noviembre el MITECO, entendiendo que en los últimos años han existido diversas situaciones que han ocasionado un impacto económico relevante, como el covid-19 o la invasión de Ucrania, inició la revisión de la fórmula que calcula los costes de comercialización de la bombona. Para ello, en junio lanzó una consulta pública previa para recabar aportaciones de todos los interesados, y en la citada fecha lanzó a información pública una propuesta de orden ministerial que se puede consultar en su web.

Por otra parte, la Federación Española de Distribuidores de Gases Licuados del Petróleo (Fedglp) ha convocado una asamblea extraordinaria en febrero en la que se propondrán medidas como la suspensión indefinida del reparto domiciliario de bombonas de butano, ante los problemas que arrastra el sector desde hace una década, ya que algunas distribuidoras se quejan de tener que trabajar "a pérdidas".

La energética española Repsol obtuvo un beneficio neto de 1.792 millones de euros hasta septiembre, cerca de un 36 % menos que en los nueve primeros meses del ejercicio anterior, ante los bajos precios del crudo y del gas y unos menores márgenes industriales.

Según ha comunicado este jueves la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el resultado ajustado, que mide específicamente el funcionamiento de los negocios, alcanzó los 2.684 millones de euros, esto es, un 30% menos que los 3.816 millones de un año antes.

También evolucionó a la baja el resultado bruto de explotación o ebitda, que cayó un 22,6%, hasta los 5.565 millones de euros, mientras que el ebitda ajustado lo hizo un 18 %, hasta los 6.078 millones.

El resultado neto incluye un impuesto sobre beneficios con un tipo efectivo global del 34%. Hasta septiembre, la actividad de Repsol ha generado una contribución fiscal en España de más de 6.500 millones de euros, de un total global de 9.462 millones.

A nivel de retribución al accionista, Repsol ha anunciado además que abonará un dividendo de 0,475 euros brutos por acción el próximo enero. En el presente ejercicio, ha desembolsado 0,9 euros brutos por título en efectivo, lo que supone en torno a un 30% más respecto a 2023.

En total, la energética prevé alcanzar un rango de distribución a los accionistas de entre el 25 y el 35% del flujo de caja operativo del periodo del Plan Estratégico 2024-2027.

Los resultados se han visto impactados por los precios energéticos, que en el caso del crudo Brent —de referencia en Europa— experimentaron volatilidad en estos tres primeros trimestres, con una media de 82,8 dólares por barril.

Por el contrario, la cotización media del gas Henry Hub —de referencia en EEUU—disminuyó un 22%, hasta los 2,1 dólares por MBtu, y los precios de la electricidad en España fueron un 43 % inferiores a los del año pasado.

La inflación subió al 1,8% en tasa anual en octubre, tres décimas más que en septiembre, debido al aumento de los precios de los carburantes. Según el avance del índice de precios de consumo (IPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) este miércoles, la evolución también refleja, aunque en menor medida, el alza de los precios de la electricidad y del gas, que bajaron en octubre de 2023, según informa EFE.

En cuanto a la inflación subyacente, sin alimentos frescos ni productos energéticos, aumentó una décima, hasta el 2,5%. Frente a septiembre, el alza es del 0,6%, en el mayor aumento de la tasa mensual de la inflación desde abril de este año.

Pese al repunte de octubre, el IPC se mantiene en los niveles más moderados en tres años y medio, desde marzo de 2021, cuando se situó en el 1,3% iniciando en ese momento una senda de subidas que llegó a tocar el 10,8 % en el verano de 2022.

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha destacado que la inflación sigue por debajo del nivel de referencia del 2% del Banco Central Europeo (BCE). "España sigue haciendo compatible el mayor crecimiento económico entre las economías desarrolladas con una inflación que se ha moderado de forma notable en los últimos meses", han valorado en declaraciones remitidas a los medios.

En cuanto al dato armonizado, la tasa de variación anual estimada del IPCA fue del 1,8%, una décima por encima de la registrada el mes anterior. Por su parte, la variación mensual estimada del IPCA es del 0,4%.

Los datos definitivos de octubre, con más detalles por grupos, se conocerán el próximo 14 de noviembre.

La mayor petrolera de España ha vuelto a amenazar esta semana al Gobierno con la paralización de sus inversiones pendientes en el país si Hacienda sigue adelante con su plan de hacer permanente el gravamen temporal que creó en 2021 para las energéticas y la banca. Josu Jon Imaz, consejero delegado de la compañía, ha lanzado un ultimátum al amenazar con llevarse fuera de España proyectos de hidrógeno verde y reciclaje por valor de 1.500 millones de euros que son claves para la descarbonización de la economía. Pero detrás de ellos también hay dinero público: 517 millones en ayudas.

El conteo, realizado por infoLibre con datos del IDAE y la Comisión Europea, equivale al 65% de lo que ha pagado Repsol en los últimos dos años por el gravamen extraordinario que ahora combate la petrolera. En concreto, la compañía de origen vasco pagó 443 millones en 2022 y 350 millones en 2023 por esta prestación patrimonial (no es un impuesto), siendo la energética que más ha abonado en España.

Los 517 millones que han sido preconcedidos a la empresa proceden del programa europeo Next Generation (el PRTR en España) y del Fondo Europeo de Innovación, y van destinados a 15 proyectos que la petrolera tiene planificados en España. Por un lado, hay 10 proyectos que corresponden al PRTR, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que suman 338,4 millones de euros en subvenciones, y donde la mayor parte del dinero va destinado a apoyar la construcción de dos electrolizadores en Bilbao y Cartagena, unos aparatos que generan hidrógeno libre emisiones para que la industria lo use de combustible. Los proyectos se detallan al final del artículo. Este dinero procede de la Comisión Europea y se pagan con impuestos de los ciudadanos de los 27 países, y está gestionado en España por el IDAE, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica. La subvención está preconcedida y a la espera de que tanto Repsol como el resto de compañías la acepten.

Los otros cinco proyectos de la petrolera que tienen ayudas directas públicas están ligados al European Innovation Fund, un fondo financiado con los pagos de los derechos de emisiones, los permisos que pagan las industrias europeas por cada tonelada de CO₂ que emiten a la atmósfera. En esta línea, Repsol ya ha firmado con la Comisión la concesión de 178,7 millones de euros, principalmente para financiar la construcción de su complejo de Tarragona, donde pretende construir una planta de reciclaje moderna y un electrolizador.

A este dinero se podrían sumar otras decenas de millones que Repsol podría captar con cinco instalaciones que forman parte de la lista de proyectos de interés común (PCI) de la Comisión Europea, donde las subvenciones llegan hasta el 50% del coste de la obra. La petrolera española tiene en la lista definitiva del PCI cinco proyectos: una estación de bombeo en el embalse de Aguayo (Cantabria), los electrolizadores de Tarragona, Cartagena y Bilbao (que ya han recibido otras subvenciones) y una red de captura y almacenamiento de CO₂ para la industria del norte de España en colaboración con Francia.

Los tres electrolizadores y la Ecoplanta de reciclaje de Tarragona, los proyectos que más ayudas tienen concertadas (483 millones), son precisamente los que Repsol está utilizando como moneda de cambio para frenar la creación del nuevo impuesto a las energéticas. Como dos de estas plantas se ubican en Cataluña y son el futuro de uno de los mayores polos químicos del país, la petrolera ha convencido a Junts per Catalunya para que vote en contra del impuesto energético que prepara el Gobierno. También ha convencido al PNV para que se oponga porque el País Vasco es el destino de unos de los electrolizadores, y porque la petrolera tiene unos lazos históricos con el partido —Josu Jon Imaz estuvo al frente del PNV entre 2004 y 2008—.

De esta manera, el Gobierno ha tenido que recular y ampliar una semana el periodo de enmiendas a la norma para renegociar con estos partidos qué hacer con el impuesto. Desde el sector energético y la banca reclaman que en lugar de gravar los ingresos totales de las compañías, lo que se denomina una prestación patrimonial de naturaleza no tributaria, consista en un impuesto sobre los beneficios para evitar que empresas con pérdidas sigan pagando el tributo, aunque no está claro que este cambio sea suficiente para que la norma salga adelante en el Congreso. Este año el Gobierno ha ingresado 2.859 millones de euros a través de la prestación a energéticas y bancos.

El tributo sobre el que gira la discusión fue aprobado a finales de 2022 por recomendación de la Comisión Europea, como hicieron también los países del entorno. El objetivo era recoger parte de las ganancias extra de las energéticas por la subida de los precios del gas. Sin embargo, en España, a diferencia de otros países, se ideó como un gravamen sobre el 1,2% de las ventas de las compañías energéticas con más de 1.000 millones de facturación, mientras que en el resto del continente se planteó como un impuesto a los beneficios extraordinarios de las eléctricas, lo que enfadó enormemente al sector. También se creó un gravamen similar para la banca sobre el 4,8% de los ingresos por intereses y comisiones, fruto de la subida de tipos.

En este momento, solo España, República Checa, Hungría y Reino Unido mantienen este tributo a las energéticas, según el observatorio Tax Foundation. En Hungría termina en 2024, en República Checa en 2025 y en Reino Unido en 2030. Alemania lo retiró en agosto de 2023 y Francia e Italia el 1 de enero de 2024.

Diego Rodríguez, catedrático de Economía Aplicada y analista de Fedea, opina que el gravamen debería reconvertirse en un impuesto sobre los beneficios si se quiere hacer permanente. "Nosotros fuimos críticos desde el principio porque gravar los ingresos y no los beneficios. No digo que no paguen impuestos, pero esa figura es muy rara, y creo que deberían hacerlo mediante el impuesto de sociedades", opina el experto.

El 45% de los vehículos que se compran a través de la retribución en especie son SUV o todoterrenos de alta gama, un mercado donde podría haber una alta penetración del coche eléctrico porque tienen un precio similar. Sin embargo, un estudio publicado por Transport & Environment (T&E), una consultora europea que promueve la movilidad sostenible, concluye que hay más ayudas fiscales en España a un coche de combustión que a uno eléctrico para este tipo de clientes, de manera que se desincentiva la venta de coches cero emisiones.

Los analistas han calculado el coste de adquirir mediante retribución en especie y un contrato de leasing cuatro todoterrenos diferentes de entre 40.000 y 75.000 euros en su versión de combustión y su versión 100% eléctrica, y los beneficios fiscales son más atractivos con un motor de gasolina. Por ejemplo, si una persona comprase a través de su empresa un BMW X3 (diésel), el leasing sería 70 euros al año más barato que si lo comprase con una subida salarial equivalente y acudiendo directamente al concesionario. Esto tiene sentido porque generalmente es más barato hacerse con un coche a través de la retribución en especie que comprándolo por cuenta propia. Sin embargo, si se hace el mismo cálculo con un BMW iX3 (eléctrico), adquirirlo mediante retribución en especie sería 498 euros más caro que por cuenta propia. Es decir, fiscalmente se premia que el coche de empresa sea de combustión, y la diferencia media entre ambos modelos es de 131 euros, con ventaja para el contaminante.

Óscar Pulido, responsable del programa de electrificación de flotas de T&E en España, critica que hay que promocionar la venta de coches limpios en el canal empresa si queremos descarbonizar las autopistas. "No puedes redirigir el mercado si no diferencia de coste entre comprarte un eléctrico y uno de gasolina, y menos si encima es más caro el primero. Hay que modificar la imposición de la retribución en especie, las bonificaciones de IRPF y las rebajas de IVA para promocionar el eléctrico y castigar al contaminante", señala el experto.

Las ventas de eléctricos están muy deprimidas en España en comparación con otros países, y lo están todavía más si se analiza solo el mercado de empresas. Los coches que ponen las compañías al servicio de sus empleados —principalmente a través de contratos de leasing— son prácticamente todos de gasolina, y solo el 3,7% son eléctricos, frente al 13,8% de media en la Unión Europea, según datos de la primera mitad de 2024.

El problema está en que el Gobierno español no da incentivos fiscales a las compañías para escoger turismos eléctricos como coche de empresa, a diferencia de otros países como Alemania, Francia o Reino Unido. Según el informe de T&E, hacerse con un SUV eléctrico a través de la retribución en especie es 2.562 más barato al año en Francia que adquirirlo mediante una subida salarial directa. En Alemania el beneficio es de 1.371 euros, y en Reino Unido la diferencia fiscal es muchísimo más grande: de 17.225 euros. En España es al revés, es 122 euros más caro.

El mercado de coches de empresa, aunque pase desapercibido, es casi tan grande como el de particulares. El año pasado se vendieron en España 394.000 turismos de empresa, solo unos pocos más que los 420.000 que compraron los hogares. La mayoría de apoyos que está dando el Gobierno español para aumentar las ventas de eléctricos van al segundo grupo, a través del programa MOVES III, pero el canal empresas tiene solo unas pequeñas bonificaciones fiscales, insuficientes para impulsar las ventas.

El análisis de T&E suma las subvenciones y ayudas que reciben los empleados y los empresarios para adquirir un coche de combustión o uno eléctrico en formato leasing. Esto incluye una rebaja fiscal al tributarlo como salario en especie (trabajador y empresario), una deducción del IVA del 50% (empresario) y una deducción por depreciación del vehículo anual (empresario).

El estudio concluye que el sistema impositivo español para coches de salario en especie "es más favorable para los coches pequeños porque contaminan menos", incluso aunque sean de combustión. Pero una vez que las emisiones del coche superan los 120 gramos de CO₂ por kilómetro, pierde esa ventaja fiscal, aunque sea eléctrico, y pasa a ser más interesante la bonificación por depreciación. Paralelamente, comprar un coche eléctrico por cuenta propia en un concesionario permite acceder a las ayudas del MOVES III, que pueden llegar a los 7.000 euros.

El fraude del IVA en la venta de combustibles no es el único problema al que se enfrenta la Administración en las tramas de estafa de carburantes. Los operadores petrolíferos están obligados a inyectar un 11% de biocarburantes en cada litro de gasolina y gasoil vendido, o a pagar una compensación al Ministerio de Transición Ecológica, pero las redes de empresas fantasma que venden combustibles también se están saltando este paso, y cada vez más. El año pasado, los vendedores al por mayor de carburantes dejaron sin pagar 581 millones de euros en compensaciones por saltarse la ley de biocombustibles, frente a los 95,4 millones de impagos de 2022 y los 72,5 de 2021.

Como respuesta a este crecimiento del fraude, el ministerio dirigido por Teresa Ribera vetó la semana pasada a cuatro comerciantes de carburantes de la lista de operadores de petróleo al por mayor de la CNMC, que juntos abarcaban el 67% del total estafado el año pasado. Biomar (218 millones de euros), Martankship (135 millones), Everton Magnific (27 millones) y Glasgow Abastecimientos (10 millones) estafaron 390 millones de euros a la Administración en 2023. Al desaparecer de la lista de operadores de la CNMC, dejan de trabajar en los depósitos fiscales de carburantes que hay en España, y pierden cualquier oportunidad de volver a repetir las estafas de biocarburantes o de impagos de IVA.

Para cumplir con los objetivos de reducir las emisiones en carretera, España impuso en 2022 el objetivo de alcanzar un 10,5% de biocarburantes en los vehículos en 2023, una cifra que crece cada año hasta el 12% en 2026. En 2023 se alcanzó una penetración de los biocarburantes del 9,55% sobre el total vendido en el país, por lo que se quedó un punto por debajo del compromiso (10,5%) de ese año. Los operadores al por mayor son los responsables de mezclar el combustible con productos bio para cumplir con esos objetivos, y quienes no lo hacen tienen que pagar una compensación por incumplir la norma. Esa multa es de 1.623 euros por cada certificado bio no aportado, pero en vista del crecimiento astronómico de los incumplimientos, esta primavera el Gobierno introdujo un recargo del 10% para quienes no aportan entre el 25% y el 35% de los certificados. Y asciende a un recargo del 25% a partir de un 40% de incumplimiento.

Sin embargo, las cuatro empresas ahora vetadas no tenían ninguna intención de inyectar biocarburantes en su producto, ni tampoco de pagar la compensación a Transición Ecológica. En concreto, cumplieron con el "0% del objetivo de biocarburantes de 2023" y no pagaron ni un euro en compensaciones. Tras meses de investigación y advertencias por parte de Transición Ecológica, los operadores fueron expulsados del registro de manera definitiva la semana pasada, los días 7 y 10 de octubre, según el BOE. En diciembre del año pasado, este ministerio también incorporó una orden que permite inhabilitar a los operadores que incumplan más del 60% de cuota de biocarburantes para facilitar estas suspensiones.

Una persona cercana a estas investigaciones explica que estas empresas siempre operan de la misma manera. Utilizan su licencia como operador mayorista para comprar y vender carburantes en cantidades industriales a otros operadores o a gasolineras, pero siempre incumpliendo la cuota obligatoria de biocarburantes del 11% (en 2024). Cuando Transición Ecológica reclama al año siguiente los certificados no pagados, las empresas se declaran en bancarrota, sus dueños desaparecen y dejan detrás una deuda millonaria, y aunque pierden su derecho a operar, vuelven a trabajar bajo otra compañía que sí tiene permisos y que permanecía dormida en el listado de la CNMC. En este momento hay 112 operadores al por mayor habilitados para funcionar en España.

Al igual que evaden sus pagos por biocarburantes, estas tramas tampoco ingresan a Hacienda el IVA, que sí trasladan a sus clientes, ni sus cuotas de reservas estratégicas, ni su aportación anual al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. En sector de los hidrocarburos, en guerra contra estos operadores fantasma, calcula que cada año defraudan unos 2.000 millones de euros entre todas estas cuantías.

La expulsión de estos cuatro operadores coincidió la semana pasada con la detención del empresario Víctor de Aldama, cercano al exministro José Luis Ábalos, por liderar una supuesta trama de impago de IVA en la que se habrían escaqueado del pago de 182,5 millones de euros a Hacienda, cantidad que después blanquearon para comprar inmuebles, vinos, y joyas, entre otros. En este caso, la trama también partía de un operador petrolífero mayorista (Villafuel), pero también participaban otras ocho empresas pantalla y una serie de testaferros. Villafuel, a diferencia de las cuatro mencionadas más arriba, continúa en el listado de operadores de la CNMC, que borra compañías únicamente por orden del Ministerio de Transición Ecológica, porque todavía no ha incumplido sus obligaciones sobre biocombustibles, según fuentes conocedoras del caso. Pero sí ha sido ya eliminada de otra lista, el Registro de Extractores de Depósitos Fiscales, controlada por Hacienda, de manera que no puede sacar petróleo de los depósitos fiscales donde está custodiado.