A pesar de que siempre nos quejemos y de que vendan más los mensajes derrotistas, los centros educativos españoles están repletos de jóvenes sensibles ante las tragedias que nos rodean.

La constante repulsa ante el bullying, cuya punta del iceberg es una nueva convocatoria de huelga estudiantil, sólo es una muestra más de la porosa piel de una juventud enrabietada ante las injusticias. Ocurrió igual hace poco ante la masacre de Gaza.

Hace un año, multitud de jóvenes llegados de diversos lugares demostraron su grado de implicación, compromiso y solidaridad acudiendo día a día a localidades como Paiporta o Alfafar para limpiar de escombros y lodo en muchos rincones afectados por la magnitud de la dana. Mientras lo hacían y se publicaban las noticias destacando esta capacidad de entrega, algunos nos remontamos todavía más atrás en el tiempo, a 2021, para recordar cuando los medios de comunicación anunciaban otra tragedia: la del volcán de Cumbre Vieja, ahora Tajogaite, que entre otros daños sepultó en La Palma con el paso de su lava tres colegios, dos de ellos escuelas unitarias. Se hundían así bajo tierra las esperanzas que muchas familias y docentes ponen en la educación para cambiar las cosas.

La respuesta formal, administrativa, frente a la tragedia es lenta, porque lenta es la burocracia: la catástrofe de la dana sigue rodeada de preguntas, de incógnitas, y muchos de los daños materiales provocados por la colada del volcán de Tajogaite continúan sin reparación. Luego vemos otro tipo de respuestas, que nos dictan que los nuevos tiempos hacen emerger nuevas prioridades: por ejemplo, las autoridades educativas acaban de sacar adelante un Plan nacional de formación ante emergencias de protección civil en centros educativos. Este proyecto obliga a que contenidos sobre inundaciones, terremotos, riesgos volcánicos o incendios, entre otros, se impartan anualmente dentro de las distintas áreas o materias, en todos los centros escolares.

Estas tragedias y las movilizaciones que aparejan evidencian que hay otro tipo de daños, los que tienen origen emocional o moral, que apenas se reparan con grandes inversiones o despliegues materiales. La pérdida, el duelo o la despedida son daños complejos, casi siempre irreversibles, pero afrontarlos en comunidad, desde una mirada educativa, puede aliviar la herida que provocan. Y la escuela tiene siempre muchas respuestas para ello.

La escuela contemporánea tiene como nueva responsabilidad educar frente a las injusticias ligadas a grandes tragedias que acarrean daños materiales y humanos. Que lo que se aprenda en las aulas repercuta en una transformación en la forma de pensar o en la mejora del entorno desde una visión ética y humanitaria es una de las grandes lecciones que nos deja una nueva forma de entender la educación, de dimensiones más morales.

Muchos centros están ahora mismo embarcados en iniciativas comunitarias que alientan este espíritu de vinculación y solidaridad como fuentes de esperanza. Son proyectos medioambientales, sociales, culturales o científicos que repercuten directamente en la mejora de lo que nos rodea. Del aprendizaje colaborativo al llamado Aprendizaje Servicio (ApS), algo nos dice que los tiempos van cambiando, y que muchos cambios llevan aparejados el trabajo sobre la trascendencia de la pérdida, la tragedia humana, material y social. El sistema educativo no es ajeno a ello.

Los docentes de lenguas sabemos que la llamada competencia comunicativa y la literatura representan una llave que abre el significado de muchas realidades que nos rodean. Desde saber verbalizar el dolor que compartimos con otros hasta identificarnos con personajes de ficción que en grandes obras de la literatura universal también afrontaron procesos traumáticos o dolorosos.

Ese es el valor que desde la Sociedad Canaria “Elio Antonio de Nebrija” de profesorado de Lengua y Literatura hemos querido dar a nuestro XIX Encuentro y Muestra de Experiencias Didácticas, en el que también colaboran la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma y el Cabildo Insular palmero. Lo celebraremos este año entre el 6 y el 8 de noviembre en la isla de La Palma, que sufrió hace cuatro años la erupción del Tajogaite, e incluirá un homenaje a la poeta Elsa López, premio Canarias de Literatura 2022. Al fin y al cabo, la poesía es expresión honda de las emociones, de la subjetividad necesaria para aprender a expresar con palabras la significación de la tragedia.

Será simbólico el hecho de que la inauguración tenga lugar en una histórica biblioteca de la capital palmera: la Real Sociedad Cosmológica de Santa Cruz de La Palma. Al fin y al cabo, las bibliotecas son memoria, reconstrucción de la existencia y, en cierto modo, refugio de la esperanza. Decía Borges sobre las bibliotecas, al recibir el Premio Cervantes: “Yo, que me figuraba el Paraíso bajo la especie de una biblioteca, no he perdido la esperanza."

El punto culminante del Encuentro va a ser la muestra del intercambio epistolar que niños y niñas de La Palma y la Comunidad Valenciana han mantenido sobre sus vivencias en torno a la idea de tragedia, en todas sus matices y magnitudes. Separados por miles de kilómetros, han compartido experiencias tejedoras de su existencia, pero que también los han unido en la distancia. Todo ello con sus miedos y deseos, pero también desde el necesario sentido del deber compartido que tiene el haber sido, sin buscarlo, protagonistas del relato trágico que a veces encierra la cara amarga de la existencia.

Un año después de la dana y cuatro después de la erupción volcánica, las comunidades educativas de Canarias y Valencia se unirán por unos días en el compromiso, en la exploración de los matices del drama individual y también colectivo, en la intención de educar en la responsabilidad y en la idea de que, ante la tragedia, nunca estamos solos.

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Albano de Alonso Paz es catedrático de Lengua y Literatura, profesor y Cruz al Mérito Civil por su labor en el campo de la enseñanza.

La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha elevado de un año a un año y medio la pena de cárcel impuesta por la Audiencia de Las Palmas a dos policías locales de Las Palmas de Gran Canaria que en febrero de 2021, estando fuera de servicio y tras ingerir bebidas alcohólicas, agredieron e insultaron a cinco extranjeros en la vía pública por el simple hecho de ser foráneos.

Asimismo el fallo ha rebajado la pena de inhabilitación que les había puesto la sala de instancia, que pasa de cinco a cuatro años y medio, según ha informado la oficina de comunicación del TSJC.

El incremento de la pena de cárcel se debe a que el TSJC ha estimado el recurso de apelación del fiscal por un delito relativo al ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas (comúnmente conocido como delito de odio), e igualmente ha estimado el recurso de los agentes en lo que se refiere a rebajar su condena de inhabilitación por este mismo tipo penal.

La Sala de apelación ha confirmado el resto de la sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas, que además de la condena por delito de odio impuso otra por delito de lesiones leves a uno de los agentes, además de obligarles a abonar varias cantidades en concepto de indemnizaciones por las secuelas de los golpes.

El TSJC ha confirmado como ajustados a derecho los hechos probados obrantes en el fallo dictado el 22 de diciembre de 2023 pasado por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas y según este relato sobre las 21.45 horas del 12 de febrero de 2021 los agentes, siendo miembros de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria y estando fuera de servicio, caminaban juntos por la vía pública, a la altura del cruce de las calles Secretario Artiles y Nicolás Estévanez, de Las Palmas de Gran Canaria, cuando se cruzaron con un grupo de peatones formado por cuatro varones.

Los acusados, según el fallo, oyeron que uno de ellos hablaba español con acento argentino, y con la "intención de ofender la dignidad de los extranjeros inmigrantes, humillando de palabra y obra a los que se encontrasen, se dirigieron a él increpándole con expresiones tales como ¿tú qué haces en mi isla?, sudaca de mierda", además de referirse a uno de ellos como "moro" en tono despectivo y comenzando de modo inopinado a golpear a dos de ellos, "pegándoles en la cabeza con manotazos y bofetones".

En los hechos probados se recoge que los agresores se identificaron en el curso de la agresión como policías, "proclamándolo así de viva voz y mostrando su placa profesional", además de expresarse diciendo que eran "la autoridad, causando el natural efecto de sometimiento en los ciudadanos por dicha invocación de su condición de policías".

Asimismo ante la petición que les hacía una de las víctimas de que cesaran en su agresión, uno de los policías "le dio dos fuertes bofetadas y le agarró el dedo pulgar de la mano izquierda, tirando de él violentamente hacia atrás".

En el transcurso de estos hechos, los acusados se percataron de que otro ciudadano que pasaba por la zona en ese momento "parecía ser extranjero" y, atendiendo a su aspecto asiático de piel oscura, y movidos por el mismo ánimo, le dijeron en "tono despectivo negro y expresiones semejantes".

Prosigue la sentencia que esta persona, nepalí y que no entendía lo que le decían, "se quedó quieto, procediendo igualmente los acusados a darle golpes en la cabeza, bofetones y empujones, diciéndole también que eran policías, mostrando su placa policial en el curso de la agresión".

Con todo ello, la Sala rebaja la pena de inhabilitación al considerarla "desproporcionada" como alegaban los agentes, sin embargo aumenta la de cárcel por la gravedad de los hechos, como postulaba el fiscal.

El fallo es susceptible de recurso ante el Tribunal Supremo.

A dos tiempos. Ferraz ha cerrado el calendario de las primarias para las municipales y autonómicas, dejando el proceso para noviembre y diciembre en las ciudades de Madrid y Las Palmas, con el fin de darse más tiempo para una elección potente y abriendo un posible escenario de remodelación de Gobierno para final de año.

El misterio de los tiempos se revelaba este jueves. La dirección socialista tenía que dar el visto bueno a las fechas de los procesos y ha ratificado en su mayoría que arranquen la semana que viene. El calendario ‘a’ establece que las candidaturas se deben presentar los días 19 y 20, culminando con las votaciones el 9 de octubre (primera vuelta) y 16 de octubre (segunda vuelta), mientras que el ‘b’ recoge que los aspirantes concurrirán entre el el 21 y 22 de noviembre, poniéndose las urnas los días 11 de diciembre (primera vuelta) y 18 de diciembre (segunda vuelta). A esta excepción se podían acoger los territorios que lo solicitaran.

La mayoría irán en la primera fecha, pero dos elecciones internas que despiertan dudas y expectación se retrasan: las ciudades de Madrid y Las Palmas. ¿Por qué? El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no tiene claro todavía el aspirante en la capital. Se han analizado los escenarios y no terminaba de convencer la fotografía actual a tenor de las encuestas internas. En el PSOE le dan gran importancia a esta elección: ven a un José Luis Martínez-Almeida en plena erosión y quieren ir a por todas en la lucha por el Palacio de Cibeles.

La favorita durante meses para ser la candidata era Mercedes González, actualmente delegada del Gobierno y que lidera la recién creada agrupación de Madrid ciudad. A la vez han sonado concejalas como Mar Espinar y Emma López. Pero no han terminado de cuajar durante estos meses y el aplazamiento servirá para dar una vuelta sobre los aspirantes. Las quinielas no cesan durante estas horas y pasan por nombres desde el propio Consejo de Ministros (Félix Bolaños, Margarita Robles, Pilar Llop, Fernando Grande-Marlaska) hasta independientes, ex políticos y figuras de la cultura.

La solicitud de aplazamiento la ha formulado la dirección del PSOE de Madrid pero en sintonía con Ferraz, según explican fuentes socialistas. Se trata de una “decisión estratégica” para “hacer lo mejor”. Los núcleos duros de la federación y nacional han ido hablado a lo largo del tiempo y se quiere “dar todo” con la candidatura. “Almeida es presa fácil”, comentan desde el PSOE de Madrid, por lo que se quiere una candidatura municipal que tire y anime al voto progresista.

Será una “apuesta fuerte”, comentan fuentes socialistas, que reiteran que quieren a alguien “con peso”: “Hay muchas opciones sobre la mesa”. “Una gran apuesta, un gran fichaje”, deslizan desde el PSOE.

Las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo serán vitales en el ciclo político que finalizará con las generales de final de año. Un mal resultado para el PSOE sería terrible para Pedro Sánchez, pero en Ferraz insisten en que están fuertes en casi todos los territorios y aspiran a retener el gran poder que obtuvieron en 2019. Y Madrid jugará un papel muy importante, ya que es una plaza simbólica para la derecha.

Lo que sí se ha despejado es el camino para la Comunidad de Madrid. Entra dentro del primer calendario, lo que facilita la aspiración de Juan Lobato, secretario general del PSOE-M. No hay visos de una candidatura alternativa y lleva ya meses trabajando políticamente y mediáticamente para visualizarse como alternativa a Isabel Díaz Ayuso. Una apuesta a largo plazo, que sí ha convencido más en Ferraz, según fuentes socialistas.

El aplazamiento en Las Palmas -el actual regidor, Augusto Hidalgo, luchará por el cabildo insular- se interpreta en los círculos socialistas de manera nacional. Todo apunta a que Carolina Darias dará el paso para optar por su ciudad natal, abriendo la posibilidad de que deje el Gobierno a final de año. Esto ha levantado las sospechas dentro del partido de que Sánchez aproveche este ‘timing’ para llevar a cabo una remodelación del Ejecutivo para impulsarse de cara a las elecciones y darle la vuelta a las encuestas. Ese impulso se ha pedido desde parte del partido, ya que el actual Ejecutivo estaba diseñado para un escenario de recuperación económica.

El arranque del proceso de primarias y la reunión de este sábado de Pedro Sánchez junto a los barones territoriales en Zaragoza suponen el pistoletazo de salida para una larga precampaña de meses. El presidente se va a implicar de lleno y ha dado órdenes a los suyos: pisar mucho la calle, defender al Gobierno en cada plaza, transmitir ilusión y esperanza y hacer mucha pedagogía sobre las medidas puestas en marcha por la coalición.

Hay mucha confianza en seguir gobernando en territorios como Castilla-La Mancha (Emiliano García-Page), Extremadura (Guillermo Fernández Vara), Canarias (Ángel Víctor Torres), Navarra (María Chivite), Asturias (Adrián Barbón), Baleares (Francina Armengol) y Aragón (Javier Lambán). En la Comunidad Valenciana, sostienen en el PSOE, Ximo Puig está fuerte pero la batalla será dura. También se presenta complicada La Rioja, pero se confía en que Concha Andreu pueda retener la Presidencia. Todo ello con las complicaciones en la aritmética que puedan surgir por la debilidad de Podemos en la cita, sin la implicación de Yolanda Díaz. Tienen que celebrarse primarias en Murcia (José Vélez se presenta como favorito) y en Cantabria, donde se han retrasado al segundo turno. Pablo Zuloaga, vicepresidente regional, competirá y el aplazamiento se debe más a buscar aspirante al Ayuntamiento de Santander, según fuentes socialistas.

La obsesión y principal problema que puede tener el PSOE son las grandes ciudades. Por eso que se dé tiempo Sánchez para encontrar una opción potente en Madrid. En Barcelona, cuyas primarias corresponden al PSC en octubre, todo apunta a que Jaume Collboni repetirá (él ha dicho que se presentará y Miquel Iceta se ha autodescartado). En Sevilla se confía en Antonio Muñoz, sucesor de Juan Espadas, y en Valencia está encarrilado para que finalmente sea Sandra Gómez (no habrá retraso en las primarias municipales). En Zaragoza el proceso parece dominado por Lola Ranera, aunque no hay mucho optimismo en lograr la Alcaldía, entre otros factores por la mega división de la izquierda allí. No obstante, el escenario podría cambiar, señalan fuentes socialistas aragonesas, sí el PP hace saltar al actual alcalde, Jorge Azcón, al ruedo autonómico.

Reporteros sin Fronteras (RSF) denuncia los obstáculos impuestos por las autoridades a fotoperiodistas durante las desembarcaciones de migrantes en Canarias. 

El pasado 21 de agosto llegaba un cayuco con migrantes al puerto de Arinaga, en Las Palmas, con víctimas mortales. Emilio Morenatti, fotógrafo enviado por Associated Press, cuenta: “En la delegación del Gobierno, se pasaron el día dilatando una respuesta clara a nuestras preguntas sobre el lugar y la hora en que remolcarían el cayuco. Pese a nuestro ofrecimiento a colaborar de todas las maneras, fueron poniendo pegas y dando largas hasta que trasladaron la embarcación a un lugar muy lejano a nuestra posición, ya de noche”. El periodista subía una foto a su cuenta de Twitter desde la distancia a la que se habían visto obligados a trabajar. 

Desde que Marruecos intensificó su control migratorio, como consecuencia de las aportaciones económicas de España y la Unión Europea, menos barcos españoles de Salvamento Marítimo se adentran en aguas marroquíes. Sin embargo, la ruta migratoria que antes pasaba por el Estrecho de Gibraltar, se ha trasladado a las Islas Canarias, ruta mucho más peligrosa y mortífera que dejó víctimas mortales la década pasada. 

“Es la primera vez que se impide fotografiar de forma tan contundente. Creo que es porque había fallecidos y porque la semana anterior hubo disturbios importantes en un pueblo cercano por la llegada de migrantes en cuarentena debido al coronavirus”, explica el periodista local y colaborador de la agencia EFE, Ángel Medina, “espero que sea la última, pero tengo dudas porque los obstáculos para que fotografiemos no dejan de crecer”, añade.

Las maniobras que utilizó la Delegación del Gobierno en Canarias para entorpecer la cobertura gráfica en este caso, denuncia la asociación, son similares a las usadas en puertos andaluces en años anteriores. RSF ofrece algunos ejemplos: evitar dar datos concisos sobre rescates y desembarcos; elegir lugares de difícil acceso; esperar a que no haya luz para complicar la toma de imágenes; apostar a los periodistas en lugares con poca o nula visibilidad; colocar obstáculos físicos en el tiro de cámara; aducir supuestos protocolos de seguridad, ahora con la excusa añadida de la pandemia…

El fotoperiodista y premio Pulitzer Javier Bauluz, con 25 años de experiencia en la cobertura de flujos migratorios, apunta más alto y afirma contundente que el objetivo del Gobierno español es “hacer un black out a la cobertura de la llegada de migrantes” para que la población “solo reciba las fotos adecuadas para calmar sus conciencias y no recibir información sobre la situación real”. Algunos argumentan que el exceso de información sobre la llegada de personas migrantes solo avivará los argumentos xenófobos a la extrema derecha. Otras contraponen que el Gobierno también tiene intereses en que no florezca información sobre cómo se ha logrado reducir el número de personas migrantes que llegan a España.

Consecuencias de las maniobras de disuasión 

Por un lado, dificultando las labores periodísticas de los fotógrafos, se perpetúa un progresivo silencio de los medios sobre una tragedia que causa miles de muertes, explican desde RSF. También se da un paulatino abandono de la información sobre migración por parte de periodistas locales. Además, las trabas dificultan que siga habiendo periodistas trabajando sobre el terreno si no tienen contenido que ofrecer a las agencias. Javier Bauluz lleva más de dos décadas tratando temas migratorios y nunca había presenciado "tantas trabas", se lamenta.

"Hay una forma muy sutil de lograr que una información molesta deje de darse: poner todas las trabas posibles, hasta que el periodista desiste.”, afirma Alfonso Armada, presidente de RSF España.

En la Audiencia Provincial de Las Palmas, un juez se vio obligado este miércoles a intervenir ante las preguntas del fiscal Javier García Cabañas, el cual incluyó en su interrogatorio preguntas como "¿Y qué llevaba usted puesto el día de los hechos?" o "¿El pantalón era corto, ceñido o ajustado?" a la mujer que denunció haber sido víctima de una agresión sexual por parte del hombre con el que compartía piso, según informó el diario de Las Palmas La Provincia.

Ante estas preguntas, la denunciante respondió "una camiseta y un bóxer". La contestación no bastó al fiscal, quien siguió insistiendo hasta saber si la mujer llevaba o no ropa interior en el mometo de la agresión. Dicha insistencia por parte del Ministerio Público llevó al magistrado de la Sección Primera de la Audiencia Provincial, Pedro Herrera, a interrumpir el interrogatorio y pedir al fiscal que dejara la cuestion de la ropa interior, pues la mujer ya lo había dejado claro. A lo que García Cabañas repuso "es fundamental...". El fiscal redirigió entonces el interrogatorio a la vida laboral de la mujer y pusó el foco de atención en su aparición en los medios de comunicación por el desahucio que la mujer iba a sufrir, todo ello con el objetivo de sustentar su tesis de que todo era un montaje para solucionar sus problemas de alojamiento. El representante del Ministerio Público incluso se atrevió a decir que la denunciante mentía. 

La defensa de la víctima pide una condena de seis años de cárcel por un delito de agresión sexual o una pena de tres años de forma subsidiaria por un delito de abuso sexual. Por su parte, el acusado niega los hechos asegurando que las relaciones fueron consentidas.

Victoria Rosell vuelve a la política de la mano de Podemos dos años después de que decidiera dejar las instituciones tras ser imputada por una denuncia del exministro de Industria, José Manuel Soria. Tal y como pudo saber infoLibre, la jueza será número uno de la coalición Unidos Podemos en la provincia de Las Palmas y, salvo sorpresa, volverá así al Congreso de los Diputados tras una legislatura de ausencia y después de que la denuncia interpuesta por Soria contra ella fuera archivada en diciembre de 2016. A preguntas de este periódico, fuentes del entorno de Rosell prefieren no pronunciarse sobre la noticia.

Rosell fue elegida diputada en las elecciones del 20 de diciembre de 2015 y se mantuvo en su escaño durante toda la legislatura fallida que se desarrolló en los primeros meses de 2016. La jueza fue elegida parlamentaria pocos días después de que el exministro Soria se querellase contra ella, primero por un supuesto delito de injurias y, posteriormente, por supuesto cohecho, retraso malicioso y prevaricación en la instrucción de la causa contra el polémico empresario Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas y magnate de la seguridad privada con múltiples contratos con administraciones públicas. Al abrirse la investigación, Rosell dimitió como diputada en abril de 2016 y no quiso volver a presentarse a las elecciones el 26 de junio de ese año.

La vuelta de la magistrada a la actividad política supondrá una reorganización de las listas de Unidos Podemos, ya que Rosell no se presentó a las primarias que la formación liderada por Pablo Iglesias que se celebraron el pasado diciembre. La nueva candidata desplazará como número uno por Las Palmas a Meri Pita, que ha sido diputada en la última legislatura y que forma parte de la ejecutiva de Iglesias como secretaria de Plurinacionalidad. Si el partido no decide presentarla por otra circunscripción, Pita pasará al número dos de la lista, mientras el tres estará ocupado por un dirigente de IU.

Rosell no ha dejado de estar vinculada a Podemos pese a no ser diputada. A finales de 2018, el partido morado la propuso en su negociación con el PSOE para ser vocal del GGPJ con el aval de la asociación judicial Jueces para la Democracia. No obstante, finalmente su nombre se cayó de la lista de elegidos para el órgano de gobierno de los jueces.

El proceso contra Rosell

El asunto que dio origen a la querella que acabó con la primera etapa de Rosell en la política institucional se remonta a la campaña de esas elecciones de 2015. Fue entonces cuando la Fiscalía de Las Palmas hizo público que había abierto una investigación "disciplinaria" a la magistrada para comprobar si había incumplido su deber de abstenerse de instruir una causa contra el empresario Miguel Ángel Ramírez por fraude a Hacienda, que supuestamente había realizado años antes un negocio con el periodista Carlos Sosa, pareja de Rosell.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) anuló la investigación del Ministerio Público al entender que carecía de competencias, mientras que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidió no tomar ninguna medida disciplinaria contra Rosell. Pero entonces, el entonces ministro Soria decidió llevar el asunto al Supremo presentando una denuncia contra la jueza, a la que acusó de haberlo calumniado por haber afirmado durante la campaña que era Soria quien estaba tras la investigación de la Fiscalía.

Mientras tanto, el sustituto de Rosell en su juzgado de instrucción de Las Palmas volvió a tomar declaración al empresario Miguel Ángel Ramírez en su procedimiento por fraude fiscal, y el presidente de la UD Las Palmas aseguró entonces que había "financiado" durante años negocios periodísticos vinculados a Carlos Sosa, pareja de Rosell. El periodista siempre ha negado esa afirmación. Pero Soria aprovechó la declaración para ampliar su querella contra la jueza y el Supremo la admitió a trámite, por lo que Rosell, acusada entonces ante los tribunales de cohecho y prevaricación, decidió no repetir como candidata de Podemos en las elecciones generales de 2016.

De hecho, algunas fuentes de Podemos consultadas por infoLibre entienden que la vuelta de Rosell tiene ciertos "riesgos" para el partido por su pasado judicial en Canarias.

La Fiscalía pide 10 años de prisión para el juez Alba

Con Rosell ya fuera del Congreso, Ramírez confesó haberse reunido con el juez Salvador Alba –el que instruyó el caso contra la magistrada– antes de prestar declaración, y facilitó una grabación en la que Alba le decía lo que tenía que declarar para, supuestamente, perjudicar a Rosell. Y, mientras la querella contra la jueza terminó siendo archivada, Alba se encuentra suspendido provisionalmente por parte del CGPJ y se enfrenta a un próximo juicio acusado de haber manipulado la instrucción contra Rosell.

En dicho proceso, que está teniendo lugar en el TSJC, el juez Alba se enfrenta a una petición de diez años de prisión y 29 de inhabilitación por parte de la Fiscalía por supuestos delitos de cohecho, prevaricación judicial, falsedad y revelación de secretos. Rosell, por su parte, está personada como acusación particular y reclama para Alba 13 años y medio de prisión, 41 de inhabilitación, 118.000 euros de multa y 80.000 euros de indemnización. Podemos y Carlos Sosa ejercen de acción popular y piden penas de entre 12 y 13 años de cárcel y 39 años y medio de inhabilitación, así como una multa de entre 103.000 y 135.000 euros.

Alba se encuentra pendiente de que se celebre el juicio, y en los últimos meses ha tratado de impedir que pueda usarse como prueba la grabación realizada por Miguel Ángel Ramírez de su conversación con él para, presuntamente, perjudicar a Rosell argumentando que se trata de un audio manipulado. La Fiscalía, por el contrario, insiste en que el documento es válido.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) destaca en la última edición de su observatorio que la deuda pública apenas se corrigió en siete décimas del PIB en 2017, por lo que lleva tres años consecutivos incumpliendo la reducción de dos puntos porcentuales establecida en la Ley de Estabilidad Ley de Estabilidadpara los ejercicios en la economía crezca por encima del 2% en términos reales. El PIB español aumentó un 3,1% el año pasado, un 3,3% en 2016 y un 3,4% en 2015.

Basándose en ese ritmo de disminución, la AIReF prevé que hasta 2035 no se alcanzará el objetivo de recortar la deuda hasta el 60% del PIB.

La deuda pública cerró el ejercicio 2017 en 1.144,3 billones de euros, por lo que equivale al 98,3% del PIB, apenas dos décimas por debajo del objetivo que se había fijado el Gobierno. De esa deuda, a la Administración central y la Seguridad Social le corresponden 827.240 millones; a las comunidades autónomas, 288.110 millones y a las corporaciones locales, los restantes 28.950 millones. Es decir, casi tres de cada 10 euros corresponden a ayuntamientos y autonomías. En términos absolutos, tanto la deuda de la Administración central y la Seguridad Social como la de las comunidades han crecido en el último año, pero en relación con el PIB la primera se reduce en una décima porcentual, al igual que la de los ayuntamientos, mientras que sube en la misma proporción el endeudamiento de los entes autonómicos.

Según los pronósticos de la AIReF, las comunidades mejor situadas para conseguir una deuda equivalente al 13% de su PIB son Canarias, Madrid y el País Vasco, que lo deberían alcanzar en un plazo de tres años. Por el contrario, no lo lograrán hasta después de 2040 Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Murcia. Los ayuntamientos se han adelantado y llegaron en 2016 al objetivo previsto en principio para 2020.

Con la crisis, las administraciones públicas dispararon su déficit y su deuda. Las comunidades autónomas han cuadriplicado su endeudamiento desde 2008. La administración central la ha triplicado. Con la aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, todas las administraciones debieron ajustarse un corsé rígido que constriñe su capacidad de gasto. Aun así, desde 2015 la deuda autonómica total ha crecido en 24.836 millones de euros, un 9,4%; en relación con el PIB, ha aumentado en cuatro décimas. Pero el panorama es dispar en cada comunidad. La que más ha rebajado su endeudamiento en los dos últimos años, en relación al PIB, es Baleares, con un recorte del 1,1 puntos porcentuales. La que más lo ha aumentado, Extremadura, con un alza del 3,3 puntos. Canarias, Cataluña y País Vasco también han disminuido su deuda, aunque en sólo cuatro, seis y dos décimas de punto, respectivamente.

En volúmenes absolutos, Cataluña se sitúa como la comunidad más endeudada, con 77.740 millones de euros a 31 de diciembre de 2017, según los últimos datos del Banco de España. Le siguen Comunidad Valenciana –46.187 millones–, Andalucía –34.260 millones– y Madrid –32.783 millones de euros–.

La culpa es del déficit

Extremadura no es de las comunidades con mayor deuda, 4.401 millones de euros, pero desde 2015 ha crecido un 23,07%. “Es que somos la comunidad que más déficit tenía”, apunta la vicepresidenta y consejera extremeña de Hacienda, Pilar Blanco-Morales. En 2017 Extremadura terminó con un déficit del 0,88%, dos décimas por encima del objetivo. Pero es que en 2015, presume a continuación Blanco-Morales, alcanzaba el 2,79%: “Lo hemos reducido en 328 millones de euros”. “La deuda está en el lugar que le corresponde”, explica, “claro que queremos bajar deuda, pero seríamos la única comunidad que lo hiciera: Madrid también la ha aumentado y no tiene un problema de déficit”.

Pilar Blanco-Morales atribuye el origen de la deuda con la que debe lidiar ahora a la necesidad de enjugar el déficit heredado de los gobiernos anteriores, así como al déficit comercial –facturas pendientes de proveedores con plazos de pago superiores a la media– y a su adhesión al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), la línea de crédito abierta por el Gobierno en 2012. Además, “en el último año, el aumento de la deuda también ha tenido que ver con el FLA Extra [600,62 millones aprobados por el Gobierno en noviembre de 2017 para cubrir desviaciones del objetivo de déficit de 2016 pendientes de financiar] que nos llegó en enero, en lugar de diciembre, y nos obligó a recurrir a un contrato de confirming [un servicio de gestión de pagos a proveedores] para pagar”.

Para corregir las magnitudes macroeconómicas de la comunidad autónoma, el Gobierno socialista extremeño dice haber hecho “un esfuerzo de consolidación muy grande”, y reestructurado la deuda con las entidades financieras, lo que se ha traducido en un ahorro de 40 millones de euros. El PP le acusa de haber sacrificado las inversiones: de las presupuestadas en 2017, asegura, sólo ha ejecutado el 51,28%. La falta de ese “combustible” frena el crecimiento económico de Extremadura, “uno de los más bajos de España, siete décimas inferior a la media nacional”, critican los populares.

La vicepresidenta lo niega. “No se resienten las inversiones porque tenemos muchos fondos europeos, lo que se han recortado son las inversiones del Estado en Extremadura, y mucho”, replica. Por el contrario, Blanco-Morales sostiene que su Gobierno no ha ahorrado a costa de la sanidad o la educación, sino que ha recuperado “transporte y comedores escolares, centros de urgencias, plantillas docentes y sanitarias…”.

A diferencia de las comunidades más endeudadas, Extremadura no pide la condonación de la deuda. “Las deudas hay que pagarlas. No es razonable perdonárselas a las comunidades infrafinanciadas, porque todas lo hemos estado”, protesta la vicepresidenta, quien sí reclama, en cambio, una restructuración que abarque “tipos de interés y plazos”. Y mientras se concretan los globos sonda lanzados por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el Gobierno extremeño dice que su compromiso es seguir reduciendo la deuda “en los mismos plazos que el Estado y sin hacer recortes, optimizando el gasto y gestionándolo con políticas de eficiencia”.

Baleares insiste en la condonación

Baleares se encuentra en el extremo opuesto de la cuerda de la deuda. Es la que más la ha recortado en relación al PIB en los últimos tres años, pero su volumen duplica al de Extremadura: 8.802 millones de euros. Su nivel de endeudamiento, además, supera la media nacional. Sin embargo, las islas pueden presumir de que su PIB es el que más ha crecido en el último año de todas las comunidades autónomas, siete décimas por encima de la media. 

Así, Baleares prevé reducir su deuda por primera vez este año en términos absolutos –ya lo ha hecho en relación al PIB– y volver a los mercados a financiarse en el último trimestre. En cuanto el ministro Montoro les autorice, pretenden obtener 160 millones de euros por esta vía y empezar a soltarse de los mecanismos de financiación del Estado. “El FLA no se puede perpetuar, por la dependencia del Estado que supone y por los ajustes y la condicionalidad que imponen”, se queja la consejera de Hacienda, Catalina Cladera. “Además, los mercados son la mejor auditoría de tus cuentas”, declara.

El Govern balear es de los que, junto a la Comunidad Valenciana, más han alzado la voz reclamando una condonación de la deuda, basándose en la infrafinanciación que dicen sufrir desde que asumieron las competencias de sanidad y educación. Cladera explica que su petición se apoya en un estudio, enviado a Montoro, en el que cifran en 5.000 millones de euros la insuficiencia de recursos sufrida por Baleares desde 2002. Según resalta la consejera socialistas, las islas son la segunda comunidad que más aporta al sistema de financiación autonómica pero la novena en recibir recursos. También están a la cola en gasto social, añade. Cladera asegura que en los últimos tres años, y pese a los ajustes, el Govern ha aumentado el gasto en políticas sociales en un 20%. Aun así, admite, la partida queda todavía lejos de los niveles precrisis. “Precisamente nos hemos tenido que endeudar más porque nuestro gasto social estaba por debajo de la media nacional”, se queja al tiempo que pide una regla de gasto “más flexible”. La actual es tan “estricta” que, a su juicio, impide trasladar a la sociedad la recuperación de la economía.

Otro tanto ocurre con la disposición de la Ley de Presupuestos que condiciona cómo las administraciones pueden emplear sus superávit. “La Intervención General del Estado debe hacer un informe sobre la gestión de las comunidades, y eso es una injerencia en la autonomía que dificulta el uso del superávit”, protesta Cladera.

Las Palmas a cero, Murcia duplica

Entre los ayuntamientos de mayor población, Las Palmas (379.000 habitantes) es el único que tiene deuda cero. Cierto que su volumen era pequeño, 63 millones de euros en 2015, tras haber alcanzado un máximo de 128 millones en 2013. Su alcalde, Augusto Hidalgo, explica que ha conseguido ser el primer consistorio en eliminar la deuda gracias a tres amortizaciones extraordinarias por importe de 48 millones de euros, sumadas a las periódicas. “Para tener el dinero en los bancos generando intereses, y ya que no podíamos usar el superávit por culpa de la regla de gasto… lo dedicamos a amortizar la deuda”,  apunta el regidor, al frente de un gobierno integrado por PSOE, Podemos y Nueva Canarias.

Así que el proceso de desapalancamiento del Ayuntamiento canario ha sido poco traumático. El origen de la deuda no fueron obras “mastodónticas” como en otros municipios, sino operaciones crediticias que se remontan en algunos casos a una o dos décadas. El gobierno municipal tampoco ha necesitado incurrir en recortes del gasto y las inversiones. Hidalgo asegura que ha aumentado ese último capítulo en 40 millones y que tiene 200 obras en marcha en estos momentos.

Además, ha optado por buscar “recursos externos” para financiar proyectos costosos como la nueva línea de transporte o MetroGuagua –una especie de tranvía, aclara– cuya ejecución está presupuestada en 100 millones de euros. Lo financian el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y los gobiernos canario y central. “No lo hemos cargado en los hombros de los vecinos”, subraya.

El demonio particular de Augusto Hidalgo, como la de muchos otros gestores municipales, es la regla de gasto, que tacha de “absurda” y de “norma draconiana”. “Tenemos 50 millones de euros de superávit que no podemos gastar”, protesta. La regla fiscal, continúa, debería aplicarse sólo a los ayuntamientos que no pueden pagar sus deudas, no a los que cumplen y “tienen más solvencia que el Estado”. “Montoro está enjugando el déficit del Estado con el superávit de las corporaciones locales para cumplir con la UE aunque es injusto y claramente discriminatorio”, resume, “si nos quitara el corsé y nos permitiera gastar lo que ingresamos, él perdería un punto del objetivo de déficit”.

El Ayuntamiento de Murcia (441.000 habitantes) tampoco está muy contento con el ministro de Hacienda, pero por motivos distintos. Es el consistorio que más ha aumentado su deuda en los últimos tres años, nada menos que un 88,5%. Aunque el gobierno municipal del PP responde que es una deuda “virtual” y contable, no real. A finales de 2016 la Intervención General del Estado obligó al ayuntamiento murciano a computar como deuda los 173 millones de euros del coste y explotación del tranvía. Así, ese capítulo se disparó hasta los 311 millones de euros.

Según el municipio, la deuda pertenece a las empresas con las que ha firmado un acuerdo de colaboración público-privada, Fomento de Construcciones y Contratas y Comsa Corporación. Primero presentó un recurso ante la propia Intervención, que fue rechazado, y después otro contencioso-administrativo en el juzgado, aún pendiente de resolución, indica una portavoz del ayuntamiento.

Mientras deciden los tribunales, en cualquier caso, Murcia se ha visto obligada a elaborar un plan económico financiero y deberá pedir autorización a Hacienda si quiere abrir una nueva operación de endeudamiento. “Pero no sufrimos restricciones ni en liquidaciones, ni en inversiones ni en pago a proveedores”, resalta la portavoz.

La reducción de la gran deuda: Madrid

Las cifras de Las Palmas y Murcia quedan en juego de niños si se comparan con las del Ayuntamiento de Madrid (3,16 millones de habitantes). Su deuda, 3.424 millones de euros, representa casi la mitad de los 7.548 millones que deben los ayuntamientos de más de 300.000 habitantes contabilizados por el Banco de España. Pero Madrid también es el consistorio que más ha recortado la deuda, en números absolutos, en los últimos años, un total de 1.343 millones desde 2015. La ha reducido casi un tercio. De hecho, el gobierno municipal de Ahora Madrid ha convertido estos números en uno de sus principales hitos de gestión. “En 2019 la deuda habrá dejado de ser un problema para el ayuntamiento”, avanza el concejal de Economía, Jorge García Castaño. Este año Madrid ya no podrá seguir amortizando deuda a tanto ritmo como hasta ahora “porque gastaría más que manteniéndola”, pero el plan es que termine equivaliendo a entre el 55% y el 60% de los ingresos corrientes, “que ya es un buen indicador”, añade.

Para reducirla, la receta ha consistido en “ahorrar en la medida de lo posible, en alquileres, gastos suntuarios y proyectos megalómanos que ya no se hacen”, enumera el concejal, al tiempo que se acometían “pequeños proyectos para actualizar la ciudad, reparando todo lo que se había deteriorado después de muchos años sin reposición”, así como inversiones de “arquitectura urbana” en los barrios. “No es muy caro y sí muy eficaz socialmente, además de permitirnos una gestión financiera muy solvente”, defiende.

Pese a la regla de gasto, de la que también se queja García Castaño, el consistorio madrileño asegura que el recorte de la deuda no ha impedido aumentar el gasto social hasta en un 40% y duplicar las inversiones. El concejal de Economía desdeña las acusaciones de la oposición de que el saneamiento se haya hecho a costa de hundir los porcentajes de ejecución del presupuesto. “Se trata de un efecto contable”, rebate, “las inversiones financieramente sostenibles [aquéllas que pueden acometer las corporaciones que tengan superávit o remanente de tesorería positivo y que no excedan el límite de deuda] se pueden ejecutar en dos años, pero aparecen como suplementos de crédito el primer año, por lo que siempre va a aparecer como ejecutados sólo una parte en ese ejercicio”.

"El FC Barcelona condena las acciones llevadas a cabo hoy en muchas localidades de toda Cataluña para impedir el ejercicio del derecho democrático y la libre expresión de sus ciudadanos", aseguró el club en un comunicado.

Además, la entidad azulgrana explica que solicitó a la Liga el aplazamiento del encuentro, pero que no fue concedido. "Ante la excepcionalidad de estos hechos, la Junta Directiva ha decidido que el partido del primer equipo de fútbol de hoy contra Las Palmas se jugará a puerta cerrada, tras la negativa de la Liga de Fútbol Profesional a decretar su aplazamiento", concluye.

"Juntos somos imparables defendiendo la democracia"

Por otra parte, el jugador del Barça Gerard Piqué acudió a votar al referéndum y declaró en su cuenta de Twitter: "Juntos somos imparables defendiendo la democracia".

El jueves animó a la población catalana a expresarse pacíficamente en las urnas: "No les demos ninguna excusa. Es lo que quieren. Y cantemos bien alto y bien fuerte: Votaremos".

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha nombrado nuevo teniente fiscal de la Secretaría Técnica a Guillermo García-Panasco, responsable de la Fiscalía de las Palmas que abrió una investigación a la magistrada Rosell. Sustituirá en este cargo a Alejandro Luzón tras ser nombrado jefe de la Fiscalía Anticorrupción.

García-Panasco, juez en excedencia y doctor en derecho, ha estado desde 2008 al frente de la Fiscalía de Las Palmas. Desde que ingresó en la carrera fiscal en 1994 ha sido fiscal delegado de Medio Ambiente y Urbanismo y se encargó del servicio de extranjería, según ha informado el departamento que dirige Maza en un comunicado.

La Fiscalía que dirigía el nuevo responsable de la Secretaría Técnica fue la que abrió una investigación contra la magistrada y exdiputada de Podemos Victoria Rosell. Al respecto, la Sala de lo Contencioso-Adminsitrativo del Tribunal Supremo anuló dichas diligencias al entender que el Ministerio Público invadió aspectos esenciales del procedimiento disciplinario" a jueces y magistrados reservado al Consejo General del Poder Judicial.

Pese a que la propia Rosell y que Podemos Canarias pidiesen responsabilidades, García-Panasco aseguró que no iba a dimitir de su cargo y que acataba la sentencia del alto tribunal. Es más, destacó que con esta resolución se ha resuelto una "controversia jurídica" y que así se garantiza que "en adelante" se sigan los "criterios ahora fijados por el Tribunal Supremo".

El nombramiento del teniente fiscal es de libre designación por parte del fiscal general del Estado, quien ya ha puesto en conocimiento de su decisión a los miembros del Consejo Fiscal, tal y como exige el artículo 36.3 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Agentes de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional han detenido en Las Palmas de Gran Canaria a un marroquí que 33 años de edadLas Palmas de Gran Canaria que estaba decidida a llevar a cabo la "yihad violenta", según ha informado el Ministerio del Interior. Agentes están registrando el domicilio del detenido, situado en la calle Colombia, número 39 de la localidad, según ha podido saber Europa Press.

Los investigadores consideran que el arrestado "constituía una potencial amenaza para la seguridad nacional, al haber manifestado su clara intención de realizar un atentado terrorista de envergadura y repercusión".

El detenido, que estaba en situación irregular en España, se encontraba sometido a investigación desde el año 2012, dado que se tenía constancia de su perfil potencialmente peligroso, y había experimentado un aumento en su nivel de radicalización en corto espacio de tiempo, mantienen los agentes.

De hecho, afirma la investigación, había adoptado una "estética fundamentalista" tanto en su aspecto físico, como en su forma de vestir, extendiendo su radicalización a su entorno más cercano, incluyendo a sus familiares, a los que había impuesto no solo la conversión religiosa sino la adopción de las costumbres más rigoristas.

La investigación ha demostrado que el detenido desarrollaba una extensa actividad en redes sociales, a través de las cuales publicaba contenidos yihadistas de apoyo al grupo terrorista Estado Islámico, compartía vídeos violentos ensalzando el martirio, aprobaba abiertamente la comisión de atentados terroristas e incluso posaba junto a su esposa e hijo menor vistiendo vestimentas con emblemas de la citada organización terrorista sosteniendo armas blancas.

Toda esta actividad era llevada a cabo por el detenido haciendo uso de diversas técnicas de enmascaramiento de identidad en la red para eludir así el control policial.

La operación, que continúa abierta, se ha desarrollado bajo la supervisión del Juzgado Central Instrucción número 2 y coordinación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, con el apoyo del Centro Nacional de Inteligencia.

El CGPJ ya investigaba estos hechos a raíz de una denuncia presentada por la propia Rosell. Ahora tendrá que determinar si además de falta disciplinaria el juez Alba pudo incurrir en delito y en ese caso remitirá su investigación a la Fiscalía.

Las asociaciones de víctimas del franquismo han exigido crear una comisión técnica-política entre el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con el objetivo de exhumar la fosa común del cementerio de la capital grancanaria, según Europa Press.

Esta petición, señalan en un comunicado, se realiza tras los compromisos adquiridos por el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, y el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, para exhumar esta fosa, por lo que consideran que "se hace fundamental la creación de dicha comisión, que esté integrada por técnicos especializados, políticos y familiares, que estructure la metodología de trabajo, el presupuesto y la valoración de los informes que se realicen al respecto".

En concreto, esta solicitud la realizan los colectivos de Familiares Fusilados de San Lorenzo y Foro Canario de Víctimas del Franquismo, que creen que es "urgente" constituir esta comisión con el fin de dar el "espaldarazo definitivo" a la exhumación de esta fosa común que, matizan, según algunas de sus investigaciones podría "albergar restos de cientos de personas asesinadas por el fascismo en Canarias, superando incluso las cifras dadas" desde el Consistorio, que se situaba en unos 60 restos de republicanos fusilados.

Además, estas asociaciones exigen que "se abra la fosa común a la mayor brevedad", añadiendo que les "da igual quien lo haga, a quien se lo adjudiquen, si lo hacen técnicos canarios o de fuera". Denuncian que "hay decenas de familias reclamando que se lleve a cabo dicha exhumación para poder identificar y recuperar los restos de sus familiares asesinados".

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, aseguró este jueves que si se formaliza la imputación de la diputada de su partido y jueza en excedencia Victoria Rosell por la causa abierta contra ella en el Tribunal Supremo por los delitos de cohecho, prevaricación y retardo maliciosoTribunal Supremo en la administración de justicia, se le aplicará el código ético de su partido "con toda su rigurosidad", lo que implica que no podrá ir en las listas de las próximas elecciones generales, según Europa Press.

Así lo aseguró el líder de Podemos en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso tras avisar de que, lo "primero" de todo, es que la jueza declare ante el juez. "Tendrá que declarar, y si después de declarar ante el juez, el juez entienden que hay algún hecho constitutivo de delito, se aplicará el código ético con toda su rigurosidad, pero tendrá que declarar primero", reafirmó.

"Ningún desafío al código ético" todavía

En esta misma línea, el también diputado de Podemos y juez en excedencia Juan Pedro Yllanes aseguró en declaraciones en el Congreso que de momento no se ha producido por parte de Rosell "ningún desafío al código ético" porque no está "imputada", y defendió que, en el caso de que resulte imputada, la formación morada será "coherente".

"La decisión evidentemente la tendrá que tomar la Ejecutiva, y estoy absolutamente convencido de que en Podemos el código ético es algo muy importante. La Ejecutiva decidirá cuál es ladecisión que se toma sobre Rosell, pero en este momento me parece que no hay el más mínimo desafío al código ético", enfatizó.

Los estatutos que el partido morado aprobó en su asamblea fundacional de Vistalegre en 2014 obligan a sus miembros a renunciar a sus cargos públicos, internos del partido o a cualquier candidatura en el caso de ser imputados –término que ahora, con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), se sustituyó por el de "investigados"–, procesados o condenados por determinadas faltas y delitos, entre los que figura la "corrupción".

Delitos de corrupción

Este es el punto del código ético que podría afectar al futuro político de la jueza y diputada de Podemos, Victoria Rosell, en el caso de que resulte formalmente "investigada" en la causa que abrió el martes el Supremo tras admitir parte de la querella interpuesta contra ella por el exministro de Industria José Manuel Soria José Manuel Soria por irregulares en su forma de instruir el procedimiento abierto en las Palmas de Gran Canaria contra un empresario socio de su pareja.

Aunque el líder del partido morado aseguró este miércoles que cuenta con Rosell para volver a encabezar la candidatura de Podemos al Congreso por Las Palmas en las generales del 26 de junio, este jueves reconoció que, en el caso de que el juez decida investigarla después de declarar, la jueza tendrá que cumplir el código ético y renunciar a ir en las listas.

No obstante, tanto Rosell como Iglesias manifestaron que esperan que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias –órgano que asumirá su causa tras renunciar ayer a su puesto en la Diputación Permanente y, en consecuencia, a su condición de aforada como diputada cuando se disuelvan las Cortes– desmonte "la mentira" que atribuye al exministro Soria.

Si imputan a Rosell, "no podrá ir en la candidatura"

El diputado de Podemos, Alberto Rodríguez, aseguró este jueves que si los tribunales ratifican la imputación de Victoria Rosell deberá irse y abandonar las listas del partido. "Si el tribunal que sea decide que Victoria Rosell sea imputada por cualquiera de los hechos de los que se la acusa, evidentemente no podrá formar parte de la lista y no podrá ir en la candidatura", aseveró en declaraciones al programa de 7.7 Radio 'Nada que ver', de José Luis Martín.

Rodríguez cree que eso "no haría falta ni que Podemos se lo dijera", pues cree que "ella misma daría un paso al lado si esto fuera así". En todo caso, consideró que esta acusación no seguirá adelante pues es un "esfuerzo más de la maquinaria del fango contra Podemos".

Sobre la dimisión en bloque de la dirección de Podemos en La Palma, sostuvo que aunque no tiene "responsabilidad orgánica" sí le "interesa qué es lo que ocurre en la circunscripción con la que me presento". "Tengo llamadas de compañeros que fue imposible atenderlas ayer por la actividad parlamentaria", dijo.

Así, dijo esperar poder "solucionar este entuerto": "Estoy seguro que no será nada que no se pueda reconducir", dijo el diputado que apuntó haber estado "dos veces en La Palma" y haber tenido un "recibimiento muy bueno".

El ministro de Industria en funciones y presidente del PP canario, José Manuel Soria, fue administrador durante unos meses de 1992 de una sociedad registrada en Bahamas y que ha aparecido en la documentación interna del bufete Mossack Fonseca, los llamados papeles de Panamá.

Así lo aseguran El Confidencial y laSexta, que participaron en la investigación de estos papeles con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

Según este diario, el ministro declaró a laSexta que la compañía offshore era una sociedad consignataria con la que había trabajado la empresa familiar. Este lunes por la mañana afirmó, en declaraciones al canal: "Puedo decirle que desmiento total y rotundamente que tenga absolutamente nada que ver con ninguna sociedad radicada en Panamá ni en ningún otro paraíso fiscal". Además, avanzó que ha dado instrucciones a su abogado para que solicite una comisión rogatoria y las autoridades panameñas sean las que determinen si aparece o no su nombre.

Según El Confidencial, el 3 de septiembre de 1992 el bufete Mossack Fonseca registró la sociedad UK Lines Limited en Bahamas e inscribió como administradores de la misma a Tomás Poggio, Méndez Fernández de Lugo y José Manuel Soria.

Sin embargo, el nombre del hoy ministro desapareció de la sociedad a los pocos meses, en noviembre de 1992. El bufete pidió cambiar a los administradores de la compañía, argumentando que uno de ellos había sido nombrado de forma errónea, y en su lugar se nombró como administrador al hermano del ministro, Luis Alberto Soria.

La sociedad se disolvió en marzo de 1995

, pocas semanas antes de que empezase la campaña electoral que llevaría a Soria a la Alcaldía de Las Palmas.

Seguridad Integral Canaria despidió el año pasado a siete miembros del comité de empresa y a otros dos del comité de huelga. Pero, en sentencias sucesivas, los jueces ya le han ordenado la readmisión de cuatro de ellos, por vulnerar dos derechos fundamentales: los derechos a la libertad sindical y a la libertad de expresión de los representantes de los trabajadores. Seguridad Integral Canaria es una de las empresas de Miguel Ángel Ramírez, empresario canario, donante del PP y con buenas relaciones con el ministro de Industria, José Manuel Soria, que fue indultado por el Gobierno de Mariano Rajoy después de que el Tribunal Supremo lo condenara a tres años de cárcel por un delito urbanístico.

Además, Ramírez está siendo investigado por un fraude a Hacienda y a la Seguridad Social, que puede ascender a 13 millones de euros desde 2008 hasta 2013 sólo en lo referido a las cotizaciones. El sindicato USO eleva la cifra hasta los 40 millones. El supuesto fraude lo comete pagando a sus vigilantes jurados las horas extraordinarias como si fueran dietas, que están exentas de tributación fiscal y de cotización social. Y son deducibles en el impuesto de sociedades.

Por este delito, Ramírez fue investigado en principio por la exjueza Victoria Rosell, en excedencia desde el pasado octubre y ahora diputada en las listas de Podemos. El creador del grupo Ralons, del que forma parte Seguridad Integral Canaria, firmó un contrato de 300.000 euros con el marido de la jueza, Carlos Sosa, para alquilar una frecuencia de radio de Clan de Medios, empresa propiedad de este periodista. Con ella pretendía que siguiera en el aire UD Radio, la emisora de la Unión Deportiva Las Palmas, que preside desde 2005. Por ese motivo Victoria Rosell fue también sometida a investigación por retardo malicioso en su instrucción y por si debió haberse abstenido de instruir la causa contra Miguel Ángel Ramírez dado que su esposo estaba negociando un contrato con el empresario. Finalmente, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) archivó el pasado 12 de febrero las diligencias abiertas contra ella.

Ramírez es conocido también por otras dos de sus empresas de seguridad, Marsegur y Sinergias de Vigilancia y Seguridad, que han sido denunciadas por los sindicatos en repetidas ocasiones debido a que pagan salarios hasta un 40% inferiores a los establecidos en el convenio estatal del sector de la seguridad privada. Gracias a sus condiciones laborales low cost, se han hecho con un buen número de adjudicaciones públicas. Al menos hasta ahora. Porque sus prácticas laborales han empezado a recibir el reproche de los tribunales.

Comités a la medida

El Supremo ha condenado condenadoal empresario canario por pactar con un comité ilegal, constituido por un sindicato independiente que integraban sólo jefes y mandos intermedios, un descuelgue salarial en Seguridad Integral Canaria. Y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado 10 artículos del convenio colectivo ad hoc que firmó en otra de sus empresas, Marsegur. Son los artículos donde se fijan las retribuciones salariales de la plantilla. Para firmar ese convenio utilizó el mismo método que para aprobar el descuelgue en Seguridad Integral Canaria. También para elaborar el de Sinergias de Vigilancia y Seguridad, que ya ha sido igualmente denunciado por los sindicatos.

Finalmente, ahora han sido los jueces de lo Social quienes han anulado los despidos de los miembros del comité de empresa de Seguridad Integral Canaria en Las Palmas. Trece de sus 21 miembros pertenecen al llamado Grupo Independiente, constituido por jefes y mandos intermedios de la empresa. Otros cinco son miembros de Intersindical Canaria –cuatro de ellos fueron despedidos– y otros tres más se integran en el Sindicato Unificado de Seguridad Privada (SUSP). Fueron elegidos en abril de 2014, pero el proceso se encuentra impugnado en los tribunales.

Desde entonces existe un “manifiesto clima de enfrentamiento laboral” en la empresa, según reconoce una de las condenas judiciales a Ramírez, a la que ha tenido acceso infoLibre. “Es la primera vez en que entraron en el comité representantes de los trabajadores, no de los mandos nombrados por el empresario”, explica Armide Ortega Afonso, uno de los miembros de Intersindical Canaria despedidos.

Protesta en el Ayuntamiento y una rueda de prensa

Los delegados sindicales fueron primero sancionados y después despedidos por causa disciplinaria en 2015, después de que un grupo de trabajadores de Seguridad Integral Canaria escenificaran una protesta durante un pleno del Ayuntamiento de Las Palmas. La empresa de Miguel Ángel Ramírez es la adjudicataria desde hace años de los servicios de vigilancia de ese consistorio. Los trabajadores llevaban caretas de El pequeño Nicolás, amigo del empresario canario y seguidor de la Unión Deportiva Las Palmas, club también propiedad de Ramírez. También vestían camisetas con un rótulo: “Donde hay un corrupto, hay un corruptor, tanto o más importante que el nombre del político corrupto es conocer el de la empresa de seguridad corruptora”.

La empresa los acusaba de atentar contra su imagen pública y profesional, además de contra la dignidad y el honor de la dirección y de su propietario, al haber vertido “insultos y expresiones injuriosas y calumniosas”. A su juicio, los miembros del comité urdieron “una conspiración” contra Seguridad Integral Canaria, para perjudicar su “reputación y buen nombre” y, por tanto, conseguir que “deje de ser una empresa competitiva en el sector”.

En esa campaña incluye la firma de Ramírez una rueda de prensa que dieron CCOO, UGT, USO, Intersindical Canaria y SUSP para anunciar la convocatoria de una huelga. En ella, los representantes de estos sindicatos hicieron comentarios “insultantes y vejatorios” contra la empresa y contra Ramírez. Además, reprochaba a los miembros de Intersindical Canaria algunos posts de sus miembros en perfiles de Facebook y en algún confidencial de internet.

Buena fe sí, deber de lealtad omnicomprensivo no

Los jueces aseguran que, aunque el ejercicio de la libertad de expresión por parte de los trabajadores, en su relación con el empresario, debe desarrollarse conforme a la exigencias de la buena fe, ésta no debe confundirse con “un genérico deber de lealtad que fuera omnicomprensivo de una situación de sujeción al interés empresarial”. También enmarcan las manifestaciones de los sindicalistas en el “conflicto social” existente en la empresa y destacan que, pese a calificarlas de injuriosas y calumniosas, la empresa no ha presentado querella alguna contra ellos.

Las expresiones de los delegados sindicales, entienden los jueces, “son groseras, soeces y denotan una manifiesta mala educación, pero no justifican el despido”. No traspasan los límites del derecho a la intimidad y la vida privada de los responsables de Seguridad Integral Canaria y se circunscriben al “estricto ámbito de las relaciones laborales”, precisan. Remitiéndose a las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, los jueces destacan que el despido de los miembros del comité “constituye un ataque directo a la razón de ser de un sindicato”.

Pese a que Intersindical Canaria da por seguro que la empresa recurrirá la anulación de los cuatro despidos, la ley le obliga a readmitirlos y devolverles su condición de representantes de los trabajadores.

48 demandas para reclamar el pago de salarios

Mientras, el comité ha presentado ya las primeras 48 demandas individuales de trabajadores para que Seguridad Integral Canaria les pague las cantidades que dejaron de percibir durante el año que duró el descuelgue salarial anulado por el Tribunal Supremo. Según el sindicato, unos 5.000 euros de media por trabajador. Casi 200 vigilantes están en condición de reclamarlos.

El problema, denuncia Intersindical Canaria, es que la empresa amenaza con represalias a quien pide a Recursos Humanos las cifras sobre horas trabajadas para presentar luego la reclamación. De hecho, a quien ya lo ha hecho se le cambiado de servicio o quitado las horas extras, asegura el sindicato. Por eso es el comité el que pide los datos de cuadrantes y nóminas, y luego interpone las denuncias. infoLibre se ha puesto en contacto con Seguridad Integral Canaria para obtener su punto de visto sobre el asunto, pero no ha conseguido una respuesta.

Quince minutos después de que el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, inaugurara las jornadas, Miguel Ángel Ramírez, presidente y fundador de Seguridad Integral Canaria, tomaba la palabra para explicar a un centenar de alumnos del instituto de FP Cruz de Piedra de Las Palmas cómo se forja un emprendedor. Ramírez, en efecto, empezó de lavacoches y hoy dirige una veintena de empresas con 7.000 empleados repartidos por toda España. La charla era una más de las programadas en la Semana del Emprendimiento, donde el presidente del grupo Ralons y de Seguridad Integral Canaria compartió público el pasado noviembre con el alcalde de Las Palmas, Augusto Hidalgo (PSOE), la consejera de Educación canaria, Soledad Monzón (CC), el presidente de la patronal canaria, Agustín Manrique de Lara, y el director general del Servicio Canario de Empleo, Alejandro Martín.

Ramírez es el empresario al que investigaba por fraude fiscal y a la Seguridad Social la jueza Victoria Rosell, en excedencia desde el pasado octubre para presentarse en las listas de Podemos. Y fue Ramírez quien firmó un contrato de 300.000 euros con la pareja sentimental de la jueza, Carlos Sosa, para alquilar una frecuencia de radio de Clan de Medios, empresa propiedad de este periodista. Con ella pretendía que siguiera en el aire UD Radio, la emisora de la Unión Deportiva Las Palmas, que preside desde 2005. La Fiscalía debe dilucidar ahora si Victoria Rosell debió abstenerse de instruir la causa contra Miguel Ángel Ramírez porque su pareja estaba negociando un contrato con el empresario mientras ella le investigaba. Ya antes el Ministerio Público se había quejado de los retrasos en la instrucción del caso, que comenzó en enero de 2014.

Rosell niega que haya cometido delito alguno –alega que el contrato se firmó 13 días después de que pidiera la excedencia– y ha acusado al ministro de Industria de estar “detrás” de las acusaciones contra ella. José Manuel Soria ha respondido presentando una querella por injurias y calumnias contra la jueza. A lo largo de los últimos años, Carlos Sosa, que es director de Canarias Ahora, un medio asociado a eldiario.es, se ha cruzado varios pleitos judiciales con el ministro canario. Para cerrar el círculo, Soria, alcalde de Las Palmas durante ocho años antes de presidir el Gobierno insular, también se cuenta entre las numerosas relaciones políticas de Miguel Ángel Ramírez.

Pues bien, a los alumnos del instituto de FP Cruz de Piedra dueño de Ralons les aseguró que lo más valioso para un emprendedor no es el dinero, sino “tener una idea y la valentía necesaria para arriesgar todo por hacerla realidad”. También les detalló sus progresos desde que fundó su primera empresa, Canarymundi, en 1991. Pero lo que no les contó fue su historial judicial, que incluye imputaciones por cohecho, estafa, apropiación indebida y fraude fiscal y a la Seguridad Social. También una condena a tres años de cárcel por delito urbanístico y un indulto parcial del Gobierno posteriormente anulado por el Tribunal Supremo.

Conflictos laborales

Tampoco les explicó los variados conflictos que mantiene con sus trabajadores. El Tribunal Supremo está a punto de dictaminar la validez del convenio colectivo de Seguridad Integral Canaria, que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) anuló en 2013. El fiscal ya ha emitido un informe que confirma la sentencia del TSJC. El empresario pretendió descolgarse del convenio estatal del sector y convertir en un convenio de empresa el acuerdo que firmó para ello con sólo una parte del comité –una Plataforma Independiente–. Ese convenio eliminaba pluses de nocturnidad, festividad, Nochebuena, Fin de Año, transpote, vestuario… congelaba el salario y difería su pago a los 10 primeros días de cada mes, entre otros recortes. Los vigilantes de Seguridad Integral Canaria cobran menos que los de las empresas amparadas por el convenio estatal del sector: unos 890 euros netos al mes. El TSJC, y el fiscal del Supremo coincide con él, dictaminó que ese acuerdo ni era un convenio ni la negociación había sido tal ni la empresa había actuado de buena fe en ella.

Además, si Miguel Ángel Ramírez está imputado por fraude a Hacienda y a la Seguridad Social se debe a que, según el sindicato USO, que le denunció, pagaba a sus vigilantes jurados las horas extraordinarias como si fueran dietas. De esa forma, evitaba tributar a Hacienda y cotizar a la Seguridad Social por las primeras. Las segundas no sólo están exentas de pago por ambos conceptos, sino que también son deducibles en el impuesto de sociedades. Así, el fraude puede ascender a 13 millones de euros desde 2008 hasta 2013 sólo en lo que a la Seguridad Social se refiere. El sindicato USO eleva la cifra hasta los 40 millones.

El rey del concurso público

Con este ahorro en costes salariales, Ramírez conseguía presentar las ofertas más bajas en los numerosos concursos públicos a los que se presentaba. Y ganarlos. Porque el catálogo de las adjudicaciones que han caído en sus manos, tanto en Canarias como en la Península es largo. Ni su condena por delito urbanístico a tres años de cárcel – ni el resto de sus imputaciones– le han impedido ganar contratos públicos. En Canarias se encarga de la vigilancia del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y acaba de conseguir la construcción y posterior explotación, durante 35 años, de una nueva residencia universitaria en Las Palmas por ocho millones de euros.

En la Península, se encarga desde 2011 de la seguridad del complejo de Nuevos Ministerios de Madrid, así como de los 127 edificios del Ministerio de Defensa –32 millones de euros en dos años prorrogables por otros tantos–. También son suyos buena parte de los vigilantes del Metro de Madrid, a quienes estuvo a punto de aplicarles un despido colectivo en septiembre de 2014. Además, vigila edificios propiedad de Patrimonio del Estado como el Palacio Real o el Palacio de El Pardo, instalaciones de AENA, la Tesorería de la Seguridad Social o la Delegación del Gobierno en Madrid.

Precisamente, Seguridad Integral Canaria es una de las 13 empresas imputadas por cohecho en el llamado caso Kpanda, los supuestos pagos de esos contratistas a dos tenientes coroneles a cambio de información sobre las licitaciones abiertas por el Ministerio de Defensa. Un juez canario también lo ha imputado por estafa y apropiación indebida, por falsear las facturas que expedía a AENA por la seguridad del aeropuerto Reina Sofía de Tenerife Sur: le acusa de aumentar el número real de vigilantes para facturar más horas de las que realmente se trabajaban.

De Soria a Rato

Cuando Ramírez fue indultado por el Gobierno, pese a los informes en contra del fiscal y del juez, salieron a la luz sus relaciones con el PP. Una empresa en la que figuraba como apoderado y propietario del 0,5% del capital, Gestiones y Asesoramientos 3000, apareció como donante del partido de Mariano Rajoy: 100.000 en 2010 y 50.000 euros en 2011. Pero ya antes sabía cómo manejar sus conexiones políticas. El Cabildo de Gran Canaria firmó un acuerdo de patrocinio con la Unión Deportiva Las Palmas en 2006 por el que se comprometía a pagar al club de fútbol de Ramírez 1,6 millones de euros anuales durante 20 años. Entonces presidía el cabildo José Manuel Soria.

En julio de 2011, cuando salió a Bolsa Bankia, se publicitó en los medios canarios que el dueño de Ralons se había convertido en sólo tres días en “el máximo accionista canario” de la entidad financiera. Quizá por un motivo sentimental: la Caja Insular de Ahorros de Canarias era una de las cajas integradas en el ahora banco nacionalizado. O quizá no tanto: Miguel Ángel Ramírez fue el primero en fotografiarse con el entonces presidente de Bankia, Rodrigo Rato.

Grabar el paso de los transeúntes y vehículos por la calle es una actividad habitual para El Corte Inglés y las empresas de su grupo, a pesar de que vulnera de forma grave la Ley Orgánica de Protección de Datos. La empresa ha sido condenada en firme en al menos seis ocasiones desde el año 2010 por tener cámaras orientadas hacia el exterior en varios de sus edificios, según las sentencias consultadas por infoLibre. La suma de las multas que ha recibido el grupo por estas infracciones asciende a 300.204 euros.

El registro indebido de imágenes de viandantes y vehículos de la calle se ha producido en edificios de El Corte Inglés en toda España: centros de Murcia, Málaga, Madrid o Barcelona han sido sancionados por ello, además de los edificios de Hipercor de Málaga y Cornellà de Llobregat. Todos los procedimientos siguen el mismo esquema: la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) impone una sanción grave a El Corte Inglés por estas prácticas, la empresa la recurre ante el propio organismo, éste desestima el recurso y, agotada la vía administrativa, la compañía acude ante la Audiencia Nacional, que confirma la sanción.

Precisamente en esta última fase se encuentra el centro de Las Palmas de Gran Canaria, que ha sido sancionado por la AEPD por estos mismos motivos, según informó este periódico el lunes de esta semana. En caso de que la Audiencia Nacional condene a la empresa sería, por tanto, la séptima sentencia por este motivo.

Todos los procedimientos de sanción analizados por infoLibre sostienen que El Corte Inglés e Hipercor violaron la Ley Orgánica de Protección de Datos al tener una serie de cámaras de videovigilancia captando imágenes de la calle sin permiso de las autoridades. Hay algunas especialmente explícitas, como la relativa al centro El Corte Inglés de Málaga –hecha pública en 2011–, que sostiene que "la entidad recurrente conocía las limitaciones existentes para la grabación de imágenes en vías publicas y a pesar de ello no adoptó las precauciones precisas para evitar que dicha grabación se produjera".

Este diario se puso en contacto con El Corte Inglés para conocer su versión sobre estas sanciones. Una portavoz de la empresa argumentó que los casos analizados eran "muy antiguos" y que las denuncias resueltas por el tribunal –una fue presentada en 2007, otra en 2008, tres en 2009 y una más en 2012– se produjeron cuando la compañía estaba "adaptándose a la nueva normativa" sobre videovigilancia. La Audiencia Nacional condenó en firme a El Corte Inglés una vez en 2010, en dos ocasiones en 2011, y una vez en los años 2012, 2013 y 2014.

De igual forma, esta portavoz sostuvo que "se han revisado todos los procedimientos y se han subsanado los problemas en todos los centros afectados por las denuncias", y tachó de "casos aislados" las demandas contra el centro Hipercor de Cornellà de Llobregat –de 2012 y resuelta por la Audiencia Nacional en 2014– y Las Palmas, presentada en 2013 y sentenciada ya en contra de El Corte Inglés por la AEPD, que ha presentado un recurso ante la Audiencia Nacional que aún se encuentra pendiente del fallo.

La Justicia desmonta los argumentos de la empresa

La primera de las sentencias de la Audiencia Nacional contra El Corte Inglés por estos hechos se produjo en 2010, cuando el tribunal ratificó la sanción de 60.101 euros que en julio del año anterior la AEPD impuso a la empresa por tomar imágenes sin permiso de viandantes y vehículos en su centro de la Avenida Diagonal de Barcelona. La AEPD no tomó en consideración los argumentos de la compañía, que señaló que la grabación de imágenes en su centro estaba señalizada y aseguró que su finalidad era protegerse de "las amenazas y riesgos existentes", incluidos "atentados terroristas".

"Lo adecuado y no excesivo hubiera sido, según la AEPD, que las cámaras sólo tomaran imágenes de las entradas a dicho edificio y fachada y en su caso un espacio mínimo de la vía pública", resume en la desestimación del recurso la Audiencia Nacional. El Corte Inglés basó su apelación a la Justicia en tres motivos, según se recoge en la propia sentencia: la "prescripción de la supuesta infracción", la "inexistencia de tratamiento de datos y de un fichero estructurado" y la "vulneración del principio de proporcionalidad". Estos tres argumentos se repiten en todas las sentencias analizadas por este diario en casos relativos a otros centros.

En este sentido, la empresa sostenía que no existían pruebas de la fecha en la que se produjo la toma sin permiso de imágenes del denunciante –que en este caso, como en la mayoría, fue un particular–. Asimismo, El Corte Inglés adujo que las imágenes se grababan en una cinta continuada y se borraban al cabo de una semana en lugar de almacenarse en un fichero, por lo que no podrían localizarse de manera sencilla fragmentos concretos para localizar a transeúntes; y también argumentó que la posible infracción "sería merecedora del menor reproche posible, por cuanto no ha existido intencionalidad, el perjuicio ocasionado es nulo y no ha habido reiteración", en palabras de la sentencia de la Audiencia Nacional.

La Justicia, no obstante, no tomó en consideración ninguno de estos tres razonamientos. En primer lugar, consideró que la sanción a El Corte Inglés "no es exclusivamente por la captación de la imagen del denunciante sino por el tratamiento sin consentimiento de imágenes de todas las personas que se introdujeron dentro del campo de visión de las cámaras instaladas en la fachada del edificio y orientadas a la vía pública". Teniendo en cuenta este hecho, y que en el momento de la inspección por parte de la AEPD tras la denuncia se seguían realizando estas prácticas, la infracción no se habría detenido y por tanto no habría prescrito.

De igual manera, el tribunal contradice a El Corte Inglés al asegurar que la recogida de imágenes de los viandantes y vehículos del exterior del centro "constituye una operación o procedimiento técnico de recogida de datos", que se guardan en un fichero durante siete días. "Es de destacar que como finalidad del citado fichero figura la 'captura de imágenes de personas y vehículos por motivos de seguridad [...] se conservan por un periodo de 7 días', reconociendo la propia parte que se pueden realizar búsquedas de imágenes de personas en base a criterios de lugar, día y hora", asevera la sentencia, que critica que "con estos presupuestos, hablar de inexistencia de fichero" resulta "gratuito".

Tampoco se admite como un motivo válido la supuesta falta de intencionalidad de El Corte Inglés, así como su aseveración de que no ha existido perjuicio. "La captación y grabación de personas identificables en la vía pública, más allá de lo necesario y proporcional, sin autorización del Ministerio del Interior, denota falta de diligencia", asegura la sentencia, que asegura que El Corte Inglés es responsable de los hechos "a título de culpa o negligencia".

Multas mínimas

Los argumentos de la AEPD –recogidos por la Audiencia Nacional al desestimar los recursos– y El Corte Inglés son prácticamente los mismos en las seis las sentencias analizadas, si bien en algunas (como las relativas a los centros de Murcia y Madrid) las alegaciones de la empresa añaden que "la obtención del consentimiento expreso de las personas cuyas imágenes se pudiera captar por las cámaras resulta poco menos que imposible".

En este sentido, en algunas de las sentencias los jueces de la Audiencia Nacional incluso copian párrafos enteros de anteriores resoluciones, y hacen referencia expresa a las mismas: es el caso de las relativas a los centros de Málaga y Madrid, que se basan en la jurisprudencia sentada por la sentencia sobre el centro de Barcelona.

En el caso de la sanción relativa al centro de Barcelona, la sanción que se impuso a la compañía fue de 60.101 euros, la cuantía más baja que podía aplicarse a las infracciones graves con la norma vigente hasta 2011 –en marzo de ese año, la multa mínima para las faltas graves bajó a 40.001 euros–. Esto es una constante en todas las resoluciones dictadas en contra de El Corte Inglés por la AEPD por infracciones de este estilo: sólo en dos de las siete analizadas por infoLibre –las relativas a los centros El Corte Inglés de Murcia e Hipercor de Málaga, que fueron sancionados con 50.000 euros cada uno– no se dictó la sanción mínima entre las posibles.

Estas decisiones sorprenden si se atiende a los criterios que establece la ley para graduar la cuantía de las multas. En su artículo 45.4, la Ley Orgánica de Protección de Datos señala que servirán como pauta para determinar la sanción interpuesta aspectos como "el carácter continuado de la infracción", "el volumen de negocio o actividad del infractor" o "la reincidencia por comisión de infracciones de la misma naturaleza".

No había sucedido nada igual en la corta experiencia de las primarias abiertas del PSOE. Nada semejante a la anulación del 37,49% de las inscripciones de ciudadanos que querían participar en la elección de un candidato socialista. Pero eso fue lo que comunicó de urgencia el partido en la noche de este sábado: que la ejecutiva federal anulaba, "por no reunir los requisitos reglamentarios", 3.755 inscripciones para las primarias de Canarias, de un total de 10.015 registrados. El 37,49% de los que se habían apuntado, lo que supone un 22,34% del censo total. Las agrupaciones más afectadas son las de Adeje, Santa Cruz y Las Palmas de Gran Canaria. Para evitar suspicacias, fuentes oficiales de la dirección de Pedro Sánchez subrayaron a este diario esta noche que lo que se pretende es "proteger el proceso", no "afectar a ningún candidato". 

Canarias y Navarra son las dos federaciones que mañana domingo celebran primarias abiertas para nombrar a sus aspirantes autonómicos. Es en la primera comunidad donde la pelea se presenta más ajustada entre los tres rivales: la diputada en el Congreso por Tenerife Patricia Hernández; el director general de Comercio del Gobierno de las islas, Gustavo Matos, y la portavoz socialista del Cabildo de Gran Canaria, Carolina Darias. En Navarra, la favorita es la actual portavoz en el Senado, María Chivite, que ganó con bastante margen a su contricante, la exparlamentaria Amanda Acedo, en número de avales. Además, mañana se vivirán primarias cerradas (entre militantes) en 70 municipios de toda España y en Ceuta. 

En un comunicado, Ferraz señaló que las incidencias son un "error" fruto del "desconocimiento del proceso", pero juzga "primordial para el partido garantizar que las personas correctamente inscritas participen con plenas garantías". "Lo primordial –añade– es que un acto de tal trascendencia, como la elección de un candidato autonómico por primarias abiertas, responda a su objetivo de cara a los militantes y a la ciudadanía sin dejar lugar a dudas".

La dirección explica que las razones para anular tal volumen de registros se hallan en la información recabada por el Departamento Federal de Atención al Militante (DFAC), el órgano responsable de la conformación del censo para los procesos de primarias –el censo es competencia de Ferraz–, que procedió a la verificación de las inscripciones. Fue entonces cuando detectó las irregularidades. ¿Cuáles? Que figuraban "los mismos pagadores para todas estas inscripciones", que los datos de contacto estaban "repetidos", que pertenecían a "los mismos centros de votación" y "se hicieron en los mismos tramos horarios y en intervalos correlativos (cada dos minutos aproximadamente)". 

"Manipulación del censo concentrada en pocas agrupaciones"

Visto lo visto, la dirección federal del PSOE concluyó que "no han sido actos individuales de inscripción sino que se deduce que están directamente realizadas por terceros o al menos organizadas por terceros", que "podría vulnerar lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos al no existir autorización por las personas inscritas", que existe "una presunta manipulación del censo concentrada en muy pocas agrupaciones" –el 75,5% de las anulaciones corresponden a sólo tres agrupaciones–, y "que 11 pagadores PayPal y 11 por tarjeta realizaron la práctica totalidad de las inscripciones irregulares: 2.256 y 1.150 respectivamente, lo que supone el 90,8%".

La ejecutiva federal argumenta que como la votación es posterior al acto de inscripción en el censo, "ningún candidato puede considerarse perjudicado en mayor medida que otro siendo el propio proceso el beneficiado de esta detección y corrección de errores". El objetivo, pues, es "preservar la transparencia y limpieza" del sistema. El PSOE, por último, recardó la "importancia histórica" de las primarias de este domingo y garantizó que "todas las agrupaciones" están "preparadas" para recibir a los ciudadanos que se han apuntado al proceso. 

La asociación Jueces para la Democracia ha denunciado que el Ministerio del Interior, a través del subsecretario de Estado de Seguridad, ha denegado al Foro de Inmigración la visita al Centro de Internamiento de Extranjeros de Barranco Seco (en Las Palmas de Gran Canaria).

Según explica la asociación, el Foro es una actividad organizada conjuntamente por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Gobierno de Canarias en el marco del convenio de formación continua descentralizada, en materia de extranjería, a la que acuden anualmente 30 miembros de las carreras judicial y fiscal.

El objetivo de esta visita es que las autoridades judiciales conozcan los centros de detención de primera mano. En la actualidad, son siete los CIE en funcionamiento en toda España, por lo que jueces para la Democracia sostie que muchos de los jueces no tendrán otra ocasión de comprobar las condiciones de privación de libertad en la que viven los allí recluídos. Además, estos centros están situados a cientos (cuando no a miles) de kilómetros de los juzgados que autorizan el internamiento.

La visita –denegada por segundo año consecutivo– estaba prevista para el próximo jueves a las 4 de la tarde. Por eso demandan a través de un comunicado "una rápida reacción del CGPJ" frente a una decisión –la de prohibir la visita– que califican de "arbitraria". Así, piden al máximo órgano judicial que "defienda el interés legítimo de los magistrados a comprobar personalmente las condiciones de privación de libertad de las personas inmigrantes en dicho centro" y que inste al ministerio que dirige Jorge Fernández Díaz a "reconsiderar tal decisión".

"Decisiones gubernativas como esta solo conducen a quebrar la confianza en las instituciones y a dudar legítimamente a cerca del grado de cumplimiento de la ley en el interior de estos centros", concluye el escrito de la asociación.

La denegación de la visita al CIE de Las Palmas ya fue objeto de crítica por parte del consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del gobierno canario, Francisco Hernández Spínola, que calificó como "incomprensible y desacertada" la decisión de Interior.