El Consello de Contas hizo públicos el jueves varios informes de fiscalización de la Xunta de Galicia, entre ellos uno específico sobre la atención primaria en el país, pero también los habituales informes anuales sobre las cuentas públicas, correspondientes en este caso al ejercicio 2024, en los que volvió a pedir más transparencia en la empresa con la que la Xunta pactó la llegada de Altri.

Ese 2024 una de las decisiones más significativas del Gobierno gallego fue el rescate de cuatro autovías con peaje en sombra planificadas por Feijóo en las que Contas había detectado que la Xunta estaba pagando más de lo que debía. Un rescate que supuso un desembolso inmediato para la Xunta de unos 300 millones de euros a cambio de ahorrar en futuros pagos comprometidos. Pese a esa reducción a instancias del Consello de Contas, el ente fiscalizador refleja que los compromisos de pagos futuros de la Xunta ascendían a finales de ese año a 19.916 millones de euros.

En esos compromisos futuros que tiene ya adquiridos la Xunta hasta 2073, gobierne quien gobierne, se incluyen los cerca de 12.000 millones de euros de deuda financiera de la administración general, a los que hay que añadir otros 4.500 millones de otro tipo de compromisos de la administración general y otros 3.500 millones de compromisos futuros de organismos autónomos (fundamentalmente el Sergas) y agencias públicas. Para contextualizar las cifras, el total de gasto no financiero en los presupuestos de la Xunta para este 2026 es de unos 14.000 millones de euros.

Los informes de Contas destacan cómo en la última década y media se fue reduciendo el número de entidades instrumentales de la Xunta, pero con un aumento del importe total de fondos públicos que gestionan, especialmente en las generalizadas agencias. Así, Contas señala que en 2024 las entidades instrumentales disponían "aproximadamente del 17% del presupuesto autonómico" y que "pese a la reducción considerable en el número de entidades desde 2011, el volumen de fondos del sector instrumental desde ese ejercicio y, en particular, las transferencias y subvenciones, crecieron por la generalización del modelo de agencia".

En 2024 esas entidades instrumentales gestionaron un total de 2.309 millones, cifra que aumentó por la transferencia de la Xunta a la Axencia de Infraestruturas de unos 300 millones para el rescate de las cuatro antedichas autovías de peaje en sombra: AG-11 Autovía do Barbanza, AG-41 Autovía do Salnés, AG-31 Autovía de Celanova y AG-56 Autovía Santiago-Brión. A cambio de esos 300 millones del rescate inmediato, la Xunta ahorrará unos 641 millones que se había comprometido a ir pagando en los próximos años por la construcción y mantenimiento de esas autovías. Por el contrario, ahora tendrá que ser la Xunta la que asuma el mantenimiento de esas infraestructuras con contratos ordinarios de conservación ordinaria.

Los informes de Contas divulgados el jueves también reiteran diversas deficiencias contables en toda la Xunta, especialmente en el Sergas, que sigue sin contar con un plan de contabilidad adecuado. En el ámbito sanitario, el ente fiscalizador insiste en criticar las reiteradas modificaciones y ampliaciones presupuestarias que se producen cada año por una incorrecta planificación de gastos que el Sergas ya debería dar por supuestos y estables. En general, toda la Xunta insiste en presentar como inversiones gastos que deberían ser corrientes. Igualmente, Contas vuelve a cuestionar la elevada temporalidad en el empleo público.

En el ámbito municipal, el ente fiscalizador señala que seis ayuntamientos no le rindieron cuentas del ejercicio 2024, entre ellos la ciudad de Ourense, además de Cambre, Culleredo, Narón, Verín y Rois. Contas también constata que en aquel ejercicio 81 entidades locales contaban con un presupuesto prorrogado de años anteriores, alguna desde hace muchos años, como Gondomar desde 2012 o Salvaterra de Miño desde 2017.

USA es el único país desarrollado sin sanidad universal. Sobrevivir a un infarto es fácil. A la factura, menos. Una ambulancia puede costar 1200 dólares, por eso hay quien prefiere pedir un Uber.

Unos 30 millones de personas no tienen seguro médico y muchos de los que tienen podrían arruinarse si contrajeran una enfermedad grave. Pensad que Breaking Bad no tendría sentido en España porque la sanidad pública trataría tu cáncer y podrías sobrevivir. 

Otra cosa es que estés en una residencia de Madrid, gobierne Ayuso y vuelva a haber una pandemia. Pero como te ibas a morir igual…

La educación privada es prohibitiva y la pública es desigual y su calidad depende del código postal del centro. Si naces en el barrio equivocado, tu mejor opción de futuro profesional es aprender a contar billetes rápido para el trapicheo.

Los estudiantes universitarios pagan unas cifras tan salvajes que alguien podría llegar a plantearse si estudiar medicina o comprar el Monte Sinaí.

Endeudarte para curarte, para estudiar… en USA eres lo que debes. Naces, te endeudas, mueres y es probable que la deuda te sobreviva. Tu puntuación crediticia decide si puedes comprarte una casa o un coche. O si existes. Tener mal crédito es peor que tener antecedentes penales. Si robas un banco vas a la cárcel. Si no tienes deudas, no te dejan entrar en un banco.

USA lleva más de dos siglos presumiendo de libertad, pero persiguió a comunistas —algunos imaginarios— durante el “macartismo”. Porque para muchos norteamericanos, la libertad es poder llevar pistola aunque no puedan votar a un partido de izquierdas sin que el FBI les investigue. Pensad que en los 50 y 60 te arrestaban por decir que el comunismo era bueno y por decir que el racismo era malo.

Era la época de la banda terrorista Ku Klux Klan a la que el FBI trataba como a un club de amantes de las barbacoas mientras que a las personas negras las trataba como terroristas.

USA se funda sobre el genocidio indígena y se convirtió en una potencia gracias a la esclavitud. En el siglo XIX, el algodón representaba el 60% de sus exportaciones y lo recogían esclavos. Un dato: en 1860, las personas negras esclavizadas generaban más riqueza que las fábricas y ferrocarriles del país.

Por no hablar del negocio que fue su participación en la II Guerra Mundial y que desde una perspectiva macroeconómica fue lo que convirtió a este país en una superpotencia económica.

Conclusión: USA no significa United States of America. Más bien Unfair States of America.

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Alfredo Díaz es socio de infoLibre.

La historia parece haber pegado un súbito acelerón en virtud del cual parece que estuviéramos abandonando algunos de los rasgos más característicos del orden global que ha regido los destinos de la especie los últimos cuarenta años. Algunos hablan abiertamente de "desglobalización" y vuelta a un orden internacional westfaliano con la recuperación de la soberanía de los Estados y la merma del papel de las instituciones globales como el FMI, la OMC, etc.

Aquel tan característico doble proceso de pérdida de competencias estatales hacia arriba (la UE) y hacia abajo (las CCAA en el caso de España) parece estar deteniéndose; por un lado, ante la dificultad de las instituciones supraestatales de mantener un papel de relevancia con la vuelta a las políticas proteccionistas. Y por otro, ante la dificultad de las entidades subestatales con competencias de elevadas exigencias financieras como son las que corresponden en nuestro país a las CCAA en materias tan relevantes como la educación, la sanidad, la dependencia o el medioambiente. Acabamos de ver cómo varias CCAA debían enfrentarse este verano a la plaga de los incendios forestales con unas dotaciones de recursos presupuestarios según los responsables políticos de las mismas insuficientes para la magnitud del problema.

Es por ello que la financiación de los presupuestos autonómicos vía endeudamiento, si en algún momento ha podido tener alguna lógica, en este momento está llamada a reducirse, especialmente ante la previsión generalizada de encarecimiento de la deuda en los mercados, especialmente la de medio y largo plazo.  

Incluso Estados Unidos, que ha operado como asegurador universal durante décadas con una deuda sostenida por los inversores y los Estados de otros países, ahora cambia de guión a través de una política proteccionista orientada –otra cosa será el resultado real de tales políticas– a reducir su cuantiosos déficits y deuda.

Francia por su parte afronta una situación tan grave, derivada entre otros factores de lo elevado de su deuda pública, que aparece amenazado el régimen de la V República.

La deuda pública, pues, cabalga cual jinete del apocalipsis y los Estados se preparan para sortearla en las mejores condiciones posibles de forma que altere lo mínimo posible las perspectivas de mantenimiento del bienestar y atención a las rentas más desfavorecidas en sus sociedades.

La propuesta de quita del Gobierno de coalición corresponde a una concepción (federal) del Estado según la cual las CCAA se dedican a gestionar la competencias sustantivas mientras el Estado garantiza la financiación complementaria de la obtenida por los tributos de las CCAA.

Acudir al mercado de la deuda exige garantías difíciles de cumplir para los deudores pequeños como son las CCAA. No parece necesario explicitar razones por las que los Estados están en mejores condiciones de acudir al mercado que las administraciones subestatales: la hacienda estatal presenta más y mejores garantías para los inversores, por lo que los rendimientos exigidos pueden ser menores. Además, y como se ha demostrado con el NGEU, el Estado puede acudir a obtener una deuda mutualizada de la UE mucho más barata en proporción a sus superiores garantías.

Al día de hoy el Estado se financia en el mercado a un coste más bajo que las CCAA. Las letras del Tesoro se están financiando entre un 3,5% y un 3,9%. Los préstamos del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) han supuesto un notable ahorro en el pago de intereses a las CCAA beneficiarias. Aquellas que, como la Comunidad de Madrid, han rechazado acogerse a esta vía de financiación y han acudido directamente al mercado soportan un sobrecoste significativo en lo que al pago de intereses se refiere, disponiendo de menores recursos para financiar políticas sustantivas. CCAA como Aragón, Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla la Mancha o Cataluña dedican más del 20% al pago de intereses de la deuda.

Aligerar el peso de la deuda, habida cuenta del adverso escenario más arriba descrito, parece una política sensata si se quiere aumentar y mejorar la calidad de los servicios públicos cuya prestación es competencia de las CCAA; reducir la carga de intereses facilitaría aumentar la prestación de servicios y las inversiones públicas (p.ej. ayudas a familias de rentas bajas, incremento de las dotaciones para dependencia, mejora de infraestructuras educativas, construcción de refugios climáticos,  planes de prevención de incendios, etc).

Una política de solidaridad como la postulada requeriría del establecimiento de algunas condiciones. Es evidente que la asunción por el Estado de una parte de las deudas autonómicas no puede ser compatible con las prácticas de desfiscalización de rentas altas que algunas practican; condicionar la quita al aumento de las dotaciones para servicios e inversiones públicas y para garantizar el incremento de la recaudación fiscal parece una razonable medida de justicia equitativa. Esta política solidaria en absoluto podría considerarse atentatoria de la autonomía política sino expresión de un acuerdo favorable a los ciudadanos de la CA afectada que verían así aumentar la cantidad y la calidad de los servicios públicos recibidos de su administración autonómica. Un acuerdo que podría servir de soporte para la definición de un nuevo modelo de financiación de las CCAA en el que estas implementan las políticas públicas de sus competencias y la prestación de servicios públicos y el Estado se ocupa de garantizar el acceso al endeudamiento minorando la carga onerosa que dificulta la primera función.

El fortalecimiento de las políticas públicas y la mejora de los servicios públicos ha demostrado ser una forma eficaz de acercar las administraciones públicas a la ciudadanía, al fin una de las justificaciones centrales del Estado de las autonomías.

Porque es de esto de lo que se trata en última instancia, de garantizar el predominio de los derechos de los ciudadanos por encima de los intereses de los acreedores.

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José Antonio Errejón Villacieros es administrador civil del Estado.

La prohibición expresa del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a que los barones de su formación se acojan a la quita de la deuda que el Consejo de Ministros aprobó este martes, contrasta con las continuas reclamaciones de estos mismos dirigentes —incluido el propio Feijóo— al Ejecutivo central para disponer de más fondos con los que, teóricamente, mejorar los servicios de la ciudadanía, especialmente en lo que se refiere a sanidad, educación y servicios sociales. Una contradicción que el Gobierno prevé explotar teniendo en cuenta las enormes deudas que acumulan varias de estas autonomías y las declaraciones pasadas de algunos barones del PP en las que abrían la puerta a acogerse a la condonación de deuda una vez se conociese su cuantía.

En este caso concreto, los presidentes de Andalucía, Comunitat Valenciana y Murcia llevan años clamando por un cambio de modelo de financiación autonómica que implique contar con más ingresos para hacer frente a sus obligaciones a pesar de defender —y practicar— reducciones fiscales que les han privado de recursos que ellos mismos consideran imprescindibles. Y ahora que tienen la oportunidad no solo de reducir significativamente y de un plumazo parte de su deuda, sino de deshacerse de los enormes intereses que pagan cada año por ella —que podrían destinar a mejorar los servicios públicos— no lo quieren y tratan de justificar su negativa.

"Andalucía no tiene ningún problema de deuda, quien tiene un problema de deuda, en este caso, es Cataluña. Al final esto es tan sencillo como salvar a [Pedro] Sánchez y para salvar a Sánchez nos meten a todos en un lío y utilizando recursos y el aparato del propio Estado", fueron las palabras del presidente andaluz, Juanma Moreno, este martes pese a que Andalucía sería la autonomía más beneficiada con esta medida, con 18.791 millones de euros condonados. La titular de Hacienda de la comunidad, Carolina España, lo calificaba directamente de "trampa": "Es cambiarla del bolsillo del padre al de la madre", argumentaba.

En esa misma línea se pronunció también el presidente valenciano, Carlos Mazón, este miércoles al calificar la medida como un "chantaje" que no piensa aceptar, que en su caso supondría una quita de 11.210 millones de euros, lo que representa el 19,3 % del total de la deuda valenciana y el 24,3 % de la deuda atribuible a la infrafinanciación, según los cálculos del Ministerio de Hacienda. Por su parte, su consejera de Hacienda, Ruth Merino, aseguraba que "no beneficia en nada a los valencianos, ya que no permite aumentar el gasto en servicios fundamentales ni el regreso de la Generalitat a los mercados".

El murciano Fernando López Miras ha llegado a afirmar que distribución de la condonación de la deuda también perjudica a la Región al ser la novena en el reparto —aunque, paradójicamente, no se quiere acoger al mismo—: "El problema de la Región no es la deuda, sino la infrafinanciación", señaló este miércoles, ya que "mientras no se cambie el sistema de financiación caducado desde 2014, vamos a seguir siendo los españoles que menos recibamos para mantener nuestros hospitales o los colegios", argumentó. El consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, la calificó de "parche".

Otra de las que se ha mostrado más beligerante con esta quita es la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, y ha minimizado el potencial ahorro en intereses para la región. "''Perdonar' y asumir las deudas de los independentistas es tan, tan positivo para la economía española, que este Gobierno de caraduras sólo ha tardado siete años en plantearlo", criticaba la madrileña. Su consejero de Presidencia y portavoz regional, Miguel Ángel García Martín, cargaba contra los "dos nuevo peajes" del Gobierno.

Lo cierto es que, a pesar de las declaraciones de los dirigentes del PP, el proyecto del Gobierno –siempre y cuando todas las comunidades beneficiarias se acogiesen al sistema– liberaría a las comunidades de tener que devolver 83.252 millones de euros de deuda, lo que sí les permitiría un ahorro de entre 6.600 y 6.700 millones de euros que ya no tendrán que destinarse al pago de intereses y podrían ir a otras partidas presupuestarias autonómicas como las de sanidad, educación o dependencia. Supondrá, según los cálculos de Hacienda, que el Estado asuma casi el 20% del conjunto de la deuda del subsector comunidades autónomas. El Gobierno cuenta con que todas acabarán desmarcándose de Feijóo cuando llegue el momento.

La queja de estas comunidades contrasta con el presupuesto que destinan en materias como la sanidad, la educación o los servicios sociales. En la primera materia, según los Presupuestos iniciales de sanidad —que el ministerio actualiza para 2025 con nota metodológica sobre CCAA con cuentas prorrogadas— y la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp), las comunidades con menor inversión per cápita son Cataluña (1.515,99 euros), Murcia (1.511,18 euros) y Madrid (1.482,25 euros). En promedio, el gasto sanitario per cápita ha aumentado un 1,04%, lo que equivale a 72,34 euros adicionales por persona. Sin embargo, la organización denuncia que España sigue estando por debajo de la media europea en gasto sanitario.

Por lo que respecta a la educación, según los datos del Sistema Estatal de Indicadores de la Educación en la última edición disponible, la de 2020, refleja que en el ejercicio de 2017 Madrid estaba a la cola en gasto público por alumno en centros públicos. En concreto, el estudio situaba la inversión por estudiante en los 4.727 euros, mil euros por debajo de la media nacional –5.779 euros. En la parte baja de la tabla, por delante de la autonomía que preside Isabel Díaz Ayuso y por debajo de la media nacional, se encuentran Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia, Cataluña y Comunitat Valenciana, con un desembolso que va desde los 5.077 euros de la primera a los 5.609 euros de la última de ellas.

En lo que respecta a los servicios sociales, Murcia, Cantabria y la Comunidad de Madrid suspenden por su cobertura intrascendente. Así lo reveló el Índice DEC 2024, que pone de manifiesto las grandes diferencias entre comunidades autónomas y que refleja, por ejemplo, que el gasto por habitante en servicios sociales en Extremadura es de 713,7 euros, un 76% más que en Madrid, con 405,3 €; que el número de habitantes por profesional en los servicios sociales comunitarios de Canarias (2.973) es seis veces superior a Navarra (494), o que el porcentaje de plazas residenciales públicas para personas mayores (sobre mayores de 75 años) es tres veces superior en Castilla y León (11,8%) que en Murcia (3,8%).

A finales de julio, en pleno letargo estival y ante la indiferencia casi generalizada de los medios de comunicación, Pasok-Kinal y Nueva Democracia (ND), las dos principales formaciones políticas de Grecia, hicieron finalmente públicos sus balances financieros anuales.  Los documentos se publicaron con total discreción, con dos meses de retraso respecto a la fecha legal. Tres páginas escaneadas a toda prisa y subidas sin ceremonias a Internet. Pero hay cifras que harían palidecer a cualquier experto contable.

Al término del ejercicio fiscal anterior, Nueva Democracia, el partido que gobierna Grecia desde 2019, debía, según la partida “préstamos bancarios” de su balance contable, 530,9 millones de euros a los bancos griegos, lo que supone un aumento de 55,5 millones de euros en un año. Pasok-Kinal, el principal partido de la oposición, también ha visto cómo su deuda se disparaba hasta los 502,2 millones.

En total, ambas formaciones deben más de mil millones de euros a las grandes entidades bancarias del país, una situación absolutamente única en Europa (Forza Italia les sigue con 99 millones de euros de deuda en 2023). Pero el hecho de que sean, con diferencia, los partidos más endeudados del continente y que parezcan incapaces de devolver esta vertiginosa suma no ha inmutado a casi nadie en Grecia. El asunto no tiene interés mediático ni político.

“Los grandes periódicos y cadenas de televisión griegos no pueden hablar de esos préstamos porque perderían a sus mejores anunciantes, los bancos. Y la comisión de control no hace nada. Así es Grecia”, opina Vangelis Triantis, periodista del medio de investigación Documento, que lleva mucho tiempo cubriendo este tema.

“Esto es Grecia”: esta respuesta se repitió muchas veces durante esta investigación. Según sus propios balances contables, los dos grandes partidos griegos, que no respondieron a los mensajes de Mediapart, se encuentran técnicamente en quiebra.

Tomemos como ejemplo Nueva Democracia: durante el periodo 2020-2024, mientras que los fondos propios de este partido neoliberal y conservador ascienden a una media de −435,4 millones de euros, ha gastado sin medida, especialmente durante las campañas electorales. Su montaña de deudas se agrava cada año y no dispone de activos (bienes inmuebles, participaciones financieras) que pueda vender. En el mundo empresarial, sin una reestructuración urgente de los créditos bancarios, la quiebra es inevitable. En la realidad griega, es como si no existieran.

“La deuda de los partidos políticos es el elefante en la habitación en Grecia. Es un ejemplo de captura de la democracia por intereses privados: las empresas —en este caso, los bancos— financian a los partidos a cambio de diversas formas de apoyo y favoritismo”, explica Margarita Gasparinatou, profesora adjunta de criminología y política criminal en la Universidad Demócrito de Tracia.

Este entramado de colusión entre empresas privadas y actores públicos tiene su particularidad en Grecia en el excesivo endeudamiento bancario de esos partidos políticos. En otras palabras, se trata de “financiación encubierta», como sospecha el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) en un informe de 2015.

Esto explica por qué los bancos griegos, en particular los sistémicos (Piraeus Bank, Alpha Bank, Ethniki y Eurobank), no emprenden ningún procedimiento de recuperación contra estos partidos políticos, a pesar de que se encuentran entre los peores deudores del país y de que suelen ser intransigentes.

Los griegos resumen este fenómeno con una palabra: diaploki (connivencia). Y lleva años ocurriendo.

En 2012, mientras Grecia se hundía en la crisis, el país descubrió con estupor que Nueva Democracia y el Pasok también estaban agobiados por las deudas pendientes. Reuters reveló entonces que los dos grandes partidos políticos griegos, los únicos que habían gobernado desde el retorno de la democracia en 1974, tenían una deuda conjunta de unos 230 millones de euros, la mayor parte de la cual ya no se pagaba.

Para financiar un estilo de vida lujoso, pero sobre todo para transportar gratuitamente a decenas de miles de votantes a sus colegios electorales en cada elección —una práctica más que discutible—, ambos partidos pidieron prestados, a lo largo de los años noventa y dos mil, cientos de millones de euros a los bancos locales. Esto contraviene las normas bancarias más elementales.

Como únicas garantías, los partidos políticos ofrecieron en aquellos años... sus futuras subvenciones públicas, las que esperaban recibir dentro de dos, tres, cuatro o, incluso, diez años. Esos activos “inexistentes” e “inciertos” se dieron en prenda en ocasiones a varios bancos al mismo tiempo y fueron aceptados “sin verificación” por los acreedores, a pesar de las alertas de sus propios departamentos de gestión de riesgos, según señala en 2016 el informe de una comisión parlamentaria de investigación sobre el tema.

Esos dudosos montajes financieros, prohibidos desde 2014, sumirán a los partidos en la crisis. Y es que las subvenciones se calculan en proporción al presupuesto del Estado griego, en el que la troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional) lleva haciendo recortes desde 2010. Las elecciones legislativas de 2012, en las que el Pasok-Kinal fue derrotado obteniendo solo el 4% de los votos, acabaron de reducir sus ingresos a la mínima expresión.

Desde entonces, la deuda acumulada de los dos partidos del Gobierno no ha dejado de aumentar. “La deuda aumenta año tras año porque la calificación crediticia de los partidos es desastrosa y se acumulan las penalizaciones por demora. Es irreal”, señala Gerasimos Sapontzoglou, profesor de economía bancaria en la Universidad de Economía y Comercio de Atenas, que en 2017 elaboró un informe pericial a petición de la justicia.

¿Cuál es, por cierto, el importe exacto de los préstamos concedidos por cada banco? ¿Cuáles son los plazos de vencimiento y las condiciones de reembolso? ¿Cuál es la proporción de créditos pendientes de pago? Aunque se supone que es pública, la lista de préstamos bancarios a los partidos políticos no se ha publicado desde 2017. La Comisión Auditora, encargada de controlar las finanzas de los partidos, incumple en general sus obligaciones fundamentales y nunca ha impuesto sanciones reales.

“Grecia cuenta con un marco jurídico sólido en materia de financiación política, mucho mejor que el de muchos otros países europeos. El problema es que no se aplica”, lamenta Stefanos Loukopoulos, director de la ONG para la transparencia Vouliwatch, que lleva años reclamando la publicación de esos documentos. Según él, el endeudamiento de los partidos políticos es fruto de un “triángulo de corrupción en el que están implicados el sector bancario, los grandes medios de comunicación propiedad de las grandes empresas y el sistema político”.

Esos hechos han sido objeto de investigaciones: entre 2017 y 2021, la fiscalía económica de Atenas inició procedimientos judiciales por delitos similares al abuso de confianza y al encubrimiento de abuso de confianza, castigados con diez años de prisión. Entre las 115 personas procesadas (nueve tesoreros de partidos políticos y 106 directivos bancarios) figuraba Dimitris Miliakos, exgobernador del Banco Agrícola de Grecia (ATE). Este banco semipúblico sirvió durante esos años como auténtica hucha, según admitió el propio Miliakos en un libro publicado en 2021.

Pero las investigaciones nunca terminaron en juicio. Apenas elegido en 2019, el primer ministro y líder de Nueva Democracia, Kyriakos Mitsotakis, modificó el Código Penal: para que se puedan iniciar tales procedimientos, ahora es necesario que la propia entidad bancaria presente una denuncia contra sus propios directivos en un plazo de cuatro meses a partir de los hechos.

Esta disposición, considerada “contraria a la Constitución y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)” por una resolución de los tribunales penales de Atenas, y calificada por algunos como una verdadera “amnistía” para los banqueros, fue finalmente validada por decisión de la sala sexta del Tribunal Supremo griego en 2021. Desde entonces se han abandonado todos los procesos judiciales.

“La dependencia económica de los partidos crea una dependencia de la política respecto a los bancos”, alerta Theofilos Xanthopoulos, diputado del partido opositor Syriza. El antiguo partido de izquierda radical, que no tiene ningún préstamo bancario, intenta movilizar a la sociedad griega en torno a esta cuestión, sin mucho éxito.

Desde que Nueva Democracia ganó las elecciones legislativas de 2019 (y de 2023), el sector bancario griego goza de una cierta indulgencia. Calificado de “oligopolio” por el propio gobernador del Banco de Grecia, da rienda suelta a sus prácticas anticompetitivas y ha acumulado 4.500 millones de euros de beneficios el año pasado.

Los titulares de cuentas, por su parte, sufren comisiones punitivas por servicios básicos, según las asociaciones de consumidores. La reforma del Código de Quiebras, en 2020, también permite a los bancos embargar hasta la vivienda principal de los particulares endeudados para venderla en subasta. Para Harris Mamoulakis, diputado de Syriza responsable de temas económicos y financieros, “es corrupción pura y dura”. “Los bancos dejan de lado la deuda y, a cambio, se dan la gran fiesta desde que Nueva Democracia llegó al poder”.

Basile Dekonink es periodista independiente, afincado en Grecia. Este es su primer artículo para Mediapart.

Traducción de Miguel López

El Fondo Monetario Internacional (FMI) instó este jueves a los países de la eurozona con espacio fiscal "limitado" y elevada deuda, entre los que se encuentra España, a adoptar "ajustes significativos" en sus presupuestos, al tiempo que afrontan "presiones de gasto" asociadas a los compromisos en seguridad y defensa y al envejecimiento de la población.

"Para los países con deuda alta y espacio fiscal limitado, son necesarios ajustes fiscales significativos para mitigar riesgos, mientras que los países con espacio fiscal pueden postergar el ajuste fiscal", señala el organismo global en su informe sobre el estado de la economía de la zona euro, presentado a los ministros de Finanzas de la moneda común durante su reunión en Luxemburgo.

En el texto, el FMI subraya "garantizar una consolidación fiscal ordenada y favorable al crecimiento para abordar los riesgos específicos de cada país que es vital para preservar la sostenibilidad fiscal y gestionar las presiones de gasto asociadas con el envejecimiento (de la población) y el mayor gasto en seguridad".

En cifras, recomienda a todos los países del euro, excepto a Alemania, conseguir un superávit estructural primario del 1,4 % del PIB en 2030, lo que exige "una reducción acumulada adicional del déficit de cerca de dos puntos porcentuales durante el periodo 2024-2030 en comparación con el escenario base".

No obstante, el FMI reconoce que la "necesaria" consolidación fiscal obliga a hacer elecciones "complejas" porque, "al mismo tiempo, Europa se enfrenta a presiones crecientes de gasto que están cristalizando más rápido de lo previsto".

En concreto, el organismo calcula que estas "presiones" procedentes de los mayores costes de los intereses, el envejecimiento de la población, la transición climática y la seguridad energética y la defensa "alcanzarán un 4,4 % del PIB al año para las economías del euro en 2050".

Respecto a la intención de muchos gobiernos europeos de aumentar el gasto en defensa, el informe del FMI insta a Bruselas y a los socios comunitarios a analizar su impacto en la sostenibilidad de la deuda pública y a "desarrollar planes para situar la deuda en una senda estable o a la baja en el medio plazo".

"El uso de las cláusulas de escape para apoyar el aumento del gasto en defensa de los Estados miembros debe restringirse a la fase inicial", señala el FMI, cuya directora gerente, Kristalina Georgieva, defendió en una rueda de prensa que la zona euro "debe avanzar con políticas coherentes y efectivas para aumentar su crecimiento potencial".

"Y es importante asegurar que las nuevas prioridades de gasto público se satisfagan sin poner en riesgo la sostenibilidad", apostilló.

En todo caso, el informe advierte de que los países con "bajos riesgos fiscales" que quieran aumentar su gasto para impulsar el crecimiento económico y "reforzar la resiliencia" deberían poder hacerlo y no verse limitados por las nuevas reglas fiscales de la Unión Europea.

De hecho, el Fondo llama a invertir de manera coordinada en aquellos ámbitos prioritarios del bloque, de forma que se afronten estos "desafíos" de forma efectiva y, al mismo tiempo, se alivie la carga sobre los presupuestos nacionales.

"Identificar las lagunas de inversión y las áreas en las que iniciativas de la UE aporten soluciones efectivas en costes puede aportar un modelo para actuaciones prioritarias, por ejemplo en inversiones en bienes públicos como la innovación, la transición a una energía limpia o la defensa colectiva", enfatiza el informe.

A tal efecto, el FMI considera que el presupuesto de la UE "tendrá que aumentar al menos un 50 % si se quieren mantener los programas actuales".

La riqueza financiera de las familias españolas, la diferencia entre ahorros y deudas que acumulan, aumentó un 9,6% en 2024 en comparación con un año antes, a pesar de la inflación, con lo que pulverizó un nuevo récord y rozó los 2,4 billones de euros.

Según las Cuentas Financieras de la economía española publicadas este jueves por el Banco de España y recogidas por EFE, la riqueza financiera se elevó a cierre de 2024 exactamente hasta los 2,374 billones de euros.

Los activos financieros de los hogares —dinero en efectivo, acciones, depósitos y valores en renta— aumentaron un 7,45% frente a un año antes, hasta los 3,13 billones.

En relación con el producto interior bruto (PIB), los activos financieros netos representaron un 196,8% a cierre de 2024, ratio que es 2,2 puntos porcentuales mayor a la de un año antes.

El grueso de los activos financieros de los hogares españoles se mantuvo en efectivo y depósitos, que sumaban el 35,2% del total; seguido de participaciones en el capital (31%); en fondos de inversión (16,4%), y seguros y fondos de pensiones (12,2%).

Las participaciones en fondos de inversión fue de nuevo el componente que más incrementó su peso en los activos financieros de los hogares, 1,4 puntos porcentuales respecto a un año antes; mientras que el peso del efectivo y los depósitos fue el que más cayó, 1,4 puntos porcentuales.

La deuda consolidada de las familias y empresas no financieras ascendió a 1,706 billones de euros a finales de 2024, un 1,6% más que un año antes. En términos de PIB, la ratio siguió mostrando una moderación, desde el 112,1% de cierre de 2023 hasta el 107,2%.

La deuda consolidada de las empresas aumentó desde los 989.500 millones de finales de 2023 a los 1,01 billones de cierre de 2024, lo que supone, sin embargo, el 63,5% del PIB, frente al 66% de un año antes.

Además, si se incluye la deuda entre empresas, la ratio se eleva al 83,2%, por debajo del 87,2% de un año antes.

En el caso de los hogares, la deuda aumentó y pasó de 690.700 millones de diciembre de 2023 a 695.600 millones a cierre de 2024.

Respecto al PIB, sin embargo, la ratio de deuda de los hogares disminuyó hasta el 43,7%, porcentaje inferior al 46,1% de un año antes y el más bajo desde marzo de 2000.

La evolución de la deuda consolidada de las empresas y de los hogares se explica, principalmente, por los valores positivos de las operaciones netas acumuladas y, en menor medida, por los otros flujos, añade el Banco de España.

La deuda del conjunto de las Administraciones Públicas se redujo al 101,8% del PIB al cierre de 2024, lo que supone 3,3 puntos menos respecto al cierre de 2023, de acuerdo con los datos avanzados este lunes por el Banco de España y recogidos por EFE. No obstante, en términos absolutos, el importe de la deuda ha crecido en 46.143 millones de euros en 2024, hasta un total de 1.621.515 millones de euros, máximo para un cierre de año, aunque por debajo del récord mensual alcanzado el pasado septiembre en 1.636.116 millones.

La mejora de la ratio de deuda pública tiene mucho que ver con la revisión al alza del PIB de los últimos cinco años, tanto en tasa de crecimiento como en volumen, llevada a cabo por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El dato mejora en 0,7 puntos la previsión del Gobierno, que calculaba que la deuda pública terminaría el año en el 102,5 % del PIB, según incluyó en el plan fiscal estructural 2025-2028 remitido a Bruselas en octubre.

El cierre de 2024 sitúa a España en una posición cómoda para cumplir con el objetivo comprometido para 2025, fijado en el 101,4 % del PIB.Y el Ministerio de Economía atribuye la mejoría no solo al mayor crecimiento económico, sino también al compromiso con la responsabilidad fiscal, y destaca que España ha reducido el nivel de deuda sobre el PIB en 22,4 puntos desde el pico alcanzado en la pandemia de covid en 2020.

"Esta importante y sostenida reducción está siendo compatible con la adopción y mantenimiento de medidas para hacer frente a las diferentes necesidades de familias y empresas en los últimos años, y especialmente para la reconstrucción y el relanzamiento de la zona afectada por la dana", añade el Ministerio en un comunicado a los medios.

La administración central asume el grueso de la deuda con 1.473.817 millones, 58.846 millones más que al cierre de 2023. Las comunidades autónomas, por su parte, sumaron un endeudamiento de 11.182 millones, hasta 336.424 millones, mientras que las administraciones de la Seguridad Social añadieron 10.000 millones a su deuda, hasta los 126.173 millones. Las corporaciones locales, por el contrario, disminuyeron su deuda en 352 millones, hasta 22.958 millones.

La deuda de las diferentes administraciones suman más de la deuda pública total, puesto que hasta 374.626 millones se contabilizan por partida doble, fundamentalmente porque el Estado central es el acreedor de la deuda de las autonomías.

El fichaje de Juan Luis Cebrián por The Objective no es sino el colofón de una prolongada deriva que convirtió al gestor del éxito periodístico de El País en el urdidor del casi hundimiento del grupo Prisa, enajenándose por el camino el respeto de sus propios redactores y el resto de la profesión mientras hacía gala de una derechización que también intentó trasladar al periódico progresista de referencia en España.

La sorpresa, por tanto, debería ser contenida. Como también que se vaya a estrenar en el nuevo medio con una entrevista a Felipe González, que abandonó el consejo editorial de Prisa en 2021. Es inevitable trazar la similitud de las evoluciones, vitales e ideológicas, de ambos personajes. Y lo mismo puede decirse del medio que ha elegido para escribir el estrambote de una carrera tan laureada como polémica: Antonio Caño, exdirector de El País y brazo ejecutor de Cebrián en la etapa más negra del periódico, forma parte del consejo editorial del digital que ahora acoge a su mentor. Allí compartirá espacio de firma con otros viejos conocidos como Fernando Savater, Félix de Azúa, y Pilar Marcos, entre los ex de El País, o Joaquín Leguina, Esperanza Aguirre y Miguel Ángel Fernández Ordóñez entre los antiguos cargos políticos.

El ya expresidente de honor de Prisa ha contestado a la destitución fulminante sugiriendo que va a demandar a su antigua empresa –“Demostraré en los tribunales que no he incumplido el contrato de colaboración”– y anunciando que este sábado iba a enviar a la directora del periódico, Pepa Bueno, el artículo previsto para este mismo lunes. Fuentes de Prisa aseguran a infoLibre que no van a publicar ningún artículo más de Juan Luis Cebrián, aunque lo utilice como “artimaña jurídica”.

En un comunicado, el fundador de El País se despide del grupo que ayudó a levantar citando su Libro de Estilo, al primer presidente de Prisa, José Ortega Spottorno, e incluso a Calderón de la Barca. Termina invocando a la libertad de expresión. Lo mismo hizo Antonio Caño cuando fue despedido en 2021, también anunciando acciones legales que terminaron en un acuerdo con la empresa antes de llegar al juicio.

Quizá ninguno de los dos recordaba, por ejemplo, el día en que El País canceló el suplemento de 12 páginas con artículos de The New York Times porque éste había publicado un reportaje titulado Los medios en España se encuentran ahogados por el Gobierno y la deuda, en el que varios periodistas denunciaban presiones gubernamentales y de los acreedores. Uno de ellos era Miguel Ángel Aguilar, que fue despedido sólo dos días antes por las críticas vertidas en el diario estadounidense.

Eso ocurrió en 2015, pero para entonces Juan Luis Cebrián ya había mostrado ante los suyos que la foto donde posaba con el casco de Darth Vader y que Jot Down no publicó hasta tres años después de lo previsto –en marzo de 2019, cuando la revista ya no era distribuida por Prisa– era un más que fiel reflejo de la evolución, y del carácter, del personaje.

Fue en una reunión con el comité de empresa de El País, previa al primer y único ERE que ha sufrido el periódico en sus casi 50 años de historia, cuando Cebrián intentó justificar los 129 despidos de noviembre de 2012. “No podemos seguir viviendo tan bien”, les dijo a los redactores. Pero esa primera persona del plural no le incluía: en 2011 había cobrado 13 millones de euros –fijo, bonus y complementos–, mientras Prisa se apuntaba unas pérdidas de 451 millones, las ventas de ejemplares caían más de un 30% y la acción del grupo en Bolsa se desplomaba, dejándose el 90% de su valor respecto a 2007. Como calculó entonces Pere Rusiñol, experiodista de El País, con esa cantidad se podían haber contratado 400 redactores, cuyos sueldos fueron recortados en un 8% tras el ERE.

No fue la única incoherencia argumental de Cebrián esos días de crisis económica. También defendía la necesidad de rejuvenecer la plantilla. “La tercera edad en periodismo comienza a los 50 años”, esgrimió, tras calificar de “preocupante” que la edad media en el diario fuera de 53. Entonces él tenía 68 años y hoy ya cuenta 79.

Pero hasta allí, el ERE, las pérdidas millonarias y una deuda elefantiásica, Prisa había llegado de la mano de una gestión económica que puede tacharse de nefasta. Ahora también se recuerda cuando Maruja Torres, que había abandonado El País en 2013, dijo que Cebrián quería ser “un tiburón de Wall Street”, pero se quedó en “sardinita”.

No le faltaba razón: como publicó infoLibre en 2014, Propu (Promotora de Publicaciones), la empresa que era el accionista mayoritario de Prisa y cuyo consejero delegado era Juan Luis Cebrián, se dedicó a hacer operaciones especulativas de alto riesgo al menos desde 2003, con importes que alcanzaban los 360 millones de euros. Al principio le fue bien, pero en 2007 perdió 148 millones de euros por especular de forma agresiva y arriesgada con derivados sobre acciones de Prisa. Tal fue el batacazo que Propu demandó en los tribunales a Goldman Sachs, la firma que había utilizado para asesorarse y gestionar estas operaciones. Y perdió estrepitosamente. Primero un juzgado de Primera Instancia y después la Audiencia Provincial de Madrid fallaron a favor del banco de inversiones en una sentencia que Propu ya no se molestó en recurrir y es firme. En ella se desvelan todos los detalles de las operaciones de alto riesgo que resultaron en un auténtico fiasco nada más estallar la burbuja financiera en 2008.

Mientras Propu acusaba a Goldman Sachs de hacer “un asesoramiento negligente e ilícito” e incluso su director de inversiones llegó a declarar ante los jueces que “no sabía lo que era” y “no entendía” aquello que le presentaba el banco estadounidense, el tribunal consideró que Cebrián y el resto de los gestores de la empresa “conocían los riesgos que asumían” cuando apostaron por una subida del valor de la acción que nunca se produjo. Es más, Propu aumentó sus posiciones en 2007, pese a que Goldman Sachs le aconsejó en contra. Era, alegó el banco de inversiones, un “cliente profesional y sofisticado”, acostumbrado a operar con derivados. De hecho, las operaciones especulativas formaban parte de los objetivos de inversión establecidos expresamente en la cuenta que Propu abrió con Goldman Sachs en 2000.

En ese mismo año 2008, el de la quiebra de Lehman Brothers, Cebrián firmó la operación más polémica de Prisa: la OPA por el 100% de las acciones de Sogecable, la televisión del grupo. Una inversión de 3.000 millones de euros que disparó la deuda de Prisa por encima de los 5.000 millones. Esa carga insoportable dejó al grupo en manos de sus acreedores, que convirtieron la deuda en capital. Santander, La Caixa y HSBC se convirtieron en accionistas del primer grupo de comunicación español. También entraron fondos de inversión y un jeque catarí. Al acabar 2015, cuatro bancos y el fondo Amber controlaban el 42% del capital de Prisa. Mientras, la familia Polanco no dejaba de perder peso. Al cierre de 2009, poseía el 70,95% del grupo; en 2016 su participación se había quedado en el 10,7%. Hoy no supera el 7,6%.

Eran años en que Prisa encadenaba números rojos cada vez más elevados. Si empezó con unas pérdidas de 72 millones de euros en 2010, en 2013 se elevaron a 649 millones y en 2014 explotaron hasta los 2.263 millones –en 2023 ha perdido 33,5 millones–. Cebrián había sido su consejero delegado desde 1988 y su presidente ejecutivo desde 2012. Pero, además de la crisis económica general, de la crisis de la prensa en particular, y de los problemas de gestión, Cebrián tenía que afrontar otros retos de tiburón financiero venido a menos. En 2016 su nombre apareció asociado a los Papeles de Panamá, la filtración de documentos del despacho Mossack Fonseca que destapó a defraudadores fiscales de todo el mundo.

Su segunda exmujer, Teresa Aranda, figuraba como apoderada de una sociedad llamada Granite Corporation Incorporated, domiciliada en las islas Seychelles. Aranda también era vicepresidenta de la Fundación Atman, que presidía Felipe González. En su patronato se sentaba además un empresario iraní, Massoud Zandi, a su vez socio junto al propio Cebrián y Antonio Navalón, entonces columnista de El País, de Star Petroleum, una petrolera con sede en Luxemburgo, actividades poco claras en Sudán del Sur y una deuda con Hacienda de 2,5 millones de euros en 2016. Navalón también apareció en la lista de morosos de Hacienda con una deuda de 2,08 millones. Cebrián siempre ha negado tener ni haber tenido sociedades en paraísos fiscales, pero perdió en los tribunales una demanda contra El Confidencial por "difamarle" publicando la información revelada en los Papeles de Panamá.

Mientras, en la redacción de El País se libraba otra batalla. Cebrián encargó a Antonio Caño, quien entonces era corresponsal en Washington, un informe interno sobre el periódico y los cambios que debían hacerse para frenar la pérdida de lectores. Caño lo envió por error a una cincuentena de periodistas y colaboradores del diario. infoLibre lo publicó. Era febrero de 2014 y Javier Moreno, que no sabía nada del documento, ejercía de director. El contenido del informe levantó ampollas: Caño planteaba cambiar a todo el equipo directivo e incorporar a los cuadros a jóvenes de 30 años, al tiempo que criticaba que se hubiera “arrinconado” al periódico “en un lado del espectro político”.

Ya entonces era patente el giro del periódico hacia la derecha, pero el documento lo ponía negro sobre blanco. Cebrián también había hecho notar su enfrentamiento con los periodistas que él consideraba “del 68”, en alusión a los movimientos sociales que irrumpieron ese año en todo el mundo, desde las protestas contra la guerra de Vietnam hasta el Mayo francés. Apenas 10 días después de desvelarse el informe, el consejo de administración de Prisa anunció el nombramiento de Antonio Caño como director de El País.

Sus cuatro años al frente del periódico fueron quizá los más abruptos de la historia del diario. Caño, que se consideraba a sí mismo un “conservador”, apoyó la política del presidente republicano George W. Bush en Irak y su actitud contra los gobiernos de izquierda en América Latina le enfrentó con una mayoría de la redacción. También respaldó la política de la empresa durante el ERE y se opuso a las movilizaciones de protesta de los periodistas.

Una vez en la dirección, sus relaciones, y las de quienes nombró para formar su equipo, con la redacción no fueron buenas. Además del cambio de la línea editorial, las formas con que se manejaban esos cargos de confianza y los problemas suscitados por la publicación de ciertas informaciones se tradujeron en el rechazo de buena parte de la redacción y el abandono de algunas de sus mejores firmas. Cuando Caño fue destituido en junio de 2018, El País perdía 23.000 ejemplares en quiosco al día. Desde enero de 2017, su difusión había caído un 13%.

De hecho, en octubre de 2016 Antonio Caño tuvo que enviar una carta a los suscriptores del periódico que se estaban dando de baja, unos 500 diarios tras la publicación de un editorial muy crítico con Pedro Sánchez el mes de septiembre. En dicho texto, el diario de Prisa no sólo había considerado “imprescindible” la salida de Pedro Sánchez de la dirección socialista, sino que también le tildaba de “populista” e “insensato sin escrúpulos”, le acusaba de actuar con “cobardía”, “en la mejor tradición sectaria” y de acuerdo con una “hoja de ruta insensata”, e incluso aseguraba que había “mentido sin escrúpulos”.

En un intento por recuperar a los lectores, Caño se justificaba en la carta admitiendo que quizá había caído “presa de la misma efervescencia” que quería combatir desde las páginas del periódico.

Además, el Comité de Redacción de El País, órgano que representa a sus periodistas, le pidió explicaciones por el editorial. Pero Caño puso punto final a la reunión convocada al efecto al cabo de apenas un minuto, con el argumento de que no aceptaba ningún debate sobre la línea editorial, de la que él era el único responsable.

Caño fue sustituido por Soledad Gallego-Díaz sólo dos semanas después de que Cebrián dejara la presidencia ejecutiva de Prisa en 2018. El resto de su equipo fue despedido. Tres años después también lo fue el propio Antonio Caño.

Desde entonces, Juan Luis Cebrián ostentaba la presidencia de honor de Prisa, mientras escribía artículos de opinión y críticas de libros en el suplemento Babelia. Siempre ha dicho que su abandono de las funciones ejecutivas fue el capítulo final de una sucesión que había empezado a preparar en 2016.

En una conferencia pronunciada en el Foro de la Nueva Comunicación, en noviembre de 2017, Cebrián alertó de “la falta de rigor y credibilidad, del basurero de opinión en el que se ha convertido internet, a través de toda clase de sistemas organizados para generar una política de desinformación, chantaje y bloqueo con motivaciones muy diferentes”. Habrá que ver cómo se desenvuelve a partir de ahora el expresidente de Prisa en el medio que acaba de contratarle, precisamente uno de los señalados por no ser precisamente escrupuloso a la hora de publicar bulos.

La economía española crecerá este año y el siguiente por encima de la media estimada para la eurozona, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que ha revisado al alza sus pronósticos de expansión del PIB de España para 2023 y 2024, cuando el país se beneficiará "de un gasto público considerable", vinculado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (RTRP), ha recogido Europa Press.

Según las nuevas proyecciones, contenidas en su informe Perspectivas Económicas, el PIB español crecerá este año un 2,1%, significativamente por debajo del 5,5% registrado en 2022, pero cuatro décimas por encima de la previsión de la OCDE para España publicada el pasado mes de marzo, mientras que de cara a 2024, la organización ha elevado en dos décimas su pronóstico y ahora espera que la economía española crecerá un 1,9%.

El Gobierno ha celebrado las previsiones, confirmando que España será "uno de los países desarrollados con mayor crecimiento este año". "La Mejor España es la que crece y crea empleo", ha añadido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a través de Twitter.

Así, la previsión de la OCDE es la misma que la del Gobierno español, que mantuvo en el 2,1% el crecimiento para este año en el plan de estabilidad remitido a Bruselas, pero no así la de 2024, ya que el Ejecutivo de Pedro Sánchez estima un alza del PIB del 2,4%, por encima del 1,9% estimado por la OCDE.

De este modo, España seguirá creciendo por encima de la media de la zona euro, para la que el think-tank de las economías avanzadas anticipa una expansión del 0,9% en 2023 y del 1,5% en 2024. De hecho, la economía española, a pesar de la ralentización respecto de 2022, registrará el mayor crecimiento del PIB entre las principales economías de la zona euro.

En concreto, la OCDE prevé que Alemania se estancará en 2023 y crecerá un 1,3% en 2024; Francia un 0,8% y un 1,3%, respectivamente; e Italia un 1,2% este año y un 1% el siguiente.

"Ante un entorno desafiante en el contexto de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, la economía española se ha mantenido notablemente bien", destaca la OCDE en su análisis, señalando que la confianza de empresas y consumidores ha mejorado desde el pasado otoño, aunque la confianza de los consumidores sigue siendo muy baja.

Asimismo, apunta que el crecimiento del PIB español se beneficiará de un gasto público considerable vinculado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (RTRP), mientras que advierte de distintos riesgos para las perspectivas, incluida una escalada de la guerra en Ucrania que podría hacer subir los precios de la energía y el aumento de las vulnerabilidades macrofinancieras, ya que el rápido aumento de las tasas de interés podría aumentar el riesgo de contagio financiero a través del sistema financiero mundial.

En cuanto a la evolución de los precios, la organización confía en que la tasa general de inflación armonizada se modere este año al 3,9% desde el 8,3% del año pasado, lo que supone tres décimas menos que lo previsto el pasado mes de marzo, mientras que para 2024 la tasa se mantendrá en el mismo nivel, una décima menos de lo esperado anteriormente.

Sin embargo, la OCDE es algo menos optimista respecto de la evolución de la inflación subyacente, que excluye el impacto de energía y alimentos, ya que espera una moderación al 4,8% este año, frente al 5% estimado en marzo, mientras que para 2024 mantiene en el 3,7% su expectativa.

De este modo, la tasa de inflación general de España se mantendría este año muy por debajo de la media de la zona euro, estimada en el 5,8%, aunque para 2024 la OCDE prevé que la subida de los precios entre los Veinte será menos intensa que en España, con una tasa promedio del 3,2%.

Asimismo, mientras que este año la inflación subyacente de España será ligeramente inferior al 5,4% estimado para la zona euro, el próximo año el dato español se situará una décima por encima del promedio del 3,7% de la eurozona.

"La inflación seguirá reduciéndose este año hasta situarse por debajo del 4%, dos puntos menos que la media de la zona euro, lo que favorece la competitividad de las empresas españolas", han subrayado desde el Departamento que dirige Nadia Calviño.

Por otro lado, las previsiones contemplan que la tasa de paro bajará al 12,8% desde el 12,9% y se reducirá hasta el 12,4% el próximo año, lo que, junto con la moderación de la inflación, respaldará el consumo de los hogares.

En sus nuevas proyecciones macroeconómicas, la OCDE confía en que el desequilibrio negativo de las cuentas públicas de España mejorará este año y el siguiente, en parte ante la perspectiva de que algunas de las medidas de apoyo a los hogares y empresas para hacer frente al aumento de los costes finalicen en junio de 2023, aunque se espera que el recorte del IVA en los alimentos y los subsidios en las tarifas de transporte se amplíen hasta finales de 2024.

No obstante, la organización prevé que los recortes de impuestos sobre la energía se eliminen parcialmente en 2024 y, en general, apunta a que la política fiscal será levemente restrictiva durante 2023-24, lo que permitirá que el déficit público disminuya al 3,5% del PIB en 2023 y al 3,2% del PIB en 2024 desde el 4,8% del año pasado. En cambio, el Gobierno español prevé que en 2024 el déficit público se sitúa por debajo del 3%, medio punto menos de lo estimado por la OCDE.

En cuanto a la deuda pública, las proyecciones del think tank para las economías avanzadas anticipan una lenta disminución de la ratio sobre PIB al 110,8% este año y al 109,9% en 2024.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado este miércoles el acuerdo sobre el techo de endeudamiento acordado previamente entre el presidente, Joe Biden, y el líder del Partido Republicano en la cámara, Kevin McCarthy.

Con 314 votos a favor frente a 117 en contra, la Cámara de Representantes ha aprobado el acuerdo que busca evitar una gran crisis financiera en el país norteamericano y que ha resultado extremadamente difícil de negociar para el mandatario estadounidense, que llegó a cancelar varios compromisos internacionales para poder atender este asunto, ha informado Europa press.

A través de un comunicado, Biden ha celebrado este "crítico paso hacia adelante" al aprobar un acuerdo que es "un compromiso bipartidista". "Ninguno de los lados consiguió todo lo que quería", ha afirmado, "y esa es la responsabilidad que implica gobernar".

También ha agradecido a McCarthy el "negociar de buena fe", y ha pedido al Senado, que debe aprobar la norma antes de salir adelante, que lo haga "tan pronto como sea posible".

Por su parte, McCarthy ha hablado en una rueda de prensa en la que ha criticado la tardanza en llegar a un acuerdo con el equipo de Biden, además de celebrar y enumerar los puntos del texto que más se adecúan a la propuesta republicana inicial para lidiar con el techo de endeudamiento.

"¿Es todo lo que quería? No, es (un Gobierno) con un Senado demócrata y un presidente demócrata que no quería negociar con nosotros", ha afirmado. "Creo que lo hicimos bastante bien para los estadounidenses", ha agregado.

La Comisión Europea ha presentado este miércoles su propuesta de revisión de las reglas fiscales, que contempla una senda de gasto sujeta a la deuda por país, pero con un ajuste anual mínimo del déficit del 0,5% del PIB para los años en los que se prevé que el desequilibrio negativo de las administraciones públicas supere el valor de referencia del 3%, un parámetro común que se ha introducido a petición de países como Alemania, según ha informado Europa Press.

Además, serán los Gobiernos de cada Estado miembro los que deban presentar sus propios planes de ajuste fiscal a medio plazo en base a una reducción de la senda de gasto "plausible" que permita mantener la deuda en niveles "prudentes" a lo largo de un periodo de cuatro años que podrá ampliarse hasta un máximo de siete si se apoya en reformas e inversiones específicas.

Por su parte, la Comisión proporcionará trayectorias técnicas que muestren qué ajuste fiscal es necesario para garantizar que se cumplen los criterios de los valores de referencia del 3% y el 60%, pero serán los Veintisiete quienes deberán respaldar los planes estructurales presentados por cada país, así como de los compromisos de reforma e inversión en que se basa la prórroga.

Asimismo, la revisión introduce una cláusula específica de escape para los Estados miembro que contempla la posibilidad de eventos extraordinarios, tales como pandemias o guerras, derivada del contexto tras la pandemia y de la crisis provocada por el ataque de Rusia a Ucrania.

No obstante, aunque las propuestas proporcionan a los Estados miembro un mayor control sobre el diseño de sus planes a medio plazo, también establecen un régimen de aplicación más estricto para garantizar que cumplen los compromisos que asumen en sus planes a medio plazo.

En el caso de los Estados miembro que afrontan importantes retos en materia de deuda pública, las desviaciones de la senda de ajuste fiscal acordada conducirán por defecto a la apertura de un procedimiento de déficit excesivo.

Si no se cumplen los compromisos de reforma e inversión que justifican una prórroga del período de ajuste presupuestario, el período de ajuste podría ampliarse. El incumplimiento de los compromisos de reforma e inversión que justifiquen una prórroga del período de ajuste presupuestario podría dar lugar a la reducción de este período.

La riqueza financiera neta de las familias españolas e instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares (ISFLSH) se situó en 1,96 billones de euros en 2022, lo que supone un descenso del 0,2% en tasa interanual, según las cuentas financieras publicadas por el Banco de España este miércoles, que reflejan también una caída de la deuda de los hogares, moderándose su peso sobre el PIB al 53% del PIB, frente al 58,4% de un año antes, según ha informado Europa Press.

La cifra de los activos financieros netos de las familias a cierre del cuarto trimestre equivale al 147,6% del PIB, porcentaje 15 puntos inferior al del mismo periodo de 2021 y se explica, según el Banco de España, por el aumento que experimentó el PIB.

El saldo total de activos financieros —dinero en efectivo, acciones, depósitos y valores en renta— de los hogares e ISFLSH alcanzó en el cuarto trimestre niveles de 2,73 billones de euros, cifra muy similar a la de un año antes y que equivalente al 205,4% del PIB, frente al 226% de un año antes.

En 2022 se produjo una revalorización negativa de 46.3000 millones de euros que compensó la adquisición neta de activos financieros, que fue de 45.000 millones de euros en el último año, concentrada en depósitos y, en segundo lugar, en participaciones en el capital.

Por componentes, el grueso de los activos financieros de los hogares se mantuvo en efectivo y depósitos (el 40% del total), seguido de participaciones en el capital (31%), participaciones en fondos de inversión (14%) y seguros y fondos de pensiones (12%).

El componente efectivo y depósitos fue el que más incrementó su peso en los activos financieros de los hogares (en 1,6 puntos porcentuales) con respecto a un año antes, mientras que el peso de los seguros y fondos de pensiones fue el que más cayó (-2 puntos), influido este último por su revalorización negativa.

Por su parte, la deuda consolidada de las empresas y de los hogares e ISFLSH alcanzó los 1,66 billones de euros en 2022, dato ligeramente inferior al registrado hace un año (-1,3%), pero un 3,1% superior al nivel de finales de 2019, antes de que comenzara la pandemia.

El Banco de España indica que en términos del PIB, la ratio de deuda apunta a una moderación significativa del endeudamiento hasta el 125,1%, frente al 139,4% de diciembre de 2021, situándose también por debajo del 129,3% de diciembre de 2019.

Las empresas y los hogares contribuyeron con distinta intensidad a esta evolución. En concreto, la deuda consolidada de las sociedades no financieras se redujo desde los 978.100 millones de diciembre de 2021 a los 957.600 millones en diciembre de 2022. En términos del PIB la ratio disminuyó desde el 81% de diciembre de 2021 hasta el 72,2% a finales de 2022 (si se incluyese la deuda interempresarial, la ratio en 2022 sería un 93,4%, frente a 104,5% en 2021).

Por su parte, la deuda de los hogares e ISFLSH se redujo ligeramente de 704.200 millones en diciembre de 2021 a 702.800 millones al cierre de 2022 (707.500 millones en diciembre de 2019). La ratio sobre el PIB disminuyó hasta el 53%, desde el 58,4% del último trimestre de 2021.

La evolución de la deuda consolidada de las empresas y de los hogares e ISFLSH fue el resultado de unas operaciones netas acumuladas ligeramente positivas y unos valores negativos de los otros flujos que fueron superiores, según explica el Banco de España.

Las operaciones netas acumuladas en los últimos cuatro trimestres, correspondientes a la financiación consolidada recibida por las empresas y los hogares e ISFLSH, alcanzaron los 461 millones de euros, lo que supuso un 0,03% en términos del PIB.

“El próximo 26 de junio, 255.000 ciudadanos de nuestro país recibirán el Ingreso Mínimo Vital en sus cuentas bancarias”, anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una rueda de prensa el verano de 2020, nada más aprobarse la ayuda destinada a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social. Sánchez se refería a los 74.119 hogares que iban a percibir de oficio el IMV porque ya estaban cobrando la prestación por hijo a cargo, cuya cuantía varía, según la edad y el grado de discapacidad, de 83 a 679,9 euros al mes. Siempre que ésta no superara la fijada para el IMV, entonces entre 701,5 y 1.015 euros al mes dependiendo del tipo de hogar y número de hijos, sus beneficiarios pasaban a ingresar la ayuda creada por José Luis Escrivá.

Como con fecha del 1 de enero de cada año deben revisarse los expedientes del IMV para actualizar la prestación en función de los ingresos obtenidos el ejercicio anterior, en octubre de 2021 se cruzaron los datos de los perceptores de 2020 con los datos sobre sus rentas facilitados por la Agencia Tributaria. El resultado fue que, de 69.259 expedientes revisados, 4.706 superaban el límite de renta y, por tanto, debían darse de baja del IMV. Además, estos perceptores tenían que devolver las cantidades cobradas de forma indebida. En algunos casos, las cantidades podían alcanzar los 10.000 y los 15.000 euros, un desembolso considerable para quienes ya de por sí deben lidiar con dificultades económicas severas.

Los datos proceden de un correo con fecha de 27 de octubre de 2021 al que ha tenido acceso infoLibre y donde el subdirector general de Incapacidad Temporal y Prestaciones Económicas no Contributivas, Daniel Sánchez García, informaba a las direcciones provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) del resultado del cruce con la Agencia Tributaria de los expedientes de la “primera conversión” de prestaciones por hijo menor a cargo en “IMV transitorio”. Así, de los 69.259 expedientes revisados, el importe de la mayoría, 57.138, era inferior a la renta garantizada para 2020 y el de 4.613 era idéntico. Otros 807 tenían que ser dados de baja entre junio y diciembre de 2020, pero dados de alta a partir del 1 de enero de 2021 porque sí cumplían la situación de vulnerabilidad ese año. A 1.995 se les iba a reconocer de oficio el IMV con carácter excepcional, o se les daba la opción de cobrar la prestación por hijo a cargo, porque entraban en situación de vulnerabilidad económica sobrevenida.

infoLibre ha pedido al Ministerio de la Seguridad Social el número final de perceptores del IMV a los que se trasladó de oficio desde la prestación por hijo a cargo, pero el departamento asegura que carece de ese dato. Tampoco ha querido facilitar la cifra de cuántos han devuelto las cantidades percibidas indebidamente ni a cuánto ascendía cada caso individual. Pero si el número final de devoluciones se mantiene en la misma proporción que resultó a fecha de octubre de 2021, para el total de los 74.119 perceptores de la prestación por hijo a cargo reconvertidos en IMV, la cifra de beneficiarios que tuvieron que reintegrar la ayuda puede ascender a unas 5.000 personas.

El Defensor del Pueblo ha incluido en sus informes de los dos últimos años numerosas quejas sobre la tramitación del IMV, una ayuda compleja dirigida a personas para las que resultan doblemente dificultosos los trámites burocráticos y las operaciones digitales. En el informe de 2021, la institución que dirige Ángel Gabilondo explicaba que había preguntado a la Seguridad Social por los resultados del cruce de datos con la Agencia Tributaria para actualizar la prestación. El INSS le contestó que esa revisión había comenzado en octubre de 2021 precisamente con los expedientes del IMV reconvertidos de oficio desde la prestación por hijo a cargo, un proceso que, según decía, se iba a prolongar durante el último trimestre de ese año con el resto de los expedientes de la ayuda. Sin embargo, destaca el Defensor, la Agencia Tributaria le había informado de que había facilitado a la Seguridad Social, ya en julio de 2021, “los datos de renta, imputaciones e información patrimonial del ejercicio fiscal 2020”. Es decir, tres meses antes de que el INSS empezara el cruce con sus datos.

Así que el informe reprocha a la Seguridad Social la “demora” para actualizar y revisar la prestación, a efectos de 1 de enero de 2021, a los beneficiarios del IMV reconocido en 2020, puesto que algunos de ellos, añade, pudieron recibir –durante 2021– esa ayuda “en exceso y, por tanto, indebidamente”. Por ese motivo, el Defensor solicitó al INSS información sobre “la repercusión de la deuda que se hubiera podido generar por dicha circunstancia”.

En su informe de 2022, el Defensor del Pueblo repite su “preocupación” por los “perjuicios” que ocasiona el sistema de actualización del IMV. Vuelve a señalar que la demora en el cruce de datos es excesiva: la resolución no se ejecuta hasta finales de noviembre. Por tanto, los beneficiarios de la ayuda “están recibiendo durante casi todo el año una cuantía que no refleja su situación económica”. Y se les pide el reintegro cuando superan el nivel de renta establecido en la ley. El informe describe muy bien el perjuicio ocasionado: “Los ciudadanos no son conscientes de la deuda que han podido acumular y se encuentran con graves dificultades para reintegrar la prestación que han cobrado durante prácticamente todo el año, pues su situación económica sigue, en muchos casos, en el umbral de la pobreza”.

El Defensor del Pueblo entiende la “complejidad de gestión” del IMV y el “gran volumen de trabajo que genera”, por lo que concede que se produzca una “demora razonable” en las revisiones anuales de la ayuda. Pero critica el método utilizado por el INSS para actualizarla. En 2021, asegura con cifras de la Seguridad Social, 99.690 expedientes del IMV generaron prestaciones indebidas. En este momento, cobran la ayuda un total de 595.511 hogares, de acuerdo con las cifras publicadas por el ministerio el pasado viernes.

Para resolver estos problemas, el INSS modificó el sistema de devolución de las ayudas cobradas de más. Ahora, explica el ministerio a este periódico, se compensa el importe adeudado en los siguientes pagos “de manera sencilla y menos burocrática que la que existía con carácter general para las deudas del resto de las prestaciones”.

Sin embargo, no se ha adelantado el cruce de datos con la Agencia Tributaria y, por tanto, la revisión de las rentas. “Sigue existiendo el mismo problema cuando cambia la renta o la unidad de convivencia, el procedimiento no es lo bastante ágil”, lamenta Ricardo Ibarra, director de la Plataforma de Infancia. Según explica, la creación del complemento de ayuda para la infancia ha sido un acierto y mejora la prestación por hijo a cargo, pues ha aumentado la cobertura al aplicar umbrales de renta más altos, hasta 27.000 euros para dos adultos y dos niños. La antigua prestación es ahora una ayuda a extinguir en la que no entrarán nuevos beneficiarios.

Pero aun así, la cifra de beneficiarios, lejos de los 850.000 hogares que apuntó José Luis Escrivá cuando se aprobó el IMV, indica claramente que existe “mucho margen de mejora”, subraya Ricardo Ibarra. A su juicio, el objetivo debería ser atajar no sólo la pobreza severa, sino la pobreza sin más. Y el ministerio debería trabajar para que tenga acceso a la ayuda todo el que debería, “y menos en que no se cuele nadie”, advierte. Es decir, pagar la prestación y comprobar después si se ha dado correctamente. La dificultad burocrática y de requisitos, recomienda, puede eludirse con una deducción fiscal reembolsable para la infancia, que considera una medida más adecuada.

En sus informes, el Defensor del Pueblo sugería al INSS que permitiera a los beneficiarios obligados a declarar el IRPF presentar “declaraciones voluntarias tempranas” de sus rentas e hiciera después las comprobaciones pertinentes.

La pandemia y la guerra están poniendo en aprietos la economía de muchos hogares. Estadísticamente, con una tasa de paro del 12,7%, el empleo está en sus mejores cifras desde antes de la crisis financiera y el aumento del empleo indefinido deja la temporalidad en mínimos históricos. No obstante, esto no quiere decir que las perturbaciones económicas no estén llevando al límite a muchas familias. Con que coincidan varios elementos es suficiente: trabajar en un sector que haya recurrido a un ERTE prolongado durante la pandemia, que un familiar haya enfermado y requiera de cuidados, a lo que se suma unos precios desbocados y una cuota de la hipoteca que no para de subir, y que obliga a la persona a acabar recurriendo a microcréditos de intereses abusivos. 

Este es el perfil de “deudor de buena fe”, que acaba enterrado en deudas en contra de su voluntad, atosigado a llamadas de sus acreedores, en muchos casos amenazantes, exigiendo un pago que no puede afrontar por causas ajenas a su voluntad. Para estos casos existe la ley de segunda oportunidad, en vigor desde 2015, y que suprime de manera inmediata la deuda contraída por una persona en un caso de desesperación. “Me llamaron ayer para confirmarme que se cancela mi deuda”, relata a infoLibre Martha Cecilia M., de 57 años, en un estado exultante.

“La pandemia no me acabó físicamente, pero sí económicamente”, resume. Esta trabajadora de hostelería acaba de exonerarse de una deuda de alrededor de 21.000 euros que la tenía en un estado de “nerviosismo total”: “Justo antes de la pandemia necesitaba cambiar de coche, así que me compré uno nuevo”, explica. En esos momentos ya arrastraba cierto endeudamiento. “Luego con la pandemia me quedé sin poder trabajar, porque estuve en ERTE. Poco a poco nos iban llamando para trabajar, pero yo tuve la mala suerte de que me llamaron de las últimas. La prestación por desempleo se fue reduciendo y las cuotas de las deudas iban creciendo”, explica.

A Martha Cecilia M. las cuotas del coche empezaron a hacerse demasiado cuesta arriba. Se vio obligada a devolverlo: “Gracias a Dios lo arreglé con el banco y se me quedó debiendo a cero. Pero con las otras deudas, como el alquiler o las facturas, no podía, no podía. Se me iban acumulando, y la prestación seguía mermándose. Las deudas seguían creciendo, y la prestación bajando”, insiste. 

Finalmente, entre la coyuntura y la deuda acumulada, se le amontonaron 21.000 euros. “Si eres una persona responsable y quieres cumplir con tus obligaciones, esta situación te genera muchos nervios. A mí no me dio depresión, pero te da una enorme impotencia. Te machaca mucho saber que debes algo. Te mandan mensajes, te llegan notificaciones de los juzgados”, lamenta.

La trabajadora, que hoy vuelve a estar empleada en el sector hostelero, llegó por casualidad a la ley de segunda oportunidad: “Busqué por internet y encontré información, así que pedí ayuda. El proceso ha sido muy largo. Tuve que mandar mucha documentación. Se me ha hecho eterno. Empecé a ver la luz en enero de 2021. Hasta ayer”, celebra. “Esto te ayuda a pensar las cosas que vas a hacer en un futuro. Creo que se debe vivir sin deudas. Estoy feliz de empezar de cero”, celebra. 

El caso de Martha Cecilia M. lo gestionó el despacho Repara tu deuda, creado en 2015 tras la aprobación de la ley de segunda oportunidad y especializado ad hoc en la exoneración de deudas. “El perfil del cliente es muy amplio. Desde el pequeño empresario que ha montado un negocio y no puede sobrevivir con la pandemia hasta personas de 20 años que recibieron préstamos de intereses abusivos y no pueden afrontarlos”, resume Alicia García, directora del despacho. 

Los requisitos para acogerse son amplios: ser insolvente, que la deuda no supere los cinco millones de euros, que hayan pasado al menos cinco años desde la última exoneración o no haber cometido ningún delito socioeconómico en los últimos 10 años. El límite de las deudas con la administración pública, Seguridad Social y la Agencia Tributaria, es de hasta 10.000 euros por organismo. Por último, hay que demostrar ser un deudor “de buena fe”: “Muchas veces el deudor se endeuda por desesperación”, señala García. 

Alicia García sostiene que reciben 2.000 peticiones diarias de lunes a viernes, de personas que piden asesoramiento para ver si se pueden acoger a la ley: “Es un proceso administrativo, el cliente no tiene que ir al juzgado. Somos nosotros los que hacemos el procedimiento. La mayoría, por suerte para ellas y también para nosotros, cumple los requisitos para acogerse”, explica. García considera que la subida de los tipos de interés provocará en poco tiempo otro escenario que puede desbocar las situaciones de vulnerabilidad económica en los hogares. La buena noticia es que se parte de un mínimo de morosidad del 3,8%, por lo que estamos lejos de cifras de la Gran Recesión, frente al 13,6% que había en 2013.

La ley de segunda oportunidad se reformó en septiembre, para transponer una directiva europea. Entre otros cambios, se ha agilizado el proceso eliminando una parte que contemplaba un intento de llegar a un acuerdo extrajudicial: “Nos hemos quitado una fase de notaría de asignación de mediación concursal y el propio proceso del acuerdo extrajudicial. Aunque es pronto para notar el cambio, se ha ganado tiempo”, explica Alicia García.

Otro cambio que, a juicio de la cofundadora de Repara tu deuda, ha acelerado el proceso, es el cambio del tipo de juzgado que gestiona estos procesos: “Cuando se aprobó la ley en 2015, el Gobierno determinó que estos casos los llevaran los juzgados de primera instancia, que no tienen ni idea de concursos de acreedores, porque esos los gestionan los juzgados de lo mercantil. Los juzgados estaban colapsados, eso ha hecho que muchos procesos se dilataran mucho”, expresa García, en referencia a que mucho de los beneficiados por la ley son emprendedores que ven colapsar sus proyectos empresariales por causas ajenas. 

“Una cosa muy buena de la reforma es que ahora los procesos sí los van a llevar juzgados de lo mercantil, que están acostumbrados a tratar este tipo de procedimientos. Además, se trata de casos que suelen afectar a personas físicas, no jurídicas, que tienen menos bienes, es más fácil de tramitar para ellos. Yo espero que esto agilice el proceso más todavía”, afirma la directora de Repara tu deuda. 

N. G., una mujer de 70 años, acaba de ser beneficiada también por la ley de segunda oportunidad. “Me endeudé porque estafaron a mi marido”, explica a infoLibre. La murciana explica que su pareja tenía una empresa que trabajaba para un negocio de reparto radicado en Barcelona. “Le pagaban con cheques de pagarés a tres meses, hasta que un día dejaron de pagarnos. Mi marido tenía empleadas a algunas personas, y no podíamos pagarles”, explica. La empresa, que era su único cliente, dejó de pedirles servicios y les dejó a deber meses de trabajo que nunca les ha llegado a pagar.

“Pasamos de vivir muy bien a quedarnos sin nada. A mi marido le quitaron el coche. Los trabajadores que mi marido tenía contratados, el primer mes entendieron que no podíamos pagarles, pero luego empezaron a llamar para cobrar. Acabamos recurriendo a pequeños préstamos por separado para abordar estas deudas y para ir comiendo. Entre esto y el coste del despido de los trabajadores, generamos una deuda de unos 80.000 euros. Hubo días que apenas podíamos comer. El teléfono empezó a darme miedo”, explica la mujer, quien también recurrió a los servicios del despacho Repara tu deuda. 

Se embarcó en un proceso de cinco años, hasta que ha quedado libre de deudas con las entidades financieras. Ahora, está jubilada con una prestación no contributiva; él, de 60 años, diez menos que ella, ha encontrado trabajo de conductor. “Mi marido ha estado trabajando estos años recogiendo limones. Para un hombre mayor no es fácil encontrar trabajo”, lamenta. Hoy siente alivio por exonerarse de la carga, aunque su situación económica ya no es la de antes: “Jolín, hoy al menos llegamos al final del día. Fue demasiado duro”, lamenta.

“Todos conocemos a alguien que ha recibido una tarjeta de crédito de su banco, sin pedirla", explica la directora de Repara tu deuda. "¿Cuántas veces te llega un mail o un mensaje diciendo que tienes un préstamo preconcedido? Si estás vulnerable, haces clic. Luego piden intereses abusivos. Hemos visto TAE [Tasa Anual Equivalente, el precio añadido al devolver un préstamo] que no sabíamos ni que existía. ¡Un TAE de hasta del 3.500%!”, exclama. “Hay micropréstamos que a lo mejor te dejan 250 euros y tienes que devolver el doble en un mes, una cantidad que se va multiplicando. Estas personas necesitan una solución rápida. Gracias al mecanismo de la segunda oportunidad podemos poner fin a eso”, añade.

El caso de la septuagenaria N. G. responde a la definición de ser “deudor de buena fe”. Son los jueces los que deben decidir, según diferentes criterios: “La buena fe se deduce a contrario de la ausencia de determinadas circunstancias, por ejemplo, de no haber cometido determinados tipos penales, de que no sea culpable el concurso, que no se hayan cometido determinadas sanciones administrativas…”, explica a infoLibre Matilde Cuena, catedrática de Derecho Civil de la Universidad Complutense de Madrid y una defensora de la filosofía de la segunda oportunidad. 

Matilde Cuena explica cómo decide un juez si una persona es “deudor de buena fe”, especialmente desde la última reforma de la ley: “La reforma ha introducido un concepto valorativo de la buena fe, es decir, el juez valorará cómo se ha endeudado el deudor, si ha sido irresponsable, teniendo en cuenta unos criterios objetivos que prevé la norma, como por ejemplo, si el deudor ha ocultado o no información de solvencia al acreedor”.

A través de la fundación Hay Derecho, de la que es vicepresidenta, la catedrática llevaba desde 2011 reclamando que España introdujera un mecanismo de segunda oportunidad, que sirviera de asidero a empresas y hogares que, por causas ajenas a su voluntad, no podían hacer frente a los pagos de sus deudas. La ley llegó en 2015: “Supuso un avance cualitativo en la regulación de la exoneración de deudas. Hasta la fecha hemos tenido un sistema que protegía a los acreedores y condenaba a la exclusión social a los deudores que por mala suerte devenían insolventes”, critica la catedrática.

Pese a que valora positivamente tanto la ley como su posterior reforma, sí critica algunos aspectos, como que la ley deje al margen el papel del prestamista: “La norma no atiende a la conducta del acreedor que yo considero muy relevante, ya que legalmente tiene obligación de conceder préstamos de carácter responsable con diligencia profesional. No es justo sancionar al deudor por endeudamiento irresponsable privándole de la segunda oportunidad y que el prestamista, que con toda probabilidad ha concedido préstamo irresponsable, no padezca ninguna consecuencia. Esperemos que los jueces apliquen esta norma con la mesura que requiere. Nadie gasta sin control si no hay un prestamista que concede esa financiación”, critica la catedrática. 

La tenista Arantxa Sánchez Vicaria y su exmarido Josep Santacana serán juzgados en Barcelona del 12 al 15 de septiembre de 2023 por un presunto delito de alzamiento de bienes, han explicado a Europa Press fuentes judiciales, según informa Europa Press.

Según ha adelantado La Vanguardia y han confirmado las citadas fuentes, el juicio será en el Juzgado Penal 25 de Barcelona.

La Fiscalía pide para ambos una condena de cuatro años de cárcel por supuestamente ocultar patrimonio para evitar pagar una deuda de 7,5 millones de euros al Banco de Luxemburgo.

En el escrito de acusación, consultado por Europa Press, el fiscal detalla que la tenista actuó "bajo las consignas de su marido" una vez se le notificó la reclamación de la deuda en julio de 2010.

El escrito del fiscal, que presentó en julio de 2021, detalla que la entidad bancaria adelantó a un banco español el dinero que la tenista tenía que abonar como garante de una deuda con Hacienda, y por eso después el Banco de Luxemburgo le reclamó pagar la cantidad que había abonado.

El fiscal sostiene que "idearon un plan consistente en descapitalizar su numeroso patrimonio, frustrando de este modo el cobro de dicha cantidad", por el que vaciaron sus cuentas corrientes.

Hicieron "desaparecer" el dinero que Sánchez Vicario había cobrado en créditos y por reportajes en medios de comunicación, y el fiscal expone que la tenista era propietaria y beneficiaria de al menos cinco empresas, titulares de varios bienes inmuebles, que después de notificársele la deuda con Hacienda pasaron a estar a nombre de una sociedad uruguaya.

Así, "realizaron numerosas operaciones de venta con el fin de obtener dinero y ocultarlo para frustrar el cobro" de la deuda, y la Fiscalía acusa como cooperadores necesarios a quienes supuestamente hicieron de testaferro quedando como único titular de las empresas de la tenista, además de al jefe y al responsable de la gestoría que hizo las operaciones de estas empresas.

Por todo, la Fiscalía pide condenarles por un presunto delito de alzamiento de bienes o insolvencia punible: reclama cuatro años de cárcel y 8.640 euros de multa para Sánchez Vicario y Santacana, además de 6,1 millones en responsabilidad civil; y tres años y medio de prisión y multa de 7.560 euros para los cómplices.

Los técnicos del Fondo Monetario Internacional han finalizado su revisión anual de la economía española, el conocido como 'Artículo IV', y han concluido que el crecimiento del producto interior bruto del país será "relativamente débil" en los próximos trimestres, según informa Europa Press. "Se prevé que el crecimiento sea relativamente débil en los próximos trimestres debido a una demanda externa débil y al deterioro de la confianza de los consumidores", ha subrayado el FMI en sus conclusiones de la revisión económica del país.

El organismo multilateral considera que la actividad económica "debería repuntar en el transcurso de 2023" gracias a que se disipen los problemas de ofertas, a la recuperación de los servicios con contacto intensivo y a la aceleración de inversiones del Plan de Recuperación. En este sentido, aunque el Fondo ha determinado que el uso de fondos europeos "está acelerándose" y eso es algo positivo para España, ha criticado que existe una "falta de información sistemática e integral sobre la ejecución, incluyendo aquella en términos de contabilidad nacional". Esto hace difícil evaluar si los recursos públicos están llegando a la economía real.

En términos de PIB, el FMI ha revisado al 4,6% el crecimiento esperado para 2022. Esta revisión se debe a que su última previsión, publicada en octubre, no tuvo en cuenta el último dato disponible de crecimiento del segundo trimestre, por lo que ya en el momento de su publicación resultaban pesimistas. Para 2023 la previsión ha quedado situada sin cambios en el 1,2%. De esta forma, España no recuperará su nivel económico previo a la pandemia hasta comienzos de 2024.

El organismo ha alertado de que las perspectivas "están sujetas a gran incertidumbre y los riesgos en su mayoría se inclinan a la baja". Los principales riesgos son energéticos por los precios de la electricidad o el gas natural, pero el FMI también ha señalado a una desaceleración más brusca de lo previsto de la economía mundial o a un endurecimiento más pronunciado de las condiciones financieras como consecuencia de la subida de tipos de interés del BCE.

Ha considerado que la decisión del Gobierno de elevar los ingresos públicos a costa de impuestos a bancos, energéticas y hogares de altos ingresos es algo "apropiado" en el contexto actual, pero ha alertado de que los gravámenes a empresas no tienen en cuenta los costes.

"Como se prevé que los precios de la energía permanezcan en niveles elevados el próximo año, recaudar ingresos temporales adicionales para financiar el apoyo a los más vulnerables es una estrategia bienvenida, pero el seguimiento del impacto de las medidas es necesario", han determinado los técnicos del FMI.

Siguiendo en el contexto energético, la revisión del FMI también ha finalizado considerando como "oportuno" el despliegue de apoyo público para amortiguar el impacto de los precios de la energía. Pese a esta valoración positiva, ha recomendado un "mayor grado de focalización" de las medidas.

A nivel fiscal, los técnicos han considerado que la deuda pública sigue siendo elevada y se necesita un esfuerzo "sostenido" de consolidación. Así, aunque la respuesta del Gobierno fue "muy eficaz" para contener los efectos de la pandemia, también fue costosa al elevar la proporción deuda/PIB hasta el 118%.

En este sentido, la consolidación de déficit primario de 0,3 puntos porcentuales previstas en el plan presupuestario provisional para 2023 es "apropiado" para el FMI, aunque ha alertado de que su ejecución está sujeta a que los ingresos sean sólidos y haya un menor gasto en medidas energéticas.

El FMI considera necesario un ajuste de 0,6 puntos porcentuales por año desde 2024 para que España logre una posición fiscal casi equilibrada para 2030.

Respecto a las pensiones, el FMI considera que son necesarias "medidas adicionales" para contrarrestar el aumento del gasto futuro derivado de su indexación a la inflación. Para 2050, la consecuencia de esta medida es elevar el gasto en pensiones en un 3,25% del PIB.

El organismo ha alertado de que "solo una parte" de este incremento estaría compensada por otras medidas adoptadas en la primera etapa de la reforma. Además, las medidas adoptadas en 2022 como la reforma del sistema de cotización para autónomos "podrían tener un efecto financiero positivo", pero esto depende de su diseño.

Entre las conclusiones del FMI también se incluye un aviso de que los niveles y tasas de crecimiento de productividad en el trabajo en España han sido inferiores en los últimos años a las economías semejantes. El FMI considera que esto se debe a factores transversales como la prevalencia de las pymes, la elevada incidencia del empleo temporal y desajustes de aptitudes en el mercado laboral.

En este sentido, el FMI ha valorado positivamente la reforma del sistema de formación profesional, así como la 'ley de startups' y la 'ley crea y crece'. Además, ha indicado que hacen falta "mayores esfuerzos" para abordar el "elevado número" de umbrales regulatorios asociados al tamaño de las empresas y las diferencias de regulación entre regiones.

Respecto al empleo, el FMI ha valorado las reformas laborales aprobadas en diciembre de 2021 y ha indicado que están "arrojando resultados positivos en términos de crecimiento del empleo indefinido". No obstante, también han indicado que es "demasiado pronto" para evaluar su impacto definitivo.

La cantante Shakira ha descartado alcanzar un acuerdo con la Fiscalía en su causa judicial por un presunto fraude de 14,5 millones de euros a Hacienda. Por ello, el próximo paso es que el fiscal presente su escrito de acusación y previsiblemente irá a juicio. La agencia de comunicación de la cantante ha explicado en un comunicado este martes que no ha aceptado una conformidad, como ha adelantado El País, porque "confía plenamente en su inocencia". Para el equipo legal de Shakira, esta causa supone "un total atropello a sus derechos, ya que siempre ha demostrado una conducta impecable, como persona y contribuyente", y en este sentido ha recordado que la artista, ya antes del proceso penal, devolvió 17,2 millones que le reclamaba Hacienda.

El equipo de Shakira insiste en que "desde hace muchos años no existe ninguna deuda pendiente con Hacienda" y ha tachado de impecable su cumplimiento en la veintena de jurisdicciones donde ha tributado.

Ha criticado que "jamás se había encontrado una persecución con tal falta de razonabilidad y tan encarnizada por parte del fisco, ni un uso tan evidente de la presión mediática y reputacional como mecanismo recaudatorio".

Además, reprocha que la Fiscalía no ha aportado pruebas directas para sostener su acusación y "ha mantenido una actitud del todo intransigente a lo largo de toda la instrucción".

"La Fiscalía se ha empeñado en recaudar el dinero devengado en mis giras internacionales y en The Voice cuando aún no era residente en España, y han recurrido a medios indebidos para presionar, tal y como lo hacen a diario e injustamente con miles de contribuyentes con fines lucrativos", ha afirmado la artista en declaraciones recogidas en el comunicado.

La cantante y su equipo se han mostrado convencidos de su inocencia y confiados en que el juicio les dará la razón, "a sabiendas de que la Agencia gasta millones en este tipo de persecuciones y pierde uno de cada dos pleitos con sus contribuyentes".

En mayo, la Audiencia de Barcelona avaló procesar a la cantante por seis presuntos delitos contra la Hacienda Pública, con un total de 14,5 millones de euros, como ya había decidido antes el Juzgado de Instrucción 2 de Esplugues de Llobregat

En esta causa está en cuestión si la cantante supuestamente dejó de tributar en España en 2012, 2013 y 2014 a pesar de estar obligada a hacerlo porque es donde tenía su residencia fiscal, ya que había estado en el país más de 183 días al año.

En este punto, la defensa de la artista argumentó que en ese momento era residente en Bahamas, y ahora reprocha que solo se ha intentado demostrar "su permanencia durante ciertos días, pero ni de lejos lo que exige la ley para considerarse residente" en España.

En el comunicado de este miércoles, la defensa considera que la Fiscalía ha "abusado de un concepto jurídico indeterminado, como es el de las ausencias esporádicas, sobre la base de una cuestión técnicamente discutible de quien ni siquiera devenga en España ya que sus beneficios provienen del exterior en donde trabaja y ejerce su profesión".

El juez que la procesó lo hizo rechazando la versión de la defensa, según la cual en ese momento no residía en España, y recordó que en mayo de 2012 Shakira se compró una casa y empezó a hacerle obras, alquiló un estudio de grabación durante un año y se hizo seguimiento de su embarazo en una clínica de Barcelona.

El instructor y los jueces de la Audiencia de Barcelona, que avalaron procesarla, creen que en la causa hay "elementos suficientes" de que Shakira había fijado su residencia habitual en España, y que permaneció 183 días físicamente en España al margen de las salidas que pudieran considerarse ocasionales, puntuales o esporádicas.

En concreto, los tributos que Shakira supuestamente defraudó son el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) -con un total de 12.371.197 euros- y el Impuesto sobre el Patrimonio (IP) -2.191.771 euros-, sumando entre los dos un total de 14.562.968 euros.

La Fiscalía ha pedido condenar a la tenista Arantxa Sánchez Vicario y a su exmarido Josep Santacana a cuatro años de prisión por un presunto delito de alzamiento de bienes al supuestamente ocultar su patrimonio a través de un testaferro para evitar pagar al Banco de Luxemburgo una deuda de 7,5 millones de euros, según informa Europa Press.

En el escrito de acusación, el fiscal detalla que la tenista actuó "bajo las consignas de su marido" una vez se le notificó la reclamación de la deuda en julio de 2010.

Detalla que la entidad bancaria adelantó a un banco español el dinero que la tenista tenía que abonar como garante de una deuda con Hacienda, y por eso después el Banco de Luxemburgo le reclamó pagar la cantidad que había abonado.

El fiscal sostiene que "idearon un plan consistente en descapitalizar su numeroso patrimonio, frustrando de este modo el cobro de dicha cantidad", por el que vaciaron sus cuentas corrientes.

Hicieron "desaparecer" el dinero que Sánchez Vicario había cobrado en créditos y por reportajes en medios de comunicación, y el fiscal expone que la tenista era propietaria y beneficiaria de al menos cinco empresas, titulares de varios bienes inmuebles, que después de notificársele la deuda con Hacienda pasaron a estar a nombre de una sociedad uruguaya.

Así, "realizaron numerosas operaciones de venta con el fin de obtener dinero y ocultarlo para frustrar el cobro" de la deuda, y la Fiscalía acusa como cooperadores necesarios a quienes supuestamente hicieron de testaferro quedando como único titular de las empresas de la tenista, además de al jefe y al responsable de la gestoría que hizo las operaciones de estas empresas.

Por todo, la Fiscalía pide condenarles por un presunto delito de alzamiento de bienes o insolvencia punible: reclama cuatro años de cárcel y 8.640 euros de multa para Sánchez Vicario y Santacana, además de 6,1 millones en responsabilidad civil; y tres años y medio de prisión y multa de 7.560 euros para los cómplices.

"¡Vamos, que tú puedes!", se oye a todas horas. Es el discurso que anima al "emprendedor" a rebelarse individualmente contra su destino precario.

Pero, ¿seguro que puedes?

La pregunta la lanzan seis investigadores en economía, sociología y educación en el ensayo colectivo sobre la precariedad Vidas low cost. Ser joven entre dos crisis (Catarata, 2021). Ampliado, el interrogante quedaría así: ¿Seguro que está en manos del precario salir de su situación? ¿O más bien se trata de un discurso que culpa al trabajador y oculta el carácter estructural del fenómeno? La respuesta obtenida es negativa a la primera pregunta –siempre hay excepciones, por supuesto– y afirmativa a la segunda. Como colofón del análisis, el sociólogo Xavier Martínez-Celorrio aporta un examen crítico del ascensor social, que resulta estar averiado desde antes de la Gran Recesión y con sus males agravados después. Sumando las generaciones X y millennial, con datos de 2006 y 2012, se desclasaron 3,1 millones de jóvenes. El diagnóstico es tajante: "El sueño meritocrático anglosajón se ha desmoronado y ha sido reemplazado por el darwinismo social de la parentocracia".

El bombardeo cultural

El sistema educativo como vía de ascenso social, el laboral como garantía de vida digna y el de pensiones como seguro de jubilación tranquila están en entredicho. Ante eso, el mensaje despolitizador contra el que alerta Vidas low cost es: "Si tú quieres, tú puedes". "Quizás tengas 30 años y estés agotado. Es probable que, además, te sientas culpable por encontrarte así", escribe la periodista Sara Montero en un prólogo que es además síntesis del ensayo colectivo, donde hace un elocuente recorrido por los elementos de un marco ideológico-cultural que "cupabiliza" al joven sin futuro: talent shows en los que un desconocido cumple de golpe su sueño gracias a su arrojo; coaches que ofrecen "trucos para cambiar tu vida"; influencers que te enseñan cómo olvidar los problemas con mindfulness; "superheroínas que se atrevieron a emprender y ahora son mamás y empresarias que sacan tiempo para autocuidarse"... "Los bombardeos con mensajes individualistas son constantes", señala Montero, que destaca cómo la promoción de la "cultura del emprendimiento" acaba por copar toda la vida del joven precario, obligado a una permanente actualización de Linkedin y a un cuidado exquisito de su "marca personal" en Instagram, Facebook, Twitter... "Tú eres working class, pero en tus relaciones empiezas a operar como una empresa", señala.

La telaraña afecta al lenguaje. Hay un aluvión de términos difusos que difuminan el deterioro laboral, sobre todo de los jóvenes. Lo recoge un glosario de CCOO de 2018: ¿Un ejemplo? "Economía colaborativa" en vez de uberización. Los jóvenes hacen "job sharing", que suena mejor que "compartir sueldo". No es que con treinta y tantos tengas un sueldo de adolescente, es que eres un "treinteenager". Las parejas jóvenes con un solo sueldo que viven en un piso con otros han elegido una vida "sinkie" –"single income, no kids"–. En verano, se aspira a unas "trabacaciones". Si no puedes más, haz "complain restraint" –no te quejes– y pide a tu jefe que te permita una "power nap" –siesta reparadora– o quizás unos minutos en esas cabinas de Amazon para que los trabajadores más estresados "carguen pilas". Además, no hay que preocuparse tanto por el sueldo, ya que existe un "salario emocional" en forma de "buen ambiente", "trato humano", "sensibilidad", "desarrollo personal"... Montero denuncia la perversión del lenguaje de las ofertas de trabajo en Internet: "Joven quiere decir muchas veces mal pagado; dinámico, que esperan que trabajes mucho; emprendedor quiere decir autónomo con responsabilidad".

La brecha entre la realidad y la idealización del mercado laboral en la que uno es "su propio jefe" se mide con este dato: el 21,7% de los autónomos lo son involuntariamente, casi 5 puntos más que la media europea, según un informe de abril del Observatorio de Caixabank. Vidas low cost señala cómo datos como estos sucumben bajo un discurso que despolitiza la precariedad y romantiza la inestabilidad. Óscar Pierre, fundador de Glovo, ha vislumbrado ese mundo sin relaciones laborales fijas: "En el futuro la gente tendrá múltiples vías de ingresos". El teletrabajo encarrilla aún más esta filosofía, según la cual hay que salir del aburrimiento de las "biografías estandarizadas" y pasar a las biografías del "do it yourself", señala Montero. Y añade: el paradigma de la "inestabilidad" ha sustituido a la reivindicación del derecho al trabajo, en un proceso que irrita a los millennials pero que para los centennials es ya "lo natural". 

Un ascensor social averiado

El problema de este discurso, añade Montero, es que impulsa a una carrera meritocrática que "no tiene meta" mientras oculta las causas estructurales de la precariedad, que a su vez explican que el ascensor social no funcione. El sociólogo Xavier Martínez-Celorrio, especialista en equidad, se encarga de explicar esta avería, que no es ni siquiera un fenómeno nuevo, aunque sí agravado por la Gran Recesión.

Con datos de 2006, ya se observaba que la evolución del ascenso social era negativa. El 43,9% de los jóvenes nacidos entre 1962 y 1966, al cumplir 30 años, habían subido socialmente con respecto a sus padres –la llamada "movilidad intergeneracional ascendente"– y el 21,4% habían bajado. En cambio, de los nacidos entre 1972 y 1981, el porcentaje de los que habían subido con 30 cayó hasta el 40,7% (3,2 puntos menos). Los que bajaron fueron el 22,1% (0,7 puntos más). En total, el descenso social en la llamada generación X afectó ya antes de la Gran Recesión a 1,4 millones de jóvenes.

Problemas "estructurales" más "uberización"

Pero, ¿no habíamos quedado en que la crisis de 2007 había fastidiado un ascensor social? A tenor de los datos recabados por los investigadores de Vidas low cost, la realidad es más compleja. Por un lado, es cierto que se ha producido un deterioro objetivo de las condiciones de los jóvenes en la última década. Ahí están los datos. Los jóvenes hasta 34 años ganan ahora entre 2.400 y 2.850 euros menos al año que en 2011. Un trabajador menor de 30 tiene que dedicar al pago del alquiler más del 85% de su salario, frente a algo más del 50% que destinaba en 2011. Pero, yendo al fondo del asunto, el origen del problema es anterior a la caída de Lehmann Brothers y tiene causas estructurales, como el infradesarrollo de los sectores más cualificados; un modelo "familista" de cobertura social, en el que la familia asume parte del papel del Estado; fragilidad sindical; escasez de inspección laboral... De todo ello hacen repaso los investigadores que componen Vidas low cost. Hay también cifras que lo avalan. España tiene más del 12% del PIB y el empleo colgados del turismo. El incremento de inspecciones en el campo en 2020 ha desvelado fraude en uno de cada tres casos. La afiliación sindical quedó en un 13,6% en 2018, tras una caída de más de 6 puntos en 25 años. España está por debajo del conjunto de la UE-27 en gasto en sanidad, discapacidad, tercera edad, familia, infancia, vivienda e inclusión.

Estos son los elementos "estructurales" que explican, a su vez, los de paro, temporalidad y emancipación que acompañan a las crónicas sobre la juventud sin futuro... Lo que hacen los investigadores en ciencia social Jaime Aja, José Hernández y Eduardo Sánchez es recalcar, en línea con Martínez-Celorrio, que el ascensor social no se ha estropeado ahora, pero que sus males sí se han agravado. Si el paro elevado empujando los salarios hacia abajo es un rasgo estructural del mercado laboral, ahora hay que sumarle la desregulación de las reformas laborales, la creciente fragmentación de la producción y la uberización, que sustituye las relaciones laborales por comerciales, un fenómeno que abarca ya a más de medio millón de trabajadores. En paralelo, la vivienda ha ido experimentado un proceso de mercantilización tras otro.

Títulos Vs redes familiares

Aja, Hernández y Sánchez desembocan su análisis en la dimensión ideológica y cultural como clave del éxito de la precariedad. Ahí citan la incorporación de la "neolengua" empresarial a las políticas laborales, que han pasado de aspirar al "pleno empleo" a la "activación" del trabajador. Además, no hay excusas para el fracaso, porque siempre queda "formarse" y "reciclarse". El joven que no lo hace sufre la penalización de la etiqueta "nini". Pero lo cierto es que el sí estudia corre el riesgo de convertirse en "estudiante indefinido".

"La acumulación de capital formativo deja de tener la efectividad de los tiempos pasados como herramienta de ascensor social", explican Elsa Santamaría e Izaskun Artegui, investigadoras en educación y sociología laboral. Los títulos –universitarios o no– pierden valor si no se ejercen, lo que suscita una un competencia por experiencias laborales sin cobrar como primer paso de un camino en el que serán clave las "redes familiares", según Aja, Hernández y Sánchez. Martínez-Celorrio, que cifra hasta en un 25% la devaluación de la titulación de la generación X con respecto a la de sus padres, lo sintetiza así: "En España el primer factor que explica el destino social y profesional de los hijos no es el nivel educativo sino el origen social de los padres".

El ascensor empeora tras la Gran Recesión

Volvamos a los estudios de Martínez-Celorrio sobre movilidad social. Si de los nacidos entre 1972 y 1976, el porcentaje de los que habían subido con respecto a sus padres ya había caído al 40,7%, ¿qué pasó después de la crisis con los millennials? Pues ha seguido cayendo y con más fuerza, según datos de 2012 ceñidos a Cataluña pero extrapolables a toda España, según el investigador. La tasa de ascenso social se desplomó hasta el 31,8% para los nacidos entre 1978 y 1987, unos 8 puntos menos que la misma muestra en 2005 en Cataluña y en España en 2006. La tasa de descenso, en cambio, se disparó hasta el 38,9%, 14 puntos más que siete años antes en Cataluña y 16,8 puntos más que en 2006 en España. Lo dicho: la Gran Recesión empeoró una avería que ya estaba ahí y suscitó el boom del discurso del "tú puedes".

Haciendo una extrapolación a España, 1,72 millones de millennials se habrían desclasado hasta 2012, lo que se acerca a ese dato de los jóvenes de 25 a 29 años que respondían en 2016 que vivirían peor que sus padres. No es descartable que tengan razón, según el análisis de Martínez-Celorrio, que lamenta que la encuesta de Clases sociales y estructura social del CIS no se haya actualizado desde 2006. No obstante, también contamos con el informe Juventud en España 2020, del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que cifra la movilidad ascendente en 2019 en un 31,8% para los hombres y un 32,95% para las mujeres, números que cuadran con el análisis de Martínez-Celorrio. En cambio, según el informe oficial, la movilidad descendente se queda en 22% para ellos y 18,4% para ellas, es decir, en los niveles previos a la Gran Recesión.

"El ascensor social de los millennials está atrapado en una contramovilidad viscosa y descendente más prolongada en el tiempo y sin igual en ninguna otra generación juvenil anterior", señala Martínez-Celorrio, para quien "se ha roto la equidad entre generaciones". Ante ello, los "miedos y ansiedades" en las "clases medias" conducen, según el sociólogo, a un "cierre social" para proteger "estatus" a través de tres procesos: "mayor gasto privado educativo, mayor presión para capturar fondos públicos que financien su libre elección y mayor segregación escolar". "El sueño meritocrático anglosajón se ha desmoronado y ha sido reemplazado por el darwinismo social de la parentocracia y el poder de mercado de los padres", anota.

Tenemos un "serio problema de suelo pegajoso" que, si persiste, cristalizará en "un proletariado de servicios y bajo nivel" que es carne fresca para la extrema derecha, analiza. Ante esta encrucijada, el investigador ve disparatado insistir en recetas desreguladoras. En conversación con infoLibre, aboga por una utilización de los fondos europeos para modernizar el sistema productivo y fomentar ocupaciones mejor remuneradas, subir el salario mínimo y seguir aumentando la inspección laboral y la equidad educativa. "No podemos salir de la pandemia haciendo lo mismo que antes", resume el investigador, que también defiende un cambio en la "cultura empresarial" que deje atrás la competitividad basada en la precariedad y bajos salarios.

El dirigente de CCOO Javier Pueyo, especializado en nuevas formas de trabajo y coordinador de Vidas low cost, lanza una reflexión al hilo de la "noticia" de la supuesta falta de camareros para la temporada estival, que ha llegado amplificada por multitud de comentarios sin que se hayan puesto encima de la mesa los datos que la sostienen. "Entra dentro de la culpabilización del trabajador que se produce a todas horas. Se habla mucho de la 'sobrecualificación' de los trabajadores, alegando que están formados pero no para lo que es necesario, mientras no se habla de un tejido productivo incapaz de absorber el conocimiento y las capacidades de la juventud trabajadora", señala. Y añade: "La precariedad durante muchos años fue un peaje, una fase temporal entre la formación y el empleo. Ahora no. Ahora todo es incertidumbre. Y no afecta sólo a los jóvenes, sino a todos los trabajadores en mayor o menor medida". Pueyo pone el énfasis en la necesidad de cambiar el marco laboral y evitar la "huida de la laboralidad" del modelo de falsos autónomos. Y rescata las palabras de Joe Biden: "Pay them more".

Ahí fue el presidente de EEUU el que dijo al empresario la frase con la que arranca este artículo: "¡Vamos, que tú puedes!".