Un comunicado de una docena de comunidades autónomas ha sorprendido esta semana a las organizaciones de bomberos forestales, que llevan años reclamando precisamente a estas Administraciones salir del agujero de precariedad en el que están sumidos. Regiones como Castilla y León, Murcia, Aragón, Andalucía o Madrid, gobernadas por el Partido Popular, dicen estar "preocupadas ante el incumplimiento de la ley básica de bomberos forestales", y culpan al Ministerio de Trabajo de que se haya retrasado siete meses en su implantación, cuando son precisamente estas regiones las más señaladas por maltratar laboralmente a sus bomberos. Los sindicatos creen que es una maniobra de las consejerías para dilatar las negociaciones y evitar la implementación de las mejoras, que encarecerían los dispositivos.

Esta misma semana, Comisiones Obreras (CCOO) organizó una rueda de prensa para denunciar la precariedad en varias de estas comunidades. Para empezar, Castilla y León ha sido históricamente señalada por tener el cuerpo peor organizado del país, con alrededor del 70% de los efectivos subcontratados a empresas privadas, bases sin agua ni luz o falta de vehículos de extinción. Andalucía tiene retenes con el 50% de ocupación, en Murcia denuncian 12 años sin mejoras salariales, en Comunidad Valenciana hay un déficit de 250 bomberos y en Madrid, una parte del cuerpo lleva más de 1.000 días en huelga.

Sin embargo, estas doce comunidades (Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla y León, Cantabria, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, La Rioja, Madrid, Murcia, Valencia, y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla) afean al Gobierno central que no haya cumplido hasta ahora su parte de la ley 5/2024. En ella, se daba un año al Ministerio de Trabajo para elaborar un reglamento de prevención de riesgos laborales para este colectivo, así como para establecer unas jornadas máximas diarias de trabajo y para actualizar el cuadro de enfermedades profesionales de los bomberos. Esos doce meses de margen terminó en noviembre de 2025 y las tres medidas siguen sin implementarse, de manera que esta temporada los bomberos seguirán trabajando con escasos avances frente al verano pasado.

La ley establece también que estas regulaciones se tienen que elaborar en coordinación con las comunidades autónomas porque comparten competencias, y es ahí donde empieza el lío en el que están sumidas las negociaciones. Las autonomías critican que el Gobierno no ha respetado el plazo legal de un año que se dio para poner en marcha los cambios y que no han sido consultadas durante el proceso.

Desde el Ministerio de Trabajo no dan crédito al comunicado donde las comunidades denuncian todo esto, difundido el pasado viernes al término de la última de las cuatro reuniones que han tenido lugar entre el Gobierno central y las consejerías sobre este asunto. "No entendemos esta reacción cuando las reuniones han sido en tono cordial y por ahora avanzan bien. Siempre hay puntos de fricción, pero para nada las negociaciones están paralizadas", afirman desde el gabinete de Yolanda Díaz. 

Las comunidades del PP que se han levantado contra el ministerio piden "reiniciar el proceso normativo" para garantizar que todas las autonomías puedan participar en él, una maniobra que alargaría indefinidamente las negociaciones y haría todavía más difícil implementar esas mejoras.

Afirman también que la versión actual del real decreto que maneja Trabajo "no incorpora suficientemente el conocimiento operativo de la extinción de incendios forestales, lo que podría provocar disfunciones relevantes en la gestión de emergencias (...), generando además inseguridad jurídica para los responsables operativos y de seguridad y salud laboral", aunque en la nota no explican qué puntos son los que preocupan del borrador.

CCOO, en la rueda de prensa de este martes, dijo que, de hecho, son las comunidades autónomas las que están torpedeando el proceso porque proteger a los bomberos significa más costes para las consejerías de Medioambiente debido a que habría que completar más turnos de trabajo, dar cursos de formación en riesgos laborales y costear más bajas por enfermedad. "Lo que se encuentra el Ministerio de Trabajo son trabas constantes. Hay un lobby de comunidades detrás que aspira a bloquearlo todo porque esto va de dinero. Cuantos más avances, más les van a costar los dispositivos".

José Manuel Alonso, portavoz de la Plataforma de Asociaciones y Sindicatos de Bomberos Forestales (PASBF), también critica este intento de devolver la negociación a la casilla de salida por parte de las comunidades autónomas. "Es un bloqueo de un real decreto que vela por nuestra seguridad y nuestra salud. Y sabemos de sobra que las comunidades nunca quisieron que saliese adelante esta ley", opina.

Castilla y León ya era considerada hasta este miércoles la comunidad con el dispositivo antiincendios más caótico y precario del país, con bomberos trabajando para docenas de empresas diferentes y una Junta incapaz de coordinar los medios de extinción en verano y de prevención en invierno. A esto se suma ahora la decisión de PP y Vox de repartirse las competencias de la Consejería de Medio Ambiente, una decisión que podría dejar a los bomberos forestales entre dos aguas.

El PP ya ha dicho que ellos se quedarán con la gestión del dispositivo de incendios, pero Vox tendrá a su cargo una serie de competencias de esa rama en un área llamada "Política Ambiental", que todavía no se han concretado, y que se integraría en la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Rural. Según explican fuentes del PP a infoLibre, Vox tendrá un espacio estratégico para condicionar la política rural, la caza, la pesca, el lobo y la relación entre protección ambiental y actividad agraria.

Los bomberos forestales, con la temporada de incendios ya comenzada, explican que por ahora no saben qué significará para ellos esta ruptura de la consejería, y esa incertidumbre nunca es bienvenida en una profesión que ya de por sí arrastra problemas de coordinación bajo el mando del consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones, que aspira a ponerse de nuevo al mando de la parte que corresponda a los populares.

"El cambio nos afecta, porque en un dispositivo antiincendios las decisiones son siempre políticas y ahora no sabemos con quién tenemos que hablar, con PP o con Vox", afirma un profesional, que prefiere no dar su nombre porque trabaja para el cuerpo público de la Junta. 

La lista de tareas de los bomberos forestales, más allá de apagar fuegos, están íntimamente relacionadas con la política ambiental de la comunidad, y es ahí donde podrían chocar las órdenes de las consejerías. Fuera de la época de riesgo elevado, su día a día consiste en  la prevención activa –con tareas de desbroce y tala–, en el mantenimiento de infraestructuras contra incendios, en la vigilancia de los bosques y en la restauración del entorno tras los fuegos para acelerar su recuperación. Algunos profesionales afirman que este año han tenido incluso que ayudar en un proyecto para recuperar el lince. 

Lo que sí se saca en claro del pacto de los populares con la extrema derecha es que el dispositivo continuará ampliamente externalizado. "Se incrementará de forma efectiva la colaboración público-privada para asegurar la limpieza, la repoblación, la prevención y la extinción de incendios", se lee en el acuerdo de Gobierno, firmado este miércoles entre PP y Vox. Para un portavoz de la Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales de Castilla y León (ATIFCYL), esa frase es una declaración de intenciones: supone continuar con el operativo precario actual. "Tememos que ese punto del acuerdo sea un guiño a que la relación de la Junta con las empresas va a seguir durante mucho más", afirman desde la organización, cuyo objetivo número uno es convertir todo el dispositivo en un cuerpo público.

Esta batalla es especialmente intensa en esta comunidad porque otras autonomías tienen una parte de los bomberos subcontratada a empresas privadas, pero en Castilla y León esa proporción llega al 70% del cuerpo. Esa es, según los trabajadores, la principal causa de que los forestales estén extremadamente precarizados. Ninguno de los bomberos de empresa trabaja los 12 meses del año, condición imprescindible para poder realizar tareas de prevención efectivas durante el invierno. Tampoco tienen reconocida su categoría profesional como bomberos forestales ni cobran pluses por peligrosidad.

Los cambios en la consejería llegan, de hecho, en un momento de presión máxima en el operativo antiincendios de esta región. La Junta tiene un acuerdo no oficial con el sector para reorganizar el operativo y concentrar a los bomberos externalizados, que ahora trabajan para más de 30 empresas, en la empresa pública Tragsa. Para ello, en teoría, todos los contratos que caduquen a partir de ahora se firmarán con esta compañía, y el traslado completo culminaría en un plazo de tres años.

Sin embargo, las empresas que históricamente han asumido estos contratos no están dispuestas a quedarse sin negocio. La Asociación Nacional de Empresas Forestales (Asemfo), que representa a algunas de las concesionarias, anunció la semana pasada una supuesta huelga de 950 bomberos en protesta por este cambio, denunciando "la absoluta falta de seguridad jurídica, laboral y operativa” que tienen los bomberos. 

Desde ATIFCYL insisten en que los trabajadores no secundan este parón, sino que sería más bien un cierre patronal. "La orden es efectiva y tenemos varios testimonios de compañeros que han recibido la orden de no salir si la Junta necesita efectivos para apagar un incendio. El problema es que la Junta ha dado tanto poder a las empresas que, si deciden no ir a apagar el fuego, se te cae la mitad del operativo", resume el portavoz de la asociación.

El síndrome de la rana hervida funciona como una metáfora que ejemplifica cómo las personas vamos aceptando, mediante la adaptación, situaciones que resultan peligrosas o destructivas. La analogía compara así el supuestamente diferente comportamiento de las ranas si caen en una olla con agua hirviendo (de la que intentarán salir inmediatamente) o si se encuentran en un recipiente con agua que se pone al fuego y se va calentando lentamente hasta finalmente hervir; en este caso, en cambio, la rana irá acostumbrándose a la nueva temperatura hasta morir.

Aunque la base de la parábola generó controversia (distintos experimentos mostraron que la rana que se encuentra en agua que se calienta lentamente acabará intentando escapar cuando la temperatura sea excesiva), la metáfora se ha empleado para alertar de la incapacidad de los seres humanos o de las sociedades de percibir un peligro que no es súbito, sino que crece gradualmente. También en relación con el cambio climático, y de hecho Al Gore utilizó esta referencia en su famoso documental Una verdad incómoda, ganador de dos Oscar.

Los datos no mienten. El cambio climático, provocado por la acción humana, es una realidad desde hace décadas y ya estamos sufriendo sus efectos. Sube la temperatura media —lentamente, como si estuviésemos en una olla hirviendo— y aumentan los fenómenos meteorológicos extremos —sequías, récords de temperaturas, lluvias torrenciales…—, cada vez más frecuentes y cada vez más extremos.

Esta semana que termina, todo el oeste de Europa sufrió un episodio de temperaturas inusualmente altas para el mes de mayo. Reino Unido, Francia, Alemania, Bélgica o Irlanda batieron sus récords para este mes, con 35 grados alcanzados en Londres, 37 en el sur de Francia o más de 30 en Alemania. En Galicia, los valores alcanzados esta semana no supusieron máximas históricas, pero estuvieron cerca.

Cuando sí se baten esos récords, surge la alarma. En la segunda mitad del mes de junio del año pasado, las temperaturas en Ourense superaron los 40 grados en cuatro jornadas y durante dos semanas los termómetros no bajaron de los 30 grados. En el resto de Galicia, con valores más reducidos, la situación fue similar. Llevamos años de récords sucesivos, lo que no quiere decir que esas marcas históricas se batan todos los meses.

Pero, de nuevo, los datos muestran una realidad incómoda para muchos y desmienten los falaces argumentos de los negacionistas (interesados o dirigidos) del cambio climático. Los cuatro últimos años fueron los más cálidos de la serie histórica en Galicia, como se ve en el gráfico anterior. La temperatura media entre 2022 y 2025 se movió entre los 14,7 y los 14,9 grados, más de un grado por encima de la media del período 1980-2010 y casi dos grados más que los valores más habituales en las décadas de los 70 y 80 del pasado siglo.

Las causas del calentamiento global están también claras —en especial, el uso de carbón, petróleo y gas para generar electricidad, calor o para mover vehículos de combustión— y las soluciones están igualmente enunciadas y aceptadas, a la espera de su aplicación.

David Domínguez, responsable de las cuentas de Redmeteo en X e Instagram, comenta en conversación con Praza.gal las elevadas temperaturas vividas en Galicia y en la mayor parte del oeste de Europa, subrayando que el fenómeno fue particular en el norte: “por ejemplo, en Mondoñedo sí se batió el récord de temperatura máxima para el mes de mayo, con niveles que quizá no se alcancen ni en agosto”.

Domínguez subraya que “lo que se sale de la norma no es bueno, ni las lluvias excesivas y la sucesión de días grises que tuvimos en invierno, ni el calor excesivo que vivimos en los meses más cálidos”.

El gráfico anterior muestra las anomalías de temperatura registradas mes a mes en Galicia desde el año 2020. Como se ve, predominan los colores rojos, correspondientes a los meses extremadamente cálidos y cálidos. Las excepciones son los meses con temperaturas normales o frías. En el pasado año 2025 destacaron los datos del mes de junio, ya comentado, con una anomalía de 2,8 grados. Pero también los de enero (1,8 grados por encima de la media de las últimas décadas).

En 2024 los extremos los marcaron los meses de enero y noviembre, una muestra de que las subidas de las temperaturas no afectan únicamente al período estival, sino que se dan durante todo el año, incluso en invierno y también en meses como octubre —extraordinariamente cálido en 2022 y 2023—.

Como destaca David Domínguez, los veranos son objetivamente más largos, empezando antes (los meses de abril y mayo son cada vez más cálidos y secos) y terminando más tarde, con unos meses de octubre que están marcados cada vez más por el calor y por los incendios. “Yo lo noto especialmente al final del verano, pues parece que cada vez tarda más en comenzar el otoño. Y no me refiero a la lluvia, porque al final más o menos va lloviendo lo mismo, pero sí en relación con las temperaturas. Octubre es cada vez más cálido y últimamente incluso noviembre registra temperaturas más altas”, dice.

“Los veranos, además, llegan antes, llegan de golpe y año tras año estamos batiendo récords en todos los meses”, añade, concluyendo que “esto no se puede negar: hay datos, es una evidencia científica”.

Uno o dos grados pueden no parecer mucho (de nuevo la parábola de la rana puesta a hervir), pero tiene implicaciones a corto, medio y largo plazo que todos sufrimos en nuestra vida diaria. En primer lugar, por la sucesión de anomalías de temperatura (de bajas y de altas temperaturas, más frecuentes estas últimas) que hacen más incómodas nuestras vidas y que tienen consecuencias graves para la salud de las personas más vulnerables, especialmente las de edad avanzada, pero también niños y niñas y personas con determinadas patologías.

Desde el año 2015 el Sistema de Vigilancia de la Mortalidad diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) monitoriza los excesos de mortalidad en España, realizando estimaciones que comparan los fallecimientos esperados y los reales y analizando las causas de estas desviaciones, entre ellas las temperaturas. Entre 2015 y 2025 más de dos mil personas perdieron la vida en el período estival —entre el 15 de mayo y el 30 de septiembre— debido al efecto del calor.

El año pasado fue el peor de la serie, con 397 personas que fallecieron debido a los efectos atribuibles a las altas temperaturas. La mayor parte fueron personas de más de 85 años (303), especialmente en los meses de agosto y junio.

Conviene aclarar que solo una parte de estas muertes se notifica como directamente causada por las altas temperaturas (por ejemplo, los golpes de calor). Sin embargo, el efecto negativo de las altas temperaturas, sobre todo cuando estas se extienden en el tiempo, provoca un debilitamiento de la salud, especialmente en personas de edad avanzada o aquejadas por otras patologías.

Los territorios en los que tradicionalmente las temperaturas eran más altas en verano suelen estar mejor adaptados al calor por desarrollar una serie de hábitos (permanencia en espacios más frescos en las horas de más calor), medidas de protección individual (mayor presencia de aire acondicionado, persianas, toldos) y diseños urbanísticos (calles más estrechas, fuentes, zonas de sombra) que reducen los impactos del calor en la salud.

Otro efecto claro, ligado al incremento de la temperatura del agua del mar, es la crisis que sufre el importante sector marisquero en Galicia

Las temperaturas elevadas —unidas a otras consecuencias del cambio climático, como períodos prolongados de sequía— están ya provocando otros efectos evidentes, como el incremento de la peligrosidad y virulencia de los incendios forestales, más difíciles de controlar y con efectos más graves.

Otro efecto, ligado al incremento de la temperatura del agua del mar, es la crisis que sufre el importante sector marisquero en Galicia. Especialmente significativo —por su peso económico— es el declive del mejillón de las bateas gallegas: 2025 marcó un nuevo récord negativo en las últimas dos décadas. Lo mismo sucedió con la almeja, la volandera o la ostra plana, entre otros bivalvos. La contaminación y los efectos del cambio climático, entre las causas.

Quedamos, pues, a la espera de los siguientes récords históricos de temperatura, de las anomalías en relación con los valores normales y de los efectos —inmediatos y directos o a medio plazo e indirectos— de un calentamiento global que está marcando la vida de las generaciones actuales y que lo hará en mayor medida sobre las generaciones venideras.

Durante esta primavera se socarran los bosques. No es el titular de un diario catastrofista. Lo saben bien en los Países Bajos, donde están soportando una inusual ola de incendios. Tanto es así que han tenido que pedir ayuda al Centro Europeo de Coordinación de la Ayuda de Emergencia (ERCC, por sus siglas en inglés). Lo ocurrido podría situase en las orillas del Mediterráneo, o en California. Pero no en un país que antes llamábamos Holanda. ¿Será casualidad? Parece que no, pues los meteorólogos advierten de que los fuegos cada vez serán más frecuentes debido al cambio del clima. 

A pesar de los anuncios, los gobiernos y la ciudadanía padecen una sordera creciente, incentivada por creencias propias y desafortunadas ocurrencias mediáticas. La falta de escucha voluntaria se extiende en el caso de las grandes energéticas fósiles, que ganan miles de millones de euros por contaminar el aire y la vida cada día más. Bueno, en realidad les venden los combustibles a otros; se dice que así no se puede perseguir a quien se limita a satisfacer las necesidades del mundo entero. La verdad es que provocan incendios descontrolados en los bolsillos y los pulmones. Este caos (energético) es un orden (de algunos) sin descifrar; hubiera dicho más o menos José Saramago. ¿O es que nadie se atreve, quiere, desenmascararlo?

Situémonos en España, verano de 2026. El Roto (Andrés Rábago), una enciclopedia que sabe plasmar la sensatez perdida, nos legó aquella imagen que representaba un bosque incendiado. Clamaba ese lamento en “solo nos veis cuando ardemos”. Esta sociedad sin sentido colectivo ensalza a los bosques, solo así se entiende la invasión desordenada de los fines de semana y los veranos; sin embargo los tiene en el olvido. Antonio Machado ya expresó la desidia boscosa en Por tierras de España: El hombre de estos campos que incendia los pinares/ y su despojo aguarda como botín de guerra,/ antaño hubo raído los negros encinares,/talado los robustos robledos de la sierra. 

Dado que el verano viene enseguida, imagino que las Cortes españolas y los Parlamentos de las CC.AA. habrán programado ya sesiones monográficas para el Diseño de una política de prevención y tratamientos de los incendios en el medio rural. Acciones de dimensión colectiva, sin partidismos políticos; para que no nos pase como siempre. Parte I. Desconozco si la citada iniciativa debiera materializarse en forma de decreto, de proyecto de ley o la figura que sea. He buscado en varias web de los parlamentos y poco se dice. 

¡Qué tiempos aquellos, junio de 2024, en los que la UE aprobaba la Ley de Restauración de la Naturaleza! Por cierto, el Parlamento europeo la confirmó en julio de aquel año. Los y las eurodiputados apoyaron la propuesta de la Comisión de poner en marcha medidas de restauración para 2030 que cubriesen al menos el 20% de todas las áreas terrestres (supongo que las quemadas entre ellas) y marítimas de la UE. Es más, rezaba que “en la totalidad de los hábitats que lo necesiten para 2050”. Hay que decir que desde entonces la composición del Parlamento se ha escorado sustancialmente hacia la derecha, precisamente esa que a menudo solo ve los bosques cuando se incendian.

Hagamos un inciso. Me dicen mis informantes algo que me atrevo a calificar como esperpéntico, con el debido respeto. Los incendios y la restauración de la naturaleza no consiguieron hacerse oír en las campañas previas a las elecciones en Extremadura, Castilla y León, Aragón y Andalucía. Tampoco en los debates televisivos, que no vi para evitar socarrados cerebrales. Claro, nuestros representantes están más ocupados en lanzarse soflamas incendiarias que en pensar en la indefensa masa boscosa que debe soportar fuertes calores veraniegos, cada vez más y más largos. Total, el año 2025 solamente ardieron 354.793 hectáreas de superficie forestal en España (1,3% del total) según el INE. Además, este año la primavera lluviosa en buena parte de España ha añadido vegetación herbácea que será combustible pirotécnico cuando se seque. 

Es más, la forma en la que NO están recogidas prevenciones de salvaguarda de los bosques en los pactos firmados entre PP-Vox en las diferentes comunidades autónomas da que pensar a los mismos bosques y sus defensores. Porque los ecosistemas boscosos tienen su ánima, como en El bosque animado (1943) de Wenceslao Fernández Flores; aquel que José Luis Cuerda elevó a los altares cinematográficos en la película del mismo título (1987). 

En España, “cuando un bosque se quema algo se muere en el alma”, podría haber dicho Antonio Machado. Quedaría bien recogerlo en el estribillo de una cantata sevillana para lamentar que algún amigo se va. Acaso valdría aquello que fue motivo de campaña proteccionista, me parece que en el año 1962, que proclamaba: Cuando un monte se quema, algo suyo se quema. Así añadía el matiz de la pérdida individual de una riqueza no soñada.

 Unos años después se difundía lo que cambiaba la segunda parte por “algo suyo se quema, señor conde”. Se rumorea que un tal Jaume Perich Escala lanzó la nueva versión en una novela Autopista (1971). Los mal pensados aseguran que quiso parodiar Camino, de Escrivá de Balaguer. Sea como fuere, nos dejó una crónica de la España franquista y el mundo de esa época; también una serie de pensamientos humorísticos y sarcásticos (¿incendiarios?) perfectamente válidos hoy. No solo para la clase política antes aludida, sino también para buena parte de la ciudadanía en general.

A nuestro pesar, los bosques eran, y siguen siendo, propiedad de todos para disfrutarlos; mientras que no tienen dueño para protegerlos, como nos ilustraba El Roto. ¡Claro!, como decía J. Perich, “estamos viviendo en un futuro imperfecto”. 

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Carmelo Marcén Albero es doctor en Geografía por la Universidad de Zaragoza y especialista en educación ambiental.

Castilla y León, la región más castigada por los incendios forestales, es, paradójicamente, la que peor trata a sus bomberos forestales. Es un secreto a voces entre los profesionales de todo el país. Los que trabajan allí describen sueldos que rozan el salario mínimo, escasez de trajes antiincendios, alrededor de un 70% del cuerpo externalizado a un abanico de pequeñas empresas y una total falta de organización autonómica. El fatídico verano de 2025 –con cinco fallecidos, un récord de hectáreas quemadas y pueblos enteros arrasados– no trajo mejoras sustanciales.

El Partido Popular de Alfonso Fernández Mañueco anunció en otoño que aumentaría drásticamente el presupuesto de lucha contra incendios tras la catástrofe estival y prometió convertir en "público" un cuerpo que tenía casi por completo derivado a empresas forestales en más de un centenar de contratos. Sin embargo, ni los presupuestos ni este decreto ley para transformar la profesión salieron adelante porque este partido gobernaba entonces en solitario y la oposición los vetó.

Los bomberos consultados describen un absoluto abandono histórico de un cuerpo que cada año trabaja más al límite debido al cambio climático. De los últimos cinco años, Castilla y León ha sido la región número uno de España en hectáreas quemadas en tres de ellos.

"Es tan grande nuestra diferencia con otras comunidades autónomas que es imposible de creer", explica por teléfono Enrique Sánchez, bombero en Barco de Ávila del equipo externalizado a la empresa pública Tragsa. "Llevamos siendo el cuerpo más precario de España desde el INFOCAL de 1999 y no vemos señales de que vaya a cambiar", añade.

Las imágenes que recorrieron España el verano pasado de los incendios de Las Médulas afloraron las pésimas condiciones en las que trabajaban las brigadas autonómicas, donde en total hay unos 6.000 bomberos. En otras regiones también hay salarios bajos, enfermedades y lesiones no reconocidas o falta de vehículos y material, pero ninguna se iguala al caos que describen en Castilla y León. No solo está externalizado, sino que el cuerpo está compuesto por más de 120 contratos diferentes a más de 30 empresas. 

"Aquí llegas a un incendio y tienes personal laboral de la Junta, tienes a empresas privadas y tienes a Tragsa, cada uno con una ropa, una normativa de salud y seguridad, y con un horario diferente. El descontrol es total", relata Sánchez, también delegado del sindicato UGT en Ávila.

Aunque cayó el decreto ley que modernizaba el cuerpo, la Junta ha mantenido el compromiso de contratar de forma "pública" al personal, pero solo de manera figurada, porque el plan consiste en trasladar esos contratos a Tragsa, una empresa pública, pero con su propio convenio completamente diferente al de un funcionario o al del personal laboral de la administración. El sistema de mejora será progresivo a medida que vayan caducando los contratos actuales con empresas más pequeñas. Por ejemplo, en junio se incorporan a Tragsa tres retenes de tierra. 

Esta transición, sin embargo, también será caótica, describen los profesionales, porque se hará en forma de cascada según venzan los contratos actuales, negociando contrato a contrato de aquí a 2028, cuando se espera que todo el cuerpo externalizado haya mudado a la compañía pública. Estar en Tragsa, como ya se ha demostrado en la Comunidad de Madrid, donde los forestales llevan más de 1.000 días de huelga, no es ni mucho menos garantía de un empleo de calidad, pero es mejor que lo que tienen ahora. 

"Fíjate cómo están las cosas que pasar a Tragsa aquí es una victoria. Tienen el convenio sin actualizar desde 2011 y, aún así, es un gran salto a mejor para nosotros", reconoce resignado otro bombero castellanoleonés entrevistado.

Aunque los pasos son muy pequeños, este cambio sí traerá alguna ventaja importante para el cuerpo de Castilla y León. El principal es que todos los bomberos que se vayan incorporando a Tragsa tendrán un contrato durante los 12 meses del año, cuando lo normal hasta ahora era trabajar tres, cuatro o seis meses, una mejora laboral pero también un gran paso en las tareas de prevención de incendios. Otro plus que destacan en Tragsa es que la empresa pública garantiza a todos los profesionales trajes antiincendios, un mínimo para trabajar que por desgracia se echa en falta en muchos casos. 

Rodrigo Martín, bombero en Palencia y también del sindicato UGT en Castilla y León, trabaja en el área pública de este cuerpo como personal laboral, donde también denuncia condiciones extremadamente precarias. Habla de "los sueldos más bajos de España", donde un peón que apaga fuegos y se expone a situaciones de toxicidad, quemaduras y una inmensa lista de riesgos laborales –no reconocidos– cobra 1.280 euros al mes, poco más que el salario mínimo.

No hay pluses por peligrosidad ni reconocimiento de la categoría profesional del bombero forestal, como obliga la Ley Básica de Bomberos Forestales de 2024. Lo que sí han empezado ahora es a implementar la sobrecotización en la nómina para acceder a la jubilación anticipada, cosa que no existe en otras regiones también precarizadas, ni en las BRIF del Ministerio de Transición Ecológica.

"El problema es que la sociedad presionó a los políticos para que invirtiesen más después de los incendios, pero luego no saben gestionar ese presupuesto. Un compañero en Palencia nos contó que ahora trabaja todo el año, pero que, en vez de hacer tareas de prevención, ha estado apoyando la reintroducción del lince construyendo madrigueras para conejos", resume Martín. 

Carlos Martín, responsable de bomberos forestales del sindicato CCOO, también subraya la pésima organización de la Junta de Castilla y León. "El personal suele quejarse de una falta de planificación a la hora de organizar el operativo que afecta a la eficacia de la extinción y a las condiciones de seguridad en las que se trabaja", afirma.

El verano pasado estuvo protagonizado por los brutales incendios que dejaron la mayor superficie quemada desde 1994. Ese drama, concentrado en Castilla y León y Galicia, afloró las pésimas condiciones en las que trabajan los 20.000 bomberos forestales de España. Sueldos bajos, riesgos laborales no reconocidos, imposibilidad de jubilarse anticipadamente, ausencia de complementos salariales por peligrosidad o contratos por temporadas. En ese momento de crisis se prometió una reforma integral para proteger a los profesionales, pero poco ha cambiado un año después.

"Se ha avanzado un poco en algunas cosas, pero los cambios son muy lentos", resume Carlos Martín, responsable de bomberos forestales del sindicato CCOO. "Seguimos teniendo buena parte de los dispositivos trabajando durante la campaña de incendios, y en el paro durante la otra mitad del año", añade. Según calcula, este invierno han perdido su trabajo unos 6.000 bomberos forestales en España, y ahora regresan a sus puestos para enfrentarse al verano, que se espera muy duro.

La temporalidad es una de las lacras de la profesión, aunque tienen numerosos frentes abiertos. No ayuda el caos organizativo de este sector, ya que hay bomberos que trabajan para el Estado, otros para las comunidades autónomas y otros para los ayuntamientos. También se dividen entre funcionarios, personal laboral y subcontratados a empresas privadas. Dentro de estos últimos, unos 2.000 trabajan para Tragsa, una empresa pública. Cada uno de ellos tiene sus propias condiciones, que se negocian por separado.

En noviembre de 2024, el Gobierno aprobó la Ley Básica de Bomberos Forestales, una norma pionera cuyo objetivo principal era consolidar la profesión y aclarar sus tareas, puesto que era habitual que en los contratos de trabajo se les denominase con nombres inverosímiles como peones de caza, jardineros o conductores de apoyo a la extinción, fórmulas para justificar sueldos irrisorios y condiciones precarias para trabajadores expuestos a una lista interminable de riesgos laborales.

Ese estatuto se sigue incumpliendo ampliamente en todo el país, un año y medio después de su entrada en vigor, pese a que el 8 de noviembre de 2025 debía estar implementado por completo en todo el territorio.

Carlos Martín reconoce que, desde los incendios de 2025, ha habido tibios avances y que al menos ya se les reconoce como bomberos forestales en casi todas las comunidades, aunque ese título solo tiene sentido si se acompaña de los beneficios que tiene la profesión: reconocimiento de enfermedades profesionales, turnos de trabajo adecuados, una cotización extra a la Seguridad Social para adelantar la jubilación, medidas de prevención de riesgos laborales, recolocación puestos alternativos a bomberos que no pasen las pruebas físicas anuales y garantía de trabajo durante los 12 meses del año.

Es en todos estos puntos donde el plan hace aguas, aunque varía por comunidades autónomas. Según diferentes profesionales preguntados, Castilla y León es de lejos la región más precaria de todas, pese a que fue precisamente la más castigada por los fuegos de 2025, concentrando el 46% de toda la superficie quemada. También citan a Baleares, Castilla-La Mancha, Canarias o Andalucía. En Madrid, los forestales llevan más de 1.000 días en huelga, y probablemente continúen durante el resto de este año.

Castilla y León es el caso más sangrante porque el Gobierno regional del Partido Popular sigue sin responder pese a los salvajes incendios de 2022 (en la Sierra de la Culebra) y 2025 (en el Bierzo). En esa comunidad se estima que el 80% de las cuadrillas están externalizadas a empresas privadas, los profesionales siguen sin ser catalogados como bomberos forestales y la temporalidad provoca que hasta el mes de junio los dispositivos no estén preparados para hacer frente de manera efectiva al fuego.

En la Comunidad de Madrid también siguen faltando medidas tan básicas como el correcto reconocimiento de la profesión, según Alfonso Ferrero, bombero forestal contratado como personal laboral en esta región. "Seguimos igual desde el año pasado. Hemos estado un año negociando y en febrero cortaron las conversaciones y nos dijeron que en 2026 mantendremos las mismas condiciones que el año pasado", se queja. Todo esto después de que falleciese por primera vez en dos décadas una persona por un incendio en la Comunidad, en Tres Cantos.

La temporalidad también continúa en la plantilla del personal laboral de bomberos forestales de Madrid, donde pertenece Ferrero. Explica que ahora se ha sacado unas oposiciones para trabajar como conductor del parque móvil en invierno, y que las condiciones son las mismas que las de un bombero que se juega la vida. "Gano exactamente lo mismo conduciendo un Renault Clio que apagando fuegos en verano", resume.

Además, añade, este verano habrá en Madrid unos 130 bomberos forestales menos que el año pasado, tras la eliminación de la estacionalidad en la plantilla externalizada a Tragsa en 2026. Si antes había 300 trabajadores en invierno y unos 550 en verano, ahora pasa a haber alrededor de 420 todo el año. Más servicios de prevención en temporada baja, pero menos cobertura durante los meses más duros. 

Las comunidades autónomas no son las únicas que no cumplen la ley de 2024. Carlos Martín, de CCOO, denuncia que hay dos grandes problemas que son responsabilidad del Gobierno central. El estatuto contemplaba la creación de un reglamento de prevención de riesgos laborales para los forestales por parte del Ministerio de Trabajo antes de noviembre de 2025, pero el pasado mes de diciembre se paralizaron las conversiones para su elaboración con los sindicatos, revela el portavoz.

También está pendiente la introducción de numerosas enfermedades profesionales en la categoría del bombero forestal, que por ahora solo tienen reconocida la exposición a los óxidos de carbono, cuando el sector calcula que cada año conviven con el 90% de todos los accidentes y enfermedades catalogados como riesgos profesionales, desde descargas eléctricas hasta atropellos. También se relaciona su trabajo con más de una decena de cánceres, lesiones de espalda y articulaciones, o problemas crónicos de pulmón y corazón. Esta tarea también recae en el Ministerio de Trabajo.

Donde sí aseguran que se han mejorado las condiciones drásticamente es en las cuadrillas que trabajan para el Gobierno central, las conocidas como BRIF (Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales), dependientes del Ministerio de Transición Ecológica y subcontratadas a la empresa pública Tragsa, donde trabajan unos 700 bomberos.

Las BRIF tenían hasta el verano pasado unas de las condiciones más precarias de la profesión, pero el Ministerio actualizó el 20 de agosto, en medio de la ola de incendios, su convenio con Tragsa para garantizar que se cumplen las horas de convenio –antes era habitual doblar o triplicar turnos en salidas a incendios–, un aumento de los salarios y la posibilidad de librar seis días en verano, enumera Marcos Gómez, presidente de la Asociación de Trabajadores de las BRIF.

"Este año tenemos más medios, mejores condiciones y más personal. Lo que echamos en falta todavía es que no se ha empezado a sobrecotizar en la nómina para acceder a la jubilación anticipada", matiza Gómez. Sobre el incremento de los contratos, explica que las BRIF tienen 11 bases en España, y cada una tendrá este verano entre seis y diez profesionales más, lo que equivale a un crecimiento total del cuerpo de casi el 20%.

El tren de borrascas de enero y febrero dejó el tercer invierno más lluvioso de este siglo, cargando los suelos de agua, como muestran los diferentes mapas de humedad de España. Lo que en principio debería ser una muy buena noticia para los bosques de la península, podría volverse en su contra cuando comience la temporada de incendios, que se concentra entre julio y septiembre. Según diferentes expertos, en un territorio seco y muy caluroso como el español, ese incremento de la vegetación puntual en primavera se traduce en más combustible para el fuego durante el verano.

Raúl Quílez, doctor en incendios forestales y profesor del Máster Interuniversitario en Incendios Forestales, explica esta contradicción es especialmente aguda debido al impacto del cambio climático, que extiende y hace más intensas las olas de calor de verano, las que secarán las hierbas y los matorrales que se han desarrollado exageradamente durante esta primavera. "En un escenario normal, que llueva es lo mejor porque el bosque llega reforzado a la temporada de incendios. Pero en un escenario de cambio climático se genera un cóctel que aumenta la intensidad de los incendios porque se seca la vegetación", valora el profesional.

Según opina Quílez, en ese cóctel también destacan las altas temperaturas nocturnas que caracterizan al verano peninsular, con mínimas que fácilmente superan los 25ºC e incluso los 30ºC en algunos puntos del país, una condición que acelera la evapotranspiración de la vegetación y la seca rápidamente en las primeras semanas del verano. El cambio climático también está aumentando la inestabilidad atmosférica, incrementando la probabilidad de reventones térmicos, unos fenómenos característicos del verano que generan fuertes vientos, de 70 u 80 km/h, que facilitan la propagación del fuego.

Víctor Resco, catedrático de Ingeniería Forestal de la Universitat de Lleida, añade que el efecto principal del extra de humedad en la naturaleza multiplica principalmente la presencia de gramíneas, unas plantas que, una vez secas, son muy peligrosas en caso de incendio porque facilitan su propagación. "Esta biomasa propaga los incendios porque generan pavesas que hacen que el fuego salte y genere nuevos focos", subraya.

El año pasado, cuando se registró la mayor superficie quemada en un periodo estival en lo que va de siglo, España llegó al verano en unas condiciones similares a las actuales, con unos niveles de humedad elevados en el suelo, como se observa en el histórico de la Agencia Española de Meteorología. A continuación ocurrió ese cóctel que describe Raúl Quílez: hubo dos olas de calor muy intensas y prolongadas que secaron la naturaleza. Una que transcurrió entre el 18 de junio y el 4 de julio, y otra entre el 3 y 18 de agosto. Sumando una tercera ola en Canarias, el verano de 2025 cerró como el segundo del registro histórico con más días bajo ola de calor.

Lo que está por ver en 2026 es si se repetirán esas condiciones de calor extremo que conviertan hierbas y matorrales en combustible, aunque hay indicadores que apuntan en esa dirección. Por una parte, en los últimos cuatro años se han producido tres de los cinco años más cálidos desde que comenzaron los registros en España, en 1961. Por otro, la previsión del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo (ECMWF, por sus siglas en inglés) estima una probabilidad de entre el 70% y el 100% de que las temperaturas en junio y julio se ubiquen en el quintil superior del histórico, y la probabilidad continuará por encima del 50% en agosto y septiembre.

También hay por ahora una probabilidad del 60% de que a partir de junio se desarrolle en el hemisferio norte El Niño, un fenómeno climático global que provoca un aumento de la temperatura media planetaria y una reducción de las precipitaciones en verano en el noreste de Europa.

Un estudio publicado en la revista Nature en 2020, que analizó casi 10.000 incendios entre 2001 y 2018 en todo el mundo, concluyó de manera científica lo que aquí exponen los expertos. El estudio confirma que en las regiones áridas, los periodos de excesiva humedad en el suelo son la antesala de temporadas con fuegos muy intensos. "En las regiones áridas, los suelos más húmedos de lo normal facilitan el crecimiento suficiente de biomasa necesario para alimentar grandes incendios", se lee en el análisis. Mientras que en bosques tradicionalmente húmedos ocurre lo contrario: los años especialmente secos suelen caracterizarse por incendios más fuertes debido a que la biomasa acumulada en años anteriores se convierte en combustible.

118.763,65 hectáreas quemadas en Galicia y al menos los dos mayores incendios forestales de la historia, los iniciados en Larouco y Oímbra. La Xunta acaba de hacer oficiales esos dos grandes datos del pasado año con la aprobación y publicación esta semana del Plan de prevención y defensa contra los incendios forestales (Pladiga) para este 2026, que hace balance de lo ocurrido en 2025.

Un documento que constata que un tercio de la provincia de Ourense ardió a lo largo de la última década y que en ese mismo período resultó quemado entre el 32% y el 41% de la superficie protegida por distintas figuras de la Red Natura 2000 en toda Galicia.

El cálculo oficial de la Xunta de hectáreas quemadas (inferior a las 145.000 calculadas por satélite) sitúa el pasado año como el tercer peor de la serie histórica, apenas por debajo de las 119.633 hectáreas de 1978 y a distancia de las 198.998 hectáreas de 1989. En 2025 fueron unas 80.000 hectáreas de superficie rasa y unas 38.000 de superficie arbolada. Y el grueso de ellas, el 94%, unas 111.000, se concentraron en 18 grandes incendios forestales, que el plan define como aquellos que superan las 500 hectáreas.

Los grandes incendios del pasado año se cebaron especialmente con la provincia de Ourense y el sur de la de Lugo. Así, el documento refleja expresamente que "los incendios más grandes de la historia reciente se produjeron en 2025, el de Larouco que también afectó notablemente a la provincia de Lugo, y el de Oímbra".

El documento hace repaso también a lo sucedido en las últimas décadas y en el caso de la provincia de Ourense ofrece el dato de que entre 2016 y 2025 ardieron 196.308 hectáreas, lo que supone el 35% de las 727.000 hectáreas de superficie total de la provincia o el 27% de las 560.000 hectáreas de superficie forestal.

Tras los incendios del pasado año, Adega calculó que el fuego había afectado al 11% de la superficie protegida en toda Galicia bajo la Red Natura 2000. El Pladiga no hace el cálculo para el pasado año pero sí para toda la última década y señala que en ese período resultaron afectadas 120.000 hectáreas de zonas de especial conservación (ZEC), el 32% del total, y 41.000 hectáreas de zonas de especial protección para las aves (ZEPA), el 40,7% del total. Parte de la superficie afectada sería coincidente, porque existen zonas de la Red Natura protegidas por ambos tipos de figuras.

El Pladiga también fija objetivos para este 2026 y, como en años anteriores, se calculan a partir de las medias de la última década. Esto hace que las cifras disparadas del pasado año eleven esas medias, de modo que algunos de los objetivos para este año son no superar las 21.000 hectáreas totales quemadas o reducir los incendios de más de media hectárea por debajo de los 282.

A 6 de abril, Galicia ya había sufrido su primer Gran Incendio Forestal (GIF) del año, al superar el fuego iniciado en Ponteareas las 500 hectáreas, umbral a partir del cual se incluyen los focos en esta categoría. El año pasado, que fue el de los peores fuegos de la historia de Galicia, el primer GIF no llegó hasta inicios de agosto en Vilardevós. A partir de ahí, una veintena más de grandes incendios —varios de ellos uniéndose en un único frente—, cuatro por encima de las 24.000 hectáreas y un total de entre 120.000 y 144.000 arrasadas teniendo en cuenta los datos de la Xunta o los de las mediciones de los satélites Sentinel 2 del programa europeo Copernicus.

En lo que va de año, y solo en esta primavera, son más de 1.000 las hectáreas calcinadas en Galicia, más de 900 de ellas en unas pocas horas de este pasado lunes, en una jornada en la que coincidieron varias de las condiciones propicias para la expansión del fuego: altas temperaturas, viento fuerte y cálido y matorral denso y abundante favorecido por las elevadas precipitaciones del pasado invierno.

Los incendios en Ponteareas y en la zona de Carballo y A Laracha, en el primer día de temperaturas anormalmente altas del año en Galicia —rozando los 30 grados en muchas localidades y batiendo marcas para la época— suponen de nuevo un aviso del importante desafío que afronta Galicia con unos incendios cada vez más peligrosos, virulentos, incontrolables e imprevisibles por el impacto del cambio climático. Las lluvias ayudaron a apagar lo que antes habían contribuido a favorecer.

Porque en este caso, la crisis climática impacta de dos maneras: intensificando las lluvias torrenciales —tal y como confirmaron los primeros estudios científicos sobre este invierno— y, por lo tanto, facilitando el rápido crecimiento de combustible vegetal en primavera, y con un aumento de las temperaturas y de las épocas de sequía que provocan la situación más favorable para la extensión del fuego.

Este mismo martes, Meteogalicia hizo públicos los datos que indican que Galicia registró un mes de marzo muy cálido y muy seco, con una temperatura media nueve décimas por encima del valor habitual y un 65% menos de precipitaciones en comparación con lo habitual en este período. Fue el octavo mes de marzo más seco de la serie histórica. Lluvias intensas en invierno y calor y sequía justo en las semanas posteriores: la tormenta perfecta. Todo en un contexto en el que los últimos cuatro años fueron los más cálidos de siempre en Galicia.

Ya lo advertía un informe del Ministerio para la Transición Ecológica que sirve de base para las políticas de adaptación al calentamiento global. En él, alerta de que el “cambio de régimen de lluvias (mayor irregularidad) y el aumento de las temperaturas favorece las condiciones propicias para que los incendios forestales sean más virulentos y extensos”, pero también más difíciles de extinguir por “un mayor volumen de combustible expuesto a periodos de sequía cada vez más prolongados”. Y señala a Galicia por ser uno de los territorios más afectados y donde las temporadas de peligro por el fuego pasan a ser “más largas”.

El fuego, una vez más, confirmó las advertencias, esta vez muy pronto. En Ponteareas, como explican bomberos forestales de la zona, el incendio que calcinó más de 600 hectáreas y se extendió este pasado lunes a Mos y Pazos de Borbén “se desmandó” por las condiciones climáticas y puso en riesgo a varios brigadistas. En la misma zona donde las llamas ya habían arrasado cientos de hectáreas en agosto de 2005 y en octubre de 2017.

“Las abundantes lluvias del invierno hacen que ahora el matorral crezca mucho, pero los temporales provocaron también que haya mucho ramaje, ramas y árboles caídos que ahora se secan y son combustible para arder. Hay mucho ‘restroballo’ en muchos montes que en condiciones climáticas como las de este lunes suponen un peligro”, explica un brigadista del Baixo Miño, uno de los trabajadores del servicio contraincendios de la Xunta que empezó su trabajo durante nueve meses a principios del pasado marzo.

Pese a no ser la época de mayor riesgo, los meses de marzo y abril son históricamente un período con picos de mayor incidencia de fuego —tal y como se puede comprobar en los datos y en el gráfico que aporta el Pladiga 2025—, aunque atenuados en la última década y no comparables a los que se dan en verano. El millar de hectáreas ardidas en las últimas semanas pone a Galicia en alerta y vuelve a confirmar las advertencias, sobre todo de cara al próximo verano.

“Por desgracia, en Ourense buena parte del monte quedó arrasado y no queda mucho por arder; la franja atlántica es ahora la de mayor riesgo y el mayor o menor peligro dependerá de que las condiciones climáticas sean desfavorables y del tiempo que se mantengan”, explican bomberos forestales en conversación con Praza.gal, que advierten de servicios “a medio gas”, por las vacaciones o por procesos selectivos de estabilización pendientes estos días, y que echan en falta reuniones de evaluación que permitan “abordar y mejorar sobre los errores y los aciertos de la anterior campaña”.

En esta franja atlántica, pero especialmente en el sur de Galicia, el temor de los profesionales contra incendios es mayor por ser una zona más poblada, con una “pésima planificación urbanística y un gran desorden territorial” y plantaciones de pinos y eucaliptos “pegadas a muchas casas”. De nuevo, uno de los riesgos “clave” en Galicia sobre los que llevan años advirtiendo desde la ciencia.

El número de personas expuestas al fuego por su “proximidad a la interfaz urbano-forestal (IUF) y al tipo de urbanismo predominante” aumenta la peligrosidad, alerta el citado informe de Transición Ecológica. “En regiones como Galicia, donde existe una importante continuidad entre el bosque y los asentamientos urbanos, la IUF es extensa”, avisa. Una investigación de la Universidade de Santiago (USC) ya había alertado de que los incendios cada vez se inician más próximos a las viviendas.

Las consecuencias influyen también en la capacidad de extinción y control del fuego. “Cuando, lógicamente, la prioridad de los servicios de extinción es salvar vidas, hay que dejar incendios en el monte que acaban acelerándose y descontrolándose”, recuerdan brigadistas, que insisten en la dependencia de que las condiciones climatológicas que hicieron del verano de 2025 un infierno en Ourense no se repitan en otras zonas en riesgo en Galicia.

Porque todo cambió en 2017. Fueron los graves incendios de aquel año —los de junio en Portugal que provocaron la catástrofe de Pedrógão Grande y los de otoño que asolaron el país vecino y Galicia en un fin de semana— los que sirvieron de advertencia de lo que estaba por venir.

Los incendios más virulentos, incontrolables y peligrosos ya están asentados en Galicia, ayudados por el impacto de la crisis climática. Ante la llegada de esta tipología de fuego forestal, el informe técnico encargado por la Assembleia da República en Portugal sobre Pedrógão de 2017 concluyera que la política antiincendios debía ser modificada por el cambio climático. Y la propia Xunta reclamó lo mismo poco después en la comisión parlamentaria que analizó la oleada de fuego del mismo año en Galicia.

A la espera de que sea aprobado definitivamente, el Plan de Prevención y Defensa contra los Incendios Forestales (Pladiga) de 2026 prevé el incremento del 30% en la red de videovigilancia, la implantación de una aplicación para alertar sobre incendios, la incorporación de 42 nuevas brigadas o el aumento del presupuesto del convenio para la gestión de la biomasa en las fajas secundarias, según anunció la Xunta.

En el Pladiga de 2025, un análisis completo apunta a diversos factores detrás del “complejo” problema de los incendios, desde políticas forestales perjudiciales hasta la estructura de la propiedad de la tierra en Galicia. Y, como antes otros documentos y estudios, ni siquiera menciona la tesis de las “tramas” o del supuesto “terrorismo” que se suelen resucitar en los argumentarios oficiales tras épocas más virulentas como la de este año.

Una aportación que completa el diagnóstico sobre un problema que afecta de lleno a Galicia, que ya está en el epicentro del área con mayor riesgo de incendio en Europa, como detalló un estudio de un equipo internacional liderado por el Grupo de Modelización Atmosférica Regional de la Universidad de Murcia, en el que participan otras entidades científicas como la Misión Biológica de Galicia-CSIC. Una problemática que, además, llega cada vez más pronto.

El 73% de los españoles dice estar "muy o bastante preocupado" por el cambio climático y el 61% considera que este fenómeno le impacta "de forma significativa" en su día a día, según revela el 'V Informe sobre Sostenibilidad: La ciudadanía ante el riesgo climático', elaborado por ENGIE y GAD3.

La población reconoce verse afectada, principalmente, en materia de meteorología y disponibilidad de recursos. De hecho, la mayoría de las personas encuestadas cree que ha aumentado la frecuencia de los incendios forestales (88%), las inundaciones y las lluvias torrenciales (84%), y las olas de calor (83%).

Por comunidades, la percepción del aumento de las olas de calor es mayor en Comunidad Valenciana, Región de Murcia y norte de España (87%), mientras que el incremento de los incendios es percibido con más intensidad en Andalucía (88%), Cataluña (88%), Galicia (88%) y Castilla y León (88%).

La ciudadanía de Comunidad Valenciana y Región de Murcia (87%) nota especialmente el aumento de las inundaciones y las lluvias torrenciales.

Para reducir el impacto de estos episodios, el 41% de los españoles cree que la mejora de las infraestructuras de drenaje y los dispositivos de protección civil son clave, seguida de la reordenación urbanística (34%) y el refuerzo de los sistemas de alarma y los planes de emergencia (32%).

La mitad de la población (49%) considera que fenómenos como la dana o la gota fría son consecuencia del cambio climático, y el 43% opina lo mismo de los incendios forestales. Además, ocho de cada diez ciudadanos y ciudadanas afirma haber vivido "fenómenos extremos" como la dana o los incendios del verano pasado.

En cuanto a recursos, el 44% opina que el impacto "más preocupante" del cambio climático atañe a la disponibilidad de agua y la sequía, por delante de los efectos sobre la agricultura (37%), la calidad de vida (35%) o la pérdida de biodiversidad (35%).

Cuando se pregunta por acciones personales para luchar contra el cambio climático, el 34% dice estar dispuesto a usar más el transporte público y el 28% a mejorar la eficiencia energética de su vivienda. Un 44% opina que los esfuerzos individuales "solo son efectivos" si van acompañados de un compromiso colectivo.

Y aunque el 70% de las personas encuestadas muestra interés por el medioambiente, la idea de que las advertencias sobre este tema son "exageradas" aumenta entre la población, especialmente en la Comunidad de Madrid (34%) y Castilla y León (33%).

El informe también revela que el desarrollo de energías renovables y procesos industriales menos contaminantes se encuentra entre las medidas más populares para luchar contra el cambio climático en España.

Asturias registraba a última hora de la tarde de este miércoles 14 incendios forestales, de los cuales diez estaban activos y cuatro se daban por controlados en una jornada en la que toda la comunidad está en riesgo muy alto por las elevadas temperaturas.

Según ha informado el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), los fuegos se registran en una docena de concejos asturianos: Amieva, Allande, Belmonte de Miranda, Cabrales, Cangas de Onís, Cangas del Narcea, Grado, Llanes, Peñamellera Alta, Piloña, Ponga y Tineo.

La mayoría de los focos son de escasa dimensión y se encuentran en zonas altas, aunque el localizado en la zona de Antoñana, en el concejo de Belmonte, que aún sigue activo, destaca por su extensión.

Este miércoles, los 78 concejos asturianos han estado en riesgo muy alto de incendios, en una jornada en la que las temperaturas máximas han quedado en torno a 24-25 grados y en la que apenas ha habido precipitaciones y las rachas de viento han amainado, mientras que mañana, jueves, toda Asturias seguirá en riesgo muy alto, en un día en el que las temperaturas máximas volverán a subir.

La de ahora es la segunda oleada de incendios que registra el Principado de Asturias en lo que va de año, tras la que tuvo lugar a finales de febrero.

Según los últimos datos de la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (Sadei), Asturias contabilizó en el conjunto del mes de febrero 126 incendios forestales con una superficie media afectada de diez hectáreas.

En concreto se quemaron en todo el mes 1.259 hectáreas, de las que 1.220 eran de matorral y monte bajo; 25, de pastizales, y 14, de arbolado.

El consejero de Gestión de Emergencias atribuyó el martes el origen de esta nueva oleada de incendios, que comenzó el lunes, a la acción de "incendiarios".

"Todos estos incendios no se producen de manera natural, sino porque hay delincuentes que los provocan", remarcó Alejandro Calvo.

La de ahora es la segunda oleada de incendios que registra el Principado de Asturias en lo que va de año tras la que tuvo lugar a finales de febrero.

Según los últimos datos de la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (Sadei), Asturias registró en el conjunto del mes de febrero 126 incendios forestales con una superficie media de 10 hectáreas. En concreto se quemaron en todo el mes 1.259 hectáreas, de las que 1.220 eran de matorral y monte bajo; 25, de pastizales, y 14, de arbolado.

Asturias registraba a media tarde de este martes 26 incendios forestales, de los que 22 están activos y cuatro controlados, en una jornada de riesgo elevado por las altas temperaturas.

Aunque buena parte de los focos son de poca dimensión y se encuentran en zonas altas, hay dos "muy extensos" localizados en Bustantigo, en el concejo de Allande, y Antoñana, en Belmonte de Miranda, que es donde más medios se concentran, ha detallado el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA),

Los fuegos se reparten en 18 de los 78 concejos asturianos: Allande, Belmonte de Miranda, Amieva, Cabrales, Cangas de Onís, Cangas del Narcea, Grado, Lena, Llanes, Morcín, Oviedo, Peñamellera Alta, Piloña, Ponga, Ribadedeva, Salas, Tineo y Yernes y Tameza.

En Tineo se ha tenido que cortar un tramo de la AS-15, la recta de La Vega, entre los kilómetros 25,500 y 25,300 y habilitar desvíos, a causa de un desprendimiento de piedras provocado por el incendio.

Según el índice diario elaborado por la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, en la jornada de hoy 55 de los 78 municipios asturianos están en riesgo extremo por fuegos forestales, mientras que 19 lo están en riesgo muy alto y los cuatro restantes, en riesgo alto.

Las temperaturas máximas se han suavizado ligeramente respecto a ayer, aunque se han acercado a los 27 grados, mientras que las rachas de viento han superado los 100 kilómetros por hora (km/h) en algunos puntos de los Picos de Europa y se han situado en torno a 70 km/h en otros puntos de la comunidad, lo que ha dificultados las labores de extinción.

De cara a mañana, miércoles, los 78 concejos asturianos se encontrarán en riesgo muy alto de incendios, en una jornada en la que la Aemet prevé en Asturias un nuevo descenso de las temperaturas máximas y lluvias y chubascos en la cordillera, ocasionalmente acompañados de tormentas, que pueden ser fuertes.

El incendio forestal de A Laracha y Carballo (A Coruña), que son dos focos unidos, ha quedado controlado este martes tras quemar 190 hectáreas, informa la Consellería do Medio Rural, informa EFE.

El fuego de Carballo empezó en la parroquia de Noicela a las 14:18 horas del lunes, mientras que el de A Laracha, en Caión, arrancó a las 13:13 horas, según detalló la Guardia Civil.

Las llamas obligaron a la Guardia Civil a desalojar a trece personas en los lugares de Goxán de Arriba y de Outeiro —ubicados en la parroquia de Caión, en el término municipal de A Laracha— y han sido trasladadas al centro cívico de Caión.

El incendio forestal está controlado —sin llama visible— desde las 15:37 horas de este martes, tras su estabilización de anoche.

En él trabajan diecisiete agentes, veintiún brigadas, veinte motobombas, dos palas, cuatro técnicos, tres helicópteros, tres unidades técnicas de apoyo y cuatro aviones.

Los fuegos obligaron a cortar la carretera DP-1909 entre los kilómetros 12 y 15, el tramo que une Caión con A Laracha, debido a la falta de visibilidad provocada por el intenso humo. 

Veintitrés incendios activos en Cantabria, donde se ha cortado la conexión ferroviaria con la Meseta, y veinte en Asturias mantienen alerta este martes a los servicios de Emergencias de ambas comunidades, en las que el riesgo continúa siendo elevado debido a las altas temperaturas, informa EFE.

En Galicia han quedado estabilizados los principales fuegos, entre ellos el que se originó en Ponteareas (Pontevedra) y que afectó a 600 hectáreas.

En Cantabria, que registra en la mañana de este martes 23 incendios activos, se ha suspendido la conexión por tren con la Meseta debido al fuego en Los Corrales de Buelna, que ha obligado a cortar la vía y la catenaria para establecer un contra fuego y facilitar así la extinción.

El corte afecta a la circulación de la línea de cercanías C1 y a la conexión ferroviaria entre Santander y Palencia, por lo que Adif ha establecido un plan de transporte alternativo por carretera.

Los incendios activos se encuentran en Los Tojos (6), Cabuérniga (4), Rionansa (2), Valdaliga (2), Tudanca, Cieza, Arenas de Iguña, Molledo, Pesquera, Entrambasaguas, San Vicente de la Barquera, Ruente y Lamasón.

Se mantiene activa la fase de preemergencia del plan especial de Protección Civil desde esta mañana.

Se prevén condiciones meteorológicas desfavorables para evitar y controlar los fuegos en las próximas 48-72 horas, lo que "favorece la acción de los incendiarios y dificulta las labores de extinción", según el Ejecutivo.

"La madrugada ha sido la más comprometida en lo que va de año en la extinción de incendios forestales”, ha dicho el director general de Biodiversidad, Ángel Serdio.

En Asturias hay 31 incendios forestales, de los que veinte están activos, que afectan a quince concejos y se localizan principalmente en zonas altas, inaccesibles o con muy difícil acceso para los recursos terrestres.

Por ello resultará fundamental el trabajo de los medios aéreos de la comunidad autónoma y los movilizados por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco).

Los incendios se localizan en los concejos de Allande, Amieva, Belmonte de Miranda, Cabrales, Cangas de Onís, Cangas del Narcea, Grado, Lena, Llanes, Morcín, Llanes, Piloña, Ponga, San Martín de Oscos y Tineo.

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, elevó pasadas las 23:00 horas de ayer a situación 1 el nivel de emergencia del Plan de Incendios Forestales del Principado.

En la jornada de hoy 55 de los 78 municipios asturianos están en riesgo extremo por fuegos forestales, mientras que 19 lo están en riesgo muy alto y los 4 restantes, en riesgo alto. El miércoles los 78 concejos se encontrarán en riesgo muy alto.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que las temperaturas máximas se suavicen hoy y se sitúen en torno a los 26 o 27 grados, con vientos flojos pero posibilidad de rachas muy fuertes en la cordillera. Además, espera precipitaciones débiles y moderadas, acompañadas de tormentas.

La Coordinadora Ecologista de Asturias (CEA) ha pedido al Gobierno del Principado la recuperación del acotamiento al pastoreo de las zonas quemadas por los incendios forestales para evitar que se pueda obtener "beneficio de quemar un monte".

En Galicia el incendio forestal de A Laracha y Carballo (A Coruña), que son dos focos unidos, ha quedado estabilizado tras quemar 150 hectáreas, informa la Consellería do Medio Rural.

Las llamas obligaron a la Guardia Civil a desalojar a trece personas en la parroquia de Caión, en A Laracha.

El incendio que se originó en Ponteareas (Pontevedra) y se extendió por los municipios de Pazos de Borbén y Mos se encuentra también estabilizado tras haber afectado a 600 hectáreas.

El fuego obligó a activar el lunes la situación 2 de emergencia por su proximidad al núcleo de O Galleiro, en Pazos de Borbén, medida preventiva desactivada pasadas las 23:30 horas.

Asturias registraba a primera hora de la tarde de este lunes quince incendios forestales en una jornada de altas temperaturas, de más de 30 grados, y vientos de componente sur que han puesto a toda la comunidad en riesgo alto, muy alto o extremo por fuego, ha informado el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA).

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha declarado a las 17:25 horas el paso a fase de emergencia en situación 0 del Plan de Incendios Forestales del Principado de Asturias (Infopa).

Esta situación, la más baja de las cuatro que contempla el plan, esta reservada para cuando se registran uno o varios incendios forestales simultáneos que pueden ser controlados con los medios y recursos asignados al plan autonómico.

El Infopa permanecía activado en fase de alerta, previa a la emergencia, desde el pasado 15 de enero.

Este plan se activa de forma automática, anualmente, coincidiendo con las épocas de peligro alto y medio, que en Asturias se corresponden, respectivamente, con los periodos comprendidos entre el 15 de enero y el 30 de abril y entre el 15 de julio y el 15 de octubre.

El Gobierno del presidente argentino Javier Milei ratificó este miércoles que enviará al Congreso modificaciones a las leyes que prohíben la venta de tierras incendiadas para evitar la especulación inmobiliaria, y que limitan la compra de tierras por parte de extranjeros, como parte de un paquete de normas "dedicado a fortalecer la propiedad privada".

Una de las normativas que el Ejecutivo buscará reformar es la Ley de Manejo del Fuego, que desde su modificación en 2020 impide realizar emprendimientos inmobiliarios, actividades agropecuarias intensivas o modificaciones en el uso de tierras incendiadas.

Esta modificación se produce en el contexto de incendios forestales frecuentes, que cada verano azotan la Patagonia argentina y otras regiones del país y que afectaron, desde mediados del pasado diciembre, a unas 64.000 hectáreas de tierra, según las estimaciones de Greenpeace.

El Gobierno también impulsará cambios en la norma conocida como ley de tierras rurales, que limita la compra de territorios por parte de extranjeros al 15% del total nacional, provincial o departamental y prohíbe la venta de zonas estratégicas con recursos hídricos o fronterizos.

Asimismo, la norma establece que ninguna nacionalidad específica puede superar el 30% del territorio permitido para la venta y que un mismo titular extranjero puede poseer un máximo de mil hectáreas en la zona de mayor actividad agropecuaria del país. "Inversiones como el petroleo, la minería o el agro requieren la compra de terrenos grandes para llevarse adelante. No podemos permitir que estas no se realicen por un mero capricho ideológico", dijo en conferencia de prensa el jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, y aseguró que "hoy los empresarios más importantes del mundo miran a la Argentina como una oportunidad histórica de inversión".

Adorni anunció a su vez que el Ejecutivo intentará impulsar una modificación al régimen de expropiaciones, que limite a casos excepcionales la aplicación del concepto de 'utilidad pública' y que aumente la indemnización percibida por los expropiados. "El Estado no puede definir de la noche a la mañana que lo tuyo es del Estado por un capricho del gobernante de turno", argumentó Adorni.

Finalmente, el jefe de Gabinete reafirmó el compromiso del Gobierno de avanzar con la aprobación de la modificación de la ley de glaciares —que otorga a las provincias la potestad de permitir la actividad minera en las zonas periglaciales— en la Cámara de Diputados, tras la luz verde obtenida en el Senado el pasado febrero.

La iniciativa ha despertado el rechazo de ciudadanos, organizaciones ecologistas y diputados opositores, quienes solicitaron una audiencia pública que comenzó este miércoles y contará con la exposición de 400 personas —entre expertos, ambientalistas y ciudadanos de a pie—, mientras otras miles anticiparon que presentarán escritos y vídeos.

Una de las incógnitas que planteaban las elecciones de Castilla y León era conocer qué incidencia iban a tener los graves incendios forestales del pasado verano en los municipios más afectados y, mayoritariamente, han apoyado al PP a excepción de lo ocurridos en El Bierzo, una comarca históricamente socialista, según informa EFE.

El pasado verano fue uno de los más negros para esta Comunidad con más de 140.000 hectáreas quemadas y tres personas fallecidas a causa del fuego.

Entre los fuegos más graves destacaron los registrados en municipios como Benuza y Encinedo (León), Ferreras de Abajo y Mahíde (Zamora), Navalacruz y Arenas de San Pedro (Ávila) o Monsagro (Salamanca), que obligaron a evacuar o confinar a vecinos de distintas localidades durante varios días.

En la comarca leonesa del Bierzo, históricamente ligada a la minería y al movimiento sindical, el PSOE ha conseguido ser la fuerza más votada en la mayoría de los principales municipios afectados por los fuegos, como en Villablino (48,6%), Bembibre (40,6%) o Toreno (53,9%).

Sin embargo, en los pequeños municipios de Benuza y Encinedo, muy afectados por los fuegos, el PP ha conseguido sendas victorias, con el 62,8% y el 48% de los votos, respectivamente.

Fuera de León, la victoria del PP en los núcleos afectados por los fuegos ha sido más clara. En Zamora el PP se alzó como la primera fueza en Mahíde (54,8%), Ferreras de Abajo (41,6%) y Riofrío de Alista (65%) y, en Ávila, en Arenas de San pedro (39%) y Mombeltrán (31,5%), mientras que en Navalacruz, PP y PSOE empataron al 35% de los votos.

Preguntado por la incidencia que han podido tener estos incendios en las elecciones, el candidato del PP a la reelección y ganador de los comicios, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado que estos no han castigado al PP, ya que en León, una de las provincias más afectadas, su formación ha estado "a punto de ganar".

"Otros han querido hacer de una tragedia política a corto plazo, lo que es un error", ha expresado el presidente en funciones de la Junta en declaraciones a TVE tras las conocerse los resultados.

En la provincia de León, el PP ha conseguido un 28,04% de los votos, una subida de 3 puntos, frente al PSOE, que ha sido la fuerza más votada en la provincia con el 28,27%, aunque en la comarca del Bierzo, el PSOE ganó en 32 de sus 38 municipios.

Diez incendios forestales están activos la tarde de este martes en Cantabria, que tiene activado el nivel 2 de riesgo por este tipo de fuegos, mientras que las temperaturas han superado los 26 grados en varios puntos de la comunidad autónoma por el viento sur.

Según datos facilitados por el Gobierno regional a las 19.15 horas, en los 24 días del mes de febrero se han registrado en la región 77 incendios forestales, la mayoría de ellos posiblemente provocados.

Esta tarde están activos incendios forestales en Soba (2), Miera, Vega de Pas, Santiurde de Toranzo, Anievas, Arenas de Iguña, Campoo de Yuso y San Roque de Riomiera. También hay cuatro incendios controlados en Miera (2), Soba y Rionansa.

Cantabria estará las próximas 48 horas en nivel “alto o muy alto” de riesgo por incendios forestales.

La consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, ha vuelto a pedir este martes que se denuncie cualquier situación relacionada con los incendios forestales y se ponga en conocimiento del 112 o de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, ya que ha recordado que el 90% de los fuegos que se producen en la región son provocados. "No podemos permitir que gente tan desalmada haga eso con nuestro patrimonio natural", ha dicho Susinos.

Apenas unas semanas después del incendio que arrasó un tramo del cauce seco del Guadiana a mediados de octubre, vecinos de la zona han confirmado lo que muchos temíamos: la turba está ardiendo bajo tierra, muy cerca de la Zona Periférica de Protección del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel.

La crónica no solo estaba anunciada. Estaba escrita desde 2009. Y vuelve a cumplirse.

Lo que comenzó como un incendio superficial —aparentemente controlado— ha terminado activando el peligro más silencioso y devastador del Guadiana desecado: la combustión de la turba subterránea, ese material orgánico acumulado durante siglos que, cuando se seca, se convierte en un combustible lento, profundo y casi imposible de extinguir.

El humo ya es visible en la superficie, señal de que la zona sigue caliente y ardiendo de manera interna. Y trae consigo un olor inconfundible: el olor de la memoria quemada del humedal. Quienes vivieron lo ocurrido en 2009 no han dudado en avisar. Saben lo que significa.

Ese humo no es un residuo sin importancia: es el síntoma de un incendio vivo, oculto, que avanza por el subsuelo y puede permanecer activo semanas, incluso meses.

Este episodio confirma lo que llevamos años denunciando: el abandono del cauce seco del Guadiana es un riesgo ambiental y un riesgo para la seguridad, tanto del Parque Nacional como de los habitantes del entorno. Mientras el cauce siga actuando como un corredor de biomasa seca —en superficie y bajo ella— y no se humecte adecuadamente, cualquier incendio superficial puede transformarse en un incendio de turba.

Lo ocurrido tras el incendio de octubre —alertado desde estas mismas páginas— demuestra que el problema no terminó con la extinción visible. Era solo el inicio. Y refuerza la urgencia de actuar en esta zona antes de que sea demasiado tarde.

Hoy, la turba arde bajo nuestros pies. Mañana, si no actuamos, puede volver a amenazar al Parque Nacional, como ya ocurrió en 2009. Y no podemos decir que no lo vimos venir.

Cuando el Guadiana dejó de aportar agua, muchos pensaron que había dejado de importar. Pero la naturaleza no desaparece porque dejemos de mirarla: se transforma. Y la transformación del cauce en un corredor de fuego es su advertencia más firme.

Este nuevo incendio subterráneo no es solo una consecuencia. Es un aviso. Y el Guadiana, una vez más, habla con humo.

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Alberto Celis Pozuelo es geógrafo e historiador daimieleño.

La Fiscalía de Castilla y León ha abierto una investigación contra el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y su consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, después de que la Asociación Bierzo Aire Limpio presentase una denuncia contra ellos por los incendios forestales ocurridos en agosto pasado, según informa EFE.

La Fiscalía de la Comunidad comunica a esta asociación en un oficio al que ha tenido acceso EFE que incoa diligencias de investigación tras la denuncia recibida por la posible comisión de delitos en relación con los incendios forestales producidos en agosto pasado en las comarcas del Bierzo, Laciana, Cabrera, Omaña, Valderería, Maragatería y Valduerna en León.

En la denuncia, esta asociación apunta a la posible comisión de delitos de prevaricación por omisión, delitos contra el medio ambiente, omisión del deber de socorro y otros ilícitos vinculados a la inacción y deficiente actuación de la administración autonómica.

Según Bierzo Aire Limpio, existen indicios de que los responsables de la Junta no adoptaron las medidas preventivas necesarias pese a disponer de los datos técnicos que permitían valorar el riesgo extremo de incendios, en un contexto de temperaturas récord y fuerte sequedad del terreno.

“El Gobierno autonómico contaba con toda la información para anticiparse, pero optó por no reforzar el operativo, a pesar de los antecedentes”, señala la asociación.

Además, recuerda que tras catástrofes anteriores ocurridas en la comunidad autónoma y especialmente en el Bierzo o la Sierra de la Culebra (2022), no se reforzó el operativo de incendios ni se aumentaron los recursos de prevención, vigilancia o personal.

Por su parte, el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha recordado que tras los incendios de 2022 se produjeron denuncias de este tipo y todas quedaron archivadas.

Así, ha asegurado que tras los incendios de 2022 se tomaron unas decisiones "muy potentes" en cambio de estructura e inversión y ese operativo, según Quiñones, funcionó muy bien en 2023, 2024 y también en 2025, salvo en esas tres "semanas fatídicas con circunstancias desconocidas".

Ha asegurado que siempre están a disposición de la Justicia "y por tanto, daremos todas las explicaciones necesarias".

"En definitiva, trataremos de explicar cómo la actuación de la Junta ha sido correcta, la actuación de los medios ha sido correcta y adecuada y lo que ha habido son circunstancias absolutamente imprevisibles", ha argumentado.

El portavoz del Gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo, ha asegurado que la Junta colaborará con la investigación abierta, "que es natural si hay una denuncia" y aportarán toda la documentación que les solicite la Fiscalía.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, y a preguntas de los periodistas, ha insistido en que "es lógico que a raíz de una denuncia se pida documentación" y la Junta, como ha hecho en otras ocasiones la aportará, al tiempo que ha asegurado que "respetan los trámites y procedimientos judiciales".