Ninguna idea, ninguna, puede ser defendida con violencia. Da igual lo honrosa o legítima que sea esa “idea”, perderá su verdad, su legitimidad, en el momento en el que entre en juego la violencia, da igual que sea física, verbal o corporal, intimidando con los gestos y el cuerpo.

El problema surge cuando la persona que utiliza esa violencia para imponer sus ideas, ni siquiera sea consciente de que lo que hace y cómo lo hace es violento. No es capaz de ver que hablar a alguien a centímetros de su cara, o defender que, si hace falta, se utilice la violencia para acabar con el aborto y la eutanasia, y hacerlo desde una tribuna de un parlamento (por favor, vayan a buscar el origen, la etimología de la palabra parlamento; viene del francés, del verbo parler, que en castellano significa hablar, ¡HABLAR!). Es lo que dijo un diputado de VOX en Murcia: el deber, deber, de defender incluso con violencia su oposición a esos dos derechos reconocidos.

Esto es lo que tenemos. Puede que hayamos normalizado —yo me resisto— que los diputados se digan de todo en el Congreso. Puede que hayamos normalizado que el ruido se imponga a las ideas —qué poquitas escuchamos en cada debate, qué poquitas propuestas nos hacen…—. Pero la fina línea para que veamos convertido el parlamento —el lugar de la palabra, de la asamblea donde se conversa— en otra cosa, en un fango insoportable, parece cada vez más cerca.

En democracia las ideas se combaten con palabras, con argumentos, con propuestas. No con insultos, con gritos o con actitudes amenazantes. En democracia caben ideas diferentes, es la esencia de todo; la democracia es sobre todo eso, que nadie imponga una única idea, es encontrar el punto de encuentro, el punto que una a dos posturas distantes. La democracia nos garantiza que, sea cual sea la idea, siempre se ajustará a la Constitución, a ese marco que nos dimos los ciudadanos. En democracia, la violencia no cabe. Si se admite, si se le abre la puerta, dejará de ser democracia para convertirse en otra cosa que no queremos.

Un juzgado de Madrid investigará por un delito fiscal de cerca de un millón de euros del IRPF al creador de la plataforma Madeira Invest, Álvaro Romillo, que entregó 100.000 euros al eurodiputado Luis Pérez "Alvise" y al que investiga la Audiencia Nacional por una estafa piramidal de 185 millones, según informa EFE. 

En un auto fechado el pasado 30 de marzo al que ha tenido acceso EFE, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ordena la apertura de una pieza separada por fraude fiscal tras analizar un informe de la Agencia Tributaria que implica a Romillo en un fraude durante el año 2022.

El 15 de diciembre de 2025, Calama procesó a Romillo y a otras nueve personas por la presunta estafa de más 185 millones de euros a 3.062 inversores entre enero de 2023 y septiembre de 2024 a instancias de afectados por esta operativa, muchos de ellos representados por el bufete Zaballos Abogados.

En su auto de apertura de pieza separada, el magistrado explica que está "constatado" que en 2022 Romillo promociona en su página web mecanismos para la elusión de impuestos, tales como "poner bienes a nombre de familiares y amigos; ocultar la residencia fiscal en España, para evitar tributar; simular la residencia fiscal en otro país; utilizar, torticeramente, sociedades extranjeras; distraer ingresos para que no tributen, e inflar los gastos de una empresa". Al tiempo, añade el auto, Romillo siguió sus propias "estrategias" para consumar un fraude fiscal durante el ejercicio 2022.

A través de un "embrollo societario", Romillo quiso opacar "los verdaderos ingresos generados por el que, en definitiva, era el único motor que daba origen a sus ingresos", que era su éxito en redes sociales.

En 2022 ingresó a través de sus numerosas sociedades cerca de 3 millones de euros, por lo que Hacienda le atribuye un delito de fraude fiscal del IRPF que ronda el millón de euros (906.919,31 euros), además de defraudar más de medio millón en concepto de IVA.

En paralelo, la Audiencia Nacional investiga el fraude piramidal ideado por Romillo, conocido como Criptospain, que ideó y puso en marcha una organización criminal estructurada y jerarquizada, de la que asumió la dirección y liderazgo, movido por "un ánimo de lucro ilícito". 

El objeto de esta organización criminal consistía en la apropiación sistemática de las cantidades recibidas por parte de terceros para supuestas inversiones que eran publicitadas valiéndose del portal digital Madeirainvest.com, que aparentaba ser una plataforma de inversión segura y rentable. 

A través de dicha web, se ofrecían productos financieros ficticios con la finalidad de atraer a potenciales inversores, entre los que figuraban relojes, vehículos, propiedades inmobiliarias, oro y otros metales preciosos.

Los inversores, confiados en la apariencia de legalidad y solvencia que transmitía la plataforma, en la que llegaban a asegurar rentabilidades mínimas del 20%, realizaron aportaciones económicas que fueron desviadas por los miembros de la organización a cuentas controladas por Romillo y sus colaboradores, sin que existiera actividad real de inversión.

De este modo, 3.062 inversores de Madeira Invest Club resultaron perjudicados, sufriendo pérdidas económicas derivadas de la conducta fraudulenta desplegada por Romillo y los demás miembros de la organización criminal y que han sido cuantificadas en 185.511.947,76 euros.

Calama investigará por un fraude fiscal de más de 88 millones en 2023 y 2024 a Álvaro Romillo. En un auto fechado el pasado 1 de abril al que ha tenido acceso EFE, el titular del juzgado central nº 4 amplía el procesamiento que decretó el pasado 15 de diciembre contra Romillo y otras nueve personas.

Ahora, Calama amplia la pieza separada por un presunto delito de blanqueo de capitales al encontrar "indicios racionales" de fraude del IRPF y del impuesto de patrimonio de 2023 y 2024. Mediante "la omisión de ingresos reales que reflejan su verdadera capacidad económica", Romillo habría defraudado 30.720.005,18 euros en 2023 y 49.117.091,37 euros en concepto de IRPF, así como 2.247.336,80 euros para el ejercicio 2023 y 6.068.774,76 euros para 2024 del impuesto de patrimonio.

En su auto, Calama mantiene a Romillo en prisión provisional, donde permanece desde el pasado 7 de noviembre, al haber detectado que el procesado se encuentra "en una privilegiada situación en orden a eludir la acción de la Justicia, pues dispone de una ingente cantidad económica con la que sufragar el acceso a medios ilícitos que le permitan abandonar el territorio nacional". 

Dicha organización criminal, destaca el auto, cuenta, "al menos, con 52 sociedades instrumentales, 106 cuentas bancarias, bienes inmuebles, vehículos y embarcaciones, repartidos en, al menos, en 15 jurisdicciones diferentes (Portugal, Bélgica, Lituania, Estonia, Bulgaria, Rumania, Malta, Reino Unido, Albania, Estados Unidos, República Dominicana, Malasia, Singapur, Hong Kong y Tailandia)". 

Este domingo, en un mitin, una concejala del PP llamó “hijo de puta” al presidente del Gobierno. El presidente respondió con una amplia sonrisa diciendo: "Bueno bueno, os diré una cosa: ya sabemos que quienes insultan son aquellos que no tienen argumentos." La gente aplaudió enfervorecida, coreando: "¡Fuera!, ¡Fuera!", "¡No estás solo!, ¡No estás solo". No hubo murmullo incómodo o gestos ante el exceso, más bien al contrario, un aplauso ensordecedor coronó el entusiasmo. He estado antes en muchas situaciones como esa, en las que de un lado se aplaude al que insulta y en el otro al insultado. Lo relevante deja de ser la grosería sino más bien la capacidad que esta tiene con su efecto polarizante de acallar todo lo demás. ¿Qué puede hacer la política ante estas situaciones? ¿Nos debe preocupar que sean cada vez más frecuentes?

Podríamos fingir horror educado, llevarnos la mano al pecho y preguntar en qué momento se perdió la cortesía parlamentaria. Pero no estamos en un drama de época. El español nunca fue un idioma de porcelana. Del insulto nuestra lengua ha hecho hasta poesía, no sé si da para enorgullecerse, pero es innegable que el castellano, incluso el parlamentario, tiene calle. Hasta el humor más absurdo lleva años recordándonos que decir barbaridades forma parte del repertorio expresivo, ya lo decían los irrepetibles muchachos de La Hora Chanante: hijo de puta hay que decirlo más. No pasa nada por admitirlo o al menos reconocer que el acting victoriano por una palabra fea no es lo que mejor le sienta al buen gobierno que el día a día del español medio requiere. Con esto, lo que quiero decir es que quizás debemos dejar de discutir sobre la relevancia de la palabra y comenzar a observar con detenimiento a aquello que ésta está sustituyendo. ¿Qué no hay cuando hay insultos?

Volvamos al último caso, el del presidente. Tras el insulto y su posterior debate en todas las tertulias y redes, no vino nada. Como sucedió con todos los anteriores, ningún insulto sirvió para ver nacer una nueva idea, explicación o marco de discusión. Solo activó como una red de arrastre las balizas de la pertenencia. Si algo es el insulto en política hoy es señal de tribu, un gesto de identificación rápida que recuerda a quien lo usa que estamos aquí, somos estos o aquellos y odiamos a estos otros. Tan simple como efectivo, desgraciadamente a veces lo es tanto para insultador como insultado. De ahí que una no sepa ya si los insultos son en legítimo cabreo o defensa o en un desesperado intento de que subiendo el volumen el otro lo suba más.

La situación es tal que podemos decir que el exabrupto se ha convertido en herramienta de ahorro. Ahorra tiempo, datos, matices, responsabilidad, puro márketing político. Permite no entrar en terrenos donde hay que saber de lo que se habla. Sale rentable porque ocupa espacio y desplaza preguntas incómodas. Mientras discutimos modales y tonos, desaparecen los temas difíciles como migración, vivienda o desigualdad. No se puede no mencionar en este sentido que, cuando el ambiente es insultante, hablar de lo importante requiere frases largas, mientras que el insulto cabe en un titular. De hecho es probablemente lo único que aparezca en un titular. Y esto no es una casualidad. El ruido hoy tiene rendimiento político, mueve más que la precisión, la compasión o la eficiencia. Circula mejor que el análisis. Genera cohesión instantánea. Y además protege: quien insulta fija el terreno y obliga al resto a reaccionar.

Ahora bien, conviene no confundirse de plano. Una cosa es no escandalizarse como un clérigo decimonónico y otra negar que el insulto institucional tiene efectos. No es lo mismo el desahogo privado o cómico que la degradación lanzada desde un cargo público, con micrófono y masa delante. Ahí ya no hablamos de estilo, sino que hablamos de señalización, y de cómo opera un mecanismo que, repetido suficientes veces, va estrechando el perímetro de legitimidad de la persona contra la que se ejerce. Dicho mecanismo no es otro que el de la violencia política, que rara vez empieza con golpes, sino con rebajas de trato, de lenguaje o reconocimiento. Se normaliza el desprecio y después sorprende la hostilidad. El proceso es lento y casi siempre se presenta como espontáneo y se maquilla de moralina cuando la cosa se sube demasiado de tono. No es ni una cosa ni la otra, y esto es lo verdaderamente insultante. En Europa llevan tiempo tomándose esto en serio, aunque aquí nos guste pensar que son exageraciones burocráticas. Hay líneas de trabajo contra la incitación al odio político, protocolos frente a campañas de degradación pública y marcos contra la desinformación agresiva dirigida a deslegitimar instituciones. No por amor a la corrección verbal, sino por experiencia histórica. Cuando la deshumanización se convierte en rutina, el daño llega después por otras vías. Quizá habría que empezar a pensar también en instrumentos propios para nuestro país, como observatorios de violencia política, tipificación de agravantes en el Código Penal para los delitos relacionados cuando la degradación es sistemática y viene de cargo público, unidades fiscales especializadas en delitos de odio político y acoso institucional. Pero siempre teniendo presente que no se trata de vigilar tacos sueltos sino de detectar patrones de una violencia que puede terminar siendo estructural en el ejercicio de la política; y en definitiva, para invertir una lógica cultural introduciendo coste donde hoy hay premio.

El verdadero problema con el clima político actual es que no tiene una respuesta fácil. No se corrige la brutalización compitiendo en brutalidad. Tampoco bajando el tono hasta desaparecer. No funciona ninguna de las dos cosas, no se polariza con lo ultra diciendo algo aún más fuerte en otro sentido ideológico, ni se desactiva esa pulsión bajando el volumen. Que no, que gritar más no desactiva a los ultras, pero susurrarles tampoco. La única palanca que históricamente ha funcionado no es otra que subir el nivel, y plantear frente a las lógicas simplonas, otras complejas que obliguen a pensar mejor, más fino y con más distinciones. ¿En qué momento hemos llegado a considerar el matiz o el pensamiento crítico como una debilidad cuando éstas deberían ser más bien las tecnologías para la democracia?

Los grises, las diferencias internas, las categorías bien trazadas son lo contrario de la lógica fascista, que vive de simplificar el mundo hasta que quepa en un puño, donde todo es bloque, enemigo, traición o pureza. Pensar con precisión rompe ese hechizo. Obliga a separar, a comparar, a justificar y por supuesto también a rectificar. Y claro, aquí también toca autocrítica. Parte del campo que presume de sensatez lleva años respondiendo al ruido con pedagogía blanda y tono conciliador. Buenas intenciones pero plagadas de resultados discretos, pues a nadie se le escapa ya que la extrema derecha no ha dejado de crecer. Repetir la misma estrategia esperando otro desenlace no es virtud cívica sino pura negación de un problema de magnitudes ya inmanejables. Tan burdo es el que solo sabe insultar como inútil el que solo sabe templar. Hace falta otra cosa, que reivindique la dureza argumental sin degradación, abrazando el conflicto político con contenido. Inteligencia con dientes. No necesitamos una política limpia de palabras sucias. Necesitamos una política llena de debates sustantivos. Porque cuando la conversación pública se llena de tacos suele ser señal de que se ha vaciado de ideas. Y ese vacío, a diferencia del insulto, sí es peligroso.

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Ángela Rodríguez 'Pam' es ex secretaria de Estado de Igualdad.

El Gobierno francés aprobó este lunes un proyecto de ley especial que permite la continuidad de los ingresos y gastos del Estado ante la falta de un Presupuesto estatal para 2026 mientras el Ejecutivo intenta negociarlo con la oposición parlamentaria antes del final de enero, informa EFE.

"Este es un paliativo, un esparadrapo, nos da algunas semanas suplementarias para negociar" con los grupos de la oposición en el Parlamento, manifestó la portavoz del Ejecutivo francés, Maud Bregeon.

Tras el Consejo de Ministros Extraordinario que aprobó la medida, Bregeon explicó que el presidente francés, Emmanuel Macron, juzgó que esta solución provisional de un ley especial "no es satisfactoria" y urgió al Gobierno a aprobar "lo más rápidamente posible, en enero" unos presupuestos estatales que incluya un déficit del 5% del PIB.

Para su adopción, este proyecto de ley tendrá que ser debatido y votado mañana en el Parlamento, en el que el Ejecutivo tiene una mayoría muy relativa. En una rueda de prensa en la que estuvieron también presentes el ministro de Economía y la de Hacienda, Roland Lescure y Amélie de Montchalin, respectivamente, alertaron del carácter provisional de una ley especial que permite a Francia "mantener que sus comisarías y escuelas sigan funcionando y que los funcionarios reciban sus salarios".

El Ejecutivo del primer ministro Sébastien Lecornu tenía de plazo hasta el 31 de diciembre para aprobar unas cuentas para 2026, algo que no logró debido a las divisiones de la Asamblea Nacional francesa. Para lograr un acuerdo sobre la prórroga, estuvo recibiendo a lo largo de este lunes a los principales líderes políticos, excluidos los de la extrema derecha de Marine Le Pen y la izquierdista La Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon, que han rechazado todo contacto con el Gobierno.

Una ronda de conversaciones que sirve para constatar el acuerdo mayoritario para prorrogar las cuentas del año pasado y proseguir las negociaciones para el presupuesto de 2026. Los primeros en ser recibidos por Lecornu fueron los socialistas, que están sirviendo de apoyo para la continuidad del Gobierno, a costa de importantes concesiones que ponen en peligro el respaldo de los conservadores y de ciertos sectores del centro-derecha.

El líder socialista, Olivier Faure, acusó a la derecha de "rechazar todo compromiso" y aseguró que ellos mantendrán sus "exigencias", que pasan por "una mayor justicia social y evitar recortes en los servicios públicos".

Entre los partidos recibidos por Lecornu, Los Ecologistas adelantaron que no darán su aprobación para el actual plan presupuestario. También fueron citados en el Palacio de Matignon los líderes de la coalición 'macronista', los comunistas y la derecha conservadora.

Si todos ellos están de acuerdo en prorrogar los presupuestos de forma provisional, los puntos de divergencia son importantes sobre la adopción de unas nuevas cuentas, puesto que la derecha y miembros de la coalición 'macronista' rechazan las subidas de impuestos y apuestan por los recortes como única manera de equilibrar las cuentas.

A ello se une el plazo de un mes dado por Macron y los intereses electorales de los diferentes partidos de cara a la campaña de las elecciones municipales de marzo, lo que puede dificultar todavía más la búsqueda de compromisos.

Al tiempo, los diferentes organismos económicos alertan de los problemas que puede acarrear la prórroga de los presupuestos, si se extiende en el tiempo, y la necesidad de que las cuentas de 2026 sitúen el déficit por debajo del 5%.

El presidente del Tribunal de Cuentas, el exministro socialista Pierre Moscovici, aseguró que Francia debe cumplir la trayectoria presupuestaria que presentó a Bruselas, que pasa por una reducción progresiva del déficit para situarse por debajo del 3% del PIB en 2029, y consideró que de ello depende "la credibilidad" del país. También aseguró que no reducir el déficit en 2026 supondría tirar la pelota para adelante y recordó que en 2027 hay elecciones presidenciales, lo que hará más difícil todavía llegar a compromisos de recortes del gasto.

Que el fútbol está politizado no es ninguna novedad. Lo ha estado siempre. Desde los presidentes que se pasean por los palcos como si fueran prolongaciones naturales de sus despachos hasta los gobiernos que utilizan los colores de un equipo como termómetro emocional del país. El Bernabéu –con su palco convertido en logia discreta del poder económico– podría escribir una enciclopedia entera de esa relación simbiótica.

La verdadera novedad es otra. Hace años, en una entrevista para la sección "Comunica que algo queda" de Manuel Campo Vidal en Radio Nacional de España, Joan Coscubiela me "chutó" con precisión una frase que entonces me pareció una exageración metafórica. Hoy me parece una descripción técnica. “La política se ha futbolizado”. No como un chiste, sino como un diagnóstico.

Porque entrar en el Congreso se parece cada vez más a entrar en un estadio. Hay vítores, hay pitos, hay hinchadas perfectamente separadas por colores. Se abuchea al contrincante haga lo que haga. Y se aplaude al propio equipo aunque haga un disparate. La meritocracia ha sido sustituida por la obediencia tribal. La política convertida en gallinero. La discrepancia en falta peligrosa. La palabra en balón dividido.

El fanatismo futbolístico ha colonizado la política con una facilidad pasmosa. Ese impulso irracional que hace desear que el rival pierda puntos incluso en los entrenamientos se ha instalado en los discursos, en los medios y en las conversaciones de sobremesa. Esos medios, atrapados en ese bucle competitivo, contribuyen a ello. Unos se dedican a encontrar un brillo heroico incluso en los patinazos más estrepitosos de su lado. Otros, a convertir cada matiz del adversario en un delito metafísico. La autocrítica, ese valor democrático imprescindible, se ha vuelto residual. En cambio, criticar al otro se ha convertido en deporte de masas. Uno enciende el televisor o sintoniza la radio y tiene dificultades severas para discernir si lo que está presenciando es una tertulia política o El Chiringuito. Es el sentimiento compensatorio del hincha. Si no consigo la victoria, tú tampoco. Si no meto goles, al menos, que no encaje ninguno. En el fútbol es pasión. En democracia, es veneno. Todo sea por el espectáculo.

Sospecho que el principal requisito para afiliarte a un partido político es no reconocer los logros del contrario, aun a sabiendas de que lo merecen o, al menos, es beneficioso para el país.

Incluso la estructura del sistema político recuerda a la Liga. Unos cuantos grandes partidos que monopolizan la atención, como clubes históricos cuya sombra tapa a los demás. Y luego los satélites, los aparentemente modestos, que celebran cada aparición mediática como una clasificación europea. Pueden empatar partidos imposibles. Pueden dar la sorpresa y llevarse los puntos del Bernabéu, sí. Cuando llega la hora de levantar títulos, casi siempre ganan los mismos. Cierto. Pero, para ganar la Liga, tienes que vencerlos. Ellos, normalmente con menos recursos pero muchas veces con más agallas –todo hay que decirlo–, rascan algún punto en el momento oportuno, enganchan a los hinchas y te fastidian la temporada. Hasta tal punto que tienen la llave para formar o no gobierno.

Y, eso sí, incluso los votantes de esas minorías –como quien es del Rayo pero tiene simpatía por el Madrid o el Barça– acaban adoptando un “segundo equipo” entre los grandes.

La pregunta, quizá, no sea si el fútbol está politizado –porque lo está desde que existen banderas, himnos y palcos–, sino cuándo decidimos permitir que la política se convierta en una sucesión de derbis sin pausa. Un país no puede gestionarse como un marcador. Un Parlamento no puede ser un estadio. Un adversario no puede ser un enemigo.

Quizá la política habría de recuperar algo que el fútbol, pese a todo, aún conserva en sus mejores momentos. La deportividad inesperada. Ese gesto de ayudar a levantarse al rival, de reconocer que una falta es falta aunque el árbitro mire hacia otro lado. Esa rara categoría de partidos en los que un empate sabe a victoria porque ambos equipos han dado la talla.

La política se ha futbolizado. La democracia, en fuera de juego.

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Alberto Fandos Portella es periodista y director de comunicación y marketing.

El primer ministro francés en funciones, Sébastien Lecornu, aconsejó este miércoles al presidente, Emmanuel Macron, que no adelante las elecciones legislativas y que nombre un nuevo jefe de Gobierno en las próximas 48 horas, al considerar que existen posibilidades de acuerdo para estabilizar el país.

En una entrevista en la televisión pública France 2, Lecornu despejó todas las dudas sobre su continuidad en el cargo al frente de un nuevo gobierno al asegurar que su "misión ha terminado", tras cumplir con el encargo de Macron de explorar pactos políticos para la estabilidad del país y éste "hablará a su debido tiempo", dijo sin más precisiones.

Tras esos contactos desde el lunes, concentrados en 48 horas, a los que asistieron todos los grupos menos la ultraderecha de Marine Le Pen y la izquierdista La Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon, Lecornu aseguró que "hay una mayoría absoluta en la Asamblea Nacional que rechaza la disolución" y, por tanto, un adelanto electoral.

El político macronista también fue rotundo al afirmar que el próximo gobierno debe estar "completamente desconectado de las ambiciones presidenciales" para 2027 y, preguntado sobre quién debería encabezar ese ejecutivo, respondió que la decisión de la elección corresponde al presidente de la República.

"La situación ya es bastante difícil. Necesitamos un equipo que, al final, decida ponerse manos a la obra y resolver los problemas del país hasta las elecciones presidenciales de 2027", añadió.

También se expresó completamente en contra de la dimisión del presidente, como piden los extremos de derecha e izquierda y algunos conservadores.

"En una supuesta democracia representativa, al otorgar un mandato, si, en cuanto surge una pequeña tormenta, se empieza a decir 'tienes que irte', eso pesará sobre los próximos presidentes y luego sobre los alcaldes. Sigo siendo ministro de Defensa y les aseguro que no es momento de cambiar de presidente", afirmó.

Y advirtió, en ese sentido, que no se debe "subestimar la tensión internacional que (Macron) debe gestionar. Ya no somos lo suficientemente fuertes como para que Francia sea autosuficiente. El grado de energía y asunción de riesgos que un presidente puede asumir es esencial".

Preguntado sobre la reforma de las pensiones, uno de los principales escollos que han marcado las negociaciones políticas, Lecornu dijo que suspensión de esa impopular ley denostada por la izquierda costaría al menos 3.000 millones de euros en 2027 y, sin posicionarse, abogó por que ese debate siga un camino parlamentario.

"Hay que encontrar la manera de garantizar que se celebre el debate sobre la reforma de las pensiones", insistió.

Preguntado sobre si habrá pronto un proyecto de presupuestos para 2026, manifestó que "todos los partidos políticos" con los que se ha reunido le dijeron que "no se debe correr el riesgo de no tener un presupuesto para finales de diciembre".

"Me aseguré de que, aunque no sea perfecto, dado mi reciente nombramiento, el proyecto de presupuesto se presentaría el lunes, que es el último día posible para presentarlo y poder aprobarlo antes de finales de este año", declaró. "Habrá mucho que debatir en el Parlamento", reconoció.

En cuanto a la "justicia fiscal", el jefe del Ejecutivo saliente, que lleva 29 días en el puesto, señaló que también se podrá debatir sobre impuestos en el Parlamento y consideró que cualquier subida de los mismos habría que justificarla porque "es un símbolo para los franceses".

Sea como fuere, Lecornu concluyó que termina su misión con la sensación de que su misión "esta cumplida" y con el convencimiento de que lo ha "intentado todo".

La pelota está ahora en el tejado del presidente, que si sigue las recomendaciones de su fiel colaborador tendrá que encontrar un primer ministro que aglutine una mayoría parlamentaria.

Una misión complicada a la vista de las declaraciones de los diferentes líderes políticos que han desfilado estos dos últimos días por el despacho de Lecornu.

La izquierda exige un nuevo primer ministro de su campo que la derecha asegura que no aceptará, mientras que asuntos como la fiscalidad de los más ricos o la reforma de las pensiones presentan posturas muy alejadas.

En el trasfondo, asoma la amenaza de moción de censura al nuevo Gobierno que blanden sin complejos la extrema derecha y la izquierda de La Francia Insumisa.

Ninguno de los dos acudió al llamamiento con el primer ministro y exigen un adelanto electoral. Le Pen de las legislativas, para la que todos los sondeos le dan una victoria en la primera vuelta, mientras que Mélenchon pide la cabeza de Macron.

La Cámara de Diputadas y Diputados de Chile la noche del lunes aprobó y despachó para ser ley el proyecto de ley que busca reconocer con una categoría jurídica propia a los detenidos desaparecidos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y por primera vez creará un registro de personas ausentes por desaparición forzada.

"A 52 años del golpe de Estado, recién hoy vamos a tener un registro oficial de las 1.469 personas que fueron víctimas de la desaparición forzada”, señaló a la prensa el ministro de Justicia chileno, Jaime Gajardo, tras la votación.

El proyecto, aprobado por 89 votos a favor, 28 en contra y 4 abstenciones, crea la calificación jurídica de “ausente por desaparición forzada” e implica, según la iniciativa, “el reconocimiento por parte del Estado de Chile de que la persona fue víctima de alguna forma de privación de libertad por obra de agentes del Estado" desde el 11 de septiembre de 1973 hasta el 10 de marzo de 1990.

En la práctica, este reconocimiento "simbólico", como lo calificaron los parlamentarios de la coalición gubernamental, que votaron a favor, implica que las familias de las personas detenidas y hechas desaparecer no deban declarar la presunta muerte de sus seres queridos. 

El catastro será administrado por el Registro Civil e incorporará a las personas listadas en los informes específicos de las tres comisiones de verdad sobre violaciones a los derechos humanos que empujó el país a su regreso a la democracia y también en sentencias judiciales de procesos penales regulados por la ley de declaración de ausencia por desaparición forzada.

La dictadura de Chile duró 17 años y causó más de 40.000 víctimas, entre ejecutados, detenidos desaparecidos, prisioneros políticos y torturados, según cifras de la comisión oficial que recopiló testimonios de víctimas y familiares. De ellas, 1.469 fueron víctimas de desaparición forzada y 1.092 aún siguen en paradero desconocido. Más de 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado.

La futura ley va en línea con el inédito Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos implementado por el Gobierno del progresista Gabriel Boric, en noviembre de 2023, en el que por primera vez el Estado se hace cargo de la búsqueda de estas personas e instaura medidas de reparación y garantías de no repetición de la comisión de este tipo de crímenes.

1 de septiembre, empieza un nuevo curso. Las libretas, bolígrafos y tablets huelen a nuevo, pero hay algo de viejo conocido en el ambiente. Hace ya años que España dejó de colgar el cartel de “cerrado por vacaciones” en agosto.

No sabemos qué nos deparará este nuevo curso que hoy comienza, pero tengan la certeza de que aburrido no será. El mundo asiste impasible a un genocidio, Europa se agrieta por los cuatro costados, los neorreaccionarios y las derechas autoritarias alcanzan los principales centros de poder, y la crisis climática avanza siguiendo los escenarios más pesimistas.

En España es previsible que la corrupción vuelva a protagonizar la conversación pública, que la crispación se mantenga (es difícil que aumente), que la derecha le siga comprando el marco a la ultraderecha y que las izquierdas no encuentren cómo reaccionar.

En estas situaciones de extrema complejidad conviene volver a los principios, y como recuerda la pensadora Victoria Camps en su próximo libro La sociedad de la desconfianza, (Arpa), es hora de hacerse la pregunta ética por excelencia, ¿qué debo hacer?, o si se prefiere, ¿qué debemos hacer?

El tablero de juego es terrorífico y muy preocupante, pero el futuro no está escrito en ningún sitio, y en este caso España tiene una posición estratégica. El presidente Sanchez no asistió a la humillante reunión de Donald Trump con algunos jefes de Estado y responsables europeos, algo que se ha interpretado como una pérdida de peso internacional de España. Sin embargo, a nadie se le escapa que su ausencia en esa reunión vino motivada por su negativa a incrementar hasta el 5% el gasto de defensa, sus críticas a las políticas de Trump y la posición que España mantiene ante el genocidio palestino. En este contexto, el presidente tiene muchas opciones, pero básicamente pasan por dos: lamentar su ausencia y quejarse amargamente, o intentar liderar, como presidente de la Internacional Socialista que es, una respuesta a la situación internacional desde valores progresistas, empezando por la propia Europa. Esta segunda no será fácil, encontrará un camino plagado de obstáculos y cosechará no pocas críticas dentro y fuera de España, pero, ¿qué debe hacer?

Ya en España, el curso se va a librar en dos escenarios, el del Parlamento y el de los tribunales. El primero ya sabemos cómo funciona: mayoría precaria del Gobierno, enorme debilidad para sacar adelante sus iniciativas, los Presupuestos Generales del Estado lejos, muy lejos… y las sesiones de control al Gobierno, un circo de dos pistas –Congreso y Senado– cada vez más dañino para la recuperación de la confianza en la política. 

En esta situación, cuando lleguen las votaciones estratégicas, el Gobierno en primer lugar y el resto de grupos parlamentarios estarán ante la misma pregunta: ¿qué debemos hacer? El Gobierno puede verse en la tesitura de tener que elegir entre defender políticas y valores progresistas o el apoyo de sus aliados, algo que no siempre coincide. El resto de grupos parlamentarios, por su parte, puede verse en muchas situaciones en que deba decidir si apoyar al Gobierno o acelerar su erosión. Los grupos de la derecha lo tienen fácil, pero, ¿y otros apoyos como Junts? ¿Y Podemos, y otros grupos de izquierda adscritos a Sumar? 

El otro centro de atención –quizá el primero– volverán a ser los tribunales. Un otoño-invierno plagado de informes de la UCO, vistas, autos y hasta sentencias relacionadas con casos de corrupción, nuevos y antiguos. Si en algún ámbito cobra un especial sentido interrogarse sobre qué debe hacerse es precisamente este, el de la Justicia. A esta pregunta, de hecho, le han dedicado buena parte de sus reflexiones los juristas más relevantes. Cabría que se lo preguntaran cada día quienes se dedican a impartir justicia, y, en especial, quienes tienen la potestad disciplinaria para que lo hagan debidamente, el Consejo General del Poder Judicial. Ojalá esta pregunta presidiera todas sus reuniones. 

Por de pronto, el presidente del Gobierno comienza este lunes el curso con la presentación de la hoja de ruta del Pacto de Estado para hacer frente a la emergencia climática, algo imprescindible de cuya urgencia nadie que haya vivido en España en los últimos años puede dudar. DANA, incendios, sequías, olas de calor eternas… Un Pacto de Estado que también debe nacer del mismo interrogante: ¿qué debemos hacer? La pregunta, en este caso, ha de ser formulada por el conjunto de actores políticos de todas las administraciones, pero también por el conjunto de actores sociales y económicos del país. Nada queda al margen de la emergencia climática.

En definitiva, empieza un nuevo curso, con cierto retrogusto a lo ya conocido, con desafíos que no son nuevos, pero al que sería interesante darle un nuevo impulso con esa pregunta crucial, ¿qué debo, qué debemos hacer? En primer lugar, no olvidar que el futuro no está escrito y que la mejor manera de predecirlo es crearlo.

Los compañeros y compañeras de infoLibre se han preguntado, junto a otros medios de comunicación y a iniciativa de Reporteros Sin Fronteras, qué debe hacer un medio como este respecto al genocidio en Gaza. Lo han tenido claro: se han sumado a la campaña que pide el fin de la masacre de periodistas en Gaza; lo habrán visto ustedes al entrar en la web.

Usted, querido lector, habrá de informarse en fuentes fiables y rigurosas, analizar la realidad con mirada crítica, exigir rendición de cuentas a quienes nos gobiernan y asumir que, como ciudadano, como ciudadana, también tiene mucho que hacer frente a los desafíos que nos rodean. 

¡Feliz regreso!

Una nueva división dentro de la izquierda. La diputada Àgueda Micó va a dejar el grupo de Sumar y pasará al Mixto después de que el Consell Nacional de Més-Compromís aprobara con casi el 93% de apoyos esa vía. Detrás está la idea de poder hacer oposición al PSOE de manera más contundente después de que los socialistas rechazasen que Pedro Sánchez vaya a la comisión de la dana en el Congreso y el tablero político haya saltado por los aires por el caso Cerdán.

Més-Compromís (el actor mayoritario de la coalición valenciana) quiere tener las manos más libres y una mayor autonomía que hasta ahora dentro del grupo de Sumar. Pero su decisión choca con la del otro diputado de Compromís, Alberto Ibáñez (Iniciativa), que se queda en el espacio auspiciado por Yolanda Díaz al calor de las pasadas elecciones de 2023. Micó (Ollería, Valencia, 1978) tendrá que buscar ahora un nuevo rol en el grupo Mixto, donde convivirá con Podemos, el BNG, UPN, CC y José Luis Ábalos.

¿Por qué deja el grupo parlamentario de Sumar?

Desde el principio hemos participado en un grupo que era complicado, desde el punto de vista de que había que conjugar partidos de ámbito estatal y otros de ámbito territorial y, sobre todo, formaciones que están en el Gobierno y otras que no estamos. Era difícil encajar las formas de unos y otros a la hora de utilizar los instrumentos parlamentarios. Cuando pasó la dana en Valencia, la postura política de Compromís fue ponerse al lado de la gente y mostrar la indignación con la Generalitat, pero también pedir responsabilidades al Gobierno estatal.

¿La dana fue un punto de inflexión?

Sí, porque vimos primero que el Gobierno estatal no estaba a la altura de lo que la gente pedía. Luego el PSOE frenó la comisión de investigación. Nosotros la presentamos en noviembre del año pasado y nos la vetaron varias veces en la Mesa. Debería haber estado en marcha desde hace meses. Cuando se activa, nosotros creemos que tiene que comparecer todo el mundo en dos fases. La primera es de responsabilidad del día de la dana y la segunda, en relación a la reconstrucción; ahí es donde queremos que venga el presidente. Se produjo un problema grave porque hubo un veto por parte del grupo y nos hizo ver que estar ahí nos dificulta nuestra capacidad de poder hacer acción política plena. A esto se le juntaron los casos de corrupción del PSOE, teniendo en cuenta que no estamos en el Gobierno y siempre hemos luchado contra la corrupción. La militancia tenía una posición unánime de apartarse del espacio que no nos permitía ser nosotros mismos ni utilizar todos los instrumentos parlamentarios. 

¿Qué puede hacer en el Grupo Mixto que no pudiera desarrollar en Sumar?

Primero vamos a hacer una Ejecutiva de Compromís, y luego ya formalizaremos el paso al Mixto. Es cuestión de días. Compromís es un proyecto político de estricta obediencia valenciana y necesitamos tener todos los instrumentos adecuados. Ahora, en el grupo de Sumar los instrumentos de control parlamentarios no se utilizan porque forman parte de la oposición y no de un grupo que apoya al Ejecutivo. Creemos necesario tener una posición política clara de defensa de los valencianos y poder exigir la fiscalización y el control del Gobierno en temas como la corrupción. Necesitamos cambios reales.

¿Cree que así pueden controlar más al Gobierno?

Efectivamente, por supuesto. 

Es un momento muy delicado de la legislatura, ¿van a garantizar la gobernabilidad del bloque de investidura o están dispuestos a hacer caer al Gobierno?

Compromís siempre ha garantizado que se puedan llevar a cabo políticas valientes y transformadoras. No queremos para la gente del Estado español lo que tenemos en el País Valenciano con el PP y Vox. Lo tenemos clarísimo. Pero queremos que este Gobierno tenga una actitud positiva en tres cuestiones: defensa de los intereses valencianos con el cumplimiento del acuerdo de investidura, planes e inversión para la reconstrucción de la dana y medidas de regeneración democrática. Vamos a garantizar la gobernabilidad y que la derecha y la extrema derecha no gobiernen, por supuesto. Pero esto no es responsabilidad de los partidos que damos apoyo al Gobierno, sino del PSOE. Ellos tienen que recuperar la confianza perdida. Se debe devolver el dinero y que los corruptores no puedan volver a contratar con la Administración.

Cuando se fue Podemos al Grupo Mixto, usted dijo en una entrevista que deberían dejar sus escaños por coherencia. ¿Lo tendría que abandonar usted?

Me presenté en unas elecciones en una candidatura que se llamaba Compromís-Sumar, que era un pacto muy concreto en el País Valenciano. Es de justicia que los valencianos que votaron a Compromís tengan representación. El acta no es mía ni de Compromís ni de Sumar, sino de toda la ciudadanía valenciana que votó a Compromís.

Alberto Ibáñez, diputado también de Compromís, se va a quedar en el grupo de Sumar. ¿Qué le parece que se mantenga? ¿Cree que en la Ejecutiva pueden llegar a convencer a Iniciativa para que también se pase al Mixto?

Compromís es una coalición plural, no tenemos por qué compartir siempre al cien por cien todas las posiciones. Ahora hay una diferencia. Dentro de la Ejecutiva, podemos llegar a un acuerdo, que puede ser que cada diputado se mantenga en un grupo. Tengo una relación magnífica con Alberto Ibáñez, lo respeto y lo quiero mucho, personal y políticamente. Tenemos que continuar trabajando juntos. Mi partido tiene muy claro que tenemos que estar en el Mixto, pero respeto que Iniciativa crea que lo mejor es estar en Sumar. Es compatible. Hay una cuestión básica: Compromís quiere tener un proyecto político en el País Valenciano que defiende los intereses valencianos y que sea alternativa al bipartidismo y al PP y Vox. En eso estamos de acuerdo: la protección de la cohesión, la unidad y el trabajo conjunto del proyecto de Compromís están por encima de una diferencia concreta que podamos tener en el Congreso. Alberto y yo somos dos personas serias y maduras y podemos compaginar nuestro trabajo aquí con la protección del proyecto en el País Valenciano.

¿Pero puede implosionar Compromís como coalición de partidos o garantizan que van a seguir unidos Més, Iniciativa y Verds?

No, evidentemente garantizamos el proyecto de Compromís. Es la defensa de centenares de miles de valencianos que han dado apoyo a un proyecto político honesto, que está arraigado en el territorio y que tiene una representación enorme. La protección de ese proyecto es lo más importante. Si hay una divergencia en el Congreso, se queda aquí y lo podemos solucionar de forma coherente y seria.

Hay una paradoja: se van al Mixto por el tema de la comisión de la dana, pero no tienen garantizado un puesto ahora al irse precisamente a otro grupo. ¿La veremos en ese órgano? 

Yo impulsé personalmente esa comisión, fue un trabajo arduo. No me gustó la actitud del PSOE desde el principio. En el Mixto tengo que ver de qué manera puedo participar en esa comisión: se parten tiempos y se reparten participaciones. 

La clave la tiene Podemos, porque tiene cuatro diputados. ¿Ha tenido algún tipo de conversación con Belarra? 

No, no he hablado con nadie de Podemos. Cuando llegue el momento, lo haré. De todas formas, entiendo que en el Mixto se habla de todo y se negocia. Creo que vamos a poder conjugar las diferentes necesidades políticas. 

Deja el grupo de Sumar también por los casos de corrupción, pero en el Mixto está José Luis Ábalos, uno de los implicados en las tramas de corrupción. ¿Cómo va a convivir con él? ¿Va a cortar cualquier tipo de relación con él?

Él no va al grupo nunca, me han dicho.

¿Debería dejar Ábalos su escaño?

Si Santos Cerdán lo ha hecho, tiene todo el sentido del mundo que él lo haga. Lo hemos dicho desde hace tiempo. En el Mixto se representa cada uno a sí mismo.

Su marcha deja varias señales en un fragmentado mapa de la izquierda. ¿Da por muerto el instrumento de Sumar del 23J?

No me compete a mí. La relación de Compromís con la coalición de Sumar y los partidos del espacio es de bilateralidad, de horizontalidad y de colaboración. Nunca hemos participado en la mesa de partidos. En todo caso, lo que quiero es que les vaya bien. Ellos están en la acción de Gobierno y las políticas transformadoras de la coalición las realizan los ministros y ministras de Sumar. Colaboración absoluta. La unidad no implica uniformidad. Estoy segura de que nos vamos a encontrar en espacios para hacer políticas valientes para las personas.

Habla de espacios, ¿ir al Grupo Mixto no cierra la puerta a que se vuelvan a encontrar en una lista electoral para las generales?

La decisión será de Compromís y del conjunto de la coalición, pero siempre hemos estado abiertos a poder colaborar y participar con cualquier formación de izquierdas. Siempre desde la horizontalidad y nunca desde la subordinación. Y siempre construyendo desde nuestra posición política valenciana. 

El Gobierno tiene que sudar mucho la camiseta para sacar adelante cada votación. ¿Su voto lo van a negociar directamente con La Moncloa y el PSOE?

Sí, una de las cuestiones básicas para ir al Grupo Mixto es poder hacer esas negociaciones directamente y bilateralmente. Si el Ejecutivo quiere nuestro apoyo, tendrá que cumplir con los compromisos de investidura con Compromís. Hay cuestiones en las que vamos a participar sí o sí, como subir el SMI y la reducción de la jornada laboral, pero en otras negociaremos.

¿Ha hablado con Yolanda Díaz?

Sí, he hablado con mucha gente. Les deseo lo mejor. 

Ha sido muy dura con el PSOE, pero la alternativa en la Comunidad Valenciana solo puede pasar por un pacto con los socialistas. No rompen esa idea, ¿no?

Lo que queremos es que el PSPV nos dé apoyo a Compromís cuando ganemos la Presidencia de la Generalitat. 

¿Será Àgueda Micó la ‘número uno’ en la papeleta de Compromís en las autonómicas?

El candidato es Joan Baldoví, es la persona que nos representa con dignidad y cercanía.

¿Cree que la legislatura aguantará hasta 2027?

Eso espero. Quiero que aguante hasta 2027, no me gusta la alternativa. 

La Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo ha confirmado este jueves que no aplicará la ley de amnistía a la presunta malversación del expresident catalán Carles Puigdemont y tres de sus exconsellers huidos de España. La decisión, que confirma la previa del instructor del caso del procés, Pablo Llarena, reconoce que la voluntad del Parlamento al aprobar la norma era perdonar las conductas de los cuatro procesados, incluida la que pudiera constituir malversación, pero los magistrados vuelven a retorcer su propia literalidad, la que le dio el propio legislador, para negarse a aplicarla. Para justificar que no se cumpla el único objetivo de una ley vigente y, hasta el momento, sin tachas de inconstitucionalidad, Vicente Magro, Susana Polo y Eduardo Porres emplean 42 páginas con múltiples argumentos. Algunos bastante exóticos, como un artículo de un catedrático de Derecho Mercantil que sugiere una supuesta treta del PSOE en sus negociaciones con Junts para que la ley de amnistía terminara exactamente donde el Supremo la ha querido dejar: en la nada.

La realidad es que, salvo algunas excepciones, un gran número de expertos penalistas, procesalistas y constitucionalistas de diferentes universidades –incluso algunos que confiesan que están políticamente en contra de la norma– consideran (como la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la magistrada de la propia Sala de lo Penal Ana Ferrer, que en julio firmó un voto particular discrepante) que la interpretación del Supremo y su decisión de inaplicar el perdón a la malversación es forzada, contraria a los criterios de interpretación del derecho español –la propia textualidad de la ley, pero también la intención de la norma y la del legislador– y que busca el efecto contrario al que persigue la norma jurídica: perjudicar a las personas a las que esta estaba destinada a beneficiar. Advierten también de que vulnera derechos fundamentales básicos como el principio de legalidad penal o la aplicación retroactiva de la ley más favorable, algo cuando menos sorprendente en la máxima instancia de la justicia penal en España.

"Antipatizo, y no poco, con esta ley de amnistía que tanto está forzando los goznes del Estado de derecho", afirmó en un artículo publicado el 27 de agosto el catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid Juan Antonio Lascuraín. "Pero es una ley del parlamento democrático que, o se impugna ante el Tribunal Constitucional [cosa que ya ha hecho el Supremo pero solo respecto del delito de desobediencia] o se aplica en sus propios términos", añade. Después, recogía algo tan básico como los criterios de interpretación del derecho español que se recogen en el artículo 3 del Código Civil. Es decir, que aplicarla "en sus propios términos", significa hacerlo "según el sentido de sus palabras", que si es dudoso, debe interpretarse conforme "al contexto, a los antecedentes históricos y legislativos, y a la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas".

Aun más contundente fue José Luis González Cussac, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de València. En un artículo del pasado año, recordaba la textualidad de la ley que su primer precepto incluye entre los delitos amnistiables "la malversación", "siempre que no haya existido propósito de enriquecimiento". También se refería al apartado cuatro de ese primer artículo, que subraya que "no se entenderá por enriquecimiento la aplicación de fondos públicos" a fines como la promoción de la independencia o la organización de las consultas soberanistas de 2014 y 2017. Y concluía que, en su primer pronunciamiento inaplicando la norma (del pasado 1 de julio), "entre todas las hipótesis interpretativas", los magistrados habían elegido "la menos favorable para los encausados" que calificaba de "sorpresiva".

"Es inevitable que [la interpretación del Supremo sobre la ley de amnistía] despierte serias dudas de constitucionalidad", destacaba González Cussac, que citaba, entre los derechos constitucionales afectados, el derecho a un proceso con todas las garantías, el de aplicación retroactiva de la ley más favorable, el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a la legalidad penal (que la conducta castigada esté prevista como tal en la ley y no perdonada como en este caso). El catedrático calificaba de "expansiva, sorpresiva e ilógica", la decisión de la Sala de lo Penal a la que acusaba de "romper el texto explícito de la ley" y "emplear criterios inventados". "Confiemos en que no mantenga esta doctrina para otros asuntos semejantes, regresando a la tesis mayoritaria y tradicional", concluía el texto del especialista.

Lo que el Supremo viene manteniendo desde entonces y ha repetido en la resolución de este jueves es que el delito de malversación, fundado en el uso de fondos públicos de la Generalitat para gastos del procés, provocó un "beneficio patrimonial" en los condenados y procesados que, según sus magistrados, se materializó en el hecho de no tener que afrontar esos gastos con su dinero. "Siendo consciente de que el legislador ha querido amnistiar aquella malversación", sostuvo el excatedrático de Derecho Administrativo, exministro y expresidente del Consejo de Estado Tomás de la Quadra-Salcedo, el Supremo "entiende que una cosa es lo que quiera el legislador y otra lo que la ley dice", recogió en un artículo en El País el pasado enero. "Parece evidente que no es solo el legislador quien lo quiere, sino la propia letra de la ley".

Lo que hizo el pasado julio y acaba de repetir el alto tribunal no aplicando la norma, según el catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona Jordi Nieva-Fenoll, es "negar (...) que el legislador quisiera amnistiar el delito de malversación", algo que supone "negar la evidencia por todos sobradamente conocida", afirmó en una tribuna el profesor catalán. El académico se refería, además, a la supuesta falta de "apariencia de imparcialidad" de los magistrados, "que es importante para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos". "Se trata de magistrados que condenaron a los reos y que, con destacable vehemencia, se resistieron por activa y por pasiva a la mejora de su régimen penitenciario, asimismo a sus indultos, y que ahora quieren eludir la aplicación de una ley, nada menos, que también favorece a los reos", sostuvo el procesalista.

"Puigdemont no puede venir a España porque el Tribunal Supremo entiende que la malversación que se le imputa no es amnistiable", sostenía Lascuraín, el catedrático madrileño. La interpretación, según el penalista, "resulta muy alambicada y por ello discutible". "Recuerden que el preámbulo de la ley afirma la voluntad de que no se castiguen las malversaciones 'en que los fondos públicos se destinaron a la preparación, realización y consecuencias de las consultas del 9 de noviembre de 2014 y el referéndum del 1 de octubre de 2017, así como los que se destinaron a reivindicar, promover o procurar la independencia de Cataluña". Ese deseo del Gobierno y el Parlamento, que representa la voluntad popular, es lo que la más alta instancia penal en España se ha negado a aplicar sin que gran parte de la doctrina académica entienda sus motivos.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Mallorca ha solicitado una condena de 20 meses de prisión para el presidente del Parlamento balear, Gabriel Le Senne (Vox), por un presunto delito de odio, por romper en un pleno fotos de las Roges del Molinar, asesinadas por el franquismo en 1937.

En el escrito de acusación que han presentado ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Palma, que es el que investiga a Le Senne, Memoria de Mallorca pide además una multa y que abone 15.000 euros a los familiares de Aurora Picornell y otros 15.000 a la familia de las hermanas Pascual por los daños ocasionados, han informado fuentes jurídicas a EFE.

La entidad es una de las acusaciones en la causa contra Le Senne. El pasado 27 de enero, el juez les trasladó el auto de continuación de las diligencias y les dio 10 días para que formularan acusación o pidieran el sobreseimiento. La Fiscalía solicitó el archivo de las actuaciones al no apreciar indicios de delito de odio.

En el auto de continuación del caso como fase intermedia del procedimiento abreviado, el juez consideró acreditado que, el 18 de junio de 2024, durante el pleno que debatía la derogación de la Ley de Memoria de Baleares, Le Senne interrumpió el debate y exigió a la vicepresidenta Mercedes Garrido y la vocal Pilar Costa que retirasen las fotos que tenían pegadas con celo en sus portátiles de Aurora Picornell y las hermanas Pascual, las conocidas como Roges del Molinar.

Cuando se negaron, Le Senne "mostrando rabia, ira y desprecio hacia lo que representan dichas imágenes" las rompió, hizo pedazos un trozo que le quedó en las manos y lo tiró al suelo, según el auto.

El juez apreció "un odio evidente hacia la ideología de las personas que estaban representadas en esas imágenes" en "el ataque" por parte de Le Senne e indicios suficientes de que quiso menospreciar los valores e ideales políticos que representan y lesionó su dignidad y la de sus familiares. El magistrado señaló que las Roges del Molinar son figuras "notoria y públicamente reconocidas" como "símbolo de la lucha contra las represiones del régimen dictatorial franquista".

Frente a lo expresado por la Fiscalía, el juez considera que "sí existen indicios suficientes para entender que el investigado sí tenía la intención de menospreciar, faltar al respeto y vejar las figuras de las Roges del Molinar". El magistrado añadió que Le Senne causó "un evidente daño moral" a su memoria, a los familiares de esas víctimas franquistas en particular, a los partidos políticos donde militaban y en general a la sociedad balear.

La Cámara Baja del Parlamento alemán rechazó este viernes por un estrecho margen un polémico proyecto de ley para restringir la migración impulsado por la oposición conservadora y que contaba con el apoyo por la ultraderecha. Un total de 693 diputados emitieron su voto, de los cuales 338 se pronunciaron a favor y 350 en contra, mientras cinco se abstuvieron, según informa EFE.

La posibilidad de que un proyecto de ley fuera aprobado en Alemania por primera vez con los votos de la ultraderecha, segunda en las encuestas de intención de voto de cara a las elecciones generales del próximo 23 de febrero por detrás de los conservadores, ha causado la movilización de buena parte de la población civil y protestas contra los democristianos de Friedrich Merz.

Solo con los apoyos de los liberales, de la izquierda populista de la Alianza Sahra Wagenknecht (BSW) y de la AfD, el bloque conservador podía haber logrado la aprobación de su proyecto de ley, contra el que se posicionaron socialdemócratas, verdes y La Izquierda.

Antes de iniciar la votación, la diputada ecologista Katharina Dröge hizo una "última oferta" a los conservadores en nombre de verdes y socialdemócratas para devolver el proyecto de ley a la Comisión de Asuntos Interiores. "Por favor, lleguemos a una solución conjunta en la comisión, deliberemos como demócratas", instó a la CDU en un último intento de que los conservadores den marcha atrás a la votación.

El diputado cristianodemócrata Thomas Frei acusó por su parte a socialdemócratas y verdes de no querer llegar a una solución y de buscar devolver el borrador a la comisión correspondiente "para dejarlo allí", por lo que los conservadores forzaron la votación.

"El proyecto de ley ha quedado rechazado. Con ello se cancela la correspondiente tramitación", dijo la vicepresidenta del Bundestag y diputada de la Izquierda Petra Pau.

La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la progresista pero propuesta por los conservadores Isabel Perelló, se ha vuelto a alinear con estos últimos. El motivo es la proposición de ley del PSOE para la limitar la acción popular y evitar los abusos de las asociaciones que la ejercen. Perelló, junto con los vocales a propuesta del PP, apuestan por una declaración institucional que exija a las Cortes que las propuestas de modificación legal sobre materias procesales se envíen al Consejo para que este emita su parecer sobre ellas, algo no previsto en la ley, que solo obliga a contar con el informe del órgano de gobierno de los jueces en los proyectos de ley, es decir, cuando es el Ejecutivo y no uno o varios grupos parlamentarios los autores de la iniciativa. Perelló ha planteado a los vocales que sopesen la redacción de un comunicado para el Pleno del próximo 29 de enero. El sector progresista se opone al considerar que los grupos parlamentarios tienen el derecho a presentar las proposiciones que estimen pertinentes de acuerdo a lo que establece la ley.

La tormenta saltó en la última reunión plenaria, celebrada el pasado 15 de enero. Al finalizar el orden del día, en el turno de ruegos y preguntas, el vocal conservador Alejandro Abascal planteó que el CGPJ, sin mandato legal y sin que se lo haya solicitado nadie, redactara un informe sobre la propuesta del PSOE de reformar la acción popular para impedir que la ejerzan determinados colectivos –como los partidos políticos–, limitarla a un catálogo cerrado de delitos –de corrupción, urbanísticos, medioambientales, de exaltación del terrorismo y de odio– e impedir que las asociaciones que recurren a la figura puedan pedir diligencias al instructor en los casos en los que estén personadas. La proposición de ley incluye una disposición transitoria que establece que la nueva ley se aplicará a todos los procesos en curso desde el momento en que entre en vigor. Los vocales a propuesta del PP consideran que esta última disposición sería inconstitucional, según fuentes del Consejo.

La propuesta de los vocales propuestos por el PP encontró acogida en la presidenta, Isabel Perelló, que, si bien se manifestó en contra de que el Consejo redactara unilateralmente un informe sobre la proposición del PSOE, sí se mostró a favor de que elabore y apruebe en su caso una declaración institucional que exija al Parlamento que recabe la opinión del órgano de gobierno de los jueces sobre esta y cualquier otra proposición de ley que tenga que ver con materia judicial o procesal. Perelló ha planteado a los vocales que debatan el asunto para sacarla adelante en el próximo Pleno.

La propuesta de los vocales conservadores y el apoyo parcial de la presidenta causó un importante revuelo entre sus compañeros progresistas en el pleno del pasado miércoles. Los consejeros a propuesta del PSOE y Sumar consideraron que, a través de su iniciativa, Abascal estaba intentando por la vía de los hechos alterar el orden del día previsto para la reunión. Los progresistas consideran que sacar adelante una declaración de ese tipo supondría entrar de nuevo en la dinámica del anterior Consejo, que recurrió a este tipo de comunicados para erigirse en plataforma contra el Ejecutivo en materias como la ley de amnistía. El sentimiento mayoritario entre los vocales de la izquierda judicial es que la institución debe respetar el derecho a la iniciativa de los diferentes grupos parlamentarios. "Si la ley establece que solo los proyectos de ley del Gobierno y no las proposiciones de ley de los grupos deben contar con el informe preceptivo del Consejo es por algo", sostienen fuentes de ese sector.

El PP ha sido especialmente combativo estos días con esta reforma planteada por el PSOE. Su secretaria general, Cuca Gamarra, ha avanzado que su formación luchará con todos los instrumentos a su alcance la propuesta de ley de los socialistas porque "solo busca impunidad para que no se investiguen delitos que afectan al Gobierno, al presidente Pedro Sánchez y a su entorno". "No quieren combatir la corrupción, lo que quieren lograr es la impunidad ante la corrupción que les acorrala", dijo la secretaria general de los populares en una rueda de prensa, en referencia a casos como el de Begoña Gómez o el del fiscal general del Estado, en los que la acciones populares como el pseudosindicato ultra Manos Limpias, Vox, los ultracatólicos de Hazte Oír o los conspiranóicos del partido político Iustitia Europa están personados. Pese a que no cuentan con el apoyo de Fiscalía, ninguno de los dos casos se cerrarían en caso de que la reforma del PSOE fuera finalmente aprobada.

Algunas voces entre los progresistas creen que sí se podría debatir en el futuro una iniciativa para reclamar al Parlamento que recabe la opinión del CGPJ sobre las iniciativas legislativas en materia judicial o procesal de los grupos políticos, pero, en su opinión, debería hacerse más adelante y de manera absolutamente desligada de la proposición de ley actual sobre la acción popular para evitar que el órgano de gobierno de los jueces vuelva a ser percibido como un organismo de oposición al Ejecutivo o a los partidos.

Con su apoyo a una declaración institucional sobre la reforma de la acción popular, la presidenta, de la progresista Juezas y Jueces para la Democracia pero que accedió al cargo a propuesta de los vocales conservadores, vuelve a aliarse con este sector. También lo ha hecho respecto a la propuesta de renovación del Consejo que este tiene que enviar al Gobierno y a las Cortes el 6 de febrero, al apoyar en la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo que al menos ocho de los 12 vocales de procedencia judicial fueran elegidos directamente por jueces y magistrados.

Además, Perelló se ha opuesto a que la ley de paridad, que exige un mínimo de presencia del 40% para cada sexo en los nombramientos, se aplique al conjunto de presidencias de cada tribunal y a la composición interna de cada una de sus salas. Pese a que ese es el criterio de la comisión de igualdad (en la que los progresistas son mayorías), la presidenta recabó un informe al gabinete técnico del CGPJ que estableció que la paridad debe aplicarse al total de nombramientos del Consejo a lo largo de los cinco años de su mandato.

La abstención del PP ha permitido este martes salvar in extremis la Ley de Memoria Democrática de Baleares de 2018, contra la que Vox había planteado una propuesta de derogación que ha sido derrotada con los votos de la izquierda en el Parlament.

La ruptura con Vox, que le ha obligado a prorrogar los presupuestos de este año, ha conducido al ejecutivo de Marga Prohens (PP) de apoyar inicialmente la derogación a aliarse en la última votación con la izquierda.

El distanciamiento entre los dos partidos de derechas, centrado en sus diferencias en el uso del catalán como lengua vehicular en la educación y como requisito para el acceso a la administración, ha evitado en último momento la derogación de la ley de reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo. A cambio, los partidos de izquierda han aprobado dos decretos ley del ejecutivo de Prohens.

Con ocasión del debate parlamentario, el portavoz socialista, Iago Negueruela, ha sostenido que "la memoria es un tema de Estado" y le ha reprochado al PP que haya negociado y mercadeado con la ley. Negueruela ha rechazado la postura de los "negacionistas" de la represión y la "barbarie franquista".

La diputada de Més per Mallorca Maria Ramon ha asegurado que Baleares es "hoy un país más justo y mejor" y ha sostenido que Gabriel Le Senne es "un presidente del Parlament indigno de su cargo", después de que hace unos meses rasgara una foto de tres jóvenes republicanas mallorquinas fusiladas en la Guerra Civil, un acto por el que está imputado por un juzgado de Palma.

La diputada de Podemos, Cristina Gómez, ha pedido a Prohens y al PP que "blinden" esta ley, que no puede ser nunca "moneda de cambio" político.

Por su parte, el diputado de Vox, Sergio Rodríguez, ha lamentado la "profunda equivocación" del PP al conceder a la izquierda un "triunfo en el mundo de las ideas", que permanecen más allá de los gobiernos. Rodríguez ha contestado al PSIB que esta ley protege a "unas víctimas, no a todas", como por ejemplo a su tío que fue asesinado con 19 años por militantes republicanos y que estará "en alguna cuneta de Cataluña", ha apostillado.

Por parte del PP, la diputada Cristina Gil ha recordado que su partido y Vox tenían un pacto de gobierno al inicio de legislatura que contemplaba la eliminación de esta ley, acuerdo frustrado por la falta de lealtad del partido de Santiago Abascal.

Gil ha argumentado que, en caso de haberse derogado esta ley, se aplicaría la estatal, que "más actual y moderna" que la balear. Además, ha recordado que la Ley de Fosas continúa vigente para buscar a todas las personas asesinadas durante la Guerra Civil. La continuidad de esta ley ha sido efusivamente aplaudida por los miembros de entidades memorialistas que han asistido al pleno del Parlament de este martes. 

Cualquiera que se dedique a la política puede decir la mayor mentira y seguir cobrando del erario mientras no les implanten detectores que dejen tartamudos para siempre a los embusteros, pero si en el Reglamento no hay ningún artículo que diga que un miembro de la Mesa puede ser expulsado por llevar puesta una camiseta con víctimas de los franquistas, es que no lo hay y por ese motivo no se puede expulsar a nadie. Por tanto, Le Senne no había leído las normas antes de abusar otra vez de su cargo. Su desprecio por la lectura para aprender a hacer bien las cosas me trae a la cabeza el peor pasado de España, pero también a los actuales PP y Vox, rabiosos en el Congreso contra Sánchez porque ha enviado a publicar en el BOE la misma norma que ellos habían votado a favor, demostrando que, o no la habían leído o les daba lo mismo lo que pusiera.

Aunque el autoritarismo de Le Senne haya quedado patente durante los debates para derogar una ley de Memoria que el PP también votó a favor en 2018, el hecho de que las diputadas Garrido y Costa decidieran manifestar de nuevo su solidaridad en memoria de las víctimas significa que algo está cambiando, pues ambas pertenecen al mismo PSOE que tanto hizo durante tantos años para proteger la impunidad de los franquistas, para ocultar a la sociedad la crueldad de sus crímenes, para negar el derecho a recuperar los cuerpos de sus víctimas y para que se aceptara la monarquía restaurada por esos mismos franquistas.

La monarquía española, traída hoy a colación por el franquista Le Senne como veremos más adelante, está encabezada por un rey que, no podemos olvidarlo, también es el siempre peligroso, y más en España, MASUFA, siglas de la octava función de las diez que le asigna el artículo 62 de la Constitución.

Quizás sean esa función del 62 y el privilegio aberrante del 56 los factores que han contribuido a que ningún presidente del Gobierno haya sido tan valiente como para obligar a Felipe VI a condenar el golpe de Estado del 18 de julio de 1936. Como tampoco ninguno obligó a su padre. En mi opinión, para todo esto ya es tarde.

En cambio, Gabriel Le Senne, tan defensor del respeto por lo institucional, no dudó en usar a Felipe VI de escudo protector al convertirlo públicamente en compinche de sus odios cuando, tras reunirse con él en Mallorca el 24 de julio, declaró que “el rey había entendido perfectamente lo que ocurrió”, con lo que, además, cometió una de las peores vilezas que es posible imaginar al delatar a la misma persona en la que buscaba la protección de haber “entendido perfectamente” un comportamiento que incluso puede ser declarado delito cuando finalice el proceso judicial en curso.

¿O quizás lo que pretendía Le Senne era proyectar la sombra del rey y también MASUFA sobre los jueces por los que tengan que pasar las querellas que siguen su curso, por si alguno lo tiene en cuenta y decide archivar el expediente?

Al cierre, otra persona más.

Preguntada la presidenta del Govern Balear, M. Prohens, por este escándalo, ha respondido que a ella “le corresponde atender las necesidades reales de los ciudadanos”.

Sin duda, una respuesta escapista pero que retrata a Prohens, dado que nace de una situación que la deja otra vez con las vergüenzas al aire, pues si Le Senne sigue presidiendo el Parlament es porque ella sigue queriendo que lo presida.

¿Debemos deducir de sus palabras que el parlamentarismo no es una “necesidad real”?

¿O está diciendo que da lo mismo que las “necesidades reales” se puedan debatir y resolver en libertad o en unas Cortes como las franquistas, ya que estamos?

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Domingo Sanz es socio de infoLibre

El presidente del Parlament balear, Gabriel Le Senne (Vox), ha expulsado del pleno de este martes a las diputadas socialistas Mercedes Garrido y Pilar Costa por vestir en la mesa de la cámara camisetas con retratos de tres republicanas asesinadas en 1937.

Al inicio del debate de una enmienda a la totalidad de la derogación de la Ley de Memoria Democrática se ha repetido el enfrentamiento que por la misma causa se produjo el 18 de junio, cuando Le Senne rompió la imagen de Aurora Picornell y las hermanas Antonia y María Pascual que Garrido lucía en la solapa de su ordenador portátil.

Le Senne, imputado por este hecho por delito de odio, ha argumentado que la exhibición de imágenes de las tres mujeres asesinadas por falangistas vulneraba la obligación de neutralidad de la mesa del Parlament, mientras que la izquierda ha replicado que ningún artículo del reglamento ampara su decisión y que la imagen de víctimas de la represión no pueden ser considerada tendenciosa ni indecorosa. "Si cometo un delito, aceptaré encantado la condena", ha replicado el presidente del Parlament cuando se le ha advertido de las posibles consecuencias judiciales de su decisión.

Todos los diputados de la izquierda han abandonado el pleno en protesta por la expulsión, que ha sido instada por la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, y ha motivado una suspensión temporal de la sesión para que Le Senne escuchase los puntos de vista de los representantes de los grupos. Tras este parón, ha comunicado su decisión: instar a las diputadas a abandonar sus puestos de vicepresidenta y secretaria segundas y seguir el pleno desde sus escaños, donde a su juicio no vulneran la neutralidad con las camisetas, o quitarse esas prendas y seguir en la mesa.

Le Senne ha indicado que, aunque ningún artículo alude expresamente a una situación como esta, su postura "se deduce de la interpretación del reglamento", una interpretación que es su potestad. "Es un criterio que pueden compartir o no, pero les pido que lo respeten", ha subrayado antes de realizar las tres llamadas al orden que, en caso de desobediencia, son preceptivamente causa de expulsión.

Ante la advertencia del portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, de que debía actuar con prudencia para no violar los derechos de las diputadas respecto a un tema que está pendiente de pronunciamiento del Tribunal Constitucional, Le Senne se ha reafirmado en su decisión y ha señalado que si el alto tribunal le contradice ya actuará en consecuencia.

El portavoz del PSOE, Iago Negueruela, ha acusado al presidente de hacer una interpretación arbitraria del reglamento de acuerdo al punto de vista parcial de Vox, y la diputada de Podemos Cristina Gómez ha señalado que la misma presencia de Le Senne en la mesa podría considerarse contraria a la neutralidad porque está imputado por delito de odio. Dado que ningún diputado de la izquierda ha defendido la enmienda a la totalidad a la proposición de ley de derogar la Ley de Memoria Democrática, la iniciativa ha decaído y la anulación de esa norma sigue su tramitación.

Es lo habitual, sí, pero no por eso deja de sorprender...y de escandalizar. Que las preguntas de la sesión de control del Congreso se lleven escritas entra dentro de lo normal. Es una pregunta que los grupos registran un día antes para que el Gobierno, el interpelado en esa pregunta, pueda preparar la respuesta, buscar los datos...Generar un diálogo con quien le pide más información o explicaciones sobre ese asunto. Controlar al gobierno en sus acciones, en su toma de decisiones. Ése es el objetivo. Hasta ahí todo entra dentro de la lógica parlamentaria. Incluso, que, en esos papeles, lleven escritas unas notas con el tono con el que tienen que plantear esa pregunta.

Lo que no es lógico, aunque ocurre siempre, es que también lleven escrita la réplica a esa pregunta. Llevar preparado, 24 horas antes, sin haber escuchado nada de lo que vayan a decir, la respuesta no es de recibo, por mucho que sea habitual. Incluso con la ironía preparada, con el zasca también y con la afirmación de que todo está mal, da igual lo que vaya a decir el de en frente.

Los papeles de Feijóo nos enseñaron el trampantojo que, tantas veces, más de las que quisiéramos, es el Congreso. Lo que dicen sus señorías, cómo lo dicen, su tono, está prefabricado de antemano. Es así. No van al Congreso a escucharse, a encontrar respuestas o a lograr puntos de acuerdo, van al Congreso a dejar dicho lo que quieren decir, a colocar su titular para los medios, a lograr la portada del periódico o la apertura del Telediario.

Hace ya muchos años, una vicepresidenta del Gobierno confesaba en una tertulia en la que estuve que “cuando ya no tenía nada ingenioso que decir, prefería tomarse unos días”. Su retórica parlamentaria era aplaudida por todos, por los suyos y por los de enfrente. Su tono mordaz, su ironía fina, su forma de hilar “frases ingeniosas” se habían convertido en una especie de estilo político. Y quizás es ahí donde la política empezó a perder todo su sentido. Cuando dejó de ser algo dedicado a mejorar la vida de los ciudadanos y se convirtió en una forma de lucirse desde el escaño, de demostrar la valía de sus señorías a través de las palabras y no de los gestos.

Porque lo que vimos el miércoles fue mucho de esto. Nos quedamos con las ganas de saber las medidas concretas del gobierno para esa regeneración democrática, las medidas con las que sí estaban de acuerdo sus socios, con cuáles no, qué proponían a cambio, en qué discrepaba la oposición, cómo apostaban ellos tener una prensa seria…De nada de todo esto se habló en el Congreso porque de nada de todo esto querían hablar sus señorías. Lo llevaban escrito, de antemano.

Dos síntomas más del trampantojo que supone el Congreso. En una de sus intervenciones el propio Pedro Sánchez destacaba algo que ocurre también muy a menudo: el murmullo, el runrún constante de los diputados hablando mientras hay alguien en la tribuna. No escuchan a quien está en el uso de la palabra. No. Y eso, muchas veces, es imperceptible en las imágenes que vemos en televisión. Pero ocurre.

Y otro síntoma más, éste mucho más evidente y en el que, quizás, usted ya había reparado. Sus señorías están en su escaño el tiempo exacto que dura su intervención. Muchos hablan, escuchan la respuesta, hacen su réplica y cuando han terminado, se van. Y hay sesiones en las que, literal, hay cuatro gatos en el hemiciclo. Lo decía, con mucha retranca, Gabriel Rufián el miércoles pasado: “aquí hay menos gente que en un concierto de Bertín Osborne”.

Podemos reírnos de esto también, sí. Pero recordemos que sus señorías, los diputados, elegidos por todos, cobran por ese trabajo. Así que podríamos exigirles bastante más, como escuchar, atender y responder, improvisando, sin llevarlo escrito de antemano. Sería todo un detalle. Pero, quizás, esto es mucho pedir. 

Todos hemos recibido la noticia de que el día 17 de julio el presidente informará sobre las medidas que su Gobierno adoptará al objeto de conseguir la regeneración democrática, anunciada en su carta del 24 de abril.

En el Colectivo, sabemos de la gran cantidad de acciones que un Gobierno de progreso debería adoptar, al objeto de elevar el nivel de democratización que este país necesita. Compartimos la necesidad de abordar reformas políticas de calado, referentes a la mejora del funcionamiento democrático de la judicatura, la elección de sus puestos de gobierno y comenzando con la manera en que se accede a la carrera judicial, la ley de vivienda, la ley mordaza, la ley de secretos oficiales, la actividad y subvenciones a los medios... y todo ello por poner unos ejemplos de las muchas acciones que podrían tomarse.

Una de estas medidas tendría que referirse a la revisión de nuestro sistema electoral, columna vertebral de toda democracia. Al igual que la Constitución, la LOREG, vigente desde 1985 aunque continuista del preconstitucional RDL 20/1977, no ha sido reformada para corregir la desigualdad que altera el valor de los votos durante los recuentos que adjudican escaños a las candidaturas. Un mecanismo que, aunque cumpla con una ley vigente desde hace cuatro décadas, pensamos que tergiversa la voluntad popular en mayor o menor medida cada vez que se convocan elecciones.

Promovemos el debate sobre la LOREG para conseguir reformas que, sin requerir de la mayoría necesaria para reformar el artículo 68.2 de la Constitución (la provincia como circunscripción electoral), sí respeten el artículo 68.1, donde se establece que los diputados serán “elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto”.

¿Se imagina alguien que en unas provincias los “sufragios” no fueran igual de “universales”, o de “libres”, o de “directos”, o de “secretos” que en otras, como indica la Constitución? No sería aceptable. Entonces, ¿por qué no tienen “igual” valor al convertirse en escaños, teniendo en cuenta que para eso es para lo único que se vota?

Creemos que, sin incumplir lo establecido en el artículo 68 de la Constitución, pero reformando algunos artículos de la LOREG, es posible reducir las grandes diferencias en el valor de los votos depositados en las urnas que se han repetido en todas y cada una de las elecciones celebradas desde las del 15 de junio de 1977.

Hay diversos aspectos en esta Ley que deben ser debatidos y modificados como son el valor diferente de los votos entre circunscripciones, que puede ser modificado con una posible reducción de los escaños mínimos (ahora 2), cuando la LOREG tan solo habla de una cantidad mínima (¿por qué no 1?). También habría que debatir la llamada ley D´Hont de asignación de escaños, viendo si el efecto que esto produce de alguna manera reduce las posibilidades de partidos minoritarios que con los mismos, o más, votos que otros, se quedan sin la posibilidad de obtener escaño. Otro tema a debatir sería el del porcentaje mínimo de votos necesario para obtener un escaño.

En definitiva, hay aspectos que, sin modificar la Constitución, pueden adoptarse por la simple modificación de una Ley Electoral que no se ha modificado desde hace casi 40 años.

En este Colectivo no ignoramos que el mayor respeto por la igualdad de todos los votos depositados en las urnas puede implicar un mayor esfuerzo para conseguir acuerdos parlamentarios, al incremetarse la participación de diferentes partidos en el hemiciclo, pero creemos que este posible problema sería compensado por la existencia de un Parlamento con una mayor representatividad de todos los españoles.

Frente a una crispación que todo lo contamina, estamos seguros de que será muy importante el valor que se obtuviera en la consolidación de la democracia que resultará de una práctica continuada de la negociación, por parte de los políticos que consigan la confianza del electorado, tanto por los que gobiernen como por los llamados a hacer oposición.

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Angel Viviente Core es miembro del Colectivo de Pensamiento y Debate Crítico (Ateneo Republicano) y de la Sociedad de Amigos de infoLibre.

Ya sé que la del título es una duda retórica. La respuesta aclaratoria es bien conocida: no pasa nada. Estamos acostumbrados a que el fascismo en este país sea algo normal y lo que resulta cada día más raro es la democracia. Ya no se estila, como cantaba para otra cosa María Dolores Pradera en Amarraditos, ser demócrata. Ahora se lleva ponerte la chapa de fascista o nazi en la solapa y pasear tranquilamente por las calles de la democracia. Y arreando, que es gerundio y por lo tanto de uso poco aconsejable en la jerga literaria.

Desde hace años, muchos años, venimos normalizando a la extrema derecha. Es más: desde hace años, muchos años, venimos normalizando al PP. Normalizar, en mi lenguaje particular, es blanquear. Cuando decíamos no mucha gente que el PP era un partido franquista, incluso los nuestros nos saltaban al degüello. Decían que en el PP había demócratas. Pues claro que los había, faltaría más. Pero sus raíces, los cimientos sobre los que se levantaba el armazón político, cultural e ideológico del partido de Fraga y Aznar eran los del franquismo. Cuando Vox decide ir por libre y abandonar el barco, alguien pensaba que el PP se quedaba ya libre de la carga pesada del franquismo. Ya volverían al redil, pensaban, como habían vuelto cada cual a su tiempo y circunstancia UPyD y Ciudadanos. Pero va y sale que no en el Tarot y al PP no le queda otra que ser cada día más de extrema derecha que Vox. Casi como lo que hizo Macron en Francia con Marine Le Pen y así le ha salido la jugada. Y para cuadrar el círculo imposible de la extrema derecha faltaba Alvise, ese chalado que deja al PP y Vox como la rama juvenil de la Liga Comunista Revolucionaria. Menudo trío.

Buena muestra de ese blanqueo de la extrema derecha son los gobiernos de coalición de PP y Vox en algunas comunidades autónomas. Todo normal. Ninguna necesidad por parte del PP de justificar esos gobiernos. Son lo mismo ambos partidos y por lo tanto nada que objetar a esas relaciones. A ver si de una vez dejamos de blanquear al PP hablando de la derecha y la extrema derecha. ¿Es más gordo lo que dice Abascal que lo que dice Núñez Feijóo? Pues no. Y dejo fuera a Díaz Ayuso porque la presidenta madrileña pronto —si no lo ha hecho ya— se irá de cañas con Alvise por las tascas de Estrasburgo. De momento las curdas con Milei serán más sonadas que las que se agarraba por su cuenta el fantástico, inolvidable maestro del tango Polaco Goyeneche. La última prueba hasta ahora de esa excelente relación entre PP y Vox la hemos visto en el Parlament balear. Un retrato hecho pedazos es la muestra de esa hermandad de extrema derecha que gobierna en les Illes.

Se iba a debatir la derogación de la Ley de Memoria Democrática por parte de Vox, apoyado por el PP. Dos diputadas socialistas muestran una fotografía de la militante comunista Aurora Picornell y cuatro compañeras igualmente comunistas conocidas como Las Rojas del Molinar. Las cinco fueron asesinadas (“fusiladas”, en el lenguaje que seguimos usando no sé por qué) por los franquistas en 1937 y enterradas en una fosa común. El presidente del Parlament, que es de Vox y se llama Gabriel Le Senne, les dice que retiren las imágenes. Como no lo hacen, monta en cólera y rompe la fotografía. Es el que manda, lo puede hacer y lo hace. ¿Les suena eso? Seguro que sí: no es una orden de Abascal, sino de Aznar. Como lo hacen, porque pueden hacerlo, los jueces García Castellón, Peinado y tantos otros a la hora de impartir justicia a su manera. O sea: quien pueda hacer, que haga. Y lo hacen.

Las protestas demócratas no se hicieron esperar. ¿Pero qué hizo el PP ante semejante ultraje a la historia y la memoria de una dignidad que sigue siendo machacada incluso desde las instituciones? Pues reírse del “espectáculo”, como si la barbarie fascista no fuera con ellos, como si fuera para echarse unas risas el resurgimiento del rencor y el odio en los tiempos democráticos. Unas risas porque la memoria del horror no es la suya. La suya, su memoria, es la de quienes en 1936 provocaron con su golpe de Estado ese horror y así continuaron después de su victoria en 1939. Por eso los del PP le rieron la “gracia” al presidente del Parlament balear. Son colegas el PP y Vox, les rechina la democracia, se lo pasan bien derogando Leyes de Memoria Democrática y sustituyéndolas por otras que hablan de una Concordia que avergüenza, que es el retrato vivo del cinismo, que nos regresa a lo peor de los tiempos oscuros, cuando la dictadura de sus padres y abuelos hacía estragos en la esperanza que había despertado la República unos años antes. El retrato de Aurora Picornell y sus cinco compañeras comunistas les escocía porque en ese retrato veían el rostro no de las mujeres asesinadas sino el de sus asesinos. 

Un nazi preside el Parlament balear. Una nazi preside las Corts Valencianes. No sé cuántos y cuántas nazis más ocupan cargos de responsabilidad en esta pobre democracia. ¿Y qué pasa, eh, qué pasa? Pues nada. No pasa nada. Al fin y al cabo, se trata de cumplir a rajatabla las órdenes del jefe. El PP y Vox pueden hacerlo y lo hacen. Dejar la democracia hecha una mierda, ¿vale? Pues eso. Y disculpen ustedes que haya escrito “mierda” para acabar este artículo. En estos tiempos tan influidos por la pulcritud de lo “líquido” ya no sabemos cómo usar las palabras correctas para decir lo que pensamos. Qué cosas, ¿no?, qué cosas.

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Alfons Cervera es escritor. Su último libro es 'El boxeador', editado por Piel de Zapa.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha criticado al presidente del Parlamento balear, Gabriel Le Senne (Vox), por arrancar una foto de Aurora Picornell, mejor conocida como 'La Pasionaria de Mallorca' , en el debate de la toma en consideración de la derogación de la ley de memoria democrática, calificando este hecho de "lamentable" y pidiendo la "total condena de cualquier demócrata", según ha informado Europa Press.

"El presidente de un parlamento es un cargo institucional que está para moderar el debate. Lo que hemos visto es un acto violento rompiendo una foto de personas que han sido fusiladas por defender la libertad y la democracia. Un acto absolutamente aborrecible lo que acaba de ocurrir en el Parlamento Balear, que merece total condena de cualquier demócrata", ha reaccionado Torres en declaraciones a los periodistas desde el Senado.

En este contexto, ha calificado de "penoso" que Le Senne haya arrancado esta foto de 'La Pasionaria de Mallorca' en una "actitud contraria a lo que ha sido la recuperación de la democracia, la defensa de la justicia, la reparación de las víctimas".

"Estoy absolutamente impactado, porque jamás pensé que iba a haber en una institución democrática una cosa semejante. Ha roto la foto de una víctima de la dictadura franquista, de la guerra de España y del golpe ílegítimo e ilegal que nos sumió en la oscuridad de la dictadura durante cuatro décadas. Lamentable", ha sentenciado.

Picornell (1912-1937), modista de profesión, destacó por formar parte de la directiva de la Liga Laica de Mallorca, ser sindicalista y femenista. Además, fue impulsora del Día de la Mujer Trabajadora en la provincial balear.