Las violentas protestas que desde hace tres semanas sacuden Bangladesh han dejado más de 300 muertos, convirtiéndose así en el lapso de tiempo más convulso y sangriento en la historia de los movimientos civiles del país, ha recogido Europa Press.

Los enfrentamientos entre los simpatizantes de la Liga Awami de la ya ex primera ministra Seij Hasina y las fuerzas de seguridad contra los movimientos estudiantiles y opositores en al menos una veintena de distritos han dejado al menos 93 muertos en las últimas horas, informa el diario The Daily Star.

En la víspera, se registraron importantes episodios de violencia en ciudades como Daca, la capital, después de que simpatizantes de la Liga Awami salieran a las calles para enfrentarse contra los manifestantes antigubernamentales.

En Daca, al menos doce personas han muerto, mientras que en el distrito de Sirajganj se ha registrado la muerte de 18 personas, entre ellas trece policías.

En las últimas horas, los ataques han ido dirigidos también hacia las propiedades de la clase política dirigente. Al menos 70 de estas habrían sido blanco de los manifestantes, entre ellas un hotel de lujo del secretario general de la Liga Awami, Shahin Chakladar, en Jashore, que ha dejado cerca de veinte muertos.

La cifra de fallecidos previsiblemente podría aumentar en las próximas horas debido al importante número de heridos graves y a la posibilidad de que durante la nueva marcha convocada este por los movimientos estudiantiles se produzcan enfrentamientos con afines a Hasina, en India desde este lunes tras dimitir.

Este martes, el ministro de Asuntos Exteriores de India, Subrahmanyam Jaishankar, ha explicado que Hasina solicitó "con muy poca antelación" autorización para poder entrar en el país, si bien no ha detallado cuánto tiempo permanecerá.

"Con muy poca antelación solicitó autorización para viajar temporalmente a India", ha contado Jaishankar en el Senado, en la que es la primera reacción oficial del Gobierno de Narendra Moni a la crisis política que sacude Bangladesh.

Así, ha detallado que Hasina aterrizó en Nueva Delhi este lunes, poco después de reunirse ese mismo día en Daca con representantes de las fuerzas de seguridad, tras lo cual decidió presentar su dimisión.

Jaishankar ha expresado que el Gobierno sigue con preocupación la situación de los miles de indios que residen en Bangladesh, entre ellos unos 9.000 estudiantes, si bien "la gran mayoría" han logrado regresar a India, ha destacado.

Así, ha mostrado su confianza en que las autoridades bangladeshíes garanticen la seguridad de las legaciones diplomáticas indias en su territorio a fin de poder gestionar de la mejor manera el regreso de sus ciudadanos. "Esperamos que funcionen con normalidad una vez la situación se estabilice", ha dicho.

Del mismo modo, ha informado de que se ha reforzado la seguridad en la frontera "en vista de esta compleja situación", informa el diario 'Indian Express'.

Si bien las protestas comenzaron contra el sistema de cuotas que reserva el 30% de los empleos públicos para los hijos de veteranos de la guerra de la Independencia, pronto se centraron en Hasina y la represión policial.

Al menos 17 personas habrían muerto por el naufragio de una embarcación con rohingyas que había zarpado desde Birmania, según la ONU, que ha alertado de los peligrosos viajes que se ven obligados a emprender los miembros de esta minoría, según informa Europa Press.

El barco supuestamente partió desde el estado de Rajine el pasado jueves y naufragó ya el fin de semana, frente a las costas de la región de Ayeyarwady, debido al mal tiempo. Los cuerpos de las víctimas han llegado hasta playas cercanas.

El director de ACNUR para Asia y el Pacífico, Indrika Ratwatte, ha subrayado que esta tragedia pone de manifiesto una vez más "el nivel de desesperación" de la población rohingya, que ya huyó en masa hacia Bangladesh tras la escalada represiva de 2017.

"Es impactante que niños, mujeres y hombres sigan embarcándose en estos peligrosos viajes y, en ocasiones, perdiendo sus vidas", ha lamentado Ratwatte. Entre las víctimas del último naufragio también habría menores de edad.

Sólo en lo que va de año unos 630 rohingyas han intentado cruzar la bahía de Bengala y, de ellos, un 60 por ciento eran mujeres y niños, según el recuento de la ONU.

Las embarcaciones no sólo parten desde Rajine, sino también desde la zona bangladeshí de Cox's Bazar, donde siguen viviendo cientos de miles de refugiados. ACNUR ha llamado a atajar las causas que motivan estos viajes y, además, ha pedido un mecanismo de coordinación regional para permitir el rescate y el desembarco de los migrantes en peligro en alta mar.

-Are you happy in Spain?

-I am much more than that. I´m free.

(¿Eres feliz en España? Soy mucho más que eso. Soy libre). Así empieza la conversación que infoLibre ha tenido con uno de los hombres bangladesíes que trabajan vendiendo cerveza de manera ilegal cada noche. Al llegar la madrugada, los ya conocidos como lateros salen a las calles de áreas emblemáticas de Madrid como Malasaña, Sol y Lavapiés equipados con carritos de la compra en los que guardan las latas que venden a los transeúntes por un tan solo un euro.

En 2015, la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana estableció como infracción leve el consumo del alcohol en la vía pública. Con multas que van desde los 100 hasta los 600 euros, muchos jóvenes empezaron a ver en los lateros una alternativa más segura y, sobre todo, más barata: “Traer las botellas y los hielos es mucho más complicado. Viene la poli y no te da tiempo a esconderlo, pero si pillas una lata, puedes escondértela o tirarla y no pasa nada”, nos dice un chico que se acerca para comprarle una cerveza al vendedor ambulante con el que hablamos. Los compradores son conscientes de la ilegalidad de este negocio. Pero no saben nada acerca de la vida y el origen de los comerciantes.

Weli tiene 31 años y nació en Bangladesh. En 2019 voló en avión hasta Italia para después coger un tren rumbo a Francia y llegar en coche a España. Desde entonces vive en Lavapiés en un piso compartido con seis personas. El oficio de los lateros tiene dos condiciones: la primera es conseguir entre 30 y 50 euros cada jornada. La segunda es una ganancia de 30 céntimos por cada lata vendida. La única manera de obtener un beneficio mínimamente digno es trabajar desde la media noche hasta prácticamente el amanecer. Cuando le preguntan si le gustaría dedicarse a alguna otra cosa, responde exactamente lo mismo que sus compañeros de trabajo, como si les hubieran hecho esta pregunta antes, como si tuvieran que protegerse: “Tengo que comer. No puedo tener otro trabajo. Si no vendo, no puedo vivir aquí”.

Ante esto surge una duda muy clara, ¿por qué España? Nirob, de 33 años, nos da la respuesta. Viajó desde Bangladesh hasta Libia en 2014. Cuando llegó al país del norte de África, las milicias controlaban las fronteras a través de las armas: “Si no entregabas el dinero, te mataban”. Él vio cómo dispararon a sangre fría a uno de sus amigos, junto al que intentaba escapar a Europa. “Mi amigo Ruan murió en Libia, por eso yo soy un afortunado, por eso me siento seguro aquí, ahora”. Consiguió llegar hasta Italia en ferry, donde dejó a su hermano mayor, con el que no ha vuelto a encontrarse, para después emigrar definitivamente a España. Hoy día gana una media de 15 euros la noche y, a pesar de llevar más de un lustro en nuestro país, no ha obtenido aún la nacionalidad española. Cuando el fenómeno de los lateros llegó a las calles de nuestro país muchos de los vendedores ambulantes aseguraban que su situación irregular era una ventaja: al no disponer de documentación, la policía no podía sancionarles. Pero actualmente la situación es distinta, “necesito los papeles para que mis padres pueden venir a verme. Desde hace ocho años, ellos siguen en Bangladesh”. Como su compañero Weli, Nirob debería conseguir unos 300 euros al mes para vivir dignamente.

El siguiente entrevistado prefiere no revelar su nombre. Lleva en España tres meses. Nació en Pakistán y a sus 26 años ha llegado a nuestro país caminando: cogió un ferry hasta Italia y desde allí emprendió una ruta a pie para acabar en Madrid. A diferencia de sus compañeros, él se muestra esperanzado. A pesar de la cantidad de horas que tiene que trabajar, de los beneficios mínimos y de las dificultades a la hora de regularizar su situación, asegura haber conseguido algo aquí que en su país nunca tuvo, la libertad. Hay una pregunta común a todos los lateros que hemos encontrado: ¿Quién es tu jefe? o ¿Para quién trabajas, te dijeron que tu trabajo en España sería este? La respuesta siempre es la misma. Con la actitud defensiva que adoptan al contestar sobre la posibilidad de encontrar algún otro oficio, aseguran "no saber para quién trabajan", "no tener jefe" o "no entender de qué les estamos hablando". Está claro que todos ellos trabajan para alguien que les impone los horarios y los precios. De lo contrario, sus ganancias serían mayores y con ello, al cabo de los años, podrían haber encontrado otra ocupación. Cuando les preguntamos si están minitiéndonos por miedo, prefieren guardar silencio.

Este último vendedor nos explica cómo recarga la mercancía en caso de que se le acabe. En pisos cercanos a las calles donde venden, los lateros guardan cientos de latas que han comprado durante el día en los supermercados del barrio. "Yo voy por las mañanas a Carrefour. Después, cojo pocas latas y cuando se acaban, vuelvo a la casa. Una y otra vez, lo mismo, siempre". Se ha hablado mucho sobre los lugares en los que los lateros esconden las cervezas. Algunos medios revelaron hace años que las ocultaban en cubos de basura e incluso en el alcantarillado. Lo cierto es que, al menos, algunos de ellos sí que se equipan con cajas de cerveza que guardan en las casas, llamadas "pisos lanzadera". Un joven asiduo de Malasaña conoce personalmente a varios lateros y nos explica que ha estado en una de esas viviendas, donde hay frigoríficos cuyo interior se destina exclusivamente a las latas. Es difícil saber a ciencia cierta el escondite real de esta mercancía. Lo que sí se puede confirmar es que los vendedores ambulantes saben cómo esquivar la ilegalidad: nunca llevan más latas de las permitidas para que, en caso de ser registrados por la policía, esta no pueda deternerles por venta clandestina. 

Un latero busca clientes mientras dos jóvenes bailan, calle de San Andrés, Malasaña.

La otra cara de la moneda: la hostelería advierte sobre los problemas que ocasionan los lateros

Desde hace años los regentes de los bares de Malasaña advierten sobre el fenómeno de los lateros, una competencia a la que son incapaces de hacer frente. La Asociación de Empresarios de Ocio Nocturno de la Comunidad de Madrid se queja de un negocio que no atiende a impuestos ni a ningún otro tipo de regulación. Los locales nocturnos han de cumplir con la normativa, mientras los vendedores ambulantes pueden desplazarse por las calles en busca de clientela ofreciendo un servicio tres veces más barato que el de los bares tradicionales. El precio medio de una cerveza en la hostelería madrileña es de dos euros la más barata y cuatro la más cara y las bebidas no pueden sacarse a la calle. Los dueños de los bares ven cómo sus clientes consumen alcohol por una cuantía imbatible, a veces incluso durante el tiempo de espera en las colas para entrar en los locales.

Mayse Peralta, portavoz de Asociación de Hosteleros de Malasaña (AHM), cuenta que los lateros ya no son el único problema al que se enfrentan. Las tiendas de alimentación, que venden alcohol las 24 horas del día de forma ilegal, están proliferando en las calles más concurridas del barrio madrileño. Como los vendedores ambulantes, los dependientes de estos locales saben esquivar la línea que separa lo legal de lo clandestino: "Realmente no son tiendas de alimentación, porque tienen dos bolsas de patatas para que lo parezca, pero está clarísimo que lo que están haciendo es vender alcohol". La venta de bebidas alcohólicas es legal en estos establecimientos siempre y cuando no sean más tarde de las diez de la noche. Llegada esta hora, los comerciantes vigilan que la policía no esté cerca y así seguir despachando todo tipo de botellas alcohólicas, que muchas veces están ocultas a la vista de los consumidores: "Tú entras y solo tienen unas cuantas bolsas de patatas. El alcohol lo tienen escondido. Es muy complicado, porque cuando se produce una inspección policial los agentes casi siempre ven una compra venta de alimentos. Es difícil pillar justo a la persona comprando el alcohol, presenciar una transacción económica y demás factores que prueben que ahí dentro se está delinquiendo". 

En relación con la situación de las personas que regentan estos locales, Peralta desvela algo interesante: las tiendas de alimentación y los vendedores ambulantes están estrechamente relacionados. Es más, alguien podría pensar que pertenecen a la misma red ilegal: "Los lateros se suministran de las tiendas. Cuando se reparten las calles en las que van a trabajar por la noche, acuden a la tienda de alimentación más cercana, que les va dando las latas". La portavoz de AHM ha observado que todos ellos, los bangladesíes que trabajan a pie de calle y los que están detrás del mostrador, forman parte de una mafia clandestina, "una organización de la que estamos completamente seguros que lleva toda la red de ventas y suministros en toda la ciudad de Madrid". Con todo lo anterior, advierte de las consecuencias que tienen estas prácticas, que ya no solo afectan a la hostelería, sino a la convivencia en el barrio y al descanso de los vecinos. "Últimamente alrededor de la Plaza del Dos de Mayo y en la calle Velarde ha habido un nivel de delincuencia muy alto. El botellón llama a más gente y de pronto te encuentras doscientas, trescientas personas a las dos o tres de la mañana que no entran a los locales, por lo que no se les puede controlar. Que estén fuera conlleva un problema de insalubridad, malestar, ruido e incluso violencia callejera". 

"Nadie es el enemigo, los lateros tampoco"

En su gran mayoría, los empresarios del mundo de la noche consideran el fenómeno de los lateros como un problema. Pero hay otros que han desistido en sus intentos a la hora de acabar con los vendedores ambulantes, acostumbrándose a su presencia.  El dueño de un local ubicado en una de las calles más transitadas de Malasaña, que prefiere no revelar su nombre, afirma que "no los ve como competencia". Para él, el inconveniente está en la imagen negativa que el botellón da al local si este se produce en su puerta. Considera perjudicial la aglomeración de jóvenes en la entrada del bar, que muchas veces se quedan en la calle consumiendo las cervezas que adquieren por un euro. Pero si se trata de competencia, como profesional de la hostelería, es consciente de la diferencia entre regir un local y ganarse la vida de forma ilegal. Explica que "en un principio puede que te roben algo, pero al final hacen otra cosa, no son un bar. En el caso de que fueran competencia, esta no es negativa. Cuando hay cuarenta bares en una calle, todos trabajamos más, nos robamos el trabajo los unos a los otros inevitablemente. Nadie es el enemigo. Los lateros tampoco". 

El fenómeno de los lateros ya lleva en las calles de Madrid más de una década, la proliferación de tiendas de alimentaciónsupone ahora un nuevo reto. Hace unos años, el Ayuntamiento lanzó la campaña Que no te den la lataQue no te den la latapara concienciar a los ciudadanos y turistas sobre los efectos negativos del alcohol clandestino en la capital. A día de hoy el problema sigue sin solucionarse. Weli, Nirob y muchos otros se ven sin alternativa. Los que sí la tienen, aquellos que les facilitan la llegada a España y que han hecho de la venta ambulante un negocio millonario son un gran desconocido, a veces incluso para los propios bangladesíes. Quizás se esté apuntando al objetivo equivocado: los lateros son la cara tras la que se ocultan los hombres que les obligan a darse a las calles cada noche. 

Cientos de trabajadores de medios de comunicación han salido a la calle este martes en Bangladesh para protestar contra la detención de una periodista de investigación acusada de violar secretos de Estado, según informa Europa Press. 

Rozina Islam, periodista del diario Prohom Alo, el periódico de mayor tirada del país, ha sido arrestada a la espera de que se celebre una vista en su contra para determinar si es puesta en libertad bajo fianza antes de que se celebre el juicio.

La periodista ha sido acusada de hacerse con documentos del Ministerio de Sanidad, tal y como ha explicado su abogado, Ehsanul Haq. Islam ha sido retenida durante cinco horas en el Ministerio antes de ser detenida. La reportera es conocida en Bangladesh por sacar a luz la corrupción del gobierno durante la crisis del coronavirus. Sus investigaciones incluyen cómo se dejó equipo médico urgente en el aeropuerto de Dhaka durante meses, los sobornos del ejecutivo para contratar médicos, así como las adquisiciones en el Ministerio de Salud que estaban plagadas de cohecho. 

Su hermana, Sabina Parvin, ha señalado que fue "acosada física y mentalmente" por altos cargos del Ministerio. "Fue golpeada y amenazada. Rebuscaron en su bolso y le quitaron los teléfonos móviles", ha dicho.

El agente de Policía Harun Or Rashid ha indicado que la reportera ha sido imputada en el marco de la ley oficial de secretos de Estado, que se remonta a 1923 y ha señalado que esta habría "robado documentos oficiales y habría realizado fotografías" sin consentimiento.

De ser hallada culpable se podría enfrentar a la pena capital o a 14 años de prisión. Tras conocer la noticia, cientos de periodistas han salido a la calle para pedir su puesta en libertad inmediata.

El Comité para la Protección de los Periodistas también ha instado a las autoridades a liberarla y ha pedido que deje de detener a periodistas bajo dicha legislación. "La Policía de Bangladesh y las autoridades deben reconocer que es una periodista cuyo trabajo es un servicio público y retirar los cargos en su contra para que pueda irse", ha indicado Aliya Iftijar, del comité. Los líderes de los sindicatos de periodistas han advertido que durante la pandemia se ha agravado la libertad de prensa y que Islam ha sido arrestada debido a sus informes sobre la respuesta del gobierno a la crisis sanitaria. 

Bangladesh ha informado de poco más de 12.000 muertes por coronavirus y casi 800.000 infecciones, pero los expertos dicen que esto subestima enormemente el verdadero número de víctimas.

En las próximas semanas, el Gobierno de Bangladesh puede trasladar a varios miles de refugiados rohinyá, expulsados de Birmania entre 2012 y 2017, a una isla en la bahía de Bengala, amenazada por las inundaciones y considerada “inhabitable” por las ONG locales. El traslado, preparado durante meses por el Ministerio de Gestión de Desastres y la Comisión de Ayuda a los Refugiados y Repatriación y que inicialmente debería afectar a 350 familias (casi 1.500 personas) y posteriormente extenderse a 7.000 personas, terminará por imponerse posteriormente a casi 100.000 refugiados.

Según los organismos de Naciones Unidas –la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)– más de 950.000 personas se hacinan ahora en Bangladesh en varios campamentos de la región de Cox Bazar, cerca de la frontera con Birmania. Casi 710.000 miembros de esta minoría musulmana en Birmania, condenados al ostracismo por el gobierno de Naypidaw, han llegado desde agosto de 2017, víctimas de la limpieza étnica iniciada por el Ejército con el apoyo de las milicias budistas de la aldea.

Las barracas sobre pilotes ya construidas por el Gobierno de Bangladesh en la isla de Bhasan Char, a una hora en barco desde el continente más cercano en el delta del Meghna, están destinadas a albergar a más de 92.000 personas. En principio, los refugiados designados para este primer traslado deben ser voluntarios.

En cualquier caso, esto es lo que las autoridades de Bangladesh le han dicho a los organismos de las Naciones Unidas encargados de los refugiados rohinyá. Pero la ONG regional Fortify Rights, que entrevistó a 14 personas que figuran en la lista de los primeros candidatos al traslado a tres campos de refugiados diferentes, descubrió que en realidad ninguna de ellas había sido consultada.

“En nuestro campamento”, dijo a los investigadores de Fortify Rights uno de los delegados refugiados no elegidos al frente de las relaciones con la administración local, “ninguna familia está de acuerdo con su traslado a esta isla. La gente tiene miedo de mudarse allí. Dicen que es una isla flotante”. “Isla que flota” es precisamente lo que Bhasan Char significa en el idioma local.

Los reticentes no se equivocan. Esta isla, que se formó hace dos décadas por los aluviones del Meghna, que combina las aguas del Ganges y del Brahmaputra, apenas emerge sobre de las aguas. Parcialmente cubierta de bosques, ha estado deshabitada desde su aparición debido a su vulnerabilidad a los monzones y ciclones, que son frecuentes en esta región desde mediados de abril hasta principios de noviembre. Los ciclones son todavía más terribles y destructivos dado que la altitud media de Bangladesh no supera los 12 metros. Según el trabajo de los hidrólogos locales, la mitad del país quedaría sumergida si el nivel del agua subiera sólo un metro.

“Este proyecto es inhumano”, confió a los periodistas de The Bangla Tribune, un oficial de la marina de Bangladesh destacado en la isla y cuyo acceso impide el Ejército. “Incluso la marea alta sumerge ahora parcialmente la isla. En noviembre de 1970, el ciclón Bhola no dejó supervivientes en la isla vecina de Nijhum Dwip. Y Bhasan Char tiene una altitud inferior que Nijhum Dwip”. “Muchas preguntas siguen sin respuesta. [...] Pero la pregunta principal sigue siendo si esta isla es realmente habitable”, observa la psicóloga coreana Yanghee Lee, relatora especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Birmania, tras una visita a la zona en enero. “

Cada año, durante la temporada de los monzones, señalan a los investigadores de Human Rights Watch los habitantes de la isla vecina de Hatiya, “una parte de Bhasan Char queda erosionada por el agua. Ni siquiera nos atrevemos a poner un pie. ¿Cómo podrían vivir allí miles de Rohinyá”. Además, la navegación en los alrededores de la isla se considera tan peligrosa, cuando el tiempo es cambiante, que los pescadores del delta se muestran reacios a aventurarse allí. Los reporteros de un periódico local tuvieron que esperar seis días antes de que las condiciones meteorológicas cambiaran y un voluntario aceptase embarcarlos.

A todas estas objeciones de las ONG, de parte de la prensa local y de varias agencias de la ONU, el Gobierno de Bangladesh respondió que no se había descuidado nada. Se ha construido un dique de casi tres metros de altura y 13 km de longitud alrededor del enclave de 6,7 km² que albergaba a los rohinyás. Cada una de las 120 unidades de vivienda del complejo incluye 12 edificios sobre pilotes, un estanque y un refugio de hormigón para alojar a 23 familias en caso de ciclón y para recibir suministros de alimentos. Diseñados, según los arquitectos, para resistir vientos de 260 km/h, los refugios también pueden ser utilizados como aulas, centros comunitarios y clínicas.

Construido en bloques, cada edificio residencial contiene, bajo un techo de chapa, 16 habitaciones de 3,5 por 4 metros, ocho aseos, dos duchas y dos cocinas colectivas. Las estancias, diseñadas para acomodar familias de cuatro personas, se abren a un pasillo a través de una puerta y una ventana con rejas. También se ha previsto una red de recogida de aguas pluviales, paneles solares y generadores de biogás. Puestos de policía velarán por la seguridad y la Marina instalará 120 cámaras de vigilancia.

Dadas las difíciles condiciones de navegación en el estuario del Meghna y del estatuto militarizado de la isla, tanto la libertad de circulación de los refugiados como su capacidad para ganarse la vida quedarán anuladas. “Bhasan Char será el equivalente a una prisión”, señalaba Brad Adams, director para Asia de Human Rights Watch, en marzo.

A Aung San Suu Kyi no ha movido un dedo

No hay hospitales, ni se prevé construir ninguno en la isla. En caso de emergencia, los enfermos o heridos serán trasladados al hospital de la isla de Hatiya, a una hora en barco, cuando el tiempo lo permita. Ante la falta de producción local, casi todos los alimentos tendrán que ser transportados desde el continente. La densidad de población de este complejo, cuyos bloques ortogonales están separados por estrechas callejuelas rectas, superará los 65.000 habitantes por kilómetro cuadrado cuando esté totalmente ocupado, seis veces más que centro de Nueva York.

Como podemos ver, este “paraíso para los rohinyás”, según el principal arquitecto del proyecto, Ahmed Mukta, que comparte su actividad entre Daca y Londres, tiene más de pesadilla en un campo de concentración que de trampolín a una nueva vida para los refugiados birmanos de Bangladesh. Sin embargo, esto no se debe a una falta de tiempo y de reflexión sobre la naturaleza y la gestión del complejo. La idea de trasladar a los refugiados birmanos a Bhasan Char circula entre los responsables birmanos desde 2015. En ese momento, su número no superaba los 250.000.

Impulsados desde 1990 por una serie de brotes de odio contra los musulmanes que el Gobierno birmano toleraba cuando no los provocaba él mismo, se habían creado varios campamentos en la región de Cox Bazar para acoger a refugiados expulsados por el terror o forzados al exilio por su estatus especial. Musulmanes en un país de mayoría budista, los rohinyá siempre se han sentido, según la ONU, “privados de sus derechos políticos, económicamente marginados y discriminados por su origen étnico”.

Al parecer, el proyecto quedó en el fondo de un cajón cuando, en agosto de 2017, tras la verdadera campaña de limpieza étnica lanzada por Tatmadaw (el Ejército birmano) y sus milicias, casi 740.000 rohinyá huyeron precipitadamente del Estado de Rakáin (antes conocido como Arakán), donde vivían para refugiarse al otro lado de la frontera de Bangladesh con sus hermanos, que en ocasiones habían estado exiliados durante más de 25 años. En pocos días, el número de Rohinyá en el distrito de Cox Bazar alcanzaba el millón de personas y el campo de refugiados de Kutupalong se convirtió en el más poblado del mundo.

Impulsada por diversos tráficos, por el proselitismo de los emisarios islamistas, la presencia de bandas criminales y el activismo de los agentes del Ejército de Salvación de Arakan Rohinyá (ARSA) en busca de reclutas para luchar contra el Ejército birmano, la inseguridad, rápidamente considerada incontrolable por las autoridades locales, se ha instalado en la región. Inseguridad que ha contribuido a aumentar las tensiones entre los refugiados y la población local, que culpa a los rohinyá de quedarse con los trabajos menores –trabajadores de restaurantes, repartidores, conductores de rickshaw– sobornando a los agentes de policía y aceptando salarios más bajos, a pesar de que oficialmente no se les permite trabajar.

Esta situación es todavía más inaceptable para el gobierno de Daca puesto que Cox Bazar y sus 120 km de playa son una de las pocas atracciones turísticas del país.

Para poner fin a este caos, el Gobierno de Daca se basó primero en una campaña de regreso voluntario y ordenado de los rohinyás a Birmania. Hace un año, 2.200 de ellos fueron incluidos en una lista de repatriación. Intento fallido: ante la falta de garantías de seguridad y libertad por parte del Gobierno birmano, ningún refugiado accedió a regresar. La misma negativa recibieron las autoridades el pasado mes de agosto cuando se propuso una segunda lista de 3.500 refugiados. Según las cifras proporcionadas por el propio Gobierno birmano, sólo 31 refugiados volvieron de Bangladesh entre mayo de 2018 y mayo de 2019.

Las condiciones, a menudo atroces, en las que los rohinyá se vieron obligados a huir en agosto de 2017 y lo que sospechan que les esperaría a su regreso explican en gran medida estas negativas. Según el informe de la Misión de Investigación de la ONU presentado al Consejo de Derechos Humanos el 8 de agosto de 2019, los rohinyá fueron víctimas, un año antes, de múltiples “crímenes de derecho internacional, incluidos el genocidio, los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra”.

Según el documento, “el Estado es responsable de la prohibición de los crímenes de genocidio y de los crímenes contra la humanidad, así como de otras violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario”.

El informe afirma que “la misión ha compilado una lista confidencial de personas sospechosas de haber participado en crímenes de derecho internacional, incluidos crímenes de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, en los Estados de Rakáin, Kachin y Shan desde 2011. Esta lista [...] contiene más de 100 nombres, incluidos miembros y comandantes del Tatmadaw, la Policía, la Policía Fronteriza y otras fuerzas de seguridad, incluidos funcionarios de prisiones, así como representantes de autoridades civiles a nivel de distrito, estatal y nacional, particulares y miembros de grupos armados no estatales. [...] La lista también incluye un gran número de entidades con las que estaban vinculados los presuntos autores, incluidas algunas unidades de las fuerzas de seguridad, grupos armados no estatales y empresas”.

En estas circunstancias, es comprensible que, puesto que nada ha cambiado desde aquel sangriento verano en Birmania, donde Aung San Suu Kyi, Premio Nobel de la Paz de 1991, no movió un dedo ante estos crímenes, los rohinyás prefieren el caos incierto de su estatus de refugiados a la certeza de un retorno al terror. Y rechazar la repatriación. Esto llevó, a principios de 2018, a la primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, a sacar del cajón el proyecto de traslado, en el letargo desde 2015, y a ponerlo en práctica “de forma prioritaria”.

Daca ha invertido casi 300 millones de dólares en este proyecto, cuyo objetivo inicial era reducir la población de los campamentos donde la situación es más tensa. Según el representante del Gobierno en la región de Cox Bazar, Kamal Hossain, las operaciones de traslado podrían comenzar “a finales de noviembre o principios de diciembre”.

Durante una reciente reunión en Daca, a la que asistieron representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores de Bangladesh y funcionarios de la ONU, los funcionarios de Bangladesh supuestamente “aconsejaron” a sus interlocutores que incluyeran a Bhasan Char en el plan de financiación de la ONU para 2020, de lo contrario el gobierno de Daca podría no aprobar el plan. Los responsables de la ONU en Daca se negaron a confirmarlo o negarlo, pero varios de ellos, extraoficialmente, indicaron estar bajo “una fuerte presión para apoyar el proyecto Bhasan Char".

Preguntado sobre la posibilidad de organizar el traslado de refugiados sin la aprobación de las Naciones Unidas, el ministro de Asuntos Exteriores de Bangladesh, Abul Kalam Abdul Momen, respondió: “Sí, es posible, podemos hacerlo”. La primera ministra, por su parte, ha sido más cautelosa. En octubre, simplemente repitió que su Administración sólo tomaría una decisión después de consultar a Naciones Unidas y a los demás asociados internacionales de Bangladesh.

Uno de esos asociados, cuya asistencia humanitaria es valiosa para Daca, acaba de pronunciarse. En una intervención en la Cámara de Representantes a finales de octubre, Alice G. Wells, secretaria adjunta de la Oficina de Asia Meridional y Central del Departamento de Estado, pidió al Gobierno de Bangladesh que aplazara todo traslado de refugiados a Bhasan Char hasta que un grupo de expertos independientes determinara si era un lugar apropiado. Washington ha proporcionado 669 millones de dólares en ayuda a Daca desde agosto de 2017, por lo que se puede imaginar que esta sugerencia será escuchada.

Los “fallos sistémicos” de la ONU

Naciones Unidas son actualmente discretas en esta cuestión. Sólo se sabe que una delegación visitará la isla en los próximos días. Es cierto que, frente a lo que ha ocurrido en los últimos años en Birmania, y especialmente ante la cuestión rohinyá, la posición de Naciones Unidas no siempre ha sido clara y su acción ha adolecido de falta de claridad y eficacia. 

Bien es verdad, el actual secretario general, António Guterres, reaccionó rápida y enérgicamente a la sangrienta limpieza étnica que acababa de comenzar en Birmania con el envío de una carta al Consejo de Seguridad el 2 de septiembre de 2017 en la que pedía un “esfuerzo concertado” para evitar la escalada de la crisis en el Estado de Rakhine, del que ya habían huido 400.000 rohinyá para escapar de las atrocidades.

Sin embargo, no pudo obtener una respuesta rápida y eficaz del Consejo. Se tardó dos semanas en negociar la reunión y 38 días adicionales para conseguir una declaración formal. En cuanto a la obtención del envío de un equipo de observadores de la ONU capaces de observar y denunciar el uso de la violencia, la pregunta era menor que nunca: Birmania se oponía a ella y su aliado y protector chino, miembro del Consejo y titular del derecho de veto, apoyaba la posición del gobierno birmano. Y nadie, por diversas razones, quiso atacar a Pekín sobre este terreno.

En este caso, la indiferencia de los Estados Miembros, que no participaron activamente en la matanza de los rohinyás, se sumó a las divisiones y diferencias de opinión que caracterizaron a la burocracia de las Naciones Unidas en este caso. Estas diferencias explican en gran medida la indiferencia y pasividad de la organización desde la campaña anti-rohinyá de 2012 hasta la sangrienta limpieza étnica de 2017.

Renata Lok-Dessallien, la representante de las Naciones Unidas en Birmania desde 2014, que encarnaba esta indiferencia y pasividad, es decir, la prioridad del sistema de las Naciones Unidas en Birmania a las consideraciones políticas y económicas por encima de las necesidades humanitarias y de seguridad de los Rohingyas, dejó su puesto en octubre de 2017, tras discretamente llamada por Nueva York para ocupar otras funciones, a pesar de la reticencia del Gobierno birmano. Pero dentro de la organización estaba claro que no era la única responsable de esta deriva desastrosa.

En un informe de 36 páginas encargado a principios de 2018 por el secretario general y presentado el pasado mes de mayo, el economista y diplomático guatemalteco Gert Rosenthal, a quien se le encomendó la labor de realizar un diagnóstico de la acción de la ONU en Birmania entre 2010 y 2018, constata que, efectivamente, la organización no estaba en su mejor momento en los años previos a la limpieza étnica de agosto de 2017, en la que murieron al menos 7.000 rohinyá, más de 700.000 fueron obligados a exiliarse, cientos de miles fueron expulsados de sus aldeas quemadas y encerradas en campamentos, todo ello en un clima de extrema violencia y odio [el informe, en inglés, puede leerse aquí].

Según Gert Rosenthal, que observa “fracasos sistémicos” en el seno de la ONU, muchos trabajadores de la ONU se han visto influidos o confundidos por la actitud de Aung San Suu Kyi, un icono de la lucha por la democracia que se convirtió, después de las elecciones de 2015, en aliada, rehén y partidaria de los soldados budistas y del clero. Es decir, la cómplice, a través de su silencio, de los crímenes cometidos en 2017. Pero el autor del informe señala sobre todo la dificultad que tienen los organismos de las Naciones Unidas destacados sobre el terreno para elegir entre dos estrategias.

Una de ellas es la “diplomacia silenciosa”, que tiene por objeto preservar la presencia y la acción de la organización, incluso limitada en el tiempo, a expensas de una cierta discreción sobre las obligaciones humanitarias y los derechos humanos. La otra es la “promoción inflexible”, que persigue garantizar el cumplimiento de las obligaciones internacionales por parte del país anfitrión y que puede implicar el uso de medidas “intrusivas”, como sanciones o la amenaza de cerrar el acceso del país a los mercados internacionales, la inversión y el turismo.

A primera vista, entre estas dos alternativas, el secretario general de la ONU hizo su elección. Tras una visita a Cox Bazar, en julio de 2018, afirmó que, en su opinión, “los rohinyá siempre han sido uno de los pueblos más discriminados del mundo, sino el más discriminado, sin ningún reconocimiento de sus derechos más básicos, empezando por el derecho a la ciudadanía en su propio país, Myanmar [Birmania]”.

Queda por ver si, ante la amenaza de Daca de trasladar hasta 100.000 refugiados rohinyá a un campo de concentración y a una isla sumergida, Naciones Unidas, es decir, el sistema de la ONU, pero también los Estados miembros, optan por una “defensa sin concesión” o una “diplomacia tranquila”. ____________

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

Amnistía Internacional ha retirado este lunes su máximo galardón a la líder birmana Aung San Suu Kyi, máxima responsable política de Birmania durante la ofensiva militar que ha provocado el éxodo de la minoría rohinyá hacia Bangladesh.

"Amnistía Internacional ha anunciado hoy que ha retirado su más alto honor, el Premio Embajadora de Conciencia, a Aung San Suu Kyi por la vergonzosa traición de la líder de Birmania a los valores que antes defendía", ha afirmado el secretario general de Amnistía, Kumi Naidoo, en un comunicado.

El grupo subraya que la dirigente birmana "ya no representa un símbolo de esperanza, valor y defensa incansable de los Derechos Humanos", ha añadido.

La organización escribió a Aung San Suu Kyi el 11 de noviembre para informar a la birmana de la decisión de retirarle este premio, concedido en 2009, como consecuencia de la "decepción" de Amnistía por el hecho de que la líder birmana "no haya utilizado su autoridad política y moral para salvaguardar los Derechos Humanos, la justicia y la igualdad en Birmania" ante su "aparente indiferencia" ante las "atrocidades" perpetradas por el Ejército y la "creciente intolerancia a la libertad de expresión".

En la misiva, Naidoo argumenta que como embajadora de conciencia de Amnistía, esperaban que Aung San Suu Kyi "siguiera criticando la injusticia sea donde sea, y mucho más en la propia Birmania".

Amnistía recuerda que desde abril de 2016, cuando Aung San Suu Kyi se convirtió en la líder de Birmania, las autoridades han perpetrado numerosas violaciones de los Derechos Humanos y cita en particular las acciones contra los rohinyás en el estado de Rajine, "víctimas desde hace años de un sistema de segregación y discriminación equiparable al Apartheid".

A ello se suma una "campaña de violencia de las fuerzas de seguridad contra los rohinyás" que desde el año pasado se ha cobrado miles de vidas. Además se han documentado violaciones de mujeres y niñas, detenciones arbitrarias y torturas a hombres y niños y cientos de casas y aldeas enteras incendiadas. Más de 720.000 rohinyás han huido a Bangladesh y se ha pedido ya una investigación por genocidio.

"La negación (por parte de Aung San Suu Kyi) de la gravedad y alcance de las atrocidades significa que hay pocas expectativas de que la situación mejore para los cientos de miles de rohinyás que viven en el limbo en Bangladesh o para los cientos de miles de rohinyás que siguen en Rajine", ha añadido Naidoo.

El Gobierno no tiene un control efectivo sobre el Ejército, pero Aung San Suu Kyi y sus subalternos "han protegido a las fuerzas de seguridad de cualquier rendición de cuentas desestimando, minimizando o negando las acusaciones sobre violaciones de los Derechos Humanos y obstruyendo las investigaciones internacionales". El Gobierno ha calificado de "terroristas" a los rohinyás y les ha acusado de quemar sus propias casas y de simular agresiones sexuales.

Otras masacres militares y persecución de la disidencia

Amnistía cita además la situación en los estados de Kachin y Shan, en el norte del país, en los que Aung San Suu Kyi tampoco ha utilizado su influencia ni autoridad moral para condenar los abusos perpetrados por militares, investigar posibles crímenes de guerra o defender a las minorías étnicas.

En cuanto a la libertad de expresión, Amnistía denuncia que durante el mandato de Aung San Suu Kyi han sido detenidos activistas de Derechos Humanos, activistas pacíficos y periodistas. Otros han sido amenazados, acosados o intimidados por realizar su trabajo.

En ese sentido, critican que no se hayan derogado leyes represivas como las utilizadas para encarcelar a la propia Aung San Suu Kyi y a otros activistas prodemocráticos.

"Por contra, ha defendido el uso de esas leyes, en particular el encausamiento y encarcelamiento de dos periodistas de la agencia de noticias Reuters por documentar una matanza del Ejército", destaca Amnistía.

Aung San Suu Kyi fue nombrada embajadora de conciencia de Amnistía Internacional en 2009 en reconocimiento por su lucha pacífica en defensa de la democracia y los Derechos Humanos. En ese momento estaba en prisión domiciliaria y no fue hasta 2012 cuando pudo recibir el galardón.

Un vídeo captado con un teléfono móvil demostraría la limpieza étnica llevada a cabo por las Fuerzas Armadas birmanas sobre la población rohinyá en el estado de Rajine, al mostrar cómo un supuesto militar anuncia el inicio de una campaña dirigida específicamente contra esa minoría musulmana, ha denunciado la ONG Fortify Rights.

Después de que el Tribunal Penal Internacional (TPI) anunciase la apertura de una investigación por los abusos sobre los rohinyás, la ONG ha difundido una grabación que desmontaría la versión de las autoridades birmanas sobre la campaña de represión llevada a cabo a finales de agosto de 2017 a raíz de una serie de ataques.

Más de 700.000 rohinyás se han refugiado en el vecino Bangladesh, víctimas de lo que investigadores de la ONU han llegado a describir como una campaña de "intención genocida". También se habrían cometido crímenes de guerra y contra la Humanidad, según un reciente informe que responsabiliza directamente a la cúpula de las Fuerzas Armadas birmanas.

El vídeo difundido este jueves muestra a un militar uniformado dirigiéndose en el idioma local a un grupo de vecinos de una aldea del norte de Rajine. Les explica que el Ejército pretende contener "rápido" la supuesta amenaza rohinyá: "No os preocupéis, vamos a limpiar sus pueblos poco después de que nos vayamos de aquí".

El militar subraya el deseo de "proteger" las localidades "indígenas", marcando distancias entre los rohinyás, a los que Birmania ni siquiera les concede la ciudadanía, y otras comunidades locales. "Las fuerzas de seguridad impedirán la huida de los rohinyás, para que no puedan meterse en nuestras aldeas locales", explica.

En su discurso, el militar incluso avisa de que los rohinyá podrían "conquistar todo el país", entre otras razones por el crecimiento de sus comunidades.

En este sentido, lanza mensajes de miedo hacia su audiencia —"amenazan a nuestras minorías étnicas con su población"— e incluso invita a "cooperar" con la labor de las Fuerzas Armadas —"para demostrar valor, sostened espadas, coged palos, hasta los ancianos y los niños deben derrotarlos"—.

Prueba ante el TPI

El director ejecutivo de Fortify Rights, Matthew Smith, espera que esta grabación sirva ante el TPI como prueba de la barbarie perpetrada en el estado de Rajine. "Las autoridades de Birmana han alegado en reiteradas ocasiones que no forzaron a los rohinyás a irse de sus casas y este vídeo muestra a un soldado explicando en detalle que las autoridades les sacarían a la fuerza de sus pueblos", ha denunciado.

Smith ha instado a la comunidad internacional a tomar medidas cuanto antes para, por ejemplo, "establecer un nuevo mecanismo que recoja y preserve las pruebas" de cara futuros procesamientos. También ha llamado al Consejo de Seguridad de la ONU a llevar el caso ante el TPI "cuanto antes".

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Raad al Hussein, ha defendido este jueves que la líder de facto de Birmania, Aung San Suu Kyi, debería haber dimitido de su cargo en lugar de dar cobertura con sus declaraciones a la violenta represión emprendida por el Ejército contra los rohinyás en Rajine.

"Estaba en una posición de hacer algo", ha defendido Hussein en una entrevista con la BBC antes de abandonar su cargo. "Podría haberse quedado callada o incluso mejor, podría haber dimitido", ha añadido el diplomático jordano.

En su opinión, "no había ninguna necesidad de que fuera la portavoz del Ejército birmano". "No tenía que decir que (la represión contra los rohinyá) era un iceberg de desinformación. Eso eran inventos", ha lamentado.

Suu Kyi, un icono durante años de la lucha por la democracia en su país que le valió el Nobel de la Paz, ha sido duramente criticada por su papel en la crisis de los rohinyá, después de que la violenta represión emprendida por el Ejército en Rajine tras una ola de ataques obra de milicianos provocara el éxodo de más de 700.000 miembros de esta minoría musulmana hacia el vecino Bangladesh.

Convertida en la líder de facto del país con su cargo de consejera de Estado tras la victoria de su partido en las elecciones de 2017, Suu Kyi ha tratado de minimizar las críticas y las acusaciones contra la actuación de las fuerzas de seguridad, sin pronunciarse en contra de lo que estaba sucediendo en Rajine.

Según Hussein, Suu Kyi podría haber dicho que estaba "dispuesta a ser la líder nominal del país pero no bajo estas condiciones". "Muchas gracias, dimitiré y volveré al arresto domiciliario. No puedo ser una cómplice adjunta que otros pueden pensar que soy en lo que se refiere a estas violaciones", deberían haber sido sus palabras, según el alto comisionado.

Cientos de miles de refugiados rohinyás esperan en Bangladesh aclarar las dudas de un futuro incierto. Hace un año, se vieron obligados a huir del estado birmano de Rajine para escapar de la violenta represión que siguió a una serie de ataques milicianos y, pese a los esfuerzos de las agencias internacionales y los riesgos derivados de la temporada de monzones, la situación sigue estancada. Informa Europa Press.

Alrededor de un millón de personas viven como refugiadas en territorio bangladeshí, de las cuales más de 700.000 llegaron en la oleada que comenzó hace un año. El 25 de agosto de 2017, el Ejército de Salvación Rohingya de Arakán (ARSA) provocó decenas de muertos y prendió la mecha de una tragedia que prosigue a día de hoy.

Los rohinyás, una minoría musulmana apátrida e históricamente marginada en Birmania, escaparon de una violenta represión marcada por los saqueos, las ejecuciones y la destrucción, si bien la opacidad con la que ha respondido el Gobierno birmano hace imposible para las organizaciones internacionales tener una visión clara de lo ocurrido –a día de hoy el acceso a Rajine sigue estando vetado–.

El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Gobierno de Birmania pactaron una hoja de ruta para facilitar el retorno progresivo de los refugiados, siempre y cuando se diesen las garantías de seguridad y servicios en el estado de Rajine. Sin embargo, ni siquiera el empeoramiento de las condiciones sobre el terreno por el inicio de la temporada de monzones ha agilizado los compromisos.

"Los refugiados rohinyás viven en un limbo. No se puede garantizar la seguridad de las familias que retornan a Birmania y en los campos de Bangladesh están recibiendo escaso apoyo internacional", ha lamentado en un comunicado el secretario general del Consejo Noruego de Refugiados, Jan Egeland, que ha reclamado un aumento "urgente" de esta asistencia.

Un portavoz del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Alistair Lawson Tacred, ha admitido en una entrevista con Europa Press que la situación actual "no es sostenible a largo plazo", entre otras cuestiones porque más de la mitad de los 700.000 refugiados que han llegado en el último año a Bangladesh son niños. Algunas estimaciones hablan de unos 60 nacimientos al día en los campamentos.

Niño rohinyá

Volver a Birmania

"Todos quieren volver a Birmania", algo sobre lo que el responsable de Unicef ha dicho no tener "ninguna duda", pero siguen sin saber qué se encontrarán al otro lado, entre otros motivos porque la mayoría de ellos han perdido a familiares por el camino o directamente no tienen un techo al que regresar. En este sentido, ha admitido que ha habido pocos avances en el plan de retorno impulsado por la ONU.

"No volveré hasta que los rohinyás puedan tener ciudadanía, los mismos derechos, libertad de movimiento y una compensacón por las casas que ellos quemaron y por mis tierras. No volveré con mi familia hasta que no nos sintamos completamente a salvo", ha explicado Nurul Amin, de 35 años, al NRC.

Para Lawson-Tancred, "esta crisis solo podrá superarse cuando los gobiernos de Bangladesh y Birmania lleguen a un acuerdo para resolverla", por lo que ha subrayado la importancia de mantener la "presión" y de no "olvidarse" de quienes viven en la que ya es la mayor zona con refugiados del mundo, superando incluso los macrocampamentos de África.

La "generosidad" que marcó la primera respuesta internacional habría comenzado a escasear. La respuesta humanitaria liderada por la ONU en Bangladesh ha recaudado hasta la fecha menos del 32% de los fondos solicitados, ha advertido Médicos Sin Fronteras (MSF) esta semana al hacer balance de la situación en el distrito de Cox Bazar.

Un portavoz de Acnur, Paul Vrieze, ha reconocido a Europa Press que las organizaciones siguen "dependiendo de la generosidad y del apoyo de los donantes internacionales para proporcionar una ayuda vital y mejorar las condiciones de vida para los refugiados y las comunidades de acogida en Bangladesh".

El éxodo rohinyá

La amenaza del monzón

La emergencia humanitaria se agravó en junio, cuando el inicio de la temporada de monzones provocó las primeras lluvias en unos campamentos que, erigidos en condiciones precarias, están a merced de inundaciones y corrimientos de tierra. De media, el espacio por persona ni siquiera llega a los 11 metros cuadrados, lo que agudiza la capacidad de devastación de cualquier mínimo temporal.

Ayesha Khatun, que perdió a su marido y a su hijo por un tiroteo en Rajine, vive ahora en uno de los campamentos con sus dos hijas y reconoce a Oxfam su temor por el mal tiempo. "Esta tienda solo está hecha de lona y bambú y se mueve cada vez que hay fuertes vientos. Hace poco hubo tanta lluvia que se creó un alud sobre nosotros. El baño que hay sobre la colina se desbordó y los restos pasaron al lado de la tienda", explica.

Acnur ha reubicado hasta mediados de agosto a más de 24.000 refugiadas a zonas teóricamente más seguras frente al temporal, pero no todos están conformes con esta posibilidad. Dulu, entrevistada por Unicef , deja claro que tanto ella como sus familiares, entre ellos dos nietos, no se moverán: "Si vamos a morir –en Bangladesh–, moriremos en este lugar".

Por su parte, el coordinador general de MSF en Bangladesh, Pavlo Kolovos, ha alertado en una nota de la situación de "extrema vulnerabilidad" en unos campamentos donde "las infraestructuras para cubrir incluso las necesidades más básicas de la población no están aún disponibles", lo que "afecta seriamente a la salud y bienestar de las personas.

"Es inaceptable que la diarrea acuosa siga siendo uno de los mayores problemas de salud que vemos en los campamentos", ha lamentado. Al menos las campañas de vacunación que se han llevado a cabo en este último año han servido para prevenir los brotes de cólera y sarampión y para contener la propagación de la difteria.

Un futuro incierto

Kolovos ha advertido de que las restricciones impuestas sobre los rohinyás "les privan de cualquier posibilidad de construir un futuro digno y hacen que cada día suponga una lucha innecesaria por sobrevivir". Esto se traduce en una dependencia total de la ayuda humanitaria y de una tensión constante por no saber qué será de ellos a corto o medio plazo.

Abu Ahmad, padre de ocho hijos, confiesa a MSF que ha perdido su fuerza e incluso su capacidad de trabajo por las constantes "preocupaciones" sobre el futuro inmediato. "Si me quedo en este lugar durante diez años (...) o incluso durante un mes, tendré que seguir sufriendo este dolor", afirma.

El portavoz de Unicef se ha mostrado especialmente preocupado por la posibilidad de que haya una "generación perdida" si la situación se prolonga en el tiempo, en alusión a los miles de adolescentes de entre 13 y 17 años que no han recibido una educación formal durante estos últimos meses y que teóricamente están llamados a ser el futuro de sus comunidades.

Alrededor de 400.000 niños y jóvenes no reciben educación formal y se estima que menos de 2.000 adolescentes tienen acceso a alguna forma de educación o capacitación, según World Vision. "Quiero estudiar, pero no puedo porque soy demasiado mayor y ya no tengo la edad para ir a la escuela", cuenta Yajurjanat, una refugiada de 13 años que pasa sus días barriendo, buscando agua y ayudando a su madre a cocinar. El director de World Vision en Bangladesh, Fred Witteveen, ha llamado a no olvidar vidas como la de Yajurjanat: "Los refugiados en los campos quieren que recordemos que son humanos y que todavía están aquí".

Uno de cada dos menores rohingyas que huyeron de la violencia en Birmania hacia el vecino Bangladesh sin la compañía de un adulto lo hicieron tras quedar huérfanos como consecuencia de la violencia en Rajine, según un estudio realizado por Save the Children. 

Para realizar este estudio, la ONG ha contado con la información aportada por 139 menores no acompañados y separados de los alrededor de 6.000 que se estima que hay entre los 370.000 niños que se encuentran en los campos de refugiados rohingyas en Bangladesh.

Hasta ahora, se pensaba que la mayoría de estos niños habían perdido a sus padres y familiares durante la huida de Rajine tras la violenta represión con la que las fuerzas de seguridad respondieron a la ola de ataques perpetrados por el Ejército de Salvación Rohingya de Arakán (ARSA) el 25 de agosto pasado. En total, más de 700.000 rohingyas buscaron refugio en la región de Cox's Bazar, en Bangladesh en el último año.

De acuerdo con el estudio, el 70 por ciento de los menores no acompañados se vieron separados de sus padres o cuidadores por ataques violentos. El 63 por ciento del total, quedaron separados por un ataque directo contra su localidad, mientras que en el 9 por ciento de los casos el ataque se produjo durante la huida hacia Bangladesh.

El 50 por ciento de los menores consultados han señalado que sus padres o principales cuidadores fueron asesinados en los ataques, quedando huérfanos, y en muchos de los casos fueron testigos de terribles escenas de violencia.

"Ha pasado un año desde que estos niños vieron sus infancias arrebatadas. El mundo no ha hecho rendir cuentas a los autores de estos ataques bárbaros, incluido el Ejército birmano", ha lamentado el director de Política Humanitaria de Save the Children UK, George Graham, defendiendo que ofrecer alimentos, agua y cobijo a estos niños no "hará justicia" por ellos.

"Hace doce meses, nuestros equipos vieron a niños que llegaban a Bangladesh por su cuenta, tan angustiados, hambrientos y exhaustos que no podían hablar", ha recordado el director de Save the Children en Bangladesh, Mark Pierce.

Desde entonces, la ONG ha establecido espacios para que estos niños pudieran recibir apoyo mientras se buscaba a sus familias, pero "un año después está claro que para muchos esta reunificación nunca se producirá", ha lamentado Pierce.

Niños más vulnerables

"Estos niños son algunos de los más vulnerables del planeta y tienen que labrarse toda una nueva existencia en los campamentos, sin su madre o padre, en un entorno en el que son mucho más vulnerables a riesgos como el tráfico, el matrimonio infantil y otras formas de explotación", ha advertido el responsable de Save the Children.

Pierce ha reconocido que aunque el estudio realizado por la ONG no puede considerarse como representativo de todos los niños rohingya huérfanos o separados de sus padres, si que "dibuja una imagen aterradora de un sangriento conflicto en el que los civiles fueron atacados y asesinados en gran número".

El responsable de Save the Children ha llamado a los donantes a cubrir el llamamiento por 950 millones de dólares hecho por la ONU para atender las necesidades de los refugiados rohingya, de los que solo se ha recibido un tercio de los fondos y en particular ha instado a garantizar que estos niños "tienen acceso a oportunidades de aprendizaje seguras, de calidad e inclusivas" así como a apoyo psicológico en los casos necesarios.

Un niño lava en Balukhali, parte del campamento de refugiados que alberga a más de 800,000 refugiados rohingya, Coxs Bazar, Bangladesh, 22 de junio de 2018. | Unicef

Entre los cientos de miles de refugiados rohinyás que viven en los campamentos de Bangladesh hay colectivos especialmente vulnerables, como el de las mujeres que no cuentan con la salvaguarda de un compañero varón, víctimas de la discriminación social y de un creciente riesgo que les lleva, por ejemplo, a evitar salir de las tiendas una vez cae el sol, informa Europa Press.

Más de 700.000 personas huyeron de Birmania solo desde el gran éxodo de hace un año –la cifra total en Bangladesh ronda el millón–. Las mujeres solteras o viudas están al frente de una de cada seis familias en los campamentos habilitados en territorio bangladesí, por lo que la ONG Oxfam ha instado este lunes en un comunicado a tener en cuenta su situación.

Ayesha Khatin, de 35 años, se convirtió a su pesar hace un año en la cabeza de una familia mermada por la barbarie. Su calvario comenzó hace doce meses, cuando una ola de ataques milicianos desencadenó una violenta represión contra los rohinyás en el estado birmano de Rajine, donde vive principalmente esta minoría apátrida.

"Estaba cenando con mi marido, mi hijo y dos hijas cuando oímos gritos. Salimos fuera y vimos a unos hombres prendiendo fuego a casas. Comenzamos a correr y ellos empezaron a dispararnos", cuenta Ayesha, que apenas se dio cuenta en esta carrera de que su marido había recibido un tiro. Su hijo, de 20 años y a punto de casarse, regresó para tratar de ayudar a su padre pero también él perdió la vida.

"El tiroteo seguía, así que no tuve otra opción que dejar a mi hijo y a mi marido desangrándose", relata esta superviviente a Oxfam, de la que ha recibido parte de la ayuda esencial que necesita para sobrevivir al otro lado de la frontera. Desde el campamento donde ahora vive, confirma el giro que ha dado su vida.

Ayesha recuerda a su marido como un hombre cumplidor con las tareas domésticas y romántico. Así, ahora viste un pañuelo amarillo porque le recuerda los girasoles que él solía regalarle. "En el campamento no hay flores, solo barro y polvo", lamenta, asegurando que "ni siquiera hay una cama" donde poder dormir en la tienda donde se ha instalado junto a sus hijas.

Sueña con darles a sus hijas el futuro que se merecen, pero admite que por ahora no puede permitírselo, en gran medida porque, como mujer, se encuentra con muchos obstáculos a la hora de ganarse un sustento o trabajar en empleos tradicionalmente reservados a los hombres. "No puedo permitirme ni siquiera una dote, así que temo que mis hijas nunca puedan casarse y ser tan felices como yo", dice.

No tener una figura masculina en la familia supone un "gran problema" 

"La vida es muy dura sin mi marido y mi hijo", explica, citando la inseguridad como uno de los principales retos con los que se encuentra en el día a día. Si quiere salir de la tienda debe llevar un burka, pero solo cuenta con uno y sus hijas –de 18 y diez años– se tienen que quedar en casa, y en ciertas horas la preocupación es todavía mayor. "Por la noche no comemos o bebemos mucho para no tener que usar el baño", asegura.

Más de un tercio de las mujeres consultadas por Oxfam y otras organizaciones aliadas confiesan que no se sienten seguras cuando van a buscar agua o al baño –muchos de ellos sin tejado o sin puerta con cerradura–. Como consecuencia, muchas optan por la estrategia de Ayasha de no comer o beber, lo que puede traducirse en dolores abdominales o infecciones, o por no acudir al baño y defecar junto a la tienda, con el riesgo que ello conlleva para el surgimiento de enfermedades, especialmente en la época del monzón.

Una portavoz de Oxfam en Cox's Bazar, Dorothy Sang, ha advertido de que la instalación apresurada de los campamentos hizo "que no se tuviesen en cuenta las necesidades específicas de las mujeres", lo que se está traduciendo en un empeoramiento de su situación en materia de seguridad y bienestar. Por todo ello, ha apelado a una rectificación "urgente", por ejemplo mediante la colocación de más luces o favoreciendo la privacidad.

A Asia Bibi la violencia de Rajine ya le pilló sola con sus dos hijos –su marido se había ido solo 40 días después de que diese a luz– y tras escapar a duras penas de su aldea y llegar a Bangladés ha intentado solventar el "gran problema" que supone para ella no tener en su entorno a una figura masculina. A veces recurre a su hermano, pero admite que es complicado porque él también tiene su propia familia.

Al menos celebra que sus hijos puedan ir a clase y "dormir en paz", aunque espera que la situación quede resuelta a corto plazo. "Ahora mismo estamos en una buena situación, pero no vinimos aquí a buscar ayuda. Vinimos aquí porque necesitábamos salvar la vida", matiza.

Aunque la seguridad se haya convertido en una prioridad en Bangladesh tras el derrumbe del complejo de fábricas del Rana Plaza en 2013, los activistas han denunciado que los trabajadores del sector textil del país se siguen teniendo que enfrentar a condiciones peligrosas en las fábricas pequeñas, según recoge Europa Press.

Algunas de las mejoras necesarias para solventar este hecho son una subida del salario mínimo, una regulación de los horarios de trabajo y la realización de un seguimiento de las cadenas de suministros, según los activistas.

Un total de 1.135 empleados murieron y más de 2.000 resultaron heridos en el derrumbe del Rana Plaza, un edificio de ocho plantas situado en las afueras de la capital del país, Daca. El suceso provocó que las marcas, los sindicatos y el Gobierno pusieran en marcha varias iniciativas para tratar de mejorar la seguridad y las condiciones de trabajo en el segundo país exportador de textiles a nivel mundial.

Sin embargo, muchos trabajadores han denunciado que "siguen trabajando por su cuenta y riesgo" aunque "se hayan llevado a cabo grandes avances en las mejores fábricas y en las más grandes", tal y como ha recogido un grupo de investigadores de la Universidad de Nueva York.

Los académicos han estudiado la evolución del sector textil bangladeshí en los últimos cinco años y acaban de publicar sus conclusiones al respecto en un estudio, titulado "Cinco años después del Rana Plaza: Un camino hacia adelante". En él, los investigadores han estimado que alrededor de 3.000 subcontratas ayudan "a las empresas matriz a gestionar su volumen de trabajo para las exportaciones".

"Los empleados de miles de fábricas subcontratadas, muchas de ellas mujeres jóvenes, siguen trabajando en condiciones inaceptablemente peligrosas", ha criticado en un comunicado el académico Michael Posner, director de la institución que ha llevado a cabo el estudio, Centro para los Negocios y los Derechos Humanos de la Universidad de Nueva York.

Según una de las autoras la investigación, Dorothée Baumann-Pauly, subcontratar es para muchos bangladeshíes una práctica empresarial esencial que les ayuda a enfrentarse a las presiones cada vez más acuciantes de producir más.

"Con la caída de los precios y la rapidez de la industria de la moda, las fábricas bangladeshíes pueden llegar a depender más de las subcontratas que de los propios proveedores, a pesar de los riesgos que implica esta práctica", ha subrayado la investigadora. Riesgos entre los que se incluyen el hecho de que muchas empresas pequeñas ignoran las normas de seguridad y operan en edificios inseguros sin salidas de emergencia, alarmas y extintores.

"Nos abrieron los ojos"

La directora de un proyecto que busca localizar todas las fábricas de textiles de Bangladesh, Parveen S. Huda, ha dicho que su equipo está recorriendo cada calle para asegurarse que tienen en cuenta para su investigación hasta a la unidad de fabricación de textiles más pequeña.

"Esos más de 1.000 empleados (del Rana Plaza) no murieron en vano, sino que nos abrieron los ojos y nos hicieron darnos cuenta de las condiciones extremas en las que trabajan", ha subrayado Huda. "Poco a poco, estamos pasando de tratar en exclusiva los aspectos de seguridad a llevar a cabo un acercamiento más global para proteger los derechos de los trabajadores", ha añadido la investigadora.

Las dos iniciativas más importantes que se han puesto en marcha al respecto desde 2013 son el Acuerdo de Bangladesh sobre la Seguridad con respecto a los Edificios y a los Incendios y la Alianza sobre la Seguridad de los Trabajadores.

Muchos de los fallos que se habían registrado en las fábricas han sido corregidos. Se han inspeccionado alrededor de 2.000 fábricas y se ha proporcionado información y entrenamiento a casi tres millones de trabajadores en lo que concierne a su seguridad durante los incendios. Por si esto fuera poco, se han establecido otras iniciativas como las líneas telefónicas de ayuda y los comités de seguridad.

"Se ha aumentado la concienciación y las líneas telefónicas de ayuda cada vez reciben más llamadas", ha explicado el subdirector del Acuerdo de Bangladesh, Michael Bride. "Hace años, se decía a los trabajadores que no tenían que salir corriendo en caso de incendio, sino que debían quedarse y luchar contra el fuego, pero ahora entienden que lo que necesitan hacer es evacuar los edificios y que tienen derecho a renunciar ciertos cometidos si son peligrosos", ha relatado el activista.

"Mano de obra barata"

A pesar de las mejoras en lo referente a la seguridad, los trabajadores del textil en Bangladesh siguen estando entre los peor pagados del mundo, según un informe publicado por la Asociación del Trabajo Justo (FLA, por sus siglas en inglés) este martes.

El salario mínimo en el país es de 66 dólares (54 euros) y, por tanto, está por debajo de la línea de la pobreza del Banco Mundial —85 dólares (69 euros)— y del salario mínimo asiático, que es de 454 (372 euros).

Esto significa que la mayoría de trabajadores tienen que hacer horas extra para compensar sus sueldos, según el informe. Hasta un 20 por ciento de los salarios de los trabajadores bangladeshíes proviene de las horas extra que se ven obligados a hacer para compensar su sueldo, según la investigación. La mitad del personal trabaja más de 60 horas a la semana a pesar del impacto que esto tiene en su salud.

Un camino hacia delante

Posner ha explicado que solventar las condiciones de las fábricas subcontratadas de Bangladesh costaría 1.200 millones de dólares (983 millones de euros) y ha manifestado que se debería organizar un grupo de trabajo para contar el número de fábricas existentes y para evaluar lo que costaría acrecentar el nivel seguridad de las fábricas.

A su vez, el investigador ha añadido que las marcas, los gobiernos y las ONG deberían establecer un fondo para ayudar a pagar las mejoras necesarias para acrecentar las condiciones de los empleados. "Los clientes occidentales son los beneficiarios de los textiles baratos que se producen en Bangladesh, por lo que las marcas, los vendedores y los gobiernos occidentales deben asumir responsabilidades", ha manifestado Posner.

En un comunicado, los miembros de la Alianza de la Seguridad de los Trabajadores han dicho que "aunque se haya comenzado a trabajar los temas de seguridad, no se ha llegado al final del proceso" y han instado a las marcas, a los propietarios de fábricas y a los ejecutivos a cimentar los avances que se han hecho. A su vez, los sindicatos han pedido que más marcas se impliquen en la mejora de las condiciones de los trabajadores del sector textil bangladeshí.

"La presión para trabajar, los objetivos de producción, la obligación de hacer horas extra y la falta de seguridad social hacen que los trabajadores del textil estén en condiciones muy vulnerables incluso hoy en día", ha resumido el presidente de la Federación de los Trabajadores del Textil e Industriales de Bangladesh, Babul Akhter.

"Se requiere una vigilancia constante de las iniciativas que se han puesto en marcha e incrementar el poder negociador de los trabajadores para que puedan obtener una compensación justa por las ropas que cosen para las marcas globales", ha finalizado el activista.

En unos días, semanas como mucho, las primeras lluvias del monzón azotarán Bangladesh. Al este del país, donde se ha concentrado en las colinas de Cox Bazar la mayoría de los 700.000 refugiados rohinyá, expulsados de Birmania desde agosto de 2017, las precipitaciones mensuales, durante la estación húmeda, a menudo superan los 2.500 mm.

O lo que es lo mismo: el apocalipsis de barroapocalipsis llega al enorme campo de refugiados de Kutupalong –el pueblo más poblado del planeta–, donde el 60% de los ocupantes son niños. “El monzón es nuestra mayor preocupación”, decía la semana pasada el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien reclamaba al Gobierno de Dacca la reubicación de los refugiados “en un terreno más elevado”.

Sitiado el año pasado, con la  urgencia y la precipitación del éxodo, el campamento de Kutupalong, congestionado y surcado por el flujo ininterrumpido de nuevos refugiados –al ritmo de 1.000 por semana, el mes pasado– el Alto Comisionado para los Refugiados (Acnur) lo calificó de sitio “peligroso” por la inestabilidad del terreno, los riesgos de deslizamiento de tierras y la amenaza de enfermedades o epidemias relacionadas con el agua contaminada, como las diarreas o el cólera.

Para reunir en un único lugar los servicios –sanitarios, de alimentación– proporcionados a los refugiados, pero también para evitar la dispersión por el país de esta población desheredada –situación que habría podido desestabilizar el mercado del trabajo, en este año electoral–, las autoridades de Bangladesh han levantado diques de contención, controlados por el Ejército, en todas las carreteras que comunican con el resto del país, provocando la sobrepoblación del campamento, convertido en una verdadera “bomba sanitaria”, según las ONG humanitarias.

El Gobierno de Dacca, apremiado por la ONU, acaba de autorizar a Acnur a reforzar las carreteras y a emprender trabajos de excavación en varios cientos de hectáreas adicionales, con el fin de instalar en ellos a los refugiados recién llegados y a los que habían construido sus refugios en las depresiones entre colinas, amenazados primero por las inundaciones y después por los torrentes de barro.

Pero los dirigentes de Bangladesh quieren, por encima de todo, deshacerse lo antes posible de estos refugiados rohinyá, que la vecina Malasia considera una “eventual amenaza para la estabilidad y la seguridad de la región”. Si se suman a los refugiados llegados desde el verano pasado a Bangladesh los 500.000 exiliados dispersos estos últimos años en varios países de la región, se constata que “ahora hay más rohinyás en el exterior del país que dentro”, según la psicóloga coreana Yanghee Lee, relatora especial sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar –nombre con el que los militares han rebautizado Birmania–.

Oficialmente, el secretario general del Ministerio de Asuntos Exteriores de Bangladesh, Mohammed Shahidul Haque, y su homólogo birmano, Myint Thu, alcanzaron un acuerdo, a mediados de enero, tras entrevistarse en Naypyidaw (nueva capital birmana), para acabar con las repatriaciones en dos años. Y Birmania se ha comprometido a abrir lo antes posible cinco campos de tránsito y 625 residencias para acoger la primera oleada de refugiados.

El país anunció incluso, la semana pasada, el “fin de la crisis de los rohinyás” organizando en el Estado de Rakáin –de donde fueron expulsados mediante el terror–, combates de lethwei, el boxeo tradicional birmano que se practica sin guantes, con las manos vendadas, y en el que se emplea todo el cuerpo. Pero para el subsecretario general de la ONU, Andrew Gilmour, que visitó a comienzos de mayo, durante cuatro días el campo de refugiados, lo mismo que para la mayoría de observadores sobre el terreno, “el regreso seguro, digno y sostenible de los rohinyás a Myanmar es impensable”.

Y lo es por tres razones. Si regresan, los rohinyás deberían hacer frente, de manera casi segura, a las amenazas de los asesinatos, violaciones y otras formas de violencia, que persisten al otro lado de la frontera; a corto plazo, la destrucción y hecho de apartarlos de todas las fuentes de alimentación y de otros medios de subsistencia hacen la vida de los rohinyás en Birmania imposible; a largo plazo, la voluntad de hacer frente a las causas profundas del problema aparentemente no se prevén y se ha traducido en políticas discriminatorias para los rohinyás desde hace décadas, en concreto el rechazo por parte de las autoridades birmanas a reconocer su derecho a la autoidentificación y a concederles la ciudadanía. Evidencia clara de estas políticas discriminatorias es el papel que se le otorga a los cinco campos de tránsito por los que deberán pasar los eventuales repatriados.

Y es que el personal destinado en ellos tendrá como misión “verificar” la identidad de los candidatos cuando emprendan el regreso. Es decir, garantizar que eran residentes de Birmania antes del éxodo de agosto de 2017. Una tarea que para muchos resultará muy difícil, cuando no imposible, de demostrar. Como musulmanes, que no pertenecen a ninguna de las 135 etnias nacionales, hace décadas que se declararon apátridas y no disponían de ningún documento de identidad. En cuanto a sus títulos provisionales de residencia, la mayoría los han perdido presas del pánico a la hora de emprender su huida ante las masacres. Y las autoridades de Naypyidaw no están en condiciones de acoger a los refugiados rohinyás más antiguos, que se hacinan en otros campos de Bangladesh desde el éxodo, hace un cuarto de siglo.

A la acusación de “limpieza étnica”, el Gobierno responde exigiendo “pruebas”

De hecho lo que inició el gobierno birmano en 2017 y que hoy todavía prosigue es una verdadera “limpieza étnica”, acusa Andrew Gilmour. “La naturaleza de la violencia ha pasado del derramamiento de sangre y de la violación colectiva, el año pasado, constata, a una campaña de terror y de hambruna forzada que parece concebida para expulsar a los rohinyás de sus hogares a Bangladesh”. “Lo peor está por venir”, confirmaba hace tres semanas Yanghee Lee. “Porque los militares buscan terminar su obra inacabada, es decir, expulsar a todos los rohinyás de Myanmar”.

Así lo cree también Amnistía Internacional tras una larga investigación, cuyos resultados acaba de publicar en forma de informe muy documentado de 25 páginas. Según este documento que incluye análisis de imágenes satélite, vídeos y fotos sobre el terreno, testimonios de rohinyás sobre el terreno o en Bangladesh y entrevistas con activistas o expertos, el Gobierno birmano está “reconstruyendo el Estado de Rakáin” sin los rohinyás.

Al arrasar con bulldozer los pueblos incendiados; al destruir incluso las construcciones que no habían sido pasto de las llamas, en concreto las mezquitas; con la construcción en su lugar de pueblos llenos de campamentos y acuartelamientos para el Ejército y la Policía de fronteras; con la adaptación de pueblos nuevos para habitantes no rohinyás; con la apertura de nuevas rutas, la inversión en industrias en las que no tienen cabida los rohinyás y con la creación, para eventuales repatriados, de campos rodeados de alambradas de espino, el Gobierno pone en evidencia, según Amnistía, que pretende perpetuar e institucionalizar el régimen de apartheid que impone a los rohinyás desde al menos 2012.

Amnistía ilustra con fotos, por ejemplo, que el pueblo de Kan Kya, en la región de Maungdaw, reducido a cenizas en las masacres del verano de 2017 ha sido transformado en base militar, dotado de helipuerto; que en el pueblo de Inn Din, antaño de población mixta, los barrios rohinyás, íntegramente quemados, han sido reemplazados por un acuartelamiento para la policía de fronteras. El informe también constata que en varios lugares, tierras abandonadas por los rohinyás, han instalado a budistas de una étnia local. Además, denuncia un “acaparamiento de tierras” que hace sembrar una duda seria sobre la voluntad de las autoridades birmanas de aplicar realmente el programa de regreso de refugiados.

En el informe provisional que acaba de dirigir al Consejo de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, a la espera de contar con el documento final, cuya versión final se prevé esté disponible en otoño, el jurista indonesio Marzuki Darusman, presidente de la Comisión de información internacional sobre Birmania, confirma las observaciones de Amnistía. Según los testimonios recabados por los miembros de la comisión, a lo largo de 600 entrevistas, al menos 319 localidades han sido total o parcialmente destruidas por las llamas en las inmediaciones de las localidades de Maungdaw, Buthidaung y Rathedaung, mientras que su población era masacrada.

“La violencia ha sido extrema, las consecuencias humanitarias desastrosas y el impacto sobre la vida de la gente, devastador”, escribe Marzuki Darusman. “Las autoridades de Myanmar debían garantizar que todas las alegaciones de violaciones de las autoridades de violaciones de los derechos del hombre y de abusos diversos eran objeto de investigaciones completas, independientes, imparciales de manera inmediata. No ha sido así. La respuesta del Gobierno de Myanmar y del Ejército a los acontecimientos y a estas alegaciones ha sido completamente inadecuado y suscita graves preocupaciones […]. Numerosos rohinyás con los que nos hemos entrevistado en las últimas semanas han manifestado un terror real a la idea de ser repatriados a Myanmar a corto plazo y están muy angustiados por el futuro. Lo han perdido todo. Se preguntan qué les espera en Myanmar. Esta gente no puede ser devuelta al otro lado de la frontera si el Estado de Rakáin no acomete cambios muy importantes. Incluidos en materia de Justicia, indemnización y reconciliación. Un elemento clave de la solución a poner en lugar es la cuestión de su ciudadanía”, continúa Marzuki Darusman.

El problema es que el Gobierno de Naypyidaw, a día de hoy, ha rechazado todas las peticiones para abrir una investigación independiente e imparcial sobre la violencia desatada en 2017 y las consecuencias de ésta, incluida las solicitudes presentadas por la ONU. Como también ha quedado descartada cualquier posibilidad de revisión del estatus rohinyás, bajo supervisión internacional. Con el apoyo de China, las autoridades birmanas se han mostrado incluso indiferentes a la hipótesis de que se estén cometiendo “crímenes contra la humanidad”, tal y como adelantaba, en diciembre pasado, una resolución de Naciones Unidas.

En cuanto a la acusación de “limpieza étnica” realizada, hace un mes por al Alto Comisariado para los Derechos Humanos de la ONU, el Gobierno birmano ha respondido exigiendo “pruebas claras”. Un cinismo frente al que Aung San Suu Kyi, que recibió en 1991 el Premio Nobel de la Paz por su lucha valiente contra la dictadura militar, ha permanecido, otra vez, en silencio. Sin duda se encuentra ocupada preparando la elección al frente del Estado birmano de una persona de su entorno, Win Myint, que sucedió el 28 de marzo a otro de sus amigos Htin Kyaw, quien dimitió para “descansar”. ______________

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

Miles de rohinyás han huido de la franja en tierra de nadie en la frontera entre Birmania y Bangladesh después de que los dos países se reunieran para discutir su reasentamiento, han informado un responsable y un líder comunitario.

El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) había expresado su preocupación por el hecho de que unas 5.300 personas que se encontraban en la zona, fuera de la valla fronteriza de Birmania pero del lado birmano del arroyo que marca la frontera internacional, fueran devueltos a la fuerza sin las consideraciones debidas por su seguridad.

Casi 70.000 rohinyás han huido de Birmania hacia Bangladesh a raíz de la ola de represión del Ejército birmano a la ola de ataques insurgentes del pasado 25 de agosto y que la ONU ha calificado de limpieza étnica ante las informaciones de aldeas quemadas, asesinatos y violaciones.

El mayor Iqbal Ahmed, un oficial de la guardia fronteriza de Bangladesh, indicó el martes por la noche que casi la mitad de las personas que se encontraban en la zona habían entrado en Bangladesh y se habían dirigido hacia los campos de refugiados en el país en la última semana.

"Están abandonando la zona por miedo", ha contado Iqbal Ahmed ha declarado a Reuters. "Ahora hay unas 2.500-3.000 personas en tierra de nadie. Hemos hablado con algunos de ellos y les hemos pedido que regresen, pero dicen que no pueden", ha añadido.

Las autoridades locales de ambos lados se reunieron el pasado 20 de febrero y visitaron la zona. Dil Mohammed, un líder entre las personas que se encontraban en la zona, ha indicado a Reuters que la reunión con los líderes comunitarios prometida por las autoridades birmanas no se ha materalizado, confirmando que varios cientos de familias se han trasladado a Bangladesh desde el 20 de febrero.

No quieren regresar a Birmania 

"Estamos con miedo constante. No vamos a ir a los campos", ha añadido, en referencia a los campos temporales que Birmania ha instalado para albergar a los posibles retornados en el marco del acuerdo de repatriación que firmó con Bangladesh el pasado noviembre. "No hay garantías para vivir. Necesitamos seguridady todos los derechos básicos, incluida la ciudadanía como otras comunidades que la tienen garantizada por el Gobierno birmano", ha subrayado Dil Mohammed.

El portavoz del Gobierno birmano, Zaw Htay, ha señalado este miércoles a Reuters que la zona es territorio birmano. "Según las normas, no puede permanecer allí, a menos de 50 metros de la frontera. Están ahí para crear una situación en la que las fuerzas de seguridad de Birmania y un responsable gubernamental les expulse", ha denunciado.

"Los medios, especialmente Reuters, y las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos presionarían y harían acusaciones de que están siendo expulsados", ha añadido. "Es una trampa para presionar más a Birmania, para verter más críticas sobre Birmania", ha criticado el portavoz.

Birmania denuncia la presencia de "terroristas" 

Tras la reunión del 20 de febrero, Zaw Htay dijo, según medios birmanos, que algunas de las personas que estaban en la frontera eran "terroristas" vinculados con el Ejército de Salvación Rohinyá de Arakán que atacó los puestos de seguridad birmanos el pasado 25 de agosto.

"Tenemos información de que hay terroristas allí", ha señalado el portavoz gubernamental a Reuters. "Este lugar se convertirá en una refugio seguro para los terroristas y puede cometer ataques terroristas en ambos lados" de la frontera, ha prevenido.

Cientos de miles de rohingya están atrapados en Bangladesh, incapaces de volver a un país, Birmania, que no les reconoce los más mínimos derechos y abocados a una situación límite que amenaza con agravarse más todavía con el comienzo de la temporada de tifones en la zona. Seis meses después del gran éxodo, siguen sumando días a su drama, informa Europa Press.

Una ola de ataques perpetrada el 25 de agosto por insurgentes en Rajine desencadenó una represión implacable por parte de las fuerzas del Gobierno birmano, a las que el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Acnudh) acusó directamente de "limpieza étnica".

Los rohingya, una minoría sin patria y marginada históricamente en un país de mayoría budista, protagonizaron en tan sólo unas semanas uno de los éxodos más dramáticos que recuerdan las organizaciones humanitarias, hasta el punto de conformar el que ya está considerado el asentamiento de refugiados más grande del mundo, en la zona bangladeshí de Kutupalong, en Cox Bazar.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estima que, desde el 25 de agosto, al menos 688.000 rohingya han cruzado la frontera, lo que ha elevado la cifra de refugiados por encima de los 900.000. En total, se calcula que 1,2 millones de personas necesitan ayuda humanitaria en Cox Bazar, según un balance que computa también a la población local.

Niños sin futuro

Un informe divulgado esta semana por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) alertaba de que 185.000 niños rohingya permanecen en Rajine, mientras que otros 534.000 figuran entre los refugiados en territorio bangladeshí. "Alrededor de 720.000 niños rohingya están atrapados", ha advertido el director de los programas de emergencias de la organización, Manuel Fontaine.

El secretario general de la Media Luna Roja de Bangladesh, Feroz Salah Uddin, ha advertido en un comunicado de que, "con un futuro incierto y sin soluciones a la vista", unos 380.000 menores de edad corren el riesgo de perder su futuro si no se toman medidas. Solo este año está previsto que nazcan en los campamentos 60.000 niños más, según la ONU.

Muchos de los niños tienen grabadas en sus retinas historias de violencia y abandono, como le ocurrió a Mohamed, quien con once años vio cómo soldados birmanos "arrojaban al fuego" a varios de sus amigos, ha explicado la jefa de prensa del Comité Español de Unicef, Belén de Vicente. Tasnim, por su parte, presencio cómo los militares "mataban a su padre delante de ella".

Médicos Sin Fronteras (MSF) ha recogido el testimonio de Humaira, una joven de 25 años forzada a huir junto a su hijo de siete años y en avanzado estado de gestación tras perder a su marido, capturado por las fuerzas birmanas. "Mi bebé, Ruzina, nació en el río. Empecé a dar a luz cuando ya estaba a bordo de la barca (que la llevó a Bangladesh) y el parto duró tres horas", ha relatado.

Desde entonces sufre dolores en todo su cuerpo y la comida que recibe la consigue su hijo, que "también lava la ropa de su hermana y busca agua". "Tengo la esperanza de que me ayude a superar todas las dificultades del futuro", ha declarado Humaira.

Para Alí Ahmed, de 80 años, es ya la tercera huída, después de la que emprendió en 1978, cuando su familia fue "apaleada y torturada", y en 1991, después de pasar cuatro años haciendo trabajos forzosos. En la última ola de violencia, se quedó sin casa y sin dos de sus hijos, por lo que escapó junto a otros ocho miembros de su familia, informa MSF.

Regreso

Las autoridades de los dos países vecinos hicieron un amago de negociación para facilitar la vuelta de los refugiados, pero el desaire a la potencial implicación de la ONU y la falta de garantías en materia de libertades y derechos puso en guardia a todas las organizaciones que intentan paliar la grave crisis humanitaria.

El máximo responsable de Acnur, Filippo Grandi, advirtió este mes ante el Consejo de Seguridad de que sigue sin haber condiciones para que haya una vuelta "voluntaria, segura y en condiciones dignas" de los rohingya. "Las causas de su huida no están resueltas y aún tenemos que ver avances sustantivos en relación a la exclusión y la negación de derechos que se ha agudizado en la última década, originada en la falta de ciudadanía", denunció.

Por el momento, y ante la parálisis política, los trabajos se concentran en garantizar los servicios y suministros más básicos para los campos de refugiados y prepararlos de cara a un periodo que se atisba complicado. La temporada de tifones amenaza con anegar unos precarios enclaves, con el riesgo que ello conlleva para la estabilidad de los refugios y el desarrollo de enfermedades.

Nuevas emergencias en la emergencia

La coordinadora de emergencias de Médicos Sin Fronteras en Bangladesh, Kate Nolan, teme que "surjan nuevas emergencias dentro de la emergencia actual" y, en este sentido, ha advertido de que las lluvias pueden llevar aparejado el contagio de enfermedades transmitidas por el agua como diarreas acuosas agudas. "Ya hemos visto cómo la vulnerabilidad de estas personas puede aumentar rápidamente", ha lamentado.

Nolan también ha señalado que, si bien el flujo de refugiados no se acerca a los niveles de agosto y septiembre, "sigue llegando gente" a unos campamentos "precarios, improvisados y densamente poblados", en los cuales las casas básicamente están levantadas con plástico y bambú y sin apenas separación entre ellas.

El tamaño de la población, la alta densidad de los campos, el refugio inadecuado y el bajo estado de inmunización crean "una tormenta perfecta". "Como vemos a través de nuestras consultas médicas en todos los asentamientos, los rohingya ya estaban marginados y excluidos en Birmania. Tenían muy poco o ningún acceso a atención médica y no estaban vacunados de forma rutinaria contra las enfermedades transmisibles, por lo que su estado de inmunización es muy bajo", ha asegurado Nolan.

La directora de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el sudeste asiático, Poonam Khetrapal Singh, ha aplaudido los esfuerzos emprendidos para prevenir el cólera y controlar en poco tiempo brotes de sarampión y difteria, pero ha recordado que "la magnitud de la crisis requiere de un trabajo continuo y de generosas contribuciones (...) para mejorar los servicios médicos para la población vulnerable".

El plan de respuesta coordinado entre todas las organizaciones precisa de 434 millones de dólares (unos 350 millones de euros), de los cuales se ha recaudado por ahora casi el 70 por ciento, según datos de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de la ONU.

Una ola de ataques perpetrada el 25 de agosto por insurgentes en el estado birmano de Rajine desencadenó una represión implacable que empujó a casi 700.000 rohinyá a cruzar al vecino Bangladesh. Sumados a los rohinyás que ya habían huido en oleadas anteriores, la cifra de refugiados ronda ya el millón.

Un informe de Unicef cifra en 185.000 los niños que permanecen en Rajine, mientras que otros 534.000 figuran entre los refugiados en territorio bangladeshí. "Alrededor de 720.000 niños están atrapados", ha advertido el director de los programas de emergencias de la organización, Manuel Fontaine.

Los rohinyás musulmanes apátridas en un país de mayoría budista, han sido expulsados de sus hogares y sus comunidades y ahora se encuentran a la deriva, atrapados en una especie de limbo y sin apenas derechos. A ello se suman constantes amenazas para la salud y la vida como son los tifones que podrían empezar a llegar a Bangladesh.

Una potencial inundación de los campos de refugiados, ya de por sí "frágiles e insalubres", aumentaría el riesgo de contraer enfermedades transmitidas a través del agua y obligaría al cierre de clínicas, centros de aprendizaje y otras instalaciones para los niños, ha advertido Unicef en su informe.

La jefa de prensa del Comité Español de Unicef, Belén de Vicente, que ha visitado recientemente la zona, ha señalado que en Kutu Palong, considerado ya el campo de refugiados más grande del mundo, las personas "viven hacinadas en pequeñas chozas con unas condiciones de vida absolutamente precarias".

Tomar medidas

"Esta no es una crisis que se solucione fácilmente, podría llevar años superarla si no se coordinan esfuerzos para abordar las causas subyacentes que la han motivado", ha reclamado Fontaine, cuya agencia ha lanzado un nuevo llamamiento al Gobierno de Birmania para que respete los Derechos Humanos, elimine la restricción de movimientos para los rohingya y permita el acceso de esta comunidad a servicios básicos y medios de subsistencia.

Los rohinyás, ha advertido Fontaine, "no van a volver a no ser que se garantice su seguridad y se les conceda la nacionalidad, a menos que puedan mandar a sus hijos al colegio y vean la oportunidad de un futuro".

Muchos de ellos, como ha recordado De Vicente, tienen aún nítidos los recuerdos de la barbarie. Mohamed, con 11 años, vio cómo soldados birmanos "arrojaban al fuego" a varios de sus amigos, mientras que Tasmin contempló como los militares "mataban a su padre delante de ella".

Human Right Watch ha asegurado que, desde finales de 2017, el Gobierno birmano ha destruido "al menos 55 aldeas", en las que ha acabado con todas las viviendas y con la vegetación "empleando maquinaria pesada. "La mayoría de estas aldeas están entre las 362 aldeas completa o parcialmente destruida por ataques incendiarios" desde el 25 de agosto, cuando las fuerzas birmanas, en respuesta a una serie de ataques de milicianos, pusieron en marcha su "campaña de limpieza étnica contra los rohingyas".

La humanidad se enfrenta a la mayor crisis migratoria desde la II Guerra Mundial: según la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), arranca 2018 con 258 millones de personas viviendo fuera de su país de origen y, según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), más de 65 millones se vieron obligadas a huir de su casa en 2016. Los medios han simplificado este fenómeno en la palabra "refugiados", pero solo un tercio de estas migrantes (22,5 millones) cuenta con dicho estatus. ¿Y el resto?

Un refugiado es una persona que "debido a fundados temores de ser perseguida y encontrándose fuera del país natal, no puede o no quiere acogerse a la protección de su país", según la ONU. La razón de estos “temores” puede ser: “raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social u opiniones políticas”. Sin embargo, las personas también huyen del hambre, las epidemias, la pobreza y la sequía, por lo que la diferencia entre migrantes económicos, desplazados climáticos, desplazados internos y refugiados es difusa y líquida.

Del total de los migrantes en 2016, unos 25 millones fuerondesplazados como consecuencia del cambio climático según el último informe de la OIM. La misma organización informó a infoLibre que solo en la primera mitad de 2017 hubo 4,5 millones de desplazados climáticos, aunque también advertía que esta cifra no tiene en cuenta a los desplazados internos, quienes huyen dentro del propio país. Ecologistas en Acción exige que sean reconocidos los refugiados que provoca el cambio climático ante el temor de que a mitad de siglo más de 200 millones de personas se vean afectadas y su estatus aún quede en un limbo legal. Según la ONU, en los últimos 30 años, el número de catástrofes naturales se ha triplicado.

Aunque no están todas, infoLibre repasa algunas crisis humanitarias que pocas veces se hacen un hueco en los medios:

1. Yemen: "La peor crisis del siglo"

La Organización Mundial de la Salud denuncia desde noviembre que unas 2.200 personas han perdido la vida en Yemen a causa de un brote de cólera aparecido en abril. El total de posibles contagiados alcanza el millón de personas, según expuso la Cruz Roja a finales de diciembre. El 53% son niños.

El enviado especial de Naciones Unidas para Yemen afirma que las partes en el conflicto "no tienen interés" en lograr una solución, pues los líderes locales son "cada vez más ricos e influyentes". La guerra, mientras, ha provocado entre 12.000 y 15.000 muertos y un sinnúmero de heridos, la mayoría civiles. Se han desplazado internamente alrededor de 3,5 millones de personas. Hasta 1.600 niños han muerto y 2.700 han sido mutilados desde  mayo de 2015.

Según la ONU, hay 20,7 millones de personas necesitadas de algún tipo de asistencia o protección para cubrir sus necesidades básicas y casi la mitad se encuentragravemente necesitada, lo que supone un 10% más que cuando se hizo la anterior estimación, en octubre de 2016.

2. Filipinas: 600.000 desplazados en la Guerra contra el Dáesh

El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, aseguró el 17 de octubre que la ciudad de Marawi, en la isla de Minadanao, había sido "liberada de la influencia de los terroristas". Los muyahidines de las bandas integristas Abu Sayyaf y los hermanos Maute –vinculadas al Dáesh– controlaban parte del centro de Marawi, una localidad de la mencionada isla sureña.

El Ejército llevaba más de cuatro meses de combate contra el Estado Islámico solo en Mindanao: más de 1.000 personas han muerto y más de 600.000 personas han tenido que desplazarse desde finales de mayo.

El Congreso filipino amplió el 13 de diciembre un año más la ley marcial en la isla de Mindanao ante el temor de nuevas amenazas terroristas. Al menos existen cuatro organizaciones tachadas de "terroristas" por el Gobierno de Duterte en el país.

3. Afganistán: casi tres millones de refugiados tras 16 años de guerra

Tras 16 años de un conflicto asimétrico superpuesto a una guerra civil preexistente desde 1978, la Administración Trump anunció el pasado 31 de agosto que reforzaría la presencia de tropas para ayudar al Gobierno afgano, que ha ido perdiendo territorio frente al grupo talibán hasta solo controlar el 60% del territorio. Poco después, EEUU pedía a sus socios de la UE un envío de 1.000 soldados más al país afgano. El 9 de noviembre, la OTAN acordó en elevar de 13.000 a 16.000 los soldados desplegados en Kabul.

Las víctimas de esta guerra son incuantificables, pero solo en 2017 han muerto 3.000 personas a causa del terrorismo en el país. Afganistán es el segundo país que más atentados ha sufrido durante este año (130) según el Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo y también el segundo en cuanto a demandantes de asilo según la CEAR, con 2,7 millones, solo por detrás de Siria en ambas clasificaciones.

4. Somalia: uno de cada cuatro personas, en emergencia alimentaria

La Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura informó el 31 de agosto que 6,2 habitantes somalíes sufren inseguridad alimentaria, de los que 3,1 millones (el 25 % de la población) se encuentran en una situación de emergencia.

El cambio climático empeora la situación medioambiental cada año y se ceba con África: entre abril y junio la sequía ha ocasionado una pobre cosecha de cereales. En Somalia no hay un poder centralizado y la organización Al Shabab, –vinculada a Al Qaeda y que controla parte del centro y sur del país– niega la hambruna y prohíbe la ayuda humanitaria.

El aumento de los precios de los alimentos y las pérdidas de ganado han provocado 2 millones de desplazamientos internos y han hecho que más de un millón de personas abandonen Somalia en la primera mitad del año. Parte de estos migrantes (240.000) han acabado en el campo de refugiados de Daabab, en Kenia, pero el Gobierno del país de acogida está ejerciendo presión para que vuelvan a su país de origen. Según Amnistía, Kenia "pisotea las normas internacionales", pues "sólo se puede hacer regresar a las personas refugiadas si su seguridad y dignidad están garantizadas" 

5. Sudán del Sur: cuatro millones de desplazados

Ejército de Sudán del Sur (dinkas). EP

La vecina sureña se independizó de Sudán en 2011 tras un referéndum y una guerra civil extendida desde 1955, pero desde 2013 vive una guerra étnica con tintes genocidas que enfrenta a los dinkas, del actual presidente Kiir, contra los nuer, minoría leal al ex vicepresidente Machar.

Este conflicto ha causado ya cerca de 2 millones de desplazados internos, otros tantos refugiados en países vecinos y que 7,6 millones de personas vivan en situación de inseguridad alimentaria grave según la ONU. Sudán del Sur se convirtió en la nación más joven del mundo –y también la más corrupta– en 2011.

A la guerra y el desgobierno por la caída del dictador Gadafi (2011), se les ha unido la violación de los derechos humanos de los que tratan de huir del país magrebí.

Además de los visibles casos de esclavitud, Oxfam Intermón ha publicado recientemente un informe a partir de declaraciones de testigos y víctimas en el que se evidencia que el 84% ha sufrido "tratos degradantes o inhumanos, extrema violencia o tortura" durante su estancia en los 40 centros de detención oficiales financiados por la eurozona. Médicos Sin Fronteras señala que "las mujeres embarazadas son especialmente atacadas y violadas en estos centros".

Tras el pacto de la UE con Turquía para cerrar la ruta de los Balcanes, la ruta migratoria preferida pasa por el Mediterráneo central, con abundantes casos de devoluciones en caliente, mafias que trafican con personas, secuestros y torturas. La OIM estima que alrededor de 13.000 migrantes han muerto en esta ruta desde 2014, incluyendo más de 2.500 durante este año. La comisión de la Unión Africana habla de hasta 700.000 migrantes en condiciones "inhumanas" en Libia.

7. India, Nepal, Sri Lanka y Bangladés: más de 1.400 muertos por el monzón

El cambio climático se alía con el monzón para sacudir una de las regiones más pobres del planeta, el sudeste de Asia. Según la ONU, 41 millones de personas han resultado afectadas por la última temporada del monzón.

India, Nepal, Sri Lanka y Bangladés se llevan la peor parte: la Cruz Roja estimaba que, ya a principios de octubre, más de 1.400 personas habían muerto en total. Tambiéndenunciaba la magnitud de un desastre sin igual en décadas "ignorado" mediáticamente.

El monzón inunda Nepal

La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres alertaba en octubre que unos 2,3 millones de indios se ven obligados a desplazarse cada año debido a desastres naturales, mayoritariamente por inundaciones. Según la Autoridad Nacional para el Manejo de Desastres de la India, cada temporada el fenómeno meteorológico deja como promedio 1.600 víctimas mortales en el país

En Sri Lanka, el Centro de Gestión de Desastres  informó de que el número de afectados por las fuertes lluvias y vientos se eleva ya a 20.000.

A mediados de año, las lluvias asociadas a la temporada monzónica y el ciclón Mora causaron al menos 212 muertos y 79 desaparecidos en Sri Lanka.

La ONU calificó las inundaciones en Nepal -que sigue recuperándose del terremoto de 2015- como las peores de los últimos 15 años y las autoridades nepalíes informan de más 140 muertos y decenas de desaparecidos.

8. La cuenca del Chad: más de 380 de víctimas civiles de Boko Haram

Niñas liberadas por Boko Haram en mayo. EP

Amnistía Internacional ha denunciado este martes que la secta islamista Boko Haram ha causado la muerte de al menos 400 civiles solo desde abril en la región del lago Chad, una cifra que duplica el número registrado en los cinco meses anteriores. El lago ha pasado de tener una superficie de 25000 km2 (en 1960) a 2500 km2 (para el 2009), y se estima que desaparecerá en 20 años.

Los fundamentalistas han asesinado a más de 300 civiles en Nigeria y 160 en Camerún al ser empujados por el Ejército nigeriano a las montañas camerunesas de Mandara.

Según la Amnistía Internacional, hay 2,3 millones los desplazados en la región: 1,6 de Nigeria, 303.000 de Camerún y 374.000 de Chad y Níger. También destaca las más de 7 millones de personas con grave escasez alimentaria y el más de medio millón de niños en situación de malnutrición severa en los países de la cuenca del Chad.

9. Níger: más de 1.600 personas afectadas por la hepatitis E

Acción Contra el Hambre ha alertado de una epidemia de hepatitis E la región de Diffa (Níger) por los malos hábitos de higiene causados por la inexistente infraestructura sanitaria. Según la ONG, las previsiones en la región apuntan a una buena cosecha, pero la hepatitis E afecta ya a "más de 1.600 personas" y perjudicará estas previsiones positivas. La enfermedad también ha causado el desplazamiento de al menos 247.000 personas y la muerte de 50.

El petróleo es otro de los contaminantes de esta aguas: con más de 6.800 derrames registrados —entre nueve y 13 millones de barriles—, la región del Delta del Níger es una de las más contaminadas del planeta. Un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente alertaba de que en el 8% del territorio nigeriano se superaban en dos tercios los niveles nacionales de contaminación. 

10. Nigeria: la ONU vacuna de cólera a 844.000 personas

La OMS anunció el martes 27 de septiembre el fin de su campaña de vacunación contra el cólera en  Maiduguri, capital del estado de Borno, agregando que 844.000 personas habían sido inoculadas.

Hasta finales de septiembre se habían detectado 3.934 supuestos casos de cólera -con un total de 54 muertos- en Maiduguri y sus alrededores. El brote confirmó los temores de las ONG sobre la expansión de enfermedades durante la época de lluvias. 

Un grupo de más de 80 ONG, entre las que figuran Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional, ha instado este martes al Consejo de Seguridad de la ONU a que pase de las condenas a la acción ante los "crímenes contra la Humanidad" que se están cometiendo contra la minoría rohinyá en Birmania.

Ante la reunión que celebra este martes el máximo órgano de la ONU para abordar la crisis rohinyá, las organizaciones firmantes "piden urgentemente al Consejo que adopte acciones inmediatas para abordar la campaña de limpieza étnica y crímenes masivos atroces, incluidos crímenes contra la Humanidad, cometidos contra la población rohinyá por las fuerzas de seguridad de Birmania en el estado de Rajine" además de las continuadas restricciones a la asistencia humanitaria en la zona desde octubre de 2016.

"Las palabras de condena por la ONU (...) no han tenido como resultado que el Gobierno de Birmania ponga fin a sus abusos o haga rendir cuentas a los responsables", han incidido los firmantes, entre los que hay organizaciones religiosas, sosteniendo que "es el momento de una acción internacional rápida, concertada y efectiva".

Según los firmantes, "los crímenes contra la Humanidad perpetrados contra los rohinyá incluyen masacres y otros asesinatos ilegales, violaciones generalizadas y otros actos de violencia sexual, saqueo, deportación e incendios masivos de cientos de localidades rohinyá".

"Los rohinyá que siguen en Birmania siguen enfrentándose a una grave inseguridad alimentaria y a amenazas, además de violaciones sistemáticas de sus derechos a una nacionalidad, libertad de movimientos y acceso a atención sanitaria, educación y oportunidades de vida", han denunciado.

Por otra parte, han advertido de que "hay garantías insuficientes" de que el acuerdo firmado entre Birmania y Bangladés para el retorno de los más de 640.000 refugiados rohinyá huidos desde finales de agosto hacia el país vecino permita un regreso "informado, seguro y voluntario en estos momentos".

Tampoco existen garantías, han incidido, de que los documentos sobre su anterior residencia "se usen como pretexto para rechazar retornos legítimos" o de que "los centros de acogida temporales no se convertirán en campos de internamiento semi-permanentes y que los retornados tendrán los mismos derechos" que los demás residentes de Rajine.

Asimismo, las ONG han recordado al Gobierno birmano su responsabilidad de "proteger a su población diversa sin discriminación e independientemente de su etnia, religión o estatus de ciudadanía". Sin embargo, han lamentado, tanto los dirigentes políticos como militares del país, incluido el jefe del Ejército, general Min Aung Hlaing, "se niegan a reconocer la gravedad de las violaciones de los Derechos Humanos contra los rohinyá" y que las fuerzas de seguridad hayan actuado de forma indebida.

Embargo de armas

En este sentido, han pedido al Consejo de Seguridad que "imponga inmediatamente un embargo de armas contra el Ejército birmano que cubra el suministro directo e indirecto, la venta o transferencia, incluido el tránsito, de todo tipo de armas, municiones, y otro material militar y de seguridad, así como la provisión de entrenamiento y otra asistencia militar y de seguridad".

Además, han defendido, el Consejo de Seguridad también debería "imponer sanciones selectivas contra altos cargos responsables de crímenes contra la Humanidad y otras graves violaciones de los Derechos Humanos". También se deberían imponer "sanciones financieras contra altos cargos que ordenaron actos criminales o que son responsables por la cadena de mando".

"El Consejo de Seguridad debería explorar todas las vías para la justicia y la rendición de cuentas, incluido mediante los tribunales internacionales", ha opinado las ONG firmantes, insistiendo en que "si la promesa de no permitir 'nunca más' atrocidades significa algo, el Consejo de Seguridad no puede demorar más la acción".

El Gobierno de Bangladés ha dado luz verde este martes a un proyecto valorado en 280 millones de dólares que prevé convertir una isla aislada y proclive a las inundaciones en el futuro hogar de 100.000 refugiados rohinyá llegados desde la vecina Birmania, ha informado Europa Press.

La decisión ha sido tomada durante la reunión del comité ejecutivo del Consejo Económico Nacional, encabezado por la primera ministra, Sheij Hasina, y corresponderá a la Marina la implementación del proyecto, bautizado como Asrayan-3. Se prevé que esté terminado para 2019.

En concreto, está prevista la construcción de viviendas y las infraestructuras de seguridad pertinentes en la isla de Bhashan Char, también conocida como Thenger Char y que se encuentra a 21 millas de Noakhali. Se trata de una isla deshabitada usada principalmente para el pasto del ganado.

El ministro de Planificación, Mustafá Kamal, ha recordado que el Gobierno de Bangladés ha firmado "un acuerdo para la repatriación de los rohinyá con Birmania" la semana pasada. "Pero necesitarán tiempo para acoger de vuelta a tantos migrantes", ha añadido, en referencia al hecho de que más de 800.000 rohinyás, incluidos más de 600.000 llegados desde finales de agosto, residen en Bangladés.

"Muchos rohinyás están viviendo en condiciones pésimas. Este proyecto ha sido emprendido para ofrecerles cobijo", ha precisado el ministro, según el portal bdnews24.com.

"La llegada masiva de refugiados rohinyá es una amenaza tanto para la seguridad como para el medio ambiente. Se ha vuelto difícil encontrar espacio residencial para todos los ciudadanos de Birmania desplazados forzosos en Cox's Bazar", ha subrayado el ministro, lamentando que "las colinas y los bosques también están siendo destruidos".

La ONG Amnistía Internacional ha calificado la represión al pueblo rohinyá por parte de la República de Myanmar (Birmania) como un "sistema de apartheid".

Así lo ha recogido el último informe de Amnistía Internacional (AI) sobre el apartheid y la violación sistemática de derechos humanos que sufre esta minoría. El informe, titulado Caged without a roof  (encerrados sin techo), "contextualiza la reciente oleada de violencia en Myanmar, en la que las fuerzas de seguridad mataron a personas rohinyá, incendiaron pueblos enteros reduciéndolos a ceniza", pero se apoya en declaraciones de estos musulmanes a lo largo de los últimos dos años.

“Las autoridades de Myanmar mantienen a las mujeres, hombres y niños y niñas rohinyás segregados e intimidados en un sistema deshumanizador de apartheid. Se violan sus derechos a diario y la represión se ha intensificado aún más en los últimos años”, afirma Anna Neistat, directora general de Investigación de Amnistía Internacional.

Mientras la ONU ya calificó la situación a principios de septiembre como una "limpieza étnica""limpieza étnica" y racial por parte del Gobierno birmano, la ONG opta por la "segregación racial". Amnistía compara la violencia estatal contra estos musulmanes con la experimentada por la población negra en Sudáfrica y Namibia (entonces Sudáfrica) desde la década de los 40 hasta 1992 por parte de la minoría de piel blanca.

La palabra apartheid significa "separación" en afrikáans, una lengua germánica derivada del neerlandés y hablada en las mencionadas zonas, además de en Botsuana.

Cerca de 900.000 musulmanes rohinyá birmanos permanecen hacinados en condiciones insalubres en los campamentos de refugiados del sur de Bangladés. Más de 620.000 han huido de sus aldeas del estado de Rajine, al sudoeste de Birmania, desde finales de agosto.

En la actual República de la Unión de Myanmar –antes Birmania– en torno al 85% de la población practica el budismo, por lo que los musulmanes son una pequeña minoría. La representación en el gobierno y en la economía estatal del resto de minorías étnicas y religiosas –unas 125– es un conflicto atemporal que ahora se está recrudeciendo.

Una de estas minorías, que constituye alrededor de un millón de habitantes, son los rohinyás, un pueblo musulmán que habita principalmente el estado de Rajine (antiguamente, región de Arakán). Esta zona es una de las más pobres de Birmania y limita con Bangladés.

La Real Academia Española de la Lengua define apartheid como "segregación racial, especialmente la establecida en la República de Sudáfrica por la minoría blanca".