“Ayuso entzun, Euskadi euskaldun!”. El lehendakari, Imanol Pradales, es un político de maneras contenidas, de ritmo suave, de corrección de domingo. Pero este fin de semana subió el tono de forma contundente en su reivindicación de la lengua y la cultura vascas durante su intervención en el Alderdi Eguna (el día del partido) del PNV, centrando las críticas en su homóloga madrileña.

Con las derechas radicalizando su discurso en una suerte de competición entre el PP y Vox, los dirigentes del Gobierno vasco y del PNV se han convertido en el contrapeso dentro del mundo conservador a la hora de entender la política. Y Euskadi –donde gobiernan los nacionalistas en coalición con el PSE-EE– se presenta estos días como el modelo contrapuesto a la Comunidad de Madrid, con medidas como la aprobación este lunes de Vitoria como zona tensionada en términos inmobiliarios y la autorización a los colegios para que luzcan banderas palestinas como expresión de rechazo al genocidio que está perpetrando Israel en Gaza.

Pradales no perdona que Díaz Ayuso se levantara y se fuera de la última reunión de la Conferencia de Presidentes cuando él pronunció parte de su discurso en euskera. El lehendakari se ha puesto como una de sus principales misiones la defensa de la cultura y del idioma vascos frente a las ansias recentralistas que emanan de la Puerta del Sol. El enfrentamiento ha subido peldaños en las últimas horas.

En el acto del PNV de este domingo, Pradales puso el foco en lo que supondría un Gobierno central pactado entre los populares y la extrema derecha de Vox: “Pueden venir tiempos oscuros para Euskadi”. Para remarcar: “Tiempos de crisis o de cuestionamiento” del autogobierno, de las instituciones propias y de la propia identidad del pueblo vasco. Y de manera muy clara le dijo en euskera: "Ayuso escucha, Euskadi es vasca".

El enfrentamiento se ha encarnizado con la propia presidenta de Madrid respondiendo este lunes en otra entrevista con Ana Rosa Quintana: “Lo de Ayuso entzun, pim pam pum, es lo que se decía antaño y es preocupante”. La presidenta madrileña criticó a Pradales que utilice el euskera como “amenaza y violencia verbal, que es lo que están haciendo los socios de Pedro Sánchez”.

Este choque supone ahondar más en la brecha existente entre los peneuvistas y el Partido Popular. Un enfrentamiento que se ve claramente en el Congreso de los Diputados, donde Alberto Núñez Feijóo ha pasado de cortejar a los jeltzales a atacarlos constantemente. En el pleno sobre corrupción del pasado verano, la nueva portavoz del PNV, Maribel Vaquero, le dijo directamente al líder popular: “¿Cree que va a gobernar insultando o tratando de desacreditar al adversario? ¿Qué más sabe hacer? ¿Tratar de ensuciar el nombre del PNV?”. Además, los nacionalistas vascos han rechazado cualquier amago del Partido Popular de enfrentar a los socios del PSOE para encarrilar una moción de censura contra Pedro Sánchez.

Madrid y Euskadi son las dos autonomías más ricas de España en términos de PIB per cápita. Y, además, son dos lugares donde el precio de la vivienda se ha convertido en un gran problema para los ciudadanos. Pero también este lunes se evidenció una gran diferencia a la hora de gestionar la solución, con el Gobierno vasco materializando un paso más en la aplicación de la ley de vivienda al declarar Vitoria, capital de la comunidad, como zona tensionada. En cambio, el Gobierno de Ayuso ha dado por completo la espalda a la norma aprobada por el Gobierno central que ofrece un paraguas para poder limitar el precio de los alquileres. 

La orden se publicó este lunes en el Boletín Oficial del País Vasco con la idea de que entre en vigor a finales de octubre, cuando el BOE actualice la lista. La medida permitirá aplicar políticas públicas para ampliar la oferta con la construcción de más de 3.000 viviendas protegidas en tres años –de las cuales 1.629 las levantará el Ejecutivo vasco– y, previsiblemente, controlar los precios del alquiler.

Con la incorporación de Vitoria-Gasteiz a esta lista, en la que también figuran San Sebastián y Bilbao, casi la mitad de la población vasca –el 47,7% para ser exactos, más de un millón de habitantes– vive ya en municipios tensionados. Y esa cifra superará el 50% en los próximos meses cuando se sumen las localidades de Lezo, Zestoa, Arrasate-Mondragón, Tolosa y Hernani.

En el caso de Vitoria, tras aprobar la orden, el EUSTAT (instituto estadístico del Gobierno vasco) ya está desarrollando una metodología que permita obtener la información necesaria, cruzando los datos tributarios con sus bases de datos propias y las del Departamento de Vivienda y Agenda Urbana (en manos del PSE-EE), para obtener un número suficiente de viviendas por distrito que permita realizar una proyección estadística fiable y robusta, según el Ejecutivo vasco. El horizonte con el que se trabaja es el del primer semestre del año que viene.

Y en estos días hay otra gran diferencia entre el Gobierno de Pradales y el de Ayuso: su posición respecto a Palestina. El lehendakari, durante el debate de política general en el Parlamento vasco el pasado día 18, se mostró en contra del “genocidio”: “Estamos enfurecidos, cansados y hartos. Esta violencia nos genera dolor, rabia e impotencia”. 

Ayuso, en cambio, sigue defendiendo abiertamente a Israel. Este lunes incluso cuestionó las palabras de Felipe VI durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York, donde el monarca se dirigió al Gobierno de Benjamin Netanyahu de esta manera: “Clamamos, imploramos, exigimos, detengamos ya esta masacre”. La dirigente popular matizó que “el rey reina, pero no gobierna y no tiene que tomar más postura que la conciliación”.

Con otra palpable entre las dos Administraciones respecto a este asunto: en Euskadi se pueden ver banderas de Palestina en los colegios e institutos, mientras que Ayuso ha emprendido una cruzada contra los centros escolares que muestren símbolos de apoyo a Gaza. “No vamos a consentir que se instrumentalicen los centros para la guerra ideológica”, sostiene la dirigente popular, que en este caso actúa de manera contraria a como lo hizo con el respaldo a Ucrania.

Dos meses después de que el resto de capitales europeas rechazasen la oficialidad del catalán, gallego y euskera en las instituciones europeas, el Gobierno volvió a plantearla en Bruselas. Y volvió a fracasar, como en las anteriores seis ocasiones, sin despejar las dudas legales o financieras de varios países y ahora encajonado por nuevo debates que capitalizarán la atención de la UE en los próximos meses.

Las perspectivas no eran positivas antes del encuentro del Consejo de Asuntos Generales, que reúne a ministros o responsables de cuestiones europeas. Así lo reconocía una alta fuente comunitaria al explicar que “lo visto en la anterior reunión es que muchos países tenían dudas sobre cuestiones presupuestaria, de practicidad o por las implicaciones legales. Para alcanzar un acuerdo, estas cuestiones deben resolverse, pero, ¿cuándo va a pasar? Francamente, no lo sé”, avanzando el desenlace negativo.

El ministro polaco de Asuntos Europeos, Adam Szlapka, habló este viernes de esos mismos problemas antes de la reunión en la que Fernando Sampedro, el quesería su homólogo español, defendió los intereses de las tres lenguas. “Hay muchas preocupaciones sobre esta cuestión entre los Estados miembros, creo que hay preocupaciones legales y que los Estados miembros necesitan más tiempo, así que no creo que vaya a haber ninguna decisión”, adelantó Szlapka.

La agenda del Consejo había rebajado en dos sentidos la importancia de la demanda española, lo que ya no apuntaba bien. Si en mayo aparecían como “adopción” los cambios del reglamento regulador de las lenguas de uso en las instituciones comunitarias, la agenda de este viernes recogía sólo un “cambio de impresiones”. De contar con la aprobación de la oficialidad a sólo debatirla. Además, el punto temático pasaba de primero a segundo en la reunión, con sólo 45 minutos de discusión.

El contexto geopolítico, los desafíos y la crisis que afronta la Unión Europea, pero también las dinámicas internas de sus debates y tiempos se sumaron para ir en contra. Lo dejó muy claro, comprensivo pero a la vez crítico, el ministro de Exteriores de Luxemburgo, Xavier Bettel, peso pesado de la política comunitaria tras haber sido antes jefe de Gobierno.

“Yo también vengo de un país donde sabemos lo que es el multilingüismo, lo apoyo plenamente, pero voy a ser muy transparente, esta semana hemos tenidos momentos muy difíciles para acordar las sanciones contra Rusia, nos ha llevado días aprobarlas”, se explayó Bettel, apuntado a las divisiones internas de la propia UE en diversos frentes. “Cuando no somos capaces todavía de tomar medidas sobre Israel y de alcanzar un alto el fuego para Palestina, que llegásemos a un acuerdo sobre el gallego, el vasco y el catalán... Al final del día la gente se preguntaría hacia dónde va Europa. Creo que el momento no es el adecuado si no somos capaces de acordar nada más”.

Esta misma semana, los 27 han derramado sangre, sudor y lágrimas para aprobar finalmente el décimo octavo paquete de sanciones contra Rusia, luego de muchas jornadas de presión sobre Eslovaquia para que levantase su veto, con el que han rebajado el tope al precio del petróleo ruso además de limitar el acceso de los bancos de Moscú a financiación internacional o atacar su flota de petroleros.

El ministro de Asuntos Europeos de Finlandia, igual que el polaco Szlapka, insistió también que la reunión debía centrarse en la primera discusión sobre la reciente propuesta de la Comisión Europea para los próximos presupuestos de la UE, cuentas que alcanzan los dos billones de euros y que Joakim Strand calificó como “simplemente demasiado altas”. Austria, Francia o Hungría también pusieron el foco en el debate sobre los futuros presupuestos de la UE y no en la cuestión lingüística española.

Se trataba, al fin y al cabo, de “las primeras reacciones preliminares” al proyecto de Marco Financiero Plurianual 2028-2034 del que dependen miles de millones de euros para los Estados miembros y donde importantes sectores económicos presionan a cada Gobierno. “Estamos al principio del proceso”, explica la alta fuente comunitaria, “todas las delegaciones necesitan tiempo para mirar las propuestas y cifras, algunas delegaciones encuentran que es un presupuesto muy grande”. A la vuelta del verano, la presidencia rotatoria del Consejo, ostentada por Dinamarca, quiere centrar los debates de este Consejo de ministros en la cuestión presupuestaria y no desviarse con otras.

Igual que en mayo, no hubo votación entre los 27 sobre la cuestión española ante las dudas expresadas abiertamente por varios gobiernos, mostrando la evidente falta de unanimidad para modificar el régimen lingüístico de la UE. La ausencia de la votación dentro del Consejo revela que una minoría importante de países mantiene una firme negativa, aunque en privado fuentes del ministerio de Exteriores aseguren que “se ha dado un paso más en el camino del reconocimiento de las lenguas oficiales españolas en la UE. Un camino irrenunciable e irreversible”.

Al menos siete países son reacios al reconocimiento del catalán, gallego y euskera, sin que la ofensiva del Gobierno parezca haber movido sus posiciones. “Finlandia siempre está dispuesta a la discusión de una manera constructiva, pero no vemos que sea suficiente en lo referente a los servicios legales, todavía hay varias cuestiones pendiente de resolverse”, aseguró el finlandés Joakim Strand.

Más dura fue la ministra para Europa de Austria, Claudia Plakolm, exigiendo al Gobierno “una propuesta sobre la mesa con la que se aclaren las cuestiones jurídicas y financieras” antes de “dar algún consentimiento”. El Gobierno alemán, que había guardado silencio público sobre la demanda española, también la rechazó categóricamente dentro de la reunión. Mientras el titular francés de Asuntos Europeos, Benjamin Haddad, fue más diplomático asegurando ser consciente de que es “una cuestión muy importante para nuestros amigos españoles”, pero “en el anterior Consejo de Asuntos Generales no hubo consenso y yo deseo seguir trabajando para encontrar una solución constructiva”.

Pese al nuevo varapalo en Bruselas, fuentes de Exteriores insisten que no tiran la toalla. “España está dispuesta a seguir trabajando con todos sobre cualquier cuestión para resolver la discriminación frente a otros Estados miembros a los que sí se les ha respetado su identidad nacional plurilingüe”, explican, situando el debate sobre la oficialidad del catalán, gallego y euskera como si fuese una guerra que librar ante los socios europeos: “El día D no es hoy, pero el día D hoy está más cerca”. De momento, el desembarco de la diplomacia española sigue sin vencer en la playa bruselense.

Los países de la Unión Europea volvieron a aplazar este viernes la votación sobre la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego ante la falta de unanimidad que se requiere para aprobar la petición de España. La de este viernes fue la séptima vez que los Veintisiete abordaron la cuestión, en una discusión que duró alrededor de 45 minutos y en la que tomaron la palabra más de una decena de países, según dijeron a EFE fuentes europeas.

A su llegada a la reunión, el ministro de Exteriores de Luxemburgo y ex primer ministro del país, Xavier Bettel, dijo entender "completamente que para los españoles y el multilingüismo, las tradiciones son muy importantes", pero consideró que "realmente, no es el momento adecuado" para aprobar la oficialidad de las lenguas. "Hemos necesitado días para acordar las sanciones (a Rusia), todavía no somos capaces de tener decisiones sobre Israel y tener un alto el fuego en Palestina, ¿pero aprobamos el gallego, el euskera y el catalán?", preguntó retóricamente. "Si al final del día la gente se pregunta hacia dónde va Europa, esta es la cuestión", continuó.

La ministra de Austria para Europa, Claudia Plakolm, dijo que "mientras no haya una propuesta sobre la mesa con la que se aclaren las cuestiones jurídicas y financieras, no se puede dar ningún consentimiento" a la propuesta española.

También Francia, Polonia y Finlandia apuntaron que España no ha resuelto aún sus dudas, principalmente jurídicas.

Sin embargo, el secretario de Estado español de la UE, Fernando Sampedro, consideró que España "ha abordado todas las dudas" políticas, económicas y jurídicas y pidió a sus socios "no secuestrar o retrasar" la decisión sobre la oficialidad de las lenguas. "Los Tratados son muy claros, los Tratados dicen que la identidad nacional de los Estados miembros, en este caso la identidad nacional plurilingüe, nuestro sistema constitucional debe ser respetado", por lo que no hace falta cambiarlos, como sí creen, en cambio, los servicios jurídicos del Consejo de la UE.

Estos entienden que habría que modificarlos porque el artículo 55.1 del Tratado de la UE menciona las 24 lenguas en las que está redactado y entre las que solo recoge el castellano. En cambio España alega que la base legal con la que se ha modificado el reglamento que regula los idiomas oficiales de la UE es el artículo 342.

Por tanto, Sampedro dijo que "veinte millones de europeos no pueden ser discriminados porque las lenguas que son oficiales en los territorios españoles en los que residen no se traten exactamente igual que las lenguas que son oficiales en otros países" e insistió en que España está dispuesta a asumir el coste de la propuesta. La Comisión Europea ha estimado que la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego podría costar 132 millones de euros, pero se trata de una evaluación preliminar en base a los costes que existen con la traducción y la interpretación del gaélico.

En el informe que publicó en 2023, Bruselas apuntó que para saber el coste definitivo hay que saber el personal que hay que contratar, así como cuáles son las herramientas de inteligencia artificial que pueden ayudar a las labores de traducción y el posible periodo de transición que se pactaría antes de la entrada en vigor de la oficialidad de las lenguas. Un punto este último que ya ha aclarado España, pues ha propuesto una implementación progresiva a partir de 2027.

Durante su intervención en la reunión, Sampedro incidió de nuevo en que la oficialidad del euskera, el gallego y el catalán no crearía ningún precedente para otros idiomas cooficiales, como temen los países nórdicos y del este. En concreto, dijo que ninguna otra lengua cumple simultáneamente todos los requisitos que tienen las lenguas cooficiales españolas: que tienen un origen histórico; que están reconocidas en la Constitución; que se pueden emplear en el Parlamento; que existen acuerdos administrativos con las instituciones europeas para poderlas usar; que la legislación comunitaria -incluso los tratados europeos- se traduce a cada una de las lenguas en las comunidades respectivas y que el Gobierno está dispuesto a asumir el coste.

Aunque no sean idiomas oficiales, el gallego, el euskera y el catalán se pueden usar ya en el Consejo de la UE, el Comité de las Regiones y el Comité Económico y Social. El Parlamento Europeo sigue discutiendo si aprobar su uso, mientras la Escuela Europea ha decidido ofrecer el catalán como asignatura optativa. 

“Ella no hablaba dentro de la reunión. No dijo ni una palabra mientras se pronunciaba en gallego su compañero Alfonso Rueda. Luego se salió un rato. Montó el vodevil para los medios. Lo hizo pensando en los titulares”. Así explica un miembro del Gobierno central la actitud de Isabel Díaz Ayuso en la pasada reunión a puerta cerrada de la Conferencia de Presidentes, en la que la madrileña boicoteó a Salvador Illa y a Imanol Pradales por hablar en catalán y en euskera.

Esa actitud negativa ante las lenguas cooficiales ha propiciado lo contrario de lo que busca el Partido Popular: los diputados de formaciones nacionalistas e independentistas ven más reforzado el bloque de investidura, a pesar de las diferencias internas, frente al intento del PP de que estalle la aritmética parlamentaria y se convoquen elecciones generales anticipadas.

Fuentes de EH Bildu, PNV, ERC, Junts, Sumar y el PSOE subrayan al unísono que es un absoluto error el comportamiento tanto de Díaz Ayuso en la Conferencia de Presidentes como la estrategia del Partido Popular en las instituciones europeas durante estas semanas para frenar el intento del Gobierno español de lograr la cooficialidad del catalán, el gallego y el euskera en la Unión Europea.

Un diputado vasco lo analiza de esta forma: “Al final Ayuso ha hecho más líder en Euskadi a Imanol Pradales. A ella a lo mejor le funciona muy bien en los medios y entre ciertos sectores de votantes en Madrid, pero ha sido un torpedo para el PP vasco. En Euskadi el PP trata de robarle electores al PNV. No me puedo imaginar cómo estará Javier de Andrés…”

“Al final lo que hacen es alinear a partidos que no estamos siempre tan alineados”, señala otro diputado soberanista catalán. De hecho, los miembros del bloque de investidura comparten que la actitud del Partido Popular dificulta todavía más una ecuación de posibles acuerdos con la España periférica, algo casi imposible en estos momentos ya por la presencia de la ultraderecha de Vox. Fuentes de EH Bildu lo resumen así: “A pesar de lo que diga Ayuso, Madrid no es España”.

Y, además, entre los partidos del bloque de investidura se comparte la idea de que la actitud de Ayuso en la Conferencia de Presidentes supone también una afrenta directa a Núñez Feijóo, ya que rompió absolutamente la estrategia ideada por Génova 13 y ejecutada por los presidentes autonómicos del Partido Popular de exigir la convocatoria de elecciones generales anticipadas. Fuentes del Gobierno presentes en la reunión en el Palacio de Pedralbes en Barcelona describen la situación: “Lo que allí pasó fue un espectáculo. Cuando escuchas a Carlos Mazón pidiendo elecciones, ya ves que vale todo para el PP”.

En una entrevista con infoLibre publicada este miércoles, la coordinadora de Sumar, contestaba así a la actitud del Partido Popular sobre las lenguas cooficiales: "Por mucho que se ofendan y ladren Núñez Feijóo y Díaz Ayuso, vamos a seguir gobernando el país para el conjunto de la mayoría plurinacional. Es una realidad que forma parte de esta España diversa y plural, que es historia y presente. Estamos muy orgullosas de defender con todo nuestro tesón que la diversidad lingüística es riqueza cultural y que existen realidades territoriales plurinacionales".

El grupo que puede desestabilizar con más fuerza la legislatura es Junts, en quien paradójicamente el Partido Popular confía para poder tumbar a Pedro Sánchez. Los posconvergentes han criticado duramente la actitud de Ayuso durante la Conferencia de Presidentes estos días y han lamentado su “anticatalanismo”, a la vez que han pronosticado, en palabras de su ‘número dos’, Jordi Turull, que el “PP nunca será nada importante en Cataluña”.

Asimismo, diferentes parlamentarios pertenecientes al bloque de investidura reflexionan que la actitud de Ayuso la inhabilita de entrada para una Presidencia a nivel nacional porque representa un modelo que deja fuera a millones de habitantes y que sólo podría mirar a alianzas con Vox para poder llegar a La Moncloa, lo que puede suponer también una amplia movilización de la izquierda y de la España plurinacional.

Junts, el socio que acapara más miradas, y el Gobierno tienen en manos estos días también otra negociación clave: el proyecto de ley para la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Se trata de la medida estrella impulsada por el ala de Sumar pilotada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. Este martes se volvió a prorrogar el plazo de enmiendas. Fuentes del Ejecutivo trasladan que esto es una muestra de que la negociación va bien en estos momentos y que se puede lograr un acuerdo con los poscovergentes a pesar de la amenaza de presentar una enmienda a la totalidad que podría tumbar el texto con una pinza entre ellos, el PP y la ultraderecha. 

Desde que llegara al Palacio de La Moncloa, Pedro Sánchez ha tenido muy claro que había que tejer alianzas con la España periférica y dar cabida institucional a lo que es “normal” fuera de Madrid, como señalan fuentes socialistas. En este contexto, el jefe del Ejecutivo expresó durante la sesión de control de este miércoles, ante la pregunta de Maribel Vaquero, del PNV,  su deseo de "cogobernar y decidir" en materia de industria y energía con las autonomías que no solamente tienen la competencia sino el "interés de fortalecer su gobierno o su autogobierno".

El Gobierno español trata de lograr, después de que se retirara del orden del día en el último Consejo de Asuntos Generales de la UE, que haya unanimidad entre los países europeos para lograr la cooficialidad del catalán, euskera y gallego. Sigue de manera discreta las negociaciones con otras capitales, a pesar de los movimientos de los populares. Entre sus argumentos: que son lenguas reconocidas en la Constitución, que el plan se irá implementando de manera gradual y que los costes económicos correrán a cargo de España.

Los barones del PP siguieron este viernes la consigna del líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, y se desentendieron del orden del día que ellos mismos habían exigido ampliar para concentrarse en utilizar la Conferencia de Presidentes —cuya convocatoria han reclamado en múltiples ocasiones— con el único objetivo de exigir al presidente Pedro Sánchez que convoque elecciones anticipadas.

Todo al servicio de la estrategia con la que Feijóo quiere hacer ver que España vive una situación supuestamente insostenible por culpa de una corrupción que consideran generalizada y que, en su mayor parte, se apoya en bulos. Desde el falso enriquecimiento del hermano de Sánchez a las orgías del exministro José Luis Ábalos en el parador de Teruel de las que no hay pruebas, pasando porque el ministro de Política Territorial contrató a prostitutas en la capital justo un día en que estaba en Canarias o cualquier cosa sin fundamento que salga de los labios del conseguido imputado Víctor de Aldama.

La estrategia pactada se hizo evidente a medida que los barones del PP fueron tomando la palabra. Elecciones, elecciones y elecciones. Todo estaba perfectamente calculado para caldear el ambiente a pocas horas de que el PP reanude, el próximo domingo en Madrid, sus movilizaciones en la calle contra un presidente al que tachan de “jefe de la mafia”

No obstante, el mero hecho de reunirse con normalidad institucional, a pesar de la tensión política, desinfló ese intento de retratar a Sánchez como un capo criminal. La imagen de la mayoría de los presidentes del PP departiendo amigablemente con él y con los miembros de su Gobierno, particularmente evidente en el caso de Juanma Moreno, contradice mejor que cualquier discurso el objetivo de Feijóo de señalar al presidente como un felón.

En todo caso, la demanda de anticipo electoral de los barones fue inútil. El propio presidente les dejó claro que mantiene su intención de completar la legislatura, lo que significa que Feijóo, por muchas manifestaciones que convoque (para la de este domingo el PP ha movilizado cientos de autobuses con el objetivo de evitar que la ausencia de Vox reduzca la asistencia), no tendrá ocasión de disputarle la presidencia hasta 2027.

Eso sí, la estrategia de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de levantarse e irse momentáneamente de la reunión cuando el lehendakari, Imanol Pradales, inició su intervención en euskera (siguiendo así las reglas establecidas para la convocatoria), secundada por sus compañeros de partido, que se negaron a utilizar la traducción simultánea para entender lo que tenía que decir y tratar de forzarle a usar el castellano, sólo ha servido para distanciar aún más al PP del PNV, una formación a la que Feijóo todavía no ha renunciado a cortejar en el futuro para una hipotética investidura.

El lehendakari acabó confesando una sensación absoluta de “decepción y tristeza” por el “bochornoso e inadmisible espectáculo” vivido y ha dicho que, visto lo visto, no sabe “si merece la pena volver” a participar en una Conferencia de Presidentes.

Lo ocurrido ha sido “muy preocupante”, remarcó, porque revela una manera de entender la política que “dificulta los acuerdos, alimenta el clima de la confrontación” y es “perniciosa” para las instituciones, la democracia y la ciudadanía. “Puede que en el corto plazo alguien piense que le beneficia”, concluyó en referencia a Feijóo, “pero a la larga perdemos todos y sobre todo la ciudadanía”.

Ayuso quería protagonismo y lo consiguió, justo el día en que la justicia imputaba a la esposa del directivo de Quirón a la que su novio compró una empresa sin valor por el módico precio de 500.000 euros. Se salió de la reunión para protestar porque tanto Pradales como el anfitrión de la Conferencia, el president Salvador Illa, ejerciesen su derecho a hablar en las lenguas de sus respectivas comunidades (Alfonso Rueda y Marga Prohens, ambos del PP, saludaron en gallego y catalán, oficiales en sus territorios, sin provocar la misma reacción por parte de la presidenta madrileña). E incluso provocó un incidente en los prolegómenos de la reunión al negarse a ser saludada con dos besos por la ministra de Sanidad, Mónica García, a la que acusó, falsamente, de haberla llamado “asesina” por la muerte de los ancianos a los que la Comunidad de Madrid negó la asistencia sanitaria durante los peores días de la pandemia de covid-19 de hace cinco años.

Los presidentes del PP, que representaban en la reunión a los ciudadanos de Andalucía, Madrid, Galicia, Castilla y León, Comunitat Valenciana, La Rioja, Aragón, Illes Balears, Murcia, Cantabria, Extremadura y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, dejaron en un segundo plano las propuestas del Gobierno de Sánchez, en particular una inversión histórica para construir vivienda pública, e incluso su propia agenda de reclamaciones con tal de dar soporte al intento de Feijóo de hacer ver que España vive una situación insostenible.

Al final de la reunión, del frente común del PP solo Gonzalo Capellán, de La Rioja, defendió la importancia de mantener la institucionalidad y la necesidad de “contribuir a la tranquilidad y a la calma, que es como mejor se plantean las cuestiones y es lo que esperan los ciudadanos de nosotros”.

Otros bastante tuvieron con tener que dar explicaciones de lo suyo. Como el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, justificando su abrazo al exconselleiro do Mar Alfonso Villares, dimitido tras una denuncia por agresión sexual. O el valenciano Carlos Mazón, en el ojo del huracán por su inacción durante la dana que costó la vida a 227 personas, pidiendo responsabilidad a Sánchez.

En medio de la refriega se quedó el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, que fue uno de los primeros en intervenir y cuya comunidad sigue sumida en una grave crisis de acogida de migrantes menores de edad no acompañados por culpa de las comunidades del PP, que se niegan a compartir la tarea de cuidados a la que están obligadas. Clavijo agradeció a Euskadi (PNV) y a Cataluña (PSC) su disposición a colaborar. Y criticó el anuncio de algunos presidentes del PP de negarse a hacerlo.

La Conferencia de Presidentes, la número 28 que tiene lugar desde la puesta en marcha de lo que nació como un foro de diálogo entre autonomías, concluyó sin ningún acuerdo. De nada sirvieron los llamamientos de Sánchez a debatir con espíritu constructivo (sólo dos días antes el Ejecutivo había pedido un gran Acuerdo Estatal para atajar la crisis de la vivienda) y a “dejar la crispación en el perchero”. El propio Sánchez acabó asumiendo que era imposible pactar nada ante las posiciones expresadas por los dirigentes territoriales del PP, según fuentes del Ejecutivo.

El reciente fracaso del Gobierno español en Bruselas en conseguir la oficialidad del catalán, gallego y euskera en la UE vuelve a mostrar el diverso mapa lingüístico de Europa. Un continente cargado de riqueza y variedad, con más de 50 idiomas minoritarios, muchos de ellos no oficiales en sus Estados y donde el monolingüismo es rara avis, pero en el que las lenguas siguen condicionando la agenda de autoridades y las políticas estatales desde hace décadas, o siglos.

Las dificultades de España para lograr el uso oficial del gallego, euskera y catalán en las instituciones comunitarias muestran objeciones más profundas que los recelos de varios países ante el coste financiero de esa labor de interpretación y traducción de cientos de normas, documentación y bases de datos de la UE. Son los muros lingüísticos de una política nacional que entra en terreno pantanoso cuando salta a la escena europea. Francia es reacia a la regularización de las tres lenguas porque en su seno también se habla el euskera y el catalán, además del bretón, occitano, corso o normando pero su Constitución establece que el francés es el único idioma del país.

Igual de complicadas son las implicaciones políticas de la realidad lingüística en las repúblicas bálticas. Estonia fue otro de los países contrarios al reconocimiento solicitado por el Gobierno español. En su territorio el ruso es la lengua materna de una cuarta parte de la población, pero desde la invasión de Ucrania ha puesto en marcha una política de priorización absoluta del estonio como única lengua oficial. Una reforma educativa está eliminando gradualmente el ruso de la escuela y para 2030 dejará de ser lengua de enseñanza.

Dentro de la UE, el ruso no sólo tiene una fuerte presencia en Estonia. En la vecina Letonia es la lengua materna de un tercio de la población, la mayor proporción entre los 27, y hasta hace unos años contaba con su propio sistema educativo paralelo. Desde 2025, el letón es la única lengua enseñada desde preescolar y el ruso sólo una asignatura optativa. En Lituania o Finlandia, las minorías rusoparlantes son más pequeñas, del 8% y el 5% de la población respectivamente. Los gobiernos de Estonia, Letonia, Lituania y Finlandia temen que un impulso a las lenguas minoritarias españolas siente un precedente para el ruso en la UE.

De momento, la UE seguirá contando sólo con 24 lenguas oficiales es sus instituciones. Cada una de ellas corresponde, principalmente, con la única oficial en uno de los 27 Estados Miembros, con excepciones. La salida del Reino Unido no supuso la eliminación del inglés, pues es también lengua oficial de Irlanda y Malta, mientras que el neerlandés lo es en Países Bajos y Bélgica, donde también lo son el alemán y el francés, igual que en Luxemburgo. El luxemburgués de este país no es oficial en la UE.

El maltés disfrutó de un periodo de transición en la UE de tres años tras la adhesión de ese país para la redacción de todos los actos comunitarios hasta la plena oficialidad en las instituciones, lograda en 2007. Mientras que el irlandés, o gaélico, no lo hizo hasta 2005 pese a que cuando la República de Irlanda se incorporó a la Comunidad Económica Europa en 1973 los tratados comunitarios sí se redactaron en esa lengua.

El alemán es la lengua materna más hablada en la UE, un 20% de la población, con casi 80 millones de personas, seguido del francés y el italiano, en torno al 15% y unos 55 millones de hablantes, y por el castellano con un 9%. Mientras, idiomas oficiales como el irlandés cuentan con 1,6 millones de hablantes de los que realmente sólo medio millón lo hace con cierta frecuencia, el estonio con apenas un millón y el maltés no llega a los 400.000 hablantes. Frente a ellas, el catalán roza los nueve millones de hablantes en España, el gallego tiene tres millones y el euskera cerca del millón.

En Europa, la realidad es aún más plurilingüe y diversa, con 60 lenguas minoritarias y regionales en 25 Estados, habladas por cerca de 50 millones de personas. Excepto Portugal o Hungría, el resto de países disfrutan de la diversidad lingüística. En Reino Unido se hablan lenguas célticas en Gales, Escocia y en Irlanda del Norte, el albanés está presente en Grecia y Macedonia, Rumanía cuenta con una región donde el magiar, la lengua de Hungría, tiene una fuerte presencia y es motivo de disputas políticas o en Italia hay siete idiomas regionales, considerados lenguas por los lingüistas y dialectos por sus instituciones, entre los que destaca el napolitano con once millones de hablantes. Las lenguas sami, o laponas, con apenas unos pocos miles de hablantes, están presentes en Noruega, Suecia y Finlandia.

Por eso, desde la Red Europea por la Igualdad de las Lenguas (ELEN, sus siglas en inglés), destacan que es “vital” que el catalán, gallego y euskera “alcancen el estatus oficial en la UE”. “No sólo porque atraerá inversiones financieras significativas a las industrias de la lengua en cada país o aumentará su prestigio”, explica su secretario general Davyth Hincks a infoLibre, sino porque “rompería muchas barreras a todas las lenguas y sus hablantes romperían un techo de cristal en los países plurilingües que sólo permiten a uno de sus idiomas ser oficial en la UE”.

En términos institucionales, la realidad gala es extrapolable al continente. Mientras el francés disfruta de una posición privilegiada y de autoridad, el estatus de las otras cinco lenguas de su territorio es diferente. El corso sí cuenta con protección como idioma en Córcega, al contrario que las otras, y es impartido en la Universidad de Corte y en escuelas. Sólo recientemente bajo la presidencia de Emmanuel Macron, pero sin su apoyo, la Asamblea Nacional aprobó una ley para reconocer a las otras lenguas, lo que les ofrecerá un estatus jurídico y su incorporación al sistema educativo.

Este tipo de trabas que erosionan la vida de las lenguas minoritas están presentes en la mayoría de Europa. Polonia no ofrece la enseñanza del lemko en primaria, secundaria o formación profesional; Reino Unido deja en manos de las autoridades locales y voluntariamente la enseñanza de las célticas gaélico o córnico y de la germánica scots; mientras que el frisio en Alemania es sólo una asignatura optativa de reciente creación. Los hablantes de estas lenguas disminuyen desde hace décadas.

El Consejo de Europa, la organización internacional con sede en Estraburgo para la promoción de la democracia y los Derechos Humanos cuenta con un capítulo especial sobre las lenguas minoritarias y regionales, “el único tratado en el mundo que busca proteger y promover” estos idiomas. España, junto a otros 24 países más, fue uno los firmantes en 1992 y lo ha ratificado, un proceso no culminado por Francia, Italia o Portugal.

Contactado por infoLibre, el Comité de Experto de Lenguas Minoritarias del Consejo de Europa “no tiene una posición” sobre el esfuerzo político y diplomático español ante la UE ya que “se trata de otra organización”, pero sí destaca que su último informe sobre el país muestra que “el sistema español de protección de las lenguas regionales y minoritarias está bien desarrollado” pese a la persistencia de algunas “lagunas” en los ámbitos judiciales, sanitarios o de la administración pública.

La valoración positiva del Consejo de Europa sobre la realidad lingüística española contrasta con su informe general sobre el continente, de abril, con la alerta de que “algunos Estados siguen teniendo dificultades sistémicas para aplicar” el capítulo sobre la protección y promoción de estas lenguas. Especialmente advierte “sobre la importancia de promover y enseñar lenguas minoritarias y regionales a todos los niveles educativos para garantizar efectivamente su protección y transmisión a las siguientes generaciones”. 

Es “uno de los muchos problemas que afectan a las lenguas minorizadas europeas” critica Davyth Hicks, secretario general de ELEN, quien advierte sobre la “erosión gradual en la transmisión idiomática intergeneracional, la erosión en el uso en algunas comunidades y el envejecimiento demográfico en algunos casos”.

Ante esta realidad, el documento del Consejo de Europa pide realizar “más esfuerzos” para “llegar a los jóvenes e involucrarlos activamente en la promoción y protección de las lenguas minoritarias y regionales, como una expresión de riqueza cultural”. Existen situaciones nacionales con lenguas minoritarias próximas a la extinción, como el árabe maronita en Chipre.

Los peores casos, sin embargo, explican desde la Red Europea por la Igualdad de las Lenguas, son “los Estados granuja, como los llamamos, de Francia y Grecia, ya que tienen políticas lingüísticas diseñadas para erradicar sus lenguas propias minoritarias”. Davyth Hicks, denuncia ante infoLibre que estos países “contravienen regularmente las leyes internacionales de derechos humanos en este área”.

En Italia, país que tampoco apoyó la iniciativa española sobre el reconocimiento del catalán, gallego y euskera, el sardo de Cerdeña disfruta de una protección como lengua minoritaria pero no se incentiva su reconocimiento por las instituciones regionales y sigue sin enseñarse en las escuelas. Según la Unesco, está en “grave peligro de extinción”, igual que el gaélico escocés, el normando de Francia o el casuvio, una lengua eslava de Polonia.

Ministros y portavoces del PSOE y Sumar han acusado este miércoles al PP de antipatriota por "boicotear" el reconocimiento del catalán, el euskera y el gallego como lenguas cooficiales en la Unión Europea, pero recalcan que el Gobierno seguirá trabajando e insistiendo para lograr este objetivo. Un día después de que los países de la Unión Europea aplazaran la votación sobre la oficialidad de estas lenguas ante la falta de unanimidad por las dudas legales, financieras y políticas, el PSOE y Sumar ponen el foco en el PP, según informa EFE.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha calificado de "antipatriótica" la actitud del PP al pedir a otros países que votaran en contra, pero ha asegurado que el Gobierno va a seguir insistiendo con este asunto, que fue un compromiso adquirido con Junts en las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez. "Supongo que Junts, como todo el mundo, ha visto quién ha hecho todo lo posible, quién está poniendo toda la carne en el asador, toda su convicción diplomática para conseguir esa oficialidad (...) y quién está boicoteando e intentando impedir que suceda esto", ha declarado a su llegada a un desayuno informativo.

En la misma línea, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, del PSOE, ha recalcado que el Gobierno sigue trabajando para lograr que estas lenguas sean reconocidas como cooficiales en la Unión Europea y ha acusado también al PP de "boicotear" este objetivo. "(Alberto Núñez) Feijóo en su día era un gran defensor del gallego, pero se le ha olvidado todo aquello. Ya no defiende las lenguas oficiales de este país", ha asegurado en referencia al líder del PP en el mismo desayuno informativo al que ha asistido López.

Por su parte, en declaraciones a los medios en el Congreso, el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, se ha mostrado optimista al asegurar que "tarde o temprano las lenguas cooficiales españolas se harán oficiales en la Unión Europea" y ha lamentado la postura "profundamente antipatriota" del PP.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha reprochado al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que no lograra la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la UE: "¿Qué pinta usted, qué peso tiene usted en Europa?", ha preguntado al criticar también a Junts por incumplir igualmente su compromiso. Fuentes de Exteriores han señalado que les gustaría que hubiera más concreción sobre las dudas que han manifestado algunos socios sobre esta cuestión para poder intentar solventarlas.

Según Rufián, ha sido la derecha española la que "le ha hecho estallar" el acuerdo de las lenguas, y ha subrayado que el catalán se habla más que el maltés, el letón, el estonio, el danés o el sueco: "Si el catalán lo hablan diez millones de europeos, ¿por qué no se puede reconocer?".

Albares se ha defendido de las críticas de ERC, insistiendo en que el compromiso del Ejecutivo para que el catalán, el euskera y el gallego pasen a ser lenguas oficiales europeas "es irrenunciable e irreversible". Pero no ayuda, ha continuado, que "se siembren dudas" sobre este compromiso y ha recalcado que no se trata de algo coyuntural ni es un tema de partidos, sino de "de identidad nacional española". Y de la misma manera, ha añadido, que España "es solidaria con la identidad nacional del resto de los Estados miembros europeos, ellos tienen que ser también solidarios con nosotros".

"Hace 40 años que España es un Estado miembro de la Unión Europea y hace 20 que se presentó por primera vez la posibilidad de que esas lenguas fueran oficiales", ha recordado Albares, al mencionar directamente a Feijóo, para instarle a comprender que el gallego "también merece ser usado oficialmente en Europa, y no solo para ir por los pueblos de Galicia a pedir el voto". 

La oficialidad del catalán, gallego y euskera en la Unión Europea vuelve a quedar bloqueada en Bruselas. El Gobierno de Pedro Sánchez choca de nuevo con las reticencias de un importante grupo de Estados Miembros, principalmente del norte y este del continente, que muestran “dudas” y “preocupaciones” sobre las “cuestiones legales y financieras” de reconocer a estas tres lenguas el mismo estatus que al castellano, francés, alemán, pero también que al sueco o finés en las instituciones comunitarias. 

Tras la intervención inicial del secretario de Estado de Asuntos Europeos, Fernando Sampedro, varios países, según confirman varias fuentes diplomáticas, pidieron a España retirar su demanda de votación, como finalmente acabó ocurriendo. Las gestiones del Ejecutivo español para tratar de convencer al resto de los gobiernos comunitarios no sirvieron para lograr la unanimidad requerida, por lo que la presidencia de turno polaca decidió aplazar la votación. Una opción que el Gobierno de Sánchez aceptó para seguir negociando ante la alternativa de que se rechazara, lo que hubiera complicado, todavía más, su relación con Junts.

A estas reticencias se le sumaron las presiones del Partido Popular que habría pedido a gobiernos afines en otros Estados Miembros que no apoyaran la petición del español en Bruselas. Las fuentes consultadas por infoLibre, tanto Madrid como en Bruselas, no confirman los movimientos del PP español entre gobiernos afines como el alemán, el italiano o el portugués, pero desde la formación justificaron el lunes el uso de sus contactos diplomáticos ante la reunión del Consejo de Asuntos Generales de este martes en Bruselas.

El secretario general del PP catalán, Santi Rodríguez, fue quien reveló que en estos últimos días el partido de Alberto Núñez Feijóo contactó con sus homólogos europeos para que no apoyaran la oficialidad del catalán, el gallego y el euskera. "Si ha habido llamadas, es porque también las hay en sentido contrario", justificó. También esgrimió que "quien actúa por un interés político tiene que asumir que los otros hagan lo mismo". Desde el PP nacional evitaron confirmar estos movimientos, pero Rodríguez es un hombre de partido afín a Feijóo. 

Desde Vox también confirmaron estas maniobras. Su portavoz, José Antonio Fúster, reveló el lunes que el PP español se había puesto en contacto con ellos para que "intercedieran" y trataran de convencer a países gobernados por la ultraderecha con los que mantienen buenas relaciones, como el del húngaro Viktor Orbán, para vetar la oficialidad de estas tres lenguas en la Unión Europea. Así, Fúster presumió de que Vox ya estaba "haciendo su parte del trabajo" y aseguró que los esfuerzos de la dirección de Feijóo habían sido “inútiles".

La posición del Partido Popular provocó el enfado de Junts per Cataluña y del PNV, dos formaciones que Feijóo no quiere tener lejos por lo que pueda deparar el futuro. El expresident Carles Puigdemont acusó al líder del PP de maniobrar para bloquear el reconocimiento del catalán a costa de vulnerar la ley, en alusión al estatut. "Señor Núñez Feijóo, ¿las leyes están para cumplirlas o eso sólo es para los catalanes?", señaló en redes.

El líder de Junts recurrió a la ironía para preguntarse, en su cuenta de X, si el PP hace "apología de la desobediencia, de la rebelión... o del delito de traición", delitos imputados a los líderes independentistas, entre ellos el propio Puigdemont, tras llevar a cabo el procés en el año 2017. "Conspirar con terceros países para ir contra los intereses oficiales del Reino de España debe ser de todo menos lealtad", añadió.

Desde el PNV también cargaron con dureza contra la formación conservadora. Su presidente, Aitor Esteban, atribuyó al PP "maniobras sucias" para evitar que este martes se aprobase la oficialidad del euskera. Y su portavoz en el Congreso, Maribel Vaquero, también responsabilizó al PP de que Bruselas aplazara la votación. “Han puesto en marcha toda la maquinaria” para evitar esa aprobación, denunció Vaquero. “Las tres son lenguas europeas. Y el euskera además es la lengua más antigua de Europa". La portavoz jetzale evitó también culpar al Gobierno. "Si el PP no hubiese remado en contra, creo que la decisión habría sido otra”, aseguró.

Más allá de estos movimientos, ni siquiera el propio líder del PP dejó clara su postura. En una comparecencia desde la sede de Génova puso de manifiesto sus reservas, pero evitó posicionarse con claridad después de haber hecho gala durante su etapa en la Xunta del modelo bilingüe y de que el PP gallego apoyara hace solo tres semanas una moción para instar al Parlamento Europeo a permitir que se utilizara el gallego como lengua oficial. El líder del PP también evitó contestar a la pregunta de si ha mantenido contactos con otros países para tratar de vetar la iniciativa y desde su equipo inciden en que "no tienen por costumbre

Feijóo se hizo el gallego y mostró más dudas por el fondo de la iniciativa que por la forma. Puso el foco en un "informe técnico" de la UE que apunta a que es necesaria una reforma de los Tratados "para dar cabida a idiomas que no son oficiales en la totalidad de los Estados miembros" ya que, en el caso contrario, se estaría incurriendo en un "supuesto de ilegalidad", recalcó que "hay muchos países donde hay otras lenguas y que tienen precauciones de hacer oficial más de 40 lenguas que no lo son en la UE" y también planteó recelos sobre el coste económico, en línea con lo esgrimido por los Estados Miembros durante la reunión.

Minutos después de su comparecencia, fuentes del PP calificaron el aplazamiento de la votación como una "derrota sin paliativos" del presidente español y aseguraron que la Unión Europea ha lanzado el mensaje de que "no es moneda de cambio con el independentismo". Desde el PP también apuntaban a las supuestas "amenazas y presiones vergonzantes" del presidente del Gobierno y del ministro de Exteriores para que la iniciativa saliera adelante por unanimidad, pero obviaron las maniobras de su propia formación al respecto.  

Ningún Estado Miembro quiso concretar su voto antes del Consejo de Asuntos Generales, pero las dudas, reticencias y excusas que mostraban sus ministros o representantes eran elocuentes. Suecia, Finlandia, Croacia, Austria y hasta Francia objetaron públicamente la demanda española. El ministro finlandés de Asuntos Europeos fue el más claro. "Creo que la diversidad lingüística es importante y siempre hemos sido constructivos", aseguró Joakim Strand, pero "queremos continuar la discusión y espero no tener que votar porque no creo que el asunto esté maduro para ello". Otros países como Alemania o Italia también rechazaron dentro de la reunión la petición española, mientras Dinamarca o Chipre eran reticentes.

El Gobierno, por boca del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en España o de Sampedro en Bruselas, asegura que son siete los socios comunitarios que frenaron la propuesta para cambiar el Reglamento 1/1958 que fija el régimen lingüístico dentro de la UE, pero diversas fuentes diplomáticas elevan esa cifra al menos a diez. Además de los seis representantes nacionales que expresaron sus recelos al llegar al Consejo, las tres repúblicas bálticas y Alemania estarían también en el bloque opositor.

La ministra austríaca, Claudia Plakolm, del Partido Popular de su país, aseguró que para apoyar la demanda del Gobierno español todavía quedan "cuestiones legales y de costes que debemos analizar y decidiremos [nuestro voto] cuando haya respuestas encima de la mesa". En la misma línea, la liberal-conservadora sueca Jessica Rosencrantz, reconoció ser "plenamente consciente de la posición española en una cuestión importante" y pidió "escuchar lo que tengan que decir otros ministros". La representante croata, también conservadora, alertaba sobre las "implicaciones legales y de costes" de oficializar las tres lenguas y exigía “analizarlas al detalle”. El finlandés Strand, que fue el más vocal al llegar al Consejo, también pertenece al Partido Popular europeo, el mismo grupo en el que está Feijóo.

Las tres repúblicas bálticas, Finlandia o Suecia tienen en sus sociedades comunidades ruso parlantes. Temen que reconocer las tres lenguas españolas supusiese sentar un precedente que aprovechase Moscú a través de sus afiliados para presionar en favor del ruso como lengua ante las instituciones europeas. Al mismo tiempo, la Comisión cifra en 130 millones de euros el coste de implantar en la UE el catalán, el gallego y el euskera, según un informe interno solicitado por el Consejo. Y aunque España se comprometió a asumir el pago de estos intérpretes y servicios de traducción por una cifra que, desde el Ministerio de Exteriores, calculan más baja, capitales como Berlín o Viena tampoco quieren que pasados unos años este coste recaiga en las arcas comunitarias.

La realidad es que España sigue sin convencer al resto de Estados Miembros para modificar las normas sobre el régimen lingüístico dentro de la UE, y que la unanimidad necesaria está todavía lejos de alcanzarse por mucho que el Gobierno haya empujado diplomáticamente en los últimos meses, como confirmaron a su llegada a Bruselas varios ministros. Una decena de votos en contra se acerca casi a la mitad de los votos dentro del Consejo y la oficialidad para los tres idiomas vive un bloqueo de casi dos años.

Fue en agosto del 2023 cuando el ministro Albares formalizó la petición española a través de una carta. Concretamente, el Gobierno demanda que “las lenguas oficiales y las lenguas de trabajo de las instituciones de la Unión” pasen a ser “el alemán, el búlgaro, el castellano, el catalán, el checo, el danés, el eslovaco, el esloveno, el estonio, el euskera, el finés, el francés, el gallego, el griego, el húngaro, el inglés, el irlandés, el italiano, el letón, el lituano, el maltés, el neerlandés, el polaco, el portugués, el rumano y el sueco”.

Durante la Presidencia de turno española del Consejo en ese semestre, el Gobierno ya tuvo que frenar igual que este martes una votación entre los 27 sobre la oficialidad de las tres lenguas al constatar que no contaba con el apoyo. Entonces, al menos doce países mostraron sus dudas sobre el coste financiero de la medida, la burocracia aparejada o las dudas legales que podía implicar sentar precedentes para el ruso o el turco dentro de la UE. Esa gran minoría de bloqueo sigue siendo casi idéntica hoy en día. En marzo del 2024, la Presidencia belga del Consejo que tomaba el relevo de Madrid retiró de la agenda del Consejo la cuestión.

Pasó casi un año y en febrero de este 2025 el secretario de Estado para Asuntos Europeos adelantó la decisión del Gobierno de elevar de nuevo durante este primer semestre la oficialidad del gallego, euskera y catalán en la agenda del Consejo de Asuntos Generales. Vamos a "seguir defendiendo con mucha fuerza" la propuesta, aseguró Sampedro, con la esperanza de obtener "importantes avances durante la presidencia polaca". El empuje diplomático realizado durante esta primavera no ha sido suficiente y la oficialidad de las tres lenguas vuelve a fracasar en Bruselas. Queda por ver si antes del verano o ya en otoño el Gobierno vuelve a la carga para conseguirla o si considera amortizados por un tiempo ante Junts y Carles Puigdemont sus esfuerzos políticos.

Los países de la Unión Europea aplazaron este martes la votación sobre la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la Unión Europea ante la falta de unanimidad entre los Veintisiete por las dudas legales, financieras y políticas, dijeron a EFE diversas fuentes diplomáticas.

Una decena de países pidieron expresamente que se retirase la votación del orden del día, tal como había pedido el Gobierno español; y Polonia, que ostenta la presidencia rotatoria de la UE y le corresponde moderar los debates, decidió aplazar la cuestión para más adelante.

"Hoy espero que no tengamos que votar porque la cuestión no está madura", apuntó ya el ministro finlandés de Asuntos Europeos, Joakim Strand, a su llegada al Consejo de Asuntos Generales de la UE. En este sentido, apuntó que hay que tomarse "muy seriamente" las "dudas legales" que han expresado oralmente los servicios jurídicos del Consejo de la UE conforme a la adecuación de la cuestión con el artículo 55 del Tratado de Lisboa referente a las lenguas originarias en las que está redactado.

Entre los ministros que hablaron ante la prensa, solo Dinamarca y Eslovenia aseguraron que habrían votado a favor de la petición española, si se hubiese sometido a votación.

Tras conocerse la decisión, la ministra portavoz, Pilar Alegría, ha asegurado que el Ejecutivo seguirá "trabajando y dialogando" con los socios europeos para que se reconozcan en la UE las lenguas cooficiales españolas.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y preguntada por la presión de Junts, Alegría ha asegurado que "el compromiso es claro" y el objetivo es trabajar "desde ya" para convencer "cuanto antes" a todos los países miembros.

Ha explicado que el Ejecutivo lleva años trabajando con los socios europeos para que se reconozca la "identidad plurilingüe" del país y en las últimas semanas se habían conseguido "grandes avances", con un "amplio" grupo de Estados dispuestos a apoyar esta medida.

Sin embargo, un grupo "menor", que no ha cuantificado, ha solicitado más tiempo e información y España ha decidido aceptar esa petición para seguir dialogando.

Ha sido el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, el que ha cifrado en "siete" los Estados miembros de la UE que tienen reticencias. No obstante, en declaraciones al canal 3/24 de la Televisió de Catalunya, ha asegurado que la oficialidad es ya "irreversible".

Albares ha recalcado que el reconocimiento de esta oficialidad es un compromiso "irrenunciable" del Gobierno español y ha avanzado que esta misma tarde contactará con los ministros de Asuntos Exteriores de estos siete países reticentes para intentar despejar sus dudas "financieras y jurídicas" a este respecto.

También ha aprovechado para hacer un llamamiento a "todos los partidos políticos españoles", especialmente al PP como principal partido de la oposición, a que "se sumen a este esfuerzo, que tiene que ser colectivo", para convencer a los gobiernos de los Estados miembros que "todavía" no avalan la propuesta de oficialidad que plantea el Gobierno de Pedro Sánchez. 

En la misma línea se ha posicionado Alegría, que ha arremetido contra el PP por su "posición contraria" al reconocimiento de las lenguas cooficiales en la UE y en especial ha criticado a su líder, Alberto Núñez Feijóo, del que ha dicho que "ya no le gusta el gallego" pese a que defendió su uso "normalizado" en las escuelas de Galicia cuando era presidente de la Xunta.

Entiende que ahora "ya no está de acuerdo" con el reconocimiento de la "realidad plurilingüe" de España y ha recordado que la utilización del catalán, el euskera y el gallego está reconocida en esta legislatura en el Congreso, de modo que todos los diputados pueden intervenir en sus propias lenguas en todas las actividades.

La portavoz ha revelado que al Gobierno le parecía que la próxima celebración de los 40 años la adhesión de España a la UE era una "fecha muy significativa" para lograr un reconocimiento para el que, ha reiterado en su comparecencia, el Ejecutivo seguirá trabajando. 

El Gobierno español intensificó sus contactos con las capitales europeas en las últimas semanas y realizó cambios a su propuesta inicial para tratar de vencer las reticencias existentes entre los Veintisiete. España se comprometió a que la traducción de la legislación de la UE a los tres idiomas se haga por fases, a partir de 2027, empezando primero por los reglamentos desde el año 2017 y dejando para más adelante el resto de decisiones, como las directivas comunitarias.

También insistió en que asumirá el coste que supondría traducir la legislación comunitaria al catalán, el euskera y el gallego, que según una estimación preliminar de la Comisión Europea, basada precisamente en la experiencia del gaélico, ascendería a los 132 millones de euros.

Bruselas, Madrid y Barcelona. En estas ciudades se juega a estas horas buena parte de la legislatura. El Gobierno mueve todos sus hilos en la UE para lograr la cooficialidad del catalán, gallego y euskera en las instituciones europeas, mientras el PP rema en sentido contrario para frustrar esta exigencia que hizo Junts al PSOE para sacar adelante la investidura de Pedro Sánchez.

El Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea tiene en su orden del día este martes la votación planteada por España para elevar el estatus de estas tres lenguas dentro de la UE, donde hace falta que haya unanimidad y que ningún país presente un veto. El Ejecutivo español lleva meses hablando de manera discreta con los socios para explicar su propuesta, con una acción diplomática liderada por el titular de Exteriores, José Manuel Albares.

El Gobierno está argumentando al resto de socios que esas lenguas ya se pueden utilizar en el Parlamento español, que la implementación se haría de forma gradual y, además, que el coste lo asumiría España. Todo ello para convencer a algunos países reticentes a la iniciativa por temor a tener que extenderlo a lenguas minoritarias en sus territorios (por ejemplo, los bálticos no están por la labor) o los Ejecutivos que pueden poner pegas financieras.

España se está moviendo intensamente por la presión que también está ejerciendo Junts, que quiere ver resultados, según trasladan en sus reuniones con los socialistas. En este sentido, el Ejecutivo trata de atar el apoyo de los posconvergentes materializando pactos como fue el registro de la proposición de ley para el traspaso de materias migratorias a la Generalitat de Cataluña.

Pero los contactos también se suceden en sentido contrario, ya que el PP español se está moviendo con sus socios europeos para que algunos de los gobiernos conservadores tumben la iniciativa del Ejecutivo de coalición. Los populares están tratando de tejer alianzas de manera silenciosa, pero el Partido Popular de Cataluña ha revelado que están presionando. "El debate que tenemos no es porque haya un interés específico de que el catalán sea usado en las instituciones europeas, sino que este debate está ahí porque Pedro Sánchez necesita los siete votos de Junts para mantenerse en el Palacio de la Moncloa", señaló el secretario general del PPC, Santi Rodríguez.

Desde Génova 13, Borja Sémper evitó concretar la posición pero se lanzó a criticar al Gobierno por sus contactos: "Mañana ya veremos, y esta es nuestra posición. Lo que estamos viendo al final es todo deslavazado, es un intento absurdo y de la peor manera posible de presionar a países socios". "El mayor ataque que se le está haciendo al catalán es el que está haciendo Pedro Sánchez, generando una incertidumbre, un debate innecesario", apostilló el dirigente popular.

El PSOE replica que el 40% de la población española vive en territorios con lenguas cooficiales y que esta iniciativa supone “reforzar la identidad plurilingüe”. “El PP se dedica a poner piedras en el camino para la normalización”, lanzan desde Ferraz, donde piden a los populares “coherencia” y que no nieguen la diversidad lingüística en España.

Para Junts se trata de una cuestión prioritaria y ha sido uno de los asuntos que más ha reivindicado en los últimos años. De hecho, fue clave que se hiciera pública la petición ante la UE horas antes de que dieran su primer voto en agosto de 2023 para la formación de la Mesa del Congreso liderada por la socialista Francina Armengol. Asimismo, se implantó la utilización de las lenguas cooficiales en los debates en el Congreso de los Diputados.

Los de Carles Puigdemont necesitan que se materialicen las medidas para seguir apoyando a Sánchez en el Congreso. Además, esta votación llega en un momento en el que la aplicación de la ley de amnistía a Carles Puigdemont se encuentra paralizada (el Tribunal Constitucional prevé abordar el recurso del PP a finales de junio y el TJUE tiene que pronunciarse sobre las cuestiones prejudiciales). 

La relación entre los socialistas y Junts está en continuo examen y ha vivido momentos de casi ruptura durante estos meses como sucedió cuando los independentistas amagaron con obligar al Gobierno a presentar una cuestión de confianza. No obstante, en el Ejecutivo tratan de darle su espacio a este partido y que puedan vender su propio relato como sucedió con el acuerdo para el apoyo del decreto para hacer frente a los efectos económicos de los aranceles de Donald Trump (el partido catalán habló de porcentaje para empresas catalanas, cuando la medida no es por territorios sino a petición de las compañías y pymes afectadas). Aunque en Junts señalan que no les temblará el pulso si tienen que romper la estabilidad en el Congreso, los cargos socialistas creen que terminará siempre ganando la voluntad de acuerdo.

El PNV ha aprobado este sábado la ponencia política que guiará su actuación en los próximos años bajo el liderazgo de Aitor Esteban, un documento en el que defiende acordar un nuevo estatus para Euskadi que establezca una relación bilateral con el Estado y que se integre en el ordenamiento europeo.

La exparlamentaria europea Izaskun Bilbao, coordinadora del equipo redactor de la ponencia, ha explicado, tras la aprobación del texto, que actualmente "es a nivel europeo donde se produce la discusión más rica y completa sobre los conceptos e identidad, soberanía, nación o Estado".

La ponencia, titulada 'Euskadi, nación en Europa', defiende desde su introducción el reconocimiento del derecho a decidir y reivindica la propuesta de reglamento europeo que defendió en la Eurocámara "como su hoja de ruta para ejercer a nivel europeo el derecho de autodeterminación". 

El documento jeltzale aboga por "no clonar miméticamente modelos del pasado y sostiene que el reconocimiento a nivel europeo del Concierto Económico y el Convenio, así como mecanismos de cooperación como las macrorregiones, abren interesantes vías para innovar en estas materias".

En el ejercicio de este derecho el PNV apuesta por un nuevo estatus para Euskadi, pactado con el Estado, que garantice la bilateralidad en las relaciones y que se integre en el ordenamiento europeo.

"Nuestra estrategia para lograrlo se basa en la negociación, el pacto y la inclusión (en la UE) de protocolos que reconozcan nuestra realidad nacional y el impulso de la reforma de sus tratados a la luz de las aportaciones en favor de la proximidad y el reconocimiento de las estructuras subestatales", sostiene la ponencia.

El texto apuesta por acometer la renovación de una identidad vasca "que impulse el euskera y la cultura como elementos de integración en una sociedad cada vez más diversa" pero que "apoya mayoritariamente el reconocimiento de Euskadi como sujeto político".

Rechaza la polarización, reivindica el pragmatismo, la negociación y el respeto, al tiempo que se compromete a combatir la desinformación e impulsar la "escucha activa".

Se refiere también a la situación geopolítica para señalar la amenaza que significa "la pugna entre viejos y nuevos actores por los recursos naturales y para mantener posiciones o ser desplazados de las mismas".

Se trata de una "amenaza para las relaciones internacionales basadas en el modelo clásico de normas que hemos conocido", señala.

Este fenómeno, sostiene la ponencia aprobada este sábado, "propicia invasiones de Rusia contra Ucrania o la creciente inestabilidad en Oriente Medio con múltiples frentes abiertos".

Entre ellos destaca, "la injustificable situación de violaciones de derechos humanos que sufre el pueblo palestino en la franja de Gaza, la del pueblo kurdo, Siria o Líbano", que "generan movimientos de personas de una dimensión desconocida desde que concluyó la Segunda Guerra Mundial".

Imanol Pradales ha tomado posesión de su cargo como sexto lehendakari de la democracia en el hemiciclo de la Casa de Juntas de Gernika, donde, ha asegurado que, "por voluntad del Parlamento vasco", asume el cargo de lehendakari del Gobierno del País Vasco, así como de la condición de representante ordinario del Estado, "de acuerdo al ordenamiento jurídico", según ha informado Europa Press.

Previamente había realizado el juramento en el interior del recinto del Árbol de Gernika, y, tras un aurresku de honor, Pradales ha vuelto a la Sala de Juntas, donde se ha dado lectura a los artículos 24 y 33 del Estatuto de Gernika.

Desde la tribuna de oradores, Pradales ha pronunciado en euskera y castellano la fórmula de asunción del cargo: "Por voluntad del Parlamento vasco, prestado el juramento, tomo posesión y asumo el cargo de lehendakari del Gobierno del País Vasco, así como de la condición de representante ordinario del Estado, de acuerdo al ordenamiento jurídico".

Después de estas palabras, el lehendakari en funciones, Iñigo Urkullu, le ha hecho entrega del bastón de mando del Gobierno vasco al nuevo lehendakari, Imanol Pradales.

A partir de ese momento, ha empezado a sonar, desde el exterior, el "Agur Jaunak eta Andreak" interpretado por la Banda de Música de la Ertzaintza y se han puesto en pie todos los asistentes.

Pradales se ha dirigido en solitario al exterior hacia el recinto del Árbol Viejo, donde ha realizado solo su homenaje al roble y ha permanecido allí varios minutos en silencio. El acto, en el que también ha sonado la melodía "Agur Zaharra" que sonó en la Jura del Lehendakari Agirre en 1936, ha continuado cuando el lehendakari se ha acercado al nuevo Árbol, para realizarse las fotografías oficiales.

Todos los lehendakaris han utilizado el lugar histórico del Árbol de Gernika para su toma de posesión, con las excepciones del lehendakari Leizaola, en 1960, y Carlos Garaikoetxea, en 1984. El primero lo hizo en Donibane Lohizune y el segundo en la sede del Parlamento vasco.

"En pie sobre la tierra vasca, humilde ante Dios y la sociedad vasca, bajo el Roble de Gernika, con el recuerdo a nuestros antepasados, ante los que sois representantes del pueblo, juro cumplir fielmente mi mandato (Eusko lur gainean zutunik, Jaungoikoaren eta gizartearen aurrean apalik, Gernikako zuhaitzpean, asaben gomutaz, herri-ordezkari zareten zuen aurrean, nire agintea zintzo beteko dudala zin dagit)", ha sido la fórmula utilizada por Pradales para su jura.

De este modo, Pradales ha pronunciado la jura del cargo manteniendo prácticamente en su integridad la "tradición y esencia" de la fórmula empleada por el lehendakari Agirre en 1936.

El lehendakari ha llegado al Parlamento vizcaíno junto a su esposa, Laura Sáez, donde le esperaba la presidenta de la Cámara vasca, Bakartxo Tejeria y los miembros de la Mesa. Todos ellos han aguardado la llegada del lehendakari saliente, Iñigo Urkullu, para entrar en el hemiciclo, con la música de 'Gernikako Albola' de fondo y bajo los aplausos de los alrededor de 300 invitados.

Pradales, que a su llegada al pleno ha dado la mano a los lehendakaris Carlos Garaikoetxea, Juan José Ibarretxe y Patxi López, ha realizado el juramento en euskera sobre el ejemplar del Estatuto de Autonomía del Parlamento, con el que prometen su cargo los consejeros del Ejecutivo, y una copia del Fuero Viejo de Vizcaya, realizada el 4 de noviembre de 1600 por el escribano Juan Ruiz de Angiz.

Los primeros invitados a la jura y toma de posesión han comenzado a llegar a la Casa de Juntas de Gernika minutos antes de las once de la mañana. Entre estos se ha podido ver a los expresidentes del Parlamento vasco, Izaskun Bilbao, Juan María Atutxa y Jesús Eguiguren, así como a los exdiputados generales de Bizkaia José Luis Bilbao y Unai Rementeria y los exlehendakaris Juan José Ibarretxe, Carlos Garaikoetxea y Patxi López.

A la sesión plenaria de este sábado, que no se ha celebrado con las limitaciones establecidas hace cuatro años por la pandemia del Covid, han asistido, entre otras autoridades, el presidente del TSJPV, Iñaki Subijana; los diputados generales de los tres Territorios, Ramiro González, Elixabete Etxanobe y Eider Mendoza, así como las máximas autoridades de las tres Juntas Generales Irma Basterra, Ana Otadui y Xabier Ezeizabarrena o los alcaldes de las tres capitales vascas.

El presidente del Parlamento de Navarra, Unai Uhalde, el vicepresidente primero del Gobierno de Navarra, Félix Taberna, y el alcalde de Baiona y presidente de la Mancomunidad Vasca, Jean-Rene Etchegaray, así como los líderes de todas las formaciones con presencia en la Cámara Vasca.

Junto a ellos, la vicepresidenta primera del Gobierno de España, María Jesús Montero, la delegada del Gobierno en el País Vasco, Marisol Garmendia, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, han completado el listado de autoridades.

En total, más de 300 invitados, incluidas parlamentarios y consejeros salientes, se han acercado a este acto, que también ha contado con la presencia de la madre del nuevo lehendakari, Rosi Gil, de sus tres hermanos y de su hija.

En el exterior de la Casa de Juntas se han concentrado grupos de ciudadanos que, en algunos casos, protestaban contra el proyecto del museo Guggenheim en Urdaibai y, en otros, reclamaban una estación del metro céntrica en Usansolo. También había personas que han recibido con aplausos la llegada de autoridades.

Pradales, de 48 años de edad, será el sexto Lehendakari que gobierna en Euskadi en la etapa democrática y tomará el relevo a Iñigo Urkullu. Previamente, ocupó este cargo el socialista Patxi López, y también han tenido esta responsabilidad Juan José Ibarretxe, el recientemente fallecido José Antonio Ardanza, y Carlos Garaikoetxea.

La petición del Gobierno español para reconocer el catalán, euskera y gallego como lenguas oficiales de la Unión Europea ha quedado aparcada en el orden del día de los ministros de los Veintisiete una vez que España ha perdido el control de la agenda de trabajo que cada semestre asume la presidencia rotatoria y que, desde el 1 de enero, pasó a manos de Bélgica.

Durante el semestre español, la oficialidad de las lenguas cooficiales –uno de los compromisos del PSOE con Junts de cara a la nueva legislatura– fue abordada en las reuniones de ministros europeos de Asuntos Generales hasta en cuatro ocasiones, a pesar de las reservas por distintas razones de un gran número de países para modificar un reglamento, el de las lenguas oficiales, para el que cualquier cambio requiere de la unanimidad de los 27.

Ya en diciembre, varias delegaciones lamentaron que el asunto siguiera en el orden del día a pesar de la falta de avances y de no contar con la información precisa sobre el impacto legal, práctico y financiero necesario, a su juicio, para abordar una reflexión de fondo.

Fuentes oficiales de distintos Estados miembro consultados por Europa Press recalcaron que "no se tienen los datos necesarios para tomar una decisión" y confiaron en que la cita de diciembre fuera la "última en una temporada" en la que se abordara este asunto, descrito por un alto diplomático como una iniciativa "mimada" por el Gobierno español.

En ese contexto, Bélgica, que el 1 de enero tomó el relevo de España como presidencia de turno del Consejo de la UE, dejó claro en diciembre su disposición a dar los "pasos adecuados" durante su semestre y prestar "especial atención a los distintos análisis requeridos" que, a día de hoy, siguen pendientes y sin un calendario claro para su desarrollo.

A ojos del equipo belga, una reunión de ministros no debe ser visto como "un grupo de trabajo" por lo que no prevén que la petición española vuelva al debate de alto nivel hasta que no se den pasos significativos a nivel técnico primero.

Esta dinámica se confirmó este viernes al publicarse la agenda formal del próximo Consejo de ministros de Asuntos Generales de la UE que se celebrará el 29 de este mes y que no incluye en su orden del día ninguna referencia a la petición española de reconocer el catalán, euskera y gallego como lenguas oficiales de la Unión Europea.

Con todo, fuentes de la presidencia rotatoria afirman que no "aparcan nada" sino que consideran que el asunto "necesita avanzar primero al nivel adecuado", esto es en reuniones técnicas, y una vez que los informes reclamados por los socios comunitarios estén sobre la mesa se podrá "poner de nuevo" en la agenda.

Además, advierten de que debe ser España quien "empuje" el expediente, habida cuenta de que de la iniciativa es de este país y de que sus socios siguen esperando información detallada de las implicaciones y alcance de los cambios que plantea. El Consejo está "a la espera" de recibir propuestas alternativas "compatibles" con los Tratados y que se apoyen en evaluaciones de impacto administrativo, jurídico y financiero.

España defiende que las especificidades de las lenguas cooficiales, incluido su encaje en la Constitución y su uso en el Congreso de los Diputados y del Senado, hacen del expediente español un "caso único" que no sería extrapolable a otras regiones europeas; rebatiendo así las dudas de varios socios que temen un "efecto dominó" en sus territorios.

El Gobierno también ha asegurado que asumirá la factura de introducir el uso del catalán, euskera y gallego en las instituciones europeas, renunciando así a las disposiciones del propio reglamento de las lenguas de la UE que prevé que ese gasto corra a cargo de las arcas comunitarias. Además, planteó un despliegue gradual para introducir primero el catalán y dejar para más adelante, sin aclarar calendario, el desarrollo del euskera y del gallego.

En una evaluación preliminar, la Comisión Europea estimó en unos 44 millones anuales la introducción de una nueva lengua en el funcionamiento de la Unión Europea, lo que se traduciría en 132 millones de euros en este caso, pero no ofrecerá un análisis definitivo mientras el Consejo no tome posición formal sobre la petición española.

De hecho, el Ejecutivo comunitario ha dejado claro que su cálculo se basa únicamente en la experiencia de Irlanda con el gaélico, última incorporación al catálogo de lenguas oficiales de la UE en 2015, sin tener en cuenta otras variables como el número de traductores e interpretes disponibles, si existen bases de datos suficientes sobre terminología o los detalles del régimen de transición que propone España.

- Han pasado ya unos años, sí.

- Fue un verano de 2010.

- ¡Fueron la novedad del pueblo!

- Sí, sí, mamá y papá no daban crédito. 

- ¡Fueron arrasando en toda la comarca poco a poco!

- A ver, causaban curiosidad e interés, sobre todo el cómo habían podido llegar a un pequeño pueblo de la España rural de aquella manera.

- ¿De qué manera?

- Pues ya ves, ¿no te acuerdas del rollo ese de que habían tenido que planificar el viaje desde Bruselas pero habían partido desde Bolonia?

- Sí, sí… desde luego, sonaba un poco extraño todo aquello. Recuerdo cómo Michael y Rachel nos enseñaban enamorados su cultura y costumbres rememorando desde la mítica remontada del Liverpool de Steven Gerrard en la final de Champions de 2005 hasta los conciertos de Queen en el concierto por África de Wembley.

- Je je, me acuerdo, me acuerdo… Cuando cogía la pelota y lanzaba el penal de Xabi Alonso o con un palo simulaba los vibratos de Freddy en el micro.

- Lo que no entiendo es por qué hicimos tanto caso a Rachel y a Mi…

- Sh… que van por ahí.

- Bueno, tranquilo, aún podemos expresarnos libremente, i si no, parlem en català, que no ens entendran.

- Per on anava? Ah, sí, el que t'explicava, ens van menjar tant el pot, i vaja si ho van aconseguir, que vam acceptar que 4+1 no era el mateix que 3+2.

- Sí, sí, les dio fuerte por el 3 + 2. Y fue una jodienda. Nos impusieron a todos su idioma, hasta incluso a los barrenderos/as.

- Y no te olvides de Mario, que no pudo pagar sus estudios por esto, ni de Luisa, que se agarró por los cuernos del toro, ya con treinta años, a la carrera de enfermería y no se la querían dar solamente por no hablar inglés.

- Ya… la verdad que no todas las carteras de las familias podían asumir el nivel de vida de Rachel y Michael ni aprender su idioma, y se incrementaron las desigualdades.

- Sabes cal é o peor de todo? Que tomaron e colonizaron todo o parque. Quería aprender máis, de Oscar Wilde, de Virginia Woolf... pero a partir de aí non saudín polo paseo nin infravalorei a Antonio y Miguel...

- No sé, no sé, lo más injusto es que en ningún momento los vecinos eligieron que Rachel y Michael fueran el centro de sus vidas.

- Mira, foron ao seu puto baile! Pero sempre! Y ahora espero que no quieran traer al pueblo las cárceles para migrantes ni prohíban las manis por Palestina.

- Y luego escuchas a los críos que se caen del tobogán, se dan un golpe y no saben decir rodilla en español, como dijo el Santi .

- Jeje, sí, pero cuidao con ese tío porque no parece que sepa conjugar muy bien el verbo escribir. Además, siempre está “envalentonao”. Tiene enfilaos al Joan, a la Montserrat, al Iago, a la Xulia, al Ibai, a la Izaskun.

- ¿Ah, sí? ¿Per qué?

- Bo… hauràs vist la seua actitut chulesca. Solament li agrada la gent del poble, odia lo de fòra.

- ¿Pero hubo un tiempo que iba detrás de Michael y Rachel, no?

- Sí, pero eso lo hizo por hacerse el moderno, por darse otros aires a como realmente piensa. Ahora va a por estos chavales porque quieren hablar su lengua.

- Bueno, cada uno tenemos nuestras cosas. Además, nos guste más o menos, muchos familiares y vecinos lo han pedido porque les parece importante para ellos, y creo que está bien respetarlo.

- Sí, sí, eso es lo importante, que lo han pedido y que son muchos los que lo quieren. No como Rachel y Michael, que no preguntaron a nadie y pasaron por encima de todos, diciendo que “tendríamos” más oportunidades solo por acercarnos a ellos dos.

- Español, català, euskera, valencià galego… nuestros abuelos/as, que no pudieron estudiar, dirían que el saber no quita lugar, y nos animarían a aprender aquello que nos ayudara a convivir mejor con los demás; además, como no pudieron salir mucho, nos insistirían en que tuviéramos la mente más abierta y que conociéramos no solo a Rachel ni a Michael; que había más niños/as con los que jugar y aprender, incluso si vivían en las afueras, en las periferias, como Marie, Mohamed, Bastian, Aarón, Dylan, Lena, Anastasia, Hamza…

Una nación quiere su cultura si cuida y respeta sus lenguas y la ahoga si se pliega a la ideología imperialista monolingüística de la OTAN.

Quien incluye las palabras gasto y lengua en la misma frase no ha tenido una educación en pro de la cultura o bien no aprecia su lengua y sus significados… y quien hace referencia al gasto en traductores/as, lo hace sin ser consciente de que este oficio ha sido uno de los más importantes del mundo, imprescindible para hacer universales los conocimientos y la ciencia que tenemos hoy en día.

Para concluir, me gustaría recordar que se hace justicia con las lenguas maternas que nos cuidan, las de nuestras madres principalmente, cuyos “periodos cotizados durante la reducción de jornada se computarán al 100% de su jornada anterior, exactamente igual que si no la hubieran reducido”. Gracias a la propuesta de Esquerra Republicana de Catalunya, para todas, sean españolas, andaluzas, extremeñas…

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Paco Ochoa es socio de infoLibre.

La Constitución española, tan manida estos días por quienes dicen defenderla mientras la incumplen sistemáticamente desde hace años, establece en su artículo tres que la riqueza lingüística de España “es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección”.

Ya en su Preámbulo, la Carta Magna proclama su voluntad de proteger las culturas, lenguas y tradiciones “de todos los españoles y pueblos de España”, lo que evidencia que sus ponentes tenían claro entonces, hace más de cuarenta años, el valor del conjunto de las lenguas como parte fundamental de la propia identidad del país.

Por eso, la imagen que protagonizaron hace unos días las diputadas y diputados de Vox en el Congreso, abandonando el hemiciclo cuando el socialista Xosé Ramón Gómez Besteiro comenzó a hablar gallego en la tribuna, o las palabras del candidato Feijóo, equiparando la Cámara con un karaoke, no solo son una falta de respeto a los más de doce millones de españoles y españolas que hablan nuestras lenguas oficiales; son también un ataque a los principios que inspiraron la Constitución.

Sorprende, especialmente, el desprecio mostrado por el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que gobernó Galicia durante más de una década y a quien, no hace tanto, escuchábamos defender con naturalidad el uso de esta lengua. “El hecho de hablar gallego no implica rechazo a nada, sino amor a lo propio”, dijo en su intervención ante el Cercle D’Economía en 2016, mismo foro, por cierto, en el que tiempo atrás llegó a referirse a Galicia como “una nación sin Estado”.

Feijóo, que antes de dar el salto a la política nacional utilizaba el gallego con normalidad en el Parlamento autonómico, parece que ahora, en Madrid, y con su liderazgo muy cuestionado en el seno de su propio partido, prefiere hablarlo en la intimidad.

Y eso a pesar de que su sucesor en el cargo, Alfonso Rueda, avaló recientemente que los diputados del Partido Popular usen la lengua gallega en sus intervenciones en el Congreso. No parece que esta posibilidad vaya a tener mucho éxito, a juzgar por la polvareda interna que levantó la intervención en euskera de Borja Sémper, quien, como saben, defendió desde el estrado el voto en contra del PP a la utilización de las lenguas cooficiales usando, precisamente, una de ellas. Lo cierto es que no deja de ser, como dirían en Galicia, una “trapallada”; una chapuza, otra más, del Partido Popular.

La amenaza a las lenguas cooficiales llega ahora al Senado, donde Vox defenderá una iniciativa para suprimir su utilización en la Cámara de representación territorial, obligando al PP a posicionarse. El partido de ultraderecha pretende así estirar un debate que le permite seguir instalado en la confrontación, posición natural de los de Abascal. Curiosa forma la suya, por cierto, de ser patriotas.

Como expresidente de una Cámara que siempre ha hecho gala de su defensa del conjunto de las lenguas españolas, resulta especialmente doloroso este uso torticero de quienes las manosean a su antojo. Ya vimos un claro ejemplo en diciembre de 2021, cuando el Partido Popular en el Senado consiguió retrasar la aprobación definitiva de los Presupuestos Generales del Estado al apoyar una enmienda de Compromís para la promoción de las lenguas protegidas por la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias. Las mismas que ahora desprecian.

Los senadores “populares” votaron esta enmienda con partidos como Junts, ERC o Geroa Bai. Pero entonces ni se rompía España ni se negaba la existencia de nuestra lengua común, el castellano.

Más allá de lo anecdótico, durante mi etapa en la Presidencia del Senado impulsé diferentes iniciativas para reforzar el vínculo de la Cámara con las lenguas de los distintos territorios, convencido, como estoy, de que una mayor difusión de estas no solo permite poner en valor la realidad lingüística de nuestro país; fomenta también el respeto a la diversidad cultural de España, ahondando en la cohesión social y la convivencia.

Mis visitas a las Academias de las Lenguas de aquellas Comunidades cuyos Estatutos amparan la oficialidad de una lengua propia, como es el caso de Cataluña, País Vasco, Galicia o Comunidad Valenciana, sirvieron para impulsar convenios de colaboración entre estas instituciones y el Senado. Y hacerlo, además, con un amplio consenso político.

Y es que frente a quienes pretenden patrimonializarlas o utilizarlas como arma arrojadiza, la Cámara de representación territorial ha mostrado la verdadera riqueza de nuestras lenguas: nos unen en la diversidad.

Así que, en el Día Europeo de las Lenguas, que se conmemora a iniciativa del Consejo de Europa cada 26 de septiembre desde el año 2001, me van a permitir celebrar que las nuestras, las de todos y todas, se escuchen ya en el Congreso de los Diputados, que como dijo su presidenta, Francina Armengol, ahora es, más que nunca, el templo de la palabra.

Y con ellas las Cortes Generales se parecen, más que nunca, a la España plural y diversa que somos.

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Ander Gil es expresidente del Senado y senador del PSOE por Burgos.

“Somos un partido noqueado”. Así se sincera un dirigente territorial del Partido Popular sobre los días que viven los conservadores a las puertas de la futura fallida investidura de Alberto Núñez Feijóo. Una formación que se mueve en un magma de contradicciones, frustraciones y desconciertos. 

Los populares vivieron otro episodio de turbación el martes en el Pleno del Congreso con el discurso de Borja Sémper utilizando el euskera cuando la posición del partido era contraria. Muchos dentro del partido siguen sin entender este movimiento, que se suma a otros patinazos como no amarrar el apoyo de Vox cuando se presentó Cuca Gamarra a presidir la Mesa de la Cámara Baja.

Dentro del PP hay voces que se lamentan en público y en privado por la imagen que dio Sémper. Y es que muchos reconocen que tenía que haber sido un día para acorralar al PSOE en el Congreso y sacarle los colores por supuestas cesiones al independentismo. En cambio, el Partido Popular lo desaprovechó y vio como toda la Cámara le decía al portavoz popular que estaba “haciendo el canelo”, como él mismo definió 24 horas a los que querían utilizar las lenguas cooficiales.

Otra de las sensaciones que hay entre muchos cargos del PP es de “incomprensión”: no se ven grandes aciertos en la nueva dirección ni se entienden muchos de los movimientos. Por ello, hay mucha expectación respecto al discurso que dé Núñez Feijóo el día de la investidura. No obstante, como indica una alta fuente del PP, el partido “no está en llamas”. Esto se traduce en que nadie tiene en mente ahora mismo una operación para desalojar al expresidente de la Xunta del despacho principal de Génova 13.

Aunque todos miran a Juanma Moreno (Andalucía) y a Isabel Díaz Ayuso (Madrid), en estas dos comunidades no hay ningún trasiego en sus aparatos contra el gallego a corto plazo. Estos dos territorios apostaron por él para hacer caer a Pablo Casado y consideran que tiene la suficiente autoridad moral para continuar en el cargo. “Venimos de una situación muy delicada. Lo de Ayuso y Casado fue un episodio bastante complicado. Feijóo entró por la puerta grande. No estamos para guerras ahora mismo”, resume un alcalde.

Los populares, según varias fuentes, se aferran a dos posibles escenarios. El primero pasaría por una repetición electoral, que es la pantalla por la que apuesta en estos momentos Génova 13, que cree que podría superar los resultados de las pasadas elecciones generales gracias al voto útil y ante una situación de inestabilidad política. El otro escenario que manejan muchos en el PP es que Pedro Sánchez logre la investidura pero que la legislatura sea “corta”. 

Al PP se le nota, como señala un dirigente territorial, que no ha salido del “batacazo del 23 de julio”: “Fue un golpe muy duro en la línea de flotación de autoestima del partido. Eran muchas las esperanzas depositadas en Feijóo. Teníamos en las manos el cambio de Gobierno. No hemos levantado cabeza, se le nota al líder hasta físicamente. Hoy ya es fehaciente que no podemos gobernar. Esto es una cosa bastante difícil de metabolizar”.

Esta sensación de cierta depresión se mezcla con otra de “rabia”, como indica un parlamentario. Muchos cargos en el PP no logran traducir cómo ha logrado subir en votos Pedro Sánchez respecto a hace cuatro años “con todo lo que ha hecho”: “Es el peor presidente de la historia”. 

Por eso, en la intimidad los populares critican la última semana de campaña del Partido Popular en las elecciones del 23 de julio y se buscan culpables en el círculo más cercano a Núñez Feijóo. No goza de buena prensa en el partido la fórmula de trabajar con tres cabezas: Cuca Gamarra, Miguel Tellado y Elías Bendodo. Lo resume así otra fuente popular: “Era un equipo para gobernar, no para gestionar la oposición”.

Además, en el PP vuelve a aflorar un debate entre sus dirigentes: ¿cómo debe ser la relación con Vox? Hace este análisis un cargo territorial: “Mucha gente no nos votó el 23 de julio por el miedo a la ultraderecha. El PSOE ha logrado que se identifique al Partido Popular con Vox. Es bastante complicado, es muy difícil alejarse de Santiago Abascal cuando lo necesitas. Es un matrimonio malavenido pero necesario para mantener la herencia”. 

También hay “confusión”, como señalan algunas fuentes populares, respecto a Junts: “Ahora vamos a hablar, ahora no”. Esto ha provocado tensión especialmente con el Partido Popular de Cataluña, que lo ha dejado patente a través de su líder, Alejandro Fernández, que es una persona de la órbita de Pablo Casado. Se ha vuelto a revolver con el discurso de Sémper. A través de un mensaje en X lo dejaba claro: “Hay un concepto muy útil en el tenis para cualquier ámbito de la vida: evitar los errores no forzados”.

Se repiensa mucho estos días sobre la relación con el PNV, que se creía en el partido que sería mucho más fácil ante una posible investidura. Uno de los discursos más duros en el Congreso contra Sémper vino precisamente del diputado jeltzale Joseba Agirretxea. Esto divide a los populares, ya que algunos creen que se debería cultivar más este acercamiento, en tanto que otros indican: “Parece que les estamos mendigando el voto”. No ha servido para nada ni la reunión secreta que mantuvo el propio Feijóo con el líder del EBB, Andoni Ortuzar. 

Los populares tenían la sensación de que todo iba a ser “diferente” con la llegada de Feijóo, pero la situación actual difiere mucho del panorama diseñado hasta la noche del 23 de julio. El sector duro de José María Aznar y Esperanza Aguirre empuja hacia un discurso mucho más duro y ha forzado que el actual presidente del PP convoque a marchas forzadas un acto el próximo domingo, a 48 horas de su intento de investidura, para protestar contra una posible ley de amnistía del PSOE y de Sumar en favor del independentismo. Génova 13 busca una gran foto en la calle, aunque también hay riesgos como que capitalice todo el protagonismo Isabel Díaz Ayuso (como pasó en el balcón de la sede del partido durante la noche electoral).

La derecha mediática también está apuntando ya a muchas decisiones de Génova 13 y empiezan a pedir cabezas a Núñez Feijóo, al que todavía no señalan directamente como pasó con Pablo Casado. Federico Jiménez Losantos, al que todos escuchan y temen en los círculos del PP, calificó de “humillación” lo sucedido en el Congreso con las lenguas cooficiales. Según él, el PP tiene un “problema real” porque el expresidente de la Xunta “es muy malo como jefe de personal”. Y le lanzó un mensaje muy directo: tiene que “despedir” a los “sorayos” Borja Sémper, Esteban González Pons, Cuca Gamarra y Elías Bendodo. “La campaña fue un desastre, tienen que asumir responsabilidades. Da la impresión de que quiere rodearse de mediocridades”, sentenció en las ondas.

El medallón pictórico de la bóveda del Congreso es la Alegoría de España. El punto más alto al que pueden dirigir sus miradas los diputados. El cielo de la nación en el que se mueven Isabel II, Velázquez, Cervantes y Colón. Pero esa España nunca había escuchado hasta este martes sus propias lenguas cooficiales. Las palabras en catalán, gallego y vasco no formaban parte del sonido que mueve el país día a día a través de los parlamentarios.

Y a las 12.07 del martes 19 de septiembre el Congreso escuchó por primera vez, de manera oficial y sin llamadas al orden, a un diputado hablar en gallego con total normalidad. La diversidad lingüística entraba de lleno en la tribuna de oradores. En la hemeroteca de los diarios de sesiones quedará grabado siempre ese momento con el socialista Jose Ramón Gómez Besteiro.

La Cámara Baja inició en su primer Pleno de esta legislatura la reforma del Reglamento del Congreso, que oficializará finalmente el jueves el uso de las lenguas cooficiales en la sede de la soberanía nacional. Una reivindicación histórica de nacionalistas e independentistas que se ha abierto paso tras el acuerdo con el PSOE y Sumar para atar la mayoría en la Mesa y que se plasma en una proposición de ley tramitada por vía urgente y con lectura única.

Un debate que llegó con los sempiternos ecos de las derechas de que España se rompe. Y las palabras despectivas contra los pinganillos y el sistema de traducción que han desplegado el PP y Vox durante estas semanas. Pero el Partido Popular cayó en su propia contradicción durante el Pleno. Veinticuatro horas antes, el vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta del PP, Borja Sémper, calificaba como “hacer el canelo” el uso de las lenguas, pero luego él mismo durante su discurso en el Congreso pronunció parte de su discurso en euskera. “Ha hecho el canelo”, reiteraba irónicamente un ministro al terminar la sesión.

“Un día histórico”. Esa era la expresión que recorría los pasillos y el patio del Congreso minutos antes de que arrancara el Pleno. Unas palabras que llegaban de manera emocionada por parte de políticos como Oriol Junqueras (ERC), que se trasladó desde Barcelona para vivir el momento, Míriam Nogueras (Junts) y Néstor Rego (BNG). Sobre cada escaño el aparato de traducción con sus auriculares perfectamente enrollados. Y los periodistas entrando a la vez en la tribuna de invitados y preguntando a los ujieres cómo se utilizaba el sistema. El servicio de la Cámara, paciente y atento, advertía a los informadores de la primera fila: “Cuidado, que no caiga un aparato en la cabeza de algún diputado”.

El morbo para muchos estaba en esos pinganillos. Pero precisamente su uso no fue un terremoto. Durante las intervenciones en gallego y catalán apenas fueron utilizados, aunque sí tuvieron más éxito entre algunos diputados cuando hablaron en euskera los representantes de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, y del PNV, Joseba Agirretxea, durante el debate. Con otra ayuda: dos grandes pantallas en los laterales en los que se podía leer la traducción simultánea.

Los miembros del Gobierno apenas usaron los pinganillos. Allí estaban en primera fila Yolanda Díaz, Pilar Llop, María Jesús Montero, Fernando Grande-Marlska, Félix Bolaños, Isabel Rodríguez, Miquel Iceta y José Manuel Miñones. El presidente en funciones, Pedro Sánchez, no acudió a la sesión al estar en Nueva York (Estados Unidos) con motivo de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Las derechas desde el primer minuto quisieron hacer política con esas palabras en lenguas cooficiales. Cuca Gamarra, ‘número dos’ del Partido Popular, trató de frenar el debate en catalán, gallego y euskera al decir que ni siquiera estaba aprobada la reforma del reglamento. Pero la presidenta del Congreso, Francina Armengol, le recordó que estaba aprobado el sistema por la Mesa. La que fuera jefa del Ejecutivo de Balears, ahora tercera máxima institución del Estado, es una firme defensora de esa pluralidad y diversidad territorial y lingüística y se ha marcado que el Congreso sea fiel reflejo de ellas.

Vox quiso boicotear el debate desde el principio. Por eso, su portavoz, Pepa Mllán, intentó cortar a Gómez Besteiro en la primera intervención, algo que no permitió Armengol. De manera coreografiada los diputados de la ultraderecha abandonaron el Hemiciclo, tirando de manera despectiva los pinganillos en el escaño vacío de Sánchez. No cabían todos y muchos se cayeron al suelo, recogiéndolos de manera cuidadosa la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que ayudó a los ujieres cuando los retiraron minutos después.

Las derechas apostaron por mostrar su rechazo con muchos símbolos, pero a la hora de la verdad perdieron en la votación para tramitar esta reforma del reglamento. El ‘sí’ llegó de la mano del PSOE, Sumar, PNV, EH Bildu, Esquerra, BNG, Junts y CC, mientras que el rechazo provino del Partido Popular, Vox y UPN. La ultraderecha abandonó el Pleno al principio, pero luego no mantuvo su decisión y volvió a entrar en el Hemiciclo. Pero justo en ese momento los de Santiago Abascal se encontraron con que Borja Sémper (PP) hablaba en euskera, así que se dieron media vuelta y salieron nuevamente. No obstante, hubo más trasiego, ya que sí se sentaron otra vez al final e intervino Pepa Millán para acusar a la izquierda de querer acabar con el castellano.

La estrategia del Partido Popular cambió en apenas un día además, pasando de criticar el uso de las lenguas cooficiales a que Borja Sémper (PP) en la tribuna defendiera el ‘no’ haciendo hasta al menos cuatro partes de su discurso en euskera. Esto provocó la crítica de todos los partidos progresistas y nacionalistas, pero a la vez de la ultraderecha. Asimismo, en otro gesto de desprecio del PP a la reforma del reglamento ninguno de sus diputados se puso el pinganillo y apenas miraron a las pantallas con la traducción.

Los más alborotadores de la bancada del PP con sus gestos fueron la facción más dura que se aglutina en escaños aledaños: Rafael Hernando, Cayetana Álvarez de Toledo, Carlos Floriano y Alberto Fabra. Núñez Feijóo desplegó durante las más de dos horas un repertorio que iba de la desgana a las risas irónicas, pero casi siempre con la mirada hacia abajo pendiente de su móvil. Desde ahí mandaba mensaje y se comunicaba con Sémper o las personas de su confianza (Marta Varela y Mar Sánchez). Detrás tenía a Elías Bendodo, que se removía en su asiento y salía varias veces del Hemiciclo.

El PSOE, a través de Gómez Besteiro, le reprochó a Núñez Feijóo (que en una semana se enfrenta a la investidura) que diga “no” al gallego, la lengua de la comunidad que ha presidido. “El rechazo del Partido Popular es tan incomprensible como doloroso”, resonó en el Congreso. Y con invocaciones a Castelao, el socialista reclamó “acordar para avanzar” y cuidar el “patrimonio vivo”.

Aunque la mirada está puesta para la investidura en los grupos catalanes de ERC y Junts, la sesión tuvo inspiración principalmente gallega. Al discurso de Besteiro en esta lengua se sumaron Rego, del BNG, y Marta Lois (Sumar). Ella trasladó el mensaje de que “las lenguas, como los derechos, no compiten entre sí”. “Hoy hacemos realidad los sueños de millones de personas”, resumió emocionada desde la tribuna de oradores, en unas palabras que reflejaban también el convencimiento que mostraba en sus ojos la vicepresidenta Díaz. Entre los escaños recorría el sonido de Mil primaveras máis, de Álvaro Cunqueiro.

Cada palabra en cada lengua contó una historia este martes en el Congreso. “Yo hablo catalán gracias a mis abuelos andaluces”, verbalizó el portavoz de ERC en la Cámara Baja, Gabriel Rufián, quien quiso al hilo hacer un sentido homenaje a uno de los diputados que más luchó por un día como ese: Joan Tardà. A la bancada de la derecha les echó en cara su “patriotismo tóxico y frágil”: “Para hacer el canelo no hace falta hablar catalán, señor Sémper”. Para, a la vez, retratar las contradicciones de no querer que se hable gallego o vasco en la Carrera de San Jerónimo mientras se utilizan palabras como coworking o start up.

Nadie del Gobierno usó la traducción mientras se hablaba catalán o gallego. Los aplausos con más pasión por parte del Ejecutivo durante el debate, especialmente cuando habló Besteiro, tuvieron como protagonistas a Miquel Iceta e Isabel Rodríguez. Sí usaron el pinganillo cuando le tocó el turno a Aizpurua (EH Bildu), que alternó euskera con el castellano. “Contentos”, resumió el estado de ánimo, pero también lanzó el aviso de que el Estado plurinacional tiene que ser algo más que símbolos.

Por parte del PNV, Agirretxea se subió a defender su lengua materna y fue muy duro con las derechas: “Los que se han marchado son los que nos multaban o echaban de clase por hablar euskera”. “Hoy es un día muy grande para vascos, gallegos y catalanes, pero debería serlo para todos. Se trata de reconocer y respetar las lenguas”, incidió ante el Hemiciclo.

Y todas esas lenguas de España sobrevolaron por primera vez sin llamadas de atención. Un día de la palabra en su máxima expresión en el Congreso. De todas las palabras. Un martes en el que se daban la mano los versos, como citó Gerardo Pisarello, de Kirme Uribe y Luis García Montero dentro de la Carrera de San Jerónimo. Sin que se expulsase a nadie. Bajo la Alegoría de España.

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles que no concibe un Congreso de los Diputados "con pinganillos", aunque él es gallego y habla las dos lenguas. Dicho esto, ha criticado que los ciudadanos "paguen" para que los políticos se entiendan en las sesiones de la Cámara Baja cuando pueden comunicarse en castellano, la lengua común, según Europa Press.

"Puigdemont y Díaz no necesitaron traductor", ha afirmado Feijóo en un mensaje en la red social 'X', antiguo Twitter, en alusión al encuentro que mantuvieron el pasado lunes en Bruselas la vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones, Yolanda Díaz, y el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

Feijóo ha expresado su rechazo a la reforma exprés del Reglamento de Congreso que prepara el PSOE para usar catalán y euskera en el debate de investidura del líder del PP previsto para los días 26 y 27 de septiembre.

"Soy gallego y hablo mis dos lenguas, pero no concibo un Congreso con pinganillos. Si todos los políticos nos comunicamos en la lengua común, no procede que los ciudadanos paguen para entendernos en el hemiciclo", ha proclamado.

En concreto, el Partido Socialista está preparando una reforma exprés del reglamento del Congreso para poder utilizar el catalán, el euskera y el gallego en el debate de investidura de Feijóo.

El plan es registrar una proposición de ley esta misma semana, pactado con las formaciones nacionalistas e independentistas, con idea de que pueda ser admitida por la Mesa del Congreso en su reunión del próximo martes y se tramite por el procedimiento de urgencia, lo que supone acortar los plazos parlamentarios a la mitad.

Mientras la proposición de ley se aprueba en el Pleno, para lo que necesita mayoría absoluta y que no se desmarque ninguna de las formaciones minoritarias, la Mesa del Congreso, gracias a esa mayoría de PSOE y Sumar, iría ya contratando de urgencia traductores para el debate de la investidura de Feijóo. Previsiblemente también habría que repartir cascos para que los diputados y los servicios de taquigrafía pudieran seguir los discursos en lenguas cooficiales.

Unidas Podemos y los principales aliados parlamentarios del Gobierno, incluyendo a Esquerra, el PNV, Bildu o Más País, han registrado en el Congreso una propuesta de reforma del reglamento del Congreso para permitir intervenciones en lenguas cooficiales en la sesión plenaria, con la correspondiente traducción simultánea, informa Europa Press.

Además, el texto plantea que puedan formular escritos en dichas lenguas, reconocidas estatutariamente, y a desplegar servicios de traducción en castellano, tanto de las iniciativas e intervenciones orales que realicen los parlamentarios. Para ello, planifican que la entrada en vigor se aplazaría al siguiente periodo de sesiones al de la aprobación de la propuesta.

La proposición está rubricada por el grupo confederal, ERC, Bildu, Compromís, Junts, PDeCat, PNV, BNG, Más País y la CUP, que demandan promocionar el uso de estas lenguas cooficiales, que la propia Constitución estipula para ellas un "especial respeto y protección".

Los citados grupos parlamentarios indican que los respectivos estatutos de autonomía refuerzan el estatus de estas lenguas, cuyo uso ya es normal y habitual en instituciones y parlamentos autonómicos bilingües.

Por tanto, se insta al Congreso a continuar "la senda" iniciada en diversas modificaciones reglamentarias en el Senado, donde el empleo de estas lenguas distintas al castellano se ha introducido "en la vida parlamentaria de la Cámara Alta".

En consecuencia, la iniciativa llama a modificar el reglamento del Congreso para que, en su artículo 6, se reconozca el derecho a intervenir en sesiones parlamentarias en catalán, gallego o euskera, así como presentar los distintos escritos en las lenguas cooficiales.

Además, proponen una nueva disposición adicional para garantizar los servicios de traducción simultánea al castellano de las iniciativas que lleguen al registro general y de las distintas comisiones, con la condición de que se publiquen en el Boletín del Congreso al menos con la lengua en la que fueron elaboradas y en castellano.

Lo mismo demandan en el caso de las intervenciones orales de los diputados, pautando la traducción simultánea tanto en el Pleno como en las comisiones de la cámara, además de la publicación en el diario de sesiones en el formato original y en castellano.

Hasta ahora el PSOE viene descartando el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso alegando que el castellano es el único idioma reconocido en todo el Estado y limitando su uso a citas o frases.

Cosa distinta es el Senado, que es la cámara de representación territorial y donde el uso de las lenguas cooficiales está permitido para los debates de mociones en el pleno. Hay una propuesta de Junts, cuya tramitación apoyó el PSOE, para universalizar su uso en la Cámara Alta.

Netflix impulsará la presencia del catalán, el gallego y el euskera en su catálogo en 2022, con la subtitulación de una selección de series y películas internacionales, y el doblaje de varios títulos infantiles y familiares.

Según han adelantado a Europa Press fuentes de la plataforma de contenido audiovisual a demanda, los títulos se publicarán de forma paulatina a medida que estén disponibles en el servicio, de manera que la selección de este año estará en el catálogo de forma completa a finales de 2022.

Así, en los próximos meses y hasta finales de año, se irá incorporando a la plataforma una selección que incluye cerca de 70 títulos en gallego, catalán y euskera. Netflix incluirá títulos nuevos cada año.

Las citadas fuentes de la compañía estadounidense han detallado que la obra audiovisual que se añadirá a lo largo de 2022 representa unas 600 horas de películas y series internacionales subtituladas, y unas 60 horas de contenido para el público infantil y familiar dobladas en las tres lenguas (un total de unas 200 horas de subtítulos y unas 20 horas de doblaje en cada idioma).

De esta forma, los suscriptores de Netflix en 190 países podrán acceder a series y películas en catalán, gallego y euskera como Emily en París o próximos estrenos, como The Mother, Garra, Sandman y Pinocho, de Guillermo del Toro.

"Seguimos esforzándonos por llevar las mejores historias a todo el mundo. Este es un paso más que estamos dando para fomentar la presencia del catalán, el gallego y el euskera en nuestro servicio. Aumentaremos el número de series y películas internacionales subtituladas a estas lenguas, además del doblaje de varios títulos infantiles y familiares, para que nuestros suscriptores puedan disfrutarlos en 190 países. Esta selección estará disponible a lo largo de 2022 y seguirá creciendo durante los próximos años", ha explicado un portavoz de Netflix.