118.763,65 hectáreas quemadas en Galicia y al menos los dos mayores incendios forestales de la historia, los iniciados en Larouco y Oímbra. La Xunta acaba de hacer oficiales esos dos grandes datos del pasado año con la aprobación y publicación esta semana del Plan de prevención y defensa contra los incendios forestales (Pladiga) para este 2026, que hace balance de lo ocurrido en 2025.

Un documento que constata que un tercio de la provincia de Ourense ardió a lo largo de la última década y que en ese mismo período resultó quemado entre el 32% y el 41% de la superficie protegida por distintas figuras de la Red Natura 2000 en toda Galicia.

El cálculo oficial de la Xunta de hectáreas quemadas (inferior a las 145.000 calculadas por satélite) sitúa el pasado año como el tercer peor de la serie histórica, apenas por debajo de las 119.633 hectáreas de 1978 y a distancia de las 198.998 hectáreas de 1989. En 2025 fueron unas 80.000 hectáreas de superficie rasa y unas 38.000 de superficie arbolada. Y el grueso de ellas, el 94%, unas 111.000, se concentraron en 18 grandes incendios forestales, que el plan define como aquellos que superan las 500 hectáreas.

Los grandes incendios del pasado año se cebaron especialmente con la provincia de Ourense y el sur de la de Lugo. Así, el documento refleja expresamente que "los incendios más grandes de la historia reciente se produjeron en 2025, el de Larouco que también afectó notablemente a la provincia de Lugo, y el de Oímbra".

El documento hace repaso también a lo sucedido en las últimas décadas y en el caso de la provincia de Ourense ofrece el dato de que entre 2016 y 2025 ardieron 196.308 hectáreas, lo que supone el 35% de las 727.000 hectáreas de superficie total de la provincia o el 27% de las 560.000 hectáreas de superficie forestal.

Tras los incendios del pasado año, Adega calculó que el fuego había afectado al 11% de la superficie protegida en toda Galicia bajo la Red Natura 2000. El Pladiga no hace el cálculo para el pasado año pero sí para toda la última década y señala que en ese período resultaron afectadas 120.000 hectáreas de zonas de especial conservación (ZEC), el 32% del total, y 41.000 hectáreas de zonas de especial protección para las aves (ZEPA), el 40,7% del total. Parte de la superficie afectada sería coincidente, porque existen zonas de la Red Natura protegidas por ambos tipos de figuras.

El Pladiga también fija objetivos para este 2026 y, como en años anteriores, se calculan a partir de las medias de la última década. Esto hace que las cifras disparadas del pasado año eleven esas medias, de modo que algunos de los objetivos para este año son no superar las 21.000 hectáreas totales quemadas o reducir los incendios de más de media hectárea por debajo de los 282.

A 6 de abril, Galicia ya había sufrido su primer Gran Incendio Forestal (GIF) del año, al superar el fuego iniciado en Ponteareas las 500 hectáreas, umbral a partir del cual se incluyen los focos en esta categoría. El año pasado, que fue el de los peores fuegos de la historia de Galicia, el primer GIF no llegó hasta inicios de agosto en Vilardevós. A partir de ahí, una veintena más de grandes incendios —varios de ellos uniéndose en un único frente—, cuatro por encima de las 24.000 hectáreas y un total de entre 120.000 y 144.000 arrasadas teniendo en cuenta los datos de la Xunta o los de las mediciones de los satélites Sentinel 2 del programa europeo Copernicus.

En lo que va de año, y solo en esta primavera, son más de 1.000 las hectáreas calcinadas en Galicia, más de 900 de ellas en unas pocas horas de este pasado lunes, en una jornada en la que coincidieron varias de las condiciones propicias para la expansión del fuego: altas temperaturas, viento fuerte y cálido y matorral denso y abundante favorecido por las elevadas precipitaciones del pasado invierno.

Los incendios en Ponteareas y en la zona de Carballo y A Laracha, en el primer día de temperaturas anormalmente altas del año en Galicia —rozando los 30 grados en muchas localidades y batiendo marcas para la época— suponen de nuevo un aviso del importante desafío que afronta Galicia con unos incendios cada vez más peligrosos, virulentos, incontrolables e imprevisibles por el impacto del cambio climático. Las lluvias ayudaron a apagar lo que antes habían contribuido a favorecer.

Porque en este caso, la crisis climática impacta de dos maneras: intensificando las lluvias torrenciales —tal y como confirmaron los primeros estudios científicos sobre este invierno— y, por lo tanto, facilitando el rápido crecimiento de combustible vegetal en primavera, y con un aumento de las temperaturas y de las épocas de sequía que provocan la situación más favorable para la extensión del fuego.

Este mismo martes, Meteogalicia hizo públicos los datos que indican que Galicia registró un mes de marzo muy cálido y muy seco, con una temperatura media nueve décimas por encima del valor habitual y un 65% menos de precipitaciones en comparación con lo habitual en este período. Fue el octavo mes de marzo más seco de la serie histórica. Lluvias intensas en invierno y calor y sequía justo en las semanas posteriores: la tormenta perfecta. Todo en un contexto en el que los últimos cuatro años fueron los más cálidos de siempre en Galicia.

Ya lo advertía un informe del Ministerio para la Transición Ecológica que sirve de base para las políticas de adaptación al calentamiento global. En él, alerta de que el “cambio de régimen de lluvias (mayor irregularidad) y el aumento de las temperaturas favorece las condiciones propicias para que los incendios forestales sean más virulentos y extensos”, pero también más difíciles de extinguir por “un mayor volumen de combustible expuesto a periodos de sequía cada vez más prolongados”. Y señala a Galicia por ser uno de los territorios más afectados y donde las temporadas de peligro por el fuego pasan a ser “más largas”.

El fuego, una vez más, confirmó las advertencias, esta vez muy pronto. En Ponteareas, como explican bomberos forestales de la zona, el incendio que calcinó más de 600 hectáreas y se extendió este pasado lunes a Mos y Pazos de Borbén “se desmandó” por las condiciones climáticas y puso en riesgo a varios brigadistas. En la misma zona donde las llamas ya habían arrasado cientos de hectáreas en agosto de 2005 y en octubre de 2017.

“Las abundantes lluvias del invierno hacen que ahora el matorral crezca mucho, pero los temporales provocaron también que haya mucho ramaje, ramas y árboles caídos que ahora se secan y son combustible para arder. Hay mucho ‘restroballo’ en muchos montes que en condiciones climáticas como las de este lunes suponen un peligro”, explica un brigadista del Baixo Miño, uno de los trabajadores del servicio contraincendios de la Xunta que empezó su trabajo durante nueve meses a principios del pasado marzo.

Pese a no ser la época de mayor riesgo, los meses de marzo y abril son históricamente un período con picos de mayor incidencia de fuego —tal y como se puede comprobar en los datos y en el gráfico que aporta el Pladiga 2025—, aunque atenuados en la última década y no comparables a los que se dan en verano. El millar de hectáreas ardidas en las últimas semanas pone a Galicia en alerta y vuelve a confirmar las advertencias, sobre todo de cara al próximo verano.

“Por desgracia, en Ourense buena parte del monte quedó arrasado y no queda mucho por arder; la franja atlántica es ahora la de mayor riesgo y el mayor o menor peligro dependerá de que las condiciones climáticas sean desfavorables y del tiempo que se mantengan”, explican bomberos forestales en conversación con Praza.gal, que advierten de servicios “a medio gas”, por las vacaciones o por procesos selectivos de estabilización pendientes estos días, y que echan en falta reuniones de evaluación que permitan “abordar y mejorar sobre los errores y los aciertos de la anterior campaña”.

En esta franja atlántica, pero especialmente en el sur de Galicia, el temor de los profesionales contra incendios es mayor por ser una zona más poblada, con una “pésima planificación urbanística y un gran desorden territorial” y plantaciones de pinos y eucaliptos “pegadas a muchas casas”. De nuevo, uno de los riesgos “clave” en Galicia sobre los que llevan años advirtiendo desde la ciencia.

El número de personas expuestas al fuego por su “proximidad a la interfaz urbano-forestal (IUF) y al tipo de urbanismo predominante” aumenta la peligrosidad, alerta el citado informe de Transición Ecológica. “En regiones como Galicia, donde existe una importante continuidad entre el bosque y los asentamientos urbanos, la IUF es extensa”, avisa. Una investigación de la Universidade de Santiago (USC) ya había alertado de que los incendios cada vez se inician más próximos a las viviendas.

Las consecuencias influyen también en la capacidad de extinción y control del fuego. “Cuando, lógicamente, la prioridad de los servicios de extinción es salvar vidas, hay que dejar incendios en el monte que acaban acelerándose y descontrolándose”, recuerdan brigadistas, que insisten en la dependencia de que las condiciones climatológicas que hicieron del verano de 2025 un infierno en Ourense no se repitan en otras zonas en riesgo en Galicia.

Porque todo cambió en 2017. Fueron los graves incendios de aquel año —los de junio en Portugal que provocaron la catástrofe de Pedrógão Grande y los de otoño que asolaron el país vecino y Galicia en un fin de semana— los que sirvieron de advertencia de lo que estaba por venir.

Los incendios más virulentos, incontrolables y peligrosos ya están asentados en Galicia, ayudados por el impacto de la crisis climática. Ante la llegada de esta tipología de fuego forestal, el informe técnico encargado por la Assembleia da República en Portugal sobre Pedrógão de 2017 concluyera que la política antiincendios debía ser modificada por el cambio climático. Y la propia Xunta reclamó lo mismo poco después en la comisión parlamentaria que analizó la oleada de fuego del mismo año en Galicia.

A la espera de que sea aprobado definitivamente, el Plan de Prevención y Defensa contra los Incendios Forestales (Pladiga) de 2026 prevé el incremento del 30% en la red de videovigilancia, la implantación de una aplicación para alertar sobre incendios, la incorporación de 42 nuevas brigadas o el aumento del presupuesto del convenio para la gestión de la biomasa en las fajas secundarias, según anunció la Xunta.

En el Pladiga de 2025, un análisis completo apunta a diversos factores detrás del “complejo” problema de los incendios, desde políticas forestales perjudiciales hasta la estructura de la propiedad de la tierra en Galicia. Y, como antes otros documentos y estudios, ni siquiera menciona la tesis de las “tramas” o del supuesto “terrorismo” que se suelen resucitar en los argumentarios oficiales tras épocas más virulentas como la de este año.

Una aportación que completa el diagnóstico sobre un problema que afecta de lleno a Galicia, que ya está en el epicentro del área con mayor riesgo de incendio en Europa, como detalló un estudio de un equipo internacional liderado por el Grupo de Modelización Atmosférica Regional de la Universidad de Murcia, en el que participan otras entidades científicas como la Misión Biológica de Galicia-CSIC. Una problemática que, además, llega cada vez más pronto.

El 73% de los españoles dice estar "muy o bastante preocupado" por el cambio climático y el 61% considera que este fenómeno le impacta "de forma significativa" en su día a día, según revela el 'V Informe sobre Sostenibilidad: La ciudadanía ante el riesgo climático', elaborado por ENGIE y GAD3.

La población reconoce verse afectada, principalmente, en materia de meteorología y disponibilidad de recursos. De hecho, la mayoría de las personas encuestadas cree que ha aumentado la frecuencia de los incendios forestales (88%), las inundaciones y las lluvias torrenciales (84%), y las olas de calor (83%).

Por comunidades, la percepción del aumento de las olas de calor es mayor en Comunidad Valenciana, Región de Murcia y norte de España (87%), mientras que el incremento de los incendios es percibido con más intensidad en Andalucía (88%), Cataluña (88%), Galicia (88%) y Castilla y León (88%).

La ciudadanía de Comunidad Valenciana y Región de Murcia (87%) nota especialmente el aumento de las inundaciones y las lluvias torrenciales.

Para reducir el impacto de estos episodios, el 41% de los españoles cree que la mejora de las infraestructuras de drenaje y los dispositivos de protección civil son clave, seguida de la reordenación urbanística (34%) y el refuerzo de los sistemas de alarma y los planes de emergencia (32%).

La mitad de la población (49%) considera que fenómenos como la dana o la gota fría son consecuencia del cambio climático, y el 43% opina lo mismo de los incendios forestales. Además, ocho de cada diez ciudadanos y ciudadanas afirma haber vivido "fenómenos extremos" como la dana o los incendios del verano pasado.

En cuanto a recursos, el 44% opina que el impacto "más preocupante" del cambio climático atañe a la disponibilidad de agua y la sequía, por delante de los efectos sobre la agricultura (37%), la calidad de vida (35%) o la pérdida de biodiversidad (35%).

Cuando se pregunta por acciones personales para luchar contra el cambio climático, el 34% dice estar dispuesto a usar más el transporte público y el 28% a mejorar la eficiencia energética de su vivienda. Un 44% opina que los esfuerzos individuales "solo son efectivos" si van acompañados de un compromiso colectivo.

Y aunque el 70% de las personas encuestadas muestra interés por el medioambiente, la idea de que las advertencias sobre este tema son "exageradas" aumenta entre la población, especialmente en la Comunidad de Madrid (34%) y Castilla y León (33%).

El informe también revela que el desarrollo de energías renovables y procesos industriales menos contaminantes se encuentra entre las medidas más populares para luchar contra el cambio climático en España.

Asturias registraba a última hora de la tarde de este miércoles 14 incendios forestales, de los cuales diez estaban activos y cuatro se daban por controlados en una jornada en la que toda la comunidad está en riesgo muy alto por las elevadas temperaturas.

Según ha informado el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), los fuegos se registran en una docena de concejos asturianos: Amieva, Allande, Belmonte de Miranda, Cabrales, Cangas de Onís, Cangas del Narcea, Grado, Llanes, Peñamellera Alta, Piloña, Ponga y Tineo.

La mayoría de los focos son de escasa dimensión y se encuentran en zonas altas, aunque el localizado en la zona de Antoñana, en el concejo de Belmonte, que aún sigue activo, destaca por su extensión.

Este miércoles, los 78 concejos asturianos han estado en riesgo muy alto de incendios, en una jornada en la que las temperaturas máximas han quedado en torno a 24-25 grados y en la que apenas ha habido precipitaciones y las rachas de viento han amainado, mientras que mañana, jueves, toda Asturias seguirá en riesgo muy alto, en un día en el que las temperaturas máximas volverán a subir.

La de ahora es la segunda oleada de incendios que registra el Principado de Asturias en lo que va de año, tras la que tuvo lugar a finales de febrero.

Según los últimos datos de la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (Sadei), Asturias contabilizó en el conjunto del mes de febrero 126 incendios forestales con una superficie media afectada de diez hectáreas.

En concreto se quemaron en todo el mes 1.259 hectáreas, de las que 1.220 eran de matorral y monte bajo; 25, de pastizales, y 14, de arbolado.

El consejero de Gestión de Emergencias atribuyó el martes el origen de esta nueva oleada de incendios, que comenzó el lunes, a la acción de "incendiarios".

"Todos estos incendios no se producen de manera natural, sino porque hay delincuentes que los provocan", remarcó Alejandro Calvo.

La de ahora es la segunda oleada de incendios que registra el Principado de Asturias en lo que va de año tras la que tuvo lugar a finales de febrero.

Según los últimos datos de la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (Sadei), Asturias registró en el conjunto del mes de febrero 126 incendios forestales con una superficie media de 10 hectáreas. En concreto se quemaron en todo el mes 1.259 hectáreas, de las que 1.220 eran de matorral y monte bajo; 25, de pastizales, y 14, de arbolado.

Asturias registraba a media tarde de este martes 26 incendios forestales, de los que 22 están activos y cuatro controlados, en una jornada de riesgo elevado por las altas temperaturas.

Aunque buena parte de los focos son de poca dimensión y se encuentran en zonas altas, hay dos "muy extensos" localizados en Bustantigo, en el concejo de Allande, y Antoñana, en Belmonte de Miranda, que es donde más medios se concentran, ha detallado el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA),

Los fuegos se reparten en 18 de los 78 concejos asturianos: Allande, Belmonte de Miranda, Amieva, Cabrales, Cangas de Onís, Cangas del Narcea, Grado, Lena, Llanes, Morcín, Oviedo, Peñamellera Alta, Piloña, Ponga, Ribadedeva, Salas, Tineo y Yernes y Tameza.

En Tineo se ha tenido que cortar un tramo de la AS-15, la recta de La Vega, entre los kilómetros 25,500 y 25,300 y habilitar desvíos, a causa de un desprendimiento de piedras provocado por el incendio.

Según el índice diario elaborado por la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, en la jornada de hoy 55 de los 78 municipios asturianos están en riesgo extremo por fuegos forestales, mientras que 19 lo están en riesgo muy alto y los cuatro restantes, en riesgo alto.

Las temperaturas máximas se han suavizado ligeramente respecto a ayer, aunque se han acercado a los 27 grados, mientras que las rachas de viento han superado los 100 kilómetros por hora (km/h) en algunos puntos de los Picos de Europa y se han situado en torno a 70 km/h en otros puntos de la comunidad, lo que ha dificultados las labores de extinción.

De cara a mañana, miércoles, los 78 concejos asturianos se encontrarán en riesgo muy alto de incendios, en una jornada en la que la Aemet prevé en Asturias un nuevo descenso de las temperaturas máximas y lluvias y chubascos en la cordillera, ocasionalmente acompañados de tormentas, que pueden ser fuertes.

El incendio forestal de A Laracha y Carballo (A Coruña), que son dos focos unidos, ha quedado controlado este martes tras quemar 190 hectáreas, informa la Consellería do Medio Rural, informa EFE.

El fuego de Carballo empezó en la parroquia de Noicela a las 14:18 horas del lunes, mientras que el de A Laracha, en Caión, arrancó a las 13:13 horas, según detalló la Guardia Civil.

Las llamas obligaron a la Guardia Civil a desalojar a trece personas en los lugares de Goxán de Arriba y de Outeiro —ubicados en la parroquia de Caión, en el término municipal de A Laracha— y han sido trasladadas al centro cívico de Caión.

El incendio forestal está controlado —sin llama visible— desde las 15:37 horas de este martes, tras su estabilización de anoche.

En él trabajan diecisiete agentes, veintiún brigadas, veinte motobombas, dos palas, cuatro técnicos, tres helicópteros, tres unidades técnicas de apoyo y cuatro aviones.

Los fuegos obligaron a cortar la carretera DP-1909 entre los kilómetros 12 y 15, el tramo que une Caión con A Laracha, debido a la falta de visibilidad provocada por el intenso humo. 

Veintitrés incendios activos en Cantabria, donde se ha cortado la conexión ferroviaria con la Meseta, y veinte en Asturias mantienen alerta este martes a los servicios de Emergencias de ambas comunidades, en las que el riesgo continúa siendo elevado debido a las altas temperaturas, informa EFE.

En Galicia han quedado estabilizados los principales fuegos, entre ellos el que se originó en Ponteareas (Pontevedra) y que afectó a 600 hectáreas.

En Cantabria, que registra en la mañana de este martes 23 incendios activos, se ha suspendido la conexión por tren con la Meseta debido al fuego en Los Corrales de Buelna, que ha obligado a cortar la vía y la catenaria para establecer un contra fuego y facilitar así la extinción.

El corte afecta a la circulación de la línea de cercanías C1 y a la conexión ferroviaria entre Santander y Palencia, por lo que Adif ha establecido un plan de transporte alternativo por carretera.

Los incendios activos se encuentran en Los Tojos (6), Cabuérniga (4), Rionansa (2), Valdaliga (2), Tudanca, Cieza, Arenas de Iguña, Molledo, Pesquera, Entrambasaguas, San Vicente de la Barquera, Ruente y Lamasón.

Se mantiene activa la fase de preemergencia del plan especial de Protección Civil desde esta mañana.

Se prevén condiciones meteorológicas desfavorables para evitar y controlar los fuegos en las próximas 48-72 horas, lo que "favorece la acción de los incendiarios y dificulta las labores de extinción", según el Ejecutivo.

"La madrugada ha sido la más comprometida en lo que va de año en la extinción de incendios forestales”, ha dicho el director general de Biodiversidad, Ángel Serdio.

En Asturias hay 31 incendios forestales, de los que veinte están activos, que afectan a quince concejos y se localizan principalmente en zonas altas, inaccesibles o con muy difícil acceso para los recursos terrestres.

Por ello resultará fundamental el trabajo de los medios aéreos de la comunidad autónoma y los movilizados por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco).

Los incendios se localizan en los concejos de Allande, Amieva, Belmonte de Miranda, Cabrales, Cangas de Onís, Cangas del Narcea, Grado, Lena, Llanes, Morcín, Llanes, Piloña, Ponga, San Martín de Oscos y Tineo.

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, elevó pasadas las 23:00 horas de ayer a situación 1 el nivel de emergencia del Plan de Incendios Forestales del Principado.

En la jornada de hoy 55 de los 78 municipios asturianos están en riesgo extremo por fuegos forestales, mientras que 19 lo están en riesgo muy alto y los 4 restantes, en riesgo alto. El miércoles los 78 concejos se encontrarán en riesgo muy alto.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que las temperaturas máximas se suavicen hoy y se sitúen en torno a los 26 o 27 grados, con vientos flojos pero posibilidad de rachas muy fuertes en la cordillera. Además, espera precipitaciones débiles y moderadas, acompañadas de tormentas.

La Coordinadora Ecologista de Asturias (CEA) ha pedido al Gobierno del Principado la recuperación del acotamiento al pastoreo de las zonas quemadas por los incendios forestales para evitar que se pueda obtener "beneficio de quemar un monte".

En Galicia el incendio forestal de A Laracha y Carballo (A Coruña), que son dos focos unidos, ha quedado estabilizado tras quemar 150 hectáreas, informa la Consellería do Medio Rural.

Las llamas obligaron a la Guardia Civil a desalojar a trece personas en la parroquia de Caión, en A Laracha.

El incendio que se originó en Ponteareas (Pontevedra) y se extendió por los municipios de Pazos de Borbén y Mos se encuentra también estabilizado tras haber afectado a 600 hectáreas.

El fuego obligó a activar el lunes la situación 2 de emergencia por su proximidad al núcleo de O Galleiro, en Pazos de Borbén, medida preventiva desactivada pasadas las 23:30 horas.

Asturias registraba a primera hora de la tarde de este lunes quince incendios forestales en una jornada de altas temperaturas, de más de 30 grados, y vientos de componente sur que han puesto a toda la comunidad en riesgo alto, muy alto o extremo por fuego, ha informado el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA).

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha declarado a las 17:25 horas el paso a fase de emergencia en situación 0 del Plan de Incendios Forestales del Principado de Asturias (Infopa).

Esta situación, la más baja de las cuatro que contempla el plan, esta reservada para cuando se registran uno o varios incendios forestales simultáneos que pueden ser controlados con los medios y recursos asignados al plan autonómico.

El Infopa permanecía activado en fase de alerta, previa a la emergencia, desde el pasado 15 de enero.

Este plan se activa de forma automática, anualmente, coincidiendo con las épocas de peligro alto y medio, que en Asturias se corresponden, respectivamente, con los periodos comprendidos entre el 15 de enero y el 30 de abril y entre el 15 de julio y el 15 de octubre.

El Gobierno del presidente argentino Javier Milei ratificó este miércoles que enviará al Congreso modificaciones a las leyes que prohíben la venta de tierras incendiadas para evitar la especulación inmobiliaria, y que limitan la compra de tierras por parte de extranjeros, como parte de un paquete de normas "dedicado a fortalecer la propiedad privada".

Una de las normativas que el Ejecutivo buscará reformar es la Ley de Manejo del Fuego, que desde su modificación en 2020 impide realizar emprendimientos inmobiliarios, actividades agropecuarias intensivas o modificaciones en el uso de tierras incendiadas.

Esta modificación se produce en el contexto de incendios forestales frecuentes, que cada verano azotan la Patagonia argentina y otras regiones del país y que afectaron, desde mediados del pasado diciembre, a unas 64.000 hectáreas de tierra, según las estimaciones de Greenpeace.

El Gobierno también impulsará cambios en la norma conocida como ley de tierras rurales, que limita la compra de territorios por parte de extranjeros al 15% del total nacional, provincial o departamental y prohíbe la venta de zonas estratégicas con recursos hídricos o fronterizos.

Asimismo, la norma establece que ninguna nacionalidad específica puede superar el 30% del territorio permitido para la venta y que un mismo titular extranjero puede poseer un máximo de mil hectáreas en la zona de mayor actividad agropecuaria del país. "Inversiones como el petroleo, la minería o el agro requieren la compra de terrenos grandes para llevarse adelante. No podemos permitir que estas no se realicen por un mero capricho ideológico", dijo en conferencia de prensa el jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, y aseguró que "hoy los empresarios más importantes del mundo miran a la Argentina como una oportunidad histórica de inversión".

Adorni anunció a su vez que el Ejecutivo intentará impulsar una modificación al régimen de expropiaciones, que limite a casos excepcionales la aplicación del concepto de 'utilidad pública' y que aumente la indemnización percibida por los expropiados. "El Estado no puede definir de la noche a la mañana que lo tuyo es del Estado por un capricho del gobernante de turno", argumentó Adorni.

Finalmente, el jefe de Gabinete reafirmó el compromiso del Gobierno de avanzar con la aprobación de la modificación de la ley de glaciares —que otorga a las provincias la potestad de permitir la actividad minera en las zonas periglaciales— en la Cámara de Diputados, tras la luz verde obtenida en el Senado el pasado febrero.

La iniciativa ha despertado el rechazo de ciudadanos, organizaciones ecologistas y diputados opositores, quienes solicitaron una audiencia pública que comenzó este miércoles y contará con la exposición de 400 personas —entre expertos, ambientalistas y ciudadanos de a pie—, mientras otras miles anticiparon que presentarán escritos y vídeos.

Una de las incógnitas que planteaban las elecciones de Castilla y León era conocer qué incidencia iban a tener los graves incendios forestales del pasado verano en los municipios más afectados y, mayoritariamente, han apoyado al PP a excepción de lo ocurridos en El Bierzo, una comarca históricamente socialista, según informa EFE.

El pasado verano fue uno de los más negros para esta Comunidad con más de 140.000 hectáreas quemadas y tres personas fallecidas a causa del fuego.

Entre los fuegos más graves destacaron los registrados en municipios como Benuza y Encinedo (León), Ferreras de Abajo y Mahíde (Zamora), Navalacruz y Arenas de San Pedro (Ávila) o Monsagro (Salamanca), que obligaron a evacuar o confinar a vecinos de distintas localidades durante varios días.

En la comarca leonesa del Bierzo, históricamente ligada a la minería y al movimiento sindical, el PSOE ha conseguido ser la fuerza más votada en la mayoría de los principales municipios afectados por los fuegos, como en Villablino (48,6%), Bembibre (40,6%) o Toreno (53,9%).

Sin embargo, en los pequeños municipios de Benuza y Encinedo, muy afectados por los fuegos, el PP ha conseguido sendas victorias, con el 62,8% y el 48% de los votos, respectivamente.

Fuera de León, la victoria del PP en los núcleos afectados por los fuegos ha sido más clara. En Zamora el PP se alzó como la primera fueza en Mahíde (54,8%), Ferreras de Abajo (41,6%) y Riofrío de Alista (65%) y, en Ávila, en Arenas de San pedro (39%) y Mombeltrán (31,5%), mientras que en Navalacruz, PP y PSOE empataron al 35% de los votos.

Preguntado por la incidencia que han podido tener estos incendios en las elecciones, el candidato del PP a la reelección y ganador de los comicios, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado que estos no han castigado al PP, ya que en León, una de las provincias más afectadas, su formación ha estado "a punto de ganar".

"Otros han querido hacer de una tragedia política a corto plazo, lo que es un error", ha expresado el presidente en funciones de la Junta en declaraciones a TVE tras las conocerse los resultados.

En la provincia de León, el PP ha conseguido un 28,04% de los votos, una subida de 3 puntos, frente al PSOE, que ha sido la fuerza más votada en la provincia con el 28,27%, aunque en la comarca del Bierzo, el PSOE ganó en 32 de sus 38 municipios.

Diez incendios forestales están activos la tarde de este martes en Cantabria, que tiene activado el nivel 2 de riesgo por este tipo de fuegos, mientras que las temperaturas han superado los 26 grados en varios puntos de la comunidad autónoma por el viento sur.

Según datos facilitados por el Gobierno regional a las 19.15 horas, en los 24 días del mes de febrero se han registrado en la región 77 incendios forestales, la mayoría de ellos posiblemente provocados.

Esta tarde están activos incendios forestales en Soba (2), Miera, Vega de Pas, Santiurde de Toranzo, Anievas, Arenas de Iguña, Campoo de Yuso y San Roque de Riomiera. También hay cuatro incendios controlados en Miera (2), Soba y Rionansa.

Cantabria estará las próximas 48 horas en nivel “alto o muy alto” de riesgo por incendios forestales.

La consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, ha vuelto a pedir este martes que se denuncie cualquier situación relacionada con los incendios forestales y se ponga en conocimiento del 112 o de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, ya que ha recordado que el 90% de los fuegos que se producen en la región son provocados. "No podemos permitir que gente tan desalmada haga eso con nuestro patrimonio natural", ha dicho Susinos.

Apenas unas semanas después del incendio que arrasó un tramo del cauce seco del Guadiana a mediados de octubre, vecinos de la zona han confirmado lo que muchos temíamos: la turba está ardiendo bajo tierra, muy cerca de la Zona Periférica de Protección del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel.

La crónica no solo estaba anunciada. Estaba escrita desde 2009. Y vuelve a cumplirse.

Lo que comenzó como un incendio superficial —aparentemente controlado— ha terminado activando el peligro más silencioso y devastador del Guadiana desecado: la combustión de la turba subterránea, ese material orgánico acumulado durante siglos que, cuando se seca, se convierte en un combustible lento, profundo y casi imposible de extinguir.

El humo ya es visible en la superficie, señal de que la zona sigue caliente y ardiendo de manera interna. Y trae consigo un olor inconfundible: el olor de la memoria quemada del humedal. Quienes vivieron lo ocurrido en 2009 no han dudado en avisar. Saben lo que significa.

Ese humo no es un residuo sin importancia: es el síntoma de un incendio vivo, oculto, que avanza por el subsuelo y puede permanecer activo semanas, incluso meses.

Este episodio confirma lo que llevamos años denunciando: el abandono del cauce seco del Guadiana es un riesgo ambiental y un riesgo para la seguridad, tanto del Parque Nacional como de los habitantes del entorno. Mientras el cauce siga actuando como un corredor de biomasa seca —en superficie y bajo ella— y no se humecte adecuadamente, cualquier incendio superficial puede transformarse en un incendio de turba.

Lo ocurrido tras el incendio de octubre —alertado desde estas mismas páginas— demuestra que el problema no terminó con la extinción visible. Era solo el inicio. Y refuerza la urgencia de actuar en esta zona antes de que sea demasiado tarde.

Hoy, la turba arde bajo nuestros pies. Mañana, si no actuamos, puede volver a amenazar al Parque Nacional, como ya ocurrió en 2009. Y no podemos decir que no lo vimos venir.

Cuando el Guadiana dejó de aportar agua, muchos pensaron que había dejado de importar. Pero la naturaleza no desaparece porque dejemos de mirarla: se transforma. Y la transformación del cauce en un corredor de fuego es su advertencia más firme.

Este nuevo incendio subterráneo no es solo una consecuencia. Es un aviso. Y el Guadiana, una vez más, habla con humo.

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Alberto Celis Pozuelo es geógrafo e historiador daimieleño.

La Fiscalía de Castilla y León ha abierto una investigación contra el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y su consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, después de que la Asociación Bierzo Aire Limpio presentase una denuncia contra ellos por los incendios forestales ocurridos en agosto pasado, según informa EFE.

La Fiscalía de la Comunidad comunica a esta asociación en un oficio al que ha tenido acceso EFE que incoa diligencias de investigación tras la denuncia recibida por la posible comisión de delitos en relación con los incendios forestales producidos en agosto pasado en las comarcas del Bierzo, Laciana, Cabrera, Omaña, Valderería, Maragatería y Valduerna en León.

En la denuncia, esta asociación apunta a la posible comisión de delitos de prevaricación por omisión, delitos contra el medio ambiente, omisión del deber de socorro y otros ilícitos vinculados a la inacción y deficiente actuación de la administración autonómica.

Según Bierzo Aire Limpio, existen indicios de que los responsables de la Junta no adoptaron las medidas preventivas necesarias pese a disponer de los datos técnicos que permitían valorar el riesgo extremo de incendios, en un contexto de temperaturas récord y fuerte sequedad del terreno.

“El Gobierno autonómico contaba con toda la información para anticiparse, pero optó por no reforzar el operativo, a pesar de los antecedentes”, señala la asociación.

Además, recuerda que tras catástrofes anteriores ocurridas en la comunidad autónoma y especialmente en el Bierzo o la Sierra de la Culebra (2022), no se reforzó el operativo de incendios ni se aumentaron los recursos de prevención, vigilancia o personal.

Por su parte, el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha recordado que tras los incendios de 2022 se produjeron denuncias de este tipo y todas quedaron archivadas.

Así, ha asegurado que tras los incendios de 2022 se tomaron unas decisiones "muy potentes" en cambio de estructura e inversión y ese operativo, según Quiñones, funcionó muy bien en 2023, 2024 y también en 2025, salvo en esas tres "semanas fatídicas con circunstancias desconocidas".

Ha asegurado que siempre están a disposición de la Justicia "y por tanto, daremos todas las explicaciones necesarias".

"En definitiva, trataremos de explicar cómo la actuación de la Junta ha sido correcta, la actuación de los medios ha sido correcta y adecuada y lo que ha habido son circunstancias absolutamente imprevisibles", ha argumentado.

El portavoz del Gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo, ha asegurado que la Junta colaborará con la investigación abierta, "que es natural si hay una denuncia" y aportarán toda la documentación que les solicite la Fiscalía.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, y a preguntas de los periodistas, ha insistido en que "es lógico que a raíz de una denuncia se pida documentación" y la Junta, como ha hecho en otras ocasiones la aportará, al tiempo que ha asegurado que "respetan los trámites y procedimientos judiciales".

El arrastre de las cenizas procedentes de los montes quemados durante el verano ya está causando estragos en Valdeorras. En la comarca donde ardieron más de 30.000 hectáreas en unas pocas semanas de agosto, las primeras —y aún escasas— lluvias de otoño dejaron sin agua potable a varios ayuntamientos en los últimos días. Pero lo peor está por venir.

Vilamartín, O Barco, A Rúa o Petín sufrieron restricciones de agua por las escorrentías, que, monte abajo, arrastraron cenizas y barro, colapsando zonas de captación e imposibilitando la potabilización del suministro. Hubo que distribuir garrafas a la vecindad o instalar fuentes portátiles por una problemática que, advierten los ayuntamientos afectados, va a ser mucho peor. No fue nada comparado con lo que llegará, según advierten alcaldes y alcaldesas.

“Hasta la semana pasada no había llovido nada, pero con media hora de lluvia fuerte en la madrugada de miércoles a jueves ya tuvimos consecuencias importantes, colapsando dos captaciones y una ETAP (Estación de Tratamiento de Agua Potable)”, recuerda a Praza.gal María G. Albert, alcaldesa de A Rúa, que responde mientras comprueba las previsiones de precipitaciones para los próximos días y alerta de un problema que va a empeorar, y mucho, este otoño e invierno. La primera amenaza, este próximo viernes.

“Dan 20 litros por metro cuadrado, lo que va a suponer el colapso de la red de abastecimiento”, augura con seguridad. Pero no será lo peor, insiste. “El problema va a ser recurrente durante todo el otoño y el invierno; las previsiones hablan de diez días seguidos de lluvia próximamente, así que llegará el caos porque tendremos que restringir el agua a la vecindad”, advierte. “Va a ser peor que el fuego porque va a ser durante mucho tiempo”, insiste.

Ella y los alcaldes de O Barco y Vilamartín mostraron este pasado lunes en rueda de prensa su malestar con la Xunta por lo que consideran “inacción” y dejadez ante un problema del que llevan advirtiendo meses, desde que el fuego y las llamas dieron paso al suelo quemado, a las cenizas y ahora al barro.

Que la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, reclamase a la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil y a los ayuntamientos que “actuasen” ante los arrastres acabó por colmar el vaso de la paciencia de los regidores, que recuerdan que el problema fundamental no está en el cauce de los ríos sino en lo que traen arrastrado por las lluvias desde los montes, donde aseguran que la Consellería do Medio Rural no hizo casi nada para detener las escorrentías durante los últimos meses.

“La Xunta ya dejó claro en la reunión a la que nos convocó en la Cidade da Cultura que no iba a actuar en los montes de la provincia y lo está aplicando; nos dejaron solos en los incendios y nos dejan solos ahora”, insiste Albert, que advierte de que lo ocurrido estos días solo ha sido un “pequeño aviso” de lo que va a venir.

“En A Rúa ardieron en verano 3.000 hectáreas en un ayuntamiento que tiene 3.500 de superficie. Somos conscientes de que, con las próximas lluvias, las escorrentías van a arrasar con todo, pero no sería lo mismo si se hubiesen hecho trabajos de consolidación”, dice Albert sobre unos labores que sí realizaron voluntarios de la mano de Adega. También la Confederación Hidrográfica intensificó los trabajos en las últimas semanas instalando barreras vegetales en diferentes zonas de la comarca. No es suficiente.

“Desde el día siguiente a los incendios les comunicamos a las administraciones competentes cuál iba a ser la situación de nuestros montes, de nuestros ríos y en nuestras captaciones en cuanto empezasen las lluvias (...). Desde el Ayuntamiento no tenemos capacidad para resolver lo que se nos viene encima”, aseguró el alcalde de Vilamartín, Enrique Álvarez, que reclamó soluciones conjuntas y ejemplificó la falta de competencias y de medios de los municipios recordando que en el suyo hubo que contratar a personal privado para hacer frente a las incidencias.

Las críticas a la Xunta son comunes y contundentes. Álvarez recordó que desde el Ayuntamiento tuvieron que dirigir a las y los voluntarios del plan para evitar arrastres de la Consellería de Medio Ambiente —que dispuso más de 400 por distintas zonas de Galicia— porque nadie lo hacía; y se preguntó si, como en los incendios, tendría que ser la vecindad la que se organizase para arreglar el problema.

Desde A Rúa, María G. Albert acusó a la Xunta de “renunciar a ejercer su labor y sus competencias” en Valdeorras y recuerda que los ayuntamientos de la zona llevan “dos meses avisando de lo que iba a suceder con los arrastres en el monte”. “Es un abandono de funciones que supera la negligencia; no le quito responsabilidad a la confederación hidrográfica, pero ni ella ni los ayuntamientos tenemos competencias sobre el territorio y la gestión del monte”, explica ahora a Praza.gal, recordando que tras otra oleada de incendios, como la de 2022, Medio Rural hizo trabajos de consolidación del terreno por todas las zonas afectadas. “Este año no lo hacen y desde el Gobierno gallego usan los incendios y sus consecuencias para hacer campaña contra el Gobierno central”, añade.

“No tenemos competencias ni medios. Aunque quisiéramos asumir labores que no nos corresponden, como ya hicimos, nos es inviable; claro que afrontamos cosas, pero no damos para más”, explica la regidora, que asegura que en A Rúa “no vino ni una máquina de la Xunta, ni paja para consolidar el terreno, ni personal... Nada”. “No hubo ni comunicación, ni vino nadie a interesarse; es un escándalo”, añade.

“Nosotros en O Barco tampoco recibimos ninguna llamada ni hubo colaboración de nadie interesándose por alguna necesidad, hay que dejarlo muy claro”, dijo el pasado lunes el alcalde de la localidad, Aurentino Alonso, que pidió a la Xunta que “reconsidere su postura”.

“Los ayuntamientos no somos responsables de los incendios ni de que ahora surja otro problema con los arrastres y las contaminaciones que pueden llegar a las captaciones; alguien tendría que haberse preocupado de este problema del que llevamos alertando tiempo y que será peor cuando llueva torrencialmente”, advirtió también.

Los alcaldes, además, coincidieron en señalar que no tenían noticias del convenio que se anunció en la Xunta para firmar con cada ayuntamiento para sufragar los gastos derivados de los incendios y para el que realizaron un informe detallado. Nada supieron hasta ese mismo lunes, cuando Alfonso Rueda anunció la futura firma de los convenios con 46 municipios. El martes, según relata la alcaldesa de A Rúa, María G. Albert, recibieron una llamada de la Xunta para anunciar que pronto se firmaría. Dos meses después.

La llegada del frío supone empezar a encender las estufas de leña en muchos lugares de la España rural, una práctica que tiene importantes riesgos para la salud en algunos lugares del país, por mucho que la instalación esté perfectamente ventilada. Un grupo de investigadores españoles descubrió que un pueblo de los Pirineos sufría una concentración de contaminantes mucho más tóxica para la salud que respirar el aire del centro de Barcelona.

El pueblo estudiado, Bellver de Cerdanya (Lleida), se caracteriza por encontrarse en un valle del Pirineo catalán, una zona cuya orografía impide que el humo de las chimeneas se disipe. Las capas de la atmósfera más bajas son prácticamente estáticas por el efecto de inversión térmica que producen las montañas, de manera que no hay un intercambio natural de aire entre las diferentes capas que disipe la contaminación. Este efecto es común en las noches de invierno con ausencia de viento, pero en los valles ocurre de manera más marcada.

Carmen Bedia, investigadora del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (Idaea), fue una de las autoras del estudio, publicado en la revista Atmosphere en 2021. Explica que se encontraron una atmósfera "super tóxica" en el interior de Cataluña. "Expusimos células pulmonares a las concentraciones de contaminantes que había en Bellver de Cerdanya en los meses de noviembre y diciembre, y el 80% de las células se murieron. Para comparar, hicimos el mismo experimento con el aire de Barcelona, contaminado con el tráfico de los coches, y la mortalidad fue del 30%", resume la experta.

La diferencia es que el humo que proviene de la quema de biomasa tiene una alta concentración de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP), sustancias que se forman durante la combustión incompleta de materia orgánica. Tienen propiedades irritantes y algunos de ellas son cancerígenas, como el benzo(a)pireno, que se emite cuando arde la madera y los rastrojos.

"Estos poli-aromáticos son muy tóxicos y muy agresivos en zonas rurales donde no corre aire. Proceden principalmente de las estufas de las casas... Esos días en los que estamos en el campo pensando que respiramos aire puro porque huele a leña", señala Bedia. La experta añade que si la madera que arde está recubierta con pinturas o barnices, la toxicidad es mucho mayor porque el humo arrastra también plastificantes, retardantes de llama y otros químicos.

El estudio, elaborado con datos recogidos entre agosto y diciembre de 2019, consistió en instalar filtros de partículas en tres puntos de Cataluña. Un municipio rural (Bellver de Cerdanya, Lleida), uno semiurbano (Manlleu, Barcelona) y una gran ciudad (Barcelona). En la capital catalana se registraron los mayores niveles de micropartículas PM10 y NO2, que son dañinas para la salud y cuyo origen principal es el tráfico y la industria. Sin embargo, en Manlleu y en Bellver los niveles de HAP fueron mucho mayores, y al aplicar estas muestras de contaminantes sobre cultivos epiteliales pulmonares, detectaron niveles muy altos de toxicidad y mortalidad celular.

Además, los investigadores detectaron con claridad que durante los días de vientos intensos –mejor calidad del aire–, la concentración de poli-aromáticos fue mucho menor, así como la mortalidad de las células pulmonares expuestas a ellos. Lo mismo ocurrió con las muestras recogidas en agosto porque no hubo quema de leña.

Esta investigación es una evidencia más del peligro no solo de las estufas de leña, sino de la inhalación del humo que procede de las quemas forestales. Los bomberos son el colectivo más expuesto a este riesgo, pero también los vecinos que viven en zonas que arden recurrentemente, aunque estén a kilómetros de distancia de las llamas.

Marcos Gómez, portavoz la Asociación de Trabajadores de las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales (ATBRIF), denunciaba este verano en infoLibre, que los bomberos se enfrentan a los incendios con un trapo en la boca o a cara descubierta, porque no pueden usar mascarilla debido al intenso esfuerzo físico que realizan. "Llevo 20 años apagando fuegos y parece que soy fumador en el reconocimiento", afirmó.

Carmen Bedia, del Idaea, está precisamente estudiando cómo afecta el humo de los incendios a estos profesionales. "En la exposición fuerte y a corto plazo vemos que las células no mueren, pero sufren una fuerte oxidación. Si la célula no la contrarresta, puede provocar la destrucción del ADN y terminar muriendo. Los bomberos deberían trabajar siempre con mascarilla porque se expone una gran toxicidad", señala.

El impacto en la población de este humo apenas se ha estudiado en España, aunque se han hecho investigaciones puntuales en la última década. Julio Díaz, doctor investigador del Instituto de Salud Carlos III, ha publicado varios análisis que apuntan a un aumento de la mortalidad prematura de la población por enfermedades circulatorias y respiratorias tras la exposición al hollín, así como a un pico en los ingresos en hospitales, en los problemas en el embarazo o en las enfermedades mentales. Incluso para personas que se encuentran a cientos de kilómetros del fuego.

Un equipo de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) también está haciendo un seguimiento de los efectos del humo del volcán de La Palma de 2021 entre los vecinos que vivían en la zona de exclusión, comparándolos con aquellos que residían en los extremos de la isla. "De momento hemos publicado el primer seguimiento de los afectados, y hemos visto que a mayor exposición, mayor probabilidad de desarrollar problemas respiratorios", comenta Cristina Candal, profesora de Salud Pública en la USC.

Al igual que pasó con algunos de los afectados por el atentado de las Torres Gemelas, explica, los más expuestos han sufrido "una reducción importante de la función pulmonar", aunque en principio debería corregirse con el paso del tiempo. También son habituales en La Palma los casos de tos, dolor de pecho, dificultad al respirar o picor de garganta, síntomas que también son el día a día de los bomberos forestales.

Unos 3.000 bomberos forestales y medioambientales de distintas regiones de España, según la Delegación del Gobierno en Madrid, se han manifestado este sábado en la capital española para reclamar la aplicación efectiva de sus leyes básicas y exigir la consolidación de los operativos de prevención y extinción de incendios forestales en todas las comunidades autónomas.

La marcha, convocada por la Plataforma de Asociaciones Profesionales y Sindicales de Bomberos Forestales (BASF) y a la que se han adherido CCOO y CGT, ha pasado por las sedes del PSOE, del PP, y el Congreso de los Diputados.

Durante la protesta, han portado pancartas en las que se podía leer 'Por un operativo para incendios forestales público, profesional y digno ya' o 'Por la aplicación de Ley 5/2024 en todo el Estado. Por el reconocimiento de las enfermedades profesionales. Bomberos forestales en lucha'.

A lo largo del recorrido, los participantes, vestidos con sus uniformes de trabajo, han guardado, varias veces, un minuto de silencio en memoria de los fallecidos en incendios forestales el pasado verano y han coreado consignas para reclamar la dignificación y la profesionalización del sector.

En un comunicado, CCOO muestra su rechazo "al abandono del medio rural y a la falta de gestión forestal que, año tras año, agravan las catástrofes naturales".

El sindicato argumenta que las catástrofes naturales son evitables con prevención y cuando esta falla, el operativo de extinción debe ser "público, estable y seguro", como está establecido en las leyes, que se tienen que cumplir.

Con esta acción, los convocantes quieren recordar el compromiso adquirido hace un año con la aprobación de las leyes 4/2024 y 5/2024 básicas de bomberos y agentes forestales y medioambientales, que establecieron el marco legal para la estabilización, estructuración y consolidación de los dispositivos de prevención de incendios, especialmente ante las necesidades actuales y el contexto de emergencia climática.

CCOO reconoce los avances que se están dando en materias como la aplicación de la edad anticipada de jubilación; así como el desarrollo y la esperada publicación de normativas que regulen los tiempos de trabajo y condiciones laborales de seguridad y salud.

Sin embargo, sostiene la organización, todavía quedan pendientes de desarrollar varias materias reconocidas en la norma, como la correcta aplicación de la clasificación profesional, el reconocimiento de enfermedades profesionales, los procedimientos de acreditación formativa, y acreditación de competencias, que, para el sindicato, son fundamentales en la consolidación del operativo de prevención y extinción de incendios forestales.

CCOO subraya que estas medidas deben ser aplicadas por las administraciones autonómicas en sus respectivas empresas públicas y privadas.

Además, el sindicato alerta sobre el riesgo que suponen "los discursos negacionistas de algunos partidos políticos en materia de cambio climático y gestión forestal", y llama a los gobiernos autonómicos a desvincularse de quienes obstaculizan las labores de prevención y extinción de incendios, ya que estas negligencias se pagan con vidas humanas y con la pérdida del patrimonio natural.

El incendio forestal de Porto de Sanabria (Zamora), que ha afectado también a terrenos de las provincias de Ourense y León, sigue sin darse por extinguido tras cumplirse este martes dos meses desde su inicio por un rayo el 14 de agosto y haber calcinado más de 24.000 hectáreas, según mediciones a partir del sistema Copernicus y recoge EFE.

Este fuego, que es de los activos actualmente el que lleva más tiempo sin apagarse en Castilla y León, habría calcinado según estimaciones unas 24.144 hectáreas, lo que le convierte en el quinto más devastador de este verano en España, según los cálculos realizados por el experto Celso Coco.

El incendio se extendió por el parque natural del Lago de Sanabria, Sierras de Segundera y de Porto de Zamora, por la zona de Ourense próxima al Teixedal de Casaio, un bosque de tejos centenarios, y por el entorno de la laguna de la Baña en León.

Al haber afectado a zona de turberas de la parte alta del parque del Lago de Sanabria, las labores de extinción se han prolongado más de lo habitual, ya que ese tipo de humedales acumulan materia orgánica bajo tierra de combustión lenta que tarda en apagarse.

El incendio, que se inició el 14 de marzo en Porto, se extendió tres días después a la provincia de León por la localidad de La Baña y entre Zamora y León, y obligó a desalojar una quincena de poblaciones.

Hasta el momento ha movilizado 237 medios de extinción, entre ellos 21 técnicos, 95 agentes medioambientales, 36 cuadrillas terrestres y once helitransportadas, 18 autobombas, siete retenes de maquinaria, 38 medios aéreos y once medios externos del operativo, de bomberos provinciales y locales o de otro tipo.

Ayer sábado, mientras esperaba el comienzo del concierto que Jaraíz ofrecía con motivo de la 53ª edición del Festival Folk “Tablas de Daimiel”, un último vistazo al móvil me dejó con un escalofrío que me acompañó durante toda la actuación: el cauce seco del río Guadiana ardía a menos de cinco kilómetros del Parque Nacional.

Triste paradoja: fuego en el Parque el mismo día en que se celebraba un festival que nació hace más de medio siglo para defender el agua y la vida en Daimiel.

Miré mi aplicación meteorológica favorita. El viento, como se había anunciado, soplaba con fuerza desde Levante. Bastaba conocer el terreno para temer lo peor. El cauce seco del Guadiana, cubierto de vegetación, podía convertirse en una mecha de pólvora natural. Un cauce donde antes corría el agua se transformaba ahora en un cañón para el fuego. Lo primero que pensé fue en las quemas de rastrojos tradicionales en estas fechas. Pero, ¿al lado del cauce? ¿Con este viento? ¿Qué habría pasado?

El incendio, según lo que he podido comprobar, se inició en un barbecho entre la ribera del Guadiana y el camino de Moledores, a la altura del antiguo molino del Nuevo. Desde ese punto, el fuego encontró el cauce como vía de expansión y avanzó rápidamente, alimentado por la materia seca del fondo del río. En pocos minutos se formó una gran lengua de fuego que amenazaba con extenderse hacia Griñón y, con ello, poner en peligro la seguridad del Parque Nacional y de los habitantes de la zona. La rápida actuación de los servicios de emergencia consiguió controlar el avance y evitó que las llamas siguieran cauce abajo. Pero lo ocurrido no puede entenderse como un hecho aislado.

Desde hace años, muchos venimos alertando del riesgo que supone el abandono del cauce del Guadiana entre los Ojos y el Parque Nacional. Aunque el río ya no aporte agua de manera constante, su cauce sigue siendo un elemento esencial para la estabilidad ecológica del Parque. El Guadiana no ha desaparecido: se ha transformado. Y su papel, en ausencia de agua, puede ser el de canalizar el fuego. Baste recordar los incendios de autocombustión de turba producidos en 2009.

Hoy domingo recorrí el tramo afectado y tomé fotografías del terreno. El paisaje quemado era desolador. Pero lo más inquietante era la sensación de fragilidad. Bastó un descuido —una chispa en el barbecho, una colilla, una quema mal controlada— para que el fuego corriera por el cauce como si lo hubiera estado esperando.

¿Qué hacer? Ante la desidia reinante cuando se habla del cauce del Guadiana manchego, hay que actuar. Y algunos lo hemos hecho este año con la celebración de una serie de encuentros que, con el nombre 'Resilvestrando el Guadiana', y de los que se han hecho eco medios como Infolibre o La 2 de RTVE, ha reunido a ciudadanos —agrupados o no en asociaciones—, propietarios, empresas y técnicos de la administración, con el objetivo de volver la mirada al Guadiana.

De esos encuentros ha surgido un proyecto de custodia del territorio que pretende recuperarlo, comenzando por el tramo más cercano al Parque: el cauce entre Griñón y Molemocho. Precisamente, una de las primeras propuestas fue crear un camino-cortafuegos ecológico, que sirviera a la vez como vía de mantenimiento, espacio de observación y barrera natural contra los incendios. Este episodio demuestra, tristemente, la urgencia de actuar.

Otra de las medidas que se están estudiando, buscando siempre el asesoramiento científico basado en datos, es humidificar el cauce, como ya se hace en el interior del Parque. Acequias de careo, utilización de pozos o cualquier otra medida contraincendios que sea crea conveniente y que impida el avance del fuego.

No podemos seguir protegiendo las Tablas de Daimiel como si fueran una isla. Su supervivencia depende del conjunto del sistema fluvial del Guadiana, de su entorno agrario y de su memoria ecológica. Cuidar el cauce seco también es cuidar el Parque. Ignorarlo es invitar al fuego a regresar.

El incendio de este fin de semana ha sido, por fortuna, contenido. Pero el aviso está claro: si el Guadiana ya no es entrada de agua, se ha convertido en entrada de fuego. Y ese fuego, además de devorar vegetación, libera CO₂, degrada el suelo y destruye los últimos refugios de biodiversidad que el río aún conserva.

Recuperarlo no es una cuestión de nostalgia, sino de supervivencia ecológica. Si no hacemos nada, el próximo incendio no será una sorpresa. Será, una vez más, una crónica de un incendio anunciado.

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Alberto Celis es geógrafo e historiador.

Es casi una tradición que la derecha aparezca en las encuestas como mejor opción que la izquierda a la hora de gestionar la economía, la seguridad y las crisis en general (ver aquí). No sólo en España, también en otras democracias. Siempre ha sido un capital electoral difícil de combatir desde opciones progresistas, más valoradas en la gestión de asuntos sociales, empleo o el combate contra la desigualdad. Hace ya tiempo que estos dogmas se han ido deshinchando, a fuerza de topar con realidades concretas que los desmienten (ver aquí). Es pronto aún para comprobar demoscópicamente si en España la gestión política de las distintas crisis afrontadas en los últimos años, a escala autonómica o nacional, está afectando a esas percepciones sociológicas asentadas desde siempre (con la inestimable ayuda de un ecosistema mediático mayormente inclinado a aceptar el marco impuesto por el neoliberalismo en todas sus variantes). Pero quizás sea ya momento de advertir lo que son desgraciadas evidencias de la falsedad de aquel manido axioma.

Empezando por el final. Cuesta imaginar una manera peor de gestionar la actual crisis de los cribados del cáncer de mama en Andalucía. La suma de mentiras, contradicciones y falta de empatía es una mecha encendida para que explote la indignación social. Es tan grave lo ocurrido –y sólo conocemos la punta del iceberg– que no basta con la dimisión de la consejera de Salud que no pudo disimular su ineptitud ni su desprecio a las víctimas. Cada día se produce una nueva prueba de incompetencia y también de mala fe.

Lo demostró el jueves el propio presidente de la Junta, Juanma Moreno Bonilla, cuando intentó colar desde el Parlamento una versión fake de los protocolos aprobados hace años, alguno en la época de María Jesús Montero, candidata a competir con Moreno en las próximas elecciones autonómicas. Esos protocolos no dicen lo que Moreno dice que dicen, sino más bien lo contrario, respecto a la obligación de informar a una paciente a la mínima sospecha de que pueda llegar a sufrir un tumor de mama (ver aquí). Ni, aunque fuera cierto, explicaría tampoco la aplicación de protocolos el hecho de que –al menos hasta el momento– el 90% de los casos se concentren en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. 

Esto no va a quedar aquí, y no sólo se va a extender el problema a otros puntos de Andalucía. Fuentes bien informadas de la sanidad pública y privada advierten que este dramático fiasco tiene una conexión directa con las listas de espera, los bajos salarios, la escasez de plantillas y las llamadas “peonadas médicas” que se realizan por las tardes y se pagan entre los 300 y los 450 euros por cuatro horas de trabajo de especialistas. Hace bien el Ministerio de Sanidad en reclamar a todas las comunidades autónomas los datos sobre los tiempos de información de los cribados, no sólo en cáncer de mama sino también en cáncer de colon y de cérvix. No quiero ni imaginar lo que podríamos llegar a saber, la incertidumbre de lo que costará mucho saber y la certeza de que toda esta desidia respecto a la sanidad está costando seguramente más vidas que la pandemia.

Sigamos desde hoy hacia atrás. ¿Cuál fue este verano la gestión de la crisis de los incendios por parte de los gobiernos del PP en Castilla y León, Galicia o Extremadura, pero muy especialmente en la primera? Una suma letal de incompetencia, mentiras e intentos de eludir la responsabilidad para dirigirla al Gobierno central. 

Mañueco, como político, tendría que estar más quemado que los montes de Las Médulas o de Puebla de Sanabria. Elogió y agradeció la ayuda y cooperación del Ejecutivo central y de la UME –como también lo hicieron responsables de las otras comunidades afectadas– mientras seguía de vacaciones, hasta que Feijóo decidió aplicar a los incendios en territorios de gobernanza de la derecha el manual de instrucciones de Mazón en la gestión de la dana. De modo que todos los dirigentes populares abrasados en mayor o menor grado se lanzaron al unísono a cargar las culpas al Gobierno central, exigiendo incluso medios nacionales y europeos que saben (o deberían saber) que no existen. ¿No se había conseguido ya que el himno del verano en cualquier festejo fuera “Pedro Sánchez, hijo de puta”? (Ver aquí). Había que endosarle también los incendios. Aparte de la bajeza de dedicarse a deshumanizar y destruir personalmente al adversario político, ¿exactamente cuál es el concepto de Estado de las autonomías que defiende el PP si se muestra incapaz de ejercer sus competencias pero al mismo tiempo se resiste siempre a dar el paso de declarar el grado de emergencia por el que cedería legalmente sus funciones al Gobierno central?

En pocos días se cumplirá un año de la dana que costó 228 vidas en la comunidad valenciana. Queda poco que decir más allá de lo ya escrito y documentado por la jueza de Catarroja Nuria Ruiz Tobarra y de lo escuchado y visto en los vídeos que el canal de televisión secuestrado por el Gobierno de Mazón no había emitido y RTVE ha conseguido rescatar y hacer públicos (ver y escuchar aquí). La gestión política del día de la dana fue un cúmulo de negligencias, dejación de funciones y ausencia de decisiones. Y la gestión posterior fue –y sigue siendo– una sarta de mentiras, contradicciones, ocultaciones y falta absoluta de empatía con las víctimas y de respeto a la inteligencia de toda la ciudadanía. Pero ahí está Carlos Mazón, encantado consigo mismo después de la ovación que le dedicó el congreso nacional del PP a principios de verano, deshojando incluso la margarita de si volver a presentarse o no a las próximas elecciones valencianas. ¡Uff!

Surge una pregunta completamente obvia: ¿queda algún resto de liderazgo o autoridad en Feijóo respecto a barones o baronesas, llámense Mazón o Ayuso (dedicada esta directamente a proclamar una república ayusista madrileña en la que la cacareada libertad consiste en que las mujeres que quieran ejercer su derecho al aborto se vayan lo más lejos posible)? No me canso de insistir: entre Feijóo, Ayuso, Mazón, Aznar… quien manda es Abascal, aun dormido, vagueando o medio inconsciente. Es el que marca el paso y quien consigue imponer el marco de conversación en la derecha y más allá.

No quiero aburrirles, pero si continuamos hacia atrás, toparemos con los atentados del 11-M y las mentiras de Aznar, Rajoy, Acebes…, arropados por un circo mediático de varias pistas (Pedrojota, Jiménez Losantos, Carlos Herrera y por ahí…), que aún hoy sigue funcionando a toda mecha. Y, aún más atrás, con el desastre del Yak-42, que aquel 26 de mayo de 2003 costó la vida de 62 militares españoles, cuyos restos quedaron desperdigados cerca de Trebisonda, en Turquía, y que el entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, ordenó repatriar aunque fuera mezclados y en bolsas de basura, con tal de llegar a tiempo para montar un espectacular funeral de Estado en Madrid. La lucha constante de las familias dejó en evidencia la ignominia, y todavía cuesta creer que el tal Trillo –ultracatólico, enemigo del aborto y experimentado impulsor de la politización de la justicia– no esté en la cárcel o al menos se esconda a rezar en el más apartado convento, en lugar de pasearse estos días por los platós promocionando sus ¿memorias? “¡A la mierda!”, como diría Fernán Gómez. Por no irnos a noviembre de 2002, cuando se hundió el Prestige frente a las costas gallegas y tuvimos que soportar todo aquel dramático carnaval de los “hilillos de plastilina” (Rajoy dixit. Ver aquí).

Hay una evidente línea de puntos que conforma todo un manual de gestión de crisis por parte del PP en los últimos 25 años, de Aznar a Feijóo pasando por Rajoy (dejamos para otro día el capítulo de su gestión de la crisis financiera y de cómo prometió que el rescate bancario no iba a costar “un solo euro” a los ciudadanos… y se fumó un puro). Los ingredientes se repiten machaconamente: mentiras, incompetencia, negligencia, desvío de responsabilidades y ocultación del rastro de cualquier prueba, siempre confiados en que la justicia no es ciega, pero quizás tuerta cuando las cosas se ponen muy feas.

Tengo curiosidad por saber qué dirán los sondeos –si es que el CIS vuelve a preguntar por este asunto capital, ya que no lo ha hecho desde 2023–. Es posible que el mantra de que la derecha gestiona la economía, la seguridad y las crisis con más eficacia y rigor que la izquierda se haya ido allá por donde envía el loco ultracapitalista Milei a todo aquel que le saque los colores, o sea, “al carajo”.

P.D. La semana pasada propuse en este Buzón de voz (ver aquí) abrir “una ventana de conversación pública en el espacio progresista” que pueda aportar reflexiones para remotivar a unos tres millones de electores a la izquierda del PSOE que se declaran decepcionados y que son imprescindibles si se pretende repetir la posibilidad de un Gobierno de izquierdas y frenar el retroceso provocado por “los bárbaros”, como los denominaba mi añorado Jaime Miquel. En unos días cumpliremos ese propósito estrenando un espacio de análisis y debate en el que acogeremos todo tipo de aportaciones diversas y plurales, de analistas, políticos, pensadores, socias y socios de infoLibre, a quienes se pondrá como única condición respetar las leyes y a las personas, por muy opuestas o indefendibles que nos parezcan sus ideas. Mientras Google y la IA siguen dando pasos para acabar con el oficio de un periodismo honesto, imprescindible para la democracia (ver aquí), nosotros seguiremos dando esta hermosa batalla cívica si usted, ustedes, nos acompañan y ayudan a correr la voz.

El Ministerio de Transición Ecológica señala que el cambio climático está castigando la península con los fenómenos más extremos que habían previsto los investigadores que asesoran al Gobierno en materia ambiental. Altos cargos de este ministerio han explicado este miércoles que acaban de finalizar un informe en el que estudian el impacto del calor, las precipitaciones, los incendios y otros daños climáticos sobre la economía, la sociedad y la naturaleza, y que los resultados lanzan un aviso a toda la sociedad. "Hemos trabajado en los últimos años en horquillas sobre el impacto del cambio climático en España, y se están materializando ya los escenarios más extremos que habíamos previsto", avanzan estas fuentes.

El informe completo lo presentará la vicepresidenta Sara Aagesen el martes, pero desde su cartera adelantan que han analizado 14 sectores, entre ellos la salud humana, el agua, los bosques, la pesca y la agricultura, la industria, el turismo, el urbanismo o el medio marino, y han encontrado 141 riesgos climáticos relevantes, que les afectan más o menos según su exposición. "Evidentemente, este informe cambia de manera importante la evaluación de los riesgos que hemos hecho hasta ahora", comentan los expertos. 

El estudio se publicará el martes durante la convención dedicada al Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, que se celebrará en Ponferrada, uno de los territorios más afectados por los incendios de este verano. El encuentro se asemejará a una COP –la cumbre anual de la ONU sobre cambio climático– a la española, ya que acudirán científicos, políticos, sindicatos, empresarios, bomberos forestales y representantes de la juventud para aportar ideas de cara al pacto de Estado que elabora el Gobierno. 

El presidente del Gobierno presentó este pacto tras la ola de fuegos de este verano y por ahora tiene diez puntos centrados en transformar la gestión forestal y las infraestructuras para evitar incendios e inundaciones, mejorar la respuesta ante las emergencias y abordar el daño de las olas de calor. Aunque Transición Ecológica señala que están abiertos a incorporar más ramas a este pacto, como combatir la desinformación climática.

Desde la cartera de Sara Aagesen reconocen que queda mucho camino por recorrer porque quieren contar con el apoyo de las comunidades autónomas y del Partido Popular para que haya un consenso real detrás del acuerdo. Por ahora, estas fuentes no se atreven a poner fecha a cuándo llegará al Congreso, donde deberá contar con una mayoría parlamentaria. Por ahora, esperan reunirse en diciembre con las autonomías, y tendrán encuentros recurrentes con el resto de partidos en la Comisión de Transición Ecológica del Congreso.

Eva Saldaña, directora de Greenpeace España, afirma que su organización ya se ha reunido con el Gobierno para trasladar que ese acuerdo debe ser mucho más amplio que una respuesta a los incendios de este verano o a la dana de Valencia. "El pacto de Estado es vital y debe ir más allá de un acuerdo puntual y construir una arquitectura a largo plazo. España es uno de los países más afectados por la emergencia climática y todavía no se han tomado medidas efectivas", critica la activista. 

Greenpeace pide, entre otras cosas, que la adaptación a los desastres naturales no deje de lado el trabajo para reducir las emisiones de CO₂. También que se aborde de manera real la financiación de este pacto de Estado introduciendo impuestos a las empresas que contaminen y se cese por completo la subvención de combustibles fósiles.

Otro de los frentes del pacto será la protección de los ciudadanos frente al calor. El Instituto de Salud Carlos III estima que este verano se han registrado 3.831 muertes atribuibles a altas temperaturas. Patricia Ruiz, secretaria de Salud Laboral en UGT, participó en una de las últimas reuniones de sindicatos y empresarios con Transición Ecológica, e hizo hincapié en que están pasando desapercibidas decenas de fallecimientos de trabajadores. "Se están infradiagnosticado accidentes laborales por calor y esto hay que cambiarlo. El año pasado en teoría, solo murió un trabajador por calor, mientras se duplicaron las muertes generales por altas temperaturas", recuerda la sindicalista.