El Gobierno presentará este viernes, en un Consejo de Ministros extraordinario, un paquete de medidas para mitigar el alza de los precios de la energía, ha anunciado este lunes la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, según recoge EFE.

"Tendremos ese plan de respuesta integral con medidas estructurales y medidas coyunturales a lo largo de esta semana (...) Es un plan de respuesta integral y eso es muy importante. No se trata de tomar medidas, solo parches, sino pensar una visión más a largo plazo", ha apuntado Aagesen a su llegada a un Consejo de Ministros de Energía de los países de la UE celebrado en Bruselas.

Agregó que el Gobierno está trabajando "con los agentes sociales y con propuestas de los grupos parlamentarios", sin concretar la fecha exacta para presentar las iniciativas que alivien el impacto de la guerra en Irán sobre los precios de la energía.

Sin entrar en detalles, la vicepresidenta avanzó que el paquete contendrá medidas de "protección a los más vulnerables" y también a "aquellos sectores que están más expuestos, evidentemente los transportistas, el sector agrario, el sector pesquero".

El Ejecutivo también introducirá "medidas en el ámbito energético para todos los consumidores que se sientan afectados o que han tenido un impacto en este contexto" así como "medidas antifraude", agregó.

También el Ministerio de Economía esta preparando una serie de medidas que incluyen rebajas fiscales para contener el precio de la electricidad, mientras que continúa estudiando cómo abaratar los costes de los carburantes, con especial atención a los sectores más afectados, que son el campo y el transporte.

Desde el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, la volatilidad del mercado ha sido máxima. Desde que Irán cerrara el estrecho de Ormuz, por el que pasa el 20% del flujo marítimo global de crudo, el tráfico lleva interrumpido casi por completo.

Medio centenar de plantas solares trabajan ya en España para controlar la tensión de la red, el principal problema que llevó al apagón del pasado 28 de abril. Inmediatamente después de aquel incidente histórico, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) cambió la regulación para que las instalaciones renovables pudiesen regular este parámetro y diez meses después han comenzado a hacerlo, según señaló este miércoles Red Eléctrica (REE), el operador del sistema eléctrico.

Concha Sánchez, directora general de Operación de REE, dijo que ya hay 50 instalaciones de energías renovables, cogeneración y residuos que aportan tensión a la red, sumando una potencia total de 4,4 GW, de las que la inmensa mayoría son plantas fotovoltaicas. Hay otras 50 plantas que ya han superado las pruebas y se sumarán próximamente a este servicio, y se espera que en los próximos meses se sumen cientos de parques más. Por ahora, ninguna cobra por realizar este control de tensión, pero empezarán a hacerlo el 17 de marzo.

Durante la presentación de las magnitudes del sistema eléctrico de 2025, Sánchez comentó que "ampliar el servicio de control dinámico de tensión a un número más amplio de la generación" permite tener "un número más amplio de unidades que aporten ese recurso". Es decir, cuantas más instalaciones puedan controlar la tensión de la red, más eficiente será el proceso y menor será su coste para los consumidores.

El trabajo del control de tensión es imprescindible para evitar apagones. La tensión es un parámetro muy sensible de la red eléctrica que tiene que mantenerse dentro de un umbral (medido en kV) y si se dispara por arriba o por abajo puede provocar averías en todo el sistema, de manera que productores y consumidores de luz se desconectan automáticamente por seguridad cuando se descontrola. Eso es lo que ocurrió el 28 de abril: una subida salvaje de la tensión provocó una cascada de desconexiones por seguridad de plantas de producción eléctrica –algunas antes de tiempo, que están siendo investigadas– hasta que se produjo el apagón.

El control de tensión dinámico siempre ha formado parte de la programación de la red eléctrica, pero hasta ahora solo podían realizarlo las centrales de ciclo combinado de gas, las nucleares y las plantas de carbón. Esas instalaciones son compensadas económicamente por estar encendidas para ofrecer ese servicio y desde el apagón se ha incrementado el número de unidades que reciben esa orden de REE para garantizar que no se repite ese cero eléctrico.

El problema es que mantener encendidas estas plantas solo para ese proceso encarece notablemente la factura de la luz. En 2025, todos los consumidores pagaron unos 1.200 millones de euros por ese trabajo a las grandes energéticas. Pero como ahora ese control lo pueden realizar también las renovables, la factura de ese servicio será mucho menor. En concreto, la CNMC ha decretado que las plantas solares y eólicas que controlen tensión recibirán un euro por cada megavoltio amperio activo por hora (1 €/MVArh) que absorban o inyecten a la red eléctrica. Los MVArh son unidades de potencia reactiva, un tipo de energía que hay que controlar para evitar subidas y bajadas de tensión en la red.

Las empresas de energía solar se quejan de que ese precio que van a cobrar no es suficiente ni para cubrir sus gastos. Según cálculos de UNEF, la patronal fotovoltaica, un ciclo combinado de gas cobra ahora entre 106 y 110 €/MVArh, y ellos van a recibir 1 €/MVArh, insuficiente para cubrir los gastos de realizar ese servicio por la noche. En cambio, solicitan a la CNMC que incremente su retribución hasta los 5 o 10 €/MVArh, que seguiría siendo entre diez y veinte veces menos del coste actual, subraya Héctor de Lama, director técnico de UNEF.

"Si nos habilitamos para controlar tensión, nos comprometemos a hacerlo también en las horas en las que no hay sol. Y para poder soltar reactiva a esas horas necesitamos comprar electricidad en el mercado y aumentar la potencia contratada, y eso es muy caro. Ahora mismo no sale rentable", opina el experto.

Aunque ahora no sea económicamente viable para las renovables participar en el control de tensión, medio centenar de estas instalaciones están adscritas a esta labor porque –aparte de una pequeña retribución– reciben lo que se conoce como prioridad de despacho. La normativa obliga a que las instalaciones que aporten seguridad a la red, como un control de tensión, sean las últimas a las que se puede ordenar apagarse si hay demasiada producción de electricidad. Ocurre a menudo en las horas de mucho sol y baja demanda, durante las cuales, algunas plantas solares se desconectan de manera forzosa porque no hay demanda suficiente de energía.

El hecho de que más plantas controlen tensión –y lo hagan a menor precio– debería reducir próximamente los costes de los servicios de ajuste de la red, los costes que tiene equilibrar la red eléctrica para que funcione de manera segura. No obstante, De Lama no cree que esto vaya a ocurrir a corto plazo porque todavía son pocas las plantas renovables adscritas al nuevo sistema. "Esto debería hacer que trabajen menos ciclos combinados de gas, pero no se notará hasta que haya muchas más renovables. Como el control de tensión es zonal, puede haber un efecto desborde. Si mucha solar que aporta o absorbe reactiva está en un mismo sitio, solo desplazará a un ciclo combinado, y si está muy dispersa por España, no consigues desplazar a ninguno. Probablemente habrá un impacto mayor sobre las plantas de gas de Castilla-La Mancha o Huelva, donde hay mucha fotovoltaica".

Según dijo también Concha Sánchez este miércoles, esa operación en modo seguro que se activó tras el apagón encareció en 516 millones de euros la gestión del sistema en 2025, una subida de la luz del 2%, o unos 3 euros al mes para un consumidor medio. Otro estudio de la consultora energética Nera cifraba ese coste en 1.100 millones, el número que también han replicado las compañías eléctricas y el doble de lo que afirma Red Eléctrica, pero Sánchez cargó contra esos cálculos argumentando que "tienen otra terminología (sic)". 

La electricidad de origen renovable que se descarta cada día continúa creciendo a medida que aumenta la potencia fotovoltaica instaladas en España. Los vertidos de origen solar alcanzaron el 2,5% de toda la luz generada por esta tecnología en 2025, un máximo histórico y el doble que en 2024, y se espera que ese porcentaje siga siendo elevado en 2026 y 2027.

Esos descartes de energía fueron mucho mayores en Extremadura y Ciudad Real, donde numerosos nudos de la red eléctrica tuvieron más de un 30% de vertidos, según cálculos de la consultora Aurora Energy. Su informe también prevé que ese atasco en la red se vaya corrigiendo en la próxima década, y que el embudo de renovables se desplazará al norte de la península, especialmente a Galicia.

Los vertidos de energía renovable se producen porque la electricidad producida por plantas solares, eólicas o hidráulicas no puede ser absorbida por la red. Estas instalaciones generan energía cuando hay sol, viento o agua, pero no siempre esa luz puede ser utilizada, de manera que el operador de la red eléctrica obliga a que algunas instalaciones se apaguen, desperdiciando esa energía potencial que se produciría a coste cero. A menudo se argumenta que la energía renovable se desecha porque no hay demanda suficiente para consumirla, lo cual es cierto, pero el análisis de Aurora Energy detalla que el 86% de esas restricciones se activan por congestiones en la red eléctrica.

Esa congestión se produce porque en los últimos cinco años España ha más que duplicado la fotovoltaica y la eólica instalada, pero la red eléctrica no ha crecido al mismo ritmo, de manera que los cables de alta y media tensión no tienen capacidad para transportar toda esta energía a los puntos donde se consume. Como la mayoría de estas renovables se concentra en zonas poco pobladas, hay que llevar esa luz hasta los polos de población, de manera que se producen fuertes cuellos de botella en la red, explicó este jueves Javier Pamos, consultor de Aurora, en una llamada con periodistas.

"El problema es que los centros de producción de energía renovable en España están completamente separados de la demanda. Si esta infraestructura no está bien diseñada o dimensionada como para compensar esta diferencia, lo que ocurre es que las redes se congestionan y Red Eléctrica tiene que cortar producción en unos nudos y activarla en otros para compensar esa diferencia", explicó el experto.

En concreto, en 2025 se tiraron nada menos que 3,6 teravatios hora (TWh) de luz por orden de Red Eléctrica, un 110% más que en 2024. La cifra equivale al 1,6% de toda la electricidad que se consumió en España el año pasado.

Otros países vecinos también sufren el mismo problema, ya que los vertidos de electricidad son inevitables hasta que se comiencen a instalar a gran escala baterías en la Unión Europea. Esas baterías permiten almacenar la luz que no se pueda verter a la red en las horas de sol o de viento, y consumirla en las horas siguientes, una manera de maximizar el beneficio del dueño de la planta renovable y de bajar el precio de la luz para todos los consumidores en las horas de mayor demanda.

Badajoz, Cáceres y Ciudad Real son las provincias con mayores vertidos de electricidad renovable debido a que son polos muy importantes de producción de energía solar. Si la media de vertidos en España es del 2,5%, en esas zonas es de entre el 5% y el 30%, según el estudio de Aurora. Solo la provincia de Badajoz concentra alrededor del 20% del conjunto de vertidos en la España peninsular, aunque también hay problemas en Aragón y en algunos nudos del sureste.

En 2025 el porcentaje de pérdidas de electricidad fue mucho mayor que en 2024, y se espera que en 2026 se reduzcan ligeramente (hasta 3,05 TWh), así como en 2027 (3,38 TWh). En 2025 se ha producido un récord porque hubo factores puntuales que dispararon los vertidos: los incendios récord de agosto, que obligaron a cortar líneas eléctricas, y el apagón de abril, que incrementó el uso de centrales de ciclo combinado y desplazó a las renovables para garantizar la estabilidad.

Otro factor que está disparando los vertidos en España en los últimos años son las altas temperaturas de verano, debido a que el calor reduce la eficiencia de las líneas eléctricas para transportar energía y aumenta los problemas de cuellos de botella en la red. Esto explica que la inmensa mayoría de la electricidad vertida se concentra en julio y agosto.

En la próxima década, los analistas calculan que el mapa de plantas que sufrirán desconexiones forzadas se desplazará hacia el norte de España, donde ahora no hay prácticamente problemas. Se espera que en esa zona se instale una gran cantidad de molinos de viento, tanto en suelo como en el mar, y al mismo tiempo se concentrará allí un "limitado refuerzo de la red eléctrica". En 2035, los cuellos de botella se ubicarán en todas las provincias gallegas, especialmente en Ourense. También en Castilla y León, Asturias, País Vasco, Cantabria y Aragón.

La Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (Entso-E) anunció este miércoles que el próximo 20 de marzo publicará el informe independiente final sobre el apagón ibérico del 28 de abril de 2025. "El 20 de marzo de 2026, el panel de expertos que investiga el incidente en la red eléctrica ocurrido el 28 de abril de 2025 en España y Portugal publicará su informe final", indicó Entso-E.

Ese informe, que sigue a otro análisis técnico difundido el pasado 3 de octubre, contendrá las "principales conclusiones de su investigación, incluidas las causas raíz del apagón y recomendaciones para prevenir incidentes similares en el futuro". Presentarán las conclusiones el copresidente del panel de expertos y director de operaciones del operador austríaco APG, Klaus Kaschnitz, y el presidente de Entso-E, Damián Cortinas.

En el informe técnico publicado en octubre, elaborado por un panel de 45 expertos de operadores de sistemas de transmisión y autoridades reguladoras de toda Europa, los técnicos señalaron que el apagón eléctrico total registrado en España y Portugal el pasado 28 de abril fue un evento único en el mundo y se debió a una "cascada de sobrevoltaje" iniciada en el sur de España.

Descartaron que el problema fuera un exceso de generación renovable, sino el control de voltaje, que es la tensión eléctrica que debe mantenerse en ciertos límites.

Los expertos agregaron que en el incidente que apagó la península a las 12.33 horas (11.33 GMT) influyeron varios factores, como la desconexión de varias instalaciones renovables, un aumento brusco de la tensión, oscilaciones locales previas, cortes de las interconexiones con Marruecos y Francia, así como limitaciones de mecanismos de defensa automática.

Pedro Fresco (44 años, Valencia) es director general de Avaesen, la organización empresarial de las energías renovables en la Comunitat Valenciana. Es una de las voces más destacadas en España contra la desinformación sobre las energías renovables. Todavía hoy, confiesa, sigue encontrándose con bulos: "La última vez, el viernes pasado, y viniendo de un ayuntamiento".

Hace dos años dedicó un libro a la desinformación y ahora vuelve a abordar este asunto en El arte de impulsar el cambio (Barlin Libros), donde señala que una buena parte de la izquierda ecologista quiere acabar con la contaminación global, pero sin reconocer que la solución pasará por la tecnología y la participación de las empresas.

En una conversación con infoLibre aborda los desafíos de su sector, entre ellos la incertidumbre sobre qué ocurrirá con la central nuclear de Almaraz, que ha pedido funcionar tres años más, hasta 2030. "La pelota está en el tejado del Gobierno. Si el Gobierno quiere mantener su política energética tendrá que decir que no", opina Fresco en esta entrevista.

El libro empieza y termina con un mensaje optimista sobre la lucha contra el cambio climático. ¿Por qué ha decidido escribir en positivo en un momento tan convulso?

Precisamente porque hace falta viendo el pesimismo que hay en el mundo. Parece que todo va a peor y la sociedad está prácticamente en un estado de nihilismo. Y hay que combatirlo. El optimismo ahora es revolucionario, y sin él no hay acción, no hay cambios. El pesimismo es una estrategia para que nada cambie.

¿Dentro del sector de las energías renovables hay pesimismo?

Es transversal a toda la sociedad. En la energía hay una percepción de que entre el trumpismo y algunas voces europeas que piden replantear el Pacto verde, hay menos optimismo que hace dos años. Pero los fundamentos de la transición energética son sólidos. Hay solidez tecnológica y económica, y es nuestra obligación ser optimistas.

Si alguien pensó alguna vez que la transición energética iba a ser un camino de rosas, se equivocó. Hay enemigos poderosos en su contra, y no se iban a quedar sentados esperando a desaparecer. De hecho, ahora el panorama político les permite resistir.

¿Cómo afectaría un cambio de ciclo político en España a las renovables?

Habría que ver la configuración de ese Gobierno, por ahora es algo incierto. Nosotros detectamos que hay autonomías gobernadas por el Partido Popular que son proclives al desarrollo de las energías renovables. Sin embargo, hay sectores que podrían llegar al Gobierno mucho más hostiles. Es incierto qué podría traer un cambio político, pero yo soy partidario de no ser pasivo en estas cuestiones y no esperar a ver qué pasa.

En España hay un grado muy alto de población favorable a las energías renovables, y ese consenso social debería evitar que un futuro Gobierno cambie la política energética.

En abril se cumple un año del apagón y, nada más suceder, muchos corrieron a culpar a la solar ¿Eso hizo daño a las renovables?

Este caso es muy interesante porque demuestra que los enemigos de la transición energética están ahí. Estaban agazapados debajo de las piedras, porque no era su momento, pero aparecieron cuando pudieron sacar provecho para frenar la transición energética. En el caso del apagón, se vio muy claro.

Obviamente no ha sido bueno para las energías renovables porque esos mitos, que con descaro se dijeron desde el primer minuto en España, se han quedado en el imaginario de mucha gente. Cuando eres el primero en lanzar un mensaje en un debate público, aunque sea falso, cala, y eso es lo que hicieron los manipuladores.

Dicho esto, para lo que podía haber pasado, realmente no ha pasado nada. La mayoría de la gente cree que las renovables no tuvieron nada que ver ese día. El apagón fue un daño contenido.

¿Y hay riesgo de apagón esta primavera llegado el momento en el que la energía solar vuelva a generar cerca del 100% de la luz que consumamos?

¿Esta primavera? No. Y creo que no veremos un apagón en mucho tiempo. Ahora bien, al mínimo parámetro que se altere en el sistema eléctrico volverán a aparecer los titulares de que hemos estado casi ante un apagón, porque ya hay un sustrato de gente que intenta asustar con esto para defender sus intereses. Bien sea para atacar la transición energética o para defender la continuidad de las centrales nucleares.

Pues precisamente le quería preguntar sobre la nuclear. En los últimos meses los propietarios han ganado mucha fuerza en el debate energético y se ven preparados para extender la vida de la central de Almaraz. ¿Qué opina?

Es obvio que la situación es distinta a la de 2019, pero en mi opinión no hay ninguna causa que justifique romper la política energética que se fijó en España. No hay una demanda eléctrica adicional que justifique la extensión de los reactores, ni hay un plan para cambiar la política vigente. Simplemente hay una petición para alargar dos y tres años la vida de dos reactores, algo claramente anómalo que nunca se ha hecho porque cualquier petición ha sido siempre por diez años.

Al final yo creo que la pelota está en el tejado del Gobierno. Si el Gobierno quiere mantener su política energética tendrá que decir que no a esa prórroga. Y si el Gobierno al final acaba diciendo que sí a esa prórroga, pues habrá hecho saltar por los aires su propia política energética con consecuencias evidentes en la inversión de renovables porque si las centrales nucleares continúan en España la inversión renovable será muchísimo menor.

¿Le han llegado a decir empresarios del sector de las renovables que están dispuestos a parar sus proyectos si sigue adelante la prórroga nuclear?

Muchas empresas me han dicho claramente que si se extienden los nucleares se va a paralizar la inversión en renovables. Pero tampoco hay que ser especialmente perspicaz para darse cuenta de eso. Si 50 o 55 TWh anuales de energía nuclear que iban a ir desapareciendo progresivamente hasta 2035, no desaparecen, hay menos hueco para las renovables.

Hay dos estudios muy recientes que ahondan en esto, de Natalia Fabra y de Eloy Sanz. Pero lo curioso es que hasta que no han aparecido estos dos estudios, la opinión pública asumía que la extensión nuclear no tendría ningún impacto negativo.

¿Y cree que esta miniprórroga de tres años podría ser la antesala para luego, más adelante, pedir un café para todos? ¿Que el resto de centrales hagan lo mismo?

Es posible, pero yo creo que lo que hay que tener en cuenta es que la miniprórroga es el peor escenario de todos. Porque se traslada automáticamente la percepción al inversor de que probablemente se extiendan a todos los demás, pero sin saber por cuánto tiempo. Eso hará que la inversión en renovables se reduzca mucho, pero sin la certeza de que las nucleares se vayan a quedar después.

Cambiando de tema, buena parte del libro aborda las contradicciones de una parte de la izquierda alrededor de la transición energética. Que en el momento que las energías limpias comienzan a ser un negocio, empiezan a verse con escepticismo...

Resulta sorprendente. Desde 2019 hasta hoy ha pasado la guerra de Ucrania y la crisis energética derivada de la dependencia del gas ruso. Y ahora con Trump, vemos cómo Estados Unidos está usando esa misma dependencia como método de coacción.

Que después de todo eso siga habiendo determinados sectores de la izquierda y del ecologismo en el mismo punto de tecnofobia porque las renovables dependen de las empresas –grandes y pequeñas– y busquen excusas contra ellas, me parece increíble. Me parece una posición cínica y profundamente equivocada.

De hecho, fue un encontronazo con Compromís y su oposición a la fotovoltaica en el campo lo que le hizo salir de la Generalitat hace tres años. ¿Hoy todavía le ocurre?

Sí, se ve por ejemplo a nivel municipal. Ves a alcaldes que te compran todo el libro de bulos contra las renovables. Hoy es lunes. Tuve un caso el viernes. De un asociado que recibió un informe de un ayuntamiento lleno de barbaridades en el que se veía que había un sesgo claro contra una instalación solar.

También hay un problema a la hora de atraer a la opinión pública hacia las renovables con el argumento de que abaratan la electricidad porque en la factura de la luz no se ven esos precios cero de los que tanto se habla.

Claro. Tiene que ver con la naturaleza de las tarifas. A un consumidor doméstico el precio de la energía en el mercado le afecta de manera minoritaria, no como a un industrial. Cuanto más pequeño es un consumidor, más pesan los peajes, los cargos y los impuestos. Y además, estamos en una situación especial en España desde el apagón, con un funcionamiento reforzado de la red eléctrica.

¿Aboga por retirar el impuesto especial de la electricidad? Lo ha hecho Portugal y es a menudo reclamado por las empresas energéticas

Si queremos descarbonizar, tenemos que electrificar. Y si queremos electrificar, tenemos que hacer que la electricidad sea estructuralmente barata. Está muy bien bajar los precios del mercado a través de las renovables, pero tenemos que ver todo el resto de costes.

Ciertos impuestos sobre la electricidad que habría que eliminar, o trasladar a los combustibles fósiles. Los cargos de la luz, que también podríamos trasladar a los combustibles fósiles. También reducir los costes de redes.

Para terminar, ¿qué autocrítica hace sobre el trabajo de las renovables en los últimos años?

Bueno, obviamente ha habido proyectos renovables que no tenían ningún sentido, pero esos proyectos han acabado cayendo en las autorizaciones administrativas. Yo creo que en la Comunidad Valenciana todos los proyectos polémicos han caído, y en toda España probablemente también.

Cuando hablas con las empresas, te reconocen que en algunos casos no habían aterrizado bien en los ayuntamientos, o no habían sido del todo transparentes. Pero todo eso está cambiando y hay autocrítica. Donde no veo autocrítica es en el otro lado, que siguen rechazando las renovables, pase lo que pase.

La irrupción disruptiva en el panorama internacional de las políticas y comportamientos de la administración Trump ha puesto de manifiesto la necesidad urgente de que la Unión Europea refuerce su autonomía estratégica en los ámbitos político, económico y militar. La utilización de los aranceles como amenaza, como relato, como castigo; las imposiciones en el seno de la OTAN de porcentajes de compra de armas, de petróleo y de gas; la ruptura de las normas aceptadas en las relaciones internacionales como ha sido puesto de manifiesto —y con violencia— en Venezuela, también con Groenlandia; el sostenimiento del Gobierno de Netanyahu en sus acciones genocidas en Palestina; la complicidad con Rusia en la guerra de Ucrania; el recurso a la represión con "camisas pardas" como instrumento de su política interna… han derrumbado la credibilidad de Estados Unidos ante Europa como socio y aliado confiable. Ante esta situación, Europa está obligada a replantear los fundamentos de su seguridad.

Con independencia del signo de sus futuras administraciones, es difícil imaginar qué podría pasar y durante cuánto tiempo para que fuera posible que Europa pudiera recuperar la confianza perdida en los Estados Unidos de América del Norte. Avanzar hacia una auténtica autonomía estratégica es una condición imprescindible para reducir la vulnerabilidad estructural de Europa frente a la volatilidad política y económica de Estados Unidos.

Desde la perspectiva de los valores democráticos compartidos por los Estados miembros de la UE, la seguridad no puede limitarse, de ninguna manera, sólo a la defensa militar. Implica, de manera muy principal también, la preservación y el fortalecimiento del Estado del Bienestar; la defensa de reglas previsibles en las relaciones internacionales; la independencia industrial basada en una mayor competitividad en la producción y el suministro de bienes y servicios esenciales; y la puesta en común de las capacidades que en todos los órdenes tengan los Estados de la Unión Europea, desde luego la militar, pero no sólo.

Uno de los elementos centrales de la autonomía estratégica es el acceso y la disponibilidad de energía con costes competitivos. La energía impregna todas las actividades de la sociedad: la economía de las familias, la competitividad de las empresas de los tres sectores y afecta a variables básicas de la estabilidad y del crecimiento de la riqueza de las naciones. Baste con mencionar su impacto en la inflación.  

Y en el centro de la energía está la electricidad.

La electricidad es un vector energético al que pueden transformarse las principales fuentes primarias de energía: biomasa, carbón, gas, petróleo, nuclear, hidráulica, eólica, geotermia, solar térmica, fotovoltaica… No hay ninguna energía primaria relevante que no pueda transformarse en electricidad mediante una central eléctrica con la tecnología apropiada. Y si convenimos en que uno de los elementos centrales de la autonomía estratégica es el acceso seguro a la disponibilidad de energía con costes competitivos, tenemos que concluir que la electricidad es un vector fundamental para impulsar la autonomía estratégica de la UE.

Dependiente de las importaciones de gas natural y petróleo en porcentajes que se sitúan en torno al 90% de su consumo —EEUU y Rusia entre sus más importantes suministradores de combustibles fósiles— la UE está obligada, para mitigar su vulnerabilidad y su dependencia, a explotar fuentes energéticas primarias autóctonas que le permitan afianzar su propia autonomía. La energía hidroeléctrica, la energía eólica y la energía fotovoltaica, son recursos inagotables y autóctonos.

No sólo razones medioambientales están detrás de la transición energética, también razones económicas de primer orden y también, por consiguiente, razones geoestratégicas.

En fin, la electricidad es un insumo sistémico de la economía moderna y condiciona directamente la capacidad productiva, el bienestar social y la independencia.

Durante las últimas décadas, el mercado eléctrico europeo ha experimentado múltiples reformas regulatorias orientadas a fomentar la competencia y facilitar la integración de energías renovables. Sin embargo, estos cambios no siempre han producido los resultados esperados. La liberalización ha derivado, en muchos casos, en un mercado más complejo y opaco, con precios elevados y comportamientos extractivos por parte de los grandes operadores eléctricos, en detrimento de familias y empresas.

El diseño marginalista del mercado eléctrico europeo ha demostrado ser especialmente problemático en contextos de crisis. Entre 2021 y 2023, el encarecimiento del gas derivado de la guerra en Ucrania se trasladó al precio de la electricidad, al fijarse este en función de la tecnología de mayor coste variable y marginal necesaria para cubrir la demanda, habitualmente los ciclos combinados de gas natural. Los precios llegaron a subir durante un largo periodo de tres años un 300% sobre los precios de la década anterior. El resultado ha sido pérdida de competitividad industrial, el deterioro del poder adquisitivo de los hogares y el aumento de la pobreza energética. Y no sólo en situaciones alteradas de los mercados de gas, también en situaciones más estables porque las centrales de gas —siempre y en cualquier circunstancia la de mayores costes— siguen fijando los precios que retribuyen a todas las centrales que concurren y completan el abastecimiento de la demanda. En definitiva, el diseño del mercado de electricidad, tal y como está regulado por la UE, deja a merced de los precios del gas ruso y estadounidense una parte nada despreciable de la competitividad de las economías de los Estados miembros. Y esto es dependencia y vulnerabilidad.

Las medidas paliativas adoptadas, como la denominada "Excepción Ibérica" (en el caso de España que fijaba un precio de referencia del gas —para el precio de la electricidad— por debajo de su precio en el mercado spot), y el mecanismo ARENH (Accès Régulé à l’Énergie Nucleare Historique) en el caso francés, sustituido desde el 1 de enero de 2026 por un nuevo mecanismo VNU (Versement Nucléaire Universel), han sido ejemplos que han aliviado parcialmente los efectos perturbadores del diseño europeo del mercado de la electricidad, pero no han corregido sus problemas estructurales dejando a Europa expuesta a futuras crisis con impactos similares y a una continua pérdida de competitividad.

Y si es así, ¿cuál es la razón que ha empujado a las autoridades reguladoras europeas y nacionales a diseñar un mercado de efectos tan perturbadores?

Uno de los principios que han estado presentes en la regulación eléctrica europea es la llamada "neutralidad tecnológica" —también llamado "energy only market"—, basada en la idea de que todos los kWh son equivalentes, que prestan el mismo servicio a los consumidores y que, por consiguiente, deben recibir el mismo tratamiento en el mercado. Lo contrario sería "discriminar" unas tecnologías frente a otras… y la "neutralidad" parece un valor positivo, un valor que se alza por encima de ideologías e intereses particulares… y la discriminación arrastra connotaciones negativas, resultado de prejuicios y de posiciones de dominio.

Sin embargo, esta premisa regulatoria —la neutralidad tecnológica— es profundamente engañosa. Aunque todos los kWh permitan su conversión en fuerza, luz, frio, calor, trabajo… la tecnología de las centrales eléctricas y las materias primas energéticas —carbón, uranio, gas, viento, sol…— que las diferentes centrales consumen para producir electricidad, tiene consecuencias económicas, sociales y ambientales muy distintas frente a las cuales no somos indiferentes. Ante la dependencia de combustibles fósiles importados, ante la creación de empleo de calidad, ante el impulso a la innovación, ante los diferentes costes de producción de electricidad entre unas centrales y otras, ante la concentración de poder económico en oligopolios que detentan tecnologías de generación eléctrica en las que no hay libertad de entrada (hidroelectricidad y centrales nucleares), ante las emisiones de gases de efecto invernadero, Europa no puede ser neutral. Las razones: la ecología, la economía y la independencia. En definitiva, la necesaria autonomía estratégica frente a un entorno internacional hostil.

Y la UE no puede ser neutral por una razón muy sencilla: los kWh producidos por las distintas centrales eléctricas no son iguales ante el Sistema Eléctrico, aunque lo parezcan. Y no son iguales porque:

Y al mismo tiempo, la electricidad es el vector más eficiente en la lucha contra el calentamiento global, el instrumento básico de la transición energética por su capacidad de suministrar energía a las actividades de nuestra sociedad minimizando el uso de fuentes primarias energéticas fósiles que pasan a ser sustituidas crecientemente por fuentes renovables. No. No podemos ser neutrales. El cambio climático constituye el mayor desafío sistémico de nuestro tiempo. Si no se reducen drásticamente las emisiones de CO₂ —al menos un 50% a nivel mundial y más del 80% en Europa para 2050—, los impactos sociales y económicos serán devastadores, con aumento de la pobreza y la desigualdad. Eficiencia económica y eficiencia ambiental son inseparables. No hay economía eficiente sin considerar los equilibrios ecológicos cuya desestabilización acarrearía costes inasumibles.

La transición energética no se producirá de forma espontánea. Requiere incentivos públicos claros —fiscales, regulatorios…— y, dada la excepcionalidad del reto, mecanismos de control frente a las resistencias corporativas, especialmente intensas en el sector energético. La naturaleza de la electricidad como bien esencial con efectos sistémicos sobre la sociedad, no puede abandonarse al juego de mercados diseñados bajo principios regulatorios, como el de la neutralidad tecnológica, que en su caso no aplican.

La aceleración de la transición hacia un modelo basado en energías renovables responde tanto a la urgencia climática como a la necesidad de reforzar la seguridad energética. No obstante, esta transformación plantea desafíos relevantes, especialmente en lo relativo a la estabilidad del suministro y a la gestión de la variabilidad propia de tecnologías como la eólica y la solar. Y aquí entra en juego el almacenamiento de la electricidad.

En un sistema eléctrico con más del 50% de generación eólica y fotovoltaica, el almacenamiento se convierte en un elemento clave para garantizar la estabilidad y la seguridad del suministro. Las baterías, el bombeo hidroeléctrico y otras tecnologías de almacenamiento (hidrógeno verde) permiten gestionar excedentes, cubrir déficits temporales y reducir la dependencia del gas.

A diferencia de las centrales nucleares, cuya operación es rígida y poco adaptable a la demanda, el almacenamiento aporta flexibilidad, evita vertidos de renovables, maximiza el aprovechamiento de la generación limpia y contribuye, más que ningún otro activo, a la estabilidad del Sistema Eléctrico, es decir, a la seguridad del suministro. Para ello, es imprescindible un marco regulatorio que incentive su despliegue a gran escala, incluyendo subastas específicas y un reconocimiento explícito de su valor sistémico. Un valor sistémico para la autonomía estratégica de la UE porque permitirá aumentar el abastecimiento renovable y autóctono —no dependiente del petróleo y del gas— de sus necesidades energéticas.

Las centrales nucleares no son una alternativa. El envejecimiento del parque nuclear plantea riesgos crecientes en términos de seguridad, gestión de sus residuos, costes de mantenimiento e incertidumbre regulatoria. Además, la prolongación de la vida útil de estas centrales puede desincentivar la inversión en centrales renovables y en almacenamiento, al reducir el espacio disponible para su integración en el sistema y, por consiguiente, contribuir en el medio y largo plazo, a mayores precios de la electricidad (The Price and Emissions Effects of Extending Nuclear Lifetimes: Evidence from Spain. Natalia Fabra14-I-2026)

Para garantizar una transición energética sostenible y competitiva, resulta imprescindible:

El actual diseño del mercado eléctrico europeo está socavando la competitividad industrial y el bienestar de los consumidores, con especial intensidad en países como España. La transición energética debe abordarse de manera estratégica, alineando los precios de la electricidad con los costes reales de su generación y los objetivos climáticos. Si Europa no adopta reformas ambiciosas y coherentes en el complejo y amplio sector de la energía, corre el riesgo de quedar rezagada en la descarbonización, perder autonomía estratégica y comprometer su modelo social. Reformas ambiciosas que, si siempre han sido necesarias, lo son ahora más que nunca ante el entorno internacional hostil generado con la irrupción disruptiva de las políticas y comportamientos de la administración Trump.

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Jorge Fabra Utray es economista y Doctor en Derecho, presidente de Economistas Frente a la Crisis.

Apenas mes y medio después del histórico apagón de abril, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) aprobó de urgencia un reglamento para minimizar el riesgo de un nuevo cero eléctrico. El conjunto de problemas que atacaron la red eléctrica aquella mañana provocó subidas y bajadas de tensión tan fuertes que terminaron tirando el sistema, y el 12 de junio el regulador decidió incrementar drásticamente el número de plantas que pueden corregir los picos de tensión en la red, permitiendo hacer esa tarea a las instalaciones de energía renovable. Pero no fue hasta el pasado 1 de enero de 2026 cuando la nueva normativa comenzó a funcionar, en vista de que la próxima primavera podría regresar la amenaza.

Con el comienzo del nuevo año, todas las plantas que generan electricidad renovable conectadas a la red de transporte pueden participar del llamado sistema de control dinámico de tensión. En realidad, algunas tenían permiso para hacerlo desde otoño, pero el no fue hasta el 1 de enero cuando se las empezó a remunerar por esta tarea. Sin embargo, todavía ninguna planta fotovoltaica ha recibido la orden de Red Eléctrica (REE) –la encargada de responder a los desequilibrios de la red– de aportar control de tensión, según afirman desde UNEF, la patronal solar.

Hasta el cambio normativo de junio, el control de la tensión de la red eléctrica en tiempo real era una tarea exclusiva de las grandes centrales térmicas españolas, fundamentalmente de los ciclos combinados de gas, que reciben cientos de millones de euros cada año por este trabajo.

Sin embargo, tener esas instalaciones quemando gas sin generar electricidad –solo por si es necesario controlar la tensión– era extremadamente caro porque reciben una retribución especial, y permitir a las renovables hacer ese trabajo aumenta la seguridad porque el trabajo se reparte entre miles de instalaciones, en vez de entre unas docenas. El proceso no solo resulta más caro, sino que además es ineficiente: tras el apagón del 28 de abril, el Gobierno señaló que las diez plantas destinadas aquel día a controlar la tensión –y remuneradas por ello– fallaron en su tarea, como confirmó después la investigación europea.

Las instalaciones renovables, al estar también mejor repartidas por el territorio nacional, tienen una mayor probabilidad de que alguna se ubique cerca de los problemas de tensión, que son regionales y se resuelven mejor in situ. "Hasta ahora España tenía un problema y es que la inercia –las plantas térmicas convencionales– estaban en el norte, y la generación renovable en el sur. El cambio en los procesos de operación permite equilibrar el control de tensión en el territorio", afirma Ricardo Guerrero, asesor de la Agencia Internacional de la Energía. 

Marcos Vallés, fundador de la consultora energética Quinto Armónico y miembro de la Junta Directiva de UNEF destaca también que ese control será ahora más barato con las renovables, y eso reducirá el coste de la factura de hogares y empresas. "Mantener una central de gas es más caro porque tiene que estar arrancada independientemente de que sea habilitada o no. Nuestro coste es mucho menor porque si no me habilitan para controlar tensión no me cuesta nada", subraya.

El control constante de la tensión es imprescindible para evitar apagones. La tensión es un parámetro muy sensible de la red eléctrica que tiene que mantenerse dentro de un umbral (medido en kV) y si se dispara por arriba o por abajo puede provocar averías en todo el sistema, de manera que productores y consumidores de luz se desconectan automáticamente por seguridad cuando se descontrola. Eso es lo que ocurrió el 28 de abril: una subida salvaje de la tensión provocó una cascada de desconexiones por seguridad de plantas de producción eléctrica –algunas antes de tiempo, que están siendo investigadas– hasta que se produjo un cero.

La CNMC se apresuró tras el apagón a modificar el proceso de operación 7.4, el que regula qué plantas pueden regular la tensión. Llevaba cinco años en estudio y estaba previsto sacarlo adelante en 2026, pero la catástrofe energética aceleró los plazos, hasta el punto de que en otoño ya se comenzó a habilitar a las primeras plantas fotovoltaicas y eólicas para hacer este trabajo.

Según el calendario de Red Eléctrica, desde el 1 de enero ya podrían empezar a cobrar por ese control, pero todavía no se ha dado la orden a ninguna planta renovable de hacerlo. Lo hará antes del 26 de junio de 2026, según sus previsiones, aunque el sector cree que llegará mucho antes, probablemente antes de abril. Ese mandato de control se puede dar con un día de antelación –si el programa de REE prevé problemas de tensión en las siguientes horas– o decretarse de urgencia por un problema concreto, y se puede ordenar a una planta específica o a toda una zona.

Los datos de UNEF demuestran que hay un gran interés entre las plantas fotovoltaicas en entrar en este nuevo sistema de control de tensión, hasta el punto de que a mediados de que en diciembre se habían habilitado ya instalaciones por valor de 2,2 gigavatios para hacerlo, el 10% de la potencia fotovoltaica conectada a la red de transporte. 

Marcos Vallés señala que la retribución que van a recibir no es gran cosa, pero sirve para cubrir los costes de esa operación. "Pero está bien, no es negocio para ganar dinero, sino para garantizar que el sistema funcione. Nadie quiere que la carretera esté llena de baches", opina. En concreto, las fotovoltaicas que controlen tensión recibirán un euro por cada megavoltio amperio activo por hora (MVArh) que absorban o inyecten a la red eléctrica. Los MVArh son unidades de potencia reactiva, un tipo de energía que hay que controlar para evitar subidas y bajadas de tensión en la red.

"En realidad, lo interesante no está en la remuneración", afirma Vallés, "sino que te dan prioridad de despacho". Se refiere a que la normativa obliga a que las instalaciones que aporten seguridad a la red, como un control de tensión, sean las últimas a las que se puede ordenar apagarse si hay demasiada producción de electricidad. Ocurre a menudo en las horas de mucho sol y baja demanda, en las que algunas plantas solares se desconectan de manera forzosa porque no hay demanda suficiente de energía.

Según detalla el experto, participar en el nuevo control de tensión tampoco supone un gasto para las compañías porque las plantas fotovoltaicas modernas –posteriores a 2020– tienen inversores (la maquinaria que permite controlar la tensión) capaces de hacer esta tarea, y basta con homologar el software de la planta y rellenar un intenso papeleo para empezar a regular tensión. Las anteriores a 2020, añade, tendrán que esperar a renovar sus inversores –tienen una vida útil de entre siete y diez años– para sumarse.

Mientras el precio de la vivienda sube y el planeta se calienta, una revolución silenciosa está tomando forma en aserraderos e industrias de la madera también en el sur de Europa. La combinación de madera local, corcho natural y sistemas prefabricados está transformando la manera en que construimos: menos emisiones, menos costes logísticos y mayor rapidez.

Proyectos europeos como SUDOE IMIP y Horizon Europe INFORMA demuestran que la vivienda del futuro puede ser sostenible, asequible y basada en recursos renovables gestionados de forma responsable.

La vivienda es hoy una urgencia social, económica y ambiental. Millones de personas buscan un hogar accesible, mientras la construcción sigue siendo uno de los sectores más contaminantes del planeta, responsable del 39% de las emisiones globales de CO₂.

La paradoja es evidente: edificamos para mejorar la calidad de vida, pero nuestras ciudades contribuyen al deterioro climático. En este contexto, la innovación no pasa solo por las tecnologías digitales, sino también por repensar los materiales con los que construimos. Y una de las soluciones más prometedoras está en nuestros bosques: la madera.

Durante décadas, la madera fue vista como un material del pasado, ligado a construcciones rurales. Sin embargo, los avances en ingeniería, como la fabricación aditiva o impresión 3D, han revolucionado su papel. Hoy se utiliza en edificios de media y gran altura con prestaciones comparables al hormigón o al acero, pero con una huella ambiental mucho menor. La integración de madera y prefabricación abre un nuevo escenario: construir más rápido, más limpio y barato.

En este marco, el proyecto europeo IMIP, impulsado por entidades de España, Francia y Portugal, ha demostrado que la construcción industrializada con recursos locales es ya una realidad.

En el marco de esta iniciativa, hemos desarrollado paneles modulares prefabricados de madera y corcho que se ensamblan en obra, reduciendo los plazos hasta un 70% frente a la construcción convencional. En un piloto en Valencia, un edificio experimental se montó en un día. En Espadilla (Castellón), los mismos paneles permitieron rehabilitar viviendas sociales para familias vulnerables, contribuyendo a frenar la despoblación rural. Fabricados en industria con mínimo desperdicio, los módulos ofrecen obras más limpias, rápidas y seguras, con un ahorro medio del 25% en costes totales.

Pero la innovación no consiste solo en construir mejor. También implica garantizar que la materia prima procede de ecosistemas forestales gestionados de manera sostenible. Aquí se integra el proyecto Horizon Europe INFORMA, centrado en fortalecer la gestión forestal sostenible, especialmente en los bosques mediterráneos.

INFORMA promueve herramientas científicas y modelos de gestión que aumentan la resiliencia de los pinares mediterráneos, reducen el riesgo de incendios, mejoran la biodiversidad y aseguran un suministro estable de madera renovable. Esta gestión activa del territorio forestal es clave para garantizar materias primas de calidad, favorecer el empleo rural y asegurar que la madera utilizada en construcción proviene de bosques bien gestionados.

Los paneles contralaminados de madera o CLT (de Cross Laminated Timber) y SIP (de Structural Insulated Panel) se fabrican con madera de pino resinero (Pinus pinaster), pino carrasco (P. halepensis), pino laricio (P. nigra) y pino negro (P. uncinata), especies autóctonas en España, complementadas con corcho natural. Su uso crea cadenas de valor locales que conectan monte, industria y construcción, reforzando economías rurales y reduciendo la dependencia de materiales importados.

Además, gracias al conocimiento aportado por INFORMA, se promueven prácticas forestales que maximizan la captura de carbono y la provisión continua de madera, vinculando directamente gestión forestal sostenible, adaptación y mitigación climática.

Los análisis de ciclo de vida en IMIP muestran que las emisiones de los sistemas prefabricados de madera y corcho son más de un 40% menores que las del ladrillo u hormigón, al tiempo que ofrecen mejores prestaciones térmicas y acústicas. Aquí INFORMA aporta otro elemento decisivo: la madera utilizada en construcción actúa como sumidero de carbono de larga duración, almacenando CO₂ durante décadas.

La evaluación de estos beneficios climáticos demuestra que la madera estructural es uno de los sumideros permanentes más eficientes cuando se integra en edificaciones duraderas. Así, las recientes experiencias en investigación demuestran que la mitigación climática empieza en el monte y se prolonga durante toda la vida útil del edificio.

Esta visión integrada conduce a la arquitectura consciente, basada en su impacto en las personas, el planeta y la prosperidad:

La construcción modular en madera tiene un enorme potencial en vivienda social: facilita la producción industrial en serie, reduce costes y se adapta a entornos urbanos y rurales. Su ligereza permite intervenir en edificios existentes sin grandes obras. Países como Austria, Finlandia o Alemania ya la integran en sus políticas públicas. España, con su potencial forestal y con el conocimiento científico e industrial adquirido, dispone de una oportunidad única.

El auge de la industrialización y las tecnologías digitales permite concebir edificios modulares, desmontables y reparables. La madera es ideal para este paradigma. No se trata solo de sustituir materiales, sino de transformar la lógica del sector hacia un modelo circular e inclusivo. La construcción con madera no es nostalgia: es una tecnología climáticamente positiva, capaz de descarbonizar el sector y generar vivienda funcional y asequible.

La transformación ya está en marcha. El reto ya no es tecnológico, sino estratégico: no se trata de si podemos hacerlo, sino de cuándo decidiremos hacerlo de forma generalizada.

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José Vicente Oliver Villanueva es catedrático de universidad en el Instituto Universitario de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Universitat Politècnica de València y Salvador Gilabert-Sanz es profesor agregado en Arquitectura en la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech. Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Puede leer el original aquí.

El Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC) para 2030, la principal guía de trabajo del Ministerio de Transición Ecológica, va camino de fallar en casi todos los grandes objetivos que se había marcado para finales de esta década. La reducción de emisiones de CO₂ o la menor dependencia de combustibles importados son algunas de las metas que están muy lejos de lograrse cuando se cumple el ecuador de esta hoja de ruta. Es la conclusión de un análisis publicado por el Basque Centre for Climate Change (BC3), uno de los órganos independientes que asesora de forma recurrente a este ministerio y que precisamente ayudó a elaborar el PNIEC.

Los técnicos del BC3 solo prevén que se cumpla la promesa de alcanzar un 81% de producción de electricidad con fuentes renovables en 2030. En 2024 ese indicador alcanzó el 56,8%, y en 2019 era el 37,8%. Sin embargo, ninguno de los otros indicadores van por buen camino. Por ejemplo, hay un compromiso de reducir las emisiones de CO₂ un 32% frente a 1990, y en 2024 solo se llevaba un -6,3%. Al ritmo actual, añaden los expertos, se recortarán un 22% las emisiones a finales de la década, diez puntos menos de lo necesario.

Además de ser una guía para el trabajo diario del Gobierno, el PNIEC es un compromiso que España contrajo con la Comisión Europea en 2021, tras ser aprobado por el Consejo de Ministros, y es de obligado cumplimiento según el reglamento europeo de gobernanza energética y acción climática de 2018. El plan fue actualizado en 2024 para aumentar todavía más su ambición: principalmente, lograr una producción eléctrica renovable del 81% (frente al 73% del PNIEC anterior).

Tanto la primera como la segunda versión fueron redactadas con Teresa Ribera como ministra de Transición Ecológica, aunque su elaboración fue encomendada precisamente a Sara Aagesen, actual titular de la cartera, primero cuando era asesora del gabinete de Ribera, y después como secretaria de Estado de Energía.

Mikel González, investigador de Clima y Energía en el BC3, aclara que las previsiones del análisis no significan que las promesas se vayan a incumplir, pero sí que hace falta nuevas propuestas políticas para encauzar la situación. Explica que el Gobierno tiene un problema grave de emisiones en el transporte –por carretera y por aire–, y que hasta que no se resuelva será imposible cumplir con el plan de 2030. "Es el punto más importante. En transporte, el plan recoge que España tiene que reducir 45 millones de toneladas de CO₂ al año, y hasta ahora se ha reducido un millón. De hecho, el consumo de carburantes bruto incluso ha aumentado", señala.

Fuentes del ministerio de Transición Ecológica, sin embargo, afirman que el Gobierno espera "una aceleración de la electrificación de la economía, gracias a los bajos precios que proporcionan las renovables" que aumentará el consumo de electricidad, especialmente en la industria, y reducirá las emisiones.

El estudio que ahora publica el BC3 analiza además otras cuatro metas del PNIEC, y también apuntan al suspenso. La dependencia energética del exterior –básicamente, la importación de petróleo y gas– tiene que rebajarse al 50% sobre la energía total disponible en 2030, y el país va camino de quedarse en el 63%. La electrificación –el consumo eléctrico sobre el consumo final de energía– tiene que crecer hasta el 35%, y al ritmo actual se llegará al 25%.

Además, el porcentaje de las renovables sobre el total de la energía consumida por España debe alcanzar el 48%, y la trayectoria actual marca que se llegará apenas al 35%. Por último, el consumo total de energía de la nación debe caer hasta las 71,7 millones de toneladas equivalentes de petróleo en 2030 (frente a las 86,2 toneladas de 2019), y BC3 estima que a este ritmo España se quedará en las 80,3, menos de la mitad del compromiso adquirido.

El investigador del centro vasco también traslada un problema añadido que está lastrando la reducción de la contaminación y del consumo de energía: el crecimiento económico y de población. "En 2019 calculamos que la subida del PIB per cápita sumaría 14 millones de toneladas de CO₂ cada año en 2030, y el aumento de la población, 13 millones. Pero en 2025 ya hemos alcanzado esas dos magnitudes", añade González.

Este es otro argumento que esgrimen desde el Ministerio de Transición Ecológica. Señalan que "una mayor población y el auge del turismo condicionan unos indicadores [de emisiones de CO2] que evolucionan positivamente".

Las estimaciones del BC3 se han realizado con datos de 2024, porque aún faltan cifras clave de 2025 para actualizar sus cálculos, pero con los primeros datos que se van conociendo del año que acaba de terminar no hay cambios sustanciales. Las emisiones de CO2 de la economía española en 2025 solo se habrían reducido un 0,2% con respecto a los niveles de 2024, según previsiones también del BC3, pese a que tendrían que caer un 6,1% cada año para cumplir en 2030. Mientras que la participación de las renovables en la generación eléctrica prácticamente no varió: del 56,8% al 57%.

Ismael Morales, portavoz de la Fundación Renovables, también señala el agujero negro que supone el transporte, y advierte de la oportunidad perdida que ha sido no incluir en la nueva Ley de Movilidad Sostenible un objetivo concreto de reducción de emisiones en las carreteras y aeropuertos.

El Gobierno del presidente Donald Trump suspendió este lunes el arrendamiento a cinco grandes proyectos de energía eólica marina en la costa este del país, incluido el que encabeza Iberdrola en Massachusetts, en lo que supone un golpe devastador para el desarrollo de este tipo de energías renovables en EEUU, informa EFE.

El Departamento del Interior "suspende, con efecto inmediato, los contratos de arrendamiento para todos los proyectos eólicos marinos a gran escala en construcción en Estados Unidos, debido a los riesgos para la seguridad nacional identificados por el Departamento de Guerra en informes clasificados recientemente elaborados", informó hoy esta cartera en un comunicado. El texto no brinda más detalles sobre cuáles son esos "riesgos para la seguridad nacional".

Además de Vineyard Wind 1, el parque que impulsa Iberdrola en la costa de Massachusetts y que ya funciona parcialmente, los otros cuatro desarrollos afectados son Revolution Wind y Sunrise Wind, en Rhode Island, CVOW – Commercial, cerca de Virginia, y Empire Wind 1, en el litoral neoyorquino y que ha contado con la participación de la empresa de ingeniería española Esteyco.

Vineyard Wind 1, que cuenta con aproximadamente 3.500 millones de dólares en financiación comprometida y capital recaudado hasta la fecha, estaba proyectado para tener una capacidad de generación combinada de más de 800 megavatios.

La decisión, que revoca los arriendos concedidos por el Gobierno de Joe Biden (2021-2025), deja en el aire inversiones de miles de millones de dólares y el futuro de este tipo de energía en la costa este. Esta región había apostado con fuerza por los proyectos de generación marina y esperaba que estos desarrollos produjeran energía para más de 2,5 millones de hogares.

Desde que regresó al poder en enero, Donald Trump ha expresado repetidamente sus críticas a la energía eólica, argumentando que estropea el paisaje o afecta negativamente a los ecosistemas de las aves.

Sara Aagesen (Madrid, 49 años) acaba de cumplir su primer año al frente del Ministerio de Transición Ecológica. A los seis meses de tomar el relevo de Teresa Ribera, su ministerio afrontó el primer apagón de la historia reciente del país, y este verano la mayor ola de incendios de este siglo. Este jueves hizo balance con infoLibre de estos últimos doce meses y analizó el Pacto de Estado Frente a la Emergencia Climática que prepara Moncloa, aunque la oposición ya ha anunciado que no se sumará. En todo caso, la ministra subraya que las principales medidas de ese documento saldrán adelante en los próximos meses, como una campaña de concienciación de la emergencia climática que comenzará en enero. Y transmite la relevancia de este proyecto para Moncloa, algo que traduce, en conversación más informal, en que algunos ejes e hitos de dicho borrador van a conformar la acción de Gobierno durante el primer semestre de 2026.

Antes de empezar con su ministerio, me gustaría saber si el presidente le ha pedido ser la nueva portavoz del Gobierno. Hay rumores sobre ello.

Rumorología. Lo que puedo decir es que la decisión la tomará el presidente y la hará pública cuando lo estime oportuno.

Esta semana ha presentado con el presidente Sánchez el borrador del Pacto de Estado Frente a la Emergencia Climática. ¿Ha hablado con la oposición?

Este pacto nació en septiembre con la mano tendida a todas las fuerzas parlamentarias, las administraciones y la sociedad civil, y ha resultado en esta propuesta donde algunas comunidades autónomas han hecho aportaciones. Nuestro objetivo ahora es que gran parte de esos debates estén en el Congreso y que tengamos la oportunidad de hablar con todos y cada uno de los grupos parlamentarios, uno a uno, para que sigan aportando.

Como se trata de un pacto de Estado tendrá que haber consenso. ¿Ha hablado con el Partido Popular?

Nosotros desde el principio les pedimos que mandasen propuestas y de momento no ha ocurrido, pero esperamos que ocurra. Seguramente cuando lo lean los 15 ejes de la propuesta y las 80 actuaciones habrá demandas de otras formaciones políticas. Espero que entonces se unan.

¿El Gobierno es entonces optimista con este pacto de Estado?

Quiero ser optimista porque sería irresponsable para otras formaciones no apoyarlo. Especialmente en un país como España, que es muy vulnerable y donde tenemos que anticiparnos, tener esa red de seguridad de protección a toda la ciudadanía en general.

¿Qué otras cosas tiene pensadas su ministerio para 2026?

Tenemos muchas propuestas para el año que viene alineadas con el cambio climático y con las medidas incluidas en el el borrador del pacto de Estado. En enero puedo anunciar que habrá la primera gran campaña de concienciación contra la emergencia climática para concienciar y estar mejor preparados para actuar. 

Más adelante, también tenemos preparado un paquete de medidas contra la desinformación climática para ayudar a los verificadores de forma muy ágil, con información detallada y científica. Uno de los grandes problemas es que la verificación tiene que ser rápida para que la desinformación no se extienda. Será un bloque de iniciativas con financiación y apoyo para que los verificadores tengan estas capacidades.

Además, tendremos un programa de trabajo de adaptación con horizonte 2030. Se hará a partir del informe de riesgos naturales de hace dos meses, que concluye que España está expuesta a 141 riesgos en 14 sectores, como el sector agrario, el pesquero, el turismo, o la salud. Una actuación concreta, por ejemplo, una dotación de 20 millones de euros para ayudar a los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes para que puedan elaborar sus planes contra incendios forestales. Y les ayudaremos también a planificar frente a inundaciones.

[La gestión forestal y la resiliencia hídrica son dos de los ejes del borrador del pacto de Estado, algunas de cuyas medidas el ministerio tiene intención de ir poniendo en marcha de forma inminente ante la emergencia climática, aunque el horizonte temporal para estos hitos se extienda hasta 2050].

Bruselas ha anunciado un giro en la política sobre el coche de combustión. ¿Ha intentado España frenar ese cambio?

La carta que mandó el presidente a la presidenta Ursula von der Leyen fue muy clara: no demos marcha atrás, hay que dar pasos adelante. Creo que es un error histórico para Europa por muchos motivos. Intentar desligar la descarbonización de la competitividad es un error porque son dos caras de la misma moneda. Cuando hablamos de descarbonizar las carreteras hablamos de invertir en salud en las ciudades, pero también de competitividad industrial. Estamos penalizando a los first movers, los que han invertido, y de repente les cambiamos los esquemas. Europa tiene que demostrar liderazgo y tiene que ser un lugar en el que se confíe. No puede ser que ante los problemas se cambien las políticas.

En todo caso, el cambio de rumbo de la Comisión Europea es evidente. ¿Está España desalineada con la nueva agenda de Bruselas?

Yo creo que España está alineada con la agenda verde que ha defendido Europa en su conjunto en los últimos años, y esa agenda verde por la que Von der Leyen apostaba en su discurso de hace solo tres meses. Es verdad que estos movimientos crean distorsión, incertidumbre y son muy negativos. Desde España vamos a seguir con nuestra agenda verde porque da resultados. 

Cambiando a la energía, el Consejo de Estado emitió el informe sobre la retribución de las redes eléctricas durante el próximo ciclo. ¿Se impondrán los números que pide la industria o los que propone la CNMC?

Lo sabremos muy pronto porque tiene que decidirse antes de final de año. El consejo de la CNMC es el competente para definir la tasa de retribución de las redes, pero desde el Ministerio ya emitimos unas orientaciones de política energética en las cuales buscamos un equilibrio que es complejo, pero que es importante. El equilibrio está entre incentivar esas inversiones en un momento donde las redes son fundamentales en la transición energética, pero a su vez también que esa inversión en redes no suponga una carga desmesurada para los consumidores, que al final son los que tienen que apostar por la electrificación con precios competitivos.

También tenemos que tener en cuenta el contexto del mercado, porque las redes son importantes en España, pero también en Portugal, en Francia, en Italia, en Estados Unidos y en Canadá, y por eso pedíamos una señal fuerte que permitiese esas inversiones. Yo lo que espero es que la propuesta definitiva que salga de la CNMC evidentemente sea la adecuada para que esas inversiones estén, y para que el equilibrio de los consumidores sea también el mejor con precios competitivos.

En los últimos años, da la sensación de que ha habido un cambio en la visión del ministerio sobre la energía nuclear. ¿Hace falta alargar la vida de las centrales?

Lo que hemos hecho hasta ahora es trabajar en el escenario del Plan Nacional de Energía y Clima sin alterarlo. Ha llegado una propuesta de las empresas propietarias de Almaraz para alargar su vida, y ahora está en manos del Consejo de Seguridad Nuclear emitir un informe que es muy importante para nosotros sobre la seguridad radiológica y nuclear de la planta.

Si ese informe es positivo, ¿dará el ministerio el visto bueno a posponer el cierre?

Lo que hemos dicho es que no vamos a hacer ninguna valoración ni interferencia porque es un informe muy técnico. Esperaremos a lo que salga de ahí para dar el siguiente paso.

Han pasado meses desde aquel apagón de abril. ¿Hay alguna remota posibilidad de que haya de nuevo un apagón esta primavera?

Nosotros hemos identificado en un comité las causas del apagón y hemos puesto una gran cantidad de actuaciones y medidas. También lo han hecho la CNMC y Red Eléctrica, que han actuado sobre el parámetro conflictivo: el control de tensión. Todos los organismos competentes están trabajando para que lo que pasó el 29 de abril no vuelva a ocurrir.

Uno de los problemas que usted subrayó es que las plantas que debían regular la tensión no funcionaron. ¿El ministerio las ha inspeccionado?

El expediente informativo está en manos de la CNMC, que tiene una investigación en curso. Esperaremos a las conclusiones de ese informe para ver qué ocurrió en aquellas instalaciones, que es verdad que reciben una retribución por ese control de tensión. 

Una parte del problema llegó de las compañías, pero no sé si el ministerio hace autocrítica de lo que ocurrió ese día.

Bueno, la autocrítica está en que hemos sido conscientes de la importancia de la supervisión, y eso es lo que pusimos encima de la mesa: unos sistemas mucho más transparentes y una información que pueda ser accesible de forma ágil y rápida. Eso es lo que llevamos a un real decreto ley que decayó en el Congreso, lo que es una verdadera pena. Lo que hicimos después es llevarlo en un real decreto, que tardó más por culpa de ese poco apoyo. Esperamos que esa supervisión ayude.

A finales del año que viene entra en vigor una decisión reciente de la Unión Europea que prohíbe comprar gas a Rusia a partir de 2027. En España, Naturgy tiene un contrato muy importante de este tipo. ¿Han hablado con la compañía sobre ello?

Lo que está muy claro es que nosotros apoyamos la búsqueda de alternativas para la eliminación de cualquier combustible fósil de Rusia. Hemos hecho un análisis y preguntado a las empresas qué podía ocurrir y nuestro principal objetivo es garantizar la seguridad de suministro y que los precios de los consumidores no se distorsionen. Consideramos que las propias empresas eran conscientes de esta decisión desde el primer minuto y han buscado la diversificación de sus fuentes, y nuestra previsión es que no exista un impacto.

Quería terminan con el carbón, porque aunque no haya una norma concreta sobre ello, siempre se ha hablado de que 2025 sería el último año con estas centrales trabajando en España. Esta semana sigue alguna funcionando, ¿hay algún compromiso de cierre?

El carbón es una gran historia de éxito entre empresas, sindicatos y Gobierno de España para que su transición sea justa. Es cierto que en 2025 quedan centrales de carbón, pero sobre el mix eléctrico representa menos del 1%, con una caída sustancial desde 2018. Las pocas instalaciones que quedan pueden obedecer a restricciones técnicas como las de las islas, o quizás alguna de las pocas de la península, pero el objetivo es el fin de la generación con carbón.

No hay entonces un compromiso de cierre con fechas concretas.

En cuanto existan las alternativas, yo creo que las primeras interesadas en cerrarlas son las compañías.

El 12 de diciembre de 2015 marcó un hito en la historia de la lucha contra el calentamiento global. Ese día, a las 19:30 horas, Laurent Fabius, presidente de la 21ª Cumbre Internacional sobre el Clima de París (COP21), selló con un martillo con forma de hoja verde el primer tratado mundial a favor de la acción climática.

Al firmar el Acuerdo de París, cerca de doscientos países se comprometieron a contener el calentamiento “muy por debajo de 2 °C” y a continuar la acción “para limitar el aumento de la temperatura a 1,5 °C”. “Nuestra responsabilidad es histórica, porque somos la primera generación […] que realmente toma conciencia del problema, pero somos la última generación que puede actuar”, declaró solemnemente Laurent Fabius.

Diez años después, ante el caos climático que sigue intensificándose, siguen siendo insuficientes los esfuerzos mundiales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. “En la década 2000-2011, el crecimiento de las emisiones de CO2 relacionadas con los recursos fósiles fue de aproximadamente un 3 % anual. Y ahora, en la última década, estamos más bien en torno al 1 % anual”, destaca Aurélien Ribes, director del grupo de investigación sobre el clima de Météo France. “Es un avance, pero el calentamiento global provocado por las actividades humanas sigue aumentando y en 2024 alcanzó una media planetaria de +1,36 °C. Nos estamos acercando peligrosamente al umbral de 1,5 °C establecido en los acuerdos de París.”

La Organización Meteorológica Mundial se alarmó el pasado mes de octubre porque la concentración media mundial de CO2 volvió a alcanzar un récord, registrando incluso “su mayor aumento anual desde el inicio de las mediciones científicas en 1957”. Y 2024 fue el primer año en superar la barrera de 1,5 °C de calentamiento con respecto al período preindustrial.

Gerhard Krinner, investigador del CNRS en el Instituto de Geociencias Ambientales, que participó en el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), explica a Mediapart: “Objetivamente, no podemos saber si el Acuerdo de París ha mejorado la situación climática mundial. En teoría, se necesitarían dos planetas para comparar dónde estaríamos con o sin este mecanismo internacional. Vemos que las emisiones se están estabilizando, pero la concentración de CO2 en la atmósfera sigue aumentando, por lo que aún estamos muy lejos de detener el calentamiento en marcha.”

Uno de los pilares del Acuerdo de París es que, de conformidad con el artículo 4.2 de este tratado, los Estados presentan cada cinco años a la ONU Clima su “contribución determinada a nivel nacional” (CDN), es decir, su hoja de ruta nacional para contener el calentamiento climático.

Cuando se llegó al Acuerdo de París, el planeta se encaminaba hacia un calentamiento de 4 °C para finales de siglo. Diez años después, los compromisos climáticos de los países nos llevan ahora a un mundo recalentado entre 2,3 y 2,5 °C para 2100. Se trata de una mejora notable, “pero no suficiente para evitar un grave agravamiento de los riesgos y daños relacionados con el cambio climático”, advierte el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

“Esta dinámica impulsada por las CDN ha ayudado a muchos Estados a fijar objetivos de reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero y a intentar cumplirlos”, indica Gerhard Krinner. “El reto ahora es que los países integren en sus planes climáticos nacionales las cuestiones relacionadas con la adaptación al cambio climático, porque debemos hacer frente a los crecientes daños causados por el calentamiento global.”

Benoît Faraco, embajador francés encargado de las negociaciones sobre el cambio climático, confiesa: “En el marco del Acuerdo de París, y este será el reto de los próximos diez años, habrá que acelerar el ritmo con las empresas, los ciudadanos, las colectividades territoriales y las grandes fundaciones para conseguir volver a una trayectoria que se ajuste al objetivo de temperatura de 1,5 °C”.

En lo que respecta a la transición, desde la firma del Acuerdo de París, las energías renovables han experimentado un impresionante auge en todo el mundo. Desde 2015, la electricidad producida a partir de energías “verdes” ha aumentado un 78 % en todo el mundo. Las inversiones anuales en el sector de las energías renovables y la eficiencia energética alcanzaron los 2 billones de dólares en 2025, es decir, el doble que las realizadas en energías fósiles.

“El Acuerdo de París ha cambiado la economía mundial. Hoy en día, el precio de los paneles solares es diez veces menor y el de los aerogeneradores un tercio aproximadamente, y si antes uno de cada cien coches nuevos era eléctrico, ahora lo es uno de cada cinco”, resume el ministerio francés de Transición Ecológica.

Sin embargo, el expansionismo fósil continúa, ya que la quema de carbón, petróleo y gas es responsable de aproximadamente el 90 % de las emisiones mundiales de CO2. Según Reclaim Finance, en los últimos diez años se han aprobado 1.570 nuevos proyectos de petróleo y gas. Y lo que es peor, se están planificando más de 2.000 proyectos de petróleo, gas y carbón en todo el mundo. Si esas instalaciones se ponen en marcha, podrían emitir por sí solas una cantidad de CO2 que nos haría superar el calentamiento de 1,5 °C.

En 2023, durante la COP28 de Dubái (Emiratos Árabes Unidos), los Estados “hicieron un llamamiento” por primera vez a “una transición fuera de las energías fósiles”, y ello “de una manera justa, organizada y equitativa”. Dos años más tarde, en la COP30 de Belém (Brasil), las negociaciones concluyeron a duras penas con el establecimiento de un proceso de trabajo de dos años para lograr la eliminación de los combustibles fósiles.

Debido a que las decisiones en las COP se toman por consenso, unos cuantos países productores de petróleo bloquean sistemáticamente cualquier avance en materia de abandono de las energías fósiles en los foros de la ONU, hasta el punto de que el Acuerdo de París no menciona en ninguna parte la necesidad de abandonarlas.

El resultado es que, diez años después, las trayectorias energéticas de los Estados de todo el mundo toman caminos divergentes. China, gran importador de petróleo y primer emisor mundial, ha invertido este año 627.000 millones de dólares en energías renovables. Aunque sigue aplicando una política extractivista, el país ha logrado no aumentar sus emisiones de CO2 desde hace ya un año y medio.

“China se ha pasado ahora al ecologismo, pero sigue manteniendo una política muy ambivalente, ya que este impulso de las energías renovables es sobre todo una nueva fase de industrialización del país. La India tampoco destaca por su claridad en materia de política energética”, explica a Mediapart Pierre Blanc, autor de Géopolitique et climat (Les Presses Sciences Po, 2023) y profesor en Burdeos en las facultades de Ciencias Agrónomas y Ciencias Políticas.

Por su parte, la Unión Europea ya ha alcanzado el 47 % de energías renovables en su mix eléctrico en 2024. En el continente africano, si bien Senegal se ha convertido recientemente en un país exportador de petróleo, otros Estados han dado un giro ecológico: en Kenia, por ejemplo, la proporción de electricidad producida a partir de fuentes renovables es de casi el 90 %. “Etiopía también es un país impresionante: la electrificación del transporte está avanzando muy rápidamente. También podemos citar a Sudáfrica, un gran país minero que está dejando atrás el carbón”, añade Pierre Blanc.

Pero, tal y como anunció el presidente americano Donald Trump, Estados Unidos se retirará del Acuerdo de París en enero de 2026. Este país, junto con Canadá, Australia y Noruega, ha socavado los avances en materia de transición energética, al aumentar colectivamente su producción de hidrocarburos en casi un 40 % desde 2015.

“Evidentemente, los avances no son lineales y no van lo suficientemente rápido ni lo suficientemente lejos, pero el Acuerdo de París permite avanzar juntos. Es una herramienta de cooperación y diálogo internacional muy potente para trabajar juntos en la búsqueda de soluciones”, matiza el ministerio francés de Transición Ecológica.

En cuanto a la solidaridad entre países, otro pilar del tratado sobre el clima de 2015, también hay problemas. El artículo 9.1 del Acuerdo de París obliga a los “países desarrollados” a proporcionar recursos financieros para apoyar a los Estados “en vías de desarrollo” frente al cambio climático. En 2024, durante la COP29 de Bakú (Azerbaiyán), los países ricos e históricamente responsables del cambio climático se comprometieron a entregar a las naciones del Sur al menos 300.000 millones de dólares al año de aquí a 2035.

Pero este compromiso financiero sigue siendo modesto: expertos designados han estimado que, sin contar a China, el Sur global necesita 1,3 billones de dólares de ayuda climática anual de aquí a esa fecha. En noviembre, en la COP30 de Belém, los Estados se limitaron a “reafirmar” la necesidad de alcanzar esos miles de millones de ayuda climática y de poner en marcha un programa de trabajo de dos años sobre la cuestión financiera.

Gracias al Acuerdo de París, “se han evitado los peores escenarios, aunque todavía queda mucho camino por recorrer”, resume Benoît Faraco. Para el embajador climático de Francia, el tratado internacional sigue funcionando, ya que la COP30 de Belém ha sido una oportunidad para reafirmar “el multilateralismo medioambiental”.

“El acuerdo de 2015 se logró, en su momento, gracias a una movilización sin precedentes de la diplomacia francesa, cuyos frutos aún hoy se siguen viendo. Se suele esperar que sea Francia la que impulse esa ambición”, se congratula una fuente diplomática. Pero esa imagen internacional se ha visto mermada, pues Francia, país guardián del histórico tratado, ve desde principios de 2025 cómo sus emisiones nacionales de gases de efecto invernadero se estancan en lugar de disminuir.

Además, el 4 de diciembre, el Gobierno francés fue demandado ante el Consejo de Estado por la asociación Notre affaire à tous por no cumplir con su “parte justa” en el esfuerzo climático mundial. Una acción judicial que se basa en el Acuerdo de París y en uno de sus principios fundamentales: los países del Norte, más ricos, deben actuar más que el Sur global contra el calentamiento global.

Traducción de Miguel López

El comisario europeo de Transporte, Apostolos Tzitzikostas, confirmó este lunes al diario alemán Handelsblatt que la Comisión Europea prevé desmontar en los próximos días la normativa que prohíbe vender coches nuevos de combustión a partir de 2035 en la Unión, uno de los pilares del Pacto Verde europeo que fue aprobado en 2023. Este giro de 180 grados llega después de meses de presiones del lobby automovilístico, que afronta una profunda crisis por la entrada masiva de coches eléctricos de China, más asequibles.

El 10 de diciembre está marcado en el calendario del sector europeo porque la Comisión tiene previsto lanzar un paquete de medidas para relanzar esta industria y los fabricantes de coches han aprovechado para acabar con el veto al coche contaminante. La vía elegida por el sector es permitir que a partir de ese año se puedan fabricar turismos que consuman biocombustibles o combustibles sintéticos –en lugar de diésel o gasolina–, una estrategia peligrosa, según denuncian algunos expertos, porque abre la puerta a que en algún momento se termine permitiendo a esos vehículos moverse con combustibles convencionales.

Las cesiones de los últimos años que Bruselas a las grandes marcas ya hacían sospechar a los activistas climáticos que la Comisión podría ceder, y este lunes lo confirmó nada menos que el comisario a cargo. Tzitzikostas adelantó que la Comisión está de acuerdo en levantar el veto de 2035 con el argumento de que a partir de ahora van a tener en cuenta "todos los avances tecnológicos, incluyendo el papel de los combustibles de cero emisiones y bajas emisiones" de cara a las próximas décadas. El comisario también abrió la puerta a que el paquete normativo no se publique el próximo miércoles, sino que se retrase días o semanas.

La Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA), la patronal europea de fabricantes de coches, lleva meses pidiendo "un cambio de rumbo" en la política europea de automóviles, hasta ahora centrada en que todos los vehículos sean libres de emisiones. Sigrid de Vries, directora general de ACEA, publicó este lunes una carta en la que dijo que sus empresas están cumpliendo con su parte, pero que "los objetivos de CO₂ para 2030 y 2035 para automóviles y furgonetas ya no son realistas".

El lobby de la patronal cuenta con un importante apoyo político y empresarial en Europa, ya que la industria da trabajo a 2,4 millones de europeos, según calcula el sector, y es una de las tres más importantes del bloque. El canciller alemán Friedrich Merz mandó una carta el pasado viernes a la Comisión para reclamar que se acabe con el veto al coche contaminante en 2035. "Nuestro objetivo debe ser una regulación del CO₂ tecnológicamente neutral, flexible y realista", según la misiva publicada por la agencia Reuters. En la entrevista con Handelsblatt, Tzitzikostas confesó que "la carta del canciller Merz tuvo una excelente acogida" en la capital europea.

Transport & Environment (T&E), una organización ubicada en Bruselas especializada en descarbonizar las carreteras, analizó en octubre las más de doce propuestas que ACEA envió a la Comisión para presionar –entre ellas la de incluir los biocombustibles más allá de 2035–, y sus investigadores concluyeron que todas ellas reducirían un 50% el objetivo vinculante de venta de coches eléctricos en la Unión Europea en 2035.

"La posición de ACEA y de la industria convertirían la ley en un queso suizo porque supone llenarla de agujeros legales. Solo incluir la propuesta de los biocombustibles reduciría las ventas de coches eléctricos un 25% en 2035", afirma Lucien Mathieu, director de la división de coches de T&E.

La razón es que los vehículos considerados neutros en carbono –movidos por biocombustibles o por combustibles sintéticos– se contabilizarían como no contaminantes, y computarían para cumplir el objetivo. Sin embargo, esta misma organización ha demostrado que "en el escenario más optimista, solo los aviones y los barcos necesitarán aproximadamente el doble de los biocombustibles avanzados que se pueden obtener de forma sostenible en Europa en 2050". Es decir, o se importan biocombustibles sin trazabilidad –pueden proceder de selvas deforestadas, por ejemplo–, o simplemente es una táctica para dilatar la normativa, según T&E.

La patronal también ha presionado con otro tipo de desregulaciones más técnicas, como eliminar el nuevo factor que mide las emisiones de los coches híbridos –para poder emitir mucho más de lo que dicen contaminar– o conceder ayudas extraordinarias al desguace de coches antiguos, incentivando su compra en los años previos a 2035.

La presión de ACEA llega en un momento en que los fabricantes chinos de coches eléctricos están haciéndose rápidamente con el mercado comunitario gracias a sus bajos precios, y las marcas europeas temen perder todavía más peso en la próxima década si el motor de combustión queda relegado a un segundo plano. El intento de dinamitar el objetivo de 2035 del sector contrasta con el crecimiento de las ventas de coches eléctricos en Europa, que –si bien no son tan boyantes como cabría esperar– siguen comiendo terreno al motor de combustión. En Europa, la venta de coches completamente eléctricos creció hasta octubre un 38% respecto a 2024, y en España subió un 86% hasta noviembre. En 2025, los coches eléctricos en España superarán por primera vez en ventas a los de gasolina.

El año pasado, Europa impuso aranceles a los coches 100% eléctricos fabricados en China para intentar frenar su entrada, una medida impulsada por Francia, pero los datos demuestran que no ha sido suficiente. Schmidt Automotive, una consultora automovilística alemana, estima que este año los fabricantes chinos, junto con la estadounidense Tesla, venderán en Europa un millón de coches, un 8% del mercado total, principalmente por la llegada de las chinas BYD, SAIC (MG) y Geely (Polestar, Smart), cuyo crecimiento es imparable. Hasta octubre, BYD cuadruplicó sus ventas frente a 2024 en el continente y SAIC las aumentó un 27%. En total, se espera que los fabricantes del gigante asiático vendan unas 700.000 unidades este año en Europa.

“El presidente Trump no comprometerá la seguridad económica y nacional de nuestro país para perseguir objetivos climáticos vagos que afectan a otros países”. Así marcó la pauta la portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers, para justificar la política de silla vacía de la administración Trump en la COP30 de Belém (Brasil), que acaba de concluir.

Desde su regreso a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, que ha llevado a cabo una serie de ataques sin precedentes contra los pilares de la democracia estadounidense, también se ha propuesto destruir, metódicamente, las políticas destinadas a limitar el cambio climático y el colapso de la biodiversidad.

Apenas unos días después de volver a ocupar el Despacho Oval, y tal y como se comprometió durante su campaña, Trump advirtió a la ONU de que su país se retiraba del Acuerdo de París. Un tratado del que ya se había retirado brevemente durante su primer mandato y por el que los países se comprometen a aplicar políticas para limitar el aumento global de las temperaturas a 1,5°C. Un calentamiento global que Trump, al frente de uno de los países que más CO2 emite, volvió a calificar de “estafa del siglo” (the greatest 'con job' ever perpetrated on the world) durante la 80ª Asamblea General de la ONU, poniendo en tela de juicio años de investigación que han dado lugar a un consenso científico.

Cuando nombró en enero a Lee Zeldin, uno de sus fieles, al frente de la Agencia de Protección Medioambiental (EPA por sus siglas en inglés), Trump le encomendó la misión de dinamitar todos los marcos reguladores en materia de ecología. Poco después de asumir el cargo, Lee Zeldin explicó en un vídeo difundido en la red X que la EPA pondría fin a la “estafa verde” y participaría en el proyecto trumpista de recuperar el poder energético. La principal misión de la agencia es ahora para él “reducir el coste de los coches y la calefacción” y ayudar a “desarrollar el negocio”.

En un giro orwelliano, la EPA se ha propuesto sabotear el objetivo que ella misma se fijó en 2009 de reducir los gases de efecto invernadero, objetivo que había dado lugar a la imposición de impuestos a los mayores contaminadores bajo las administraciones Obama y Biden.

La agencia, que ha sufrido recortes drásticos en su plantilla, ya no tiene en cuenta en las políticas públicas el coste del agravamiento del cambio climático a través de fenómenos extremos cada vez más frecuentes, como las sequías o los megaincendios.

La agencia, que ahora cuestiona la realidad del calentamiento global, lleva a cabo, de forma contraria, una política desenfrenada de desregulación en todos los temas medioambientales. En mayo, por ejemplo, revisó al alza los umbrales autorizados de contaminantes persistentes en el medio ambiente y, la semana pasada, anunció que iba a revisar a la baja el perímetro de los humedales y cursos de agua protegidos.

Un éxito innegable para la Heritage Foundation, un think tank conservador muy influyente en la administración Trump, que ha hecho del desmantelamiento de la EPA una de sus obsesiones en los últimos años.

En materia de política energética, los retrocesos han sido rápidos y espectaculares. Tras hacer campaña con el eslogan "Drill, baby, drill" (Perfora, nena, perfora), Trump ha eliminado efectivamente todos los obstáculos a la explotación de energías fósiles. Se ha suprimido la moratoria sobre la construcción de terminales de exportación de gas natural licuado. En octubre, se autorizaron perforaciones de petróleo y gas en una reserva natural de Alaska. Este jueves, como una burla a los Estados reunidos en la COP de Belém, la administración Trump también autorizó nuevas perforaciones en cerca de 600.000 hectáreas de zonas costeras. Un buen retorno de la inversión para los productores de energía fósil que, según una encuesta de 2025, gastaron alrededor de 450 millones de dólares para influir en las elecciones de 2024 y en el Congreso, lo que incluye donaciones, lobbying y gastos publicitarios.

Este regreso al estado de gracia de las energías fósiles ha ido acompañado, claro está, de un hundimiento en toda regla del sector de las energías renovables. La gran ley presupuestaria de Trump, la One Big Beautiful Bill Act, aprobada en julio, eliminó las subvenciones a las energías renovables (ENR) decididas bajo la administración Biden. Varios proyectos eólicos también han sido detenidos de golpe por la administración, como el gigantesco parque eólico frente a las costas de Rhode Island, que estaba terminado en un 80% y debía suministrar electricidad a 350.000 personas. “El viento no funciona”, declaró el presidente al anunciar su paralización.

En contra de la tendencia mundial hacia el desarrollo de las energías renovables, la Agencia Internacional de la Energía ha calculado que la producción de ENR en Estados Unidos puede caer un 50% este año.

Una vez más, en línea con el proyecto de la Heritage Foundation (Project 2025), Trump se ha propuesto debilitar la investigación sobre el clima y las cuestiones ecológicas en sentido amplio recortando los presupuestos de los programas considerados demasiado “progresistas”.

A principios de marzo, el Gobierno de Trump suprimió 1.300 puestos en la Agencia Estadounidense de Observación Oceánica y Atmosférica (NOAA), el principal organismo público del país dedicado a la meteorología y la climatología.

Otro objetivo prioritario es la NASA, y más concretamente todos los servicios de la agencia espacial dedicados a la vigilancia del clima, que proporciona, a través de sus satélites, la mayor parte de los datos utilizados para comprender la evolución del clima, anticipar catástrofes y alimentar los modelos del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). Desde la década de 1970, sus satélites siguen continuamente la evolución del CO₂, el deshielo, el nivel de los océanos, las temperaturas terrestres y marinas, los incendios, las sequías y las nubes.

La primera víctima de la purga fue Katherine Calvin, reconocida científica, colaboradora del IPCC y asesora científica de la agencia. Su despido, el 10 de marzo de 2025, junto con diez de sus colegas, marca el desmantelamiento metódico del servicio que coordinaba esos programas de observación. El nombramiento de Jared Isaacman al frente de la agencia, un astronauta multimillonario cercano a Elon Musk (fundador de la empresa SpaceX, rival de la NASA), confirma que el objetivo será más bien una nueva “conquista espacial” que la vigilancia del planeta. La última orden de Donald Trump ha sido la desorbitación de dos satélites encargados de medir el nivel de CO2 en la atmósfera.

En el ámbito diplomático, la administración Trump se ha esforzado especialmente en los últimos meses por sabotear las iniciativas en materia de protección del medio ambiente.

A principios de agosto, delegados de 184 países se reunieron en Ginebra (Suiza) para redactar un tratado internacional contra la contaminación por plástico.

Una reunión de última oportunidad para que los países alcancen por fin un acuerdo mundial jurídicamente vinculante con el fin de frenar la producción de plástico. Sin embargo, Estados Unidos, segundo productor mundial de plástico y donde The Coca-Cola Company, el mayor contaminador de plástico del mundo, tiene su sede, ha saboteado el multilateralismo de la ONU al formar, junto con otros países petroleros como Arabia Saudí, un “bloque petroquímico” para preservar sus intereses económicos.

Como resultado de esa labor de zapa, las conversaciones en Ginebra no dieron lugar a ningún consenso. Y está prevista una séptima ronda de negociaciones en febrero de 2026, cuando los Estados se habían comprometido inicialmente a redactar un tratado contra la contaminación por plásticos para 2025.

Washington también se ha destacado en el seno de la Organización Marítima Internacional (OMI). Esta agencia de la ONU regula el transporte marítimo comercial, responsable del 3 % de las emisiones mundiales de CO2, equivalente a las emisiones totales de Indonesia, el sexto país con más emisiones del mundo.

Desde 2021, los 176 países miembros de la OMI están intentando llegar a un acuerdo para reducir las emisiones de carbono de este sector. El pasado mes de abril, los Estados finalmente acordaron desplegar un amplio plan de descarbonización para que el transporte marítimo alcance la neutralidad en carbono para 2050, en particular mediante la tarificación del carbono.

Pero a mediados de octubre, en Londres, durante la reanudación de las conversaciones diplomáticas en torno a este acuerdo, Estados Unidos llegó a amenazar a las delegaciones favorables a este compromiso, esgrimiendo posibles sanciones comerciales o aranceles portuarios adicionales para sus países.

“Es la primera vez que Estados Unidos actúa con tanta intensidad. Fue muy directo e intimidó a las delegaciones para que se posicionaran a favor del aplazamiento de este acuerdo sobre el transporte marítimo”, explica a Mediapart Tristan Smith, profesor del University College de Londres, especialista en cuestiones de energía y transporte que ha seguido esas negociaciones.

Esas presiones diplomáticas concluyeron el 17 de octubre con el aplazamiento hasta el año que viene de la adopción del plan de descarbonización del sector. Marco Rubio, jefe de la diplomacia estadounidense, se felicitó ese día de que “gracias a su liderazgo, Estados Unidos [hubiera] impedido un aumento masivo de las tasas impuestas por la ONU a los consumidores estadounidenses, que habrían financiado proyectos ecológicos progresistas”.

“El fracaso de este acuerdo es el resultado de un intento deliberado de sabotaje por parte de Estados Unidos, que ha ejercido una presión sin precedentes en la OMI”, comenta Fanny Pointet, responsable de transporte marítimo de Transport & Environment France. “Este retraso sumerge al transporte marítimo en una profunda incertidumbre y deja pocas esperanzas a corto plazo en cuanto a la adopción de un acuerdo internacional capaz de comprometer realmente al sector en el camino de la descarbonización.”

Como es sabido, Donald Trump no se deja intimidar por el miedo a las contradicciones. Así, el que se erige en defensor de la “libertad de expresión” llevada al extremo (derecho), ha decidido eliminar toda una serie de términos del léxico gubernamental. De este modo, en las webs de las agencias federales se han reescrito textos completos para que ya no aparezcan palabras supuestamente relacionadas con el “virus woke”. Por eso ya no se podrán encontrar términos como “LGTBQ”, “transgénero”, “inclusión”, ni tampoco “cambio climático”, “contaminación” y otros. El New York Times ha contabilizado cerca de doscientos.

Más recientemente, la Oficina de Eficiencia Energética y Energías Renovables ha sido objeto de la purga léxica. El organismo, encargado de promover las energías verdes, ya no podrá utilizar una serie de términos como green, energy transition o emissions, lo que sin duda les complicará mucho la tarea.

Una censura generalizada que se aplica incluso a la universidad. Los científicos pueden llegar a perder sus becas si su campo de investigación contiene alguna de esas palabras prohibidas.

El mundo trumpiano se está convirtiendo en una distopía, pero esto permite darse cuenta de que las primeras destrucciones del presidente americano afectan al lenguaje, como expresó Olivier Mannoni, traductor de Mein Kampf al francés, en Mediapart.

Traducción de Miguel López

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha estudiado los más de 2.000 millones de euros en fondos europeos que se han entregado en los últimos tres años para promover la instalación de plantas fotovoltaicas, además de otras tantas deducciones o bonificaciones en IBI, ICIO, IAE o IRPF. La conclusión del regulador, recogida en un informe publicado este miércoles, es que se deberían eliminar estas últimas ayudas municipales porque se basan en el valor del suelo o en el coste de la instalación, no en su impacto a la hora de reducir las emisiones de CO₂, que es el objetivo último de las renovables.

La CNMC plantea que, a partir de ahora, una vez que las ayudas europeas se han agotado, habría que repensar el sistema de incentivos al autoconsumo "para no distorsionar la competencia y evitar un uso ineficiente de los recursos públicos". La fórmula que propone es agrupar las ayudas en una ventanilla única –en lugar de estatal, autonómica y local– y en los mínimos instrumentos posibles. La razón es que estos incentivos, además de no ser eficientes, son un rompecabezas para los ciudadanos y empresas que quieren acceder a ellos.

"En particular, en aquellos municipios donde se ofrecen simultáneamente bonificaciones en el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles), el ICIO (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras) y/o el IAE (Impuesto de Actividades Económicas), se recomienda valorar fusionar algunos de los incentivos en un único impuesto", aclara el regulador.

Su argumento es que los criterios para fijar la cuantía de esas ayudas no tiene criterios ambientales (reducción de emisiones), energéticos (ahorro de energía) o estratégicos (aumentar la eficiencia de la red eléctrica), sino que dependen de dónde se sitúe la instalación y el coste de montarla. "Esto podría suponer la introducción de ventajas competitivas para determinadas empresas frente a otras, sin que esto se justifique por un mayor cumplimiento del fin perseguido", opina la CNMC. En función del municipio que se estudie, los técnicos han identificado reducciones del coste de la instalación de hasta el 50% en la cuota del IBI, hasta el 95% del impuesto sobre el ICIO, y hasta el 50% del IAE. Las deducciones de IRPF todavía en vigor (hasta enero de 2026) llegan a los 9.000 euros.

En concreto, las bonificaciones sobre el IBI a la instalación de autoconsumo es la ayuda local más extendida, y ha crecido notablemente entre 2021 y 2024 (el periodo estudiado en el análisis), pasando del 48% de los ayuntamientos de España (de más de 10.000 habitantes) al 64%. Se estima, según la CNMC, que en 2024 la bonificación media del IBI para hogares era de 730 euros por domicilio, lo que equivale a 147 euros/kW para una instalación típica de 5 kW. 

Sin embargo, el regulador detecta un desequilibro en la ayuda porque los municipios con más poder adquisitivo tienen un valor catastral superior, y por tanto las bonificaciones son mayores. "En igualdad de condiciones en el diseño de las bonificaciones, los municipios con mayores valores catastrales tenderán a ofrecer, en promedio, ayudas monetarias superiores", concluye el informe.

El ICIO también está muy extendido en este momento (63% de municipios de más de 10.000 habitantes), aunque la cuantía de la ayuda es menor, del orden de 43 euros/kW por domicilio. El IAE, por su parte, lo subvencionan el 27% de los municipios de más de 10.000 habitantes, con una bonificación del 34% de la cuota íntegra anual.

A nivel estatal, el IRPF también tiene desde 2021 tres deducciones diferentes para promover la instalación de autoconsumo solar, pero dos de ellas solo se aplicaban a obras realizadas hasta el 31 de diciembre de 2024. La que sigue vigente hasta el 31 de diciembre de 2025 es la deducción del 60% para obras de rehabilitación energética integral en edificios que logren una reducción igual o superior al 30% del consumo energético no renovable, con una base acumulada máxima de 15.000 euros por contribuyente y una deducción máxima de 9.000 euros. En el tramo autonómico del IRPF también hay bonificaciones de las comunidades, siendo la mayor la de Baleares (50% hasta 10.000 euros)

El estudio también analiza las subvenciones directas financiadas con fondos europeos, que comenzaron con 660 millones de euros, pero fueron aumentando hasta los 2.086 millones. Sin embargo, estas ayudas ya están cerradas. Para un hogar con una potencia contratada inferior a 10 kW la subvención era de 600 euros por kW de potencia de la instalación. Según el análisis de la CNMC, Castilla-La Mancha fue la comunidad que lideró el número de solicitudes de subvención, con 12 por cada 1.000 habitantes, seguida por Navarra, Cataluña y Extremadura.

El dinero de los fondos europeos fue impulsado por el Gobierno central, y este fue quien fijó las condiciones para acceder a él, pero fueron las comunidades autónomas las que gestionaron su canalización, y la CNMC critica la demora de muchas regiones a la hora de gestionar la transferencia. El tiempo transcurrido entre la solicitud y la recepción de las ayudas excedió largamente los dos años en la mayoría de las autonomías. La más veloz en su gestión fue País Vasco.

“Conmigo Almaraz no se va a cerrar. Tenéis mi palabra”. Así lo proclamó el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, en su primera visita a Extremadura dentro de la precampaña electoral. Y así evidenció que la central nuclear de la provincia cacereña será arma arrojadiza de cara al 21D, cuando se celebren las elecciones autonómicas y de cuyos resultados estarán muy pendientes desde Madrid. El arco parlamentario que se dibuje en la región dará las claves del nuevo ciclo político nacional. 

El ruido había empezado días antes en el Congreso, con el rechazo a una enmienda propuesta por el PP que pretendía, sin tener en cuenta el informe de los técnicos, eliminar directamente la fecha de cierre de las nucleares en España. Que esa enmienda no saliera adelante no significaba que la petición de alargar Almaraz hasta 2030 desapareciera, pero los populares dieron con el relato oportuno para acusar al PSOE de “traición”.

La realidad es que los socialistas extremeños, desde que se planteó la primera prórroga en 2019 (entonces se marcaron los años 2027 y 2028 como límite), han defendido siempre extender la vida útil de la central, discrepando de los planes energéticos nacionales de su propio partido.

Pero, ¿qué hay más allá de esas declaraciones de Feijóo y la batalla electoral? ¿El futuro pasa por extender sin límite una central de principios de los 80 que sigue acumulando residuos tóxicos y que, por su propia condición, ya nació con fecha de caducidad?

La respuesta es que no se ha trabajado de manera práctica y eficiente en las alternativas para la transición necesaria. Y el debate político tampoco se centra ahí.

La pérdida de puestos de trabajo si Almaraz cierra es, sin duda, uno de los argumentos más usados para la defensa de la energía nuclear. Las cifras oficiales dicen que hay 369 empleos directos con sueldos por encima de la media, más otros 662 indirectos de empresas especializadas. Además, en época de recarga existe una contratación extra de unas mil personas. No obstante, informes como el de la consultora Metys, que maneja el Foro Nuclear, hablan hasta de 3.800 puestos. “Pero es que esos datos inflados no son reales. Se dice que la comarca de Campo Arañuelo vive de la central, y no es verdad. La comarca vive de la agricultura. ¿Son importantes esos empleos que se van a perder y que los comités de empresa los tienen que defender? Sin ninguna duda. Pero entonces lo que se necesita es un plan de transición justa para paliar las consecuencias y buscar alternativas para la zona, algo que no se ha hecho”, dice Antonio Rosa, que fue consejero de Industria y Energía en los años 80 con Ibarra como presidente de la Junta de Extremadura; después ejerció de presidente del Clúster de la Energía en la región. Rosa es de las pocas voces en contra de la prórroga. “Es que ahora parece que toda Extremadura vive de Almaraz. Y, además, hay que recordar que la instalación no deja absolutamente nada en la comunidad, porque la sede fiscal de las empresas propietarias está fuera”.

Con su planteamiento coincide Irene de Miguel, la líder de Unidas por Extremadura (la confluencia de Podemos e Izquierda Unida), el único partido en la región en contra de que la nuclear siga funcionando. “Es prolongar unos pocos años más la agonía, ¿qué estabilidad es esa?”, plantea.

Desde el Ejecutivo del fallecido Guillermo Fernández Vara (PSOE) se intentó buscar una opción para la zona: la gigafactoría de Navalmoral de la Mata, pero apenas ha habido avances en este proyecto en los dos años de gobierno de la popular María Guardiola.

Por ello, en el acto de precampaña de los socialistas del pasado miércoles en Mérida, con la presencia de Pedro Sánchez, el candidato a la Junta, Miguel Ángel Gallardo, aseguró que si gana las elecciones peleará por esa gigafactoría. Sánchez, por su parte, evitó pronunciarse sobre el futuro de Almaraz.

Además del empleo, otros de los puntos fuertes es el dinero que reciben los ayuntamientos del entorno. El informe 'Impacto socioeconómico del cierre de la central nuclear de Almaraz', de la consultora Payperthink y encargado por AMAC (Asociación Española de Municipios en Áreas Nucleares y Almacenamientos de Residuos Radiactivos) refleja que los 12 pueblos más cercanos a la instalación reciben 15 millones de euros al año, lo que supone casi el 60% de los presupuestos municipales de la zona. En algunos municipios es casi el 80%. La traducción es que, por ejemplo, Almaraz (1.600 habitantes) es el pueblo más rico de Extremadura.

El dinero lo reciben en base al Impuesto de Actividades Económicas (IAE) de la central, pero también por parte de Enresa, la empresa nacional que gestiona los residuos radiactivos. “Es un regalo envenenado”, asegura Rosa.

Otro de los factores clave en el debate sobre la continuidad de la central es si las energías renovables están preparadas para ser alternativa a la nuclear dejando a un lado el gas que viene de Argelia y evitar así que se incremente la factura de la luz. Los informes de Foro Nuclear afirman que Almaraz aporta el 7% del total de la energía que se consume en España. “Hemos cumplido con el plan previsto y estamos preparados para la transición”, dice, sin ninguna duda, Ángel Bernáldez, delegado en Extremadura de la Unión Española Fotovoltaica (Unef). Explica que hay dos claves. La primera, la capacidad para acumular energía. Bernáldez asegura que las nuevas plantas ya cuentan con la tecnología necesaria que permite esa posibilidad. Así, ya se podrían incorporar a los mecanismos de control de tensión, o lo que es lo mismo, servirían para dar estabilidad al sistema y hacer frente a las perturbaciones (las que provocaron el apagón).  

La segunda, la necesidad de mejora de la red eléctrica para aumentar la capacidad y que los proyectos fotovoltaicos no se vean limitados.

Desde el sector tienen claro que la apuesta clara por la renovable pasa porque la nuclear deje su espacio en el mercado “porque todas no caben”, pero hay voces que aseguran que aún se está a medio camino en este cambio sin tener que depender del gas. 

En este contexto, el último informe de Fundación Renovables pone el foco en la rentabilidad: “En principio, ampliar la vida de los reactores existentes parece más barato que construir nueva capacidad firme, sin embargo, cuando se internalizan las inversiones de modernización, los sobrecostes operativos, la gestión de residuos extra y, sobre todo, los riesgos económicos de un accidente grave, el balance se inclina rápidamente hacia una falsa economía”.

El estudio también recoge: “Alargar hasta 2030 la vida de Almaraz supondría ir contra el PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima) y alterar los planes que han guiado la inversión en renovables en los últimos años, además de abandonar la idea de un cierre escalonado y progresivo que permita suavizar la pérdida de generación nuclear, ya que supondría clausurar a la vez Almaraz I y II, Ascó I y Cofrentes en 2030”.

En la algarabía electoral sobre Almaraz, apenas se pronuncia el término residuos tóxicos, esos por los que los ayuntamientos reciben compensación. Ya se está haciendo un segundo Almacén Temporal Individualizado (ATI) para la basura nuclear. Estas instalaciones son necesarias porque las piscinas dentro de las centrales se saturan. “Los restos siguen siendo radiactivos durante varios miles de años. En España las políticas sobre residuos no han conseguido clarificarse, no tenemos un plan definitivo. Hay que recordar que se trata de almacenes temporales”, subraya Carmen Ibarlucea, portavoz del Foro Antinuclear de Extremadura. ¿Cuál es el impacto medioambiental? “No se han hecho estudios. Los portugueses sí los hicieron y denunciaron contaminación en el río Tajo”. De hecho, Portugal, por la cercanía a la frontera, elevó una denuncia ante Europa en 2017 cuando se planteó la construcción del primer ATI.

Desde el otro lado, Foro Nuclear se agarra a que Almaraz no produce emisiones de CO2, lo que sí ocurre con las centrales de ciclo combinado que queman gas. Precisamente, por esa ausencia de CO2 se le consideró ‘energía verde’ por parte de la Unión Europea.

No obstante, Almaraz también necesita su propio combustible, el uranio, “que es finito, se está acabando y que se compra a Rusia”, incide Ibarlucea para romper esa idea de la autonomía energética que se le atribuye a la central cacereña.

Y hace hincapié en que las nucleares son ya “tecnología obsoleta que cuesta mucho dinero”.

Hay que partir de la premisa de que se diseñaron con un límite establecido: operar durante 40 años (Almaraz inició su actividad en 1981), aunque ahora empresas del sector defienden que se puede llegar hasta los 60 o incluso a los 100. En este hipotético caso, sería necesaria una importante inversión por parte de las propietarias. Al hilo de esta cuestión, hay que recordar que la posible prórroga de la central cacereña dependía, en un primer paso, de que sus dueñas (Iberdrola, Endesa y Naturgy) pidieran la continuidad. No estaban dispuestas al considerar que el negocio no era rentable y por ello exigían al Gobierno una rebaja de impuestos. Enviaron la solicitud casi al límite sin la condición fiscal, pero habiendo conseguido una deducción en la ecotasa por parte de la Junta de Extremadura, una propuesta aprobada por María Guardiola a petición de Vox. 

¿En qué parte del proceso se está ahora? Desde el Gobierno se han establecido tres líneas rojas para dar el visto bueno a la ampliación: que se garantice la seguridad nuclear, la seguridad de suministro y que no suponga un coste para consumidores y contribuyentes.

Por su parte, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ya ha recibido la petición de prórroga y trabajará para emitir un informe donde se especifiquen las inversiones necesarias; paralelamente también hace los cálculos de cómo se llevaría a cabo el desmantelamiento de la central a partir de 2027. Son las dos opciones.

En ambos escenarios sigue siendo necesario trabajar tanto en una alternativa de empleo como en la mejora de las fuentes renovables para una transición justa.

Todos apoyan las energías limpias… hasta que las instalan al lado de casa. Ese es el efecto NIMBY, acrónimo inglés de Not In My Back Yard, que significa “no en mi patio trasero”. Un reflejo cada vez más habitual cuando proyectos aparentemente beneficiosos —como las plantas de biogás— intentan asentarse en municipios rurales españoles.

El concepto define una contradicción muy humana: queremos energía sostenible, pero sin alterar nuestro paisaje ni asumir los riesgos. Y esa tensión, entre la sostenibilidad global y la protección del entorno inmediato, está frenando el avance de una tecnología clave para reducir residuos y emisiones.

El biogás es una fuente de energía renovable generada a partir de residuos orgánicos agrícolas, ganaderos o urbanos. Mediante un proceso natural de digestión anaerobia, estos residuos se transforman en metano utilizable para producir electricidad, calor o biometano. El residuo restante, llamado digestato, sirve como fertilizante.

No se trata de una energía experimental, sino de una tecnología madura, especialmente desarrollada en países como Alemania o Dinamarca. Allí, las plantas de biogás son un pilar de la economía rural y una herramienta de autosuficiencia energética. En España, sin embargo, su implantación avanza a paso lento, no tanto por falta de recursos, sino por desconfianza social.

En la práctica, muchos proyectos de biogás en España topan con la resistencia vecinal. Los temores se repiten: malos olores, contaminación del agua, tráfico pesado o pérdida de valor del suelo agrícola. Aunque raramente se confirman, son suficientes para alimentar un rechazo que paraliza licencias y retrasa inversiones.

El problema de fondo no es técnico, sino comunicativo. Los vecinos suelen conocer el proyecto cuando ya está aprobado, sin haber participado en su diseño ni comprendido su funcionamiento. Ante la falta de información, la sospecha ocupa el lugar del diálogo. El caso ilustra una lección universal: la transición energética no se construye solo con ingenieros, sino con pedagogía y confianza.

Los países que lideran la producción de biogás han entendido algo esencial: la energía es más aceptada cuando se comparte. En Dinamarca, muchas plantas pertenecen a cooperativas formadas por los propios residentes y agricultores de la zona. Tienen voz, beneficios y control. Ven la instalación como una oportunidad colectiva, no como una amenaza impuesta.

En España, los promotores suelen ser grandes empresas externas. Hablan de inversión y empleo, pero pocas veces ofrecen participación o beneficios tangibles al entorno. Sin ese vínculo, el biogás continúa siendo “su proyecto”, no “nuestro proyecto”. La diferencia, aunque parezca simbólica, lo cambia todo.

A veces, basta una palabra para fijar una percepción. Decir “planta industrial de biogás” suena a fábrica y contaminación. Llamarla “instalación local de energía renovable generada con residuos agrícolas” despierta otro tipo de imaginería: una energía nacida del propio territorio. Las palabras influyen en la aceptación tanto como los datos técnicos.

La divulgación es fundamental: visitas a plantas en funcionamiento, charlas informativas en colegios o sesiones abiertas con expertos pueden transformar el miedo en conocimiento. Cuando las personas comprenden qué hay detrás del proceso, los mitos se disuelven y quedan los hechos.

El Gobierno y las comunidades autónomas deben actuar como mediadores, no solo como reguladores. Su responsabilidad es garantizar la seguridad ambiental, pero también facilitar la comprensión social de los proyectos. El control riguroso genera confianza, y la confianza abre puertas.

Los ayuntamientos rurales necesitan más apoyo técnico y pedagógico. No basta con gestionar trámites: hace falta involucrar a los vecinos, garantizar que los beneficios repercutan localmente y demostrar que la sostenibilidad no significa sacrificio del territorio, sino revitalización.

Superar el efecto NIMBY no implica silenciar el miedo, sino escucharlo. Implica mostrar con hechos que una planta de biogás puede convivir perfectamente en el entorno rural, generando empleo, ingresos y energía limpia. Implica también repartir beneficios, formar parte de las decisiones y convertir al vecino en aliado.

Porque detrás de cada planta frenada por desconfianza hay toneladas de residuos desaprovechados y emisiones que podrían evitarse. Cada proyecto que se queda en el papel retrasa el futuro energético que España necesita.

Aceptar el biogás no es una renuncia al paisaje, sino una forma de protegerlo. Es entender que la sostenibilidad no puede hacerse “en otro sitio”, lejos de nosotros, sino aquí, con nosotros. Y quizá ahí, en ese cambio de mirada, empiece la verdadera transición energética.

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José González Arenas es secretario de Medio Ambiente del PSOE de Córdoba.

Esta semana se celebra en Madrid la principal feria de energías renovables de España, en la que queda patente el dominio chino de la industria que moverá el planeta en las próximas décadas. Uno de los inmensos pabellones de Ifema que acogen la cumbre es exclusivamente chino, aunque la presencia de este país es prácticamente omnipresente en todos los estands, ya que incluso las empresas 100% españolas dependen de fabricantes asiáticos en algún punto de la cadena.

El gigante asturiano Exiom, presente en la feria con un gran rótulo de "empresa española", fabrica sus paneles solares en dos plantas de China, que luego utilizan para levantar parques fotovoltaicos por todo el mundo. DSP Solar, otra compañía asturiana dedicada a la distribución de productos relacionados con las baterías, afirma que los tres fabricantes con los que trabaja también producen en China y en países vecinos, como Taiwán o Vietnam.

"En los últimos años nos hemos dejado pisotear, como con los coches eléctricos", señala Héctor Cortés, director técnico de DSP, que explica que la principal razón por la que los asiáticos arrasan en el mercado es porque venden a mejor precio y porque fabrican al por mayor. Sin embargo, con el paso de los años también han avanzado en investigación, y en este momento su producto es sencillamente mejor. "Al principio copiaban tecnologías europeas, pero ahora mismo no solo tienen mejores fábricas, también mejores ingenieros y mejores ideas de las que nosotros podemos aportar, y creo que esa brecha va a ir a más", añade.

La feria de renovables Genera demuestra que la capacidad de los productores chinos crece más cada año. Si la presencia asiática ya era dominante en las ediciones de la década pasada, en 2025 es masiva. Tres representantes de Zhejiang Juxing New Energy, una empresa de Wenzhou (China) han acudido por primera vez este año a Ifema para ampliar sus ventas a Europa. "España es un gran mercado, pero también venimos porque esta feria es un punto de conexión con otros países vecinos", confiesa Zoe Zhao, una agente de la compañía. Sus productos más vendidos son inversores, controladores de carga solar y convertidores.

A su alrededor hay decenas de estands de vendedores de todo el país. Desde fabricantes de electrónica avanzada para plantas de producción de electricidad, hasta pequeños productos domésticos como bombillas led, enchufes, pilas y pequeñas baterías. La presencia asiática también es abrumadora en los pabellones principales de la feria, con Huawei, DJI o CHNT, empresas capaces de abastecer a todo el mundo.

José Donoso, presidente de la patronal española fotovoltaica (UNEF), es consciente de la situación, y explica que el origen de la decadencia de la industria española de energías renovables está en el parón que tuvo el sector en la pasada década, cuando se unió el llamado impuesto al sol con la crisis económica. 

"Teníamos una industria potente, pero el mercado desapareció, y con él muchos de los fabricantes. Sobrevivieron los que eran muy competitivos", opina el portavoz. En todo caso, los números de UNEF demuestran que una parte de la industria solar española sigue siendo muy potente tanto dentro como fuera de las fronteras, hasta el punto de que el sector tuvo el año pasado un superávit de comercio exterior de 1.384 millones de euros.

En todo caso, China produjo el año pasado el 80% de los paneles solares que se instalaron en el mundo, con una capacidad salvaje para producir a bajo coste que hace imposible producir en Occidente. Un panel de tipo TOPCon –la clase de los paneles la determina sus materiales y las capas que lo componen– se fabricaban en Estados Unidos a cierre de 2024 a 0,24 €/W, mientras que en China, durante el segundo semestre de 2024, se situaban alrededor de los 0,08 €/W, 200 veces menos.

El producto estrella español es el inversor solar, un aparato que transforma la corriente de una instalación fotovoltaica, generalmente de continua a alterna. "El 75% de todos los inversores de potencia que se instalan en Estados Unidos son españoles, y también tenemos grandes mercados como Australia, Italia, Latinoamérica…", resume Donoso. Lo único que no tiene España, al menos todavía, es una fábrica potente del componente imprescindible: la célula fotovoltaica. De hecho, la asturiana Exiom anunció en febrero de 2023 que levantaría la primera de España en Laredo, pero el proyecto todavía no ha empezado a funcionar.

En la feria estuvieron presentes también el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, y el secretario de Estado de Industria, Jordi García, que hablaron precisamente sobre cómo reimpulsar la producción nacional en el sector renovable. "¿Qué se puede esperar del Gobierno?", dijo García. "Mientras impulsamos unos sectores, protegemos otros de regiones [en referencia a Asia] que entran con una gran competitividad de precio para no quedarnos sin ellos", añadió el alto cargo.

Además del inversor solar, la industria española es potente en la fabricación de plataformas que sostienen los paneles, puesto que traer desde Asia estas estructuras grandes y pesadas es demasiado caro. Sin embargo, los empresarios chinos cada vez se ven más fuertes incluso en productos donde antes no eran competitivos. La compañía Lever (Haining, China) ha aterrizado este año por primera vez en Genera para vender sus sistemas de montaje fotovoltaico, con los que aspira a competir con las ingenierías españolas.

"Vender en España es un win-win para todos porque podemos suministrar a la industria estructuras entre un 10% y un 15% más baratas", explica una comercial en Ifema. "Empezamos vendiendo en el extranjero por nuestra diferencia de precio, pero poco a poco hemos mejorado el producto y ahora competimos también en calidad", añade. Por otra parte, confiesa que España es su mercado internacional más importante, porque es también un lugar al que vienen comerciales de toda Europa.

En un conocido poema de Federico García Lorca, Romance sonámbulo del Romancero gitano, el verde encarna a la vez la vida y la muerte. Esa dualidad se repite hoy en muchos paisajes agrícolas que llamamos verdes, pero donde no se escucha un insecto ni crece una sola mala hierba. Detrás de ese mar uniforme de clorofila se esconde la misma paradoja que intuía Machado en sus versos: un campo que parece vivo, pero está exhausto.

Este 24 de octubre, día mundial contra el cambio climático, vuelve a recordarnos que el verdadero enemigo de la vida no son las renovables, sino el cambio climático que intentan frenar. En plena moda de la “Rural-Guerrilla Fashion”, donde se confunde rebeldía con rechazo a la transición energética, hace falta recuperar una defensa valiente y racional de las renovables. Hoy se habla más de los impactos de una planta mal gestionada que de los estragos diarios de los combustibles fósiles. Que el árbol no nos impida ver el bosque: las renovables son una oportunidad para la biodiversidad y sin renovables no hay futuro posible.

En los últimos cinco años, los estudios por la consultora EMAT en más de una docena de parques solares han documentado una recuperación real de la biodiversidad dentro de los recintos. Allí donde antes había fertilizantes, herbicidas y maquinaria agrícola, hoy proliferan herbazales naturales, insectos, aves (incluso esteparias) y pequeños mamíferos. La tranquilidad —sin cazadores ni tractores— y la ausencia de productos químicos crean un entorno inesperadamente fértil.

Para ponerlo negro sobre blanco, nada mejor que dar ejemplos y números concretos: en la planta de Talayuela Solar, por ejemplo, se detectaron un 35% más de especies de aves que en los terrenos agrícolas colindantes. En Magascona-Trujillo III reaparecieron ánades y garzas tras recuperar pequeñas charcas. En El Quintillo, las cámaras registraron zorros, ginetas y conejos donde antes solo había monocultivo de cereal.

Pero estas plantas no son las únicas: en las plantas fotovoltaicas de Minglanilla I y II (Cuenca), el seguimiento ambiental realizado tras su puesta en marcha ha documentado un cambio radical. El estudio —basado en censos de fauna, flora e insectos dentro del perímetro de la planta— contabilizó 417 especies distintas, de las cuales un 42% son plantas, 38% insectos y 14% aves. No se trata de un entorno virgen: antes de la construcción, el terreno era agrícola intensivo, sin vegetación natural ni refugios para fauna. Hoy, gracias a un manejo sin pesticidas, la recuperación de suelos y la creación de refugios específicos, los paneles solares comparten espacio con lavanderas, cernícalos, abejas, reptiles y pequeños mamíferos. En menos de dos años, un área monótona y empobrecida se transformó en un ecosistema funcional con vegetación autóctona y presencia de especies polinizadoras y depredadoras naturales.

Esto no es una metáfora: son datos objetivos. Entre 2021 y 2025, los estudios de EMAT en plantas solares de toda España mostraron un patrón inequívoco: cuanta más antigüedad y mejor gestión ambiental, más biodiversidad. En los proyectos con varios años de funcionamiento, la variedad de aves ya alcanza niveles considerados altos según los índices científicos. El manejo adecuado —pastoreo controlado, nidales, refugios, charcas, apicultura— multiplica las especies y convierte terrenos antes degradados en corredores vivos donde energía y naturaleza coexisten. No es una promesa teórica, sino una constatación de campo: una planta solar bien diseñada puede albergar más vida que el terreno previo.

Pero el efecto positivo de las plantas no se limita solo al interior de las platas: existe un desborde del impulso positivo de la biodiversidad más allá del vallado, guiados por los programas de compensación ambiental bien diseñados.

Un ejemplo que vale más que mil campañas comunicativas: en el Nudo Zarzón (Extremadura), los promotores destinaron unas 1.000 hectáreas de superficie a restaurar hábitats esteparios, conectados con zonas ZEPA cercanas. En menos de dos años, las mediciones de campo muestran una recuperación de la cubierta vegetal de hasta el 60%, el retorno de aves esteparias como el sisón, la ganga y la avutarda, y el asentamiento de polinizadores y pequeños mamíferos en zonas donde antes no existían. Además, el programa ha permitido generar una red de hábitats conectados con las ZEPAs vecinas de La Serena y Campiña Sur, creando un corredor ecológico funcional en una de las regiones con mayor densidad fotovoltaica del país.

Los resultados sobre la AVUTARDA común (Otis tarda) han sido contundentes: se ha demostrado una presencia estable en las reservas de pasto y márgenes agrícolas restaurados; las zonas de exhibición y reproducción (leks) identificados pasaron de 1 a 3 en dos campañas (frente a uno antes de las obras), con incremento del número de machos territoriales y un uso regular del área por avutardas durante los meses cálidos, con 2 ejemplares adultos censados en 2024. La especie usa la sombra de apoyos eléctricos y transformadores como refugio térmico, lo que confirma adaptación funcional del hábitat restaurado.

En cuanto al SISÓN común (Tetrax tetrax), el seguimiento post-obra confirmó una recolonización efectiva de las áreas restauradas del Nudo Zarzón. Entre 2023 y 2024 se registraron seis machos territoriales —uno de ellos radiomarcado— y tres hembras en vuelo y alimentación en zonas donde no existían registros desde 2014. Estos individuos utilizan la planta de Puerta Palmas como espacio reproductor (lek), evidenciando la recuperación del hábitat. A escala regional, el programa de seguimiento contabiliza 30 sisones marcados entre 2021 y 2024, con densidades estables y aumento del número de cantaderos activos respecto a los censos de 2016, lo que confirma la eficacia de las medidas compensatorias.

También se han conseguido resultados positivos sobre la GANGA ortega (Pterocles orientalis) donde también se ha registrado una recolonización (más lenta que la del sisón, pero sostenida). Se han confirmado entre 3 y 5 ejemplares reproductores, frente a la ausencia total de registros entre 2014-2021. La Ganga ortega se ha detectado dando uso regular de las parcelas compensatorias y charcas ganaderas del Nudo Zarzón; observada en vuelo, posada y en alimentación, indicador de hábitat funcional.

En paralelo, la campaña de conservación de la carraca europea, impulsada por la Junta de Extremadura con fondos de compensación de proyectos renovables, ha obtenido excelentes resultados. Después haber experimentado una drástica reducción del 80% en su área de distribución en las últimas décadas, y un descenso poblacional de 700 parejas reproductoras a principio de los noventa a 173 parejas en 2019, las medidas tomadas en la Planta Solar Fotovoltaica Arenales (Cáceres) han conseguido un aumento de la población reproductora del 25% en dos años. Hoy el 75% de las parejas reproductoras de Carraca en Extremadura se reproducen en cajas nido instaladas como medidas compensatorias.  

Al final, todo se reduce a una evidencia que cuesta decir en voz alta: las renovables no matan la vida, la devuelven. Donde antes el verde era solo fachada —un campo de monocultivo sin insectos ni canto—, hoy crece un verde nuevo, más silencioso, más honesto. El de la hierba que vuelve a brotar bajo los paneles, el de las aves que regresan, el de los suelos que respiran otra vez. Es hora de entenderlo sin prejuicios: la energía limpia no es una moda, es una forma de reconciliar al ser humano con la tierra. Y defenderla no es un gesto ideológico, es un acto de sentido común. Porque si algo ha demostrado este país es que cuando se deja espacio a la luz, la vida siempre encuentra la manera de volver.

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Martín Behar es Director de Estudios y Medio Ambiente de UNEF.

La politización de asuntos de interés general todo lo enturbia. Ahora estamos en plena campaña de la derecha en apoyo de la energía nuclear y, en consecuencia, de la izquierda en contra. El despliegue del lobby atómico estos días es tan arrollador que impide un debate argumentado sobre si es conveniente, o no, alargar la vida útil de las centrales nucleares hasta que se logre el almacenamiento de la energía.

"¡Que viene el apagón!", amenazan, como si atemorizas a un niño con el lobo. Mientras, está en marcha una estrategia dirigida a crear confusión con un tema muy técnico que tiene al Gobierno atrapado entre Sumar y PP-Vox. Resulta que el 1 de noviembre comenzaría el predesmantelamiento de las centrales nucleares con Almaraz al frente previsto para el 2035, según el plan que ellas mismas firmaron con Enresa. Lo que ha provocado el renacer de una polémica que, como el aborto, parece de otra época. 

Si la energía nuclear es tan genial y no está prohibido construir una central, Feijóo y Abascal deberían animar a las eléctricas a levantar una al lado de su casa. Lo que se llama educar con el ejemplo. Ya lo hizo Celia Villalobos con los huesos durante la crisis de las vacas locas o Arias Cañete con los yogures caducados. El problema es que los inversores no quieren meterse en un negocio que no es rentable si hay que partir de cero y que conlleva un alto coste de almacenamiento y gestión de residuos radiactivos.

No veas qué marrón. Porque un molino eólico se desmonta en un día pero en donde ha habido una central nuclear hay que custodiar durante siglos algunos residuos. En 2009, el Congreso planteó montar un cementerio nuclear (ATC) en un municipio de Guadalajara pero la oposición social y política fue tal que se abandonó el asunto. Así que cada una de las siete centrales que hay en España tiene que asumir sus residuos.

Las eléctricas carecen de interés en construir nuevas centrales, pero les conviene mucho que las actuales sigan funcionando ahora que ya están amortizadas. Y a cambio de pedir permiso para seguir funcionando chantajean al Gobierno para que les quite los impuestos que el nuevo gurú económico del PP, Alberto Nadal, aprobó en 2013 cuando era secretario de Estado de Energía y que enfureció al sector. Tranquilos, que para eso ha vuelto ahora, para prometer eliminarlos en cuanto regresen al poder. Lo de siempre. Cuando gobiernan suben impuestos y crean otros nuevos, pero en la oposición se quejan de los que ellos mismos se inventaron. 

Ahí está la presidenta de Extremadura, María Guardiola, que acaba de renunciar a 40 de los 80 millones que la central de Almaraz ingresaba a su comunidad gracias a su tasa ambiental autonómica. Le ha obligado Vox como condición para apoyar los presupuestos. El pasado mayo ya lo había hecho Mazón, perdonó la ecotasa a la central de Cofrentes a pesar de los más de 5.000 millones que había ganado en 2024. Los presidentes del PP exigirán luego al Gobierno más ingresos porque les faltan para garantizar los servicios públicos a valencianos y extremeños.

En estas, reaparece Red Eléctrica, que cuenta con más redes y más energía que nunca, a pedir auxilio a la CNMC, dando un golpe de gracia a las renovables, que tendrán menos protagonismo en el sistema frente al aumento en el mix de las centrales de ciclo combinado de gas porque no es capaz de gestionar el tráfico y busca cubrirse las espaldas. Un contexto perfecto para polarizar y entonar ‘Nucleares, sí. Por supuesto’, la irónica canción de Aviador Dro en los años 80, en respuesta al lema de la izquierda 'Nucleares, no. Gracias', cuando el debate sobre la energía nuclear estaba en su apogeo.