Los autores de Antidisturbios, una serie que gozó del muy crecido interés del público en nuestro país, tenían pensado nada menos que preparar otra sobre la Guerra de España, un asunto no solo pendiente en la formación de varias generaciones de jóvenes estudiantes sino en el cine de ese formato en España, con muy pocas películas dignas que hayan tocado episodios de ese conflicto armado, el hecho más sobresaliente y trágico de nuestro país a lo largo de toda su historia. 

Nos hemos enterado por VerTele de que Rodrigo Sorogoyen e Isabel Peña no sólo no tendrán la posibilidad de hacer una segunda temporada de su exitosa serie, sino que la prevista sobre la Guerra Civil ha sido cancelada. El proyecto había sido anunciado hace algo más de un año, pero ni siquiera se ha llegado a un inicio de rodaje, acaso porque el guion no fuera el que Movistar+, la productora, hubiera deseado. 

Es lo que se podría pensar a falta de explicaciones por parte de la citada plataforma. Fuentes externas a la misma apuntan a motivaciones políticas, teniendo en cuenta el asunto de la serie, algo que ya se dijo a propósito de las series Antidisturbios y Reyes de la noche, que no han podido tener una segunda temporada a pesar del éxito de la primera. Algunos cómicos de la segunda —según la citada fuente de información— han hablado incluso de “censura ultraderechista”. 

Son de recordar las declaraciones que en su día manifestó Rodrigo Sorogoyen a propósito de la Guerra de España como fuente de creación cinematográfica: “La Guerra Civil me fascina como acontecimiento desde hace mucho tiempo. Un conflicto que ha marcado trágicamente el devenir de nuestra historia y que lamentablemente no se estudiaba cuando éramos escolares. Un conflicto que arrasó de distintas maneras a millones de inocentes y a un país entero”. 

En palabras del cineasta, su idea sobre la serie sería crear una ficción capaz de “emocionar al espectador, intentando entender a nuestros personajes, a nuestra sociedad pasada y presente y, por lo tanto, los tiempos en los que ahora nos encontramos”. La honestidad, rigor y humanidad con la que Sorogoyen e Isabel Peña iban a acometer el proyecto no va a ser posible, quizá porque hace un año la ultraderecha española no formaba parte aún de ningún gobierno autonómico y hoy, con su acceso al de Castilla y León, se ha proyectado en apoyo imprescindible para que el Partido Popular vuelva a gobernar en España.

A la vista de esa cancelación y el crecimiento de la extrema derecha en las urnas, es como si estuviéramos asistiendo, a medida que pasan los años, a lo contrario de lo que hubiera sido el lógico discurrir de una joven democracia en condiciones normales de desarrollo: en lugar de consolidarse, se degrada, y como consecuencia, en lugar de acometer proyectos cinematográficos como el que comentamos, en pro de nuestra memoria democrática, lo que tenemos son trabas o cancelaciones.

Parece que no es posible por ahora hacer una serie en España sobre su guerra, transcurridos más de ochenta años desde su desenlace, pero lo peor es pensar que no avanzamos últimamente para que eso sea posible, sino más bien al contrario.

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Félix Población es periodista y escritor

El Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona ha admitido a trámite la querella de una chica que perdió un ojo en los altercados tras el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel, que presentó por presuntas lesiones contra un escopetero de Mossos d'Esquadra por disparar un proyectil de foam y contra su superior.

En un auto, consultado por Europa Press, el juez admite la querella de la joven de 19 años y la cita para declarar junto a un testigo y a tres policías que participaron en el dispositivo.

En abril, el Centre per la Defensa dels Drets Humans - Irídia pidió personarse como acusación popular del caso, y señaló al agente que disparó y su mando directo –que autorizó, ordenó o no impidió ni supervisó el uso de proyectiles de foam– por saltarse los protocolos de la policía catalana y dispararle "de manera intencionada".

Los abogados de la joven y el centro Irídia han presentado dos querellas contra los agentes por un presunto delito de lesiones provocando la pérdida o inutilidad de un órgano principal y un presunto delito de tortura o contra la integridad moral.

La joven fue atendida de urgencias en el Hospital Clínic y ha perdido completamente el ojo derecho, por lo que se la tenido que colocar una prótesis ocular.

El rechazo de Unidas Podemos ha impedido que el Congreso diera lectura este jueves a una declaración institucional promovida por el PP para condenar los actos de violencia que han tenido lugar en los últimos días tras las protestas de apoyo al rapero Pablo Hasél por su entrada en prisión.

El pasado martes, el PP distribuyó entre todos los grupos de la Cámara el contenido de su texto para que fuese leído en la sesión plenaria de este jueves, lo cual requiere la unanimidad de todos los grupos de la Cámara. Su portavoz, Cuca Gamarra, apuntaba entonces la necesidad de enviar "un mensaje claro y rotundo de apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad" y de "condenar sin paliativos cualquier acto violento".

Sin embargo, Unidas Podemos confirmó al partido de Pablo Casado que no apoyaría su propuesta y el PSOE, viendo que ya no habría la unanimidad que requiere este tipo de declaraciones, declinó secundarla, según confirmaron a Europa Press fuentes conservadoras.

En rueda de prensa en el Congreso, el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha justificado su negativa en que la declaración impulsada por el PP iba "contra el Gobierno" y no contra los disturbios. "Es evidente que (esa declaración) tenía una voluntad política, y no una voluntad de condenar la quema de contenedores, que es algo que todo el mundo está en contra", ha dicho.

Así, los únicos partidos que han suscrito el texto del PP han sido Vox y Ciudadanos, aunque Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Foro Asturias, socios electorales del PP y miembros del Grupo Mixto, hicieron llegar también su respaldo a la misma.

En concreto, en su texto, recogido por Europa Press, el PP proponía que el Congreso condenase "firmemente" los ataques violentos contra las Fuerzas de Seguridad del Estado y las policías autonómicas, los actos de "pillaje" y "vandalismo", así como los "ataques de odio" sufridos en redes sociales por los portavoces de distintos partidos, representantes de ciudadanos y, en general, ciudadanos anónimos por condenar hechos "tan reprobables".

Contra la violencia y los discursos del odio

Además, el PP planteaba la necesidad de reafirmar el compromiso de las instituciones públicas con la erradicación de la violencia, el pillaje a los comercios, la destrucción del mobiliario urbano y los discursos del odio, "rechazados por la inmensa mayoría de la ciudadanía".

"La incitación a la violencia y los discursos del odio no tienen cabida en la legalidad constitucional e internacional, ni en una sociedad respetuosa con los valores democráticos, por lo que no deben quedar fuera de las instituciones, así como quienes los alienten y no los rechacen con contundencia", rezaba el texto.

Antonio García Ferreras, director de La Sexta y de Al rojo vivo, no suele ser tibio respecto a sus preferencias y en este caso no regatea un solo elogio ante la miniserie de seis episodios disponibles Movistar +. “Yo creo que Antidisturbios es un maravilloso, un deslumbrante puñetazo de realismo sucio. Es un relato de la España que tenemos ahora mismo. Yo creo que Antidisturbios, de Rodrigo Sorogoyen e Isabel Peña, es un pedazo de serie, para mí una de las mejores series españolas de los últimos años, junto a La casa de papel”.

La ficción sigue el esquema de una investigación policial clásica, y mantiene el interés y la intriga, pero es la actividad y personalidad de los antidisturbios que le dan título lo que le ha proporcionado enorme éxito y notoriedad instantánea. El detonante de la historia es un trágico desahucio que no vemos desde fuera, sino como si estuviéramos en mitad de la batalla. Ese suceso desgraciado que hemos visto tantas veces en los informativos salta a otro plano que nos involucra, nos agota, nos hace sudar como si participásemos en él. “El comienzo de la serie, desde ese primer capítulo, es brutal –señala Ferreras–. Consiguen sus creadores algo increíble con el montaje, la música, los planos, con esos actores imponentes. Es algo asombroso, son sentimientos contrapuestos, llegas a empatizar tanto con los agentes antidisturbios como con los desahuciados. Y ese elemento emocional permanece durante toda la trama, durante toda la serie”.

“En este caso la ficción mira de tú a tú a la poderosa realidad”

La creación y escritura es obra de Rodrigo Sorogoyen e Isabel Peña, que forman un equipo muy consolidado de guion. Los autores explican en la web Cine y Comedia algunos detalles de la producción. Ya han colaborado juntos en una serie antes que en esta, Impares, donde se conocieron, y en cuatro películas, Stockholm, Que Dios nos perdone, El reino y Madre. Fue trabajando en uno de esos filmes, Que Dios nos perdone, , en 2012, cuando empezaron a dar vueltas a la premisa de esta serie. Con el impacto reciente del 15M, que había ocurrido un año antes, y las cargas policiales que se dieron entonces, quisieron incorporar un antidisturbios en el personaje de Roberto Álamo. No terminó de encajar en aquella ocasión, pero la idea se quedó rondando en sus cabezas, conscientes de que no se había retratado todavía a este colectivo a pesar de lo impactante de su trabajo. En esta ocasión se ha sumado con ellos en la escritura Eduardo Villanueva. Para Ferreras: “Sorogoyen e Isabel Peña son dos genios a la hora de retratar el alma, el ritmo, la verdad de esa España enferma de corrupción. Ya lo hicieron con la trepidante El reino y lo han vuelto a hacer, yo creo que de una manera brillante, deslumbrante. Si la realidad siempre supera, y con mucho, a la ficción, creo que en este caso la ficción mira de tú a tú a la poderosa realidad”.

Ese cuadro realista de una sociedad con claroscuros incluye al periodismo. El propio Ferreras hace un breve cameo en la serie. Su papel es neutro, es presentador de su tertulia, y es el periodista Javier Aroca quien se presta a interpretar a un tertuliano que opina al dictado de intereses ilegítimos. Para el director de Al rojo vivo: “Los periodistas no somos personajes ajenos al ecosistema al que pertenecemos. Hay políticos, abogados, empresarios, policías y periodistas decentes y trabajadores y los hay indeseables, capaces de entregarse al lado oscuro por dinero, por influencia o por la búsqueda del poder”.

“La dirección me ha descolocado, me ha sorprendido, me ha deslumbrado”

Además de su tándem en el guion con Isabel Peña, Rodrigo Sorogoyen es el director de todos los episodios, dos de ellos con otro de sus colaboradores en anteriores trabajos, Borja Soler. El realizador, que ya acumula tres premios Goya, tiene un estilo frenético en los momentos de acción, en los que el montaje refuerza a la música y esta apoya a la interpretación en un crescendo de tensión. Para Antonio García Ferreras es otro de los puntos fuertes de la serie: “La dirección me ha descolocado, me ha sorprendido, me ha deslumbrado. Esa especie de saltos de cámara. Esos primerísimos primeros planos que yo creo que incrementan, aumentan la intensidad de la serie”. Sorogoyen comienza el primer episodio con grandes angulares que nos meten en la acción de forma invasiva y en cada episodio cambia las lentes hasta llevarlas a una filmación más objetiva.

Aparte de exhibir un virtuosismo técnico, Sorogoyen es un gran director de actores. Esta serie es un ejemplo perfecto. Además de estar muy bien definidos en guion, donde Peña y él ya tenían en mente a la mayoría de los intérpretes, los integrantes de la patrulla de antidisturbios van a tener que emplearse duro entre ellos por los premios a las mejores actuaciones. Ferreras no se decanta por uno: “Es difícil, no habría que elegir. Yo tengo una especial devoción desde sus inicios por Raúl Arévalo, y aquí una vez más está brillante en ese papel de antidisturbios, con una mirada de tristeza demoledora que permanece toda la serie. Lo cierto es que Alex García, Raul Prieto, Patrick Criado, están magníficos, y por supuesto deslumbrante Roberto Álamo como el antidisturbios Úbeda, desbordado por la vida. Y luego ese pedazo de armenio, HovicKeuchkerian como Osorio, el jefe del grupo. Está bestial, está realmente imponente. Úbeda y Osorio me han pellizcado. Y en la otra parte está Vicky Luengo, esa policía magistral y esencial en la serie”.

“Esto es una ficción, no un documental, prima la libertad creativa”

La serie ha sido aplaudida y recomendada con entusiasmo desde su estreno, tanto por la prensa como por los espectadores en redes sociales. Cada crítica supera los elogios de la anterior. Y parte de lo que se le reconoce es poner cara y alma a unos policías que se suelen presentar deshumanizados. Su propio uniforme y el momento en el que actúan contribuyen a esconder su identidad. Pero los palos a esta versión de los antidisturbios han venido precisamente por parte de varios sindicatos policiales. Jupol, SUP y la Confederación Española de Policía han atizado tanto a la serie como a la Dirección General de la Policía, que asesoró a los autores. El SUP además había colaborado con el equipo de producción para dar realismo a la decoración de los espacios de trabajo. Los sindicatos se quejan de la agresividad de alguno de los miembros de la unidad y del consumo de drogas que se muestra. Algunos policías reconocen que sí se retrata la profunda unión entre compañeros y la tensión de los momentos más duros de sus acciones en la calle. “No creo que esta serie busque radiografiar con exactitud milimétrica el cómo son todos y cada uno de los miembros de las UIPs, de las Unidades de Intervención Policial –tercia Ferreras–. Antidisturbios es una magistral ficción, una deslumbrante ficción y no un documental. Claro que la mayoría de los componentes de las UIP no están enganchados a la droga y a la violencia, pero esto es una serie donde prima la libertad creativa”.

La creación y escritura es obra de Rodrigo Sorogoyen e Isabel Peña, que forman un equipo muy consolidado de guion.

Continúa la tensión en las calles de Cataluña. La respuesta a la sentencia del procès emitida por el Tribunal Supremo este lunes se ha tornado en protestas en las calles de varias ciudades catalanas. Y algunas han terminado con enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad. Desde el martes se han producido centenares de heridos, tanto de un lado como del otro. El lunes, las cargas producidas en el aeropuerto de Barcelona-El Prat, provocaron el estallido del globo ocular de un hombre que, aunque fue intervenido en el Hospital de Bellvitge, en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), perdió la visión. Ese mismo día, los médicos del Hospital Clínic (también en Barcelona) tuvieron que intervenir de urgencia a otro hombre que había sido herido en los testículos. Este jueves, otro hombre con lesiones similares producidas en Lleida también fue operado en el Hospital Universitari Arnau de Vilanova. También ese día, otro manifestante herido durante los disturbios de la noche del miércoles acudió al servicio de Urgencias de Sant Pau, en Barcelona, por una fractura orbitaria que le ha provocado pérdida de visión, aunque no completa. De momento, tan solo se conoce el origen de las lesiones del primero: el hombre que perdió el ojo fue impactado por una pelota de goma.

No es la primera vez que se produce un caso similar. Sin ir más lejos, el 1 de octubre de 2017, el día que Cataluña celebró el referéndum de independencia previamente suspendido por el Tribunal Constitucional, otro joven perdió el ojo. Fue Roger Español, que aquel domingo acudió a votar a la escuela Ramón Llull de Barcelona, uno de los focos donde se produjeron los mayores disturbios de la jornada. Precisamente este martes, el joven acudió al Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona para declarar en su doble condición de víctima e investigado por, presuntamente, haber lanzado una valla. Según un informe médico forense hecho público el pasado mes de noviembre y recogido por Europa Press, sus lesiones son "compatibles con un impacto a gran velocidad probablemente por una pelota de goma".

El uso de este material por parte de las fuerzas de seguridad es controvertido por los problemas que pueden causar a los manifestantes a los que se intenta dispersar. De hecho, Amnistía Internacional denunció este mismo viernes que, durante las protestas de esta semana, ha observado "diversos casos de uso excesivo de la fuerza, incluyendo un uso inapropiado e injustificado de bastones y otro equipo de defensa contra personas que no suponían ningún riesgo, incluyendo periodistas y personas que ya habían sido inmovilizadas por los agentes de seguridad y que a pesar de ello seguían siendo golpeadas en la cabeza y partes superiores del cuerpo". "La organización ha documentado casos en que pelotas de goma o de foam han sido disparadas a muy poca distancia para dispersar multitudes, o bien utilizadas en lugares semicerrados como el parking o las inmediaciones del aeropuerto de Barcelona", añade la organización. 

"Es muy preocupante la forma en que el material antidisturbios está siendo utilizado en el marco de estas protestas. Es fundamental que todas las fuerzas de seguridad muestren total apego a los principios de necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza para responder a los actos de violencia de forma apropiada, y facilitar así que quienes se conducen de forma pacífica puedan continuar la protesta", declaró Marie Struthers, directora de Amnistía Internacional para Europa. "Las autoridades deben asegurarse que la decisión de dispersar una manifestación sea el último recurso cuando todos los otros medios menos restrictivos han demostrado ser ineficaces. Toda orden de dispersión debe ser explicada claramente dando tiempo suficiente a la gente para retirarse voluntariamente, y la fuerza utilizada debe ser siempre proporcional a la resistencia encontrada", añadió Adriana Ribas, coordinadora de Amnistía Internacional en Cataluña.

La actuación y los materiales empleados, en función de cada cuerpo policial

Cada cuerpo de policía tiene su propio protocolo. Y todos ellos son internos. En la Secretaría de Estado de Seguridad, informan fuentes del Ministerio del Interior, no existe ninguna normativa que centralice los procedimientos. Por eso no todas las policías usan las pelotas de goma que ha denunciado Amnistía Internacional: tal y como afirmó el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la Policía Nacional y la Guardia Civil sí pueden usar esta herramienta; los Mossos d’Esquadra, en cambio, confirmaron a infoLibre que no.

La Policía Foral de Navarra, por su parte, tampoco emplea pelotas de goma desde abril de 2017, tal y como informó el propio Gobierno en una nota de prensa y confirmó a este diario la Agrupación Profesional de Policía Foral. La consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, María José Beaumont, fue quien anunció que se elaboraría la orden un año antes.

¿Y la Ertzaintza? La norma interna que regula el uso del material antidisturbios por parte del cuerpo se renovó en 2012 tras 15 años con la misma regulación. Y aunque no prohibieron totalmente el uso, sí lo restringieron mucho. Según informó el Gobierno vasco, "la escopeta lanzapelotas deberá utilizarse siempre de manera muy estricta, cuando exista un riesgo para la vida o la integridad de los agentes o de terceras personas y sólo cuando no sea posible resolver la situación por otros medios. Los primeros disparos deberán ser salvas de aviso, sin pelota y a una distancia mínima de 10 metros". Lo decidieron poco después de que Iñigo Cabacas, de 28 años, muriera por el impacto de una pelota de goma tras los disturbios producidos después de un partido de fútbol del Athletic y el Schalke 04. De hecho, tal y como aseguraron desde el Sindicato Profesional de la Ertzaintza, desde entonces no se ha vuelto a disparar una sola pelota de goma. Ahora, explican, se usa el llamado "lanzador", un proyectil "más pequeño" y "menos lesivo".

En el caso de la Policía Nacional, aclaran desde el Ministerio del Interior, existe una circular del mes de septiembre de 2013 que regula el empleo del material antidisturbios y que fue difundida por la Comisaría General de Seguridad Ciudadana. No obstante, el Defensor del Pueblo solicitó que las Unidades de Intervención Policial (UIP) —dependientes de este cuerpo— elaboraran un protocolo de actuación sobre el empleo de la fuerza en grandes concentraciones, una recomendación que fue rechazada, dijo el Defensor, porque la Dirección General de la Policía consideró "que la regulación y los mecanismos de control existentes son suficientes". 

El caso de los Mossos d’Esquadra

Mossos dEsquadra durante las protestas de este miércoles en Barcelona. | EFE

Los Mossos d'Esquadra no usan pelotas de goma desde el año 2014. Así se decidió mediante la Resolución 476/X del Parlament de Cataluña, que aprobó las conclusiones del Informe de la Comisión de Estudio de los Modelos de Seguridad y Orden Público y del Uso de Material Antidisturbios en Eventos de Masas. CIU, ERC y Cs votaron a favor de la medida, PPC e ICV-EUiA en contra y PSC y la CUP se abstuvieron. Lo hicieron porque en Cataluña no fueron pocos los casos de personas heridas graves tras el impacto de una pelota de goma. Tal y como recuerda el Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona en un informe dirigido al Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Inhumanos o Degradantes en el año 2012, en tan sólo tres años hubo, al menos, siete casos de personas que habían perdido un ojo por estos proyectiles. 

Por ello, la Cámara autonómica aprobó que debía "iniciarse inmediatamente la retirada de las pelotas de goma, que deben sustituirse gradualmente, de modo que en fecha 30 de abril de 2014 sea efectiva su prohibición total". Desde entonces, según informan fuentes de los Mossos, emplean proyectiles de foam. "En las unidades de orden público no utilizamos pelotas de goma, lo que sí que se utiliza son los proyectiles de foam, que tienen una capacidad de absorción mucho mayor que lo que tenían las pelotas de goma", aclaran. 

Por otro lado, según la resolución aprobada entonces, "los procedimientos y protocolos de actuación deben revisarse a fondo para conseguir las máximas garantías de seguridad y de salvaguarda de derechos de las personas implicadas en cualquier evento en el espacio público desde la perspectiva del estado de derecho, de acuerdo con la evolución de las policías democráticas europeas". Y es que cada unidad, dicen desde los Mossos, actúa en función de la situación. "En temas de orden público no es lo mismo tener a una persona que te está tirando agua que una persona que te está tirando una botella de cristal", ejemplifican. No obstante, todos los protocolos se atienen a los criterios de "congruencia, oportunidad y proporcionalidad". 

Amnistía denuncia el uso de pelotas de goma como material antidisturbios

Sin embargo, desde organizaciones como Amnistía Internacional se ha criticado en varias ocasiones la actuación policial en situaciones con grandes multitudes. Lo hicieron, por ejemplo, tras el 1-O. En un informe elaborado tras las cargas producidas durante aquella jornada, la ONG recordó que ha mostrado "preocupación en España por el empleo de material antidisturbios como las pelotas de goma". "En particular, la organización ha mostrado preocupación por la falta de protocolos sobre su uso plenamente acordes con los estándares internacionales", apuntó Amnistía, que aseguró que la "única normativa de la que tiene constancia" es el protocolo de 2013 [de la Policía Nacional] en el que "se estipula que hay dos tipos de cartuchos de pelotas de goma que deben dispararse desde una distancia de hasta 15 y 75 metros, respectivamente, y que deben utilizarse dispositivos atenuadores para reducir su impacto cuando se disparen a distancias cortas". 

Sin embargo, sostiene la organización, los "estándares internacionales establecen que sólo podrán usarse proyectiles de impacto cinético, es decir, con el objetivo de golpear a la persona, como instrumento para frenar a personas que estén ejerciendo violencia contra otras personas, sin que deban emplearse como instrumento general para dispersar". La organización hace suya esta demanda y la amplía, además, a la necesidad de que el tipo de proyectiles que deben utilizar las fuerzas de seguridad tienen que "dirigirse con suficiente exactitud y precisión" para que no exista el "riesgo de golpear determinadas partes especialmente vulnerables del cuerpo, en particular los ojos, o incluso golpear a otras personas que no sean el objetivo". 

Pero los cuerpos policiales españoles no son los únicos que han suspendido en algunas de sus actuaciones con grandes multitudes. Así, Amnistía también ha denunciado el "uso excesivo de la fuerza, empleo indebido de armas 'menos letales', obstrucción del acceso a asistencia médica y detención arbitraria" en otros países como Grecia y Rumanía. "Hay vídeos, fotografías, artículos de prensa y testimonios de testigos que indican que la policía hizo reiteradamente uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones contra las medidas de austeridad organizadas el 15, 28 y 29 de junio de 2011 en Atenas, Grecia", denunció la organización. En Bucarest, por su parte, "hubo varios casos documentados de agentes de policía que hicieron uso excesivo de la fuerza contra manifestantes pacíficos y que no oponían ninguna resistencia". 

Camiones de agua

Las pelotas de goma o los proyectiles de foam no son las únicas herramientas empleadas por los antidisturbios. Tanto la Policía Nacional como los Mossos d'Esquadra han movilizado esta semana sus respectivos vehículos con cañones para lanzar agua, que nunca habían sido utilizados. Los Mossos anunciaron en la noche del viernes que lo iban a emplear en Vía Laietana, donde se produjeron graves enfrentamientos entre manifestantes violentos y las fuerzas de seguridad.

El de la Policía Nacional fue comprado en 2014 y costó 350.000 euros; el de los Mossos, por su parte, se adquirió en 1994, alcanza una distancia de 60 metros y tiene capacidad para 3.500 litros. Según informó Europa Press, entre los expertos policiales en seguridad ciudadana existen dudas sobre la utilidad de este tipo de camiones ya que, entre otras cuestiones, se requiere un gran número de agentes para respaldar su despliegue. El Sindicato Profesional de la Ertzaintza confirmó a infoLibre que también dispone de un camión similar, pero tampoco se ha empleado nunca.

En España no hay experiencia con el uso de este tipo de camiones que, sin embargo, se han empleado recientemente durante las protestas en Hong Kong. Un uso que fue muy criticado por Amnistía Internacional, que alertó del peligro que pueden suponer estas herramientas. Según la organización, "sólo deben utilizarse en circunstancias estrictamente definidas y únicamente si su uso es licito, necesario y proporcionado para el objetivo legítimo de aplicación de la ley", "no deben utilizarse nunca contra personas situadas a corta distancia y jamás apuntando a la cabeza", "ha de haber vías de dispersión o salida adecuadas, y han de hacerse advertencias a las personas asistentes" a la manifestación. 

El Ministerio del Interior ha decidido enviar varios grupos de antidisturbios de la Policía Nacional a Cataluña y evaluará con la Generalitat y los Mossos d'Esquadra, que es el cuerpo encargado en primera instancia de garantizar la seguridad en la región, si incrementa la dotación de refuerzo en los próximos días, coincidiendo con el aniversario del 1-O y la sentencia del 'procés', han informado a Europa Press fuentes policiales.

Según estas fuentes, a una semana del segundo aniversario del referéndum ilegal del 1-O se ha movilizado a cinco grupos de la Unidad Policial de Intervención (UIP) –algo más de 200 agentes– para que se desplacen a Cataluña.

Fuentes del Ministerio del Interior han evitado concretar este dato pero han apuntado que las unidades policiales "se desplazan en función de la situación" y que la "previsión" a partir del 1 de octubre era reforzar la plantilla en Cataluña, "siempre en coordinación con los Mossos".

Según ha adelantado El Periódico de Cataluya, los antidisturbios de la Policía Nacional se encargarán, en principio, de custodiar las sedes de edificios oficiales de titularidad estatal como la Delegación el Gobierno, la Jefatura Superior, comandancias y cuarteles o incluso sedes de tribunales.

A estos agentes de la UIP se suma un par de grupos de retén de la Unidad Central de Intervención (UCI) de la Policía que están desplegados de forma continua para, entre otros cometidos, hacerse cargo de la seguridad del paso fronterizo de La Junquera (Gerona).

Confianza en los Mossos

El dispositivo se irá concretando conforme se tengan certezas de posibles incidentes protagonizados por grupos independentistas violentos. Este lunes fueron detenidos por la Guardia Civil nueve integrantes de los Comités de Defensa de la República (CDR) en una operación ordenada por la Audiencia Nacional y la Fiscalía, que los acusa indiciariamente de delitos de terrorismo, rebelión y tenencia ilícita de explosivos.

Fuentes de Interior subrayan que la colaboración con los Mossos es "excelente" y que la situación actual "no tiene nada que ver" con años precedentes, sobre todo con el otoño de 2017 en el que, ante el referéndum y la declaración unilateral de independencia, se llegaron a desplazar a Cataluña unos 6.000 efectivos policiales, doblando la plantilla fija de la Policía y la Guardia Civil.

Estas fuentes han señalado que en los próximos días está previsto que se celebre una reunión entre los expertos en seguridad al amparo del acuerdo de la Junta de Seguridad de septiembre de 2018, que presidió el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y en la que asistió el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

La cárcel-CIE de Archidona (Málaga), en la que el Ministerio del Interior recluyó a 577 inmigrantes entre el 20 de noviembre y el 10 de enero, empezó a recibir internos sin que estuvieran preparados para su funcionamiento la red de agua potable, la cocina ni el servicio de lavandería, según respuestas por escrito ofrecidas por el Gobierno a preguntas de la senadora Maribel Mora (Unidos Podemos). La reclusión de inmigrantes en situación irregular, entre ellos 11 menores de edad, en un centro penitenciario aún no inaugurado ni habilitado causó la reacción crítica de numerosas organizaciones defensoras de los derechos humanos. Un interno se suicidó en su celda tras un enfrentamiento entre reclusos y policías en el centro.

Al menos cuando llegaron los primeros inmigrantes no había acceso a agua potable, ni cocina, ni lavandería, si bien el Gobierno asegura que fue una situación transitoria. La respuesta oficial a Mora señala que el centro contaba con instalación para ofrecer agua potable desde el principio, aunque "se desaconsejó su uso para consumo humano hasta la realización de las correspondientes labores de mantenimiento de la kilométrica red de tuberías de un centro que no había estado operativo con anterioridad". El Gobierno asegura que "inmediatamente después" de las tareas de mantenimiento, se pudo consumir. No especifica cuánto tiempo transcurrió.

Una situación parecida, según la respuesta oficial, se dio con la cocina. "Debido a los plazos mínimos de adjudicación de este servicio, su puesta en funcionamiento sufrió una pequeña demora", según el Gobierno. "Por ese motivo se instalaron microondas para calentar la comida suministrada en pack alimenticio, si así se deseaba. No obstante, a partir del momento de adjudicación, se distribuyó la comida a los distintos módulos en los carros calientes con los que se equipa una cocina de este tipo", añade.

La lavandería también sufrió, según la respuesta oficial, "un mínimo retraso debido a los plazos legales para la adjudicación del servicio de recogida de ropa, limpieza y posterior distribución".

infoLibre preguntó al Ministerio del Interior por los periodos concretos en que los inmigrantes estuvieron privados de estos servicios, sin respuesta.

El 21 de noviembre, al día siguiente de que empezaran a llegar inmigrantes al CIE, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido (PP), afirmó que las personas recluidas en Archidona "están igual que en los CIE" e incidió en que el centro penitenciario estaba dotado con "nuevas tecnologías, calefacción, enfermería, televisión y campos de deportes". El 28 de noviembre afirmó que el centro de Archidona tenía “infinitamente mejores condiciones que cualquier otro de los CIE”.

La "urgencia" con la que se produjo el internamiento llevó a que la seguridad fuera asumida cuando empezaron a llegar inmigrantes por "funcionarios de las unidades de intervención policial que, debido a su inmediata disponibilidad y movilidad, eran idóneas para garantizar la custodia y vigilancia del centro", según la respuesta oficial del Gobierno. El régimen policial de la cárcel-CIE, donde estaban recluidos inmigrantes sobre los que no pesaba ninguna condena ni eran sospechosos de ningún delito, también fue objeto de numerosas denuncias por parte de asociaciones en defensa de los inmigrantes.

Tres meses después

La cárcel de Archidona ha empezado esta semana a recibir a sus primeros internos. Está previsto que en la primera fase de funcionamiento lleguen de manera escalonada unos 200, según datos del Ayuntamiento. La alcaldesa, la socialista Mercedes Montero, no oculta su satisfacción. Con los nuevos vecinos llegan los funcionarios, que alquilan viviendas y consumen en Archidona. "Es un pueblo cómodo para vivir y con todos los servicios que se pudieran necesitar", ha señalado Montero a Europa Press.

El centro penitenciario, calcula Montero, estará a pleno rendimiento en dos años. Todo parece reunir las características de un acontecimiento feliz para Archidona. Pero no es sencillo olvidar que, a pesar de que en teoría es una cárcel de estreno recién inaugurada, no es la primera vez que sus muros sirven para la reclusión de seres humanos. Y sobre las espaldas de los 577 anteriores no pesaba ningún delito en España.

Este mismo martes en que empezaron a llegar los primeros presos –esta vez presos de verdad, juzgados y condenados– se cumplían tres meses redondos desde que el centro se vació de inmigrantes irregulares. Fue el 10 de enero. El Gobierno se ha empeñado desde entonces en dejar atrás el episodio de la cárcel-CIE. Pero ha tenido que ofrecer algunas respuestas. Atendiendo preguntas por escrito de la senadora Maribel Mora, el Gobierno soltado algunos datos sobre lo ocurrido.

Todos argelinos menos un marroquí

Según las respuestas del Ejecutivo, el número de inmigrantes internados en Archidona ascendió a 577. Salvo uno, de nacionalidad marroquí, todos eran argelinos. Ingresaron en el centro en cuatro tandas: 209 el 20 de noviembre, 288 el 21, 10 el 22 y 70 el 25.

El centro se vació de inmigrantes el 10 de enero. El Gobierno da cuenta de 486 expulsiones entre el 11 de diciembre y el 16 de enero, todas ellas de argelinos. Todas las "devoluciones", según la respuesta oficial, se realizaron por vía marítima desde Almería, en 15 grupos de entre 4 y 40 personas, con destino a Ghazaouet u Orán, en Argelia.

Los restantes 89 inmigrantes fueron puestos en libertad, según explicó Zoido en su comparecencia en el Congreso el 24 de enero. 11 de ellos quedaron libres por ser menores de edad.

Más de 800.000 euros

El coste de los "servicios" durante el internamiento ascendió a 838.211,31 euros. Las mayores partidas fueron en alimentación (380.264,56 euros), limpieza-lavandería (167.113,44 euros) y asistencia sanitaria (98.000 euros). El resto se fue en transporte, traducción, gasóleo, indumentaria y agua. Según el Gobierno, la cantidad era inferior a la prevista en el presupuesto inicial de emergencia, que ascendía 1,45 millones de euros.

El Gobierno niega a Mora información sobre las asistencias médicas prestadas, tanto en el centro de Archidona como en el Hospital de Antequera, por implicar "datos de carácter personal protegidos" por el reglamento que regula los CIE. Interior afirma que no dispone de un registro de los traslados a centros médicos.

Bridas no, "lazos de seguridad"

Las últimas deportaciones cerraron parcialmente un episodio convulso, inédito en el trato de la democracia española a extranjeros sin papeles. Cientos de inmigrantes habían sido trasladados desde Murcia a la cárcel de Archidona, aún sin terminar y lejos de reunir las condiciones idóneas para albergar internos.

La medida había sido adoptada con autorización judicial y en virtud de una resolución administrativa dictada justo el 19 de noviembre, pero las organizaciones defensoras de los derechos humanos vieron insuficientes las garantías y pusieron el grito en el cielo. La explicación oficial del Gobierno era que no había disponibles suficientes plazas en los CIE, lo cual habría obligado a usar esta prisión a pesar de no estar acondicionada.

La decisión entrañaba problemas legales. La ley establece que los internamientos de extranjeros que no han cometido ningún delito no deben realizarse en centros penitenciarios. Interior alegó que Archidona aún no era una cárcel, aunque el BOE ya la identificaba como centro penitenciario. La medida levantó protestas por la criminalización de los inmigrantes que implica. Pero también por las condiciones en las que estaban allí encerrados. El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, censuró cómo vivían los internos, atrapados en el patio bajo vigilancia de antidisturbios, trasladados con bridas...

En respuesta por escrito a la senadora Maribel Mora, Interior señala que los traslados se realizaron con "trato digno y respetuoso", pero "compatible con las incomodidades que toda conducción puede conllevar". Entre los medios utilizados estuvieron las bridas, que el Gobierno llama "lazos de seguridad", homologados por la Dirección General de la Policía.

De la tensión a la tragedia

El ambiente era tenso, propicio para incidentes. Episodios de máxima tensión y denuncias de trato policial violento o degradante traspasaban los muros del centro. Finalmente se produjo una tragedia con la muerte del interno Mohamed Bouderbala, de 36 años, que fue encontrado ahorcado en su celda el 29 de diciembre. Las investigaciones oficiales concluyeron que se suicidó. La senadora Maribel Mora también pidió que se le mostrara el protocolo antisuicidios del centro. La respuesta es que los CIE "no disponen de protocolos particulares contra los suicidios", materia que se rige por una instrucción policial.

El Gobierno defiende la legalidad del uso del centro de Archidona como CIE. "El ordenamiento jurídico español en esta materia, derivado del derecho de la Unión Europea, contempla la posibilidad de habilitar centros de ingreso temporal o provisional ante situaciones de emergencia que desborden la capacidad de los centros existentes", señala una de las respuestas oficiales.

El Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid ha declarado prescrito la falta de lesiones al único agentes antidisturbios identificado por las agresiones a cuatro periodistas que cubrían la manifestación que llevaba como lema "Jaque al Rey" del 29 de marzo de 2014. El mismo juez también concluye, a pesar de esta prescripción, que el funcionario de la UIP golpeó, por lo menos, a dos de los reporteros en los brazos y en la nuca. 

En el juicio de faltas celebrado el pasado 22 de febrero, y según explica Comisión Legal Sol del 15M, el "único funcionario identificado" y "defendido por el abogado del Estado" llevó de testigo a "uno de sus compañeros, el cual resultó ser uno de los funcionarios que no pudieron ser identificados". "Parece que a la Administración le cuesta mucho identificar a sus agentes para juzgarlos, pero bien poco para testificar a su favor", explican. 

Por su parte, la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) considera una "grave vulneración del derecho fundamental a la libertad de información" que la justicia haya dejado "finalmente impunes" las agresiones policiales a periodistas, pese a considerarlas probadas. Asimismo, anuncian en un comunicado que trasladarán los hechos a los organismos europeos y a los relatores internacionales de la ONU sobre libertad de información.

Este proceso llega después de que en octubre de 2014 el mismo juzgado archivara la denuncia interpuesta por los cuatro periodistas. Al haber tardado la Audiencia Provincial ocho meses en pronunciarse, la falta de lesiones ya había prescrito al trascurrir seis meses con la causa paralizada. En aquel auto, la juez asegura que hechos investigados "son constitutivos de infracción penal", pero consideraba también que "no existen motivos suficientes para atribuir su perpetración a persona alguna determinada y por ello es procedente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, decretar el sobreseimiento provisional de estas actuaciones".

Según indicaron en su momento en rueda de prensa los afectados, al cubrir la protesta fueron golpeados cuando intentaban grabar la persecución de uno de los detenidos, a pesar de que estos llevaban consigo la acreditación colgada. Además, se le negó a uno de ellos dar auxilio a un fotógrafo agredido que se encontraba tendido en el suelo. Asimismo, denunciaron que ninguno de los policías llevaban visible el número de identificación profesional en su uniforme, en contra de lo que establece la normativa. 

En rueda de prensa, la abogada Anaïs Franquesa ha explicado que la querella va contra el agente que disparó —del que tienen imágenes pero no el número identificativo policial— y dos mandos presentes en el momento de los que sí tienen el número policial.

Ha constatado que el policía disparó a menos de 15 metros de la gente de manera directa, "siendo consciente de que ponía en riesgo la integridad de algunos de los presentes" y todo ello bajo la mirada de sus superiores.

La abogada que llevará la acusación popular en nombre de la entidad Irídia, Laia Serra, que fue la abogada de Ester Quintana—víctima de una pelota de goma que propició el debate en el Parlament para que se prohibiera su uso por parte de los Mossos d'Esquadra— ha destacado que en este caso tienen grabado al autor del disparo y saben el tipo de proyectil, por lo que prevé mucho más fácil esclarecer las responsabilidades del agente que disparó.

Roger Español ha explicado que como consecuencia del disparo ha perdido la visión del ojo, aunque gracias a una intervención quirúrgica se le ha podido salvar el globo ocular, y aparte de fuertes dolores porque tiene un hueso de la cara roto ha sufrido episodios de mareos.

Impacto directo

Ha relatado que, en el momento en que recibió el disparo, la policía estaba de retirada tras actuar en el colegio y que él caminaba en su dirección porque su casa está al lado: "No vi al policía que disparó, no tuve el reflejo de cubrirme y me impactó directamente".

Roger Español, que ese día no pudo votar, ha explicado que presentan la querella para aclarar qué le pasó y depurar responsabilidades, y ha lamentado que pese a la prohibición del Parlament del uso de las balas de goma, hayan vuelto a Cataluña: "No quiero que esto que me ha pasado a mí le pase a nadie más, no hay derecho, es demasiado fuerte como para que se vuelva a repetir".

"Quiero ser el último herido por bala de goma en todo el Estado español", ha reclamado, por lo que están en contacto con Human Rights Watch y Amnistía Internacional y quieren hacerlo con muchas otras entidades de todo el territorio español para impulsar este debate.

El Ayuntamiento se persona

El cuarto teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Asens, ha anunciado que el Ayuntamiento se personará como acusación popular y ha resaltado precisamente la voluntad de abrir el debate sobre el uso de las balas de goma.

"La agresión contra Roger concentra en sí misma toda la brutalidad del 1-O", ha valorado Asens, para quien lo ocurrido es un acto de barbarie y el episodio más negro de la jornada del referéndum.

Ha considerado que la utilización de balas de goma en Cataluña es "un insulto" a la soberanía catalana y un ataque a la decisión del Parlament de prohibir estas armas de potencial lesivo, en sus palabras.

El concejal ha puntualizado que pese a que la prohibición de este armamento no afecta a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se pueden pedir responsabilidades políticas y penales porque en los hechos concretos no se cumplieron los criterios de congruencia y necesidad, ya que en ese lugar "no se estaba produciendo ninguna alteración del orden público".

El día del referéndum atendieron a 991 personas, 214 de las cuales fueron atendidas por el Sistema de Emergencias Médicas (Sem) y las 777 restantes en centros sanitarios; mientras que en los días posteriores también se atendieron a 75 personas más como consecuencia de las lesiones producidas, lo que eleva la cifra total a 1.066 personas.

Entre las personas atendidas el día del referéndum se encuentran dos menores de menos de 11 años y 23 personas de edad superior a 79, y las heridas más comunes fueron las contusiones (43,9%) y las policontusiones (38,6%).

Durante el día del referéndum se contabilizaron 64 casos relacionados con episodios de angustia o lipotimias que se produjeron en el mismo lugar de las cargas, y que se incluyen en el total de heridos.

Los trastornos emocionales relacionados con las cargas del 1-O se han contabilizado por otro lado, en el marco de un programa especial anunciado por el conseller de Salud, Toni Comín.

El Ministerio del Interior ha enviado a Cataluña el único camión de agua antidisturbios con el que cuenta la Unidad de Intervención Policial (UIP), conocido como el "camión-botijo", aunque los Mossos d'Esquadra tienen un vehículo similar fabricado en 1994 y que nunca usaron.

Fuentes del Ministerio del Interior aseguraron al diario El País que su traslado desde Madrid es una “decisión técnica” y que su utilización para hacer frente a altercados no se contempla “en ninguno de escenarios previstos”.

El coste de su adquisición se eleva hasta los casi 350.000 euroscasi 350.000 euros y fue comprado por el Ministerio público para hacer frente a los manifestantes en el 15-M de 2014 en el marco de la entonces nueva Ley de Seguridad Ciudadana, aunque jamás se llegó a usar. Estuvo a punto de ser utilizado pocos meses después de su adquisición el 21 de marzo de 2015, con motivo de las Marchas de la Dignidad en Madrid.

La última ocasión de la que se tiene conocimiento de que fuera desplazado fue recientemente, en este caso a la frontera de Ceuta para probarlo contra los inmigrantes que saltan la valla, aunque tampoco entró en acción.

Su cañón de agua dispara 7.000 litros de agua hasta 16 bares de presión, es decir, que el chorro puede salir hasta unos 200 km por hora y podría llegar a superar los 160 metros de altura.

La función del cañón no sólo es dispersar a través de la fuerza hidráulica, sino que el vehículo viene armado con un depósito para añadir gas pimienta o lacrimógeno así como colorante, para poder identificar los manifestantes después de los disturbios y proceder a su detención.

El camión también está protegido por una protección antipinchazos con ruedas blindadas, una pala antibarricadas y un bulldozer delantero que le reduce la movilidad en calles estrechas.

Hasta ahora sólo se había utilizado de forma preventiva en grandes concentraciones, como la última final de la Copa del Rey celebrada en Madrid el pasado mes de mayo.

El vehículo fue diseñado por la empresa de seguridad israelí, Beit Alpha Technologies y desarrollado por Quatripole Ingeniería, pero nunca ha sido utilizado en acto de servicio. De hecho, la empresa vende el producto con el eslogan “El vehículo BAT su mejor herramienta para el control de disturbios” y presume en su web que más de 30 países utilizan estos vehículos.

Agentes de la Policía Nacional desalojaron este jueves a los vecinos, convocados por tercera noche por la Plataforma Pro-Soterramiento en  el barrio Santiago el Mayor (Murcia) para protestar por los planes del Gobierno de España en relación a las obras del AVE. Hubo heridos y también identificados, pero de momento no constan que haya detención alguna.

Esta tercera concentración se produce horas después de que el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, visitara Murcia para suscribir su compromiso con el soterramiento del AVE y pidiera a la Delegación de Gobierno que se tomaran las medidas oportunas para evitar más altercados en las vías del tren. Y es que los vecinos llevan varios días concentrándose en las vías e incluso cortando el tráfico, según informa Europa Press.

En rueda de prensa ofrecida en el Ayuntamiento de Murcia, De la Serna criticó, "respetando y entendiendo las reivindicaciones", la inseguridad de una concentración en las vías del tren, "algo que no se puede permitir". Así como "los actos vandálicos" generados en los últimos días con la puesta de ladrillos y restos de cemento en las vías, "que podía haber producido una tragedia".

"Todos tenemos que aportar sentido común y mesura en los comportamientos y evitar que se generen caldos de cultivo para que delincuentes y vándalos puedan poner en riesgo la seguridad de las personas", manifestó.

Así instó a la Delegación del Gobierno a que tomara "medidas para que dejen de producirse ese tipo de acciones que están generando un problema enorme para la seguridad".

Desde la Delegación de Gobierno han explicado a Europa Press que era sólo una "medida complementaria" para el control fronterizo y que no estaba claro que se llegara a usar en la ciudad autónoma.

Desde el Ministerio del Interior se barajan nuevos métodos del control del perímetro fronterizo, como el uso de drones para la vigilancia del vallado perimetral que separa la Ciudad Autónoma de Marruecos.

La tanqueta, que llegó este lunes a Ceuta a bordo de un ferry de Baleària, había pasado las pruebas de capacidad de agua en el Parque de Bomberos de la Ciudad Autónoma. El vehículo tiene capacidad para 7.000 litros de agua y está equipado con una pala contra barricadas y con un sistema antipinchazos.

Antidisturbios de la Policía Nacional desalojaron en la medianoche del sábado al domingo la nueva sede del Patio Maravillas, en el número 24 de la calle San Mateo (Madrid), colectivo que ya anunció que se movilizarán la tarde del domingo a las 18 horas en la plaza del Dos de Mayo, informa Europa Press.

"Protestamos contra el desalojo ilegal del Patio. Nunca más un Madrid sin Patio", anuncian en su cuenta de Twitter con los hashtags #ElPatioVive y #DefiendeElPatio.

Desde el Patio Maravillas explicaron este sábado que la Policía Nacional estaba entrando en la nueva sede sin mostrarles orden judicial alguna. "Es la democracia de Mariano Rajoy y sus secuaces", escribían en las redes sociales.

"Los antidisturbios han dicho abiertamente que ha sido una orden política de Delegación de Gobierno, que ellos no necesitan órdenes", añadían. "Ellos no necesitan orden judicial, con la orden política les vale. Nosotras no necesitamos permiso, con vuestro apoyo sabemos que sí se puede", contestaban desde el Patio.

La concentración de esta tarde servirá para mostrar su rechazo por un "desalojo sin orden judicial en el nuevo Patio Maravillas". "Esta es su respuesta a las iniciativas de gestión ciudadana", lamentaron.

Un millar de agentes de hasta 20 grupos de la Unidad de Intervención Policial (UIP), los conocidos popularmente como antidisturbios, formarán parte este sábado del dispositivo dispuesto por la Delegación del Gobierno de Madrid para velar por la seguridad en la sesión de investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, informaron a Europa Press fuentes policiales.

Un portavoz de la Policía Nacional explicó que el dispositivo será el "adecuado" para garantizar el correcto desarrollo tanto de la sesión de investidura como de las protestas en la calle. Incluirá el despliegue de vallas y la restricción del tráfico y de la circulación de peatones en las calles aledañas al Congreso de los Diputados.

El dispositivo, algo inferior al dispuesto en el 'Rodea el Congreso' de 2012 donde se registraron graves disturbios, se terminó de perfilar en la reunión de coordinación celebrada este viernes con la vista puesta en la manifestación "contra el golpe de la mafia" de la Coordinadora 25S, que comenzará a las 17.30 horas desde la plaza Cánovas del Castillo.

Media hora después, las Marchas de la Dignidad 22-M convocaron en este mismo punto otra manifestación con el lema "Contra la represión, amnistía. No al pago de la deuda. Pan, trabajo, techo y dignidad". Pretenden que sirva de preparación de las protestas que anunciaron en distintos lugares de España el próximo 3 de diciembre.

La delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, aseguró por la mañana que es "evidente" que los organizadores de la Coordinadora 25S "trabajan para Podemos". En este sentido, deseó que la manifestación, que no pasará por la Carrera de San Jerónimo donde se ubica el Congreso, se desarrolle "sin alterar el orden público".

El lema de esta marcha será "Ante el golpe de la mafia, democracia" y se llevará a cabo entre las 17.30 y las 21.00 horas. Comenzará en la plaza de Neptuno, a escasos metros del Congreso de los Diputados, y seguirá por el Paseo del Prado, plaza de Cibeles (sin rodearla), calle de Alcalá y Puerta del Sol. Los organizadores utilizaron un cartel en el que aparece en primer término Rajoy con una pistola humeante, acompañado por el rey y los socialistas Felipe González y Susana Díaz.

La polémica por la celebración de esta manifestación se coló este miércoles en el debate parlamentario previo a la primera y fallida votación de investidura de Rajoy. Aunque Podemos se limitó a mostrar su "simpatía" por la protesta, dirigentes y colectivos integrados en el partido de Pablo Iglesias sí ofrecieron su apoyo explícito.

Grupos de izquierda

Es el caso de Anticapitalistas, corriente crítica pero que pactó con Iglesias en el proceso abierto en Madrid, el Círculo de Podemos Pueblo Nuevo o Ganemos Madrid. También se suman organizaciones como Izquierda Unida –Alberto Garzón tratará de abandonar su escaño para participar en la protesta– o Izquierda Castellana, con las que Podemos concurrió en las pasadas elecciones del 26 de junio, y que son dos de las principales impulsoras de la manifestación convocada oficialmente por la Coordinadora 25S y autorizada por la Delegación del Gobierno.

El manifiesto de convocatoria alude a "un gobierno ilegítimo de un régimen ilegítimo". "Debemos demostrar que su régimen es pasado y que sólo nosotras desde abajo", dicen, "podemos construir un futuro". "Frente a su Congreso vacío de democracia oponemos nuestras plazas llenas de lucha", defienden.

Multas de hasta 30.000 euros

La Ley de Seguridad Ciudadana contempla multas de hasta 30.000 euros para quienes participen en concentraciones frente al Congreso de los Diputados siempre que se perturbe de forma grave la seguridad.

La conocida como 'Ley Mordaza' –cuestionada por la oposición, que pide su derogación– contempla en su artículo 36 las 23 faltas graves castigadas con una sanción de entre 601 y 30.000 euros. "La perturbación grave de la seguridad ciudadana en manifestaciones frente al Congreso, el Senado y asambleas autonómicas aunque no estuvieran reunidas" es uno de los escenarios castigados.

El Código Penal fija también la pena de hasta un año de prisión en el caso de alterar el normal funcionamiento de la Cámara Baja. "Incurrirán en la pena de prisión de seis meses a un año o multa de doce a veinticuatro meses los que promuevan, dirijan o presidan manifestaciones u otra clase de reuniones ante las sedes del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, cuando estén reunidos, alterando su normal funcionamiento", establece el artículo 494.

Alrededor de 1.200 agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) trabajarán el sábado para vigilar las Marchas de la Dignidad e impedir que se reproduzcan violentos incidentes como los del año pasado, que acabaron con un centenar de heridos, la mayoría leves y muchos de ellos policías, y 29 detenidos.

Por tanto, tal y como informaron a Europa Press fuentes policiales, se trata de un dispositivo muy importante, aunque lejos de los 1.600 agentes destinados el año pasado. La Policía prevé menos asistencia de público aunque se encuentra en alerta por la presencia de radicales de Madrid y llegados de otros provincias que quieran reventar dicha manifestación.

De hecho, desde varias webs se están convocando a grupos antisfascista, de Yeska (Juventudes de Izquierda Castellana) e independentistas de otras comunidades. Además, un grupo de anarquistas llama a la "acción directa contra el Estado y su violencia" y a vestir de negro durante la marcha.

Por ello, la Policía Nacional movilizará 25 grupos operativos de antidisturbios –que están compuestos por unos 45 agentes–, varios de ellos procedentes de fuera de Madrid. Además, contarán con el refuerzo de Policía Municipal y otros grupos de la Policía como la Brigada de Información.

La organización espera que sea "pacífica"

En una rueda de prensa ofrecida ayer miércoles, los organizadores de las Marchas por la Dignidad señalaron que vuelven a las calles del centro de Madrid "para denunciar la situación social que viven muchas familias, defender los servicios públicos, exigir que no se pague la deuda ilegítima, reclamar trabajo y salario suficiente e impulsar la futura convocatoria de huelga general para el 22 de octubre".

Habrá nueve rutas procedentes de varios puntos geográficos de España, que confluirán el sábado sobre las 18 horas en la plaza de Colón y durante todo el sábado recorrerán varios puntos de la capital mediante varias etapas.

Las nueve columnas están conformada proceden de País Vasco, Burgos y La Rioja (ruta 1); Cataluña, Aragón, Navarra y Guadalajara (ruta 2); Murcia, Comunidad Valenciana, Castilla la Mancha y sureste de Madrid (ruta 3); Andalucía, Castilla-La Mancha y el sur de Madrid (ruta 4); Extremadura, Toledo, Suroeste de Madrid (ruta 5); Asturias, Cantabria, Castilla y León (ruta 6); Canarias, Baleares, yayoflautas y centro de Madrid (ruta 7), los trenes procedentes de Galicia (ruta 8) y la denominada ruta de la Memoria Histórica.

Uno de los portavoces, Javier García, ha detallado que la movilización será "totalmente pacífica y legal", ya que ha sido comunicada a la Delegación del Gobierno, que dirige Cristina Cifuentes –candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid– en tiempo y forma. Y aseguró que habrá una dotación importante de la comisión de orden público para impedir que se dé ningún incidente.

Además, afirmó que la manifestación del año pasado acudieron cerca de 1,5 millones de personas –la Policía habló inicialmente de 50.000 para rebajarlo luego a 36.000– con un clima pacífico hasta que el Gobierno realizó una "utilización política" de los miembros antidisturbios con un acto de "rompimiento" de parte de la manifestación.

Para esta marcha, esperan menos afluencia al coincidir con un periodo electoral aunque los portavoces han asegurado que lo que se pretende es que esta movilización sea "sostenida en el tiempo". Las Marchas por la Dignidad tienen "vocación de futuro y continuidad", ha insistido otra de las portavoces, Nines Maestro.

El Juzgado de Instrucción número 30 de Madrid ha procesado a doce de las personas que fueron detenidas en los disturbios de las 'Marchas de la Dignidad' de hace un año por agredir a miembros de las Unidades de Intención Policial, a quienes lanzaron objetos, botellas y adoquines.

Así consta en un auto fechado el pasado 24 de febrero, al que tuvo acceso Europa Press, en el que el magistrado instructor acuerda cerrar la investigación y transformar las diligencias en procedimiento abreviado.

Tras este trámite procesal, se dará traslado al representante de la Fiscalía de Madrid para que formule acusación contra los procesados en la causa. Las personas señalas por el juez se sentarán en el banquillo de los acusados de un juzgado de lo penal al no superar las penas previsiblemente los 5 años de cárcel.

El juez relata que sobre las veinte horas y treinta minutos de ese día, un numeroso grupo de personas, algunas de ellas embozada con capuchas y bragas, comenzaron a lanzar infinidad de objetos, adoquines y botellas contra los integrantes de las Unidades de Intervención Policial que habían sido desplegados por diferentes zonas.

En cuanto a los procesados, el juez concreta que algunos de ellos rompieron adoquines en la esquina del Paseo de la Castellana con la calle Genova y los suministraba a otros manifestantes para lanzarlos a los agentes de la autoridad. Otros procesados lanzaron piedras contra los agentes, que algunos resultaron heridos.

En el auto, que adelantó la Cadena Ser, el magistrado destaca que no se descarta la posibilidad de que los procesados hubieran podido incurrir en delitos de desórdenes públicos, de atentado a la autoridad y de lesiones en su doble modalidad.

Sin haber recibido la notificación previa de derribo, según los afectados, con ocho furgonetas de la Policía, una ambulancia del Samur y una excavadora despertaron este viernes a las tres familias que habitaban en el número 29 de la calle de Ofelia Nieto de Madrid, en el distrito de Tetuán.

Once personas, entre ellas un periodista gráfico y un activista del Sindicato de Estudiantes, fueron detenidas durante el desalojo a primera hora de la mañana y fueron trasladados a las dependencias de la Brigada de Información de Moratalaz.

La calle de Ofelia Nieto fue acordonada y cortada al tráfico por la Policía antidisturbios y municipal. Hasta la puerta de la vivienda se desplazaron una excavadora y un camión de recogida de escombros con orden de comenzar el derribo.

La expropiación de la familia Gracia González está abierta y recurrida en varios tribunales como el Superior de Justicia de Madrid y el Tribunal Supremo. Ya en agosto de 2013 se produjo un intento de desalojo y derribo que la fuerza vecinal logró parar.

El motivo de la expropiación es que la vivienda, en la que habitan tres familias con tres menores, era la única que quedaba sin desalojar dentro del "ámbito de planeamiento del distrito de Tetuán", una extensión de 17.450 metros cuadrados objeto de una "actuación integrada" que ha afectado a 19 fincas y a 30 titulares de bienes y derechos, y que ha supuesto el realojo de quince familias. Los propietarios de la vivienda había denunciado el motivo "ridículo" para derribar la casa, pues, a su juicio, se trata sólo de "6 metros cuadrados" que se interponen en la ampliación de una acera en la calle de Sánchez Preciados, con la que hace esquina la vivienda en el número 29 de la calle de Ofelia Nieto.

La propiedad de Ofelia Nieto, 29, pertenece a la familia, que construyó la casa de dos plantas y tres viviendas "con sus propias manos" hace más de 50 años, relataba Luis de la Cruz, amigo y vecino de la familia. 

Justiprecio de menos de 400.000 euros

El Ayuntamiento reclamó el territorio en el que se encuentran las viviendas en septiembre de 2012. Se inició entonces un proceso de negociación entre los propietarios y la Administración. Las tres familias desalojadas del número 29 de la calle Ofelia Nieto dormirán en casa de familiares pero no saben qué harán en el futuro, informaron a Europa Press. Ahora se repartirán entre las tres el justiprecio de la expropiación, que no llega a 400.000 euros.

El Ayuntamiento de Madrid aseguró que persigue el "interés público" en la expropiación para "ejecutar el planeamiento aprobado", tal y como recoge un informe de la Dirección General de Gestión Urbanística, al que ha tenido acceso Europa Press.

La solicitud de exclusión total o parcial de la finca de la expropiación fue desestimada en vía administrativa y judicial. Desde el Ayuntamiento apuntan que supondría tanto "la imposibilidad de la ejecución de la urbanización prevista, como el enriquecimiento injusto" de los titulares que, sin contribuir a los costes de urbanización, verían aumentada la edificabilidad de su parcela de 487,82 a 1.625 metros cuadrados.

El justiprecio de expropiación fue fijado en 399.123,69 euros frente a los casi 900.000 euros que pretendían los interesados. Esa primera cantidad, "cuyo cobro rehusaron los titulares el 14 de noviembre de 2015", está consignada a su disposición. Por parte de los servicios de la EMVS se han mantenido reuniones para ofrecer a los afectados viviendas para el realojo y se ha solicitado la documentación necesaria, que "nunca han aportado". También se ha citado a los afectados desde Servicios Sociales "sin que comparecieran", añaden las mismas fuentes.

Resistencia y desobediencia

Al final, cinco de los detenidos este viernes en el desalojo de la casa ubicada fueron puestos en libertad, mientras que los seis restantes pasarán la noche en calabozo para pasar a disposición judicial este sábado.

Según informaron a Europa Press fuentes policiales, aquellos que quedaron en libertad fueron acusados de resistencia y desobediencia, y tendrán la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sean citados. Los otros seis están acusados por atentado contra un agente de autoridad. Las siete primeras detenciones se produjeron a primera hora de la mañana después de que, según las mismas fuentes, arrojasen gasolina a la Policía durante el desalojo de la vivienda. Sin embargo, vecinos y activistas aseguraron a través de las redes sociales que no se trataba de gasolina sino de agua.

A media mañana se produjeron cuatro detenciones más tras una refriega con la Policía después de que activistas y vecinos se encaramaran a la grúa que finalmente tiró abajo la vivienda.

El Samur, por su parte, atendió a tres personas en el lugar de los hechos. Se trata de dos policías, con contusiones leves, y un manifestante, contusionado muy leve. Ninguno de los tres necesitó ser trasladado a un centro hospitalario.

El Ministerio del Interior ha gastado en el presente año más de 650.000 euros en material antidisturbios, principalmente en elementos de protección para los miembros de la Unidad de Intervención Policial (UIP) del Cuerpo Nacional de Policía. No obstante, en estos gastos también se incluye una partida para la compra de gases lacrimógenos y botes de humo.

Estos datos figuran en el Portal de Transparencia inaugurado esta semana por el Gobierno y recogidos por Europa Press. En concreto el gasto total asciende a 654.768,9 euros de los cuales 46.282,5 euros se han invertido en la compra de al menos 5.000 artificios fumígenos (botes de humo) y un mínimo de 2.000 unidades de artificios lacrimógenos. Este material se destinará al Servicio de Armamento y Equipamiento Policial del Cuerpo Nacional de Policía.

El mayor gasto, un total de 133.920 euros, ha sido empleado en la compra de 1.395 protectores de piernas para las Unidades de Intervención Policial de la Policía Nacional. La adquisición de este tipo de prendas se convirtieron en una prioridad para el Departamento que dirige Ignacio Cosidó, especialmente después de los enfrentamientos violentos tras las Marchas de la Dignidad del pasado 22 de marzo. Se comprobó que eran muchos los agentes que resultaban heridos en esa zona del cuerpo habitualmente.

También figura el gasto de 129.600 euros en el suministro con fabricación de 400 cascos antidisturbios de color azul con sus correspondientes fundas portacascos, también para las Unidades de Intervención Policial del Cuerpo Nacional de Policía.

1.248 escudos nuevos

Un total de 93.600 euros se han destinado  a la compra de 1.248 escudos. Este es otro de los elementos de protección para los agentes antidisturbios que Cosidó se comprometió a mejorar. Actualmente son transparentes y de faldón abatible, pero el director general de la Policía anunció que serían sustituidos por unos modelos planos con una plancha de policarbonato y que serían un milímetro más gruesos que los actuales.

En sede parlamentaria anunció la compra de 300 de esos escudos, si bien en la partida recogida en el Portal de Transparencia no se especifica si el modelo o si todos son del mismo tipo. También se han comprado 448 chalecos de protección antigolpes (que no son lo mismo que los chalecos antibalas) para las UIP que han costado 127.680 euros.

Otro de los elementos de protección con los que se ha reforzado el Cuerpo Nacional de Policía son los guantes anticorte. Se han comprado 3.500 pares con un coste de 82.598,4 euros. Por último, Interior ha invertido además 41.088 euros en la compra de 300 cascos para las Unidades de Prevención y Reacción de la Policía.