Es un cambio revolucionario. Y como todo cambio de este tipo, conlleva disfunciones y problemas de adaptación. Sobre todo en la Justicia, un campo en el que juegan múltiples Administraciones. Por un lado, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por otro, el Gobierno, que además de sus iniciativas normativas aporta, a través del Ministerio de Presidencia y Justicia, los medios personales y materiales a los órganos judiciales de cinco comunidades y las ciudades autónomas (Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, Baleares, Ceuta y Melilla). Por último, el resto de comunidades autónomas (12) que sí tienen asumidas las competencias de justicia y que deben dotar de material y personal a los tribunales en cada uno de sus territorios.

Sin embargo, la reorganización de los órganos judiciales unipersonales –en funcionamiento desde 1834, hace 192 años– y su reagrupación en tribunales de instancia puesta en marcha por el Gobierno con la ley de eficiencia ha comenzado a dar sus frutos un año largo después de su aprobación. Los casos pendientes, cuya reducción era uno de los objetivos de la norma, aunque de forma muy ligera, han comenzado a reducirse, según fuentes del ministerio, rompiendo con la tendencia al alza que cada año, desde 2016, reflejaban las estadísticas (con la excepción del período de la pandemia). Mientras que en 2024 la pendencia creció un 13,7%, en 2025, primer año con la ley de eficiencia en vigor, se redujo un 0,67% en los territorios competencia del ministerio. El descenso es mayor en el orden civil, donde los casos por resolver bajaron un 4,5%.

La mejora es más acentuada en esta última jurisdicción —la que se ocupa los pleitos económicos, de familia o empresariales— y afecta a las secciones de lo civil y lo mercantil de los nuevos tribunales de instancia. Este avance se debe también a la obligación de recurrir a lo que el Ejecutivo denomina "medios adecuados de solución de controversias" (MASC) antes de acudir a los tribunales. El deber de intentar un acuerdo a través de figuras como la mediación, la conciliación o la negociación ha supuesto una reducción de los asuntos ingresados en estos órganos del 20,4% en las comunidades que administra el ministerio. El dato global de litigiosidad –en el que se incluye también las causas penales, sociales y contencioso-administrativas– presenta, desde abril de 2025, una reducción del 9,9%. En 2024, la litigiosidad creció un 11,4%, según los datos del CGPJ.

Otro de los datos positivos constatados por el Gobierno y que confirma el órgano de gobierno de los jueces es que, pese al supuesto caos denunciado por las asociaciones judiciales más conservadoras, la reforma no ha provocado demoras o suspensiones de juicios. En los últimos tres meses –el período en que los tribunales de instancia ya se han desplegado por todo el territorio– las vistas celebradas han crecido un 3% y los señalamientos de nuevos juicios (la fijación de su fecha de celebración), el doble, alrededor del 6%, según fuentes de Presidencia y Justicia.

Esos datos de reducción de ese atasco secular que han aparecido con la entrada en vigor de la ley de eficiencia, pueden ser solo el principio. Porque la nueva organización permite al Ejecutivo incrementar las plazas judiciales sin tener que crear nuevos juzgados, como hasta ahora. Con el sistema anterior, aumentar la planta judicial en una unidad costaba unos 500.000 euros porque, además del juez, había que crear el juzgado completo con toda su oficina judicial, su letrado de la administración de justicia y sus funcionarios. Con el nuevo modelo, basta generar una plaza más de juez –o de letrado o asignar nuevos funcionarios– de manera independiente. Ahora crear una plaza más en un tribunal de instancia cuesta mucho menos: unos 100.000 euros.

Esa flexibilidad es la que ha permitido al departamento que dirige Félix Bolaños anunciar la mayor creación de unidades judiciales de la democracia, con 500 nuevas plazas para este mismo año. También se dispondrán otras 200 plazas para fiscales, lo que supondrá un incremento del 8,5% y del 7,1% en la plantilla de cada cuerpo. El Gobierno y el CGPJ ya han acordado una macroconvocatoria de empleo público de 700 plazas –500 para jueces y 200 para fiscales– para cubrir las vacantes de nueva creación. Los nuevos tribunales de instancia, según fuentes del ministerio, permiten detectar en qué cuerpo concreto están las carencias (jueces, letrados, funcionarios) para, en cada caso, actuar quirúrgicamente sin tener que crear un órgano completo, con el consiguiente ahorro de dinero público.

El Gobierno, sin embargo, sí admite algunos de los desajustes que algunos de los presidentes de los 17 tribunales superiores de justicia de ámbito autonómico comunicaron hace semanas al CGPJ. Pero los engloba en los problemas que suelen dar cambios tan drásticos en las dinámicas de trabajo como los que impone la ley. Por ejemplo, la adaptación de los funcionarios (más de 20.000 en todo el país) a sus nuevos puestos y funciones. También la interinidad de muchos de ellos, que el ministerio pretende reducir a una tasa inferior del 8% antes del verano. Respecto a las incidencias informáticas, cada comunidad con competencias tiene sus herramientas y es responsable de su puesta en marcha. Fuentes de Justicia aseguran que en las que presta el ministerio a las cinco comunidades de su territorio no se han detectado problemas graves. Justicia ha firmado convenios con otras autonomías con competencias propias para cederles gratis las aplicaciones tecnológicas que necesiten.

La reforma ha sido muy criticada por las asociaciones judiciales de derechas, las mayoritarias en la judicatura. En un artículo escrito apenas tres meses después de la entrada en vigor de la ley, la presidenta de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) María Jesús del Barco, puso en duda que la norma pudiera incrementar la eficiencia del sistema judicial. “Si el legislador entiende que el sistema judicial español puede ser eficiente sin poner un euro sobre la mesa, habremos cambiado la cartelería y habremos alejado al juez del procedimiento, pero seguiremos sin tener un sistema judicial eficiente”, afirmaba Del Barco en la revista del Consejo General de la Abogacía.

La falta de inversión, sin embargo, no es más que una patraña, según fuentes de Presidencia y Justicia. El ministerio ha dedicado esta legislatura 1.121 millones de euros para el despliegue de la ley. Más de 91 se dedican anualmente a los costes de los nuevos puestos que se crean con la norma –como los presidentes de los tribunales o los responsables de los nuevos servicios y áreas de cada oficina judicial, entre otros– y que fueron acordados con los sindicatos más representativos de funcionarios de justicia, las asociaciones de letrados de la administración de justicia y las de jueces y fiscales. Todas estos nuevos mandos intermedios comportan una mejora salarial.

Ese dinero también ha servido para la creación de las 500 nuevas plazas judiciales y las 200 para fiscales. 850 millones –de los que 350 proceden de fondos europeos– han ido a las comunidades autónomas competentes para la digitalización de sus sistemas procesales y, en las que las competencias pertenecen al Estado, el dinero correspondiente se ha dedicado a crear lo que en el ministerio denominan “hubs de interoperabilidad”, es decir, nodos para que los distintos sistemas procesales del Estado y las comunidades puedan entenderse entre ellos. Otros 80 millones de euros han ido a los inmuebles de los órganos judiciales para transformar el espacio físico de los antiguos juzgados en los nuevos tribunales de instancia, algo en lo que, según fuentes del Ejecutivo, ya se venía trabajando desde 2010.

Pese a las quejas y las acusaciones de improvisación al Gobierno desde la derecha judicial y política, lo cierto es que los tribunales de instancia han sido defendidos por Gobiernos del PSOE y del PP. Desde que se planteó su creación por primera vez con el Pacto de Estado de la Justicia de 2001 –durante la presidencia de José María Aznar– se presentaron sucesivos proyectos por los exministros Francisco Caamaño, Alberto Ruiz-Gallardón o Juan Carlos Campo, hasta el actual de Félix Bolaños, el que finalmente fue aprobado por las Cortes. El consenso sobre la necesidad de estos nuevos órganos también surge de las asociaciones de derecha e izquierda que en 2017 los reclamaron en un comunicado conjunto.   

19 de septiembre de 1983. Una joven cae desde una ventana de la tercera planta de un reformatorio femenino de la localidad madrileña de San Fernando de Henares. Tenía 15 años y se llamaba Inmaculada Valderrama. Ese mismo día miles de personas salen a la calle para protestar por su muerte. Un crimen que la ciudadanía atribuye a las encargadas del reformatorio en el que se encontraba Inmaculada, todas de las Cruzadas Evangélicas. 

Su muerte se produjo en el seno del Patronato de la Mujer, una institución franquista que, con las protestas por su fallecimiento, acabó en 1985, dos años más tarde. Casi 43 años después, el gobierno reconoce el Patronato de Protección a la Mujer como Lugar de Memoria Histórica. Verdad, justicia y reparación. Tres peticiones que ahora el Gobierno escucha. 

Su manifestación se ha hecho clara en un acto organizado por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, el Ministerio de Igualdad, y el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relación con la Cortes, junto a la Comisionada para la celebración de los 50 años de “España en Libertad” en el Auditorio Nacional de Madrid. 

En este encuentro, al fin 53 mujeres que pasaron por el Patronato han sido reconocidas. Una a una, varias de ellas o sus familiares han subido al escenario emocionadas por un reconocimiento que llevan muchos años esperando. “Nosotros no somos víctimas, somos supervivientes”, han declarado. Como símbolo han recibido un certificado de manos de Fernando Martínez López, secretario de Estado de Memoria Democrática; Manuel Olmedo Palacios, secretario de Estado de Justicia; y María Guijarro Ceballos, secretaria de Estado de Igualdad. 

Las supervivientes también han recibido las disculpas del Ministerio de Justicia, del que dependía el Patronato. “No podemos hacer desaparecer lo sucedido pero os podemos trasladar nuestra vergüenza y solicitaros vuestro perdón para dar nuevos pasos para la reparación. Esto tiene que ser visible, para que nunca más suceda”, ha declarado el ministro Félix Bolaños en una intervención telemática. 

Precisamente para que sea visible, se instalará una placa en un lugar de honor del Ministerio de Justicia para que no sigan existiendo los silencios ni las desmemorias. Además, desde el Ministerio de Memoria Democrática han anunciado que se creará una comisión de investigación y que se incorporarán líneas específicas sobre el Patronato a las investigaciones ya existentes. 

A las supervivientes les han puesto voz tres de ellas: Consuelo, Paca y Pilar. Ante la mirada atenta de sus compañeras y el aplauso atronador del patio de butacas, las tres han reclamado su espacio en la memoria de todos y han pedido que se investigue lo que les ocurrió.

Investigar para reparar. Algo complicado cuando los que deben reparar buscan por todos los medios evitarlo. Las mujeres han contado cómo la Iglesia, que tendría que haber facilitado los expedientes de todas ellas, no solo no lo ha hecho, sino que ha justificado que no lo hacen “por protección de las internas”. 

“No es por protegernos, es por protegeros a vosotros”, han recalcado. La Iglesia se aprovechó de la situación de estas mujeres para así poder beneficiarse, han denunciado. No era solo una cuestión del franquismo, sino que el entramado de la Iglesia también estaba detrás. Las obligaban a trabajar bajo condiciones extremas y, en la maternidad Nuestra Señora de la Almudena de Peña Grande, les robaban a sus niños. “Los reformatorios se sostuvieron por el trabajo forzado nuestro, se vulneraron nuestros derechos humanos. Ahora esas mismas congregaciones se comportan como si fueran ONG y viven del dinero público”, han denunciado. 

El patronato se creó en 1941, con el objetivo de llevar por el buen camino a las mujeres “descarriadas”.  El criterio para entrar era tan ambiguo como peligroso. Buscaban “redimir a la mujer caída y ayudar a la que estaba en peligro de caer”. Caer, claro, fuera de los cánones del franquismo. Esto iba desde ser lesbiana hasta contestar mal a tu padre a la hora de poner la mesa. Durante más de cuarenta años fue así para las chicas desde los 16 hasta los 25 años. 

La institución estaba a cargo de Carmen Polo y tenía el firme propósito de "velar por la moralidad pública, muy especialmente la de la mujer". Eran condenadas sin ningún delito, sin juicios y las denuncias llegaban desde cualquier parte. Un vecino, un conocido y, sobre todo, los padres. “Si no te portas bien te llevamos con las monjas”, es una frase que la mayoría de las víctimas han escuchado. 

Fue el caso de Consuelo. Un día se despertó ante la fija mirada de su madre y un médico que la acompañaba, con lo que, según le dijeron, era una jeringuilla para ponerle una vacuna. Lo siguiente que sabe es que se despertó en una habitación con una cama, una maleta y una ventana con barrotes. Ya no estaba en Barcelona. Estaba en Madrid. 

Su madre se había quedado viuda muy joven y no aprobaba el pensamiento político de su hija, que participaba en manifestaciones en defensa del comunismo. La solución estaba clara para ella. "A mí me machacaron viva porque estaba allí por pensar", narró Consuelo a infoLibre. 

La mujer contó a este medio las condiciones en las que vivían y evocó una imagen de aquel primer día en el centro de Adoratrices, en Padre Damián 52. "Era una fila de chicas con batas de rayas verdes, más ojeras que ojos y una cara de profunda tristeza. Ese retrato lo tengo grabado: era el gesto del abandono y la desesperanza pura". 

Cuando llegaban allí (por comunistas, lesbianas, rebeldes, pobres o embarazadas) las clasificaban. En distintos centros de observación, les realizaban evaluaciones médicas, psicológicas y morales para luego destinarlas dentro de una red de instituciones como reformatorios, colegios, hogares-taller y maternidades. La mayoría controlados por la Iglesia. 

La primera fase tenía lugar en lo que se llamó Centro de Observación y Clasificación (COC). Allí, las niñas permanecían seis días aisladas. Para la clasificación las examinaban con un examen de virginidad. Completa o incompleta, ese era el criterio. Las mujeres vírgenes estaban “limpias”, el resto no.

La reparación ha llegado tarde. No fue hasta octubre de 2025, cuando se concedió el primer certificado de víctima del fascismo a una mujer represaliada por el patronato. Fue a la sevillana Eva García de la Torre. Ella ingresó ya en tiempos de democracia por ser lesbiana. La juzgaron en Andalucía en 1978, cuando todavía era menor, y estuvo internada hasta 1985 en entidades católicas del Patronato en Galicia. 

Eva falleció en 2022 y no pudo ver cómo se conseguía lo que muchas de sus compañeras pedían: reparación y reconocimiento. Fue a recogerlo su viuda, Silvia Fernández Quinteiro. Precisamente fue ella quien averiguó lo que había pasado tras el fallecimiento de la que fue su pareja. Nunca le pusieron nombre, pero cuando leyó la historia en el periódico supo que Eva tuvo que haber estado ahí. 

El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, lo ha recordado como un acto necesario de “salud democrática”, para reparar a las supervivientes de un patronato que fue “una herramienta política para cortar cualquier atisbo de libertad en niñas que empezaban a vivir”. Ahora otras 53 serán recordadas, no como víctimas, sino como supervivientes, para que nunca más vuelva a ganar el silencio. Verdad, justicia y reparación. 

Para los jueces y fiscales que convocaron una huelga ilegal el pasado julio para protestar contra el proyecto de ley que democratiza el sistema de acceso a las carreras judicial y fiscal, el centro público para opositores que crea la reforma en el seno del Ministerio de Presidencia y Justicia supone "un coladero" con el que el Gobierno socialista intentará introducir a jueces y fiscales afines en un estamento muy conservador. La falta de apoyo parlamentario del Ejecutivo de Pedro Sánchez ha paralizado la tramitación de la norma en el Congreso, pero el departamento de Félix Bolaños ya ha transformado su Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) en una institución de capacitación con 46 preparadores en nómina –todos jueces y fiscales de carrera y en ejercicio– que auxiliarán este mismo año a 100 aspirantes a lograr su plaza en cualquiera de esos cuerpos.

Se trata de un centenar de beneficiarios de las becas Seré del ministerio para facilitar el acceso de los candidatos de economías más modestas. Esas ayudas tienen, en el caso de jueces y fiscales, dos modalidades. La primera es la entrega de una cantidad –hasta 12.000 euros anuales– para seguir el sistema de preparación tradicional, con un juez o fiscal que actúe como preparador privado o matriculándose en una academia particular. En el segundo, parte de esa prestación económica se entrega "en especie" mediante la formación recibida en el CEJ por preparadores reclutados por esta institución que actúan bajo su propio plan de estudios. Sea cual sea la modalidad elegida, tanto las pruebas de acceso como el tribunal de la oposición serán los mismos para todos los candidatos, así que la posibilidad que airea la derecha judicial de seleccionar aspirantes por su ideología no tiene base.

Para ello, la dirección del Centro de Estudios Jurídicos, que tradicionalmente se encargaba de la formación inicial de fiscales –no de jueces, que van a la Escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)–, letrados de la administración de justicia (anteriormente conocidos como secretarios judiciales) y abogados del Estado, inició el pasado julio un "proceso de selección de docentes para la preparación de las oposiciones de acceso a las carreras judicial y fiscal". Para optar a una de esas plazas se necesita ser juez o fiscal en activo. Los candidatos son elegidos en función de criterios objetivos como los años de experiencia anterior como preparadores; su participación en cursos, jornadas, ponencias o seminarios en centros oficiales de formación en derecho y su antigüedad en la carrera judicial o fiscal.

Cada docente seleccionado de ese modo prepara a un máximo de cuatro aspirantes becados, a los que podrá asistir de forma presencial, telemática o híbrida. El servicio se presta al CEJ y es este organismo ministerial –y no los opositores, como hasta ahora– el que les abona sus retribuciones. Por cada uno de los becarios postulantes a juez o fiscal, los docentes, que compatibilizan esta actividad con el ejercicio jurisdiccional, cobran 300 euros al mes y, en caso de auxiliar en sus estudios a más de uno tendrán que pedir al CGPJ o la Fiscalía General la compatibilidad para realizar labores de preparación por más de 75 horas anuales. Entre los docentes seleccionados, nueve tienen su destino en Madrid, once en diversas provincias andaluzas, dos en Castilla y León, cinco en Galicia, dos en Euskadi, dos en la Comunitat Valenciana, dos en Cataluña, otros dos en Canarias, uno en Asturias, dos en Cantabria, dos en Extremadura, uno en Illes Balears y otro en Murcia.

Cuando la preparación sea presencial o híbrida, se realizará "en los espacios que se asignen por el CEJ en cada punto geográfico". Constará de dos sesiones semanales de al menos 30 minutos. Docentes y alumnos podrán utilizar la plataforma de formación del CEJ, así como acceder a la biblioteca virtual y a sus bases de datos jurídicas. El centro también puede impartir un taller de técnicas de comunicación oral y otro sobre gestión del estrés. Los preparadores se encargarán de planificar el contenido de las sesiones, guiar la preparación de los exámenes, realizar un seguimiento de cada uno de los becarios a los que asisten, informar al CEJ de la evolución de cada alumno trimestralmente y participar en las sesiones "formativas y de coordinación" que determine el centro. La disposición del proceso de selección de preparadores plantea, incluso, la posibilidad futura de "exámenes sobre lenguas extranjeras", que no corresponderían a estos profesores.

Estas nuevas funciones, ya creadas por el Ministerio a través de diversas órdenes ministeriales, adquirirán rango legal en caso de que la reforma del sistema de acceso salga adelante en las Cortes. El Proyecto de Ley Orgánica para la Ampliación y Fortalecimiento del las Carreras Judicial y Fiscal busca con estas nuevas atribuciones del CEJ para gestionar las becas y preparar oposiciones garantizar "la eliminación de cualquier barrera socioeconómica que afecte a los principios de igualdad, mérito y capacidad, y limite el acceso a estos cuerpos" a personas "que no cuenten con medios suficientes para ello". La preparación de estos exámenes de acceso dura de media unos cinco años de dedicación exclusiva, lo que impide de hecho obtener ingresos y dificulta el proceso a las franjas menos favorecidas. El centro aspira a complementar la oferta privada y aportará a la preparación "altos estándares de profesionalidad, medios humanos y tecnológicos, accesibilidad y transparencia".

"Ya están aquí los nuevos tribunales de instancia. El crimen se ha perpetrado", resume un artículo del último número de la revista de la asociación judicial conservadora-moderada Francisco de Vitoria, la segunda en número de miembros. Esos nuevos órganos generan "serias disfunciones organizativas derivadas de una reorganización sin inversión proporcional en jueces, personal, infraestructuras y tecnología", denunció la mayoritaria y de derechas Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ante la Comisión Europea en febrero. "Hemos pedido la dimisión de Félix Bolaños (...) por haber implementado una forma de organizar los juzgados que creemos que va a perjudicar el modo de trabajo y el servicio que prestamos", sostuvo en una entrevista el expresidente de Foro Judicial Independiente (la asociación que asegura que no es conservadora en contra de la percepción del resto de la carrera), Fernando Portillo, en noviembre.

Nadie dijo que fuera a ser fácil la implantación de los nuevos tribunales de instancia, creados por la Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia en enero de 2025. La única de las grandes reformas judiciales puestas en marcha por el Gobierno de Pedro Sánchez que ha visto la luz, supone dar la vuelta como un calcetín a la estructura que el sistema judicial español tiene desde el siglo XIX. Transformar 3.800 juzgados unipersonales que funcionaban como reinos de taifas con su propia oficina judicial cada uno de ellos en 431 tribunales divididos en diferentes secciones según órdenes jurisdiccionales –civil, penal, contencioso-administrativo y social– y especialidades –instrucción, familia, violencia sobre la mujer...– con una oficina judicial común formada por los mismos funcionarios que antes se repartían en la de cada juzgado. Un cambio radical que cambiará las dinámicas de trabajo y que tardará años en completarse hasta que los inmuebles, los sistemas informáticos y la nueva organización esté completamente engrasada.

Además, la reforma no solo implica al Ministerio de Justicia –el autor de la iniciativa y el que tiene que dotar de medios a las comunidades que administra–, también al CGPJ, que debe poner en marcha los reglamentos de funcionamiento y a las comunidades autónomas que tienen las competencias de Justicia transferidas (Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Catalunya, Cantabria, Madrid, Comunitat Valenciana, Galicia, Euskadi, La Rioja y Navarra), que deben proporcionar el personal y los medios a los órganos judiciales de sus respectivos territorios.

Se trata de un galimatías competencial que permite, además, maniobras y zancadillas políticas según el partido o la sensibilidad dominante que gobierne en cada una de las instituciones implicadas. Solo cuatro meses después de la entrada en vigor de la reforma, los consejeros de Justicia de Madrid, Andalucía, Comunitat Valenciana, Aragón, Cantabria y La Rioja (todas ellas gobernadas por el PP) escenificaron un plantón a Bolaños (PSOE) en la primera reunión de coordinación, en abril de 2025.

Pero los tribunales de instancia no es algo que Bolaños o sus predecesores socialistas se hayan inventado. Todas las asociaciones judiciales, sin excepción, se los reclamaron al Gobierno (del PP) en 2013. En un comunicado conjunto de hace 13 años, las tres asociaciones conservadoras (Foro Judicial Independiente sostiene que no lo es) y la progresista Juezas y Jueces para la Democracia –que, pese a apreciar disfunciones puntuales, es la única que valora los nuevos órganos– reclamaron en bloque esos tribunales y otras medidas contenidas en la ley de eficiencia que ahora tanto critican.

En ese comunicado no solo hablaban de los "tribunales de instancia colegiados", sino también de algo que ahora algunos les sonaría revolucionario, como "romper el vínculo entre juez y juzgado" y reformar el artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial que regula la oficina judicial para crear una única en estos nuevos órganos. También abogaban por métodos alternativos de resolución de conflictos recogidos en la norma –lo que el actual Ejecutivo denomina MASC– como la mediación, para reducir el número de asuntos en manos de los jueces.

La ley que finalmente se ha podido aprobar es, además, el cuarto proyecto que se tramita. Tanto el último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en 2011, como los de Mariano Rajoy (en 2014) trataron de sacar adelante leyes similares a la de eficiencia. La última iniciativa fallida fue elaborada por el segundo Ejecutivo de Sánchez (2022), pero fue directamente al cajón al convocarse las elecciones de 2023 sin que hubiera sido aprobada. Tanto los anteproyectos del exministro socialista Francisco Caamaño, como el de Alberto Ruiz-Gallardón (PP), fueron valorados positivamente por los informes del Consejo General del Poder Judicial.

Y lo mismo ocurrió con el que dio lugar a la ley actualmente vigente. "Se racionaliza el modelo judicial al introducir la colegialidad en todos los escalones de la jurisdicción, se facilita un uso eficiente de los medios personales y materiales (...), se promueve la homogeneidad de criterios y prácticas con el consiguiente beneficio para la seguridad jurídica y la igualdad en la aplicación de la ley, se favorece una sinergia positiva con el modelo de oficina judicial y se gana en flexibilidad organizativa", recogía el informe preceptivo aprobado por el anterior Consejo de mayoría conservadora, que, pese a esa buena valoración general, advirtió de algunos aspectos de la norma que, a su juicio, debían ser reconsiderados.

Trece años después, sin embargo, las tres asociaciones conservadoras (Foro insiste en que no lo es) están en pie de guerra contra la nueva organización que ellas mismas, (junto a JJpD), reclamaron, y que fue defendida reiteradamente por el CGPJ. Representantes de todas ellas, los presidentes de la mayoría de los tribunales superiores de justicia y también algunos vocales del Consejo dibujan una situación de caos en la que apuntan al Gobierno pero en la que muchas de las quejas, como las relativas al personal de las oficinas judiciales o los medios informáticos, no solo tienen que ver con el Ministerio, sino también con las comunidades implicadas. Y con el propio órgano de gobierno de los jueces, que 15 meses después de la entrada en vigor de la ley, no ha reformado aún los reglamentos que desarrollan la norma, entre ellos el de Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales.

Esa visión catastrofista, sin embargo, no se corresponde con los datos objetivos que manejan el Consejo y el Gobierno. El Pleno del órgano de gobierno de los jueces del pasado jueves tomó conocimiento de un informe con las disfunciones recogidas entre los distintos tribunales que, sin embargo no han provocado "suspensiones o demoras, más allá de casos puntuales". El departamento que dirige Bolaños reconoce algunos problemas concretos fruto del "cambio sustancial en el modo de organizar el trabajo", pero mediante varios indicadores –el número total de notificaciones o registros como el de penados, el de órdenes de protección, el de medidas cautelares, el de delincuentes sexuales o el de menores– ha comprobado que la actividad judicial es similar a la de los meses anteriores a la implantación de los nuevos tribunales.

La creación de 500 nuevas plazas judiciales por el Gobierno fue un anuncio histórico. Porque respondía a una demanda generalizada en la judicatura de derechas y de izquierdas. Pese a ello, la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CPGJ), Isabel Perelló, recibió de uñas la propuesta del departamento que dirige Félix Bolaños, con el que mantiene una tormentosa relación. Esa medida, según sostuvo Perelló el 3 de febrero, "no aborda ni resuelve el problema de fondo", que situó en "el grave déficit de jueces", como si para dar entrada a nuevos efectivos que superen esa carencia no fuera preciso darles previamente el puesto a ocupar. Casi mes y medio después, el Consejo ha enmendado la posición inicial de su presidenta y ha aprobado un informe que, como no podía ser de otra manera, valora muy positivamente la medida del Ejecutivo, que el propio órgano reclamó.

El informe, preceptivo para la aprobación final del decreto con la creación de las nuevas plazas, salió adelante en el Pleno del pasado jueves. Ese incremento que Perelló consideraba insuficiente en febrero, se estima en el estudio del Consejo "imprescindible". "La totalidad de las 500 plazas judiciales cuya creación está prevista en el proyecto de real decreto merecen informe favorable, al estimarse (...) que la creación de todas y cada una de estas plazas tiene carácter imprescindible en orden a lograr los objetivos de mejora perseguidos", dice su texto. "La creación de nuevas unidades judiciales", continúa, "con el déficit actualmente existente, redunda en una mejor prestación del servicio, reduciendo la pendencia y acortando los plazos de resolución y contribuye a garantizar a la ciudadanía la efectiva protección judicial de sus derechos".

Pese a las pegas planteadas por la presidenta nada más hacerse pública la medida, el documento subraya –como hizo Bolaños al anunciarla– que las nuevas plazas obedecen "a una necesidad que el Pleno del CGPJ, en su acuerdo de 9 de julio de 2025 ya evidenció". La enmienda a la totalidad expuesta por Perelló aquel 3 de febrero generó sorpresa en el Ejecutivo, que solo estaba planteando lo que el órgano del gobierno de los jueces le había pedido. Tras el acto, Bolaños recurrió a la ironía: “Me sorprende que el CGPJ solicite la creación de 500 nuevas plazas de jueces, que el Ministerio de Justicia, por primera vez en la historia de la democracia, lo conceda, y que no merezca ningún comentario positivo. Será en el próximo discurso, no hay que perder la paciencia”, dijo el ministro.

La primera autocorrección de Perelló a su inicial oposición a la histórica medida se produjo solo dos semanas después de su sorprendente discurso. El 18 de febrero, el CGPJ acordó con el Ministerio la convocatoria para este año de 375 plazas para juez entre opositores y otras 125 para magistrado escogidos por concurso entre juristas de reconocido prestigio con más de 10 años de experiencia profesional (el "cuarto turno"), para dar cobertura a las 500 nuevas plazas.

Las nuevas vacantes se cubrirán por concurso de traslado, pero claro, dejarán su correspondiente hueco en la base de la pirámide judicial. Con estas nuevas convocatorias de ingreso, el Gobierno consigue que se cumpla el cálculo legal de que una de cada cuatro nuevas plazas se cubra con juristas. Esa previsión ha sido sistemáticamente postergada por el órgano de gobierno de los jueces (el único que puede convocar "el cuarto turno"), hasta el punto de que en la plantilla total, los seleccionados por esa vía no llegan al 10%.

El documento informa a favor de todos y cada uno de los nuevos puestos, aunque plantea otros nuevos. En el Supremo, por ejemplo, reitera la necesidad de dos nuevas plazas en la Sala de lo Social –la que se encarga de los asuntos laborales y de la Seguridad Social–. También en la Audiencia Nacional, en la que "se valoran e informan positivamente" las cuatro nuevas plazas a crear en la Sala de lo Penal y los dos nuevos puestos para la sección de instrucción del Tribunal Central de Instancia (los antiguos juzgados centrales de instrucción), pero se reclaman tres plazas más para su Sala de lo Contencioso-Administrativo "por la elevada carga de trabajo, pendencia y complejidad de las materias que llegan a su conocimiento".

Y lo mismo con otros tribunales inferiores. Pero el Consejo no quiere que se sustituyan por las propuestas, sino que se sumen. Es decir, "que las previstas en el proyecto de real decreto se mantengan y se incluyan las que se han sugerido". El ministerio tiene previsto un nuevo decreto en 2027 a través del que se crearán otras 500 unidades judiciales más, según informaron a infoLibre fuentes de Justicia. Serán 1.000 las nuevas plazas en solo dos años, lo que pondrá a España a nivel de la media europea en la ratio de jueces por habitante.

La desautorización de la posición planteada por Perelló el pasado 3 de febrero –durante la entrega de despachos de la nueva promoción de la Escuela Judicial– es aún más patente si a la opinión del Consejo se suma la del resto de órganos judiciales consultados. Para la elaboración del informe, el órgano de gobierno de los jueces pidió la opinión de las salas de gobierno del Supremo, la Audiencia Nacional y los 17 tribunales superiores de justicia de ámbito autonómico. "La valoración general en todos estos informes es muy positiva en cuanto que la creación de plazas era una acuciante necesidad que (...) venían reclamando reiteradamente".

Era pues, una reclamación de toda la judicatura que, inexplicablemente, la presidenta del Consejo no quiso o no supo ver cuando el Ejecutivo la comunicó.

El Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado han acordado este miércoles la creación de 200 nuevas plazas de fiscales, una reivindicación histórica de la carrera fiscal, que se suma a las 500 plazas para jueces y magistrados anunciadas hace unas semanas, según recoge EFE.

Así lo ha avanzado el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en una rueda de prensa en la sede del Ministerio de Justicia tras mantener una reunión con la Fiscala General del Estado, Teresa Peramato.

El Gobierno va a aprobar, a petición de la Fiscalía, un real decreto para crear 200 nuevas plazas en la carrera fiscal del país, "el mayor numero nunca creado" y que pondrá solución a uno de los déficit que tiene la Justicia en España, según ha destacado Bolaños.

El titular de Justicia ha recordado que hace unas semanas el Gobierno ya anunció la creación de 500 nuevas plazas de jueces y magistrados, 375 por oposición y 125 por el cuarto turno. "De esta manera, vamos a convocar en este año una macroconvocatoria de oposición de jueces, magistrados y fiscales en nuestro país, una oposición a la carrera fiscal y judicial, una macroconvocatoria con 700 plazas", ha destacado.

Y ha insistido en que "nunca en la historia de la democracia se ha hecho nada ni parecido" y que esto es posible gracias a la Ley de eficiencia de la Justicia, porque -ha detallado- con el modelo anterior obligaba que cuando se creaba una nueva plaza de juez, había que crear un juzgado unipersonal, con un coste de medio millón de euros, mientras que ahora con los tribunales de instancia el coste es de 100.000 euros.

La oposición y desconfianza que la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, manifiesta públicamente contra las reformas y propuestas en materia judicial del Gobierno cada vez que tiene ocasión se percibe también en sus iniciativas en el órgano de gobierno de los jueces. Perelló, que llegó al cargo con la etiqueta de progresista, maniobra con los 10 vocales del sector conservador y con el díscolo propuesto por Sumar, Carlos Hugo Preciado, para colocar a personas afines al grupo de consejeros propuesto por el PP en cargos clave para iniciativas del Ejecutivo como la próxima creación de 500 plazas judiciales –anunciada por el ministro Félix Bolaños en enero– o el actual proceso de implantación de los tribunales de instancia que han sustituido a todos los juzgados unipersonales un año después de la entrada en vigor de la ley de eficiencia. Se trata, este último, de un proceso complejo en el que, además del Consejo y el Ministerio, participan 12 Comunidades Autónomas que deben dotar de medios a esos tribunales en sus respectivos territorios.

El sector progresista ha conseguido parar la última jugada de este tipo de la presidenta. La máxima responsable del órgano se alineó otra vez con los conservadores y Preciado para excluir al vocal progresista Luis Martín Contreras de la copresidencia (que ostenta junto al Secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo) del Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica (CTEAJE). Se trata de un organismo en el que están representados, además del Consejo y el Gobierno, la Fiscalía General del Estado y las Comunidades con competencias transferidas en materia de justicia (Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Cataluña, Galicia, La Rioja, Madrid, Navarra, País Vasco y Comunitat Valenciana) y que es fundamental para asegurar la implantación de los tribunales de instancia, los que sustituyen a los juzgados unipersonales, por aplicación de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia, en vigor desde enero de 2025.

El CTEAJE que copreside Martín Contreras es un órgano fundamental para la total transformación de la estructura judicial española que impone esa ley. Esta reordenación pasa por despojar los órganos unipersonales de sus respectivas oficinas judiciales para unirlos en un solo tribunal y así centrar a los jueces en su labor de juzgar, favorecer su especialización, y facilitar las sustituciones y la creación de nuevas plazas cuando sea necesario (que ya no tienen que ir acompañadas de toda la estructura burocrática de un juzgado con la consiguiente inversión). El CTEAJE es quien tiene que homologar y asegurar la compatibilidad e interoperabilidad de todas las herramientas informáticas en los nuevos tribunales de instancia, así como de las que sirven a los ciudadanos y otros operadores jurídicos como los abogados, fiscales o procuradores para comunicarse con ellos a través de internet. El órgano es esencial para la coordinación de todas las Administraciones competentes en la materia, al estar todas representadas: CGPJ, Gobierno, Fiscalía y Comunidades competentes.

Los progresistas rechazan la salida de Luis Martín Contreras, pero Perelló les ha adelantado ya que los conservadores quieren cambiarlo y que ella y Preciado están de acuerdo con los vocales a propuesta del PP, y les ha conminado a llegar a un acuerdo con ellos. La apuesta implica dejar otra vez al sector progresista en minoría mediante el alineamiento de la presidenta y el vocal de Sumar con los 10 consejeros conservadores (12 votos contra nueve). Se trata de la misma mayoría que dio el control del órgano de gobierno de los jueces a los conservadores el pasado octubre, otorgándoles mayoría en las comisiones más importantes del órgano, lo que provocó una profunda crisis entre los dos sectores de la institución. Los vocales a propuesta del PSOE y Sumar que se mantienen en el sector progresista (todos menos Preciado) han rechazado la maniobra y han conseguido, momentáneamente, que, en el Pleno de este jueves, la propuesta salte del orden del día.

La presidenta, junto a Preciado, ya formó mayoría con los conservadores en la designación de otro cargo clave para las propuestas del departamento de Bolaños. Fue en el último Pleno del pasado enero cuando volvió a votar con los consejeros propuestos por el PP para poner a una jueza de la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) al frente de la Sección de Planta Judicial del Consejo. Ese departamento de los órganos técnicos del CGPJ ha adquirido un peso determinante desde que el ministro de Presidencia y Justicia anunciara la creación de 500 plazas judiciales nuevas este año –la mayor disposición de nuevos puestos de la historia–, a las que se sumarán otras 500 en 2027, según fuentes del Ejecutivo.

Pese a que la decisión del Ministerio de crear esas nuevas plazas se adoptó a petición del Consejo y en los tribunales que este propuso hace apenas unos meses, la iniciativa, ampliamente demandada por la judicatura, no gustó en principio a Perelló, que aseguró que la medida "no abordaba ni resolvía" el problema. Al final ha acordado con Bolaños que las nuevas vacantes se cubran mediante la convocatoria por el Ministerio de 375 puestos para opositores y otras 125 para juristas de reconocida competencia que debe sacar el CGPJ. Los nuevos puestos cuya creación ha avanzado el Ministerio suponen un incremento del 16% en solo dos años. La medida dará cumplimiento a una reclamación secular de la judicatura –tanto de derechas como de izquierdas– que equipara la ratio de jueces por habitantes a la media europea.

El alineamiento de Perelló con Preciado y los conservadores volvió a repetirse en el Pleno del 11 de febrero. En esta ocasión, esa mayoría de 12 votos propiciada por ambos sirvió para designar a los vocales que se encargan de las relaciones del Consejo con las asociaciones judiciales. Los progresistas propusieron que la persona que les tocaba por reparto fuera la fiscala Inés Herrero, vocal a propuesta de Sumar, para ejercer esa función junto al conservador José Antonio Montero. Pero la jugada sirvió para que la cuota progresista fuera finalmente cubierta por el propio Preciado al que, a pesar de haber sido propuesto también por Sumar, el resto de progresistas no consideran de su grupo.

Desde la última renovación del CGPJ, en junio de 2024, el bloque conservador no ha tenido ni una sola fisura en su seno a la hora de afrontar las decisiones más importantes lo que ha provocado que, con el apoyo de la presidenta y el vocal progresista disidente, el primer órgano de gobierno de los jueces designado bajo la presidencia de Pedro Sánchez haya basculado a la derecha.

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) anunció el pasado jueves un acuerdo con el Gobierno por el que, además de las 91 nuevas plazas judiciales para ese territorio –500 para todo el Estado– que creará en los próximos meses el Ejecutivo de Pedro Sánchez, se aprobarán otras 90 más a lo largo de 2027. Ese incremento adicional de la planta catalana, que según los republicanos será una herramienta más para luchar contra la multirreincidencia, se enmarca en otro aumento de un total de 500 plazas más el año que viene en todo el Estado. Si lo consigue, el Estado habrá sacado adelante en solo dos años el mayor aumento de puestos para jueces y magistrados de la democracia, con mil plazas más, dando cumplimiento a una reclamación histórica de la judicatura. En un bienio se pasaría de aproximadamente 5.900 plazas a 6.900, un 17% más.

La nota sobre el acuerdo entre el Ejecutivo y ERC difundida por los republicanos explicaba que tanto el incremento previsto para este año (91 plazas en Cataluña, 500 en todo el Estado) como el logrado con el pacto alcanzado el jueves "se enmarcan en el crecimiento de la planta judicial en todo el Estado gracias a la ley de eficiencia". Fuentes del Gobierno confirman que ese crecimiento de la planta judicial al que se refieren los republicanos no abarca únicamente el real decreto que aprobará el de este año. Los planes del Ministerio de Presidencia y Justicia pasan por elaborar una nueva disposición en 2027 con la que se creen 500 plazas más, entre las que se encuentran las 90 acordadas con la formación que preside Oriol Junqueras, según fuentes del departamento que dirige Félix Bolaños.

El ministerio trabaja ya en la elaboración del real decreto correspondiente a las nuevas 500 plazas a crear este año. El borrador de la norma ha sido enviado al Consejo General del Poder Judicial y a las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias de justicia –es decir, todas salvo Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Illes Balears, Murcia, Ceuta y Melilla– para que elaboren sus informes. Pese a que el incremento de plazas judiciales es una reclamación histórica de los jueces españoles –tanto de izquierdas como de derechas–, la presidenta del órgano de gobierno de los jueces, Isabel Perelló, criticó la creación de los 500 nuevos puestos asegurando que "no aborda ni resuelve el problema de fondo". La queja del máximo cargo judicial español se produjo pese a que las plazas se crearán a petición expresa del Consejo que dirige –las reclamó el pasado julio– y en los órganos señalados por esa misma institución.

Crear estos nuevos destinos –tanto los 500 de este año como los 500 más del que viene– es el primer paso para incrementar la plantilla de jueces, secularmente reducida en España en proporción a la población. El Gobierno, al tener los presupuestos prorrogados, asegura que solo podrá sacar 200 plazas para opositores, como el año pasado y el anterior, y reclama al CGPJ –el único con capacidad para hacerlo– que apruebe una convocatoria de lo que en jerga judicial se denomina "cuarto turno", el sistema de acceso por concurso previsto para juristas de reconocida competencia con más de 10 años de ejercicio profesional. Pese a que según establece la ley, el 25% de los jueces españoles debería ingresar por este sistema, el Consejo se resiste a iniciar el proceso. La última vez que lo hizo fue en 2023. El resultado es que los jueces del "cuarto turno", que deberían ser uno de cada cuatro, no alcanzan el 10% del personal.

En su discurso del 3 de febrero, en el que se quejó del incremento de plazas que había pedido, la presidenta del CGPJ avanzó que no cooperaría para cubrir los nuevos puestos creados a demanda de su órgano, con sus propios medios, es decir, con convocatorias para seleccionar magistrados a través del "cuarto turno". Fuentes del Ejecutivo aseguran que, al contrario que el ministerio, el gobierno de los jueces cuenta con presupuesto propio que le permite sacar las plazas que sean necesarias, además de tener la obligación de llenar ese déficit de jueces procedentes de otras profesiones jurídicas con 10 años de experiencia hasta llegar a ese 25%. Perelló se alinea así de nuevo con los vocales a propuesta del PP que reclaman al Ejecutivo que convoque más plazas para opositores. Este último método, dar entrada a opositores jóvenes y sin ningún tipo de trayectoria previa, es el sistema favorito de la derecha judicial al constituir el vivero de las principales asociaciones conservadoras.

Pese a la escenificación pública por parte de Perelló de su nuevo choque con el Ejecutivo, el Ministerio y el Consejo continúan con las negociaciones para decidir cómo se cubrirán finalmente las nuevas plazas una vez que estén creadas. Si el Consejo, como anunció Perelló, se niega a colaborar en este paso histórico necesario para poner el sistema judicial español a la altura del resto de Europa, los puestos tendrán que proveerse con sustituciones ordinarias (jueces que acepten cubrir varias plazas con un incremento salarial), magistrados suplentes (seleccionados entre juristas por las salas de gobierno de los tribunales superiores de cada comunidad) y jueces en expectativa de destino recién salidos de la Escuela Judicial y que, al no haber plaza para ellos, quedan a disposición del CGPJ.

Pese a las resistencias y las críticas de Perelló y los vocales conservadores, tanto el Gobierno como el sector progresista del Consejo dan por seguro que el informe preceptivo del órgano de gobierno de los jueces será favorable. Lo contrario sería oponerse a una medida que trata de solucionar una necesidad estructural de la judicatura española y ampliamente demandada por el cuerpo y todas las asociaciones corporativas conservadoras y progresistas. Rechazar un real decreto que atiende una reclamación secular como esa y hecho a petición y a medida del propio Consejo, sería una posición difícilmente explicable.

La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial criticó el pasado 3 de febrero el histórico incremento de 500 plazas judiciales que se dispone a aprobar el Gobierno pese a que ese aumento es una reclamación histórica de la judicatura que, además, había reiterado el Consejo que ella dirige el año pasado. Pero hubo una segunda razón por la que su discurso durante la entrega de despachos a los jueces recién salidos de la Escuela Judicial causó una enorme sorpresa en el sector progresista del órgano de gobierno de los jueces. Perelló compró con sus palabras la teoría conspirativa que agita la derecha política y judicial contra el Gobierno de Pedro Sánchez: que el Ejecutivo pretende rebajar el nivel de exigencia de las pruebas para entrar en las carreras judicial y fiscal.

En su alocución a los nuevos miembros de la carrera, la presidenta aprovechó cada minuto para alabar el sistema actual, una oposición puramente memorística y de recitación de origen decimonónico, que aparta de la sociedad durante casi un lustro a los candidatos, no da nada a los que no la superan tras el esfuerzo y afecta en muchos casos a su salud mental. "Habéis llegado a la condición de juez únicamente por vuestro esfuerzo y disciplina, al superar unas pruebas objetivas que garantizan el pleno conocimiento y el dominio del ordenamiento jurídico, y por ello, no debéis nada a nadie", afirmó Perelló obviando que ni la capacidad deductiva, ni la de relacionar conceptos, ni los idiomas, ni las habilidades de redacción ni la aptitud psicológica se evalúan en el proceso de selección.

Después, en lo que pareció una referencia al proyecto de ley orgánica que tramita el Congreso para la reforma del acceso a las carreras judicial y fiscal, que introduce pequeños cambios en las pruebas de ingreso actuales, se ató al mantra que las asociaciones de jueces y fiscales conservadoras (todas menos Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales) sostuvieron para declarar una huelga ilegal el pasado julio. "Tampoco cabe reducir el nivel de exigencia ni la formación requerida, pues ello puede comprometer la calidad del sistema y, en definitiva, la efectividad de la tutela de los derechos de los ciudadanos que las leyes proclaman", dijo Perelló, que compartía mesa presidencial con el Rey y el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños. Solo le faltó añadir lo que sostiene sin ningún fundamento la derecha judicial y fiscal: que ese menor nivel para acceder a la carrera busca abrir la puerta a jueces afines al Ejecutivo.

La realidad es que la norma deja la organización de las pruebas al mismo organismo que las gestiona actualmente –la comisión de selección– que propone el temario, el contenido de los ejercicios de las pruebas de acceso y las normas complementarias, además de nombrar a entre dos y tres de los miembros de los tribunales que evalúan a los aspirantes. En esa comisión es el Consejo el que tiene la mayoría al designar a cuatro de sus ocho miembros (un vocal, un magistrado, un técnico de la institución y el director de la Escuela Judicial). De los cuatro restantes, dos los elige la Fiscalía y otros dos proceden del ministerio (el director del Centro de Estudios Jurídicos y un subdirector general). En esas condiciones, si bajara el nivel de exigencia de la oposición o de los concursos para la elección de juristas de reconocida competencia, sería en gran parte achacable al propio Consejo.

Lo mismo ocurre con los tribunales que hacen las pruebas, que tampoco cambian con el proyecto del Gobierno. El presidente se elige por acuerdo del CGPJ y la Fiscalía. El órgano de Gobierno de los jueces designa, además, a dos magistrados e, indirectamente, a través de la comisión de selección, elige a un catedrático y a un abogado de entre las ternas que le envían el Consejo de Universidades y el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE). El Ministerio Público aporta dos fiscales, mientras que el ejecutivo elige solo a dos: un abogado del Estado y un letrado de la Administración de Justicia (el cuerpo que anteriormente se conocía como secretarios judiciales). ¿Qué sentido tiene rebajar la exigencia de la oposición si los que la organizan y los tribunales que tienen la última palabra sobre los que aprueban o no son en su mayoría jueces y fiscales entre otros cargos del Consejo?

Que las sospechas lanzadas por Perelló –que el Gobierno pretende reducir el nivel de exigencia para convertirse en juez– carecen de fundamento se deduce también del informe elaborado por el propio Consejo que preside sobre el anteproyecto. El órgano de gobierno de los jueces, avaló por unanimidad (es decir, también con el voto de la presidenta), la reforma con la inclusión de algunas objeciones y propuestas de mejora. Pero ni los progresistas, ni los conservadores, ni la propia Perelló afirmaron en ese informe preceptivo para la reforma que se estuviera facilitando el acceso a la judicatura (y la Fiscalía).

El sistema de oposición vigente supone, básicamente, recitar más de 300 temas como un papagayo ante un juez preparador que, a menudo, cobra en sobres. Pasar una media de cinco años encerrado diez horas al día memorizando leyes y sentencias que están al alcance de todos en bases de datos desde hace lustros sin ningún contacto con la realidad en lo mejor de la vida. Con el riesgo de que sea un esfuerzo que vaya a la basura, en caso de no sacar la oposición. No valorar los idiomas, ni las habilidades prácticas, ni la capacidad de redacción o motivación. Tampoco los conocimientos sociales, políticos o económicos. Sin un examen psicológico previo.

El proyecto de ley orgánica, actualmente en tramitación parlamentaria, pero estancado por la falta de apoyos del Ejecutivo, generaliza las becas para opositores que hasta ahora aprobaba el Gobierno y las incrementa hasta el Salario Mínimo Interprofesional. También establece el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), el equivalente a la Escuela Judicial para los fiscales y otros cuerpos jurídicos estatales, como centro público y oficial de preparación "que complementa la oferta privada aportando a la labor de preparación altos estándares de profesionalidad, medios humanos y tecnológicos, accesibilidad y transparencia", según la exposición de motivos. Es decir, que el que quiera seguir con el modelo tradicional de pagar a un juez para ese proceso, podrá hacerlo como hasta ahora. Eso sí, esos jueces tendrán que pedir permiso al CGPJ para desarrollar esa segunda actividad, lo que acabaría con la opacidad.

En cuanto a los ejercicios concretos, el anteproyecto reduce a una las pruebas orales, que "en ningún caso podrá consistir en una mera exposición memorística". En ella, los candidatos deberán mostrar sus "competencias técnicas y analíticas" así como "una preparación técnico-jurídica suficiente concretada en el conocimiento de la norma jurídica", pero también "analizando con corrección los problemas que plantean y obteniendo conclusiones generales". A ella se suma "una prueba escrita eliminatoria" consistente en la resolución de uno o varios casos prácticos. En este segundo examen se valorará la "capacidad de redacción escrita y argumentación, lógica deductiva, razonamiento y motivación en relación con el supuesto o supuestos que se sometan a su valoración".

El proyecto obliga, además, a convocar al mismo tiempo las oposiciones a juez y los concursos para la selección de magistrados procedentes de profesiones jurídicas con más de 10 años de experiencia. La ley establece desde 1985 que una de cada cuatro plazas debe cubrirse con estos expertos juristas, pero el Consejo, que es el órgano que puede abrir el proceso, se resiste a convocarlo (no lo ha hecho desde 2023), lo que ha provocado que, en lugar de suponer el 25% de la plantilla, no lleguen al 10%. Esta resistencia ha vuelto a provocar un conflicto entre el Consejo y el Ejecutivo, que reclama al órgano de gobierno de los jueces que inicie de una vez ese proceso para cubrir parte de las 500 nuevas plazas que se crearán en los próximos meses. La derecha judicial siempre ha preferido a jueces de carrera procedentes de la oposición que, tradicionalmente, han supuesto el vivero de las asociaciones más conservadoras.

La ley contra la violencia vicaria no se aprobará el próximo martes en el Consejo de Ministros, como preveía el Ministerio de Igualdad: el Gobierno ha decidido aplazar su aprobación para dar margen a la negociación entre los distintos ministerios, tras las reticencias mostradas por Juventud e Infancia.

Pese a la intención de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, de elevar la ley al Consejo de Ministros la próxima semana, las diferencias entre los distintos departamentos gubernamentales y la decisión del Ministerio de Juventud e Infancia de descolgarse del proyecto han llevado al Ejecutivo a dar más tiempo para consensuar el texto con todas las partes, según fuentes conocedoras de la negociación.

Este jueves, el departamento de Sira Rego anunciaba que se desmarcaba del proyecto como ministerio coproponente ante la negativa de Justicia a modificar cuestiones que podrían implicar riesgos para la protección de las víctimas, como advirtieron asociaciones feministas.

Juventud e Infancia planteaba modificaciones relativas a la tipificación de la violencia vicaria, el régimen de visitas, la patria potestad y el derecho de escucha de niños, niñas y adolescentes. Y lo hacía después de que la Coordinadora Estatal para la Erradicación de la Violencia Vicaria y la Violencia de Género Institucional enviara una carta a ese ministerio, Justicia e Igualdad, en la que advertía que el texto legal, tal y como estaba planteado, podría dejar a las madres víctimas en una situación de inseguridad jurídica.

Esta coordinadora defendía en su escrito que la tipificación de la violencia vicaria no se puede hacer de "cualquier forma", expresaba su "gran preocupación ante las propuestas planteadas" y pedía que la ley no se limite a retoques superficiales o a crear figuras nuevas que entren en contradicción con el concepto de violencia vicaria, como un delito neutro de violencia vicaria sin relacionarlo con la violencia machista.

En respuesta, la posición de Juventud e Infancia fue defender que es inaceptable que el texto actual siga permitiendo al agresor mantener contacto con hijos e hijas víctimas de violencia vicaria o de género y señalar que no queda garantizado el derecho de escucha de los menores. Ante la negativa de Justicia de modificar los aspectos citados, Juventud e Infancia decidió retirarse del proyecto como coproponente. Sin embargo, el Gobierno quiere intentar sacar adelante el texto con consenso y por eso se ha ampliado el plazo de la negociación.

Fuentes de Igualdad aseguran que "se negociará todo lo que sea necesario para sacar un buen texto". El pasado miércoles, Redondo reconocía que se trata de un "texto delicado" y precisaba que se intentaría conciliar las demandas de las víctimas con una "técnica legislativa correcta".

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha anunciado en su cuenta de X que se querellará contra Víctor de Aldama, el empresario investigado por el caso de las mascarillas junto a Koldo García, José Luis Ábalos y Santos Cerdán.

Aldama fue entrevistado la noche del pasado miércoles en el programa El Análisis: Diario de la Noche, de Telemadrid. Allí, aseguró sin aportar ningún tipo de prueba que el ministro intentó sobornarle. "El señor Bolaños contactó con mi jefe de comunicación para ofrecerme mucho dinero para que yo me callara", recalcó.

Bolaños confirmó su querella en una respuesta en redes a un mensaje de la cuenta oficial del Partido Popular que le preguntaba al ministro si era verdad que conocía a Víctor de Aldama. "No conozco a este señor ni a su Dircom", aseguró Bolaños que aprovechó para preguntar al PP si le iban a pedir perdón por "propagar este bulo".

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha calificado de "discurso político" las palabras de la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, que ayer denunció "presiones externas directas" y "formas de influencia indirectas" a los jueces, según informa EFE.

En declaraciones a los medios antes de participar en unas jornadas de debate sobre el proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal, Bolaños ha expresado su respeto "a los discursos políticos que se leen" tras ser preguntado por las críticas ayer de Perelló en Barcelona, en la entrega de los despachos a los 121 integrantes de la 74 promoción de jueces, en un acto presidido por el rey Felipe VI.

La presidenta del CGPJ afirmó que la creación de 500 plazas judiciales "no aborda ni resuelve el problema de fondo" del "déficit" de jueces y pidió protección para el colectivo ante "presiones externas directas" y "formas de influencia indirectas".

El ministro de Justicia se ha mostrado, además, sorprendido por "el lugar" en el que se hicieron estas críticas, en presencia del rey.

"Me sorprende que el CGPJ solicite la creación de 500 nuevas plazas de jueces, que el Ministerio de Justicia, por primera vez en la historia de la democracia, conceda la creación de 500 nuevas plazas de jueces y que no merezca ningún comentario positivo. Será en el próximo discurso. No hay que perder la paciencia", ha bromeado.

El ministro ha advertido, no obstante, de que "el inmovilismo no lleva a ninguna parte" y ha asegurado que desde su departamento seguirá trabajando en las reformas que necesita la Justicia.

"A nosotros en el inmovilismo no nos van a encontrar, nos van a encontrar en las reformas que necesita la Justicia y vamos a seguir trabajando para implementarlas porque son imprescindibles para que tengamos una justicia de calidad del siglo XXI y bien valorada por la ciudadanía", ha concluido.

Dirige un órgano constitucional y es la sexta autoridad del Estado. Pero desde que Isabel Perelló accedió a la presidencia del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo no ha dado una sola entrevista en medios de comunicación. Sin embargo, aprovecha cada discurso en sus actos protocolarios para meter el dedo en el ojo al Gobierno. Este martes, el escenario ha sido la entrega de despachos de la nueva promoción de jueces. La presidenta ha asegurado que la creación de 500 plazas judiciales –la mayor de la historia– anunciada por el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, a petición del propio CGPJ, "no aborda ni resuelve el problema de fondo". Perelló ha alertado del "grave déficit de jueces", pero se queja de que el Ejecutivo cree los puestos necesarios para paliarlo y anuncia que su organismo carece de competencias para colaborar en el proceso en contra de lo que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Las palabras de la presidenta del Consejo han causado un profundo impacto en el sector progresista del Poder Judicial y también en el Gobierno, presente en el acto. El déficit de jueces por habitante en España respecto a los países europeos de nuestro entorno es una queja secular de la judicatura. De la de derechas y de la de izquierdas. Para paliarlo, en primer lugar, hay que crear las plazas judiciales necesarias para que después se puedan cubrir con nuevos jueces. El propio CGPJ reclamó al Gobierno el año pasado 507 nuevas plazas y señaló los tribunales concretos en los que había que crearlas. El Ejecutivo anunció hace dos semanas la creación de 500 nuevos puestos en lo que supone el mayor incremento jamás aprobado. El departamento de Bolaños siguió, además, el criterio del Consejo y los situó en los destinos en los que el órgano de gobierno de los jueces se lo reclamaba. A Perelló, ahora, le parece, sin embargo, una mala idea.

"El reciente proyecto de creación de nuevas plazas judiciales es una buena noticia, pero no aborda ni resuelve el problema de fondo", ha dicho Perelló ante el rey y Bolaños. "Aun cuando se amplía el número de plazas o despachos, no incrementa el número real de jueces disponibles. Se crean plazas adicionales, pero sin aumentar a la vez el número de jueces, de modo que las plazas vacantes seguirán creciendo y las dilaciones se irán incrementando". Es decir, que si antes el problema era que no había suficientes plazas judiciales, ahora el obstáculo va a ser cómo cubrirlas, porque de no hacerlo, el atasco judicial no irá más que en aumento –por culpa del Gobierno, según la presidenta– con más puestos a cubrir con la misma plantilla. Lo dijo como si el organismo que dirige no tuviera herramientas para el ingreso de más plantilla para los nuevos puestos.

En España existen dos métodos principales para ingresar en la judicatura. El primero es el turno libre, la oposición pura y dura, cuatro o cinco años recitando de memoria como un papagayo, desconectado de la sociedad y pagando los servicios de un preparador que normalmente es un juez o fiscal que completa así sus ingresos mensuales. El segundo es el denominado "cuarto turno", por el que, en teoría, deberían cubrirse una de cada cuatro plazas mediante un concurso de méritos entre juristas de reconocida competencia (abogados, catedráticos, fiscales, letrados de la administración de justicia, registradores, abogados del Estado...) con más de 10 años de experiencia.

Esta segunda vía ha sido sistemáticamente postergada por los sucesivos Consejos que se han negado a convocar esas plazas como impone la ley. El 25% de la judicatura debería estar formada por juristas con experiencia previa en otros campos, pero la resistencia del CGPJ a facilitar su entrada hace que no lleguen al 10%. Fuentes del Ejecutivo aseguran que las plazas que el órgano de gobierno de los jueces ha dejado de cubrir por este método de ingreso superan las 700 desde la aprobación de la reforma legal que lo introdujo en 1985. La institución que dirige Perelló es la única que puede garantizar que exista ese porcentaje de magistrados procedente de otras profesiones jurídicas, porque es la única competente para convocar los concursos con los que acceden a la carrera. Mientras que las plazas de juez previstas para opositores se ofertan cada año –las convoca conjuntamente el Gobierno y el Consejo– , las previstas para juristas con más de 10 años de ejercicio profesional –que convoca exclusivamente el Consejo– salieron por última vez en 2023.

La coyuntura parlamentaria actual del Gobierno le impide cubrir mediante opositores las 500 plazas que va a sacar. El problema es la falta de apoyo para aprobar los Presupuestos, que ha obligado a prorrogar los de 2023, en los que solo se previó una convocatoria para 200 aspirantes. El proyecto de ley de las nuevas cuentas del Estado que, por el momento permanece paralizado, prevé la convocatoria, en 2026, de 400 plazas por ese método, pero mientras no se apruebe, se quedarán en la mitad. El CGPJ, sin embargo, carece de esas restricciones financieras al ser un órgano constitucional con presupuesto propio, por lo que, según fuentes del Gobierno, del propio Consejo y de las asociaciones judiciales, podría perfectamente aprobar una nueva convocatoria del cuarto turno. Solo el Consejo puede conseguir que un cuarto de los jueces procedan de otras profesiones jurídicas como establece la ley, pero se niega a hacerlo.

Sin embargo, Perelló, en su discurso de este martes, ha anunciado lo contrario. Que el Consejo que preside no tiene la menor intención de paliar esta falta de jueces que denuncia mediante los mecanismos a su alcance. "El Poder Judicial carece de presupuesto y de competencias para aumentar el número de jueces", ha afirmado. Después ha lanzado un dardo al ministerio que atendió su petición de crear 500 plazas: "Es necesaria una planificación realista, inversión, presupuestos y cooperación institucional". Es decir, que, según la presidenta, pese a que los nuevos puestos se crean a petición del Consejo, todo se ha hecho mal. La preferencia de Perelló por los opositores en lugar de por los juristas de reconocida competencia casa con la de la derecha judicial. Una gran parte de los que ingresan en la carrera por oposición acaba en las asociaciones profesionales más conservadoras y corporativas.

La presidenta del CGPJ es consciente de que una convocatoria de cuarto turno es, actualmente, la vía más rápida para cubrir las nuevas plazas creadas por el Gobierno con magistrados estables y de carrera. Si no se sacan esas plazas habrá que recurrir a las sustituciones ordinarias –que el titular de una plaza ejerza las funciones de otra por un salario mayor–, los jueces recién salidos de la Escuela Judicial y en expectativa de destino o los jueces sustitutos. Así se lo transmitió el departamento de Bolaños al Consejo en una reunión que mantuvieron el pasado 27 de enero. Los dos vocales conservadores que asistieron al encuentro, como parece hacer ahora Perelló, reclamaron que el Gobierno convocara oposiciones, algo que, con presupuestos prorrogados, asegura que no puede hacer.

En esas conversaciones el Ejecutivo explicó que sus intenciones son convocar en los próximos tres años un total de 2.600 plazas que, teniendo en cuenta las jubilaciones previstas para ese período (1.000), supondrían un aumento de la plantilla judicial de 1.600 personas (de los 5.900 actuales se pasaría a 7.500). La idea es convocar cada año 360 plazas para opositores y 120 para juristas de reconocida competencia. Otras mil plazas serían cubiertas por los jueces sustitutos que se acojan a un proceso de regularización de su situación laboral. El problema es que, para que esos planes se conviertan en realidad tendría que aprobarse el proyecto de Ley Orgánica para la Ampliación y Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal –el que reforma el sistema de acceso a ambos cuerpos– que, sin embargo, como los Presupuestos, se encuentra paralizado ante la falta de apoyos del Ejecutivo en el Parlamento.

Desde la Transición hasta el final de la actividad de ETA en 2011, el terrorismo convirtió el País Vasco en uno de los destinos menos deseados por jueces, fiscales, letrados de la administración de justicia (denominados anteriormente secretarios judiciales) y demás personal al servicio de juzgados y tribunales. El Gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo (UCD) asignó en 1981 33 viviendas propiedad de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda al Ministerio de Justicia para que las utilizara como un incentivo que atrajera a todo el personal de esos cuerpos a los juzgados y tribunales de Euskadi gracias a la posibilidad de ocuparlas de manera gratuita.

Durante los últimos 44 años, el presidente de turno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, la máxima autoridad judicial en ese territorio, ha sido quien ha establecido y aplicado los criterios por los que se decidía quiénes ocupaban esas viviendas y quien ha autorizado su uso a sus ocupantes. El pasado 10 de septiembre el Ministerio de Justicia decidió recuperar los inmuebles con la idea de acabar con ese privilegio que, 14 años después del cese de la actividad de la banda y cuando se cumplen siete de su disolución definitiva, había perdido el sentido.

Además de este incentivo, el personal de estos cuerpos judiciales, tuvo otros fundamentados en la violencia y el rechazo que generaban en parte de la sociedad. Jueces, fiscales y letrados de la administración de justicia fueron considerados objetivos de ETA desde el asesinato a tiros del magistrado de la Audiencia de Bizkaia José María Lidón en 2001. Por esa razón, los destinados en el País Vasco y Navarra obtuvieron un plus salarial (todavía previsto en la ley que regula sus retribuciones) similar al que cobran los que ocupan plazas en Canarias, Ceuta o Melilla. Las medidas estatales para atraerlos a Euskadi se compaginaban con otras del Gobierno vasco. Una de ellas fue la subvención de parte de los intereses de las hipotecas de los jueces que compraran una vivienda en cualquiera de las provincias vascas.

Los 33 pisos pertenecientes al Ministerio de Justicia los administraba desde 1981 el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (plaza que actualmente ocupa Iñaki Subijana). Tras el final de ETA, su existencia comenzó a ser percibida por la judicatura y la fiscalía vasca como un privilegio muy polémico entre los integrantes de ambas carreras. El resto de jueces, fiscales y letrados de la administración de justicia que tienen que sufragarse sus propias viviendas en régimen de propiedad o alquiler como cualquier otro ciudadano lo veían como un agravio comparativo, según fuentes judiciales vascas. El salario mínimo de un juez nada más ingresar en la carrera supera los 45.000 euros brutos al año.

44 años después de que se pusieran a disposición del Tribunal Superior y 14 tras el fin de las acciones de la banda terrorista, el Ministerio ha decidido recuperar el control de esos inmuebles, mediante una resolución aprobada el pasado 10 de septiembre. La decisión devuelve al Gobierno "la competencia en materia de autorización y revocación del uso de las viviendas". Fuentes del departamento que dirige Félix Bolaños explican que el siguiente paso será revocar su adscripción a Presidencia y Justicia para que vuelvan a quedar a disposición de Patrimonio del Estado. Este trámite se hará a medida que los actuales ocupantes de los inmuebles los vayan abandonando por cambios de destino o cualquier otra circunstancia.

Fuentes del Ejecutivo explican que la idea es que todo ese patrimonio inmobiliario pase ahora a la nueva empresa estatal de vivienda del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, Casa 47. Entre las funciones de esta entidad está la creación de parque estatal de vivienda asequible y protegida para siempre. Dicho parque se nutrirá inicialmente de viviendas y suelos procedentes de diversos organismos públicos de los diferentes ministerios que se sumarán a otros 40.000 inmuebles procedentes de la Sareb, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria.

Jueces de izquierdas y de derechas, de manera sistemática y prácticamente desde la llegada de la democracia, han demandado a los sucesivos Gobiernos que resuelvan el déficit de jueces por habitante que sufre España en comparación con el resto de democracias europeas. El Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene previsto en los próximos seis meses dar un enorme salto en esa dirección con la creación este mismo año de 500 nuevas plazas judiciales, el mayor incremento desde la aprobación de la Constitución. Sin embargo, la noticia no ha sido bien acogida por el sector conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El Ministerio de Justicia propone que gran parte de las vacantes se cubran mediante convocatorias para juristas de reconocida competencia con más de diez años de experiencia, el denominado "cuarto turno". Los vocales a propuesta del PP, sin embargo, lo rechazan y exigen a su titular, Félix Bolaños, que incremente las convocatorias de acceso por oposición, el vivero tradicional de la derecha judicial, algo que el Gobierno no puede hacer sin unos nuevos presupuestos.

El ministerio ya está trabajando con el Poder Judicial y las comunidades autónomas con las competencias de Justicia transferidas para elaborar el real decreto que creará las nuevas plazas. Fuentes del Ejecutivo aseguran a infoLibre que prevén aprobar esa norma en un plazo de seis meses, una vez que reciban los informes del órgano de gobierno de los jueces y de los Ejecutivos autonómicos. Para la cobertura de las vacantes –que irán a los tribunales más atascados que ha señalado el propio Consejo–, Justicia se enfrenta, sin embargo, a dos problemas. El primero es la aprobación de la reforma del sistema de acceso –el proyecto de Ley Orgánica para el Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal–, paralizado en el Congreso por la actual falta de apoyos parlamentarios del Ejecutivo. En caso de que se apruebe, el departamento de Bolaños prevé incorporar 480 nuevos jueces anualmente en los próximos tres años, además de iniciar un proceso de estabilización que daría entrada a unos 1.000 jueces sustitutos y magistrados suplentes. La plantilla judicial se incrementaría, en ese caso, en 1.600 personas en el próximo trienio, teniendo en cuenta las jubilaciones que se produzcan.

El segundo problema al que se enfrenta el Ejecutivo para contratar nuevos jueces es la ausencia de Presupuestos Generales del Estado. Los últimos, que se aprobaron en 2023, preveían la convocatoria anual de 200 plazas y ese mismo número será el que se oferte este año en caso de que no haya nuevas cuentas. El proyecto de Presupuestos para 2026, por ahora paralizado, contempla una convocatoria de 400 puestos. Cuando se aprueben las 500 nuevas plazas judiciales, en unos meses tendrán que ser cubiertas mediante los correspondientes concursos de traslado y nombramientos discrecionales (tres corresponderán a las salas de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Supremo). Los sucesivos huecos que se creen deberán ser ocupados por jueces o magistrados recién ingresados en la carrera, mediante sustituciones ordinarias (en las que un juez ve aumentado su sueldo por cubrir varias plazas) o con jueces sustitutos (en España hay alrededor de un millar que suplen las ausencias y bajas de sus compañeros de plantilla).

La solución que el pasado martes propuso el Ejecutivo –a través del secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo– al CGPJ fue que gran parte de las nuevas vacantes se cubran mediante magistrados correspondientes al cuarto turno, es decir, seleccionados mediante concurso de méritos de entre abogados, letrados de la administración de justicia, profesores de universidad y otras profesiones jurídicas que, según la Ley Orgánica del Poder Judicial deben ocupar uno de cada cuatro puestos. El Consejo tiene la obligación legal de convocar esas plazas como mínimo cada dos años pero la incumple sistemáticamente. Mientras las plazas de juez a cubrir por oposición se sacan puntualmente cada año, la última convocatoria del cuarto turno –magistrados procedentes de otras profesiones jurídicas– es de 2023. Fuentes judiciales aseguran que, en los últimos ejercicios, el órgano de gobierno de los jueces ha dejado de cubrir por este método 307 plazas de magistrado. Si a ellas se suman las de los jueces en expectativa de destino que salen cada año de la Escuela Judicial, las 500 nuevas plazas que prevé crear el Ejecutivo quedarían prácticamente ocupadas.

Los vocales a propuesta del PP José Eduardo Martínez Mediavilla y José María Páez, ambos de la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), plantearon al número dos del Ministerio este martes un método alternativo: que se incremente el número de plazas de la actual convocatoria de acceso por oposición, algo que el Ejecutivo considera que, con los Presupuestos prorrogados, no puede hacer. Es decir, que el sector conservador del CGPJ no quiere que se cubran con profesionales de reconocida competencia ya formados y procedentes de otras profesiones, sino con jueces recién ingresados y sin experiencia previa que emplean una media de cinco años de estudio exclusivamente memorístico asistidos por otro juez o fiscal que actúa como preparador (en una segunda ocupación que en muchas ocasiones les proporciona ingresos extra en negro) tras su paso por la Escuela Judicial.

Las fuentes judiciales consultadas explican que la razón por la que la derecha judicial prefiere la oposición al cuarto turno es que los seleccionados por el primer método constituyen el principal vivero de asociados para los principales colectivos conservadores (APM, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente, que sostiene que es apolítico pese a que toda la carrera, el CGPJ y gran parte del Parlamento lo sitúan a la derecha). El Consejo, que entre 2013 y 2024 estuvo dominado por los vocales de derechas, se resistió a cubrir el 25% de plazas que según la ley están reservadas para juristas. Actualmente no llegan al 10% de la plantilla total de la carrera. Los actuales vocales a propuesta del PP (10 de los 21 miembros del Consejo tras la renovación de 2024) pretenden dar ahora esa misma batalla.

El ministerio de Justicia tramita la petición de indulto para el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, y pide un informe al Supremo, después de que dos particulares hayan solicitado su indulto total, según publica este miércoles el diario El País y han confirmado a EFE fuentes del Gobierno.

Se trata de la primera petición de indulto después de que García Ortiz fuera condenado por el Tribunal Supremo el pasado mes de noviembre a dos años de inhabilitación para ejercer el cargo de fiscal general del Estado por revelación de secretos del empresario Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

González Amador también fue condenado al pago de 17.200 euros en concepto de multa e indemnización.

Según el diario El País, y han confirmado a EFE fuentes del Gobierno, el ministerio de Justicia ya ha iniciado el trámite legal e instado al Supremo a que emita su informe.

Este martes, más de 150 juristas, entre ellos exmagistrados del Tribunal Supremo como José Antonio Martín Pallín, Perfecto Andrés, Joaquín Giménez o el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, además de abogados, fiscales o catedráticos firmaron un manifiesto en el que arremeten contra la sentencia "inquietante" que condenó al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz.

Con el título Una sentencia inquietante. Condena a la presunción de inocencia, magistrados, abogados, fiscales y catedráticos critican la decisión del Tribunal Supremo de condenar a García Ortiz por la filtración de un correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Por contra, este lunes, Alberto González Amador, solicitó la expulsión de Álvaro García Ortiz de la carrera judicial tras su condena de inhabilitación por revelación de secretos.

La representación legal de este empresario pidió anular el decreto dictado el pasado 23 de diciembre por la actual fiscal general del Estado, Teresa Peramato, que acordaba el reingreso en la carrera fiscal de su antecesor -ahora adscrito a la Sección de lo Social del Supremo- tras el visto bueno de la Inspección Fiscal.

El déficit español de jueces en relación a la población (11,2 por cada 100.000 habitantes), un dato muy inferior a la media de los países de la UE (17,6), es una de las quejas seculares de la judicatura. El Gobierno pretende acabar con esta anomalía y para ello el Ministerio de Presidencia y Justicia iniciará la semana que viene la elaboración de un decreto que aprobará la mayor creación de plazas judiciales de la historia de España (500). La mayoría de esos nuevos puestos serán para los nuevos tribunales de instancia creados en cada partido judicial por la ley de eficiencia para sustituir a los órganos unipersonales, pero el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no ha aprobado todavía el reglamento que debe regular el funcionamiento de estos tribunales, en su mayoría ya desplegados. La premura del Ejecutivo, que pretende crear las plazas este mismo año, ha generado malestar tanto en la presidenta del órgano, Isabel Perelló, como en el sector conservador, pese a que el Consejo reclamó 507 nuevas plazas en julio.

El Plan Estratégico para el decenio 2026-2035 de Recursos Humanos en la Carrera Judicial, aprobado por el Consejo el pasado diciembre, recogía en sus conclusiones finales el "déficit estructural de la planta de los órganos judiciales". El documento hacía referencia a un informe aprobado por el Servicio de Inspección del órgano de gobierno de los jueces que se votó el 9 de julio y en el que se consideraba "imprescindible" la creación de esas 507 unidades judiciales.

El Ministerio de Presidencia y Justicia, que dirige Félix Bolaños, ha atendido esa reclamación y trabaja ya en el mencionado decreto para crear 500 nuevas plazas. Se trata del mayor incremento en la historia de España –en los últimos años giraba en torno a las 70–. El plan gubernamental, que fue adelantado este domingo por El Mundo, es posible gracias a la Ley de Medidas en Materia de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que abarata la posibilidad de generar nuevas plazas en los nuevos tribunales de instancia sin tener que acompañarlas de la infraestructura de todo un juzgado con sus funcionarios y sus medios materiales. En los nuevos tribunales, la estructura burocrática es común a todos sus miembros.

Las nuevas plazas se corresponden, en esencia, con las peticiones concretas que trasladó el CGPJ al Ejecutivo, según fuentes de este último. 363 irán a las diferentes secciones de los nuevos tribunales de instancia (de lo Civil, de Instrucción, de lo Penal, Contencioso, Mercantil, Social...) y 85 a las Audiencias Provinciales, Tribunales Superiores, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo. En el Alto Tribunal se crean dos nuevas plazas de magistrado para la Sala de lo Civil, la más colapsada, y una más para la Sala de lo Penal. Sin embargo, la histórica iniciativa, hecha a imagen y semejanza de las reclamaciones del Consejo, no ha sido bien recibida por una parte del órgano de gobierno de los jueces. En España hay a día de hoy 5.903 plazas judiciales, así que el incremento planeado por el departamento de Félix Bolaños asciende casi a un 10%.

Fuentes de la institución aseguran que la presidenta Isabel Perelló y algunos de los vocales a propuesta del PP han puesto pegas al plan del Ejecutivo tras conocerlo. Si hasta diciembre el problema era la necesidad de nuevas plazas, cuando al fin se han iniciado los trámites para dotarla, ahora la inquietud es cómo cubrirlas. Desde el Ejecutivo recuerdan que hace tres años que el Consejo no convoca plazas del cuarto turno –las que permiten la entrada en el cuerpo a juristas de reconocida competencia– pese a que uno de cada cuatro miembros de la judicatura debe ser seleccionado de este modo. En la próxima promoción de jueces procedentes de la Escuela Judicial, los que acceden mediante la clásica oposición memorística, estaba previsto que una cuarentena de candidatos quedaran "en expectativa de destino". Con el futuro decreto podrán acceder a una plaza. En caso contrario habrá que recurrir a jueces sustitutos y magistrados suplentes.

La histórica creación de plazas, de las que la mayoría irán a los tribunales de instancia, llega cuando el Consejo todavía no ha adecuado su Reglamento de Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales a esos nuevos órganos, pese a que la ley que los creó fue publicada en el BOE hace más de un año y su última fase de implantación, la correspondiente a las poblaciones más grandes, estaba prevista para el pasado 31 de diciembre. Ese reglamento debe abordar temas centrales como el reparto de asuntos, las guardias, los cambios de titular en cada plaza o las sustituciones, entre otros. Que el Consejo no haya aprobado todavía la reforma reglamento está provocando que cada tribunal de instancia, que abarca todo el término de cada partido judicial, esté improvisando sus propias reglas.

La presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, creó el pasado marzo un grupo de trabajo para abordar el despliegue de estos nuevos tribunales. De él forman parte, además de la máxima responsable del órgano, los vocales progresistas Lucía Avilés, José María Fernández Seijo y Carlos Hugo Preciado (este último propuesto por Sumar pero que suele formar grupo con Perelló y los conservadores), y los conservadores Alejandro Abascal, José Eduardo Martínez Mediavilla y Esther Rojo. Fuentes del órgano de gobierno de los jueces aseguran que, desde su creación, su actividad ha sido muy escasa pese a la trascendencia del cambio que impone la ley de eficiencia, que da la vuelta como un calcetín a la tradicional estructura de la justicia en España.

El Tribunal Constitucional ha amparado al fiscal Eduardo Esteban, cuyo nombramiento como fiscal de Sala de Menores fue anulado por el Tribunal Supremo en dos ocasiones, después de haber sido propuesto por Dolores Delgado cuando era fiscala general, según recoge EFE. 

El Constitucional ha estimado los dos recursos presentados por Esteban contra las sentencias del Supremo, que quedan anuladas, si bien la decisión tan solo supondrá que el fiscal recupere la condición de fiscal de sala -la máxima de la carrera-, dado que la plaza de fiscal de coordinadora de Menores ya fue adjudicada posteriormente a Teresa Gisbert. 

Fuentes jurídicas informan a EFE de que el Pleno ha tomado esta decisión con los seis votos de la mayoría progresistas frente al rechazo de los cuatro conservadores. El presidente Cándido Conde Pumpido y magistrado César Tolosa se han abstenido porque uno fue su jefe cuando ocupó el cargo de fiscal general y el segundo fue presidente de la Sala del Supremo que anuló los nombramientos. 

Eduardo Esteban fue nombrado tras el Consejo Fiscal del 12 de marzo de 2021 con los votos en contra de los cinco vocales de la Asociación de Fiscales (AF) y del fiscal de sala jefe de la Inspección Fiscal, que apoyaron al otro candidato, José Miguel de la Rosa, que recurrió al Supremo. 

En abril de 2022, el Supremo anuló el nombramiento y ordenó retrotraer las actuaciones para que se motivase el nombramiento en forma porque "la motivación de la fiscal general del Estado no cumple las exigencias mínimas" al ignorar las "diferencias tan llamativas y manifiestas" entre este y el otro candidato en sus CV. 

Pese a ello, Delgado volvió a nombrarlo señalando que no había impedimento para proponer "al mismo candidato siempre que la nueva propuesta se adecue a los criterios expresados" por el Supremo.  

No obstante, la asociación y el fiscal José Miguel de la Rosa volvieron a recurrir y una vez más el Supremo les dio la razón, decisión que ahora corrige la corte de garantías. 

Dice el Constitucional que el alto tribunal anuló el nombramiento al considerar que este pivotaba sobre la mayor especialización en menores, de modo que descartó sin apoyo en la ley ni justificación el resto de criterios recogidos en la propuesta de nombramiento. 

Es más, considera que rechazó los argumentos ofrecidos por Dolores Delgado sin explicitar otro parámetro que el "perfil bien determinado de la plaza", es decir sin justificar qué impide la valoración conjunta de otros criterios distintos al de la especialización. 

De este modo, el Supremo desvirtuó el régimen legal de nombramiento discrecional y otorgó un trato desigualitario a Eduardo Esteban en el acceso al cargo por razón de su menor especialización en menores frente a otros candidatos, criterio que las sentencias impugnadas convirtieron en único y determinante del concurso.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha destacado este jueves que el acuerdo alcanzado con la Iglesia para la reparación de las víctimas de abusos sexuales salda una "deuda histórica y moral" después de décadas de "silencio y dolor".

"Hoy podemos decir que la democracia cumple con las víctimas", ha subrayado el ministro tras la firma del acuerdo alcanzado con la Conferencia Episcopal Española (CEE) y la Conferencia Española de Religiosos para la creación de una nueva vía, a través del Defensor del Pueblo, para la reparación de víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica para las que ya no es posible la vía judicial.

Bolaños ha destacado que será la Iglesia la que se hará cargo del pago de las indemnizaciones a las víctimas y que "el Estado no abonará un céntimo".

En definitiva, el ministro ha subrayado que "la indemnización la fija el Estado y la abona la Iglesia" y ha recordado que "después de décadas de dolor" y cuando las víctimas se han encontrado "con un muro de incomprensión, y en ocasiones de encubrimiento, hoy podemos decir que la democracia cumple".

Ha informado, además, de que se constituye un sistema mixto Iglesia-Estado para llevar a cabo las indemnizaciones.

De esta forma, las víctimas podrán acudir a una unidad de tramitación que se va a crear en el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes donde, "con todas las garantías", se dará soporte a las víctimas para que puedan presentar sus solicitud de reparación.

La solicitud se trasladará a una unidad de víctimas del Defensor del Pueblo que será la que haga una propuesta sobre cómo tendrá que ser la reparación justa y adecuada para esa persona.

Bolaños ha precisado que tal reparación podrá ser económica, moral, psicológica, restaurativa o de las cuatro formas simultáneamente.

La propuesta se trasladará a la víctima y a la comisión de valoración de la Iglesia católica. Si merece la conformidad de ambas, será firme y se abonará por la Iglesia.

En caso de que no haya conformidad por la Iglesia o la víctima tenga alegaciones se reunirá una comisión mixta participada por Iglesia, Estado y víctimas; ahí, en un trabajo conjunto, se intentará llegar a un acuerdo.

Bolaños ha añadido que en caso de que tampoco haya acuerdo "prevalecerá el criterio del Defensor del Pueblo", y ha señalado que las reparaciones económicas estarán exentas del impuesto sobre la renta y tendrán carácter retroactivo.

Es decir, no se beneficiarán solo quienes lo soliciten a partir de ahora sino también todos los que hayan recibido algún tipo de indemnización por parte de la Iglesia.

Sobre el hecho de que el acuerdo sea una vía temporal con una duración de un año prorrogable a dos, Bolaños ha afirmado que esto no será un problema para nadie "y si es necesario extenderlo, se extenderá".

No obstante, ha precisado que un año prorrogable a dos es "suficiente" para que todas las víctimas de abusos en el seno de la Iglesia puedan iniciar el procedimiento.

A la pregunta de si el acuerdo ha llegado tarde, ha admitido que "llega tarde para muchas víctimas" pero también ha recordado que hay muchos casos de hace décadas, ya prescritos o de pederastas que han fallecido.

"Puede que el Estado haya llegado tarde pero se hace con carácter retroactivo para que todas las víctimas puedan iniciar acciones ahora. Ayer no tenían nada porque los hechos estaban prescritos".

El ministro ha insistido en que el acuerdo hace justicia con las víctimas "y pasa de décadas de silencio y olvido a una reparación justa abonada por la Iglesia".

Bolaños ha agradecido a la Santa Sede que lo haya impulsado y ha recordado que la creación de una comisión pontificia para la protección de menores "tiene reflejo hoy en España con este acuerdo".

La Iglesia asumirá el pago de las indemnizaciones a las víctimas de abusos sexuales, según el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal Española (CEE), que contempla la creación de una nueva vía a través del Defensor del Pueblo para la reparación de las víctimas para las que ya no es posible la vía judicial.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; el presidente de la CEE, Luis Argüello, y el de la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Díaz Sariego, han firmado este jueves el acuerdo que llega después de que la Iglesia aceptara la propuesta del Gobierno para atender y reparar a las víctimas de abusos sexuales.

Se trata de un sistema mixto Iglesia-Estado, con participación de las víctimas y reparaciones económicas o de cualquier otra naturaleza a cargo de la Iglesia. En caso de disconformidad -indican desde Justicia- la decisión recaerá en el Estado y las reparaciones económicas a las víctimas para las que ya no es posible la vía judicial serán a cargo de la Iglesia.

Este nuevo mecanismo de reparación prevé que la víctima inicie el proceso ante una unidad de tramitación del Ministerio de Justicia que trasladará el caso a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo. Esta institución realizará una propuesta de resolución y, en su caso, de reparación (simbólica, restaurativa, espiritual y/o económica) atendiendo a lo que solicite la víctima.

Esa propuesta se trasladará a la comisión asesora de la Iglesia prevista en su Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abuso (CPRIVA), que la evaluará y emitirá un informe. Si hay conformidad de las partes (CPRIVA y persona solicitante), la propuesta tendrá carácter definitivo.

Por contra, si no hubiera conformidad, ya sea de la persona solicitante o de la CPRIVA, se convocará una Comisión Mixta, con participación de las asociaciones de víctimas, que deliberará para alcanzar un acuerdo unánime. Si persistiera la disconformidad corresponderá a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo adoptar la resolución definitiva.

La Iglesia deberá dar cumplimiento a las medidas reparadoras en plazo. Si no lo hicieran la diócesis, instituto o entidad religiosa responsable, la Conferencia Episcopal y la Conferencia Española de Religiosos garantizarán su cumplimiento.

Desde la CEE, destacan que para la firma de este acuerdo, el Gobierno se ha comprometido a abordar la reparación integral de víctimas de abusos en cualquier ámbito de la vida social, tal y como solicitaba la Iglesia. Además -indican- el Gobierno ha aceptado que las reparaciones económicas estén exentas del impuesto sobre la Renta.

Los obispos destacan que el sistema establecido no está basado en la imposición de una obligación jurídica sino en el compromiso moral de la Iglesia y el mutuo acuerdo de las partes, y apuntan que es una vía "temporal" con una duración de un año (prorrogable un año) para aquellas causas que no hayan tenido y no puedan tener recorrido judicial, bien por la prescripción del delito o por la muerte del victimario.

Para el departamento que preside Bolaños, se trata de un acuerdo "histórico" y recuerdan que después de más de 20 años sin cerrar un acuerdo con la Iglesia católica, con este ya son cuatro los que ha firmado el ministro con la Iglesia en las últimas dos legislaturas.