La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil atribuye al empresario Álvaro Romillo la comisión de una estafa de 260 millones de euros a más de 3.000 víctimas a través de su entramado societario Madeira Invest Club (MIC). El conocido en redes sociales como 'CryptoSpain' ha sido detenido este jueves en el marco de esta investigación.

Al empresario que admitió haber entregado 100.000 euros al eurodiputado Luis Pérez, alias Alvise, se le acusa de ser presuntamente el responsable máximo de una organización criminal internacional dedicada a la estafa y al blanqueo de capitales a través de su sociedad.

Se trata del Madeira Invest Club, que empezó a operar a principios de 2023 y que se presentaba como un "club privado de inversión" que ofrecía supuestas oportunidades inmuebles, vehículos de lujo, yates, whisky, oro y criptomonedas, entre otras, garantizando rentabilidades fijas y recompra asegurada.

Las aportaciones de los inversores se formalizaban mediante contratos de compraventa de obras de arte digitales, que el club se comprometía a recomprar en un plazo determinado con beneficios preestablecidos.

Sin embargo, la investigación de la Guardia Civil ha corroborado que no existía ninguna actividad económica real, tratándose de un esquema piramidal en el que las ganancias de los primeros participantes se pagaban con el dinero de los nuevos inversores.

La organización contaba con un entramado societario y bancario distribuido en varias jurisdicciones, incluyendo, entre otros, España, Portugal, Reino Unido, Albania, República Dominicana, EEUU, Malasia, Bélgica, Tailandia y Hong Kong.

A lo largo de la investigación se ha contado con la colaboración de Europol y de cuerpos policiales de otros países, como el Homeland SecuritySI de EEUU, la Singapore Police Force de Singapur, la Royal Malaysia Police de Malasia y la Royal Thai Police de Tailandia.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que ha ordenado la detención, investiga esta presunta estafa piramidal sobre la que se ha levantado este el secreto de sumario tras recibir los informes de la UCO y de la Agencia Tributaria.

Según el auto en el que el juez ordena el arresto, al que ha tenido acceso EFE, la Policía de Singapur informó que entre el 15 de julio y el 29 de agosto de 2024, una cuenta de Alipay Merchant Services Pte Ltd, que tiene como titular la sociedad Lemus Trading (HK) Limited, registrada en Hong Kong, "recibió más de 29 millones de euros procedentes de dos empresas portuguesas", Maidentok LDA y Sabrosso LDA.

"La Policía de Singapur ha comprobado que las empresas que han realizado las transferencias pertenecen a dos ciudadanos españoles", Álvaro y Domingo Romillo.

El magistrado añade que los informes recibidos "ponen en evidencia la existencia de sólidos indicios racionales de criminalidad" de que Álvaro Romillo, "aprovechando su popularidad en redes sociales", desarrolló un "negocio fraudulento de captación masiva de fondos que eran desviados a su propio patrimonio personal".

Lo hizo, presuntamente, entre enero de 2023 y septiembre de 2024, "a través de la plataforma digital Madeira Club Invest, que se promocionaba en internet como 'un club privado de inversión', cuyo objetivo es 'obtener rentabilidades mínimas de un 20% anual', movido por un ánimo de enriquecimiento ilícito".

Romillo se anunciaba como experto en elusión fiscal y llegó a convencer a cerca de 30.000 personas para que ingresasen en el club. Para acceder a la plataforma era requisito un pago inicial de 2.000 euros, que posteriormente se recompensaría con transferencias bancarias en criptomonedas.

'CryptoSpain' ganó relevancia en redes mostrándose como un empresario contrario al Estado y a los impuestos. Con 18 años comenzó su actividad empresarial con una entidad dedicada a distintas actividades, como la venta de bisutería o como agencia de publicidad.

El pasado agosto, Romillo denunció haber sufrido un asalto en su chalé de Ciudalcampo. Según el acta de declaración, al empresario le amenazaron a punta de pistola y le sustrajeron objetos de valor como diamantes, joyas y relojes de lujo. Según su testimonio, fue maniatado durante cuatro horas.

Romillo consiguió atención mediática tras presentar una denuncia contra Alvise, en la que aseguraba haberle entregado 100.000 euros en efectivo el 27 de mayo de 2024 para su campaña electoral para los comicios europeos. Esto supuso la apertura de una investigación por parte del Supremo por supuesta financiación ilegal al líder de Se Acabó La Fiesta.

Ya en 2023 la CNMV alertó de su plataforma ahora investigada, el Madeira Invest Club. Según la comisión, el club no estaba autorizado para captar inversión.

Ahora, el juez explica que "la gravedad de los hechos y penas" que comportan, unido a "la disposición de grandes cantidades dinerarias en el extranjero" por Álvaro Romillo y "la contundencia de las evidencias de que este lideró su comisión" invitan a pensar que pueda no comparecer a su citación mañana, viernes, y "trate de evadirse al extranjero".

Por ello, ha ordenado este jueves su "inmediata detención" para "asegurar su comparecencia" y "prevenir una eventual sustracción a la acción de la Justicia".

El juez instructor aprecia en esta causa posibles delitos de estafa agravada, blanqueo y organización criminal, con un perjuicio denunciado por las acusaciones que supera los 11 millones de euros pero que podría rebasar los 300, y un número de afectados que ronda los 30.000. 

La Policía Nacional ha desmantelado una organización criminal dedicada a la comisión de una estafa piramidal con el empleo de falsas inversiones en criptomonedas de la que han sido víctimas más de 3.600 personas, la mayoría en España, donde se han detenido a los ocho miembros de la red que pudo defraudar más de 30 millones de euros, según informa EFE.

Desconfiar de rentabilidades imposibles, de exigencias de captar a nuevos clientes para obtener más ganancias o la importancia de verificar que detrás de una inversión se encuentra una entidad autorizada son algunos de los consejos que lanza la Policía tras destapar esta macroestafa.

Casi tres años de investigación policial por parte de la sección de Fraude de la Unidad central de Delincuencia Económica y Financiera (UDEV) de la Policía Nacional han permitido desarticular esta red liderada por un programador informático arrestado en Málaga.

Él y los otros siete detenidos en Málaga, Murcia y Madrid de distintas nacionalidades y perfiles, entre ellos expertos en marketing o en diseño de páginas web, pusieron en marcha una plataforma aparentemente legal que ofrecía a sus clientes a través de internet y redes sociales un plan de inversión en bitcoins.

No hacía falta que supieran de criptoactivos, pues la trama facilitaba a los usuarios cómo cambiar sus cientos o miles de euros en bitcoin e, incluso, llegó a tener el permiso de algunas víctimas para controlar sus dispositivos y hacerles ellos mismos la conversión, más allá de apoderarse de todos sus datos personales y bancarios. 

La denuncia de una víctima inversora en Murcia en 2022 dio inicio a unas complejas pesquisas que afloraron una macroestafa piramidal, un tipo de inversión fraudulenta y que sustenta las ganancias de un inversor en lo que depositan futuros clientes hasta que, pasado un tiempo, los dueños del supuesto "negocio" eliminan o ponen obstáculos a quienes quieren recuperar su capital.

En este caso, el gancho no es invertir en activos en bolsa con moneda de curso legal y fiduciaria sino en criptomonedas, explica e EFE Enrique, uno de los investigadores en fraude financiero que escudriñó algunos de los contratos firmados por las víctimas en los que se prometían ganar tras tu inversión en bitcoin el 40 por ciento en un mes y hasta del 300 % en un año.

La Policía constató que el denunciante de Murcia "no era un inversor estafado aislado", el rastro sumaba miles de víctimas hasta en 36 países. En total calculan que cayeron en la estafa al menos 3.646 víctimas, de la que 2.718 eran residentes en España.

Se estima que el fraude alcanzó los 400 bitcoin (BTC) que, teniendo en cuenta su cotización actual -un BTC ronda los 93.000 euros- sumaría un total de 37,2 millones defraudados. 

"Al principio los inversores recibieron algo de retorno", explica a EFE el investigador para dar cuenta de que esto forma parte también de la estafa piramidal, pues esas primeras víctimas logran ganancias gracias a los nuevos usuarios que pican en la falsa inversión, en tanto que logran que los primeros clientes depositen más fondos.

Pero la pirámide colapsa definitivamente cuando los inversores quieren recuperar sus fondos. Entonces la trama pone pautas, como obligar a pagar unas tasas para supuestamente recuperar tu patrimonio o invertir en nuevos productos para que te devuelvan lo invertido. 

"No pueden hacer frente a ningún pago y ningún inversor puede recuperar nada de su capital", resume el agente, porque, en realidad, todo lo invertido por esos miles de ciudadanos ya ha sido desviado por los estafadores. De hecho, se han intervenido, entre otros bienes, 73 cuentas bancarias, doce coches y cinco motos.

Los detenidos llegaron a crear una nueva moneda virtual sin ningún valor para también ofrecían a los inversores, que según explica el agente tienen perfiles diversos, incluso empresas, y la mayoría, dice, no habían invertido nunca en criptomonedas.

"Te prometen un 40 % y ves fácil invertir. Al principio, de hecho, ves que es real porque logras una ganancia pero luego...", advierte Enrique que lanza algunas recomendaciones para evitar picar en este tipo de estafas cada vez más extendida en el mundo virtual y que han encontrado en las criptomonedas un buen anzuelo. 

Lo primero y fundamental, insta el investigador, es "invertir con conocimiento". Hay que informarse a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores si la entidad está autorizada para ofrecer estos servicios, más allá de desconfiar de altas rentabilidades de un producto.

Tampoco hay que fiarse de la urgencia de la inversión o de esquemas piramidales donde solicitan que captes gente para lograr bonificaciones y mucho menos de la solicitud de instalación de aplicaciones de control remoto en tus dispositivos para supervisar esas inversiones.

Si no logras la devolución de tu inversión cuando lo solicitas no hagas más aportaciones y rechaza la "ayuda" que te pueda brindar un supuesto bufete de abogados o entidades de recuperación de activos.

La Fiscalía General ha encargado a Anticorrupción que asuma la investigación en la Audiencia Nacional al eurodiputado Luis Pérez, Alvise, por un posible delito de financiación ilegal de partidos por haber recibido, presuntamente, 100.000 euros del fundador de la empresa Madeira Invest para su campaña electoral.

Según han adelantado El Independiente y El Peridódico de España y han confirmado a EFE fuentes jurídicas, la Fiscalía que dirige Álvaro García Ortiz ha tomado esta decisión después de que el titular del Juzgado Central de Instrucción 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, admitiera a trámite dicha denuncia a finales de octubre.

Pese a que el líder de Se Acabó la Fiesta está aforado ante el Tribunal Supremo por ser europarlamentario, el magistrado precisó en su resolución que la admisión a trámite de una denuncia no constituye un acto de "imputación formal", y le hizo el ofrecimiento de declarar de forma voluntaria el próximo 20 de noviembre.

Según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, "la atribución del estatuto de 'imputado' no requiere de suplicatorio y la autorización parlamentaria se precisa tan sólo para 'inculpar' o 'procesar', pero no para imputar", argumentó el juez.

El magistrado le pemitió así a Alvise personarse en la causa, que ha sido abierta como una pieza separada del procedimiento abierto sobre una presunta estafa piramidal cometida a través de la plataforma de inversiones Madeira Invest.

El fundador de este supuesto chiringuito financiero, el empresario Álvaro Romillo —investigado por esa presunta estafa—, fue quien denunció al eurodiputado, a quien dijo haber entregado el 27 de mayo de 2024, antes de las elecciones europeas, 100.000 euros para su formación. El juez le cita también como imputado el 20 de noviembre en esta pieza separada.

Aparte de la investigación sobre si hubo o no financiación ilegal, el juez también apunta a que se podría considerar a Alvise como cooperador necesario o cómplice de la supuesta estafa de Madeira Invest, "dada la implicación que en la denuncia" se le atribuye "en la promoción de la actividad presuntamente ilícita llevaba a cabo a través del entramado financiero generado en torno" a la plataforma.

Tras conocerse ese pago de 100.000 euros, Alvise se declaró "culpable como autónomo" de haber cobrado por su trabajo sin la preceptiva factura y ha animado a sus seguidores a la insumisión fiscal.

Redujo así el asunto a una "factura sin IVA" por el cobro de esos "honorarios privados sin factura" que dice que aceptó para poder tener más ahorros con la finalidad de no enriquecerse por su actividad pública. Se mostró además convencido de que se librará "como siempre", porque detrás de "las calumnias y los mensajes entrecortados no hay nada más que una complementaria de Hacienda".

Cuando fue nombrado jefe de la principal agencia de inteligencia de Afganistán en 2012, Asadulá Jalid ya había sido acusado públicamente de violaciones sistemáticas de los derechos humanos. En 2009, un diplomático canadiense que trabajó con él declaró ante una comisión parlamentaria que, durante su etapa como gobernador provincial, Jalid supuestamente dirigía un calabozo en el que era “conocido por torturar personalmente a los reclusos”. Jalid rechazó las acusaciones, que tachó de “propaganda”, pero posteriormente apareció en múltiples informes de periodistas y grupos de derechos humanos que denunciaban su implicación en detenciones arbitrarias, violaciones y torturas.

Sin embargo, nada de ello le impidió adquirir la ciudadanía de Dominica, una pequeña nación insular del Caribe cuyo pasaporte permite viajar sin visado a más de 130 países y territorios, incluidos los de la Unión Europea. Lo hizo en 2017, mucho después de que las acusaciones en su contra hubieran sido ampliamente difundidas.

Y Jalid, que más tarde se convirtió en ministro de Defensa de Afganistán, no era el único dominiqués reciente con un pasado oscuro. El principal científico nuclear de Sadam Husein, Jafar Dhia Jafar, conocido como el padre del programa nuclear iraquí, compró un pasaporte de Dominica en 2014. Sasi Milud Sasi Grada, coronel libio que sirvió a las órdenes de Muamar Gadafi, lo hizo al año siguiente. Son algunas de las miles de personas que han aprovechado el programa de “ciudadanía a cambio de inversión” de Dominica, que permite a los extranjeros comprar un pasaporte desde sólo 100.000 dólares.

Hasta ahora no había sido posible dibujar un mapa con sus nombres. Pero, con la colaboración de más de una docena de medios de comunicación, incluido infoLibre, el consorcio OCCRP y el Proyecto de Rendición de Cuentas del Gobierno, una organización sin ánimo de lucro con sede en Washington DC, han obtenido los nombres de unas 7.700 personas que han comprado pasaportes de Dominica en los últimos años.

Entre los grupos más numerosos de compradores hay rusos, chinos e iraníes, incluidas personas de considerable fortuna. Por ejemplo, dos multimillonarios rusos de origen azerbaiyano que posteriormente fueron sancionados tras la invasión de Ucrania: God Nisanov y Zaraj Iliev.

La lista también incluye a funcionarios gubernamentales –entre ellos el ex primer ministro de Jordania Samir Zaid Samir al-Rifai y el exgobernador del Banco Central de Irak Mustafá Jalib Mujif Alktab– que no están acusados de ningún delito, pero cuya condición de “personas políticamente expuestas” suele merecer un escrutinio adicional cuando crean empresas o abren cuentas bancarias.

A partir de la información obtenida en los registros mercantiles, se comprueba, además, que docenas de estos compradores de pasaportes de Dominica han utilizado sus nuevos documentos para crear empresas en todo el mundo.

La investigación de OCCRP también ha identificado a 48 personas que obtuvieron pasaportes de Dominica y luego fueron investigadas por las autoridades, acusadas de delitos o condenadas. En casi otra docena de ocasiones, terminaron como prófugos de la ley, huyendo de investigaciones o procesos penales en sus países de origen. En estos casos, no se puede acusar a Dominica de vender a sabiendas pasaportes a delincuentes. Pero los funcionarios del país caribeño no han respondido a las preguntas de OCCRP sobre si se ha revocado alguna de estas ciudadanías. En una entrevista de 2016, el entonces representante del país en la ONU presumió de que la isla lleva a cabo procedimientos de diligencia debida en profundidad sobre la vida de los posibles solicitantes. “Los que tienen algo que ocultar no se presentan”, aseguró. Sin embargo, en la misma entrevista, el responsable del programa de ciudadanía a cambio de inversión de Dominica reconoció que sólo el 2% de los solicitantes eran rechazados.

“Los pasaportes oro y las golden visas se diseñaron para los delincuentes”, explica Sophie In 't Veld, diputada del Parlamento Europeo y una de las políticas cada vez más críticas con este tipo de programas de ciudadanía: “Son una alfombra roja para entrar en la Unión Europea”.

Los expertos también afirman que el programa de Dominica responde a una larga historia de explotación. Más de 100 años de esclavitud, colonización francesa y británica, sumados a la la globalización, han dejado al país con pocas opciones de desarrollo. El país depende de la venta de las ciudadanías para financiar sus servicios públicos.

Nada de lo que hace Dominica es ilegal según el derecho internacional. “Los Estados tienen capacidad para establecer sus propias políticas de naturalización”, señala Madeleine Sumption, directora del Observatorio de la Migración de Oxford. Pero proporcionar pasaportes a figuras cuestionables entraña un riesgo para la reputación que puede acabar pasando factura a la isla, según advierte Kristin Surak, experta en golden visas.

“Las grandes potencias, como la UE, podrían revocar la exención de visado para entrar en su territorio, como ya ha ocurrido con Vanuatu”, indica Surak, refiriéndose a una sentencia de 2022 contra el archipiélago del Pacífico sobre su programa de pasaportes oro.

De hecho, Reino Unido, que antes permitía el libre acceso a los ciudadanos dominiqueses porque la isla es su antigua colonia, impuso recientemente la obligación de visado a los viajeros procedentes de la isla, alegando que se había producido un “abuso claro y evidente” del plan de compra de la ciudadanía. Según la ministra británica del Interior, Suella Braverman, Dominica había estado concediendo la ciudadanía a “individuos conocidos por suponer un riesgo para el Reino Unido”.

El primer ministro de Dominica, Roosevelt Skerrit, calificó entonces la medida de “desafortunada” e insistió en que su gobierno estaba tomando “medidas adicionales para reforzar el programa”. Añadió que el Ejecutivo aplicaba un sistema de controles y equilibrios “de múltiples capas”, gestionado por “agencias de primera línea especializadas en procedimientos de diligencia debida”.

Sin embargo, un solicitante de pasaporte de Dominica que tenía motivos para preocuparse por la verificación de antecedentes confesó a OCCRP que su propio proceso de diligencia debida no le supuso ningún problema grave ni incluyó preguntas. Ni el Gobierno dominiqués ni el primer ministro han querido contestar a la solicitud de OCCRP para que comentara estos hechos.

Pero en una reciente rueda de prensa se refirió a la investigación de OCCRP en los siguientes términos: “Sigue habiendo un intento por parte de algunos en este país de destruir el [programa de ciudadanía] y por eso están confabulados con periodistas internacionales y algunos periodistas regionales para propagar un montón de maldades y desinformación sobre nuestro programa, todo en un esfuerzo por destruirlo. Y algunas personas son parte de esto en Dominica sólo porque quieren sacar al Partido Laborista del Gobierno”.

El programa de ciudadanía a cambio de inversión, continuó Skerrit, “financia una parte significativa de nuestro desarrollo económico y social y el coste total del programa nacional de empleo, cerca de cinco millones de dólares cada mes. Se ha utilizado para construir miles de viviendas, mejorar la atención sanitaria y ayudar a la seguridad nacional”. “Hemos profesado tener un sistema robusto que atravesamos en diferentes capas de diligencia debida”, continuó Skerrit. “Si alguien se convierte en ciudadano de Dominica hoy”, “justificó, y mañana por la mañana hace algo y se encuentra en un problema con la ley, no se puede culpar al programa por ello”.

A tenor de sus propias palabras, el mago de las matemáticas Rakesh Wadhwa había descubierto cómo “reinventar el negocio del juego” cambiando las reglas de los casinos a favor de la casa. Este ciudadano indio se convirtió así en un magnate de los juegos de azar en Nepal, donde gestionó varios casinos y terminó envuelto en una grave disputa fiscal con el gobierno.

En 2010, huyó de ese país para evitar ser detenido por impago, según publicó la prensa local. Posteriormente, el Gobierno le retiró sus licencias de casino. Actualmente no tiene causas penales ni civiles pendientes en el país, aunque el Gobierno nepalí sigue incluyéndolo en la lista de morosos, por una deuda fiscal de 6,5 millones de dólares.

Wadhwa, que culpa de sus problemas al entonces recién formado gobierno comunista de Nepal, explica a OCCRP que la ciudadanía de Dominica fue literalmente un pasaporte para huir de sus problemas. Durante un tiempo, dijo, no pudo viajar a Singapur o Londres “a causa de las complicaciones legales y el lío en Nepal”. Fue entonces cuando se dio cuenta de que obtener la ciudadanía dominicana sería “una forma de sobrevivir”.

“Todos los que tenían condenas en Oriente Próximo querían comprar este pasaporte”, resalta Wadhwa. “Era otra oportunidad de vida y de negocio para ellos. Así que decidí comprar uno para mí”. Wadhwa obtuvo su pasaporte de Dominica en 2016. Dice que el proceso de solicitud, realizado a través de una empresa con sede en Dubái llamada Citizenship Invest, sólo tardó unas semanas. “Nombraron a una empresa estadounidense para llevar a cabo la diligencia debida sobre mis antecedentes y mis casos en Nepal”, detalla. “Cuando pregunté [a Citizenship Invest] si mis problemas legales serían un obstáculo... me dijeron que no me preocupara por ello, y que la empresa [estadounidense] encargada del compliance [cumplimiento] no examinaría los casos en curso por muy complicados que fueran”.

También indica que Citizenship Invest le prometió que la empresa encargada del cumplimiento daría el visto bueno rápidamente, y eso fue lo que ocurrió: “No me hicieron ninguna pregunta y me pidieron que me limitara a rellenar un formulario”. La luz verde llegó a los pocos días. “Me sorprendió”, añade. “Pero les quedé agradecido por darme esa segunda oportunidad de volver a vivir”. Citizenship Invest no ha respondido a la solicitud de comentarios que le envió OCCRP.

Al imponer sus nuevas restricciones a los ciudadanos de Dominica, las autoridades británicas no explicaron con detalle a quién querían dejar fuera. Sin embargo, tras recopilar la lista de aproximadamente 7.700 nuevos titulares de pasaportes dominiqueses –que no está completa– OCCRP descubrió varios casos inquietantes.

En algunos de ellos, los pasaportes de Dominica fueron utilizados para crear empresas por personas sospechosas mucho después de haber sido acusadas de delitos en otros países.

Por ejemplo, el empresario jordano Mutasem Fauri y su padre Fayez adquirieron sus pasaportes de Dominica en 2010. Dos años después fueron detenidos, acusados de estafar decenas de millones de dólares a inversores y condenados a penas de prisión. Sus condenas están aún en fase de recurso.

Pero mientras el mayor de los Fauri cumple condena por un caso relacionado, Mutasem, que también fue condenado, consiguió eludir la cárcel. Desde entonces ha creado empresas en el Reino Unido, en las que figura Dominica como su nacionalidad y Emiratos Árabes Unidos como su país de residencia. Ni Fayez ni Mutasem ha contestado a las preguntas de OCCRP al respecto.

En otro caso, el ciudadano español Pedro Fort Berbel, que compró la nacionalidad dominicana en 2015, fue acusado dos años después por la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) de dirigir un esquema Ponzi y de fraude piramidal en ese momento valorado en decenas de millones de dólares. La SEC ganó una sentencia de 26 millones de dólares contra Fort Berbel y su empresa, Fort Marketing Group LLC, en 2019. Según el organismo, Pedro Fort y su empresa recaudaron unos 38 millones de dólares de más de 150.000 inversores en Estados Unidos y otros países entre 2014 y 2016, en un esquema Ponzi típico donde casi todos los ingresos procedían de fondos de otros inversores. Otros ingresos se destinaron a gastos personales de Fort Berbel, incluidos 1,25 millones de dólares utilizados para comprar su casa particular en el sur de Florida. Además, la SEC descubrió que el español había transferido millones de dólares a abogados con cuentas bancarias en Dominica abiertas en The Bank of Nova Scotia, FirstCaribbean International Bank y Royal Bank of Canada.

La SEC ha declinado comentar su caso y si se había devuelto parte del dinero. Font Berbel y su equipo jurídico tampoco han respondido a las peticiones de comentarios de OCCRP.

Hassan Nasser Jaffar al-Lami es un empresario iraquí que adquirió la nacionalidad de Dominica en 2017 y la mantuvo al menos hasta 2022, cuando la utilizó para registrar una empresa en el Reino Unido.

Mientras tanto, él y el banco islámico iraquí Noor, del que era accionista, habían sido objeto de escrutinio en varios medios de comunicación árabes e internacionales por su supuesto papel canalizando dólares de subastas celebradas por el Banco Central de Irak hacia grupos armados o bajo sanción.

En enero de 2020, una fuente anónima, identificada como una empleada del Banco Central de Irak, apareció en un canal de televisión libanés y se refirió a Lami como el “Qasem Soleimani financiero”, el general iraní asesinado con un dron en Bagdad por orden de Donald Trump en 2020. Según ella, Al-Lami usaba en facturas falsas de sus empresas para blanquear dinero de grupos armados.

La emisión también incluyó una carta filtrada que había enviado la Reserva Federal de Nueva York en octubre de 2019, donde pedía al Banco Central de Irak que dejara de proporcionar dólares al Iraqi Noor Islamic Bank y a varias entidades más ante la sospecha de que pudieran ser suministrados “directa o indirectamente” a personas y entidades bajo sanción internacional. Ese mismo año, The New York Times informó de que Al-Lami era “conocido en los círculos financieros iraquíes” como “el rey de las facturas falsas”.

En febrero, varios medios iraquíes informaron de que Al-Lami y su hijo habían sido detenidos por presunto contrabando de dólares. Según se publicó, Al-Lami fue puesto en libertad después. Las autoridades iraquíes no han respondido a las preguntas de OCCRP sobre el motivo de la detención de Al-Lami ni sobre si se enfrentaba a alguna acusación. Al-Lami tampoco ha contestado a la solicitud de comentarios que le ha enviado OCCRP.

La investigación de OCCRP también revela que un ciudadano iraní utilizó un pasaporte de Dominica para crear una empresa que fue sancionada por Estados Unidos el año pasado por facilitar la venta de decenas de millones de dólares de productos petroquímicos iraníes.

El camino de Dominica hasta convertirse en una potencia mundial en pasaportes vino dado, al menos en parte, por la necesidad económica. En la década de 2000, la crucial industria bananera de la isla se había visto sacudida por una resolución de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que eliminaba el trato de favor que recibía de varios países europeos. Esa decisión, así como un par de huracanes devastadores, sumieron a la isla en una profunda crisis.

La ayuda exterior del Fondo Monetario Internacional (FMI) “venía con condiciones”, explica Peter Clegg, profesor de relaciones internacionales de la Universidad de Bristol, al oeste de Inglaterra: “Dominica tuvo que recortar programas sociales”.

Así que la isla necesitaba una fuente alternativa de ingresos, y Dominica recurrió a los pasaportes. La decisión fue “de supervivencia”, apunta Clegg. “La cuestión moral no era importante”, continúa. “Dominica no tenía una estrategia de desarrollo coherente fuera del plátano”.

Debido a su accidentada topografía, Dominica nunca pudo convertirse en una potencia azucarera como muchas colonias británicas y francesas del Caribe. Pero el fértil suelo del país sí permitía otros cultivos como el café y, sobre todo, el plátano.

Conocido como el oro verde, el plátano representaba casi la mitad de las exportaciones del país en la década de 1980, aportando unos ingresos muy necesarios. Pero la dependencia de Dominica del monocultivo tuvo consecuencias devastadoras en la década siguiente. Sus exportaciones de plátanos no podían competir con las de sus rivales latinoamericanos en un mercado libre, pese a que el país recibía un trato preferencial en Europa a través de las cuotas concedidas a las antiguas colonias británicas, a las que se permitía eludir los aranceles.

Ese trato de favor terminó en 1997, cuando la OMC falló a favor de una denuncia de Estados Unidos y varios países latinoamericanos –presentada en nombre de multinacionales de la fruta como Chiquita y Dole– para poner fin al apoyo europeo a los productores de plátanos del Caribe.

Dominica ni siquiera era parte en el litigio, que enfrentaba a esos países con la UE. Pero, junto a otras naciones caribeñas productoras de plátanos, fue excluida del caso que decidía su futuro económico. “A la OMC no le interesaban los argumentos de Dominica”, precisa Clegg: “Sólo les interesaba el derecho internacional”.

La isla aprobó en 1993 la concesión de la ciudadanía a cambio de inversiones, pero no fue hasta el mandato de Skerrit como primer ministro cuando los pasaportes del país se hicieron populares entre grandes inversores de todo el mundo.

El entonces joven primer ministro de Dominica –tenía 32 años cuando fue nombrado– no sólo había heredado una crisis bananera, sino también una crisis política. Fue llamado para completar el mandato de su predecesor, fallecido en 2004, y se enfrentaba a unas elecciones casi inmediatas, por lo que necesitaba obtener resultados para su pueblo y recaudar fondos.

Una fuente de dinero era China. A principios de la década de los 90, la mayoría de los compradores de pasaportes dominiqueses procedían de Taiwán. Pero cuando Skerrit llegó al poder, se dedicó a vender el programa entre los ciudadanos chinos, como parte de una reorientación más amplia de la diplomacia del país hacia Pekín.

Pero Skerritt tenía planes más allá de Asia: su administración empezó a promocionar los pasaportes dominiqueses por todo el mundo, buscando inversores en lugares como Rusia y Oriente Próximo.

Aún al frente del Gobierno, Skerrit se ha convertido en el primer ministro que más tiempo lleva en el cargo, mientras el FMI informa de que Dominica se está recuperando, al menos parcialmente, desde el punto de vista financiero. Y, según las cifras del Gobierno, el programa de pasaportes de Skerrit ha sido un éxito rotundo.

Entre 2009 y 2021, según el propio presupuesto estatal de Dominica, el programa de ciudadanía a cambio de inversión ha recaudado unos 775 millones de dólares para la isla. En los últimos años, la venta de pasaportes ha supuesto en ocasiones más de la mitad de los 300 millones de dólares de ingresos anuales de Dominica, ayudando a financiar programas gubernamentales y a mantener al partido de Skerrit en el poder.

El programa ha atraído a más de 70 empresas, que han sido autorizadas a facilitar el negocio de pasaportes privados del país. Varias de ellas también se han dedicado a la promoción inmobiliaria en la isla.

Una de las más destacadas es Montreal Management Consultants Est (MMCE), registrada en los Emiratos Árabes Unidos y dirigida por un hombre llamado Anthony Haiden. Además de facilitar la venta de pasaportes, la MMCE de Haiden también tiene una rama dedicada a la promoción inmobiliaria en Dominica, MMC Development, que se describe en su sitio web como la “principal empresa promotora del país”. Entre sus principales proyectos se encuentra la construcción de un nuevo aeropuerto internacional, valorado en 370 millones de dólares.

En otro proyecto de construcción de viviendas sociales en Dominica, MMCE consiguió entrelazar a la perfección sus negocios de pasaportes y de construcción. Después de que la tormenta tropical Erika azotara la isla en 2015, MMCE llegó a varios acuerdos con el Gobierno para construir viviendas resistentes a los huracanes. El proyecto contaba con un mecanismo de financiación que benefició a Haiden y a su empresa de dos maneras. Según una entrevista que Haiden concedió en 2018 a una publicación especializada en visas oro, el Gobierno reembolsó a MMCE los costes de construcción con las ventas de pasaportes gestionadas por MMCE que, según dijo, también se llevó una comisión de esas ventas. El dinero se pagaba a través de una cuenta en la que se depositaban las tasas cobradas por los pasaportes: una parte iba al Gobierno y otra parte se reembolsaba a la empresa de Haiden por las viviendas construidas.

“MMCE se beneficia tanto de las comisiones que cobraba a sus clientes como del margen asociado a su papel como promotor”, explicaba Haiden en la entrevista.

En respuesta a las preguntas de OCCRP, un correo electrónico enviado en nombre de Haiden sostiene que el esquema implica riesgos, pero también ofrece beneficios. “El ritmo de venta de las concesiones de ciudadanía no influye en el avance del proyecto, ya que MMCE compromete los fondos por adelantado para garantizar y asegurar la finalización y entrega a tiempo [de las viviendas]”, explica el correo electrónico. “Esta garantía tiene ciertos costes, tanto financieros como morales. La mayoría de los inversores rehúye esta operativa por considerarla una empresa de alto riesgo. Nosotros nos enorgullecemos de asumir los riesgos y tener éxito en la entrega de proyectos de gran envergadura”.

La unidad del gobierno que se dedica a tramitar las concesiones de ciudadanía se encarga también de llevar a cabo los procedimientos de diligencia debida de los solicitantes antes de su aprobación, añade el correo electrónico. “Y como agente autorizado, MMCE contribuye adoptando un sistema de investigación de antecedentes muy estricto, antes de presentar las solicitudes de los posibles interesados”.

La empresa, continúa el correo electrónico, “no ha ayudado ni ayudará nunca a ninguna persona o entidad con antecedentes penales a obtener un estatus de inmigración o una segunda ciudadanía”.

Pero Haiden también ha hecho negocios directamente con el primer ministro Skerrit. En 2018, los documentos obtenidos por OCCRP revelan que una empresa de Haiden compró a Skerrit propiedades en Dominica por valor de más de más de 270.000 dólares. A partir de 2020, el Gobierno de la isla también estaba pagando a esa misma compañía alrededor de 140.000 euros al año por el alquiler de una mansión para el primer ministro en las montañas con vistas a Roseau, la capital del país. Tras ser criticado por el acuerdo, Skerrit prometió que no renovaría el contrato de alquiler, de dos años de duración.

Jessica Tillipman, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad George Washington (EEUU) considera que la relación entre Haiden y Skerrit parece plantear un conflicto de interés. En su respuesta a las preguntas de OCCRP, el portavoz de Haiden afirmó que éstee mantiene una relación “puramente profesional” con el primer ministro Skerrit, por quien siente un gran respeto. 

Además de pagar por adelantado, una forma alternativa de adquirir la ciudadanía dominiquesa implica una inversión de 200.000 dólares en promociones inmobiliarias aprobadas por el Gobierno, proyectos que teóricamente crean puestos de trabajo para los habitantes de la isla.

Una empresa especializada en la tramitación de pasaportes y en la promoción inmobiliaria que se aprovecha de este sistema es Range Developments, también con sede en los Emiratos Árabes Unidos. Entre los proyectos que financió gracias a las inversiones de los compradores de pasaportes de Dominica figura la construcción de un hotel cerca del parque nacional de Cabrits, en el norte de la isla.

Una lista de “terceros clientes” de Range obtenida por OCCRP incluye a Asadulá Jalid, el ex jefe de inteligencia afgano acusado de violaciones de los derechos humanos. En respuesta a las peticiones de comentarios de OCCRP, Range señala que “los solicitantes interesados sólo pudieron invertir en el proyecto una vez que fueron aprobados por el Gobierno, lo que significa que pasaron los procesos de diligencia debida del Gobierno y fueron evaluados por el Gobierno como aptos para que se les concediera la ciudadanía”.

“Además, la inmensa mayoría de las solicitudes fueron tramitadas por promotores y agentes locales, no por Range Developments, por lo que realmente se trata de asuntos que escapan a nuestra comprensión o información”, argumenta la empresa.

Mientras empresas como MMCE y Range compran sus pedacitos de paraíso, los cambios en la fortuna personal del primer ministro Skerrit no han pasado inadvertidos en la isla. “Creo que debería ser la persona mejor pagada del país”, bromeó Skerrit en un vídeo publicado en internet en 2021. “La mayoría de la gente gana más dinero que yo”, decía. Pero políticos de la oposición y otros observadores, incluidos diplomáticos estadounidenses, han planteado preguntas sobre su fortuna personal y si el dinero procedente del programa de pasaportes oro ha desempeñado un papel en su repentino enriquecimiento.

“La declaración pública de Skerrit enumeraba activos mínimos cuando se unió al Gobierno en 2000”, se lee en un cable del Departamento de Estado de Estados Unidos de 2009 publicado por WikiLeaks. “Skerrit no ha tenido ningún otro trabajo legal ni ha hecho ninguna inversión que le proporcione ingresos fuera de su salario oficial en el Gobierno de menos de 2.000 dólares al mes. Sin embargo, con este salario, Skerrit ha comprado sobre el papel múltiples terrenos en Dominica por importe de más de 400.000 dólares, pero con un valor de mercado muy superior, y está construyéndose una residencia palaciega en Vielle Casse, su ciudad natal”.

Al año siguiente, la Comisión de Integridad de Dominica se hizo cargo de una denuncia contra Skerrit presentada por Lennox Linton, destacado líder de la oposición. Linton alegó que el primer ministro había adquirido ocho villas frente al mar por valor de millones de dólares que no podían explicarse por sus ingresos legales. “Para financiar su participación en estas villas”, escribió a la comisión, “el primer ministro aceptó regalos, beneficios o ventajas”, contraviniendo el código de conducta adoptado para los funcionarios públicos.

A petición de la comisión, Linton aportó un paquete de pruebas en apoyo de sus afirmaciones, incluidos correos electrónicos filtrados y una conversación telefónica grabada en secreto que supuestamente demostraban que Skerrit era el propietario de esas viviendas.

Tras invitar a Linton a una audiencia y examinar su denuncia, la comisión consideró que no contenía pruebas suficientes de regalos indebidos y dictaminó que cualquier irregularidad relacionada con la titularidad de las propiedades por parte de Skerrit tendría que ser examinada por la fiscalía. Consideraba necesaria una investigación más a fondo para determinar si Skerrit abusó de su cargo oficial. Se desconoce si se ha llevado a cabo.

Según el perfil de Skerrit en LinkedIn, su hijo asistió a una costosa escuela preparatoria de Nueva York. La esposa del primer ministro, Melissa, y varios familiares fueron relacionados por los medios de comunicación con un apartamento de 2,2 millones de dólares en Nueva York. Skerrit reconoció a Al Yazira que su familia vivía en el apartamento, pero lo justificó diciendo que se debía al “gesto amable” de un amigo de su esposa y negó haber hecho nada malo. La esposa del primer ministro y el propio Skerrit han declinado responder a las preguntas de OCCRP sobre este asunto.

El bróker Javier Biosca volverá a declarar en la Audiencia Nacional el 17 de septiembre como presunto cabecilla de una estafa piramidal con criptomonedas con la que habría conseguido 475 millones de euros de más de 750 perjudicados, según informa Europa Press. El responsable del Juzgado Central de Instrucción Número 1, Alejandro Abascal, ha citado a Biosca para las 10.00 horas del próximo viernes de forma presencial, por lo que tendrá que ser trasladado desde la cárcel de Alhaurín de la Torre (Málaga) donde se encuentra en prisión provisional desde el pasado 8 de junio.

Biosca está acusado de estafa continuada, apropiación indebida y falsedad en documento público, delitos que habría perpetrado a través de la empresa Algoritmhmics Group captando desde 2019 a inversores particulares que querían obtener altos intereses en el mercado de las criptomonedas. El pasado 22 de julio, ya compareció ante Abascal para asegurar que su intención no era engañar a los inversores, reivindicando que realmente el negocio que les proponía era muy rentable.

Incluso dijo que estaba dispuesto a colaborar con la Justicia aportando las claves de las cuentas bancarias y otras que sean necesarias para ir pagando a los inversores, si bien expuso al juez que, dado que no recuerda muchas, para ello tendría que ser puesto en libertad.

Su mujer y el hijo de la pareja, Paloma Gallardo y Sergio, están acusados de los mismos delitos que el bróker por su presunto rol de captadores de inversorescaptadores. En su caso, aseveraron al magistrado que no conocían nada de los negocios de su marido y padre. Abascal optó por mantenerlos libres pero sin pasaporte.

El lujo como carta de presentación

La Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas, que ejerce la acusación en este caso representada por el bufete de Emilia Zaballos, sostiene que todas las afirmaciones realizadas en la querella presentada el pasado mes de mayo contra los Biosca están respaldadas por numerosos testigos.

Según los testimonios recabados por esta asociación y plasmados en un reciente escrito enviado al juzgado, Biosca se presentaban a los potenciales clientes diciendo que "a través de un trabajador que había contratado del Grupo Inditex llegó a controlar un algoritmo matemático con el que (..) conseguía rendimientos increíbles".

Garantizaba una rentabilidad del 20 o 25% semanal, al menos al principio, por lo que se corrió la voz entre familiares y amigos de los primeros clientes y el negocio pasó rápidamente de los 30 inversores a los 500.

Gallardo habría sido la encargada de dar una imagen de plena solvencia a los clientes mostrando la vida de lujo que la familia había conquistado gracias -supuestamente- a ese bot. Así, de acuerdo con dichos testimonios, les citaba en restaurantes de moda y les invitaba a exclusivas fiestas.

Biosca, cuenta un testigo, hablaba de "comprar un banco en Santo Tomé y Príncipe, que tenía un bullet con la Reserva Federal americana, que quería comprar el Dinamo de Bucarest y que tenía en ese momento más de 600 millones de euros" en bancos nacionales y extranjeros.

Una estafa "como una catedral"

"En un mes ya habíamos recuperado la inversión, con lo cuál ya estábamos tranquilos y siguió cumpliendo semanalmente hasta febrero de 2020, coincidiendo con la pandemia del covid", relata otro testigo. Entonces, el bróker les informó de que pararía el bot durante unas semanas para reactivarlo más tarde. Los primeros beneficios servirían para recuperar las pérdidas registradas durante ese barbecho, por lo que inicialmente los rendimientos serían menores pero luego repuntarían, les aseguró.

Uno de los testigos, que tenía nociones contables, admite que siempre sospechó por tratarse de rentabilidades muy altas respecto a lo que ofrecía el mercado en ese momento. "Cuando fui a verlo (a Biosca) a su mansión en Marbella por primera vez fue cuando realmente me di cuenta de que estábamos perdidos. estábamos perdidosSeguridad privada como si fuera un búnker, coches por doquier, dinero a espuertas, cenas en salones privados... Ese ritmo de vida era demencial y me dio mucho miedo", reconoce.

Sus sospechas quedaron confirmadas cuando, por circunstancias, pudo acceder a una de las cuentas gestionadas por los Biosca. "Lo único que veía es que las nuevas inversiones de clientes se dedicaban 100% al pago de rentabilidades atrasadas de clientes, es decir, una pirámide de Ponzi como una catedral", describe.

Los atrasos e impagos empezaron a acumularse y el esquema piramidal acabó estallando en octubre de 2020. La Asociación de Afectados calcula que hay más de 750 perjudicados y que la cantidad estafada alcanzaría los 475 millones de euros.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha hecho pública este jueves la sentencia del caso Fórum Filatélico en la que ratifica que los hechos probados por la Audiencia Nacional constituyen un delito de estafa, agravada en razón de su cuantía, ya que los clientes fueron captados mediante engaño. Fueron casi 400.000 los contratos reconocidos por la Administración Concursal en el Juzgado Mercantil de Madrid con más de 3.700 millones de euros, y los 268.000 afectados serán ahora indemnizados por las cantidades que entregaron a la sociedad.

Así, los magistrados consideran demostrado que dichos inversores desconocían que los sellos adquiridos no valían ni una pequeña parte del dinero que entregaban, que no se revalorizaban, y que solo mediante la captación de nuevos clientes la empresa seguía devolviendo el capital invertido más los altos intereses garantizados, superiores a los ofrecidos por los bancos

La sentencia condena en firme a 16 responsables del fondo con penas que oscilan entre los 6 meses de prisión y los 11 años y 10 meses de cárcel, ésta última impuesta al expresidente de Fórum Filatélico Francisco Briones por delito continuado de estafa agravada en concurso con insolvencia punible y continuado de falseamiento de cuentas anuales, así como blanqueo de capitales, por el que es condenado además a pagar una multa de 49,7 millones de euros.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Miguel Colmenero, establece que la indemnización a las víctimas de la estafa de la que deben responder los acusados Briones y Juan Ramón González Fernández (exasesor jurídico de la empresa), y subsidiriamente Fórum Filatélico, se determinará en ejecución de sentencia en atención al total de las cantidades efectivamente entregadas por los clientes a Fórum Filatélico, minorada en las cuantías percibidas por los perjudicados con motivo de la liquidación de la compañía, y sin contar los intereses pactados que no hubiesen sido abonados.

Correcciones técnicas

El Supremo corrige la sentencia de la Audiencia Nacional en algunos aspectos técnicos y reduce así la condena a Briones de 12 años y 4 meses a 11 años y 10 meses debido a que, en relación con el delito de blanqueo de capitales, al concurrir una atenuante (dilaciones indebidas), la pena debió imponerse en su mitad inferior, cuyo máximo era de 3 años y 3 meses, que es lo que se establece (en vez de los 3 años y 9 meses que impuso la Audiencia).

La modificación principal afecta al exasesor jurídico de Fórum Juan Ramón González, cuya condena pasa de 6 años y 3 meses a 3 años y 3 meses de prisión, más una multa de 15,9 millones, porque el tribunal entiende que, en relación al delito de estafa, su actuación encaja como cómplice y no como cooperador necesario.

Por otra parte, la sentencia absuelve a cuatro de los veinte condenados por la Audiencia Nacional, al considerar que no hay prueba suficiente contra ellos y que debe prevalecer su presunción de inocencia. Y respecto al testaferro Pedro Ramón Rodríguez, se le reduce en 6 meses la pena (de 3 años y 6 meses a 3 años) como cómplice de la estafa, porque las acusaciones pedían para él 3 años de prisión y ese límite no puede rebasarse en virtud del principio acusatorio.

Mecanismo de la estafa

La sentencia explica que Fórum Filatélico ofrecía al público la venta de lotes de sellos asegurándoles que, transcurrido el plazo fijado en el contrato se encargaría de la venta de los mismos en el mercado a un precio superior y que, de no encontrar comprador, la misma Fórum los adquiriría. Esto último era lo que ocurría prácticamente en todos los casos. Además, les aseguraba una rentabilidad durante ese plazo, superior a la que ofrecían las entidades bancarias.

Los clientes, explican los magistrados, ignoraban que en realidad el dinero que la sociedad recibía de ellos se destinaba en parte a la compra de nueva filatelia a precios muy inferiores a los que luego se vendían o adjudicaban a los clientes, en parte a pagar a los clientes que deseaban recuperar su inversión o a quienes percibían el interés asegurado, en parte al funcionamiento de la empresa y en parte se desviaba hacia el patrimonio personal de los acusados.

Ignoraban también, según la resolución del alto tribunal, que la única forma de devolver el dinero a quienes lo solicitaban al finalizar los contratos o de pagar los intereses asegurados era disponer de las cantidades de dinero entregadas por los inversores, ya que Fórum no tenía otras fuentes de ingresos.

La sentencia indica que algunos acusados crearon y otros participaron en circuitos creados con sociedades interpuestas mediante las que, haciendo circular la mercancía de forma real o supuesta, conseguían, con sucesivas compraventas, incrementar artificialmente el precio de los sellos que finalmente adquiría Fórum.

También procedieron a extraer clandestinamente de Fórum sellos ya adquiridos por ésta, que hacían circular por él circuito de esas sociedades para que finalmente volvieran a Fórum, que así pagaba nuevamente por los mismos sellos. Tanto en uno como en otro caso, esos circuitos además de ser utilizados para encarecer artificialmente el precio de los sellos, se empleaban para desviar dinero a favor de algunos de los acusados.

Condena a los dos auditores externos

En lo relativo al delito de falsedad de las cuentas sociales, por el que han sido condenados el expresidente Briones y los dos auditores externos, la Sala recuerda que el artículo 290 del Código Penal sanciona a los administradores de hecho o de derecho, de una sociedad constituida o en formación, que falsearen las cuentas anuales u otros documentos que deban reflejar la situación jurídica o económica de la entidad, de forma idónea para causar un perjuicio económico a la misma, a alguno de sus socios, o a un tercero.

La sentencia indica que de los hechos probados resulta que las cuentas anuales no recogían adecuadamente los compromisos con los clientes y además sobrevaloraban la filatelia de la sociedad. Como consecuencia ofrecían una imagen de la sociedad según la cual generaba altísimos beneficios (en 2001, 34.809:000 euros; en 2002, 38.604.000 euros; en 2003, 43.777.000 euros), cuando su situación era de insolvencia inevitable por la misma concepción del negocio.

Fórum Filatélico, Afinsa, Arte y Naturaleza. Nombres que, al oído, resultan familiares. Sobre todo para las alrededor de 470.000 víctimas que dejaron esas tres compañías. Se convirtieron en eso, en víctimas, el 9 de mayo de 2006, hace casi 13 años, cuando los dos primeros grupos fueron intervenidos judicialmente por un presunto delito de estafa. Meses después, estos dos casos arrastraron al tercer grupo a la quiebra. Más de una década es demasiado tiempo como para que vuelvan a ser escuchadas. Porque, denuncian, nunca lo fueron. Ni en el terreno judicial —porque consideran insuficientes las penas impuestas a los responsables de las empresas— ni en el político. En ninguna de las cuatro legislaturas que han pasado desde entonces han conseguido el reparo institucional que buscaron desde el principio. Según denuncian, ninguno de los presidentes del Gobierno que han pasado por la Moncloa ha puesto nada de su parte para ello: ni José Luis Rodríguez Zapatero, ni Mariano Rajoy ni Pedro Sánchez.

No fue por falta de intentos. Algunos, incluso, llegados desde la política. El Congreso de los Diputados aprobó, por unanimidad y a través de una Proposición No de Ley (PNL) presentada por UPyD en 2014, "valorar la situación de los afectados por las empresas" y "la procedencia de adquirir o financiar, total o parcialmente, la deuda con los afectados, teniendo en cuenta las cuantías eventualmente recuperables en los procedimientos concursales". 

No fue exactamente lo que la Asociación de Consumidores de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) quería, pero sí fue un paso. Lo que ellos proponían, recuerda su presidente, Manuel Pardos, a infoLibre, es que el Instituto de Crédito Oficial (ICO), una entidad de carácter público, adquiriera los títulos de los afectados por un precio equivalente del 85% de su nominal. Y esta propuesta la llevó también al Congreso de los Diputados Izquierda Plural (IU-ICV-CHA). Pero no prosperó. "Lo que al final aprobó el Congreso fue una ambigüedad", critica Pardos. Ambigüedad que, además, llegaba tarde para las víctimas de las tres estafas. Pero el problema es que todavía ni siquiera se ha dado salida a ese mandato de la Cámara Baja. No obstante, los afectados no solo cuentan con el apoyo del Congreso. También tienen el de las Cámaras autonómicas que aprobaron, explica Pardos, mociones similares a lo que reclamaban. 

El Consejo de Ministros de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó en el año 2007 una línea de crédito del ICO, según informan a este diario fuentes de la institución. En concreto, según se publicó entonces, se acordó "la instrumentalización de una línea de mediación de anticipos a cuenta por importe de hasta 500 millones de euros, destinada a los afectados del caso Fórum Filatélico y Afinsa". Cinco años más tarde, el Consejo de Ministros de Mariano Rajoy amplió esa financiación. Pero "pocas personas se acogieron a ella porque luego había que devolverla", explican fuentes de Adicae. 

"Nadie ha hecho nada después de aprobar la PNL", critica Pardos. Todo sigue igual. Y parece que lo seguirá estando, aunque el presidente de Adicae cree que, ante la convocatoria de elecciones, cabe la posibilidad de que se retome el tema en campaña. "Se prometen muchas cosas", denuncia.

Por eso, asegura que su asociación está trabajando ahora en nuevas acciones judiciales. "Adicae sigue empeñada en que tiene que haber algún tipo de solución política y judicial", explica. Creen, dice, que "tiene que haber alguna solución que permita que a las víctimas recuperar su dinero". "Seguiremos luchando en el terreno judicial", afirma. Se plantean hacerlo en forma de demanda por un "mal funcionamiento de la Justicia". 

450.000 afectados

La solución política y el reparo institucional no ha llegado para los afectados. Pero sí lo hizo la justicia. Primero, en Afinsa. Fue en febrero de 2016, diez años después de que el grupo fuese intervenido por un supuesto delito de estafa. Un delito confirmado por la Audiencia Nacional, que condenó a 11 de los 13 exdirectivos por la estafa piramidal con la compraventa de sellos que dejó un agujero de 2.574 millones de euros y afectó a más de 160.000 inversores, cuenta Pardos. No solo hubo estafa, también insolvencia punible y falseamiento de cuentas anuales. 

No obstante, en febrero de 2018 el Tribunal Supremo rebajó las penas. Pero más allá del proceso judicial por el que ha pasado la empresa, Pardos destaca que Afinsa tan solo ha devuelto el 10,5% del capital que había arriesgado. Muy pocos afectados, por tanto, han conseguido recuperar su dinero. 

En julio de 2018, 12 años después de la intervención judicial, llegó la sentencia de la cúpula de Fórum Filatélico. En este caso, la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condenó a penas que iban desde los seis meses a los 12 años y cuatro meses de prisión para 20 de los 27 acusados en el "paradigma de las estafas piramidales", tal y como lo consideró la Fiscalía. No solo eso. Los condenados, además, debían indemnizar a los casi 200.000 afectados que dejó el fraude de compraventa de sellos con 3.700 millones de euros. Ahora, el caso se encuentra en el Tribunal Supremo por un recurso interpuesto por los condenados, indica Pardos. 

Adicae dijo entonces que el fallo fue un "fracaso total" y que la condena impuesta era "vergonzosa". La sentencia "demuestra que defraudar sale barato en España. Doce años después de la estafa, los afectados ven cómo el Estado de derecho les da la espalda", lamentó la organización entonces. Un argumento que, ahora, repiten: "Fue una sentencia muy light para haber sido semejante fraude", dice Pardos. Y añaden una queja: Fórum solo ha devuelto el 20,5% de lo arriesgado. Lo hizo, al igual que Afinsa, en dos plazos diferentes.

Arte y Naturaleza: nadie recupera lo invertido

Solo unos meses después de la sentencia de Afinsa se publicó la de Arte y Naturaleza. En diciembre, la Audiencia Nacional condenó a la cúpula de la compañía. La sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal consideró acreditado el delito de estafa mediante la compraventa de obras de arte. En concreto, argumentó la sentencia, los responsables de Arte y Naturaleza habían estafado 434 millones de euros a casi 19.360 personas mediante la apariencia de compraventa de obras de arte sobrevaloradas.

Según dijo el tribunal, copiaron la fórmula de estafa piramidal de, precisamente, Afinsa. Pudieron hacerlo porque su presidente y fundador, Guillermo García del Toro —a quien se eximió de responsabilidad porque falleció antes de que saliera la sentencia—, tenía experiencia como comercial de esa otra compañía. El ex director general de Arte y Naturaleza, Raúl García López, fue condenado a 13 años y cinco meses de prisión; el resto, a penas de entre siete y 13 años de cárcel. Penas que, no obstante, fueron rebajadas por el Tribunal Supremo tan solo dos años después. Sus víctimas, en cambio, todavía no han visto su dinero. "No han recuperado nada y no sabemos cómo ni cuándo lo harán", lamenta Pardos. 

No obstante, antes que el proceso judicial, los afectados esperaban que se resolviera el proceso concursal. Pero no ha sido así. "Nos dijeron que los juicios serían más largos que el concurso, pero al final ha ocurrido al revés", explica Pardos. Y es que las tres compañías, aun a día de hoy, se encuentran todavía inmersas en este procedimiento. 

Una solución política casi utópica para tres estafas piramidales

Según Pardos, seguirán luchando en el terreno judicial para conseguir el resarcimiento de las víctimas. Solo así, argumenta, se podrá llegar hasta la solución política. Una solución que, ahora, ve inalcanzable y que, además, no esperaban del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez. "Hay un problema, y es que ya han pasado muchos años", explica. Tantos, que las asociaciones de afectados están cayendo en el olvido. Muchas de ellas, dice, están desapareciendo. "Renacen una vez al año para hacer una manifestación en mayo. Pero así no consiguen nada", lamenta. 

Las tres empresas pasaron a ser el "paradigma de las estafas piramidales" en España. De hecho, la propia Fiscalía llegó a calificar de este modo al entramado de Fórum Filatélico. ¿En qué consistió su estafa? La empresa prometía a sus inversores unas rentabilidades fijas y superiores a las tradicionales alegando una supuesta revalorización de los supuestos sellos en los que decía que invertía el dinero de los consumidores.

"Pero a lo mejor valían un 20% de lo que pagaban", dice Pardos. La rentabilidad, por tanto, no existía, sino que la empresa pagaba a sus inversores a través de los nuevos ahorros de nuevos clientes. El mismo modus operandi de Afinsa y de Arte y Naturaleza que, en lugar de con sellos, operaba con obras de arte. 

La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a penas que van desde los seis meses de cárcel a los doce años y cuatro meses para veinte de los veintisiete acusados en el juicio por la estafa de Fórum Filatélico, que considera el "paradigma de las estafas piramidales". Informa Europa Press.la estafa de Fórum Filatélico

Entre los condenados se encuentra el expresidente de la entidad Francisco Briones, al que le ha impuesto una pena de doce años, cuatro meses y dieciséis días de prisión por los delitos de estafa agravada continuada en concurso con insolvencia impunible y falseamiento de cuentas anuales continuado, así como por blanqueo de capitales.

De igual forma, la Justicia ha condenado a Briones a pagar una multa de 49,7 millones de euros y una responsabilidad civil por la que deberá indenmizar, junto con otro de los condenados, a los más de 268.000 afectados por los casi 400.000 contratos filatélicos reconocidos por la Administración Concursal en el Juzgado Mercantil de Madrid con más de 3.700 millones de euros.

También se ha dictado sentencia contra el exdirector general de Fórum Filatélico Antonio Merino, al que se le ha impuesto una pena de dos años y tres meses de cárcel como cómplice de delito continuado de estafa agravada en concurso con insolvencia punible y por blanqueo, así como a pagar una multa de 15,9 millones de euros al aplicarle la atenuante de confesión, mientras que el exdirector jurídico Juan Ramón González deberá afrontar una condena de seis años y tres meses a prisión e igual multa por estafa agravada y blanqueo.

El fallo también condena a los auditores José Carrera Sánchez y Rafael Ruiz Berrio como cooperadores necesarios en el delito de falseamiento de cuentas societarias, con penas de dos y un año de cárcel, respectivamente. El resto de acusados, colaboradores en la estafa y en los delitos de blanqueo de capitales, resultan condenados a penas de prisión de entre seis meses y cuatro años, mientras que las multas llegan hasta los 63,5 millones de euros.

La Audiencia Nacional, por otro lado, ha decidido absolver a cuatro miembros del consejo de administración que fueron juzgados por los delitos de estafa agravada continuada, insolvencia punible y falseamiento continuado de cuentas societarias: Miguel Ángel Hijón, Francisco José López Gilarte, Agustín Fernandez Rodríguez y Juan Macía Mercadé.

La resolución ha aplicado a todos los condenados la atenuante de dilaciones indebidas simples. Además, se ha acordado el decomiso de numerosas fincas y cuentas bancarias y el dinero depositado en cajas de seguridad y se ha ordenado que todo el dinero que se obtenga en la ejecución sea puesto a disposición de la Administración concursal para que esta institución lo distribuya de manera ordenada entre los perjudicados.

Ocho años de trama

Fórum Filatélico desarrolló un negocio de captación masiva de dinero procedente de pequeños ahorradores durante el periodo comprendido entre 1998 y 2006, dinero que devolvió en el plazo determinado con un interés añadido superior al de las entidades financieras.

El motivo que alegaba para retribuir el dinero que recibían era la inversión en valores filatélicos, que se componían de series de sellos de correos del tema Europa emitidos por la Confederación Europea Postal y de Telecomuniciones (Cept), cuyo precio fijaba la compañía según sus necesidades financieras mediante unas listas internas.

En la publicidad de sus productos sostenían que los sellos se revalorizaban de manera "constante y sostenida". La actividad se formalizaba en contratos-tipo de compraventa de lotes de sellos que encubrían la realidad económica de la transacción. Además, la compraventa iba acompañada de un depósito gratuito de los valores.

El inversor compraba, según decían, por un precio equivalente al valor de la filatelia que le adjudicaban, asumiendo la compañía el compromiso de recompra por el que se obligaba a devolverle en un plazo el dinero aportado más la rentabilidad acordada.

Mediante esta trama, Fórum Filatélico había construido un mercado cerrado, ajeno al del coleccionismo de sellos y bajo la apariencia de compraventa de valores filatélicos del que llegaron a formar parte cientos de miles de clientes, los cuales llegaron a confiar más de 3.000 millones de euros.

"Los clientes invertían sus ahorros por la alta rentabilidad que ofrecía el producto, que era ajena al valor del sello y a cualquier hipotética revalorización, de ahí que siempre optaran por revender la filatelia y percibir el interés pactado, que hasta la intervención judicial la empresa abonó puntualmente", reza la sentencia.

La sociedad llegó a adquirir más de 121 millones de sellos, un patrimonio que tenía escaso valor en el mercado, porque no había demanda que lo absorbiera. No obstante, como el mercado era el único espacio donde los sellos podían lograr liquidez, era ficticia la idea de que soportaban económicamente la inversión del cliente más la retribución garantizada. "La filatelia estaba sobreestimada de manera espectacular y tenía un escaso valor", señala.

El negocio producía así "pérdidas constantes", debido al compromiso de recompra con intereses y a que la única fuente de ingresos era el dinero de los inversores. La Audiencia Nacional asegura en el documento que Fórum Filatélico solamente era capaz de mantener su actividad reteniendo a los inversores para que renovaran sus contratos y captando nuevos clientes que aportaran capital.

Además, los grandes costes de producción, organización y distribución incrementaron de modo progresivo la situación de insolvencia, ya que el activo no podía hacer frente a las deudas.

Ocultación de cuentas y red clandestina

Ante esta situación, y con el objetivo de presentar una imagen de solidez de negocio y aparentar la existencia de beneficios, Fórum Filatélico ocultaba en sus cuentas anuales las obligaciones de recompra con los clientes, que no se reflejaban en el pasivo. "Anotaba como ventas las entregas de capital por parte del cliente y como compras la devolución del dinero más los intereses, y sobrevaloraba en el activo su filatelia, lo que impedía conocer su estado patrimonial", declara la Justicia.

Estas decisiones empresariales fueron tomadas principalmente por el presidente y consejero delegado, Fernández Prada hasta 2001, que fue fundador de la compañía en 1979 y presidente de la primera época, y Briones Nieto después, y por el administrador de hecho Llorca Rodríguez.

Además, se confirma que Fórum Filatélico tenía, por un lado, una estructura visible con su administración y locales abiertos al público y, por otro lado, una clandestina, que operaba en secreto mediante personas jurídicas que se ocultaban una a otras y aprovechando paraísos fiscales.

"Diseñaron una compleja red de sociedades radicadas en diversos países que se interponían en cascada entre el proveedor de los sellos y la sociedad, con la finalidad de incrementar artificialmente el precio de adquisición y desviar dinero de los inversores, lo que causó un perjuicio a la empresa de más de 56 millones de euros entre 1999 y 2005", apunta. Además, idearon otro circuito de valores por la que detrajeron más de 213 millones de euros.

Blanqueo de dinero

El dinero desviado fue introducido en el sistema financiero mediante "complicados" flujos, con transferencias sucesivas a cuentas de bancos extranjeros, cuyos titulares eran sociedades que se acoplaban unas sobre otras y, en parte, transformado en activos inmobiliarios con la compraventa a través de sociedades instrumentales creadas y gestionadas por agentes fiduciarios.

Esta red, que tenía como finalidad ocultar el origen y destino de los activos, era controlada por Llorca Rodríguez, el administrador de hecho.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado el ingreso en prisión del expresidente de Afinsa Juan Antonio Cano Cuevas y los principales directivos de la filatélica, condenados por los delitos de estafa, insolvencia punible y falsedad de las cuentas anuales ante la estafa piramidal que se produjo con la compraventa de sellos.

Los condenados tienen un plazo de diez días para ingresar en prisión de acuerdo con la sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press que determina que, de no hacerlo en este plazo, se librarán las oportunas órdenes de búsqueda y captura.

La Audiencia Nacional condenó en julio de 2016 a 11 de los 13 exdirectivos de la empresa a penas de hasta 12 años de cárcel. Determinó que se trató de una estafa de estructura piramidal que afectó a 190.000 "ahorradores procedentes de las clases medias" que buscaban guardar fondos para la jubilación o hacer frente a situaciones de crisis.

En relación a las fianzas prestadas para garantizar la libertad provisional de los condenados, la Audiencia Nacional determina que serán devueltas en el momento procesal oportuno, es decir, una vez que ingresen en prisión o se les suspenda la ejecución de la pena privativa de libertad.

Reducción de penas del Tribunal Supremo

El pasado mes de noviembre el Tribunal Supremo estimó parcialmente los recursos de casación presentados por los condenados y rebajó a ocho años de prisión las penas de cárcel para los cinco principales exdirectivos de Afinsa por los delitos de estafa, insolvencia punible y falsedad de las cuentas anuales.

Así, la condena de Cano Cuevas pasó de 12 años y 10 meses a 8 años y 7 meses; mientras que para Albertino de Figueiredo, Carlos de Figueiredo y el exdirector general de Afinsa Vicente Martín Peña su condena quedó reducida a penas de entre ocho años y cuatro meses y ocho años y medio y multa de 100.000 euros por los mismos delitos. También se le rebajó a ocho años y cuatro meses a Emilio Ballester López como cooperador necesario mientras que en el caso de Francisco Guijarro Lázaro su condena quedó reducida a dos años de prisión.

El alto tribunal impuso en su resolución que todos ellos junto con el exdirector del departamento jurídico de Afinsa, José Joaquín Abajo Quintana, (para quien confirmó 6 años y 3 meses de cárcel como cooperador necesario de la estafa) una indemnización de forma conjunta y solidaria de 2.574 millones de euros a los 190.022 pequeños inversores afectados, siendo Afinsa Bienes Tangibles SA responsable civil subsidiaria del pago de dichas cantidades. Quedaron absueltos Francisco Blázquez y Ramón Ergubide.

Sellos sin valor de mercado

El Tribunal Supremo destacó en su resolución que la filatélica aparentó un incremento entre los años 1998 y 2006 de más de 95 millones de euros cuando en realidad acumulaba un saldo negativo de 2.000 millones de euros.

Detalló parte de la dinámica establecida por los condenados consistente en que cuando vencían los contratos y los pequeños inversores decidían recuperar el dinero depositado, "nunca procedían a realizar el valor que, según afirmaban, tenían los sellos, sino que utilizaban las cantidades entregadas por nuevos clientes para las devoluciones a los anteriores, sin que en ningún caso su activo quedara engrosado por un bien tan valioso como se decía".

Esto era así porque los sellos solamente tenían el valor que la propia Afinsa le adjudicaba, sin relación alguna con el valor que pudiera tener para terceros en función de las características de los sellos concretos adjudicados a cada cliente. Por tanto los clientes creían que generalmente se revalorizaba por encima del interés que proporcionaban los bancos pero no fue así porque lo sellos no tenían el valor que Afinsa les reconocía a efectos de sus propias cuentas.

El presidente de Fórum Filatélico Francisco Briones Nieto, y otros 28 acusados por la presunta estafa de la sociedad de inversión filatélica comienzan a ser juzgados este lunes en la Audiencia Nacional, acusado de delitos de estafa, insolvencia punible, falseamiento de cuentas y blanqueo de capitales. La vista se inicia once años después de la intervención de la entidad en junio de 2006, fecha en la que había captado más de 3.200 millones de euros de 269.000 inversores.

Entre los acusados que serán juzgados este lunes en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid) se incluyen los miembros del consejo de administración de Fórum Filatélico con su presidente al frente, el director general de la sociedad, el asesor jurídico y los auditores externos. El resto de los acusados son personas vinculadas con la red de proveedores de Fórum o a operaciones de blanqueo realizadas por la sociedad.

En su escrito de conclusiones provisionales, la Fiscalía Anticorrupción sostiene que Fórum Filatélico desplegó "durante años" una actividad de captación masiva de fondos del público en todo el territorio nacional mediante la suscripción de contratos de inversión filatélica en los que ofrecía rentabilidades superiores a las ofertadas por las entidades bancarias.

El 22 de junio de 2006, el Juzgado de lo Mercantil número 7 de Madrid declaró a Fórum Filatélico en situación de concurso con un desfase patrimonial de -2.848 millones de euros. Tres años después, el 9 de mayo de 2009, la sociedad fue intervenida por el Juzgado Central de Instrucción número 5 a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, que presentó una querella tras la investigación desarrollada por la AEAT.

Prisión entre dos y 27 años

Anticorrupción formula escrito de acusación por los delitos de estafa, insolvencia punible, falseamiento de cuentas anuales y blanqueo de capitales y solicita penas de prisión que oscilan entre los dos y los 27 años de cárcel, además de multas millonarias.

En concreto, reclama 27 años de cárcel para el presidente de la sociedad por delitos de estafa, insolvencia punible, falseamiento de cuentas anuales y blanqueo de capital.

Para el director general de la entidad, Antonio Merino Zamorano, reclama 16 años de prisión por delitos de estafa, insolvencia punible y blanqueo de capitales.

Los cuatro consejeros de Fórum Filatélico imputados, Miguel Ángel Hijón, Francisco José López, Agustín Fernández y Juan Maciá, se enfrentan a una solicitud de 15 años de cárcel por estafa, insolvencia punible y falseamiento de las cuentas anuales.

La Fiscalía también reclama once años de prisión para el asesor jurídico de la sociedad, Juan Ramón González; tres años para el auditor José Carrera y dos para Rafael Ruiz, también auditor, por falseamiento de cuentas.

Para las personas que colaboraron con Fórum en el fraude, Anticorrupción solicita entre dos y ocho años de cárcel.

Cómo funcionaba la red

Anticorrupción detalla en su escrito de acusación que Fórum Filatélico se dedicó durante años a captar de manera masiva fondos del público por toda España mediante la suscripción de contratos de inversión filatélica, ofreciendo a cambio rentabilidades superiores a las de las entidades bancarias.

Así, explicaba a sus clientes que los intereses que se les pagaban derivaban de la revalorización de los sellos que asignaba a sus contratos, cuando en realidad los abonaba con las aportaciones a otros clientes dentro de un esquema piramidal que le obligaba a captar nuevos inversores permanentemente.

Cuando la sociedad fue intervenida, Fórum había captado más de 3.200 millones de euros de 269.000 inversores a través de 393.000 contratos. Sin embargo, carecía de patrimonio para devolver esas aportaciones, dado que su mayor activo era la filatelia, "que valoraba libremente a través de unas listas propias cuyos precios incrementaba sistemáticamente cada trimestre cuando en los catálogos filatélicos era 11 veces menor y en el mercado real" casi nulo.

La Fiscalía destaca la imposibilidad de colocar en el mercado los más de 121 millones de sellos depositados en sus instalaciones. "De hecho, en la última época, Fórum Filatélico no fue capaz de encontrar ninguna entidad que se prestarse a asegurar los sellos por el valor asignado en sus listas, por lo que su stock filatélico y el de los clientes se encontraba sin asegurar", explica.

También apunta que una gran parte de los fondos que captó la sociedad fue empleada en "alimentar" su propia maquinaria piramidal y satisfacer las elevadas retribuciones de sus administradores y directivos, así como los crecientes gastos de su red comercial.

El resto se destinó a una red compleja de sociedades extranjeras "interpuestas al servicio del fraude que operaban como supuestos proveedores de filatelia.

10 años de instrucción con tres jueces

La instrucción del procedimiento ha durado 10 años y por ella han pasado tres magistrados: Fernando Grande Marlaska, Baltasar garzón y Pablo Ruz. La razón de esta prolongación en el tiempo se debe a la "extraordinaria" complejidad de los hechos.

La causa se compone de cientos de tomos y de decenas de cajas con decenas de miles de documentos incautados en más de 20 registros judiciales practicados en domicilios de diversas sociedades y particulares.

A lo largo del proceso ha sido necesario remitir hasta 115 comisiones rogatorias a jurisdicciones de 24 países y territorios, en ocasiones sin obtener resultados.

Tres mujeres afectadas por el cierre de Fórum Filatélico y Afinsa han iniciado este martes una huelga de hambre en la Glorieta de Atocha para denunciar lo que consideranun "calvario" de 11 años por parte del Gobierno y exigir recuperar sus ahorros.

El campamento, instalado actualmente a los pies del Museo Reina Sofía, un lugar menos expuesto al tráfico que la primera ubicación, donde les molestaba el ruido, contó desde un primer momento con la autorización de la Subdelegación del Gobierno, y posteriormente con la del Ayuntamiento de Madrid, tal y como ha explicado a Europa Press Peña, una de las tres mujeres.

Según la activista, una de sus compañeras, Conchi, padece de problemas del corazón y está operada, aunque tiene pensado continuar a pesar de sus dolencias, pues está "arruinada" y tiene que cuidar de su nieto.

El principal objetivo de la huelga de hambre que están llevando a cabo Peña, Conchi y Carmen es el denunciar el "atropello" que realizó el Gobierno de Zapatero cuando intervino a Fórum y Afinsa por fraude y estafa piramidal.

"La versión oficial del gobierno de que era una estafa y nosotros queríamos enriquecernos no es cierta. Solo queremos recuperar nuestros ahorros. No buscamos culpables después de tanto tiempo, aunque está claro que nosotros no lo somos", ha expresado.

En la misma línea, la huelguista ha criticado que se cerraran las entidades después de haber estado funcionando 25 años y ha defendido que la pérdida de sus ahorros es debida a las malas decisiones de políticos y banqueros.

"Yo no quiero entrar en si molestaban a los bancos o no, pero todavía no se ha juzgado a ninguno de los directivos después de 11 años. El primer juicio es el 18 de septiembre", ha manifestado.

La Audiencia Nacional ha condenado este viernes a 13 años y tres meses de prisión a Germán Cardona Soler, conocido como el Madoff español y antiguo responsable de Finanzas Forex, por los delitos de estafa, falsedad agravada en concurso ideal con delito continuado en falsedad en documento mercantil, blanqueo de capitales y asociación ilícita por una trama defraudatoria de más de 350 millones de euros a 180.000 personas en 110 países entre 2007 y 2010, según ha informado Europa Press.

La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional también ha condenado a la pareja sentimental de Cardona, Lina María Mantilla, a tres años de prisión por blanqueo y asociación ilícita. No obstante, los otros dos acusados, Santiago Fuentes y María Marta Vallejo –la anterior pareja del Madoff español– han sido absueltos.

La Audiencia Nacional celebra este viernes la vistilla en la que estudiará si impone medidas cautelares para el principal condenado, regulado por el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), según han informado fuentes jurídicas.

Cardona también ha sido obligado a pagar una multa de 300 millones de euros por el delito de blanqueo, al igual que su pareja afrontará el pago de 900.000 euros. Además, el tribunal ha ordenado el decomiso de los bienes incautados y la disolución de la mercantil Evolution Market Group (EMG) con la que se desarrolló toda el operativo de estafa piramidal.

La Fiscalía solicitó 21 años de prisión para Cardona, ocho para Fuentes y siete para Mantilla por "crear una estructura de carácter permanente con la que enriquecerse ilícitamente y ocultar las ilícitas ganancias obtenidas mediante la puesta en funcionamiento de un sistema defraudatorio capaz de afectar a un elevadísimo número de víctimas".

Cardona afirmó que era una víctima

En la sentencia, de 177 páginas, apunta que en marzo de 2007, Cardona, que se dedicaba por entonces a la venta de telefonía móvil, decidió crear la empresa Finanzas Forex –marca comercial de EMG–, con domicilio en Panamá, para operar en el mercado de divisas. La primera inversión a través de un broker en Estados Unidos la realizó desde una cuenta de una pequeña sucursal bancaria de Zaragoza.

Cardona afirmó en el juicio –que comenzó el pasado 19 de diciembre en la sede de este órgano judicial en San Fernando de Henares (Madrid)– que era una mera víctima de un agente financiero, Daniel Rojo, con el que su compañía EMG trabajó en Estados Unidos. Sin embargo, el tribunal considera que los hechos juzgados encajan en el delito de estafa agravada debido a "la falta de sentido económico del negocio, porque producía mayormente pérdidas, ya que las cantidades realmente obtenidas no eran destinadas a la finalidad acordada contractualmente, sino a diversos negocios de carácter privado, con la única finalidad de enriquecerse con el dinero ajeno".

Los magistrados Nicolás Poveda, Ramón Sáez Valcárcel y Fermín Javier Echarri concluyen que Cardona y Mantilla cometieron un delito de asociación ilícita porque junto con otras personas que no han sido juzgadas constituyeron una "estructura material permanente para llevar a cabo una serie de actividades ilícitas, a través de un complejo entramado de personas jurídicas erradicadas muchas de ellas en paraísos fiscales".

Es más, apostillan que el número de personas que forman el entramado "no es óbice" para condenar por asociación ilícita, ya que al margen de los dos acusados, han participado numerosas personas físicas y jurídicas creadas "con la única finalidad de facilitar y ocultar las conductas delictivas previamente desplegadas por aquellos, para lograr así su permanencia en el tiempo".

Colaboración de vicepresidentes "ficticios"

La sentencia relata cómo en cuestión de meses, los condenados con ayuda de un informático que operaba desde Argentina y tres vicepresidentes "ficticios" para aparentar "solidez al grupo" ingresaron dinero de pequeños inversores a los que prometieron obtener "altísimos" réditos en el mercado de divisas.

Destaca que Cardona no invirtió el dinero de los inversores en el mercado Forex, sino que se destinó a engrosar el patrimonio inmobiliario de los acusados, al mercado de oro y los commodities. Para ello, crearon una "agresiva y engañosa publicidad", dice la sentencia, a través de Internet y organizando convenciones en hoteles –cuyo encargado era Fuentes– para ampliar constantemente la base de los nuevos clientes, lo que califican de estafa piramidal.

Es más, los inversores podían comprobar en una página web los movimientos ficticios que la organización realizaba para hacerles creer que obtenían ganancias. "Nunca se distribuyó de manera efectiva el beneficio obtenido por aquellos o se hizo en cantidades ridículas", aseguran los magistrados, que señalan que realmente sólo se transfirió al mercado de valores un 5%.

Estafa piramidal en siete niveles

La resolución –de la que ha sido ponente el magistrado Fermín Echarri– explica que se ofrecían al público rendimientos del 20%, según el plan más conservador, y de hasta el 40% en el llamado plan variable. También ofrecían el Plan de Carrera, dirigido a que los clientes captaran a su vez a nuevos inversores en su propio "círculo familiar o social", ofreciendo un 0,50% de comisión en las cantidades conseguidas.

Así se estableció una estafa piramidal dividida en siete niveles, en el que se ofreció a los inversores la posibilidad de convertirse en "promotores" y prometía a los que alcanzaban los niveles más altos el beneficio de conseguir premios como viajes, cruceros, coches de lujo o bonos para la adquisición de viviendas.

Cardona comenzó con María Marta Vallejo, en 2007, sus primeras inversiones inmobiliarias en Cuarte de Huerva (Zaragoza). La sentencia recalca que en menos de dos años, y ya con Mantilla, el "desplazamiento patrimonial" se trasladó a América, donde adquirió, más de 30 inmuebles en Colombia, Panamá, EE.UU. y distintas localidades de España, a través de un complejo entramado societario, por el valor de 81 millones de dólares.

Anticorrupción ha solicitado la entrada en prisión de 6 hijos del fallecido José María Ruiz-Mateos durante 16 años por el caso Nueva Rumasa.

Según ha informado el diario El Español, la fiscalía ha entregado el escrito de acusación después de que el juez de la Audiencia Nacional José de las Mata cerrase la instrucción del caso. Así, el Ministerio Público acusa los hermanos Álvaro, Zoilo, José María, Pablo, Francisco Javier y Alfonso de delitos de estafa, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes, así como los miembros de la familia Zoilo Pazos y Alfonso Barón.

Los hechos se remontan desde el año 2009 al 2011 durante los cuales los hermanos, junto al padre –que falleció en septiembre de 2015– idearon un sistema de financiación para el Grupo Nueva Rumasa que consistía en la captación de fondos del público bajo la forma de préstamos retribuidos con alto intereses. Dichas inversiones se publicitaron en los medios de comunicación, ocultando siempre a los inversores la verdadera situación económica de todo el grupo empresarial, incapaz a esas alturas de hacer frente al cumplimiento regular de sus obligaciones.

La mayor parte de los fondos fueron dirigidos a una caja única en una sucursal del banco Etcheverría en Madrid de la que los acusados disponían en función de las necesidad de la empresa, incluidos los gastos personales de la familia.

Así, según el diario que dirige Pedro J. Ramírez, se estima que mediante 13 emisiones los acusados estafaron más de 337 millones de euros a más de 4.100 personas, de los que dejaron sin devolver 289 millones. También se desconoce el destino de, al menos, 82 millones de euros que los hermanos Ruiz-Mateos retiraron en efectivos de las cuentas bancarias.

La acusación también se dirige a ellos, el liquidador Ángel de Cabo y sus colaboradores, por un delito de alzamiento de bienes por la venta de las sociedades del Grupo Nueva Rumasa al entorno de los hermanos Ruiz-Mateos.

La Sección Tercera de la Audiencia Nacional juzgará a partir de este lunes a los presuntos responsables de una macroestafa sufrida por más de 1.600 familias que adquirieron derechos en viviendas turísticas en régimen de multipropiedad, sin que al final se les prestaran los servicios contratados, según la denuncia interpuesta por la Asociación de Consumidores Afectados por Mundo Mágico (Acama), encabezada por el abogado Damián Vázquez Jiménez.

La Fiscalía considera que los hechos pueden constituir un delito continuado de estafa, razón por la que apoyó el procesamiento de los presuntos autores del delito, y que se sentarán en el banquillo de los acusados este lunes 30 de enero. En el juicio también declararán, en este caso como testigos, 60 afectados por la actuación delictiva de los acusados. 

Los procesados por la presunta estafa, que supera los seis millones de euros, son los empresarios Antonio González Moral y Paul Alexander Van Zijll. La Audiencia Nacional también deberá decidir si condena como responsable civil subsidiario a tres entidades financieras, con las que los clientes formalizaron créditos para realizar la inversión. La mayoría se canalizaron a través del BBVA, aunque también se firmaron cantidades menores con Bankia (Caja Madrid) y Banco Santander.

Préstamos bancarios

Según los afectados, que reclaman sendas penas de ocho años de cárcel para los dos procesados, las entidades bancarias "conocían el sistema de venta de los acusados y colaboraron para conseguir un beneficio económico no sólo para Mundo Mágico Tour SA, el resto de empresas vinculadas y los acusados, sino para las propias entidades bancarias, que conseguían pingües beneficios con los intereses y comisiones de los prestamos, apertura de cuentas, colocación de otros productos, seguros, etc".

Ni BBVA ni Santander han querido hacer ningún comentario sobre este procedimiento, que se remonta a 2003, cuando se denunciaron los hechos. Por su parte, un portavoz de Bankia ha asegurado que los créditos vinculados a la compañía Mundo Mágico únicamente alcanzaron los 77.000 euros en el caso de la antigua Caja Madrid, y que han llegado a acuerdos con la mayor parte de sus clientes.

El instructor del caso Mundo Mágico, el titular del Juzgado Central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, explica que el procesado Antonio González Moral creó en 1998 la empresa "aparentando una solvencia patrimonial y una capacidad para cumplir sus compromisos vacacionales inexistente, y alardeando de acuerdos con firmas de reconocido prestigio, conseguían inducir a error o a conseguir la voluntad de las personas, que firmaban contratos que llevaban aparejada la obligación de pagos mediante la firma de contratos de préstamo, cuyo importe iba de inmediato e íntegramente a los imputados".

Según la asociación de afectados, la empresa Mundo Mágico obligaba a sus clientes a formalizar "en un tiempo récord contratos de préstamo con entidades financieras como BBVA, Banco Santander y Caja Madrid (Bankia)".

Los primeros contratos que realizaron los procesados ofertaban la compra en régimen de multipropiedad de semanas de vacaciones: "Dichas semanas en realidad no existían, bien porque no era real el complejo de apartamentos, bien porque no se habían comprado los inmuebles sobre los que más tarde realizar su división en propiedad compartida. Fundamentalmente, esto sucedió con la venta de apartamentos de multipropiedad en los complejos turísticos llamados Mar y Golf, Benalbeach, Hotel Apartamento Esmeralda o Esmeralda Beach Club, bien en su propio nombre bien, haciendo de supuesto intermediario de otra sociedad manejada por los acusados, Espinaquer 2000, bien utilizando esta última de manera directa", especifica el juez De la Mata.

"Un señuelo que nunca cobraban"

Con el paso del tiempo, los procesados optaron por comercializar un club de vacaciones: "Estos contratos garantizaban al cliente y a tres personas más el disfrute en plazos de entre 5 a 20 años de tres semanas de alojamientos anuales en diferentes establecimientos hoteleros. A cambio de dichos servicios, los perjudicados debían satisfacer el precio de la cuota de afiliación al programa de vacaciones, cuyo precio oscilaba entre los 3.005 y los 12.000 euros, incluyendo descuentos promocionales que se ofertaban como parte de la maniobra engañosa y que únicamente se pagaban en ocasiones a clientes más antiguos con el dinero de nuevos clientes a los que se ofrecía tal señuelo y que nunca cobraban", relata el magistrado.

"Todo el importe era transferido", según el juez, "a cuentas corrientes de dichas empresas de Mundo Mágico. Además, los clientes debían abonar cantidades cuyo precio medio oscilaba entre los 120 y los 408 euros por cada semana disfrutada", indica el auto, que completa: "El servicio que ofertaban no era algo real, en cuanto que no estaba respaldado por inmueble alguno y era de imposible cumplimiento, hecho éste del que eran plenamente conscientes los imputados".

El procesado Antonio González Moral utilizó otras sociedades "para simular las gestiones de venta y cobrar por ella; incluso, para optimizar el beneficio, se hacían ofertas de reventa por varias sociedades o nombres comerciales a la vez, a sabiendas de que ninguna de ellas realizaba trabajo alguno para ello, sin otra finalidad que seguir obteniendo dinero de sus víctimas", sostiene el auto. Las sociedades eran Realsa España, Terra Mítica, Costa Temática, BC Reventas y Gestión o Bayo Pizo.

La Audiencia Nacional decretó en una vista celebrada este jueves la libertad sin fianza para los siete directivos de Afinsa condenados a penas de prisión de hasta 12 años y para los que se pedía el ingreso efectivo en la cárcel. Esto supone que permanecerán libres hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre la resolución, en respuesta a sus recursos de casación.

La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tomó esta decisión después de estudiar, a petición de la Fiscalía y de las acusaciones, si estas siete personas debían entrar en prisión inmediatamente. Este mismo tribunal les condenó este miércoles junto a otros cuatro exdirectivos de la empresa filatélica por los delitos de estafa agravada, insolvencia punible, delito continuado de falseamiento de las cuentas anuales, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública por la considerada mayor estafa piramidal de España. Los siete condenados para los que se pedía el ingreso efectivo en la cárcel son el expresidente de Afinsa Juan Antonio Cano y de los exdirigentes Albertino de Figueiredo, Emilio Ballester, Carlos de Figueiredo, Vicente Martín, Francisco Guijarro y José Joaquín Abajo.

Durante la vista, el fiscal solicitó la prisión provisional para Cano, Albertino de Figueiredo, Ballester, Carlos de Figueiredo y Vicente Martín, mientras que para Guijarro y Abajo ha pedido la libertad provisional bajo fianza de 200.000 euros por riesgo de fuga. Por otro lado, las acusaciones particulares pidieron la libertad provisional hasta la mitad del tiempo de la condena para los siete condenados. Sin embargo, la Sala rechazó estas peticiones y dejó en libertad sin fianza a todos ellos, al entender que no hay riesgo elevado de fuga de los condenados y que la fianza económica no añade garantía alguna de evitar la huida.

El tribunal dice en su auto que no tienen por qué huir, ya que son españoles, tienen familia, incluso alguno de ellos desarrollan su actividad profesional en España –Abajo es funcionario del Estado y Carlos de Figueiredo, investigador de la Universidad– o reciben una pensión pública. Además, señala que varios de ellos tienen una edad avanzada, padecen una enfermedad grave o tienen familiares hospitalizados. "El pronóstico sobre comportamiento futuro de una persona es siempre incierto, pero debemos intentar atender a los hechos y neutralizar cualquier tentación de ejecución provisional de las penas", dice la resolución del tribunal.

No obstante, mantuvo las medidas cautelares que todos los condenados, salvo Abajo, a quien se las han impuesto ahora, llevan cumpliendo desde que Afinsa fue intervenida judicialmente en mayo de 2006. Estas medidas consisten en la retirada de pasaporte, prohibición de abandonar el territorio español, indicación del teléfono móvil y comparecencia cada 15 días en la Audiencia Nacional o en el juzgado más próximo a sus domicilios. La Sala destacó que desde la intervención de la empresa filatélica, los condenados "siempre y en todo momento" han cumplido con estas órdenes, "han asistido a las sesiones de juicio", así como que "hoy (este jueves) han comparecido, después de conocer la condena dictada".

Indemnización de 2.500 millones de euros

Este miércoles, este mismo tribunal, presidido por la magistrada Manuela Fernández Prado, condenó a 11 exdirectivos de Afinsa a penas de hasta 12 años de prisión por ser los responsables de la "mayor estafa piramidal" de España. La Sala impuso la pena más alta al expresidente de Afinsa, con 12 años y 10 meses de prisión y a una multa de 240.000 euros. A Albertino de Figueiredo se le condenó a 11 años de prisión y a una pena de 174.000 euros, mientras que a Carlos de Figueiredo se le impuso una pena de 11 años y 11 meses de prisión y 198.000 euros de multa.

Según los jueces, Cano –como economista– y Albertino Figuereido –como experto filatélico– fueron los que idearon y perfilaron el negocio piramidal concentrado en el vértice y los que adoptaban las grandes decisiones. En cuanto a Vicente Martín, se le ha puesto una pena de 11 años y seis meses de prisión, más 192.000 euros de multa, mientras que para Ballester López se decidió una pena de 10 años y 3 meses de prisión y 168.000 euros de multa. A Abajo se le condenó a seis años y tres meses de prisión y a pagar 78.000 euros.

Además, a estas seis personas también se les ha ordenado indemnizar con 2.574 millones de euros a los 190.022 titulares de los 269.570 contratos que la administración concursal de Afinsa Bienes Tangilbles S.A reconoció. Por último, Guijarro ha sido condenado a un total a seis años y cinco meses de prisión por ser cómplice en el delito de estafa agravada continuada y autor de blanqueo de capitales; aunque fue absuelto del delito contra a Hacienda Pública, le ordena a pagar una multa de 69 millones de euros. 

Los afectados por el caso Afinsa y Fórum Filatélico se concentraron durante la mañana de este sábado en Madrid, cuando se cumplen ocho años del estallido del caso. La manifestación, convocada por ADICAE, pedía a todos los afectados del país concentrarse en un acto “masivo” para unir fuerzas y reclamar una solución política. Miles de afectados llegados desde Cataluña, Valencia, Euskadi o Albacete, entre otros lugares, acudieron a la protesta, que recorrió el centro de Madrid a las 12 horas, desde Puerta de Alcalá hasta Plaza de Colón.

“Tenemos una propuesta de solución para los afectados de Fórum y Afinsa, 470.000 familias, que ha sido apoyada por unanimidad en cinco parlamentos autonómicos”, señaló Antonio Pulido, vicesecretario general de ADICAE. “Consiste –añadió- en que el Estado compre a través del ICO la deuda, los derechos reconocidos a los afectados en el procedimiento concursal, como se hizo en el caso PSV en 1994”. Además, desde ADICAE, pidieron al gobierno que actúe de forma coherente con las promesas que hizo a los afectados. “El Gobierno del PP tiene esa responsabilidad”, apuntó Pulido, “hay una carta firmada de Rajoy y Cañete antes de llegar al Gobierno en la que se comprometían a buscar una solución en este caso. Si no lo hacen es porque no quieren”.

La mayoría de inversores eran trabajadores que esperaban tener un poco más rentabilidad en sus planes de pensiones, como Elisa de la Fuente, llegada desde Aranda del Duero. Trabajaba como limpiadora y, tras unos años ahorrando en cajas, decidió invertir en sellos en el Fórum Filatélico. “Tenía un plan de pensiones en una caja de ahorro y no me cotizaba nada”, contó Elisa, “me comentaron que con estos fondos en unos años tendría una buena jubilación, eché cuentas y me salía un poco más rentable”. Sin embargo, un año antes de que empezara a obtener beneficios, cerraron el Fórum. “Bueno, nos lo cerraron”, afirmó la afectada. “Queremos un poco de compensación como han hecho con otros fraudes y que salgan los juicios ya”, añadió.

José Antonio Calvo, asesor de seguros, cree que se trata de una injusticia del sistema. “Eran empresas que tenían las máximas calificaciones –comentó- y es una vergüenza que en ocho años la justicia no haya dicho nada, creo que debería darse ya una solución a nivel político. No sé hasta qué punto esto es una estafa, hemos sido víctimas del sistema capitalista y ya está”, señaló resignado.

ADICAE afirma que denunciará al Estado español ante la Comisión Europea por su “inacción” y por el “defectuoso” funcionamiento de sus instituciones. Además, Manuel Pardos, presidente de ADICAE, se dirigirá al nuevo Consejo General del Poder Judicial para exigir una actitud “activa” que ayude a impulsar los procedimientos para dar respuesta a los afectados. En total, 6.000 millones de euros procedentes de los ahorradores están aún pendientes de ser devueltos.

J. Volpi es un timador huido de la justicia. Un criminal que, un día cualquiera, se sienta ante la periodista y da cuenta, sin señal de rubor, de los 15.000 millones de dólares acumulados con sus estafas piramidales. Para qué esconder nada, pensará, si todo lo ha narrado ya en un libro. Una novela escrita siguiendo la estructura de una ópera, ese arte que tanto ama y al que tanto ha contribuido a desarrollar con sus sustanciosas donaciones. Su rostro, ahora bien, recuerda sobremanera al del escritor Jorge Volpi. En una mentira dentro de la mentira dentro de la mentira, el literato mexicano se ha transmutado en uno de esos artífices de la crisis financiera que estalló en EEUU en 2008 para componer su Memorial del engaño (Alfaguara), una historia sobre corrupción, política y economía, capitalismo y comunismo, lazos familiares y culpabilidad que, como ocurre en otros de sus títulos, toma elementos de la realidad para construir una trepidante ficción.

PREGUNTA: ¿Por qué utilizar el propio nombre para hablar de un criminal?

R.: Este libro es una especie de inventario de engaños, engaños públicos, engaños privados. Los engaños que dieron origen a la crisis financiera del 2008, los engaños que llevaron a cabo un grupo de altos funcionarios del gobierno de EEUU, que eran al mismo tiempo espías comunistas y que sin embargo son los creadores del sistema capitalista contemporáneo y de las grandes instituciones financieras: del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial. Y es un engaño más, como el que todos caímos durante esta época, pues en este caso el narrador es quien es realmente el autor del libro.

P.: También podría comprenderse como que todos somos corruptibles.

R.: Exacto. También ese es el sentido.

P.: En el libro se plantean capitalismo y comunismo como las dos caras de una misma moneda, dos ideologías sÓlo en apariencia antagónicas y a la vez equivocadas.

R.: Las dos son ideologías sumamente poderosas. Una que creía que el Estado debía resolverlo todo, otra que creía que había que eliminar el Estado al mínimo. Las dos prometían cosas: una sociedad igualitaria prometía el comunismo, una sociedad de crecimiento y bienestar prometía el neoliberalismo, y las dos se revelaron como utopías fracasadas. El comunismo que dio lugar a sociedades profundamente autoritarias, y el neoliberalismo que dio lugar a sociedades profundamente inequitativas.

P.: El personaje protagonista tiene mucho en común con Bernard Madoff, a quien se menciona en el libro. ¿Fue él la inspiración?

R.: El otro personaje que de alguna manera se parece al narrador es Alberto Vilar, un inversor cubano-americano que durante una época se convirtió en el mayor mecenas de la ópera y la música clásica en el mundo, se codeó con todos los grandes de la música clásica, con Plácido Domingo… Y al final está en la cárcel por un desfalco parecido a este.

P.: La novela, precisamente, está construida con la estructura de una ópera, que remite a la idea de drama y también de impostura.

R.: Pues sí, él en algún momento lo dice, que todo esto que pasó es como una ópera bufa. Todo es melodramático, exagerado en esta historia. El narrador lo cuenta un poco de esta manera, utilizando su fascinación por la ópera como estructura de su alegato.

P.: Ya son cientos o miles las novelas, ensayos y demás obras que han apuntado directamente a los responsables de esta crisis, a los políticos y los banqueros. Pero como bien se expresa en Memorial del engaño, estos siguen sin pagar por sus crímenes. ¿Sirve de algo denunciarlos?Memorial del engaño

R.: Mi intención no era hacer una novela de tesis ni tampoco exactamente una novela denuncia, aunque por supuesto yo creo que las novelas también sirven para que el lector reflexione sobre lo que le circunda y para que se pueda volver más crítico frente a esa realidad. Pero también hay que ser escépticos. Si las grandes manifestaciones contra este sistema que ha habido en los últimos años en contra, desde el 15-M u Occupy Wall Street hasta las más recientes no han cambiado un ápice, pues menos una novela va a cambiar. El poder del arte es bastante limitado frente al de la economía.

P.: La historia recorre tres generaciones marcadas por la mentira. ¿Cómo cambia esta a lo largo del tiempo?

R.: El narrador se enfrenta a la historia de su padre, que también fue un gran mentiroso y fue probablemente espía al servicio de los soviéticos, al mismo tiempo que trabajaba para el Tesoro de los EEUU, y participó en todo lo que es el sistema económico mundial. Y el narrador es a su vez este gran estafador, pero se da cuenta, y sin poder hacer mucho al respecto, de que su padre, sí, también era un mentiroso pero mentía por lo que él creía que era una gran causa: la causa de la paz y la causa de la justicia. En cambio él solo miente por su provecho personal, y ahí está la diferencia entre las dos ideologías.

P.: En algún momento él dice que no hizo lo que hizo por maldad, sino que, simplemente, tuvo mala suerte.

R.: Esa es una de sus justificaciones. Por un lado reconoce sus crímenes, pero por el otro todo el mundo intenta justificarse, y una de las justificaciones es esta que dieron muchos: no fuimos irresponsables, no gestionamos mal, nuestra ideología no estaba equivocada, simplemente tuvimos mala suerte de que hubiera esa coyuntura en ese mismo instante, que hizo que fallara el sistema. Pero es eso, es una excusa, fundamentalmente.

P.: En el libro aparecen muchas fotos de los personajes… ¿quiénes son esas personas en realidad?

R.: Algunas son de personajes reales y otras tantas son de mi familia, que colaboró con sus imágenes.

P.: El punto final de la novela llega en marzo de 2011. ¿Continuará viviendo el personaje a partir de ahí?

R.: Bueno, supongo que tendrá su propia vida, pero no va a tener que ver conmigo. Pero esperemos que sí continúe y que no lo atrapen.

Son sus primas hermanas y comparten el 99% de los genes, pero hasta ahora han quedado solapadas por el ruido de las demandas judiciales y las protestas ciudadanas contra las preferentes. La deuda subordinada no es más que otro producto financiero de los llamados híbridos –capital y deuda al mismo tiempo–, tan complejo y arriesgado como las preferentes, pero menos conocido. La debacle de las cooperativas vascas Eroski y Fagor, sin embargo, la ha aupado a los titulares. Desde 2002 unos 40.000 ahorradores han adquirido las Aportaciones Financieras Subordinadas (AFS) del grupo guipuzcoano, comprometidas ahora por el concurso de acreedores de Fagor y la crisis de deuda de Eroski.

Se trata de un caso único en España: la Ley de Cooperativas aprobada por el Gobierno vasco en 2000 permitía a este tipo de sociedades financiarse mediante las AFS, que pasaban a computarse como recursos propios en las cuentas. Son, por tanto, anteriores a la campaña que las entidades financieras emprendieron en 2008 para vender preferentes y deuda derivada a clientes particulares para recapitalizarse.

Pero desde luego no fue la vasca la única empresa que acudió a estos instrumentos para financiarse obviando el crédito bancario. Mapfre lanzó una emisión de 700 millones en 2007, con bonos que no vencían hasta 2037 y prometían unos intereses del 6%.

Grandes corporaciones como Repsol, Telefónica, Endesa o Gas Natural FenosaGas Natural Fenosa optaron por las participaciones preferentes. También son emisiones anteriores a la burbuja financiera y del ladrillo: desde 2001 la petrolera hasta 2003 las dos eléctricas. Y todas ellas resolvieron el colapso del mercado secundario –donde debían venderse estos productos para obtener liquidez– con unos canjes que incluían quitas mínimas de entre el 5% y el 7%. Por el contrario, la pérdida de valor que han debido afrontar los preferentistas –y tenedores de deuda subordinada– de las cajas de ahorro nacionalizadas oscila entre el 13% y el 61%, dependiendo del tipo de producto y de la entidad.

Otras empresas más pequeñas y con un perfil bien distinto se lanzaron igualmente a la financiación mediante híbridos: la cadena turística Sol Meliá emitió preferentes por importe de 90 millones y las canjeó en 2012 por bonos al 93,5% de su valor. En 2006 fue SOS Cuétara la que colocó 300 millones de euros en deuda subordinada, que ofrecían un interés del 7% los primeros seis meses y que debió canjear por acciones en 2010 tras reconocer unos números rojos de 193 millones en 2008. La pérdida de valor se cifró entonces en un 21% respecto al importe de compra.

El 62%, en manos de particulares

Pero los casos más sangrantes y polémicos llevan la firma de las cajas de ahorros. Caja Madrid, Bancaja sumaron 1.800 millones de euros en deuda subordinada entre 2009 y 2010, que compraron unas 50.000 personas. Sus descuentos en el canje por acciones fue del 14% al 46%. Catalunya Banc emitió otros 1.400 millones más; las quitas alcanzaron el 40%. Y Liberbank tiene 200 millones de una emisión de Cajastur en 2009, que ofreció canjear por acciones y obligaciones convertibles con devaluaciones que, según Adicae (Asociación de Usuarios de Banca), alcanzan el 35%.

Según las cifras de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el año récord de emisiones de bonos subordinados fue 2007, con un total de 47.158 millones de euros. En 2006 la cifra sólo fue un poco inferior: 40.518 millones. En 2011 se redujo a 29.198 millones y desde entonces las emisiones han sido muy limitadas. El año pasado se quedaron en sólo 4.036 millones de euros. Los cálculos de Reuters apuntan a que los bancos mantienen aún en circulación unos 31.000 millones de euros en deuda subordinada. Además, Barclays cifra en el 62% el porcentaje de deuda subordinada emitida por bancos que estaba en manos de particulares –sin contar la de Santander y BBVA–. Por establecer una comparación: el total de las participaciones preferentes vendidas desde 1999 hasta 2011 asciende a 26.000 millones de euros, de acuerdo con los cálculos de Adicae.

Venta defectuosa y sin documentos

Esta asociación prepara ya una batería de denuncias ante los jueces por lo que ellos llaman las “preferentes vascas”, las aportaciones subordinadas de Eroski y Fagor. Pueden ser hasta 800. La primera, colectiva –71 afectados–ya la ha ganado en un Juzgado de lo Mercantil de Bilbao.

Los argumentos del juez repiten casi como un calco los de otros cientos de magistrados en las sentencias sobre preferentes que han dado la razón a los ahorradores en el resto de España. La venta fue “defectuosa”, dada la “complejidad” del producto, porque los comerciales del banco –en este caso el BBVA– “no advirtieron a los clientes de forma clara y comprensible del riesgo que corrían de perder total o parcialmente el importe invertido”. Además, no se les entregó “ningún documento” donde se explicaran las características de esas aportaciones financieras. Por tanto, el juez declara la nulidad de los contratos por “vicio del consentimiento”. En cualquier caso, la sentencia condena al BBVA, el banco que vendió las AFS, no a Eroski. Santander, La Caixa, Caja Laboral –igualmente del grupo Mondragón–, Caja Madrid, Caja Vital, Kutxa, BBK y Sabadell también colocaron aportaciones de Eroski.

Eroski puso en el mercado 660 millones en aportaciones subordinadas a partir de 2002 y hasta 2007. Fagor, otros 185 millones de 2003 a 2006. Ofrecían un interés estratosférico del 7%, con el que consiguió atraer a ahorradores que de media invirtieron unos 22.000 euros. Pero, a día de hoy, la cadena de supermercados acumula una deuda de 2.600 millones para la que acaba de firmar un acuerdo de refinanciación con 22 bancos –uno de ellos el BBVA–. Y Fagor se encuentra en concurso de acreedores y con un ERE en marcha para 106 trabajadores. Desde el pasado 16 de enero está suspendida la negociación en el mercado de renta fija de las emisiones de AFS de Eroski. Los ahorradores quieren recuperar su dinero ante el futuro incierto del mayor grupo cooperativo del mundo y no pueden. Nadie quiere comprar en el mercado de renta fija las aportaciones subordinadas de una empresa en crisis.

Diferencias vascas

Pese a su crisis, Mondragón destaca que no ha dejado de pagar los intereses debidos, los últimos el pasado 31 de enero. A diferencia de las preferentes, el rendimiento de estas aportaciones no está vinculado a la obtención de beneficios por parte de la empresa. Ésta calcula que hasta el momento ha abonado en concepto de intereses 270 millones de euros. El problema estriba en que, como desvela el responsable de Adicae en el País Vasco, Francisco Javier Alvarado, ese pago no se ha hecho con cargo de las cuentas de la empresa, sino del dinero de los ahorradores. “Es una estafa piramidal”, resume.

Otra diferencia con las preferentes es que en el caso de Eroski y Fagor no ha habido arbitraje. Alvarado lamenta que la implicación del Gobierno vasco en el conflicto se ha limitado a “poner en contacto” a las partes. Adicae, que rechaza el arbitraje, siempre ha reclamado una solución “universal” para los preferentistas y aboga por recuperar el 100% del dinero invertido.

De forma que también denuncia la oferta de canje anunciada por Eroski, que implicará una quita del 30% al cambiar las aportaciones por bonos subordinados a 12 años.

En cualquier caso, el escándalo no ha matado a las subordinadas como sí ha herido de muerte a las preferentes. Caixabank lanzó el pasado mes de octubre la primera emisión de deuda subordinada de un banco desde 2010. Y con éxito. Fueron 750 millones de euros con un vencimiento a 10 años. Poco antes, Telefónica había puesto en el mercado 1.750 millones, con el fin de reunir fondos para comprar una operadora alemana, E-Plus. Claro que ambas operaciones estaban destinadas sólo a “inversores cualificados”, el único “público” natural al que deberían haberse limitado en su día bancos y empresas, tanto para vender deuda subordinada como participaciones preferentes.

El ex secretario general de Caja Madrid Enrique de la Torre Martínez, considerado la mano derecha de Miguel Blesa, expresidente de la entidad financiera, remitió el 9 de mayo de 2007 un correo electrónico a los integrantes del comité de dirección de la caja, incluido el propio Blesa. En el mensaje se incluía un informe elaborado por un empleado en el que se destaca el temor a que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) se enterara de que Caja Madrid estaba recomprando preferentes a un precio mayor que el que marcaba el mercado. "Seguimos con el riesgo de que algunas operaciones puedan elevarse a la CNMV, concretamente aquellas que tengan toda la documentación en regla", especifica el correo electrónico, al que ha tenido acceso infoLibre.

Blesa está siendo investigado en la pieza separada de preferentes del caso Bankia que está instruyendo el magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu. Esta misma semana, la Sección Tercera de la Audiencia Nacional ha acordado mantener la investigación iniciada contra el expresidente de Caja Madrid y otros altos directivos de la entidad sobre la planificación de las participaciones preferentes.

Expedientes a las entidades financieras

Según explicó Elvira Rodríguez, la actual presidenta de la CNMV, este organismo ya había informado en 2005 a las diferentes entidades financieras de las normas de conducta en la colocación de valores de largo plazo a minoristas. De hecho, y para evitar estas irregularidades, la CNMV estableció en junio de 2010 como criterio de obligado cumplimiento que las emisiones deberían contar con una entidad proveedora de liquidez, además de rechazar "la mala práctica de la realización de intercambios o cases entre clientes sin la adecuada gestión de los conflictos de interés". Este último punto es el que desarrolla el informe remitido a Blesa (ver documento adjunto a esta información).

Precisamente en relación a los intercambios entre clientes de preferentes o subordinadas, denominadas operaciones piramidales o cases, la presidenta de la CNMV llegó a destacar en el Congreso de los Diputados que todas han sido sancionadas, porque no han tenido una adecuada gestión del conflicto de intereses, especialmente cuando el producto se empieza a deteriorar, pues la caja orientaba a los clientes a comprar preferentes cuando ya no era un producto muy rentable. "Aquí el lucro para la entidad es relativo, puede ser no perder un cliente, pero lo que es claro es que hay un cliente al que dan el 100% por un producto que en ese momento tiene un precio orientativo en el mercado —el mercado no marcaba precio porque no había mercado multilateral", resaltó Rodríguez. Para la presidenta de la CNMV este intercambio de preferentes era algo que venían haciendo las entidades financieras ypresidenta de la CNMV que acabó en diferentes expedientes.

"Periodo crítico"

Por eso el mensaje recibido por Blesa cobra gran importancia, pues se produce días después de que el comité de dirección analizara en mayo de 2007 la situación en la que se encontraban las preferentes en Caja Madrid. El empleado José Antonio Royuela adjunta al mensaje un cuadro explicativo en el que se destaca que, pese a que el número de reclamaciones en relación a las preferentes no es muy elevado, por el contrario sí implican "un importe elevado". Es decir, se trataba de grandes inversores. Además, asegura que "el periodo crítico" parecía haberse superado, algo que pasados los años se ha demostrado un grave error, pues las preferentes fueron perdiendo de forma paulatina su valor.

De hecho, un informe del Banco de España destaca que en 2011 Bankia había recomprado parte de las acciones al 100% de su valor nominal, cuando en realidad dos valoraciones independientes y que se mantuvieron en secreto aseguraban que el valor real era el 21% de lo que se había pagado inicialmente.

Este periodo "crítico", según la definición del empleado de Caja Madrid incluida en el correo electrónico enviado a Miguel Blesa, se logró superar de forma coyuntural "por el esfuerzo de la red comercial para cruzar rápidamente las órdenes de venta, aun a costa de tener que complementar en éstas, en algunos casos, hasta el 100% del nominal", completa el mail. Es decir, según se infiere de este mensaje, la caja devolvió el dinero de las preferentes a varios inversores "cualitativamente" importantes, gracias a las compras de los pequeños ahorradores, muchos de ellos jubilados o personas con un perfil marcamente conservador.

3.800 millones de euros

Esta estrategia de Blesa y su comité de dirección, según se desprende de un informe de la CNMV, se mantuvo al menos hasta 2010, pues en 2009 y 2010 Caja Madrid emitó participaciones preferentes y subordinadas que vendió a sus clientes minoristas por un valor total de 3.800 millones de euros, aunque en la realidad éstas tenía un valor sensiblemente inferior. 

De esta forma, la "relativa calma" conseguida por el consejo de dirección de la caja en el primer trimestre de 2007, tal y como ha publicado infoLibre en su edición del jueves pasado, se logró en detrimento de los clientes minoristas de Caja Madrid, que fueron el objetivo para captar dinero por parte de la entidad financiera, que logró que las famlias recompraran las preferentes al menos un 10% más caras que su valor real. Así, la dirección de la caja optó por revenderlas a los clientes de la caja al 100% del valor inicial, evitando perder un 10% en los mercados institucionales.

Manuel Conthe

Este intento de evitar el control de la CNMV, en 2007 encabezada por Manuel Conthe, ha podido ser conocido gracias a la decisión del magistrado de Madrid Elpidio José Silva, de investigar a Blesa. Silva acordó hasta en dos ocasiones el ingreso en prisión de Blesa. Pero ahora es el juez el que está pendiente de un juicio por prevaricación. Precisamente, fue el propio Conthe uno de los primeros que aseguró que Silva podría haber prevaricado, tal y como plasmó en su blog El sueño de Jardiel.

El ciudadano austríaco Reinhard Amann, que desde 1999 fue el responsable de organizar las empresas en el exterior que formaban parte del grupo de inversión piramidal Fórum Filatélico, se ha decidido a colaborar con el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz. Tras entregarse a las autoridades españolas Amann, que desde 2010 vive en Dubai, confirmó la implicación del principal responsable de la macroestafa, José Manuel Carlos Llorca Rodríguez, y de otros de los imputados en la causa, según explicaron fuentes del caso a infoLibre. Los peritos adscritos al caso sitúan al frente del centenar de sociedades proveedoras "interpuestas" de la filatélica al prófugo de la justicia Llorca Rodríguez, natural de La Seu d'Urgell (Lleida).

En su declaración ante Ruz, que se produjo el pasado 15 de julio, tan solo unas horas después de que el extesorero del PP Luis Bárcenas finalizara su declaración ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Amann, que es uno de los principales imputados, identificó nuevas cuentas bancarias relacionadas con Fórum Filatélico. Al mismo tiempo facilitó documentación de gran relevancia para la instrucción y se comprometió a presentar más.

Este es el motivo por el que el magistrado ha optado por decretar la libertad con fianza de 30.000 euros para Amann, que se comprometió a notificar su domicilio. Ruz adoptó esta decisión después de escuchar la petición del responsable del Ministerio Público, que fue de libertad con una fianza de 40.000 euros. Por su parte, el letrado de este empresario austríaco, que resaltó la decisión de su defendido de colaborar en el caso, pidió al juez que acordara la libertad sin fianza. En el caso de que se acordara una fianza, el abogado optaba por una rebaja de la misma. 

"Proveedores europeos"

El arrepentido Reinhard Amann fue el impulsor desde 1999 del entramado de "proveedores europeos" en países como Francia, Portugal, Alemania, Holanda, Luxemburgo y Liechtenstein. Llorca se valió del trabajo de este austriaco, que fue quien ideó un operativo que consistía en emitir facturas desde sociedades proveedoras, a las que se asociaban cajas que supuestamente contenían sellos. Esta actuación provocó un perjuicio económico de unos 37,6 millones de euros, según los peritos.

La empresa Fórum Filatélico, que fue creada en 1979, fue intervenida judicialmente el 9 de mayo de 2006, a la vez que la sociedad Afinsa, tras descubrirse un importante déficit patrimonial, que la instrucción ha situado en 2.843 millones de euros. Según la investigación de Ruz, el número de titulares de contratos filatélicos perjudicados es de 269.203. Estas personas realizaron inversiones por un importe de 3.702 millones. Y muchos de los clientes de Forum Filatélico aportaron cantidades superiores a los 50.000 euros. Las filatélicas ofrecían como reclamo unos intereses de hasta el 6%.

Estafa continuada

El 22 de abril pasado, el juez Ruz firmó un auto en el que incluía entre los delitos imputados a los dirigentes de Fórum Filatélico, que eran los de estafa, blanqueo de capitales, insolvencia punible y delito societario, el de estafa continuada, al constatar que el fraude habría alcanzado una "notoria gravedad". El magistrado justificaba también esta decisión por la existencia de "múltiples perjudicados". Fórum sufrió un déficit patrimonial de Fórum que superó los 2.843 millones de euros, "una cantidad que hace imposible la devolución de las inversiones", explica el documento judicial.