La cadena pública británica BBC recortará en torno a un 10% de su plantilla de unos 21.500 trabajadores en un periodo de tres años para reducir costes, informan este miércoles los medios británicos.

El personal de la corporación de radiotelevisión fue informado de los planes en una teleconferencia en la tarde de este miércoles, sin que por el momento se sepan los detalles de las unidades o secciones donde recaerán los recortes, considerados los mayores desde 2011.

La noticia se conoce antes de que el 18 de mayo asuma el cargo de director general de la emisora el exdirectivo de Google Matt Brittin, que sustituirá a Tim Davie, quien anunció su dimisión en noviembre tras la polémica por la edición manipulada de un discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

De acuerdo con la prensa, los recortes son parte de los planes presentados en febrero para reducir costes en un 10% —unos 500 millones de libras (575 millones de euros)— en los próximos tres años a fin de abordar las "presiones financieras" que afronta la compañía.

El anuncio se produce cuando a BBC está inmersa en una negociación con el Gobierno para revisar sus estatutos, que caducan en 2027, y su método de financiación, que actualmente consiste en un canon de 180 libras anuales (más de 200 euros) que pagan los hogares británicos que cuentan con un televisor.

Como otros medios de comunicación, la BBC se enfrenta a la competencia de plataformas de contenidos digitales y a la carta, así como a la presión de empresarios y políticos británicos, sobre todo de derecha, que consideran que su actividad supone una competencia desleal al sector privado.

Brittin, de 57 años y expresidente de las operaciones de Google para Europa, Oriente Medio y África, asumirá el puesto en un momento clave para la radiotelevisión pública británica, que afronta una demanda multimillonaria presentada por Trump que ahora se discute en un tribunal de Florida.

El presidente de la BBC, Samir Shah, destacó, cuando fue nombrado en marzo, que el nuevo responsable "aporta una profunda experiencia liderando organizaciones complejas y en transformación" y lo definió como "un líder excepcional".

Por su parte, Brittin expresó sus ganas de "empezar el trabajo" en un contexto que describió como "un momento de verdadero riesgo, pero también de verdadera oportunidad".

"El Reino Unido necesita una BBC próspera que funcione para todos en un mundo complejo, incierto y en rápida evolución", señaló, para añadir que la corporación "necesita la velocidad y la energía para estar donde están las historias y las audiencias".

La salida de Davie se produjo tras la controversia por la edición supuestamente engañosa de un discurso de Trump del 6 de enero de 2021, que podía dar la impresión de que el presidente había incitado los posteriores disturbios en el Capitolio.

La BBC pidió disculpas por el programa, que se emitió antes de las elecciones estadounidenses de noviembre de 2024, pero se negó a pagar la compensación que pedía Trump, lo que derivó en una demanda por difamación del presidente.

Ya no es una cuestión de ocio sino de cultura general básica conocer a unos tipos radicados en Estados Unidos pero cuya influencia se va a dejar sentir en nuestras vidas mucho, ya lo hace, salvo que algo vire la trayectoria de las cosas.

Elon Musk se ha expuesto tanto que ha obligado a conocerle. Pero otras personalidades de su importancia permanecen fuera del conocimiento popular. Da igual la forma de acercarse, pero el documental Trump y el tecnofeudalismo, que puede verse en Movistar +, ofrece una perfecta oportunidad.

Este trabajo de la BBC One pertenece a Panorama, que emite investigaciones realizadas con buenos medios económicos y tiempo, los mejores documentales de la cadena. La que puede verse en la plataforma está dirigida por Matthew Hill. 

Este documentalista protagonizó, con otro reportaje, la crisis de la BBC por el montaje que hizo de las palabras de Trump el día del asalto al Capitolio. Se condensaron frases que dijo antes y después de la violenta toma del congreso. El presidente amenazó con demandar, cosa que no ha hecho.

Dicho esto, la pieza sobre la oligarquía tecnológica tiene todas las características de una buena investigación. Fechas y datos corroborables y un buen número de testimonios relevantes, entre muchos, Bernie Sanders, del ala izquierda del partido demócrata y Steve Bannon, líder intelectual de la extrema derecha.

Especial interés tiene el seguimiento a la figura de Peter Thiel. Asociado con Elon Musk en la plataforma de pago PayPal, se hizo multimillonario con su venta. PayPal servía para hacer transacciones al margen del Gobierno, como una avanzadilla de las criptomonedas, que cuadraban perfectamente en su pensamiento libertario.

Peter Thiel fundó después Palantir, menos sexy que Tesla o SpaceX, pero alarmantemente importante. Engordada en gran parte por los millones de la CIA, partía del reclamo de que con la tecnología empleada por PayPal para detectar el fraude se podía haber evitado el ataque terrorista del 11-S.

Así, el libertario antigubernamental acumula datos sobre los ciudadanos que proporciona a los Gobiernos. Es uno de los pilares fundamentales del ICE, la policía antiinmigración de Estados Unidos que asesina sin consecuencias y detiene a miles de ciudadanos sin garantías.

De momento, Peter Thiel se jacta de trabajar para democracias occidentales, pero nadie garantiza que siga siendo así en el futuro y el poder acumulado por su empresa le convierte en un activo estratégico.

El documental recuerda cómo el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, trabajó para Peter Thiel y cómo este lo promocionó como senador por Ohio, en una carrera política que era muy improbable.

Sorprendentemente, fue colocado en el tique presidencial junto a Trump y según una de las participantes en la pieza, Elizabeth Dwoskin, corresponsal en Silicon Valley del Washington Post, ya se está invirtiendo una cantidad importante en su candidatura a presidente del país en 2028.

Vance había dicho que temía que Trump fuera el Hitler de Estados Unidos y se retractó alegremente para convertirse en su mayor seguidor. Bajo esta contradicción que le hace parecer un don nadie se esconde otra realidad. Vance es el hombre de la oligarquía tecnológica en la Casa Blanca.

Otro de los tentáculos de Peter Thiel es David Sacks, quien había sido jefe de operaciones en PayPal. Sacks creó entre otras empresas Yammer, una especie de Facebook para empresas que vendió a Microsoft. Posteriormente aumentó su fortuna invirtiendo en varios de los mayores éxitos de las compañías tecnológicas.

Al comienzo de su segundo mandato, Trump le nombró zar de la Casa Blanca para la inteligencia artificial y las criptomonedas. El reportaje alude a la corrupción rampante de un presidente que desregula las criptomonedas y se beneficia en millones de ellas.  

La desregulación termina siendo el concepto clave de esta investigación periodística. Los tecnoligarcas han regado la campaña de Trump con cantidades obscenas de dinero. También lo han hecho hacia demócratas en múltiples ocasiones. Sanders señala la financiación de las campañas como el origen del problema.

Ese dinero vuelve en forma de contratos con la administración para algunas empresas, pero sobre todo con normas muy laxas, que son las que ponen en peligro la convivencia.

Según se cita, el Banco Mundial ha estimado que la inteligencia artificial aportará a la economía mundial 15 billones de dólares en los próximos cuatro años. Las facilidades para este círculo, si influyen en el poder político, pueden convertirles en una fuerza imparable.

Mientras estamos atentos a los tecnoligarcas que poseen redes sociales o negocios muy visibles, Peter Thiel se dedica al espionaje y la industria militar, a las que conviene el secreto. 

El documental de la BBC recuerda que lo que el propio Thiel llamaba la Mafia PayPal, un grupo de multimillonarios conectados entre sí. La revista Fortune les reunió en una sesión fotográfica en la que Peter Thiel aparecía como el padrino.

El libro La supervivencia de los más ricos, de Douglas Rushkoff, también le retrata como figura central de una élite que ante un posible colapso mundial busca sobrevivir, que ante la vejez y muerte buscan trascender a lo humano, que ante el caos y la violencia buscan un búnker desde el que ver el mundo arder. 

En este documental se alerta también del futuro que trae este sistema económico y político. Sanders y Bannon coinciden, lo que no es usual, en el peligro para la humanidad de la inteligencia artificial. Si se les une un poder político sin control el riesgo parece multiplicarse.

Desde hace unos meses puede verse en Filmin la segunda temporada de una producción con el nivel que se espera de la BBC, The Gold. El oro al que se alude fue el robado en un golpe fabuloso en 1983.

Los cacos buscaban dinero, concretamente un millón de libras, en un almacén de seguridad. Aquella noche, y solo aquella, tres toneladas de oro puro dormían en ese triste polígono industrial.

Con el atraco comienza la historia que cuenta la serie. El salto que tienen que dar los delincuentes para blanquear el botín y poder disfrutar de él. Al tiempo comienza la labor policial sabiendo que los lingotes no pueden desaparecer de golpe y una parte tiene que seguir escondida en algún lugar.

Los seis episodios que compusieron la primera temporada se estrenaron en 2023 y los siguientes se han hecho esperar hasta el año pasado. La serie estaba concebida para ser así y ahora ha saltado a los años noventa, la internacionalización del crimen y nuevas estructuras de blanqueo.

El guionista escocés Neil Forsyth comenzó en este proyecto con un equipo de documentación gracias al que encontró mucha información desconocida para el gran público. 

Pequeñas noticias poco destacadas, cuando el caso había pasado de moda, a lo largo de años, le han llevado a recopilar datos que ni siquiera conocía el investigador jefe del delito.

Con todo el material disponible, Forsyth ha creado un relato repleto de personajes interesantes que van iluminando el proceso de fundir los lingotes, blanquear ese oro y lavar el dinero que iba dando su venta. 

Dinero que iba pasando de las manos de unos cacos de barrios obreros a ejecutivos sofisticados que se movían por paraísos fiscales y operaciones inmobiliarias de gran escala. 

Entre los temas que surgen de contar los hechos el autor se fija en la diferente relación con el dinero que tienen las clases bajas y las altas y en sus en distintas formas de corromperse. Nos cuenta de cada personaje su extracción social.

La serie tiene el atractivo de contar unos hechos muy basados en los reales y con un estupendo reparto. Por el lado policial encabezado por ese clásico del cine y la televisión del Reino Unido que es Hugh Bonneville, protagonista de Downton Abbey.

Interpreta a un oficial incorruptible, hombre necesario para un trabajo en el que la tentación del oro también podría suponer un gran problema. El verdadero Brian Boyce.

Ha dado su visto bueno a esta serie, en privado a sus integrantes, ya que se trata de una persona muy reservada.

En la primera temporada lideraba el reparto por parte de los criminales el actor Jack Lowden, quien le aporta el humor que ya conocemos los seguidores de Slow Horses, donde encarna al afanoso River. 

En la segunda tanda va ganando peso el personaje de John Palmer interpretado por Tom Cullen, un fundidor de oro que pasa del negocio legal a ser cómplice del crimen.

Esta segunda temporada se filmó en parte en Tenerife, que representa ser al menos cinco países, todos los que implican buen clima. Y una buena ocasión para mostrar el vestuario veraniego de nuevo rico de los criminales. 

En estos últimos episodios se condensa parte de la información que ha llegado a conocerse de un dinero cuyo rastro llegó, por ejemplo, a los Papeles de Panamá, donde se vio la telaraña de sociedades construidas para despistar a las autoridades. La parte de oro fundida y vuelta al mercado fue tal que se dice que no existe joya en Reino Unido que no contenga al menos una parte de lo sustraído en el robo. 

La serie comienza con unos ladrones de poca monta a los que persigue toda la policía y va girando a unos criminales sofisticados que nadan en dinero y a los que una pequeña unidad, cada vez más relegada, tiene que hacer frente. David se convierte en Goliat y a la inversa.

La filosofía de Neil Forsyth, el autor del guion, reside en priorizar la historia. Explica que tener personajes apasionantes sin retos a la altura no dice nada. En cambio, los personajes crecen con un desarrollo dinámico, poniéndoles ante circunstancias interesantes.

Los expertos en el servicio público de radiodifusión siempre citan dos maneras de acabar con los medios de comunicación de todos. La corta, que apela directamente a su cierre o a su privatización, y la larga, que pasa por someterlos a un férreo control político. En España, al menos hasta ahora, la ultraderecha de Vox —y la derecha extrema del PP— apuestan por la segunda. En Alemania, Francia y el Reino Unido, en cambio, la hoja de ruta es la primera. Pero todas tienen puntos en común que revelan el objetivo del extremismo reaccionario en el viejo continente, a menudo con la vista puesta en los pasos que ya ha dado Donald Trump en Estados Unidos en nombre de la misma ideología.

La ofensiva de Alternativa para Alemania (AfD), liderada por Alice Weidel, contra los medios públicos no es un ajuste técnico ni una discusión presupuestaria: es una estrategia política de desmantelamiento de uno de los principales contrapoderes institucionales del país.

De cara a las elecciones federales del año pasado, el partido ultra presentó la reestructuración radical del sistema de radiodifusión pública —ARD, ZDF y Deutschlandradio— como un objetivo prioritario de su programa, con una propuesta que combinaba recorte estructural, redefinición ideológica y vaciamiento de la función social del servicio público.

El eje central de su plan, que sigue en vigor, a la espera de una oportunidad de hacerlo realidad desde el Gobierno federal, es la abolición total del canon obligatorio por hogar —18,36 euros mensuales— que financia actualmente el sistema.

La AfD lo denomina “GEZ-Zwangsabgabe”, una “tasa coercitiva” que, según su relato, obliga a los ciudadanos a sostener una “ideología unilateral” contraria a la cultura tradicional alemana. No se trata solo de una crítica al modelo de financiación, sino de una impugnación explícita del principio mismo de servicio público universal, concebido como garante del pluralismo y la cohesión democrática.

En sustitución del sistema actual, la AfD propone la creación del llamado Grundfunk, un “servicio básico mínimo” que reduciría drásticamente el alcance, la ambición y la presencia social de los medios públicos en Alemania.

La programación quedaría limitada a noticias, contenidos culturales y emisiones regionales, eliminando por completo el entretenimiento de alto presupuesto y las retransmisiones deportivas.

Además, el plan incluye una fuerte reducción —cuando no supresión— de las plataformas digitales y los servicios bajo demanda, justo en un momento en que el consumo informativo se desplaza aceleradamente hacia el entorno digital.

Este adelgazamiento no es solo funcional, sino simbólico: el objetivo declarado es transformar un sistema universal en un proveedor de nicho, con una huella mínima en la conciencia nacional.

Un cambio que debilitaría la capacidad de los medios públicos para fijar agenda, llegar a públicos diversos y actuar como espacio común de referencia informativa.

El marco ideológico que da sentido a la reforma es la Leitkultur alemana, un concepto que la AfD utiliza para contraponer la “cultura tradicional” a lo que denomina valores progresistas, “woke” o de izquierdas, que considera dominantes en la programación actual.

En la práctica, esto supone sustituir el mandato de pluralismo y diversidad por una “diversidad de opinión” alineada con sus propios valores identitarios. El pluralismo deja de ser un fin en sí mismo para convertirse en una noción condicionada ideológicamente.

La propuesta del Rassemblement National (RN) de Marine Le Pen para los medios públicos franceses supone un salto cualitativo respecto a otras estrategias de control o presión política: no plantea reformar el sistema, sino desmantelarlo mediante su privatización total.

El plan, defendido públicamente por el presidente del partido, Jordan Bardella, apunta a una reestructuración profunda tanto en términos fiscales como ideológicos, con el objetivo declarado de reducir el gasto público y, de forma menos explícita, alterar el equilibrio del ecosistema mediático francés.

La iniciativa se articula en torno a una privatización gradual de los principales medios públicos nacionales, incluidos los canales y emisoras que integran France Télévisions.

Según Bardella, la venta de estas redes permitiría generar un ahorro estimado de 3.000 millones de euros anuales para el Estado, aunque el proceso no se llevaría a cabo de manera inmediata, sino de forma progresiva. El argumento económico funciona aquí como palanca de legitimación de una operación que, en realidad, tiene consecuencias estructurales sobre el acceso universal a la información.

Uno de los elementos más reveladores del plan es la distinción entre medios nacionales e internacionales. El RN propone privatizar los canales de mayor audiencia y presencia en la vida cotidiana de los ciudadanos —France 2, France 3 y France Info—, mientras que plantea mantener bajo control estatal aquellos medios vinculados a la proyección exterior de Francia.

En este segundo grupo se incluyen France 24, Radio France Internationale (RFI), el canal Arte —por su estatus derivado de un tratado con Alemania— y los medios destinados a los territorios de ultramar.

Esta separación no es técnica, sino política. El RN asume que los medios públicos son prescindibles como servicio interno, pero indispensables como herramienta de influencia internacional y diplomática.

El pluralismo informativo doméstico se considera un coste; el soft power, una inversión estratégica. El resultado es una concepción instrumental del servicio público, reducido a su utilidad geopolítica.

Siguiendo la pauta de la AfD en Alemania, el RN sostiene que los medios públicos se han convertido en espacios dominados por ideologías “progresistas”, “woke” o de izquierda, hostiles a su proyecto político.

Desde esa premisa, la privatización se presenta como una forma de “liberar” las ondas y favorecer una mayor pluralidad. Sin embargo, el efecto previsible no es la neutralidad, sino el traslado del poder informativo al mercado, donde la lógica comercial sustituye al mandato de servicio público y la diversidad depende de la rentabilidad.

El contexto financiero refuerza la fragilidad del sistema. La eliminación del canon televisivo en 2022 dejó a los medios públicos franceses dependientes de un mecanismo de financiación basado en una parte del IVA, cuya vigencia expira en 2025.

Esta incertidumbre presupuestaria actúa como acelerador político: el RN aprovecha la debilidad estructural para presentar la privatización como una salida “realista” a un problema creado, en parte, por decisiones previas de política fiscal.

En el Reino Unido, la estrategia de Reform UK, el partido liderado por Nigel Farage, hacia la BBC no se plantea tampoco como una reforma puntual ni como una modernización del servicio público, sino como un desmantelamiento deliberado de su modelo fundacional.

En su manifiesto electoral de 2024, Our Contract with You, Farage traza una hoja de ruta destinada a forzar a la corporación a abandonar su estatus de institución nacional protegida y a competir en el mercado como un operador comercial más, privado y condicionado por la lógica de la suscripción.

El eje central de la propuesta es la abolición total del canon televisivo, una licencia anual obligatoria de 174,50 libras para cualquier hogar que consuma televisión en directo. En sintonía con la AfD, Reform UK justifica esta eliminación no solo en términos económicos, sino ideológicos, acusando a la BBC de estar “institucionalmente sesgada”.

El canon, que históricamente ha garantizado la independencia financiera de la corporación frente al Gobierno y el mercado, es presentado como un privilegio injustificado que debe desaparecer.

En sustitución de la financiación pública, el partido propone transformar la BBC en una plataforma basada en suscripciones voluntarias. Este cambio obligaría a la radiotelevisión pública a competir directamente con gigantes del entretenimiento global como Netflix o Disney+, desplazando su lógica de funcionamiento desde el servicio universal hacia la captación de clientes.

El acceso a la información dejaría de ser un derecho vinculado a la ciudadanía para convertirse en un producto condicionado por la capacidad de pago.

Este viraje económico iría acompañado de una reducción drástica del mandato editorial. Reform UK plantea que la BBC abandone la programación de entretenimiento, artes y contenidos culturales para centrarse exclusivamente en noticias e información.

En la práctica, esto supondría amputar una parte sustancial de su función social y cultural, y eliminar aquellos contenidos que históricamente han contribuido a construir un espacio común de referencia para la sociedad británica.

El componente ideológico del plan aparece de forma explícita en su apuesta por un enfoque editorial “patriótico”. Bajo una administración alineada con Reform UK, la noción de imparcialidad —pilar histórico de la BBC— sería sustituida por una orientación que priorice una narrativa nacional alineada con los valores del partido.

El que ya ha pasado de la teoría a la práctica es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, líder oficioso y modelo a seguir de los ultras europeos. Durante el primer año de su segunda administración ha impulsado una reconfiguración agresiva del ecosistema mediático público que responde, en gran medida, a las directrices del denominado Proyecto 2025: concentrar poder en el Ejecutivo y neutralizar lo que el Gobierno define como “sesgo ideológico” en las instituciones informativas.

Las primeras medidas ejecutadas apuntaron al núcleo del sistema federal de medios internacionales. En marzo de 2025, Trump firmó la Orden Ejecutiva 14238, que ordenaba el desmantelamiento de las funciones “no estatutarias” de la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales (USAGM), responsable de supervisar redes como Voice of America (VOA) o Radio Free Asia. Más de 1.300 empleados fueron enviados a licencia administrativa, se cerraron transmisores y se suspendieron subvenciones.

El caso de VOA resultó especialmente simbólico: su señal informativa fue sustituida temporalmente por contenidos de One America Network (OAN), una cadena comercial abiertamente alineada con Trump.

La ofensiva continuó en el ámbito doméstico. En julio de 2025, el presidente firmó una ley de rescisión presupuestaria que canceló 1.100 millones de dólares destinados a la Corporación para la Difusión Pública (CPB) para los ejercicios fiscales 2026 y 2027.

Aunque NPR y PBS son formalmente entidades privadas, dependen de la CPB para canalizar fondos a más de 1.500 emisoras locales. El impacto ha sido inmediato y desigual: una de cada cinco estaciones de NPR se enfrenta al cierre, especialmente en áreas rurales donde la financiación federal cubría entre el 50 % y el 70 % de los presupuestos operativos.

El resultado es un proceso de liquidación financiera y captura ideológica del modelo de medios públicos estadounidense. Un sistema concebido para garantizar información accesible y plural está siendo sustituido por un entramado fragmentado, debilitado o directamente subordinado al poder ejecutivo.

En España, a diferencia de Alternativa para Alemania (AfD), Vox no ha formulado un proyecto programático tan sistematizado y explícito para los medios públicos. Sin embargo, lo ocurrido allí donde el partido de Santiago Abascal ha tenido ocasión de gobernar, en particular en las comunidades autónomas en las que compartió tareas ejecutivas con el PP, identifica un patrón de comportamiento que ofrece una pista clara sobre su concepción del papel de los entes públicos de comunicación.

Uno de los ejes fundamentales de esta estrategia es la alteración de las reglas de control institucional. Vox —y el PP— ha impulsado o respaldado reformas legales en varias comunidades autónomas destinadas a rebajar los umbrales de votación necesarios para nombrar a los órganos directivos de las radiotelevisiones públicas. El paso de mayorías cualificadas —habitualmente de dos tercios— a mayorías simples elimina la necesidad de acuerdos amplios con la oposición y permite que el Gobierno de turno imponga sus nombramientos sin contrapesos. El consenso, concebido como garantía de independencia, es sustituido por la lógica de la mayoría coyuntural —algo que, por otra parte, también ha impulsado el Gobierno de España con el apoyo de sus socios en el Congreso para saltarse los vetos del PP a la hora de hacer nombramientos en RTVE—.

A partir de ese cambio estructural, se ha llevado a cabo una segunda fase centrada en la reconfiguración interna de los medios. En diferentes territorios se han llevado a cabo remodelaciones en las redacciones que han derivado en la marginación de periodistas críticos y en una presión editorial orientada a suavizar la cobertura informativa de las administraciones conservadoras.

o se trata necesariamente de censura explícita, sino de un clima de disciplina profesional que altera el ejercicio cotidiano del periodismo.

Estas dinámicas han tenido consecuencias medibles. Organismos de vigilancia internacional, como State Media Monitor, han degradado a varios entes autonómicos a la categoría de “Bajo control estatal”. El diagnóstico es sencillo: la interferencia política ha aumentado hasta el punto de convertir a medios concebidos como servicios públicos en instrumentos dóciles frente al poder político.

Vox, igual que sus homólogos de otros países, justifica este conjunto de intervenciones bajo la premisa de que los medios públicos están “capturados” por ideologías de izquierda o separatistas. Desde ese diagnóstico, plantea la necesidad de un “reset” ideológico que alinee la programación con lo que considera valores nacionales.

Las propuestas impulsadas por partidos de extrema derecha para reformar o desmantelar los medios públicos chocan frontalmente con el Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés), aprobado para reforzar la independencia editorial, la transparencia y el pluralismo informativo en los Estados miembros.

Lejos de ser un debate ideológico abstracto, muchas de estas iniciativas vulneran de forma directa varios de los principios jurídicamente vinculantes que establece la EMFA, especialmente en lo relativo a la independencia de los medios de servicio público.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tildó a la cadena pública BBC de "corrupta" y aseguró que tiene la "obligación" de demandarla por difamación, en una entrevista exclusiva con la televisión británica GB News emitida este sábado.

Durante una conversación en la Casa Blanca con la periodista británica Bev Turner, el mandatario estadounidense prometió continuar con las acciones legales contra la BBC por la forma en la que editó un discurso pronunciado en enero de 2021, pese a las disculpas formales emitidas por la cadena y tras desencadenar la dimisión de varios altos cargos de su cúpula directiva.

La periodista de GB News -cadena de corte conservador- atribuyó a Trump la creación del término 'fake news' (noticias falsas) hace más de una década y le preguntó hasta dónde estaba dispuesto a llegar en su litigio contra la BBC.

"El término 'fake news' era genial, pero no es suficiente fuerte. Me gustaría que fuera más potente. La palabra 'falso' es una cosa, pero esto va más allá. Lo que hicieron es corrupto", dijo Trump, en referencia a la mala praxis atribuida a la radiotelevisión pública británica.

"Mira, no busco meterme en demandas judiciales, pero creo que tengo la obligación. Esto fue muy flagrante y si no lo haces no evitas que ocurra de nuevo con otras personas. Creo que probablemente estoy obligado. Me gustaría averiguar por qué lo hicieron", agregó.

"La parte positiva de los litigios es que lo descubriremos. ¿Cuántas más veces lo han hecho? Quizás me lo hicieron bastante", continuó el jefe de la Casa Blanca.

Después de grabar la entrevista con Turner, pero antes de su emisión, Trump elevó la presión contra la BBC en declaraciones a medios de comunicación a bordo del Air Force One: "Les vamos a exigir una cantidad entre 1.000 millones y 5.000 millones de dólares (entre "860 y 4.300 millones de euros)", comentó.

El pasado fin de semana, el diario británico 'The Daily Telegraph' dio a conocer la edición manipulada de un discurso de Trump del 6 de enero de 2021, emitida en el programa documental 'Panorama' en octubre de 2024, donde parecía que el presidente estadounidense alentaba directamente a la insurrección contra el Capitolio.

La noticia causó una enorme controversia en el Reino Unido y provocó la dimisión del director ejecutivo de la cadena, Tim Davie, y de su jefa de informativos, Deborah Turness.

Posteriormente, 'The Daily Telegraph' se hizo eco un nuevo ejemplo de edición manipulada en 'Newsnight', otro programa diferente de la cadena, emitido en junio de 2022, ante lo que un portavoz del equipo legal de Trump tildó como un "patrón de difamación".

Trump inicialmente había establecido tres condiciones para no interponer una demanda por difamación a la BBC, entre las que se incluían una "retractación clara y completa" de lo afirmado en el documental, una petición de disculpas y una "compensación apropiada" antes del pasado viernes.

La noche del jueves, un día antes que se cumpliera el últimatum, la BBC se disculpó por carta ante Trump y dijo "lamentar" la edición del documental y aseguró que no se volvería a emitir, pero precisó que estaban en "completo desacuerdo con que existan motivos para una denuncia por difamación".

En la entrevista con GB News, Trump también hizo referencia a la misiva: "Me han escrito una carta de disculpa, una bonita carta. Se disculpan, pero si dices que no era intencional, no estás pidiendo perdón, ¿verdad?. Mira, yo hice un bonito discurso y ellos lo convirtieron en algo que no era bonito".

“No se equivoquen, esto fue un golpe de Estado”. “Quien crea que esto se reduce a un fragmento de 12 segundos emitido en [el programa] Panorama hace más de un año, del que ningún espectador se quejó, no está leyendo la noticia completa”. Ambas frases, pronunciadas por fuentes internas anónimas de la BBC y reproducidas por The Guardian este martes, resumen a la perfección la dimensión de la embestida organizada por la derecha británica contra la emisora pública, ejemplo en todo el mundo de periodismo independiente y espejo en el que, durante décadas, se han mirado todas las radios y televisiones públicas deseosas de trabajar libres de las indicaciones de los gobiernos de turno.

Las dimisiones del director de la cadena, Tim Davie, y de la directora de informativos y máxima responsable de BBC News, Deborah Turness, anunciadas este domingo, se produjeron oficialmente como consecuencia de la emisión de un documental en el que supuestamente se había manipulado un discurso del presidente de EEUU. Donald Trump. Pero eso es solamente la espuma de lo que está pasando por debajo.

En realidad, el discurso de Trump que recortó el documental no fue manipulado. Simplemente, con mejor o peor acierto, fue editado para sintetizar las frases en las que Trump, el 6 de enero de 2011, animaba a sus seguidores a acudir al Capitolio para bloquear las elecciones que dieron la victoria a Joe Biden. Una marcha que acabó con cinco personas muertas y más de 140 agentes heridos.

De hecho, la responsabilidad de Trump sobre aquellos hechos (ese día repitió que le habían “robado” las elecciones, exhortó a sus seguidores a “marchar hacia el Capitolio” para “detener el robo” y, aunque en una frase pidió hacerlo “pacífica y patrióticamente”, su tono general del discurso —combativo y desafiante— fue interpretado por muchos asistentes como una incitación a la acción directa) está tan acreditada que, en su momento, el entonces expresidente llegó a ser investigado judicialmente después de que un gran jurado federal le imputase por varios delitos relacionados con la interferencia electoral y conspiración para defraudar a EEUU.

El director saliente de la BBC reconoció este martes haber cometido “algunos errores que nos han costado caro”, pero llamó a los periodistas de la cadena a defender su trabajo. “Somos una organización única y valiosa y veo a la prensa libre bajo presión, veo cómo se la instrumentaliza. Creo que debemos luchar por nuestro periodismo. Estoy muy orgulloso de nuestro trabajo y la increíble labor que realizamos a nivel local y global es absolutamente incalculable”, declaró a las puertas de la emisora pública.

El foco ahora mismo está sobre el chantaje planteado por Trump: si no le piden disculpas, rectifican el documental y le compensan económicamente con una cantidad de dinero que no ha concretado, el viernes demandará a la emisora pública británica por 1.000 millones de dólares. Una suma disparatada que reproduce la estrategia de amenaza que tan buen resultado le ha dado al presidente de EEUU para someter en el pasado a medios y plataformas estadounidenses, desde la ABC de Disney a YouTube, pasando por CBS/Paramount, Facebook y Twitter, cuando aún no era propiedad de Elon Musk.

En realidad, y más allá del inquilino de la Casa Blanca, la caída del director general y de la directora ejecutiva culmina la presión creciente sobre las emisoras públicas en un contexto político cada vez más escorado hacia el extremismo conservador. Una de las primeras medidas de Trump fue precisamente dejar sin fondos a la PBS, la televisión pública de EEUU, considerada también un modelo de independencia. De hecho, investigaciones académicas demuestran que “los estadounidenses confiaban en PBS precisamente porque está financiado públicamente, no a pesar de ello”.

Lo cierto es que la BBC lleva tiempo bajo asedio, acusada primero por supuesta falta de transparencia en relación con un documental sobre Gaza y de otras prácticas poco profesionales. Pero la verdad es que la controversia tiene lugar en medio de durísimas negociaciones sobre su financiación. Detrás del ruido sobre el documental acerca de Trump, está el pulso entre quienes quieren que la BBC vire hacia posiciones más afines a la derecha y quienes desean preservar su autonomía periodística.

Hay evidencias sobre todo ello. Según The Guardian, la ofensiva contra los dos cargos que han dimitido fue liderada desde dentro del consejo de administración por Robbie Gibb, exjefe de comunicaciones de Theresa May, exprimera ministra conservadora, quien también ayudó a fundar el canal de noticias de derechas GB News. 

Gibb maniobró después de que un informe interno, elaborado por Michael Prescott, un asesor externo de la cadena con un historial profesional vinculado al The Times del magnate Rupert Murdoch –aliado desde hace años de Trump–, fuese filtrado al diario conservador The Daily Telegraph.

Y es que el trasfondo político de esta crisis tiene sus raíces en la época de Boris Johnson en el Gobierno, cuando empezó a fraguarse toda una estrategia de descrédito del buque insignia del periodismo profesional británico con la intención de modificar la postura de una emisora que la derecha británica considera desde hace años demasiado liberal y de izquierdas.

La actuación más o menos coordinada de Prescott, Gibb, la prensa de Murdoch y el propio Trump —así lo ve al menos una parte de los trabajadores de la emisora— ha conseguido forzar la dimisión de la directora de informativos y, de paso, aunque no lo esperaban, la del director general, dejando a la BBC en una situación de máxima debilidad en medio de un escenario político y mediático dominado por las incertidumbres.

Lo que está pasando con la BBC refleja la vulnerabilidad de los medios públicos ante la presión política y mediática, los intentos de instrumentalizar sus errores, existan o no, y el peligro que corren, en todas partes, de perder su independencia editorial.

En el mundo anglosajón es bien conocido el caso de la australiana ABC, también pública, sometida a enormes presiones y recortes en los últimos años que han puesto en peligro su continuidad.

RTVE no es ajena a esta ofensiva, especialmente desde que la gestión de su presidente, José Pablo López, empezó a dar frutos y la emisora pública reconectó con la audiencia. 

PP y Vox combaten abiertamente los programas de actualidad que han llenado la parrilla de La 1 e incluso formatos de entretenimiento como La Revuelta, que no pueden controlar y en los que a diario se cuestionan las estrategias de ambos partidos, en particular la desinformación que difunde la extrema derecha.

Hace tiempo que ambas formaciones no detallan cuáles son sus planes para RTVE en el supuesto de que lleguen al poder. En el pasado han coqueteado abiertamente con la idea de cerrarla o privatizarla, pero lo ocurrido en las comunidades autónomas en las que gobiernan revela que, al menos a corto plazo, sus planes pasan por someterlas a un férreo control y dependencia política. 

Es lo que sucede en estos momentos en la gallega TVG, la andaluza Canal Sur o la valenciana À Punt, por citar tres ejemplos en los que las correas de transmisión entre los gobiernos autonómicos y sus medios públicos están bien acreditadas.

En todo caso, lo que las formaciones de la derecha no ocultan —lo hacen cada vez que hay comisión de seguimiento en el Congreso— es su intención de echar de RTVE a los periodistas sobre cuya responsabilidad descansan los programas que han logrado levantar la audiencia de la televisión pública después de años muy por debajo de sus competidoras privadas, primero Telecinco y ahora Antena 3, ambas claramente alineadas con los intereses conservadores.

Todo esto ocurre cuando la BBC sigue siendo la marca de noticias que más confianza suscita entre los británicos. Así lo acredita YouGov, una empresa británica de investigación de mercados y encuestas de opinión que recopila datos sobre política, consumo y tendencias sociales a nivel global, según la cual confiándooslos en ella el 60 % de los ciudadanos del Reino Unido.

RTVE no está muy lejos de esas cifras, al menos entre quienes siguen sus informativos, un 56,2 % de los cuales los consideran objetivos. Son datos de la última encuesta del Panel de Hogares llevada a cabo por la CNMC, según los cuales, sin embargo, cuando los encuestados son todos los españoles las cifras son mucho menores: el 27,5 % se mostró bastante o muy de acuerdo con que RTVE es objetiva, mientras que el 25,2 % opinó lo contrario. Un dato que tiene un peso muy relativo, porque uno de cada tres encuestados no se pronunció ni a favor ni en contra.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, amenazó este lunes a la BBC con una demanda "por no menos" de 1.000 millones de dólares si no se retracta para el próximo viernes de las declaraciones "difamatorias" en contra suya, tras la polémica suscitada por la edición de un documental sobre el asalto al Capitolio en enero de 2021.

"Si la BBC no cumple con lo anterior antes del 14 de noviembre de 2025 a las 5:00 p.m. hora del Este de EE.UU., el presidente Trump no tendrá más alternativa que hacer valer sus derechos legales y equitativos,(...) incluyendo el iniciar una acción legal por no menos de 1.000 millones de dólares en daños y perjuicios", advierte el abogado personal de Trump, Alejandro Brito, en una carta enviada a la corporación británica.

Brito insistió en la misiva que la BBC "ha sido notificada" de las amenazas legales en respuesta a reportes sobre documentos internos de la empresa pública que indicaban que el conocido programa Panorama habría editado un discurso de Trump de modo que parecía que alentaba directamente el asalto de sus seguidores al Capitolio.

El escándalo resultó en la dimisión este domingo del director general de la cadena, Tim Davie, y la directora de informativos y máxima responsable de BBC News, Deborah Turness.

En la carta, el abogado del presidente calificó de "falsa" la representación de Trump en el documental y afirmó que las declaraciones "difamatorias, maliciosas, denigrantes y provocativas" fueron "publicadas deliberadamente para desprestigiar" al mandatario.

"El desprecio imprudente de la BBC hacia la verdad subraya la verdadera malicia detrás de la decisión de publicar contenido erróneo", agrega Brito.

Entre las exigencias de Trump para descartar la demanda se incluyen "la retractación inmediata, completa y justa del documental" y otras declaraciones consideradas engañosas, "en forma tan visible como su publicación original". También pide la "emisión inmediata de una disculpa" y la "compensación adecuada al presidente Trump por el daño causado".

Un portavoz de la BBC confirmó la recepción de la carta y adelantó que responderán "directamente a su debido tiempo".

El presidente de la corporación, Samir Shah, dijo este lunes, antes de conocerse la amenaza de Trump, en una entrevista a la BBC que desconocía la existencia de las amenazas legales, aunque aseguró que Trump es "un tipo muy contencioso", por lo que la cadena está "preparada para cualquier escenario".

La cadena británica BBC ha anunciado este domingo la suspensión de un presentador que está siendo investigado por pagar a un adolescente miles de euros a cambio de imágenes de contenido sexual, ha hecho saber el ente en un comunicado que recoge Europa Press. El presentador ha sido identificado como un hombre mientras que no se ha dado a conocer ningún otro detalle sobre la identidad del adolescente.

Una investigación del tabloide The Sun ha desencadenado en las últimas horas una vorágine de reuniones como la mantenida por la ministra de Cultura, Lucy Frazer, con la cúpula directiva de la cadena británica.

"Acabo de hablar con el director general de la BBC, Tim Davie, sobre las acusaciones, profundamente preocupantes, que involucran a uno de sus presentadores. Me ha asegurado que la BBC está investigando con rapidez y sensibilidad", ha hecho saber la ministra en su cuenta de Twitter. "Dada la naturaleza de las acusaciones, es importante que la BBC tenga ahora el espacio para llevar a cabo su investigación, establecer los hechos y tomar las medidas apropiadas. Me mantendré informada", ha añadido.

En el mismo comunicado en que anuncia la suspensión del presentador, la cadena asegura que cuenta con "sólidos procesos internos para tratar de manera proactiva" con tales acusaciones. "Estamos ante un conjunto de circunstancias complejas, en constante evolución, y la BBC está trabajando lo más rápido posible para establecer los hechos a fin de informar adecuadamente los próximos pasos apropiados", hace saber la cadena.

La BBC confirma que recibió por vez primera una queja al respecto en mayo y que el pasado jueves "fueron presentadas nuevas denuncias de diferente naturaleza".

La cadena se limita a decir sobre la identidad del individuo que "un miembro masculino del personal ha sido suspendido" —la propia página web de la cadena le describe como un presentador, más allá de la nota oficial— y espera estar "en condiciones de proporcionar una actualización adicional en los próximos días a medida que continúa el proceso".

El presidente de la radiotelevisión pública británica BBC, Richard Sharp, ha presentado este viernes su dimisión tras facilitar un préstamo a Boris Johnson antes de que el entonces primer ministro del país le nombrara a cargo del ente, ha informado Europa Press.

Sharp, ex empleado de las entidades financieras JP Morgan y Goldman Sachs, ha reconocido que facilitó un préstamo por valor de 800.000 libras (unos 900.000 euros) a Johnson en lo que se trató de una violación a priori —y, en sus palabras, "involuntaria"— del código de conducta de la BBC.

Un informe de conducta sobre Sharp ha revelado, concretamente, dos conflictos de intereses: primero, que Sharp informó a Johnson que quería el cargo antes de presentar oficialmente en noviembre de 2020 su candidatura y, en segundo lugar, que presentó al millonario canadiense Sam Blyth al entonces secretario del gabinete de Gobierno, Simon Case, para "ayudar (a Johnson) en sus finanzas personales.

"En retrospectiva, ojalá se me hubiera ocurrido mencionar este posible conflicto de intereses", ha declarado Sharp en una entrevista concedida a la propia BBC, "y me gustaría pedir disculpas por este desliz, por involuntario que fuera, y por la distracción causada".

Sharp, en relación a la cuestión del préstamo, ha reiterado que actuó de "buena fe" y que recordó al secretario del gabinete las normas de nombramientos en todo momento.

La junta de la radiotelevisión pública británica, por su parte y en un comunicado oficial, ha confirmado que ha aceptado la dimisión de Sharp, a quien describen de todas maneras como una "persona íntegra" que ha cumplido las funciones de su mandato, como supervisor del medio y garante de su independencia.

"Ha sido un verdadero defensor de la BBC y de su misión, y del por qué esta corporación en un activo que no tiene precio para el país, tanto dentro como fuera de sus fronteras", añade la nota.

Sharp permanecerá en su cargo de forma interina hasta que su dimisión se haga efectiva en junio.

La cadena de televisión pública británica BBC ha anunciado que el exfutbolista Gary Lineker volverá a presentar este fin de semana su programa Match of the Day tras apartarlo temporalmente por criticar en Twitter la nueva política migratoria del Gobierno, aunque ha anunciado una revisión de la guía que regula el uso de redes sociales para empleados, informa Europa Press.

"Me alegra de que hayamos encontrado una salida. Respaldo esta revisión y estoy deseando volver", ha dicho Lineker, que la semana pasada tachó de "cruel" la reforma impulsada por el Ejecutivo de Rishi Sunak, añadiendo que el lenguaje "no dista del utilizado por Alemania en los años 30".

Tras la polémica generada por su cese temporal, el director general de la BBC, Tim Davie, ha reconocido este lunes en un comunicado que ha sido "un periodo difícil" para todos los trabajadores y espectadores y ha asumido que la guía que la cadena aplica desde 2020 sobre redes sociales puede tener "zonas grises" que deriven en "confusión".

Por ello, un experto independiente se encargará de revisar el texto, aunque Lineker podrá recuperar su puesto —es el presentador mejor pagado de la BBC— a partir del próximo sábado. "Gary es una parte valiosa de la BBC y sé cuánto significa la BBC para Gary", ha apuntado el director.

Davie también ha reconocido en su nota la importancia de la "imparcialidad", tanto para la propia cadena como para la audiencia, por lo que confía en encontrar un equilibrio entre este compromiso y otras cuestiones como el derecho de los ciudadanos a recibir opiniones de distinto tipo o la mera "libertad de expresión".

La cadena de televisión pública británica BBC ha apartado a uno de sus presentadores más reconocidos, Gary Lineker, del programa deportivo que conducía desde 1999, a raíz de sus comentarios contra la propuesta de ley para frenar el flujo migratorio en el canal de la Mancha del Gobierno de Reino Unido, que el presentador opinó en su cuenta de Twitter, utiliza un lenguaje similar al de la Alemania nazi, recoge Europa Press.

Lineker, estrella del fútbol de la selección inglesa y del FC Barcelona durante su juventud, era hasta ahora el presentador mejor pagado de la BBC. El martes expresó en su cuenta personal de la red social su rechazo a la reforma: "Esta es una política inmensamente cruel dirigida a las personas más vulnerables, usando un lenguaje que no dista del utilizado por Alemania en los años 30".

La cadena ha mantenido desde entonces conversaciones con el presentador, que se ha negado a retractarse de sus palabras, y este viernes ha decidido que Lineker "dará un paso atrás" y no presentará el programa Match of the Day de este sábado, en palabras de la BBC, "hasta que lleguemos a una acordada y clara posición sobre su uso de las redes sociales".

"Nunca hemos dicho que Gary tuviese que ser una zona libre de opiniones, o que no pueda tener opiniones en temas que son importantes para él, pero hemos afirmado que debería alejarse de tomar partido en temas relativos a partidos políticos o controversias políticas", añade el comunicado de la BBC.

Por el momento, el resto de presentadores del programa han informado a la BBC de que no participarán en la emisión de este sábado por "solidaridad" con su compañero, que es conocido en la esfera británica por su posicionamiento público en favor de la acogida de refugiados y solicitantes de asilo. Los exfutbolistas y colaboradores Ian Wright y Alan Shearer han expresado su solidaridad con Lineker, como también lo ha hecho la periodista deportiva y exjugadora del Arsenal femenino Alex Scott, también presentadora de los programas Football Focus y Final Score. La presentadora deportiva Kelly Somers tampoco ejercerá su labor en la BBC, como tampoco lo harán los comentaristas Steve Wilson, Conor McNamara, Robyn Rowen o Steven Wyeth.

Asimismo los futbolistas de los 12 clubes de la Premier que juegan este sábado no recibirán la habitual solicitud de entrevistas para el programa después de los encuentros aunque sí las harán para BBC Radio, tal y como ha confirmado este sábado la Asociación de Futbolistas Profesionales, que se ha comprometido a proteger a los jugadores de cualquier represalia que pudieran sufrir por incumplir estas comparecencias.

La PFA, por sus siglas en inglés, ha confirmado que "varios miembros han adoptado una posición colectiva a quienes han elegido como gesto de respaldo no formar parte del programa de Match of the Day de esta noche", según ha hecho saber un portavoz de la organización a Sky News.

También diversos personajes de la política se han posicionado al conocer la decisión de la BBC, que la primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, ha calificado de "indefendible". "Está socavando la libertad de expresión frente a la presión política, y parece que es siempre a la presión política de la derecha a la que se someten", ha publicado en su cuenta de Twitter.

El exlider laborista Jeremy Corbyn también ha agradecido a Lineker por "tomar partido por los refugiados", y ha hecho un llamamiento a "movilizarnos contra las políticas de crueldad, y derrotar esta inhumana, ilegal e inmoral legislación".

Por otro lado, desde el Gobierno también han surgido voces criticando los comentarios de Lineker. La ministra del Interior de Reino Unido, Suella Braverman, ha recriminado al presentador que sus comentarios "disminuyen la indescriptible tragedia" del Holocausto, según recoge The Guardian.

También la ministra de Cultura, Lucy Frazer, habló este jueves, antes de saber la decisión final de la cadena, para negar que su Gobierno tuviera nada que ver con las posibles consecuencias a las que se pudiera enfrentar el presentador, alegando que "la BBC funciona de manera independiente, y me alegro de que vayan a hablar con Gary Lineker para recordarle sus responsabilidades en relación con las redes sociales".

Los diputados de Unidas Podemos, EH Bildu y ERC que han formado parte de la delegación de la Comisión de Interior de visita este lunes en Melilla se han desmarcado de la versión del ministro Fernando Grande-Marlaska al señalar que sí hubo migrantes muertos en la zona española de la frontera el pasado 24 de junio. El PP, por su parte, ha defendido a la Guardia Civil y ha reiterado que quiere saber por qué Grande-Marlaska "mintió" y "qué oculta ante Marruecos", según informa Europa Press.

"Todo parece indicar que se produjeron fallecidos en la zona de control de las autoridades españolas, evidentemente", ha comentado en declaraciones a los periodistas Enrique Santiago, portavoz de Unidas Podemos. Tras agradecer las explicaciones de la Guardia Civil, ha advertido de que el problema "es el acceso al asilo" que provoca muertes sin que "se cumpla la ley española y europea".

En el viaje organizado a Melilla tras el reportaje de la BBC que cuestiona la versión del Ministerio del Interior también ha participado el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, quien ha criticado a Grande-Marlaska por el "invento" de hablar de "zona de nadie" cuando en el Congreso situó el incidente entre Nador y Melilla.

"No hablamos de la zona de tránsito o de lo que incluso el ministro del Interior llamaba zona de nadie, sino en territorio bajo control español", ha denunciado Iñarritu.

Los diputados han contado en redes las novedades de la visita a Melilla. La representante de ERC María Dantas ha puesto el foco en el material antidisturbios usado por los agentes españoles: 65 pelotas de goma, 270 salvas, 28 botes de humo, 86 botes de gases lacrimógenos y 41 aerosoles con gas pimienta. Grande-Marlaska justificó en su comparecencia en el Congreso el uso de material para repeler lo que calificó como "ataque violento".

Desde Cuenca, el ministro del Interior ha señalado este lunes que los grupos políticos tendrán acceso, primero en su visita a Melilla y luego en el Congreso, a "todas" las imágenes —ya remitidas a Fiscalía y Defensor del Pueblo— grabadas en helicóptero, drones y de las cámaras del vallado fronterizo de Melilla.

El ministro se ha señalado a sí mismo como responsable directo de la orden dictada a la Guardia Civil para "hacer frente a cualquier acontecimiento violento en la frontera", dentro de un dispositivo que el 24-J fue "proporcional", y ha refutado a la BBC sobre que hubo cadáveres arrastrados a Nador desde Melilla. "No hubo muertos en territorio español", ha indicado.

Grande-Marlaska ha mandado un mensaje directo al PP como principal partido de la oposición —Vox se ha desmarcado de la visita a Melilla de este lunes y Ciudadanos ha alegado problemas de agenda— para reclamarle que "no instrumentalice ni utilice" a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Por su parte, la portavoz de Interior en el PP, Ana Vázquez, ha señalado directamente a Grande-Marlaska, exigiéndole que dé explicaciones en el Congreso. No obstante, se ha desmarcado de la comisión de investigación que vuelven a pedir Podemos y los socios del Gobierno.

"Hemos visto cómo la Guardia Civil no ha tenido nada que ver, en ningún momento, con ninguna de esas muertes que se ha producido ese fatídico día", ha indicado Vázquez.

"Lo único que queremos saber es por qué Marlaska nos mintió, qué oculta ante Marruecos", ha continuado tras participar en la visita a la Comandancia de la Guardia Civil y la valla fronteriza en la zona de Barrio Chino, además de mantener un encuentro con la Delegación del Gobierno.

La diputada popular ha revelado que "hoy mismo" desde la Guardia Civil les han confirmado que en el Monte Gurugú —cercano a Melilla— "hay otra vez miles de personas esperando para saltar, y en cualquier momento puede volver a reproducirse". Por ello, ha exigido que la plantilla de la Comandancia melillense, formada por 650 agentes, se incremente en otros 200 más.

Además, Vázquez ha criticado la "improvisación" del Gobierno de Pedro Sánchez, especialmente por el giro sobre Sáhara Occidental. "Si tan amigos son del gobierno de Marruecos, le digo a Marlaska que cumpla con el acuerdo de readmisión", ha dicho sobre la repatriación inmediata de los migrantes que acceden irregularmente a territorio español.

Efectivos del Servicio Aéreo Especial (SAS) de Reino Unido habrían ejecutado a detenidos y personas desarmadas en "circunstancias sospechosas" en Afganistán, según una investigación publicada este martes por la cadena de televisión británica BBC, según ha informado Europa Press.

La investigación, que se fundamenta en documentos militares, apunta que una unidad del SAS, integrado por miembros de las fuerzas especiales, habría ejecutado a 54 personas durante un periodo de seis meses, sin que altos cargos conocedores de lo sucedido presentaran pruebas para la apertura de investigaciones por asesinato.

Así, ha indicado que Mark Carleton-Smith, antiguo jefe de las Fuerzas Especiales de Reino Unido, fue informado de estos incidentes pero no entregó las pruebas a la Policía Militar Real, incluso después de que este organismo abriera una investigación contra un escuadrón del SAS.

Carleton-Smith, que se convirtió posteriormente en jefe del Ejército antes de su dimisión en junio, ha declinado hacer comentarios, mientras que el Ministerio de Defensa ha subrayado que las tropas británicas "sirvieron con valentía y profesionalidad en Afganistán".

La citada cadena británica ha resaltado que analizó cientos de páginas de documentos operativos, incluidas más de una decena de redadas llevadas a cabo por un escuadrón del SAS en la provincia de Helmand entre 2010 y 2011.

Asimismo, ha manifestado que varias personas que sirvieron en este escuadrón han afirmado que presenciaron el asesinato de personas desarmadas a manos de estos operativos y la colocación posterior de armas para justificar estos actos y presentar a las víctimas como milicianos.

Estas personas han apuntado en declaraciones a la BBC que algunos escuadrones del SAS competían para ver cuál lograba más muertes, con el caso concreto del investigado, que intentaba superar al anterior al que había reemplazado.

La investigación demuestra que existen correos internos que apuntan a que miembros de los altos escalafones eran conscientes de las preocupaciones sobre posibles ejecuciones, si bien no notificaron estos casos a la Policía Militar, algo obligatorio por ley.

La propia BBC y el diario 'Sunday Times' investigaron en 2019 una redada del SAS que derivó en un caso en los tribunales británicos y una orden para que el Ministerio de Defensa publicara documentos sobre la forma en la que las autoridades abordaron el caso.

La nueva investigación contempla informes que revelan un "patrón similar" en el que se informa de personas muertas tras sacar rifles de asalto o granadas de mano de detrás de cortinas y mobiliario después de haber sido detenidos, hecho presentado por las fuerzas especiales como motivo de la muerte.

En este sentido, ha recalcado que el total de muertos durante los seis meses de operaciones de este escuadrón del SAS superaba el centenar, sin que se informara sobre heridos entre las filas del SAS.

Un alto cargo que trabajó en la sede de las Fuerzas Especiales británicas ha apuntado a una "verdadera preocupación" por estos informes y ha argüido que "moría demasiada gente en redadas nocturnas, sin que las explicaciones tuvieran sentido".

"Una vez una persona está detenida, no debería terminar muerta. Que esto pase una y otra vez provocó alarma en la sede central. En esa época estaba claro que algo iba mal", ha relatado bajo condición de anonimato.

Los correos a los que ha tenido acceso la BBC muestran que varios oficiales reaccionaron con incredulidad ante los informes y hablaron incluso de "la última masacre" del escuadrón. Ante el aumento de las preocupaciones, un alto cargo advirtió en un memorando secreto sobre la posible existencia de "una política deliberada" de ejecuciones durante las operaciones.

Finalmente, se llevó a cabo una poco frecuente revisión formal de las operaciones del escuadrón, si bien el oficial enviado a Afganistán para entrevistar a los operativos aceptó la versión de los miembros, si bien esto derivó en un documento clasificado sobre estos casos.

El escuadrón fue desplegado nuevamente en Afganistán en 2012, sin que Carleton-Smith informara a la Policía Militar de las preocupaciones existentes o la revisión táctica después de que este organismo abriera una investigación por asesinato en 2013 en torno a una de las redadas durante este último despliegue.

La Policía Militar lanzó en 2014 la operación 'Northmoor', una investigación que abordó 600 presuntas violaciones cometidas por las fuerzas británicas en Afganistán, incluidos asesinatos por parte del escuadrón del SAS, si bien varios investigadores han denunciado que sufrieron obstrucciones por parte del Ejército.

Las pesquisas fueron cerradas en 2019 y el Ministerio de Defensa arguyó que no se habían encontrado pruebas sobre actos criminales, algo puesto en duda por miembros del equipo investigador, tal y como ha recogido la BBC.

El Ministerio de Defensa de Reino Unido ha cuestionado, en el marco de la investigación, un reportaje de la cadena BBC previsto para este martes sobre estos posibles crímenes de guerra perpetrados por militares británicos en Afganistán bajo el argumento de que "pone en riesgo" la reputación del "valiente" personal que estuvo allí desplegado durante años.

El episodio del programa de la BBC Panorama en cuestión está previsto para este martes 12 de junio y en él se aborda las acusaciones que se presentaron contra el equipo de las fuerzas especiales del Ejército británico.

"Ninguna investigación encontró pruebas suficientes para enjuiciar. Insinuar lo contrario es irresponsable, incorrecto y pone en riesgo a nuestro valiente personal de las Fuerzas Armadas tanto en el terreno como su reputación", ha protestado el Ministerio de Defensa en una serie de mensajes en Twitter.

Así, el Ministerio de Defensa considera que el episodio ofrecerá "conclusiones injustificadas" sobre acusaciones que "ya han sido investigadas a fondo", en referencia a una serie de redadas nocturnas llevadas a cabo por el Servicio Aéreo Especial (SAS) en las que habrían muerto centenares de personas.

"Se llevó a cabo una investigación exhaustiva e independiente sobre estas denuncias", insiste el Ministerio de Defensa, que deja la puerta abierta "a considerar cualquier nueva evidencia".

"Siempre investigaremos al máximo las denuncias, pero nuestra Policía y fiscales independientes solo pueden actuar sobre las evidencias que tienen ante sí", ha zanjado Defensa en la retahíla de mensajes publicados en Twitter.

El Gobierno de Jordania ha implicado este domingo a Hamza bin Husein, antiguo príncipe heredero y hermanastro del monarca, Abdalá II, en una conspiración con una "oposición externa" para "desestabilizar la seguridad nacional del país", informa Europa Press. El viceprimer ministro jordano, Ayman al Safadi, ha denunciado la existencia de "comunicaciones" entre personas del entorno del principe Hamza con "organismos exteriores, entre ellos la llamada oposición extranjera", para "incitar (acciones) contra la seguridad nacional".

El antiguo príncipe heredero y hermanastro del monarca, Hamza bin Husein, envió un vídeo a través de su abogado a la cadena británica BBC en el que asegura que se encuentra bajo arresto domiciliario a pesar de que el Estado Mayor jordano informó de que se había limitado a amonestarle para que se abstuviera de desestabilizar el país.

"Tuve una visita del jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas jordanas esta mañana en la que me informó que no se me permitía salir, comunicarme con la gente o reunirme con ellos, porque en las reuniones en las que estuve presente, o en las redes sociales relacionadas con las visitas que hice, hubo críticas al gobierno o al rey", ha explicado Hamza en el vídeo, en el que ha negado que fuera él quien vertiera estas acusaciones.

"Yo no soy el responsable del colapso de la gobernabilidad, la corrupción y la incompetencia que ha prevalecido en nuestra estructura de gobierno durante los últimos 15 a 20 años y que ha ido empeorando. Y no soy responsable de la falta de fe que la gente tiene en sus instituciones", ha añadido Hamza. "Ha llegado a un punto en el que nadie puede hablar o expresar su opinión sobre nada sin ser intimidado, arrestado, acosado y amenazado", concluye.

Horas antes, la agencia Petra había desmentido, primero a través de "fuentes bien informadas" y después a través de un comunicado del Estado Mayor, que el hermanastro del rey -de 41 años, y príncipe heredero entre 1999 hasta 2004, cuando el monarca le retiró de la sucesión en beneficio de su hijo, Husein bin Abdalá- estuviera inmovilizado en su domicilio.

La versión del Gobierno 

El jefe de la Junta de Jefes de Estado Mayor de Jordania, Yusef Ahmed al Hunaiti, se limitó a confirmar que se le había pedido a Hamza que "detenga cualquier actividad y movimiento contra la seguridad y estabilidad de Jordania". Asimismo, Al Hunaiti ha indicado que "todas las medidas tomadas se llevaron a cabo conforme a la ley" y después de "extensas investigaciones que las motivaron", antes de remachar que "nadie está por encima de la ley y que la seguridad y estabilidad de Jordania tienen prioridad sobre cualquier consideración". 

En respuesta, el viceprimer ministro jordano,Ayman al Safadi, ha criticado los "mensajes distorsionados" enviados por el antiguo príncipe heredero, emitidos sin más motivo que el de despertar simpatías entre la población local y extranjera, y coincidentes con "sus actividades para incitar a actividades destinadas a socavar la seguridad nacional". Asimismo, ha informado de que "personas vinculadas a servicios de seguridad extranjeros" se comunicaron con la mujer del príncipe Hamza, y le llegaron a ofrecer un avión "para evacuarles de inmediato desde Jordania a otro país".

En este sentido, el monarca Abdalá II ha hablado directamente con el príncipe Hamza, para "disuadirle de estas actividades" y solucionar toda esta crisis, "que constituye una desviación de las tradiciones y valores hachemitas", dentro del entorno familiar.

Detenciones "por motivos de seguridad"

Esto ha sucedido después de que las fuerzas de seguridad jordanas arrestasen "por motivos de seguridad" a varias personas, entre ellas a un exasesor del rey Abdalá II y a un miembro de la familia real jordana, en medio de la incertidumbre sobre la situación del antiguo príncipe heredero, y entre informaciones no contrastadas sobre un posible intento golpe de Estado en el país.

El exasesor ha sido identificado como Basem Awadalá, viejo confidente del monarca y antiguo ministro de Finanzas. El miembro de la familia real ha sido identificado como Sharif Hasán Ben Zaid, según la información de la agencia oficial de noticias jordana, Petra, que no da más detalles al respecto. Las fuentes de la agencia se han limitado a indicar que "se está realizando una investigación", sin dar más detalles.

Awadalá era considerado como un impulsor de las reformas económicas en el país, que durante muchos años se ha enfrentado a la resistencia de una vieja guardia que dominaba la corte, de acuerdo con el diario Washington Post, cuyas fuentes entienden que esta investigación estaría relacionada con un presunto intento de golpe de Estado en el país. Según las fuentes del diario, un total de 20 personas habrían sido detenidas en conexión con esta supuesta trama.

Apoyo internacional a la familia real

Por otro lado, líderes internacionales han mostrado su apoyo al rey Abdalá. El portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price, ha expresado que el monarca jordano cuenta con el apoyo de Estados Unidos y que se encuentran "siguiendo de cerca los informes y en contacto con Jordania" en un correo recogido por Al Arabiya.

Asimismo, países cercanos como Arabia Saudí, Egipto, Bahréin, Líbano, Kuwait e Irak han emitido varios comunicados en el que expresan su apoyo frente a la familia real de Jordania y a las medidas necesarias para la estabilidad del país.

El Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), la alianza regional que lidera Arabia Saudí y aliada de Estados Unidos, también ha compartido que "apoyan todas las decisiones y medidas tomadas por su majestad para preservar la seguridad y estabilidad de Jordania".

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reprochado este viernes al presidente de la Generalitat, Quim Torra, que use una entrevista en la BBC para "faltar a la verdad" y criticar las medidas del Gobierno en la crisis del coronavirus y le ha avisado de que "no vale todo" en la crítica política porque el COVID-19 es un virus que "no distingue de territorios".

"El Estado y el Gobierno tienen la obligación velar por la salud de todos los ciudadanos estén donde estén", ha sostenido Robles en declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, después de que las Fuerzas Armadas acudieran este jueves a desinfectar el aeropuerto de El Prat y el puerto de Barcelona.

Según ha defendido, la Generalitat tiene la "obligación" de entender que la desinfección de lugares donde puede haber una gran concentración de personas es una "obligación" más allá de los territorios o de las discrepancias.

A juicio de Robles, Torra "una vez más" ha demostrado que "no tiene ninguna altura como responsable político" al utilizar una entrevista de la BBC para "ignorar" el decreto de alarma aprobado por el Gobierno restringiendo la libertad de movimientos de los ciudadanos.

"No está pensando en la ciudadanía de Cataluña, lo único que pretende es interés propio", ha lamentado mostrando su confianza en que los catalanes "por suerte" están "muy por delante" de su presidente de la Generalitat.

"Quizá, por su sitación personal, está en una huida hacia delante", ha sugerido Robles dejando claro que "la única prioridad" del Gobierno es velar por la salud de todos los ciudadanos. "Este tiene que ser el hilo conductor de cualquier responsable político. No es momento discusión, es momento de estar todos unidos para hacer frente a este drama", ha insistido.

Paul Bennett es un “adicto a las cuestiones de actualidad”. Durante mucho tiempo, su primer reflejo matutino ha sido entrar en la web de BBC News, pero recientemente, este abogado de Bristol cambió completamente de hábitos. “Hace seis meses que ya no me conecto a la web (de BBC News)”, asegura este inglés de 39 años, que advierte no obstante que “no todo lo que hace la BBC es de mala calidad”. Pero este votante laborista, lector habitual de The Guardian y de los medios de comunicación de izquierdas Novara Media, cree que el grupo público conocido mundialmente ya no cumple con su contrato como antes: “La victoria del Brexit en las encuestas de junio de 2016 y la elección de Donald Trump ese mismo año dieron alas a los políticos de derechas y la BBC no ha logrado reequilibrar el debate”.

En Rutland, en el centro de Inglaterra, Rosemary Jameson dejó de leer los informativos de las 18:00 y de las 22:00 en BBC One. No porque esté menos interesada en los acontecimientos actuales. Esta mujer de 60 años, que dirige una pequeña empresa “en horas bajas por el Brexit", prefiere ir directamente a la fuente de la información: ve el programa BBC Parliament, que emite los debates de la Cámara de los Comunes, en lugar de los reportajes de periodistas de la cadena pública. Rosemary critica un tratamiento “selectivo” y “superficial” de la información relativa al Gobierno. “¡Y no me hables de 'Question Times'!”. Se supone que es un programa político emblemático de la BBC, pero el mes pasado, la presentadora, Fiona Bruce, se equivocó al elegir a una joven entre el público”, reprocha esta integrante del partido Green, formación ecologista británica.

En plena campaña electoral, la cuestión de si la BBC es digna de confianza es un tema candente. Esta semana, el grupo admitió haber cometido un “error” al publicar en sus periódicos un montaje de la intervención del primer ministro Boris Johnson en Question Time el viernes 22 de noviembre: de la emisión habían desaparecido las risas del público. La hilaridad de la audiencia del programa –retransmitido en directo desde Sheffield el día anterior– estuvo provocada por una pregunta hecha por un elector a Boris Johnson. Acababa de preguntarle al jefe de Gobierno -cuya carrera como periodista y luego como político se construyó en gran medida sobre una base de mentiras– cuál era “la importancia para alguien en su lugar de decir siempre la verdad”. Un vecino de Brighton, Nick Flaks, remarcó la diferencia entre el clip original y el clip emitido el día después del programa en la BBC. Su tuit fue compartido casi 13.000 veces y llevó al grupo de radiodifusión pública a dar explicaciones.

“Apoyo plenamente a la BBC y la idea de una radiodifusión de servicio público”, dijo Nick Flaks al diario The Guardian. Sin embargo, añade, "en los últimos años, creo que la BBC –en particular las noticias y el servicio político– ha sacrificado la precisión en el altar de la 'imparcialidad'. Es importante que el público sepa que una sala llena de gente se rio de nuestro primer ministro cuando la pregunta se refería a la verdad y la confianza”. La BBC argumentó que no había tiempo para justificar el segundo y medio de risas cortadas durante la edición. El jueves 28 de noviembre, la decisión de Channel Four de reemplazar a Boris Johnson por una escultura de hielo después de su negativa a participar en un debate sobre el clima también causó controversia. El Partido Conservador se quejó al regulador británico de los medios de comunicación, Ofcom.

La BBC, cuyos miembros del consejo de administración son designados por el Gobierno, nunca ha recibido un apoyo unánime. “En la década de 1970, con Margaret Thatcher, la BBC debió afrontar numerosos desafíos”, señala Tom Mills, autor de un libro publicado en 2016, The BBC: Myth of a Public Service. "Lo que es relativamente nuevo es que hoy se ataca al grupo desde la izquierda y el centro", añade el sociólogo. Andrew Adonis, exministro de Trabajo, ahora miembro de la Cámara de los Lores y activista antiBrexit, es uno de los críticos más feroces de la BBC.

Hace tres años, durante la campaña del referéndum sobre la Unión Europea, los periodistas de la BBC no denunciaron las mentiras esgrimidas por los partidarios del Brexit, entre ellos Boris Johnson como codirector de la campaña de los conservadores a favor del leave (abandonar la UE). Hoy, mientras se presenta a la reelección como jefe del país y sigue haciendo falsas promesas a sabiendas –como las 50.000 enfermeras adicionales que promete contratar, por ejemplo–, la Beeb sigue destacando por su falta de carácter.

El periodista Peter Oborne, exbrexiter que recopila las mentiras de Boris Johnson en un sitio web creado con unos amigos, denuncia enérgicamente la indulgencia culpable de la BBC para con el primer ministro. En un artículo publicado en The Guardian el 18 de noviembre, el editorialista señalaba que “recientemente, el muy experimentado Andrew Marr [presentador de un programa político de la BBC] no contradijo a Johnson cuando éste dijo que los tories “no están de acuerdo con los otros partidos”. “¿Qué hay del gobierno de coalición formado con los liberales en 2010? ¿Y el acuerdo timorato alcanzado con los sindicalistas irlandeses a cambio de mil millones de libras hace dos años? Marr lo dejó pasar. Muchos otros periodistas hacen lo mismo”, escribió.

Los comentarios de Peter Oborne son muy similares a las críticas realizadas por Ofcom, el regulador de los medios de comunicación, en la BBC. En un informe publicado en octubre, Ofcom señala que siete de cada diez británicos consideran que la BBC es una fuente de información “fiable”, pero los usuarios de la BBC señalan la falta de profundidad de los análisis proporcionados por sus periodistas. Otra debilidad de la BBC es su falta de diversidad. “Algunos británicos consideran que la BBC representa una visión predominantemente blanca, de clase media y centrada en Londres”, observa Ofcom.

Y el caso Naga Munchetty –por una de las presentadoras de televisión de la BBC que estuvo en el centro de una controversia en septiembre– sin duda ha dañado aún más la imagen de la BBC entre las minorías étnicas británicas. En julio, por petición del copresentador de BBC Breakfast, la periodista británica de origen indio y mauriciana se pronunció en antena sobre los motivos de Donald Trump, que acababa de decirle a cuatro congresistas negros (entre ellos Alexandria Ocasio-Cortez) que “se fueran a casa”. Naga Munchetty explicó en antena: “Cada vez que alguien me decía, como mujer de color, que volviera al lugar de donde vengo, era por una actitud racista”. La periodista añadió: “No estoy acusando a nadie de nada, pero todos conocemos el significado de algunas de las frases”. Un telespectador se quejó de los dos presentadores, acusándolos de ir más allá de su papel de periodistas al comentar las razones que llevaron al presidente estadounidense a atacar a las cuatro congresistas.

A finales de septiembre, la BBC falló a favor del demandante contra Naga Munchetty, sin especificar que su colega también había sido objeto de la queja, pero que había sido exonerado por el servicio de la BBC responsable de estudiar las quejas de los oyentes y espectadores, según reveló The Guardian. Esta decisión, que fue considerada como una insinuación de legitimación de la opinión racista, causó una protesta en el mundo de los medios de comunicación y entre las filas del grupo de radiodifusión pública. El 30 de septiembre, bajo presión, el director general Tony Hall revisó la decisión de la BBC, afirmando que la BBC “no era imparcial” frente al racismo.

“Mucha gente poderosa quiere desmantelar la BBC”

A finales de 2019, la idea de que la BBC esté dirigida por un puñado de izquierdistas –un cliché mantenido durante varias décadas por la poderosa prensa británica de derechas y contradicho por la investigación académica– nunca ha parecido tan ajena a la realidad. En 2017, Sarah Sands, ex editora de The Sunday Telegraph y ex consultora de The Daily Mail, asumió la dirección del programa de radio matutino The Today, el buque insignia del grupo audiovisual. Hasta mediados de septiembre, John Humphrys, columnista de The Daily Mail, un tabloide de la extrema derecha, fue uno de los presentadores del programa. El periodista estrella de la BBC, que cobraba entre 600.000 y 649.999 libras esterlinas (entre 700.000 y más de 760.000 euros) en 2017, se ha distinguido regularmente en los últimos años por sus comentarios misóginos y transfóbicos, así como con preguntas xenófobas a algunos de los invitados de la mañana de la BBC. ¿Es esto una consecuencia de la derecha del programa Today Programme desde la victoria del Brexit? Entre el verano de 2017 y el verano de 2018, el programa matutino de Radio 4 perdió 800.000 oyentes semanales y gran parte de su prestigio. Richard Lanter, de 62 años, escucha ahora el programa Today Programe con “un oído distraído” porque el programa de noticias “le irrita cada vez más". Según este periodista londinense, “la identidad liberal de la BBC [en el sentido anglosajón de la palabra] se ha erosionado desde el Brexit, porque la BBC se sintió obligada a ajustarse a la opinión popular, bajo la influencia de la prensa de derechas".

En la actualidad, la capacidad de esta organización emblemática de la administración pública británica para aplicar sus propios valores –en particular la independencia, la imparcialidad y la honestidad– está siendo seriamente cuestionada, no sólo por categorías de personas con perfiles diversos y variados, sino también por sus propios periodistas. Sin embargo, ante estas críticas, la dirección de la BBC ha preferido hasta ahora hacer oídos sordos. Justin Lewis, profesor de la Universidad de Cardiff, ha participado en varios estudios sobre la cobertura de actos políticos por parte de la BBC. Una de ellas fue la cobertura de la campaña del referéndum de 2016. “Nuestro análisis ha mostrado que la cobertura de la BBC no fue equilibrada en términos partidistas. Fue un debate entre políticos de derechas", resume este experto en medios de comunicación. Señala que la BBC no había reaccionado a este estudio y que no prestaba mucha atención al trabajo académico al respecto. "Con demasiada frecuencia, cuando se hace una crítica a la BBC, no se tiene en cuenta el peso de la evidencia presentada, sino la influencia que tiene la persona que hace la crítica", dice el analista de medios. Antes de concluir: “Hay una cierta lógica en esto. Después de todo, hay mucha gente poderosa que quiere desmantelar la BBC”.

El Partido Conservador, que privatiza los servicios públicos desde los años ochenta, es en realidad un feroz oponente del grupo de radiodifusión pública, acusándolo de competencia desleal con los medios de comunicación privados. Congelación del canon de televisión, apoyo a la financiación del Servicio Mundial de la BBC y del canon de televisión para los mayores de 75 años: en los últimos nueve años, los conservadores han impuesto restricciones presupuestarias muy importantes a la BBC. Esta disminución de recursos ha llevado a la eliminación de puestos y de ciertas emisiones. La austeridad presupuestaria supone un reto para el grupo audiovisual británico, pero ahora está parcialmente eclipsada por una crisis interna sin precedentes que estalló en 2017 y que ha seguido aumentando desde entonces: la discriminación salarial a la que se enfrentan muchas mujeres empleadas por el grupo audiovisual público. En enero de 2018, Carrie Gracie, editora jefe en China de la BBC, dimitió con gran estruendo para protestar contra la “cultura de pago secreta e ilegal” de la televisión británica.

Tras un conflicto de un año que la sumió en la depresión, la experimentada periodista, que habla mandarín con fluidez, finalmente obtuvo una compensación de la BBC por la pérdida de un salario equivalente a 350.000 euros sufrida durante tres años como editora jefe, en comparación con el salario pagado a sus colegas varones que cubren Estados Unidos y Oriente Medio. La lucha de Carrie Gracie, que detalló en un libro publicado en septiembre, Equal, alentó a otras mujeres a exigir un salario igual al de sus colegas masculinos que realizan un trabajo comparable. A finales de octubre, el caso dio un giro judicial. La periodista Samira Ahmed, que presenta, entre otros, Newswatch, un programa sobre cobertura de noticias, testificó contra la BBC en un tribunal de Londres. Ella culpa a la dirección de pagarle casi siete veces menos que Jeremy Vine quien, durante cuatro años, estuvo a cargo de un programa de un formato similar a Newswatch y con una audiencia la mitad inferior.

Este juicio podría ser el comienzo de una larga serie de acciones legales de los periodistas de la BBC contra su gestión. Desde el punto de vista financiero, esto podría salirle muy caro al grupo audiovisual británico, que ha colocado a un puñado de periodistas –a gran mayoría hombres– en un pedestal y les ha pagado varios cientos de miles de libras esterlinas al año. Todavía no se ha dictado sentencia en el caso presentado por Samira Ahmed. La reputación del grupo, sin embargo, se ve aún más dañada por este asunto y por el trato humillante dado por la dirección a Carrie Gracie en 2018.

Durante su audiencia ante los diputados, la periodista llamó su atención sobre la urgente necesidad de que la BBC diga la verdad sobre la brecha salarial entre mujeres y hombres en el grupo: “Si no hacemos personalmente examen de conciencia [sobre la discriminación salarial], ¿cómo podemos imaginar que el público confíe en nosotros para cubrir cualquier otro tema de manera honesta?". Un año y medio después, y en vísperas de las elecciones parlamentarias que son clave para la historia del país, la cuestión sigue sin resolverse. __________Traducción: Mariola Moreno

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A última hora de este martes la Cámara de los Comunes de Reino Unido ha rechazado el acuerdo de salida negociado entre el Gobierno de Theresa May y la Unión Europea por 202 votos a favor y 432 en contra, y ahora cuenta con 3 días para presentar una alternativa.

El Parlamento británico ha tumbado por abrumadora mayoría el plan de May, algo a lo que el líder laborista Jeremy Corbyn ha respondido con una moción de censura contra la primera ministra. La votación, que se ha resuelto en apenas unos minutos, se ha saldado en lo que se entiende como la peor derrota parlamentaria que ha sufrido un Gobierno británico en la historia reciente.

En este escenario, la primera ministra tiene tres días para volver a Westminster con una nueva hoja de ruta a seguir tras la negativa de la mayoría de los diputados británicos al acuerdo del Brexit. Tanto el Partido Laborista como el Partido Nacional de Escocia (SNP) y el Partido Unionista Democrático (DUP) habían avanzado que votarían en contra, algo que ha servido a la prensa británica para anticipar la derrota del Gobierno. Sin embargo, esta se ha producido por un margen mayor del esperado.

A causa del rechazo de la mayoría de la Cámara, con una diferencia de 230 votos, el Gobierno británico podría verse obligado a volver a Bruselas para solicitar "nuevas garantías", ampliar los plazos de salida más allá de ese 29 de marzo o, incluso, reabrir las negociaciones.  Ante este resultado ya previsto por la primera ministra, y dado que el Gobierno no cuenta con un plan B, May prometió a sus ministros en la mañana de este martes que estaría preparada para reaccionar "rápidamente" con el objetivo de cumplir con el referéndum de junio de 2016.

Tras conocerse el rechazo de la mayoría de los 650 miembros de la Cámara de los Comunes, May ha lamentado que "no obstante, la votación de esta noche no nos dice nada sobre qué apoya, ni siquiera si pretende honrar la decisión que la gente tomó en el referéndum". La líder conservadora ha exigido a los legisladores que aclaren "lo antes posible", tanto a los ciudadanos británicos como a los ciudadanos de la UE, qué camino quieren seguir. Ella, por su parte, cuenta ahora tres días para volver a Westminster con su propio plan Bplan B.

Al anunciar la moción de censura contra May, el líder del Partido Laborista ha sostenido que "el veredicto" ha sido "absolutamente concluyente" y ha reprochado a la primera ministra que "en los últimos dos años solo ha tenido una prioridad: el Partido Conservador". Además, Corbyn ha argumentado que May ha protagonizado la peor derrota que ha sufrido un Gobierno británico en Westminster desde los años 20.

La moción de censura

La líder del Partido Conservador, Andrea Leadsom, ha indicado que el debate sobre la moción de censura tendrá lugar el miércoles y se prolongará hasta las 19.00 (hora local), tras lo cual se producirá la votación. 

Si la moción de censura fuera aprobada, podría conformarse un Gobierno alternativo del Partido Conservador y obligaría a May a dimitir. En el caso de que no fuera así, el actual Gobierno tendría un plazo de 14 días para ganarse la confianza del Parlamento. Si no lo consiguiera, habría elecciones anticipadas.

Según ha anunciado la portavoz del Partido Unionista Democrático (DUP) de Irlanda del Norte, que apoya al Gobierno de May pero ha votado en contra del acuerdo del Brexit, apoyará a la primera ministra en la moción de censura.

Según los últimos datos de la Ofinia Nacional de Estadísticas de Reino Unido, unos 3,6 millones de europeos vivían en el Reino Unido en 2018; de ellos, alrededor de 155 mil personas eran españolas. Ambas cantidades han experimentado descensos desde los años anteriores. Del mismo modo, el número de personas británicas residentes en España ha venido determinada por una tendencia a la baja, especialmente desde el 2016, año en que se produjo el referéndum.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha alertado de que una salida no ordenada de Reino Unido de la Unión Europea sería negativa para el conjunto de los Estados miembro de la UE y "catastrófica" para Reino Unido. "Se trata de un escenario improbable e indeseable que, no obstante, no puede ser descartado", han subrayado fuentes de Moncloa.

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell ha reconocido ante los medios que "se esperaba un resultado negativo, pero no por una diferencia tan grande". "Los parlamentarios británicos lo tienen claro, porque ha habido casi el doble de votos a favor de no aceptar el proyecto de tratado, a pesar de que todos conocen las alternativas y las advertencias", ha señalado Borrell. Al recordar los tres días con los que cuenta la primera ministra británica, Borrell ha anunciado que "hay que esperar a ver qué tiene que proponer", para después recordar que el Ejecutivo español "tiene los deberes hechos" desde hace tiempo con tal de "hacer frente a cualquier escenario".

Por su parte, la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, ha subrayado que el rechazo de la Cámara al acuerdo sobre el Brexit "era previsible" si bien "es una "mala noticia". En cualquier caso, no ha descartado un "tercer escenario", una ampliación del periodo de salida ordenada que permita "revertir" este resultado "en algo positivo".

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Raad al Hussein, ha defendido este jueves que la líder de facto de Birmania, Aung San Suu Kyi, debería haber dimitido de su cargo en lugar de dar cobertura con sus declaraciones a la violenta represión emprendida por el Ejército contra los rohinyás en Rajine.

"Estaba en una posición de hacer algo", ha defendido Hussein en una entrevista con la BBC antes de abandonar su cargo. "Podría haberse quedado callada o incluso mejor, podría haber dimitido", ha añadido el diplomático jordano.

En su opinión, "no había ninguna necesidad de que fuera la portavoz del Ejército birmano". "No tenía que decir que (la represión contra los rohinyá) era un iceberg de desinformación. Eso eran inventos", ha lamentado.

Suu Kyi, un icono durante años de la lucha por la democracia en su país que le valió el Nobel de la Paz, ha sido duramente criticada por su papel en la crisis de los rohinyá, después de que la violenta represión emprendida por el Ejército en Rajine tras una ola de ataques obra de milicianos provocara el éxodo de más de 700.000 miembros de esta minoría musulmana hacia el vecino Bangladesh.

Convertida en la líder de facto del país con su cargo de consejera de Estado tras la victoria de su partido en las elecciones de 2017, Suu Kyi ha tratado de minimizar las críticas y las acusaciones contra la actuación de las fuerzas de seguridad, sin pronunciarse en contra de lo que estaba sucediendo en Rajine.

Según Hussein, Suu Kyi podría haber dicho que estaba "dispuesta a ser la líder nominal del país pero no bajo estas condiciones". "Muchas gracias, dimitiré y volveré al arresto domiciliario. No puedo ser una cómplice adjunta que otros pueden pensar que soy en lo que se refiere a estas violaciones", deberían haber sido sus palabras, según el alto comisionado.

La directora regional para Asia de Oxfam International, Lan Mercado, ha afirmado este miércoles que tiene constancia de denuncias en el pasado sobre abusos sexuales que afectan a la organización no gubernamental en el continente.

Mercado ha indicado en declaraciones a la cadena de televisión británica BBC que estos casos habrían tenido lugar en Bangladesh, Filipinas y Nepal antes de que asumiera el cargo hace dos años.

Sin embargo, ha recalcado que la escala de estas prácticas "no es comparable" con las que tuvieron lugar en Haití,donde miembros de la ONG han sido acusados de contratar prostitutas con dinero de la organización.

Así, ha dicho que tiene constancia de casos similares en Asia en los que habrían estado implicados trabajadores de Oxfam entre 2009 y 2013, agregando que no salieron a la luz y fueron abordados de forma interna "según políticas específicas".

"Haití nos han enseñado que tenemos que hacer mucho más", ha manifestado, recalcando que deben realizarse esfuerzos para alertar a las autoridades y otros posibles empleados sobre estas acusaciones.

"Es una práctica que debemos comenzar. Lo curioso es que casos así son considerados como riesgos para la reputación, cuando la forma de gestionar estos riesgos es no guardar silencio. Tenemos que pensar en la reputación del sector en su totalidad", ha argumentado.

El Gobierno británico ha amenazado con poner fin a la entrega de fondos a Oxfam por las acusaciones de conducta sexual inapropiada en Haití y Chad. Personal de alto nivel ya ha dejado la organización y la amenaza de perder su derecho a operar en Haití ha aumentado la presión sobre Oxfam.

Roland van Hauwermeiren, el antiguo responsable de Oxfam en Haití en el epicentro de la polémica, ya había sido apartado previamente por otra ONG siete años antes por una conducta similar, según informó el martes la agencia de noticias IRIN.

Malik Miller, una antigua compañera suya en la ONG británica Merlin, que posteriormente se fusionó con Save the Children, relató a la agencia especializada en información humanitaria que cuando trabajó con él como su asistente en Liberia en 2004 llamó la atención sobre su conducta, lo que generó una investigación interna de la ONG.

Uno de los miembros del equipo que llevó a cabo la investigación ha contado a IRIN que se llegó a la conclusión de que el equipo directivo en Liberia, al frente del que estaba Van Hauwermeiren, había pagado por sexo, usado los vehículos de las ONG para trasladar a mujeres y usadas las viviendas para el personal para mantener relaciones con prostitutas y celebrar fiestas con ellas.

Estas acusaciones son las mismas que provocaron la salida de Van Hauwermeiren de Oxfam, ONG de la que era director en Haití tras el terremoto de 2010, según sacó a la luz la semana pasada The Times, citando un informe interno de la ONG.

Por su parte, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha asegurado este miércoles "actuar con determinación" para hacer frente a la explotación sexual de niños, desvelando que ha puesto en marcha una revisión independiente de sus procedimientos y la directora ejecutiva de UNICEF, Henrietta H. Fore ha mencionado: "estamos implementando una investigación más rigurosa de todo el personal y mejorando la seguridad y protección de los niños en nuestras operaciones. Cuando se trata de la protección de los niños, estamos decididos a actuar con determinación. No hay lugar para la complacencia""

El escándalo

El diario británico The Times ha desvelado el contenido de un informe interno de Oxfam según el cual siete trabajadores de la misión que la ONG desplegó en Haití tras el devastador terremoto de 2010, entre ellos Van Hauwermeiren, contrataron los servicios de prostitutas con el dinero de la organización.

El informe interno de la ONG de 2011 al que ha tenido acceso el diario habla de una "cultura de impunidad" entre parte del personal destacado en Haití y afirma que "no se puede descartar que alguna de las prostitutas fuera menor de edad". A raíz de su investigación, la ONG despidió a cuatro de los trabajadores, mientras que otros tres renunciaron.

De acuerdo con The Times, la entonces directora ejecutiva de la ONG, Barbara Stocking, ofreció a Van Hauwermeiren una "salida por etapas y digna" porque su despido habría tenido "implicaciones potencialmente serias" para la labor de Oxfam y su reputación.

Oxfam ha reconocido que "el comportamiento de algunos miembros del personal en Haití fue totalmente inaceptable" y ha destacado que inició una investigación interna para llegar "hasta el fondo" del asunto e informó al Parlamento y a la agencia de cooperación británica (DFID), así como a otros donantes, como la UE y la ONU.

En carta remitida a la cadena y publicada en la página web de la periodista, Gracie ha relatado que dejó su cargo de editora de China la semana pasada en protesta por la desigualdad salarial entre hombres y mujeres en la cadena de radiotelevisión pública británica.

La presentadora ha dicho que ella y otras mujeres de la BBC sospechaban desde hace años que sus compañeros tenían salarios mayores que los suyos, mientras la cadena se negaba a reconocerles que existía un problema de desigualdad laboral.

Así, la periodista ha decidido denunciar públicamente su caso, exponiéndose a ser sancionada o despedida, porque quiere que los espectadores y oyentes sepan que la BBC ha estado "resistiendo a la presión para un sistema de pagos justo y transparente".

"Quiero simplemente que la BBC cumpla la ley y valore de igual manera a los hombres y a los mujeres", ha señalado Gracie en su carta. "En salarios, la BBC no está cumpliendo sus principios de rendición de cuentas, honestidad y confianza", ha asegurado.