Justicia
El Supremo investigará a la diputada de Podemos Victoria Rosell por “cohecho y prevaricación” cuando era jueza
La Sala Segunda del Tribunal Supremo admitió a trámite este martes la querella que interpuso el exministro José Manuel Soria contra la diputada de Podemos Victoria Rosell, a la que atribuye los delitos de retardo malicioso en la administración de justicia, prevaricación y cohecho. La Sala inadmite los otros dos delitos de injurias y calumnias que figuraban en la querella al valorar que la expresiones vertidas por Rosell contra Soria venían amparadas por la libertad de expresión que prevalece sobre el honor o dignidad, en especial cuando los afectados son titulares de cargos públicos.
De esta forma, el Alto Tribunal accede a investigar los hechos relacionados con la supuesta demora en la tramitación de las diligencias previas en la instrucción que llevó a cabo la ahora parlamentaria en un caso contra Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, cuando ella era responsable del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas. El investigado dijo ante el juez sustituto del caso, Salvador Alba, que mantiene desde el año 2000 y hasta la actualidad relaciones comerciales con Carlos Sosa, periodista que dirige Canarias Ahora, un medio asociado a eldiario.es, y que es pareja de Rosell.
La diputada sostiene –así lo afirmó en un comunicado difundido el pasado fin de semana– que es el exministro quien está "detrás de todo este montaje". Y asegura que desde que anunció su candidatura "comenzó la cacería de Soria contra su rival electoral". En ese comunicado recordaba también que la Fiscalía de Sala del Tribunal Supremo pidió que se inadmitieran tanto la querella inicial presentada por Soria como las ampliaciones que presentó después.
La admisión a trámite de la querella confirma el desmarque de los jueces del Supremo con el criterio del Ministerio Público. Los magistrados explican en su auto de admisión que una vez que han recabado la documentación que consideraban oportuna para determinar su propia competencia así como la relevancia penal de los hechos, tendrán que practicar las diligencias necesarias con el fin de concluir o descartar si la supuesta demora en la tramitación "estuvo relacionada con el deseo de favorecer las relaciones comerciales entre Carlos Sosa –persona con la que la señora Rosell convive y mantiene una relación afectiva– y el imputado en aquellas diligencias, Miguel Ángel Ramírez".
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El auto –del que es ponente el presidente de la Sala, Manuel Marchena– explica que la fase de investigación que ahora comienza deberá dilucidar si las distintas resoluciones dictadas en el marco de aquellas diligencias, más allá de su cobertura formal, incluso de su aparente procedencia, "no eran sino el vehículo para la consecución del objetivo de la señora Rosell, que según él querellante, buscaba enriquecer a su pareja".
Siempre según la Sala, se trata de afirmar o excluir si bajo la supuesta dilatada tramitación de aquel proceso se escondía un distanciamiento del principio de imparcialidad de las decisiones adoptadas que "no habrían sido sino una coartada llamada a camuflar el irreparable quebranto de los principios y deberes estatuarios que legitiman el ejercicio de la función jurisdiccional".
El auto de la Sala se basa además de en la querella presentada por Soria, en otros documentos solicitados por la Sala, como el informe remitido por el promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ –cronológicamente anterior a los nuevos datos aportados en la ampliación de la querella–, así como los testimonios de la declaración prestada por Miguel Ángel Ramírez, en la que se aludió a la existencia de pagos continuados a Carlos Sosa, hechos por los que se investigará un delito de cohecho. El instructor de la causa será el magistrado Juan Ramón Berdugo.
