La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha planteado que los nuevos funcionarios se incorporen al sistema nacional de salud (SNS), al tiempo que ha desaconsejado la integración del conjunto de los mutualistas a la sanidad pública, dadas las listas de espera, informa EFE.

La presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, ha presentado este lunes los estudios de la primera fase del Spending Review 2022-2026: Asistencia sanitaria del mutualismo administrativo e Instrumentos financieros de apoyo a sectores productivos.

Tras evaluar la eficiencia de la asistencia sanitaria en el mutualismo administrativo, ha constatado que el sistema de España "es una excepción singular" entre los países del entorno.

Herrero ha afirmado que, sin refuerzo del SNS y sin evaluar los determinantes de las listas de espera, es inviable la migración del conjunto de mutualistas a la sanidad pública.

Según el ejercicio realizado por la AIReF, traspasar al SNS los 1,6 millones de mutualistas y beneficiarios del sistema (principalmente hijos) supondría 0,9 consultas adicionales al día en atención primaria, 24,6 pacientes más por cada mil habitantes en consultas especializadas y 1,3 pacientes más por cada mil habitantes para intervenciones quirúrgicas.

Herrero ha destacado que la propuesta de traspaso progresivo de los funcionarios al SNS está respaldado por el hecho de que el 72 % de los nuevos mutualistas ya elige la modalidad pública.

De acuerdo con la AIReF, esta tendencia se acentúa en las patologías severas, ya que más del 66 % de las hospitalizaciones de severidad mayor o extrema son atendidas en centros de titularidad pública, porcentaje que se eleva al 90 % cuando el mutualista en esa circunstancia es menor de 40 años.

El informe constata que la modalidad privada del sistema mutualista destaca por su mayor accesibilidad a algunos servicios sanitarios, con una tasa de frecuentación que cuadruplica las ratios del SNS en especialidades como traumatología, dermatología y ginecología por el mayor acceso a pruebas diagnósticas avanzadas.

La AIReF ha propuesto asimismo que la adscripción a las diferentes mutualidades deje de ser obligatoria para los funcionarios de carrera y se convierta en un régimen voluntario, previa consulta a todos los mutualistas durante la vigencia del próximo concierto sanitario hasta 2027.

Este cambio permitiría generar ahorros, tanto para el funcionario como para las arcas publicas, al eliminar las aportaciones de aquellos que opten por abandonar el sistema mutualista.

Herrero ha incidido en que, si el sistema fuera voluntario, el funcionario dejaría de pagar una cuota y el Estado no abonaría la prima por asegurado; mientras que con el sistema actual ambas partes siguen aportando al sistema, aunque el funcionario decida integrarse en la sanidad privada.

Más allá de las dos reformas estructurales, que pasan por incorporar a los nuevos funcionarios al SNS y por hacer voluntario el mutualismo administrativo, la AIReF propone medidas para mejorar la eficiencia del sistema en el ámbito farmacéutico principalmente.

La autoridad ha constatado que los centros privados facturan a las mutualidades medicamentos hospitalarios a precios más elevados que el de adquisición en los centros públicos, que en algunos casos los sextuplican.

Ante esta situación, propone optimizar los mecanismos de compra de medicamentos hospitalarios, implantar un programa integral de uso de genéricos y biosimilares, y desarrollar la receta electrónica.

Plantea también implantar, con carácter general, la historia clínica digital, además de reforzar la evaluación integral de la calidad asistencial, la coordinación con el SNS o la frecuentación a consulta y pruebas.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha mostrado su "contundente discrepancia" con el Ministerio de Función Pública y ha calificado de "mala y decepcionante noticia" el acuerdo aprobado en el Consejo de Ministros que eleva a 4.808,5 millones el presupuesto para el concierto sanitario de Muface en los próximos tres años.

Este martes, el Consejo de Ministros ha aprobado modificar las condiciones de la licitación del concierto sanitario de Muface con una financiación adicional de 330 millones de euros, según ha informado el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

"En el seno del Gobierno tenemos sanas, pero contundentes discrepancias, en este caso con el Ministerio de Función Pública", ha reconocido la ministra de Sanidad respecto de su socio de gobierno. A su juicio, el acuerdo ha sido una "mala noticia, para nosotros decepcionante".

En declaraciones a los medios, tras el acto de entrega de los Premios Nacionales de Informática y Salud 2024, organizados por la Sociedad Española de Informática de la Salud, García ha argumentado, en primer lugar, que "se ha primado las cuentas de resultados de las aseguradoras por encima de las cuentas de resultados en salud de los ciudadanos, en este caso de los funcionarios".

En segundo lugar, ha proseguido, "se va a perpetuar un sistema anacrónico que no existe en ningún lugar del mundo, que es ineficiente y, como ya ha demostrado, a los pacientes, cuando vienen mal dadas, les va a dar una patada".

Por ello, ha defendido que el sistema sanitario público es "robusto", reconocido en todo el mundo. "Ya nos gustaría a nosotros tener un 40% más de presupuesto" ha comentado la titular de Sanidad, quien ha prometido seguir trabajando para que este sistema sea atractivo para todos los ciudadanos, incluidos los funcionarios.

"Todos los países han eliminado el modelo Muface porque es un subsistema dentro del sistema, que es ineficiente. Si se trasladara al resto de la sanidad, nos habríamos cargado la sanidad", ha sostenido la ministra, quien ha advertido de que el modelo "es inseguro para los pacientes", cuando se hacen mayores o vienen mal dadas.

Asimismo, al ser preguntada por sus discrepancias con sus socios de Gobierno ha insistido: "Hemos hecho objeciones, hemos hablado en el Consejo de Ministros y soy transparente. Tengo legítimas discrepancias con el resultado de esta negociación, aunque entienda las realidades de todos los ministerios".

Hablamos de la realidad en singular, como si fuera una sola cosa, algo uniforme, simétrico, proporcional a todas las personas. Sin embargo, no es así y como dice una frase hecha que es el abecé de la resignación: siempre ha habido ricos y pobres. El problema añadido es que en pleno siglo XXI, la era de las redes, los drones y los viajes turísticos al espacio, las teorías neoliberales han reconstruido la pirámide de las clases sociales, y esa es una edificación que sólo puede hacerse con esclavos, un sistema cuyo fin es que unos carguen las piedras y otros acumulen tesoros en sus cámaras secretas, unos vivan con el agua al cuello y otros naden en la abundancia. En los discursos lo siguen llamando democracia, pero exageran.

Si hay un terreno en el que esa batalla de una élite contra el resto sea más obvia y más cruel, es el de la Sanidad, algo que necesitamos todos tarde o temprano y que al final marca la frontera entre una existencia digna y otra de segunda clase, una en la que se puede combatir el dolor o incluso retrasar la muerte y otra en la que quienes no tienen dinero para una clínica privada están condenados a padecer lo indecible. Lees las noticias y hablan de los negocios de la Comunidad de Madrid y los allegados de la presidenta con el grupo Quirón, ves los cientos de millones que se le han dado, y por otra parte encuentras denuncias de ambulatorios de la Seguridad Social cerrados o atendidos sólo por una enfermera o las continuas quejas de las y los pacientes que sufren intolerables listas de espera: vas a la consulta de la doctora en septiembre, te manda hacerte unas pruebas y te dan cita para mayo: ocho meses de incertidumbre, y eso es el pan nuestro de cada día.

Los defensores de la desigualdad no ven pacientes sino clientes, y a su forma de robar a la gente sus derechos y el fruto de su trabajo lo llaman “privatización.” El que quiera curarse, que pague, sostienen. Pero ¿es que no pagan o han pagado ya con sus impuestos? Lo público no es una limosna que te da el Estado, es una construcción colectiva, hecha con el esfuerzo de las y los contribuyentes. La Sanidad privada tiene todo el derecho a existir y una función médica es tan honorable como la otra, pero no debería recibir un euro público: lo que llaman conciertos ya sabemos cómo acaban.

Pero no sólo es la Comunidad de Madrid. La periodista Lara Carrasco ha explicado en infoLibre lo ocurrido con el antiguo Hospital del Generalísimo Franco, construido en 1950 y de uso militar hasta 2001, un complejo de más de veinticuatro mil metros cuadrados que el Ministerio de Defensa ha cedido a la Fundación Jiménez Díaz por ciento setenta millones para que lo gestione durante setenta y cinco años. La Jiménez Díaz es parte del entramado Quirónsalud, que en 2023 ganó cuatro mil setecientos setenta millones. Lo repito en números, que son más claros: a un lado, 170 millones; al otro, 4.770. ¿Cuántas listas de espera podrían desaparecer si ese sanatorio enorme fuera público? ¿Cuánto sufrimiento y cuánta angustia, que es lo que hay tras las enfermedades que no se tratan con prontitud?

 O, sin ir más lejos, ¿por qué seguimos con el asunto de Muface y los funcionarios? ¿No sería más justo que estos pasaran a la Sanidad pública, como todo el mundo, y el dinero que van a darle a un seguro privado lo recibiese la Seguridad Social? Se puede hacer de forma gradual, sin perjudicar a quienes estaban acostumbrados a ese régimen, pero con vocación de igualdad y eficacia de cara al futuro inmediato.

La Sanidad pública es la clave, defenderla es la primera esencia de la democracia. ¿O es que esta también la han privatizado y aún no nos hemos dado cuenta?

El Gobierno ha aprobado las condiciones de la nueva licitación para la asistencia sanitaria de los funcionarios de Muface con una subida de la prima del 33,5% en los próximos tres años después de que la anterior quedara desierta, según informa EFE.

Según ha señalado la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a las nuevas condiciones que suponen un incremento de 957 millones de euros elevando la cuantía total del concierto -que cubre a 1,5 millones de personas entre titulares y beneficiarios- a 4.478 millones para 2025, 2026 y 2027.

Alegría ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad a todos los mutualistas que, ha incidido, tendrán garantizada su asistencia sanitaria en las condiciones actuales hasta que se adjudique el nuevo concierto. Según ha detallado el Ministerio de Función Pública, el coste por año será de 1.303 millones en 2025, 1.490 millones en 2026, y 1.685 millones en 2027. En cuanto al concierto para la asistencia sanitaria en el exterior, el presupuesto asciende a 77,7 millones.

Con esta dotación, la prima subirá un 19,37% en 2025; un 7,25% en 2026, y un 4,32% en 2027, con ese aumento acumulado en tres años del 33,5%. La prima media por mutualista al año pasará de 1.032 euros en la actualidad a 1.262 en 2027. Como novedad en estos pliegos, se va a pasar de una prima lineal a una incremental en función de los tramos de edad, de manera que se pague más por asegurar a los colectivos de más edad, y menos por los más jóvenes.

 La licitación de la asistencia sanitaria de Muface quedó desierta el pasado 5 de noviembre al considerar las aseguradoras que prestan el servicio (Adeslas, Asisa y DKV) que la subida del 17% propuesta por el Gobierno era insuficiente. Tras esto, el Ejecutivo abrió una consulta como paso previo a la elaboración de esta nueva licitación para un concierto que vence el próximo 31 de enero.

Sindicatos y otras asociaciones como la de altos funcionarios Fedeca han urgido al Gobierno a encontrar una solución para la asistencia sanitaria de Muface que ampara a 1,5 millones de titulares, entre funcionarios y beneficiarios. "Se trata de un concierto a tres años con la finalidad de garantizar la asistencia sanitaria del colectivo cubierto", inciden desde Función Pública.

En Muface, el 65% son docentes de primaria, secundaria y universitarios y un 17% pertenece a algunos cuerpos de la Administración General del Estado.

Llegado el momento del vencimiento del convenio realizado, se plantea la cuestión de su extinción o su renovación con nuevas condiciones, que podrían exigirse caso de interesar a las partes realizar mejoras en la deficiente asistencia general en la Sanidad Pública, con retrasos ostensibles por falta de personal principalmente, así como recursos generales.

La competencia público-privada siempre ha sido y es un don reseñado por economistas de gran prestigio histórico, como Schumpeter, para implantar mejoras e innovación en cualquier sector social o económico. Sea la banca o la energía, en estas por desgracia decisiones políticas incomprensibles han privatizado casi por completo ambos sectores estratégicos. La educación y la cultura están abiertas a ambas iniciativas con formulas de todo tipo, lo que enriquece más la oferta general.

La pregunta, y la polémica es porque no puede coexistir también en la sanidad la inversión privada con carácter público, si todos conocemos sus deficiencias estructurales que durante muchos años no se resuelven desde lo publico únicamente. En la práctica, el sector privado actúa como a escondidas beneficiándose de las carencias palpables de la gestión pública. Seguros, privados, hospitales concertados etc.

Todos conocemos que dicha gestión no actúa con criterios de méritos para la dirección de sus hospitales y centros de salud. Los nombramientos suelen tener mayormente criterios políticos. Sus mejores especialistas y muchos empleados no tienen en gran número de dedicación completa pública y suelen realizar doble actividad pública y privada. Siendo ello una de las causas de los atrasos de la atención pública.

Para más inri, existe el MUFACE, mutualidad de carácter público que promueve la más alta prestación de atención sanitaria privada a la carta para sus afiliados mutualistas, funcionarios públicos, con doble asistencia. Entonces, ¿de qué hablamos? Se supone que o todos moros o todos cristianos. ¿Por qué no extendemos y reformamos MUFACE para que puedan estar todos los ciudadanos que se afilien? ¿Hay respuesta?

Por que no nos planteamos también lo que se hace en la mayoría de países avanzados europeos, como lo es elegir la sanidad pública universal a través de libre elección de médicos por parte de los ciudadanos, de forma que podamos elegir entre un centro público o privado directamente o a través de MUFACE, pero siempre con carácter público universal y gratuito.

La atención y la calidad de los servicios es lo que debe de primar independientemente de quienes la ejerzan, cuantos más recursos, tanto públicos como privados, existan de libre elección y acceso, mejor y más al alcance de todos estará la sanidad pública universal de calidad.

Entonces, ¿por qué no exigimos mejoras claras y ostensibles a la gestión privada de hospitales públicos? Cómo exigir máximos de días para ser atendido tanto en primaria como en especialistas, así como en las intervenciones quirúrgicas y otros servicios públicos de investigación e innovación, y así sumamos más recursos a potenciar y garantizar una sanidad pública universal y gratuita de calidad.

Ello podría ser una oportunidad para imponer mejoras en la gestión tanto pública como privada para los hospitales y centros de Salud. Además de contar con más recursos públicos, al no tener que hacer inversiones en reversiones como está ocurriendo, por ejemplo, en Torrevieja, con manifestaciones ciudadanas recientes, sin apreciarse ostensibles mejoras por el cambio de gestión.

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José Joaquín Belda es socio de infoLibre.

Adeslas obtuvo unos beneficios netos de 410 millones de euros. El volumen de primas en el ramo salud fue de 3167 millones, de los cuales 914 millones, es decir el 28,8%,  fueron del mutualismo (según datos obtenidos de la información pública suministrada por la entidad y de las memorias del mutualismo).

Asisa obtuvo unos resultados récords, según su propia información. El 44% de sus pólizas de salud procede del mutualismo, más de 625 millones de euros. 

DKV, la tercera aseguradora en importancia dentro del mutualismo, obtuvo unos beneficios de 43 millones de euros, aunque menores que en 2021. Su ramo de salud creció en un 12% , fundamentalmente del sector privado. El mutualismo le aporta el 18% de sus pólizas en salud.

El peso del mutualismo administrativo en las tres aseguradoras es, según los datos expuestos, muy importante en el ramo de salud, sobre todo en Adeslas y Asisa. Hasta 2021, las aseguradoras no habían tenido pérdidas con el mutualismo aunque los beneficios no fueran elevados. El mutualismo ha sido para las aseguradoras un colchón seguro que les ha proporcionado estabilidad y ganancias desde 1975.

Mientras los seguros privados crecen a un ritmo incesante, el mutualismo aporta pérdidas a las aseguradoras en estos dos últimos años, pero no cuantiosas.

De acuerdo al informe de la Fundación Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), que se apoya en datos de ICEA, el índice de siniestralidad (diferencia entre las primas obtenidas y el coste de las prestaciones pagadas) ha sido en el mutualismo de un 102,1% en 2021 y de 100,8% en 2022, en contraste con el seguro privado, cuyo índice fue del 71,9% en 2022.

En 2022, el importe de las pólizas del mutualismo fue de 1733 millones de euros y el coste de las prestaciones pagadas de 1744 millones. Es decir, una pérdida de 14 millones para las aseguradoras. Con el mismo método, en 2021 las pérdidas fueron de 33 millones de euros, lo que equivale a decir que en los dos últimos años las aseguradoras han perdido 47 millones de euros. Se desconoce qué cantidad corresponde a cada una de las tres aseguradoras citadas.

Es lógico en la actividad empresarial que las empresas intenten compensar esas pérdidas con una revisión de los conciertos firmados con el mutualismo, aunque la situación de pérdidas se podía predecir a finales de 2021, cuando  se firmó el concierto de 2002-2024 . También hay que suponer que las aseguradoras están  analizando las causas del incremento de la siniestralidad para poder adoptar medidas organizativas y de calidad asistencial.

Según informaciones aparecidas en prensa, que citan a dos de las aseguradoras, la cuantía que se solicita para la revisión del concierto firmado es un incremento del 40%; dado que el concierto para las tres mutualidades supone 5.425 millones de euros, el coste total hasta 2024 sería de 7.595 millones de euros; teniendo en cuenta que las pérdidas en 2021 y 2022 han sido de un 2% y un 0,8%, la cantidad solicitada parece desde todo punto de vista desmesurada, salvo que existan otras pérdidas  que las aseguradoras tendrán que demostrar.

Ni Muface ni ninguna de las mutualidades administrativas está en quiebra, sus presupuestos están equilibrados, pero abonar las cantidades arriba descritas pondría a estas entidades en un aprieto financiero, teniendo en cuenta además que la cantidad de 7.595 millones de euros sería el punto de partida para el concierto 2025-2027. 

La revisión del concierto, si procede, y la determinación de las cuantías futuras, tendrán que ser producto de una negociación entre las aseguradoras y las tres mutualidades, con total transparencia. Las aseguradoras tendrán que explicar las causas de sus pérdidas y atender las razones de las mutualidades y sus usuarios.

El problema presente tiene su origen en el incumplimiento de la disposición adicional segunda de la ley general de sanidad de 1986. Si se hubiera procedido a un traspaso gradual de las mutualidades al sistema sanitario público, ni los funcionarios ni las mutualidades ni las aseguradoras sufrirían la situación presente. 

En la poco importante opinión del autor de este comentario, cabe plantearse la solución de los problemas actuales mediante una negociación transparente con las aseguradoras, pero cabe también ir pensando en la viabilidad del modelo actual a medio plazo, tomando medidas graduales que no conviertan a las mutualidades en solicitantes de créditos extraordinarios, por el incremento constante de las pólizas de las aseguradoras.

Nadie está planteando la desaparición inmediata de las mutualidades, por lo que no se entiende el comunicado de la Fundación IDIS de 2 de noviembre de 2023, anunciando un supuesto coste de 3.000 millones de euros y el cierre de centros privados sanitarios si desaparece Muface. Tal coste no merece consideración porque no se da el supuesto de hecho del que IDIS parte. La situación actual se ha tratado de explicar en este comentario.

Ni Muface está en quiebra, como dicen otros, ni las mutualidades van a desaparecer mañana. 

Finalmente, explicar un supuesto ahorro del mutualismo ( como hace IDIS), comparando el coste de la póliza de Muface con el gasto sanitario per cápita, aunque se deduzcan de éste las prestaciones farmacéuticas y el coste de las mutualidades, no es válido, al comparar términos que no son homogéneos; será así si se comparan el coste de la póliza de los mutualistas con el coste de las privadas que cubran las mismas prestaciones que las de las mutualidades, salvo mejor opinión fundada (Ver el comentario citado, La crisis de Muface).

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Julián Lobete Pastor es socio de infoLibre.

El concierto se firmó con Adeslas (50,76% de los mutualistas); Asisa (35,67 % y DKV (11,58%), con un coste trianual de 3.571 millones de euros, es decir 1.190 millones por año. El incremento solicitado por las aseguradoras supone elevar el coste del concierto a 4.999 millones de euros para los tres años, es decir un coste 1.666 millones de euros cada año. Todo ello sin contar el aumento de costes que supondrá trasladar el mismo incremento a los otros dos componentes del mutualismo administrativo Isfas ( militares) y Mugeju (jueces). (Ver el comentario titulado La contribución del Mutualismo Administrativo a la sanidad privada y a las aseguradoras, publicado el 5 de junio de 2023 en infoLibre-Librepensadores)

De acuerdo a los términos del concierto, las modificaciones que se pueden plantear al mismo tienen que cumplir unas condiciones tales como que las circunstancias que motiven la modificación no se hubieran podido prever por una administración diligente (las aseguradoras basan su propuesta en el incremento de los costes hospitalarios y asistenciales); además que la modificación del coste del concierto no exceda del 50% del valor inicial, IVA excluido.

Hay que recordar que las aportaciones del Estado al mutualismo administrativo son aprobadas cada año en los Presupuestos Generales del Estado.

Ante la crisis planteada por la petición de aumento de costes, los actores interesados, sector sanitario privado, aseguradoras  y sindicatos han solicitado a la Dirección General de Muface una respuesta en el Consejo General de la entidad, respuesta que se va a retrasar por el cambio de gobierno. No obstante, todos los actores citados presionan para que se modifique el concierto, cada uno con sus particulares intereses.

Según el estudio de la Fundación IDIS (Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad) titulado Impacto del Cambio de Modelo en las Mutualidades en el caso de la desaparición del mutualismo administrativo, las aseguradoras verán reducidos el número de pólizas y por consiguiente su facturación. El descenso de asegurados  se situaría, según la Fundación IDIS, en 1,8 millones de pólizas, lo que supone el 16% del número total de asegurados en asistencia sanitaria.

De acuerdo al mismo informe, la pérdida de asegurados puede conllevar el cierre de consultas, centros médicos de diagnóstico y hospitales privados, en aquellas Comunidades Autónomas en las que existe un elevado grado de dependencia de las pólizas de los mutualistas; en concreto una media de 2,1 camas por 1.000 pólizas perdidas. Todo ello llevaría a la pérdida de empleo en el sector privado sanitario; IDIS toma como referencia la cuenta de 0,022 empleos por mutualista, lo que en el caso de la desaparición de Muface representaría la pérdida de 24.607 empleos en el sector sanitario privado. 

El informe de IDIS señala que el mutualismo administrativo genera un ahorro de entre 720 millones y 800 millones de euros con datos de 2020. Para llegar a esa conclusión, IDIS divide la cantidad destinada a las entidades aseguradoras en el presupuesto de las mutualidades, por ejemplo Muface, y la divide por el número de mutualistas que han optado por esas entidades.  (Recordemos que, en el caso de Muface, el 74,5% de los mutualistas, es decir 1.118.497 mutualistas optan por las aseguradoras, y el 25,4% , es decir 380.884 mutualistas, optan por el sistema sanitario público, según datos de la Memoria de Muface de 2021: no se ha publicado la de 2022)

Siguiendo el método de IDIS, y con datos de 2021, el gasto por mutualista es de 963 euros anuales. A continuación, el método de IDIS compara esta cifra con el gasto sanitario público per cápita que, según la estadística del Gasto Sanitario Público del Ministerio de Sanidad fue de 1.850 euros en 2021, resultado de dividir el gasto sanitario total por la población española de ese año. Para que una comparación sea significativa tiene que darse entre términos homogéneos; la comparación entre gasto de asistencia sanitaria por funcionario y gasto sanitario per cápita no lo es.

En primer lugar porque en ese gasto total está incluido el que suponen las Mutualidades Administrativas que en 2021 fue de 2.296 millones de euros, es decir el 2,6% del total. Por otra parte, es bien sabido que la salud de un colectivo, de una ciudad, de un barrio, depende en gran medida del origen social, las condiciones de vida y de trabajo, y las expectativas vitales entre otros parámetros. El colectivo afiliado a Muface es en un 75% de titulados superiores y medios, y el 25% restante personal administrativo. Es razonable pensar  que su salud será comparativamente mejor que las de otros colectivos con condiciones de vida y trabajo notablemente inferiores.

El gasto sanitario del colectivo funcionarial, al menos hasta la edad de jubilación, se deduce  por lo expuesto, será siempre menor que el de otros colectivos, estén los funcionarios en Muface o en el sistema sanitario público. El ahorro señalado por IDIS, no obedece, en mi opinión a criterios rigurosos.

“Reclamamos un compromiso político con el modelo Muface y el incremento de la financiación” ha manifestado CSIF tras el último Consejo General de la entidad. Comisiones Obreras, por su parte, ha reclamado un proceso de diálogo con la Administración del Estado y el incremento de la dotación presupuestaria para 2024, ya que en su opinión, no se cumplen los parámetros de calidad ni en la asistencia sanitaria ni en las prestaciones económicas y sociales. Los problemas de financiación del concierto están produciendo, según este sindicato, recortes en los cuadros médicos, la existencia de pocos centros asistenciales, la disminución de clínicas y especialidades médicas y el cobro de algunas asistencias. En parecidos términos se ha expresado UGT.

La valoración de Muface entre los mutualistas, según una reciente encuesta de satisfacción realizada por la propia entidad es de aprobado, un 5,7; aunque otras encuestas aparecidas en la revista de Muface suben esta valoración.

El 70% de los  mutualistas ni siquiera conocen las prestaciones concedidas por la mutualidad, según la misma encuesta, lo que hace pensar en la escasa información que la misma entidad ofrece a sus afiliados o quizá el desinterés de éstos. Objetivamente, la información debería comenzar sobre las ventajas e inconvenientes que supone la opción entre las aseguradoras y el sistema sanitario público.

Ninguno de los sindicatos presentes en Muface pone en cuestión el modelo actual, sino todo lo contrario.

En cuanto a los partidos políticos, únicamente Sumar se ha pronunciado por una desaparición paulatina y escalonada de Muface y de todo el mutualismo administrativo, pero sin concretar los términos y condiciones de ese proyecto escalonado.

La actual crisis de Muface, que exige decisiones que afectan a sus mutualistas y también a toda la ciudadanía, obliga a una reconsideración sobre el modelo y su futuro. Para ello hay que partir de varias consideraciones que se exponen a continuación, siempre con el ánimo de incitar a un debate y a una reflexión.

La existencia del mutualismo administrativo representa una incongruencia dentro del sistema sanitario público español. Un estado que ha desarrollado una sanidad pública universal mantiene la posibilidad de una opción privada para sus funcionarios, con el coste que ello ha supuesto y supondrá para el erario público.

Se ha incumplido la disposición adicional segunda de la Ley General de Sanidad de 1986 que obligaba a una integración paulatina y ordenada del mutualismo administrativo en el sistema público, de ahí la crisis actual.

Se está conculcando el principio de igualdad regulado en el artículo 14 de la Constitución española, en cuanto el mutualismo establece diferencias en el ejercicio del derecho a la salud entre ciudadanos españoles.

Se está contribuyendo a mantener y financiar una parte importante de la sanidad privada, cuando no es tal el objetivo principal de una sanidad pública universal.

Es legítimo, por tanto, plantearse la viabilidad constitucional, económica y social del mutualismo.

Naturalmente, la revisión del modelo, si se opta por esa vía, debería llevarse a cabo de forma negociada con todos los actores que intervienen en el proceso, es decir la Administración central a través de su gobierno, sindicatos, aseguradoras, sanidad privada y, en su caso, asociaciones de usuarios. Existen posibilidades de mejora, si se quiere encontrarlas, que no menoscabarán el derecho a la salud de los funcionarios, pero que tampoco significarán un incremento de costes para el conjunto de la ciudadanía.

Puede ser que la reflexión que se ha expuesto sea inútil porque ninguno de los actores implicados esté interesado en una reforma o un cambio de modelo, pero los datos que se han expuesto en este comentario demuestran que la reflexión, a pesar de todo, no será un ejercicio inútil.

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Julián Lobete Pastor es socio de infoLibre.

El pasado miércoles 10 de mayo se firmó por parte de las organizaciones empresariales y los sindicatos CCOO y UGT el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) para los años 2023 a 2025. Este acuerdo es de gran importancia porque sirve de compromiso para las partes firmantes a la hora de elaborar los convenios colectivos, 1.300 pendientes de renovar el próximo año, que habían quedado pendientes debido al bloqueo empresarial de la mesa estos últimos meses, a medias, como comentamos por aquí, entre las presiones electoralistas de la oposición y el deseo de que la ciudadanía no saque conclusiones sobre el nuevo impulso político de este ciclo.

Los empresarios saben que en esta última legislatura han firmado varios importantes documentos que han sido netamente beneficiosos para la clase trabajadora, como la reforma laboral, pero que cuando no han querido estar, como en el caso del SMI o las pensiones, Gobierno y sindicatos han seguido adelante con éxito. Es decir, la CEOE es consciente de que la marea ha cambiado respecto a la pasada década, por lo que no le queda más remedio que recular en sus posiciones, llegando a acuerdos que en otro contexto no hubieran contando con su presencia.

Esto sucede, en primer lugar, por la conformación de un cierto momento laborista, donde sindicatos y Gobierno comparten una visión similar a la hora de ordenar la sociedad. Esto no significa que no haya habido diferencias entre actores y dentro del propio Gobierno, pero sí que, al menos, no se parte de posiciones hostiles por parte del Ejecutivo, como en el caso de los gabinetes de Rajoy, donde el paradigma para salir de la Gran Recesión fue de recorte a lo público y precarización laboral. Tiempos en los que la palabra “reforma” no era más que un eufemismo para el hachazo a la clase trabajadora. Conviene no olvidarlo.

En segundo lugar, la CEOE es consciente de que el momento histórico, fuera y dentro de España, ha cambiado. El neoliberalismo tiene importantes grietas y la propia UE, que una vez fue martillo austeritario de herejes, se muestra hoy mucho más comprensiva con las políticas igualitaristas. El momento es clave para la izquierda. O se sabe dónde hay que estar, moviendo piezas con audacia para que esas grietas se profundicen, o cabe la posibilidad de recomposición, una que llevará además el apellido del autoritarismo ultra. De ahí que las derechas, de las cuales la CEOE es una pieza clave, aun retrocediendo, deban presentar los acuerdos a los que llegan siempre de manera favorable a sus intereses. Este de la AENC no es una excepción.

¿Cuál es la palanca narrativa que se ha usado esta vez? Deslizar el análisis sesgado, en la prensa económica de derechas, dos días antes de la firma del acuerdo, de que los sindicatos daban su brazo a torcer para que las mutuas controlaran el absentismo. El problema es que ese análisis ha sido magnificado en mentira por algunos sectores progresistas, incapaces en la práctica pero ruidosos en lo digital, que entre la torpeza, la ignorancia y el mero afán de notoriedad, han acabado por concluir que los sindicatos han firmado un supuesto plan de privatización sanitaria. Por lo explicado en los párrafos anteriores, el momento clave, pero también por un mero ejercicio de aprecio a la verdad, este bulo merece ser contestado.

Primero y más importante. El acuerdo de la AENC no es una ley, ni siquiera un pacto exigible jurídicamente como un convenio, por lo que nunca podría alterar quiénes son los actores encargados de dar bajas, altas y de realizar su seguimiento, algo que establece la ley general de la Seguridad Social. Ni el Gobierno ni el Congreso han modificado ningún artículo de esta ley, por lo tanto no puede haber ningún cambio. Las cosas siguen como hasta ahora.

Segundo. La ley vigente establece que las altas, las bajas y el seguimiento de la incapacidad temporal deberán ser realizadas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social y el Servicio Público de Salud. Tanto la propia ley, como el Real Decreto 625/2015, también establece que existen entidades colaboradoras en este proceso, habitualmente mutuas empresariales, que pueden emitir partes de baja, confirmación y alta por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Para contingencias comunes sólo pueden realizar propuestas de alta.

Tercero. El acuerdo de la AENC consta de treinta páginas y el concepto mutua tan sólo aparece tres veces. ¿Diciendo qué? Que se realizará “un mejor aprovechamiento de los recursos de las Mutuas colaboradoras de la Seguridad Social sin modificar las actuales competencias de los servicios públicos de salud y con plena libertad de [elección de] la persona trabajadora”. “Al objeto de cumplir esta finalidad, las Organizaciones signatarias instamos a las administraciones con competencias en la materia a desarrollar convenios con dichas Mutuas, encaminados a realizar pruebas diagnósticas y tratamientos terapéuticos y rehabilitadores en procesos de IT por contingencias comunes de origen traumatológico”.

El acuerdo de la AENC propone que el trabajador que lo desee, con la previa aceptación de su médico de atención primaria, pueda utilizar los servicios de rehabilitación de las mutuas para tratar enfermedades osteomusculares que no se consideran laborales, pero que habitualmente están causadas por el trabajo, por procesos de repetición, malas posturas o manipulación de cargas. Es decir, tan sólo se abre la posibilidad de que un trabajador pueda utilizar una mutua en caso, por ejemplo, de sufrir una lumbalgia, frente a una situación real que es de largas listas de espera en la sanidad pública. Tanto que cuando llega el momento del tratamiento ya no hay incapacidad temporal porque la dolencia se ha malcurado por sí misma.

Cuarto. ¿Qué dice CCOO, uno de los firmantes de la AENC, cuando se les pregunta por el bulo de que han firmado un acuerdo que privatiza la sanidad? “En ningún caso el sindicato va a permitir que la gestión de las bajas en estos procesos de contingencias comunes sea realizada por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, tal y como lleva pretendiendo la patronal desde hace años. Tampoco compartimos, ni se incluye en el AENC, que se derive el control y seguimiento de las bajas por incapacidad temporal, desde los servicios públicos de salud e inspección, hacia las mutuas”.

Quinto. Tenemos un problema, como es sabido, con nuestra sanidad pública. La propia CCOO ha estimado que se debería realizar una inversión que supere el 7,2% del PIB para que el servicio se preste en condiciones adecuadas. Nuestra sanidad no se ha recuperado de los recortes a la que se la sometió la pasada década, viéndose aún más sobrecargada por la pandemia y las enfermedades, físicas y mentales, que han derivado de ella, algo que se ha notado en los procesos de incapacidad temporal. En el acuerdo de la AENC se recoge este hecho, comprometiéndose los firmantes a analizarlo y establecer “líneas de actuación que mejoren la salud de las personas trabajadoras”.

En resumen, los procesos de alta, baja y seguimiento de incapacidad temporal siguen como hasta ahora. Las mutuas no ven ampliada su capacidad en este sentido de ninguna manera. La única novedad es que, las partes firmantes, se comprometen a aprovechar sus recursos para la rehabilitación en algunas incapacidades temporales por contingencias comunes, siempre bajo deseo del trabajador y bajo el permiso del médico de atención primaria. Analizando, y aquí se abre una importante posibilidad, de identificar las patologías que se tratan como comunes pero que vienen derivadas de las condiciones de trabajo y por tanto deberían ser reconocidas como enfermedad profesional. 

Que esta novedad se haya utilizado desde la derecha para intentar enturbiar el acuerdo de la AENC no debería ser sorprendente. Que agitadores digitales, supuestamente progresistas, difundan estas mentiras debería ser preocupante. La campaña para atacar el prestigio de los sindicatos, que arreció la pasada década, cuando muchos de sus afiliados se enfrentaron a penas de cárcel por oponerse a los recortes, vuelve a ser primera plana, esta vez con la ayuda de una bobería de red social que juega a la radicalidad para ganar unos cuantos seguidores. Vivimos tiempos donde hasta el último de los imbéciles tiene poderosas herramientas a su disposición para hacer daño.

Lo peor de extender mentiras es que se resta espacio para tratar lo que realmente sucede. Los sueldos subirán, según el acuerdo de la AENC, entre el 10´3% el 13’6%, pero, sobre todo, se continuará con las pautas de contratación estable y sustitución del despido por herramientas como el ERTE que han dado más de millón y medio de contratos indefinidos más desde que entró en vigor la reforma laboral. El empleo se ha convertido en el motor de nuestra economía, rozando ya casi los 21 millones de afiliados a la seguridad social. Los convenios colectivos, la negociación de los sindicalistas, es lo que siempre ha cosido buena parte de la legislación que sale del Congreso a la realidad más inmediata. Ahora, además, valdrá para desmentir el insoportable e interesado ruido digital. 

Un total de 211 trabajadores fallecieron en accidente laboral hasta abril de este año, 20 menos que en el mismo periodo de 2020, lo que implica un descenso del 8,7% en el número de muertes por esta causa, según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social recogidos por Europa Press.

De estos fallecimientos, 176 se produjeron durante la jornada de trabajo, 8 menos que en el mismo mes de 2020, lo que supone un descenso porcentual del 4,3%. Los 35 accidentes mortales restantes registrados fueron siniestros in itínere (los que se producen en el trayecto de casa al trabajo y viceversa), 12 menos que en el mismo periodo del año pasado (-25,5%).

En conjunto, se contabilizaron 176.624 accidentes laborales con baja, lo que supone un aumento del 16,9% respecto al número de siniestros registrados hasta el cuarto mes de 2020.

Del total de siniestros, 152.263 accidentes se registraron en el lugar de trabajo y 24.361 fueron siniestros in itínere. Los primeros crecieron un 15,4%, mientras que los segundos crecieron un 26,9% respecto al mismo periodo del año pasado.

Los accidentes leves con baja en el puesto de trabajo de los asalariados sumaron 150.919 hasta el cuarto mes del año, un 15,5% más, y los graves fueron 1.168, un 7,3% más que a un año antes. En el caso de los siniestros in itínere se registraron 24.075 accidentes de carácter leve (+27,2%) y 251 de gravedad (+12,6%).

Más de 10.000 accidentes de trabajadores autónomos

La estadística distingue entre accidentes laborales de asalariados y de trabajadores por cuenta propia. De los 176.624 siniestros con baja registrados hasta abril de 2021, 165.863 los sufrieron asalariados (+16,3%) y 10.761 correspondieron a trabajadores autónomos (+23,9%).

Desde el 1 de enero de 2019 la cobertura específica de la Seguridad Social por accidente laboral en el caso de trabajadores autónomos pasó a ser obligatoria con carácter general, mientras que en 2018 era mayoritariamente voluntaria y solo alcanzaba a cerca de un 20% de los autónomos.

Entre los accidentes de asalariados contabilizados hasta abril, un total de 142.280 se produjeron estando en el puesto de trabajo, un 15% más que hasta abril de 2020, mientras que 23.583 fueron siniestros in itínere, cifra que es un 26,5% superior a la del año anterior.

Los accidentes leves de asalariados con baja en el puesto de trabajo sumaron 141.158 hasta abril, un 15,1% más, y los graves alcanzaron los 964, un 6,6% más que en el mismo periodo del año anterior.

En el caso de los siniestros in itínere, los trabajadores asalariados registraron 23.327 accidentes de carácter leve (+26,9%) y 222 de gravedad (+6,2%).

Por su parte, de los 10.761 accidentes que sufrieron los trabajadores autónomos hasta abril, 9.983 (+22,8%) se produjeron en el puesto de trabajo y 778 (+40,9%) fueron siniestros in itínere.in itínere.

La estadística también revela que además se notificaron 176.522 accidentes laborales sin baja, un 8,5% más que en el mismo periodo de 2020.

Bajas laborales por covid

En la estadística se han vuelto a incluir los accidentes que han causado baja en el periodo de referencia, recepcionados por la Autoridad Laboral Provincial, aunque se trata todavía de datos provisionales.

Hasta abril 2021, la estadística recoge que un total de 5.314 personas estuvieron de baja por coronavirus. De estos, 5.229 fueron leves, 10 grave y 5 mortales.

Por comunidades autónomas, el mayor número de bajas por covid se dieron entre enero y abril 2021 se dieron en Cataluña (1.116), Castilla-La Mancha (890), Madrid (864) y Comunidad Valenciana (506). Por detrás, le siguen Andalucía (409), Aragón (368), País Vasco (318), Asturias (150), Extremadura (144), Baleares (124), Castilla y León (116), Madrid (103), Cantabria (89), La Rioja (48), Galicia (41), Navarra (15) y Canarias (13).

Teniendo en cuenta la actividad económica, un total de 4.967 personas que se dieron de baja por covid trabajaban en actividades sanitarias, 221 lo hacían en asistencia en establecimientos residenciales, 102 en administración pública y defensa y 24 en otras actividades.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá ha dicho este lunes que el Gobierno ha alcanzado un acuerdo para que las mutuas privadas colaboren en el proceso de vacunación.

En una entrevista recogida por Europa Press, Escrivá ha señalado que el Gobierno va a firmar un convenio "próximamente" con "las mutuas de accidentes y la fundación CEOE" de la patronal para que las comunidades autónomas puedan utilizar "las capacidades logísticas" y "el personal" de las mutuas, que son "parte del sistema de Seguridad Social" para "vacunar" en "los próximos meses". "Esto va a estar disponible en España", ha destacado.

En este sentido Escrivá ha detallado que las mutuas cuentan con "personal sanitario" y "locales" que podrán estar a disposición de las comunidades autónomas "si así lo consideran conveniente".

Finalmente ha señalado que el objetivo de vacunar al 70% de la población en verano "se va a cumplir" y que el modelo centralizado de compra de vacunas "está funcionando bien" en la Unión Europea y ha sido "un éxito" en países como Reino Unido e Israel.

El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) subió en octubre en 56.844 desempleados respecto al mes anterior (+1,67%), su segunda menor alza en este mes desde 2007, cuando estalló la crisis, según ha informado este viernes el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

El volumen total de parados alcanzó a finales de octubre la cifra de 3.467.026 desempleados, manteniéndose en su nivel más bajo de los últimos ocho años, según ha destacado Empleo.

Dentro de la serie histórica comparable, que arranca en 1996, la evolución del paro en los meses de octubre siempre ha sido desfavorable por el fin de la temporada veraniega. El mayor repunte del desempleo en este mes se produjo en 2008, cuando a las listas del SEPE se apuntaron 192.658 parados.

El de octubre de este año es el segundo incremento más bajo desde 2007, sólo mejorado por el del año pasado, cuando el número de desempleados aumentó en 44.685 personas. En los últimos ocho años, la subida media del paro en los meses de octubre supera las 90.000 personas.

En términos desestacionalizados, el paro bajó en octubre en 23.690 personas.

En el último año el paro se ha reducido en 297.956 desempleados (-7,9%) y entre enero y octubre acumula un recorte de 235.948 personas.

El paro sólo bajó en octubre en la construcción, con 5.190 parados menos, y en el colectivo sin empleo anterior (-173). Como es habitual tras el fin de la temporada estival, el desempleo se incrementó principalmente en los servicios (+50.985 parados), seguido de la agricultura (+9.194 parados) y la industria (+2.028 desempleados).

El desempleo aumentó en octubre en 15 comunidades autónomas, lideradas por Cataluña (+14.698 parados) y Andalucía (+12.971) y sólo bajó en País Vasco (-1.990 desempleados) y Comunidad Valenciana (-1.858 parados).

Récord de contratos fijos

El número de contratos registrados durante el mes de octubre ha sido de 2.032.184, cifra un 8,8% superior a la del mismo mes de 2016.

En octubre de 2017 se han registrado 202.542 contratos de carácter indefinido, el 9,97% del total, con un incremento del 21,4% sobre igual mes del ejercicio anterior.

Se trata del "mejor dato desde el inicio de la recuperación", según Empleo, que ha destacado además que con este incremento se acumulan 45 meses de alzas interanuales en la contratación fija y que ésta está creciendo a un ritmo tres veces superior a la contratación temporal (+7,6%).

SegurCaixa Adeslas, aseguradora participada por Mutua Madrileña y La Caixa, ha rescindido la póliza de seguro de responsabilidad civil que tenía con el Parlamento catalán al haber cambiado las condiciones del contrato por un agravamiento del riesgo de la situación en Cataluña a la luz de los últimos acontecimientos, informaron a Europa Press en fuentes próximas a la compañía.

La aseguradora ha tomado nota de la suspensión por parte del Tribunal Constitucional de la Ley de Transitoriedad Jurídica aprobada por el Parlamento catalán, lo que, a su juicio, supone un cambio en las condiciones de la póliza que no es asumible.

SegurCaixa Adeslas ha comunicado la rescisión de la póliza mediante una carta remitida al Parlament y que ha sido difundida en la mesa de la cámara.

El consejo de administración de SegurCaixa Adeslas aprobó el pasado 9 de octubre el traslado de su sede social de Barcelona a Madrid. La empresa está integrada en el grupo empresarial de Mutua Madrileña desde 2011 y su nueva sede social, tras el acuerdo adoptado por su consejo, se ubicará en la Torre de Cristal de Mutua Madrileña, situada en el Paseo de la Castellana de Madrid, donde desde hace varios años ya se ubican las oficinas principales de la empresa y la mayor parte de las áreas de gestión.

SegurCaixa Adelas, cuyo presidente ejecutivo es Javier Mira, quien también es director general de Mutua Madrileña, es a través de la marca Adeslas la aseguradora española líder en salud, con un 25% de cuota de mercado a nivel nacional. Cuenta con el mayor cuadro médico de España (alrededor de 43.000 profesionales) y más de 3,6 millones de clientes en este ramo.

El Parlament estudiará su relación con la empresa

El vicepresidente primero de la Mesa del Parlament, Lluís Guinó, ha calificado este martes de "injustificable" la decisión de SegurCaixa Adeslas y ha avisado de que la cámara estudiará su relación con la empresa.

En declaraciones a los medios en el Parlament, ha dicho que se trata de una decisión "claramente política" y en ningún caso jurídica, y ha recordado que la compañía ha decidido recientemente trasladar su sede social a Madrid.

Ha defendido que, "desde un punto de vista jurídico, no tiene ningún sentido" el argumento que ha dado la compañía para rescindir el contrato, puesto que se ha referido al riesgo que supone la ley de transitoriedad jurídica, que ya ha sido suspendida por el Tribunal Constitucional (TC) y que no ha entrado en vigor en ningún momento.

Guinó lamenta que la compañía haya decidido "unilateralmente resolver el contrato porque ha considerado que las circunstancias han cambiado" desde que se firmó el contrato, y ha asegurado que por el momento el Parlament no da por válida esta justificación y cuenta con que la empresa sigue ofreciendo cobertura.

"No reconocemos los efectos de la decisión porque no tiene fundamento jurídico; entendemos que está vigente y que, si hay un incidente, deberá responder", y por ello la Mesa ha pedido un informe jurídico para poder abordar la situación de la compañía.

En caso de que finalmente no se "rectifique o renegocie" el contrato, el Parlament estudiará a medio plazo cambiar todos sus seguros a otras compañías: a corto plazo, contratará a otra entidad que cubra el vacío que se ha generado en el ámbito de responsabilidad civil.

No descarta acciones judiciales

Tampoco descarta emprender "acciones judiciales" contra la decisión de la compañía, puesto que se ha hecho de manera unilateral y sin avisar, ha criticado.

"Si una empresa no quiere asegurar al Parlament, hay multitud de compañías que seguramente estarán encantadas de trabajar con el Parlament", ha sentenciado Guinó.

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha dictado una Orden por la que declara la insuficiencia de medios de la Intervención General de la Seguridad Social para cumplir con alguna de las auditorías previstas en el Plan Parcial de Auditorías y Control Financiero de Subvenciones y Ayudas Públicas para 2017 y autoriza al organismo a recabar la ayuda de empresas privadas de auditoría para realizar esta tarea.

En concreto, en la Orden, publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se explica que la Intervención General de la Seguridad Social, como en años anteriores, "carece de efectivos suficientes" para hacer frente, en el plazo previsto, a alguna de las auditorías previstas en el Plan Parcial de Auditorías que ha elaborado para 2017 la Intervención General de la Administración del Estado.

Por este motivo, y amparándose en razones "de eficiencia técnica y organizativa" para cumplir con los objetivos de ejecución de dicho plan y, sobre todo, en razones orientadas a dar cumplimiento a la normativa, Empleo justifica la necesidad de establecer un proceso de colaboración con empresas privadas de auditoría mediante la contratación de determinadas actuaciones de control, dado que la Intervención de la Seguridad Social no puede asumir en su integridad con sus efectivos actuales.

La Ley General Presupuestaria establece la obligación de realizar anualmente la auditoría de las cuentas de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, entre otras entidades del sector público estatal, tarea de la que se encarga la Intervención General de la Seguridad Social.

En caso de que exista insuficiencia de medios, la Ley General de la Seguridad Social permite recabar la colaboración de empresas privadas para ejecutar el plan de auditorías, siendo necesaria una Orden del Ministerio de Empleo para ello cuando la financiación de dicha colaboración se realice con cargo a créditos de los presupuestos de las entidades y servicios de la Seguridad Social adscritos a dicho departamento.

En la Orden publicada este viernes, en vigor a partir de mañana, Empleo autoriza a la Intervención General de la Seguridad Social, "dentro de sus disponibilidades presupuestarias", a recabar la colaboración de empresas privadas para realizar las auditorías de las cuentas anuales de las mutuas.

Asimismo, se autoriza la celebración de estos contratos de colaboración con auditoras privadas por un plazo de vigencia superior a un año "debido a que estos trabajos de control o auditoría tienen carácter periódico y recurrente".

El de las sociedades de prevención de riesgos laborales era hasta ahora un sector muy atomizado –lo integran unas 370 empresas– y con un “muy bajo valor añadido”, según lo describe Rubén Rodríguez, presidente de ASPA, la asociación que agrupa a 168 pequeñas empresas. Rodríguez cifra en unos 700 millones de euros la facturación del sector, sumados los servicios de prevención ajenos y los creados por las mutuas. No obstante, un informe elaborado por la consultora británica Plimsoll elevaba a 1.300 millones el volumen de negocio del sector español de salud laboral. Rodríguez cree que el dato está “inflado” porque incluye la facturación de grupos que se dedican sólo tangencialmente a la gestión de los riesgos laborales, “como SGS Tecnos”, que el estudio sitúa como la segunda empresa del sector, pese a que sólo una pequeña parte de su actividad se refiere a la prevención en el trabajo.

El caso es que, con la salida al mercado en bloque de las 19 sociedades y la amenaza de liquidación si no se cumplía el plazo, el sector temía que éstas se malvendieran a precios por debajo de su valor. Cinco de las más importantes se encuentran en pérdidas. De hecho, la primera oferta que recibió Fremap por su sociedad de prevención, la mayor de todas, fue de sólo 100.000 euros, cuando el valor en libros de la empresa rozaba los 13 millones. La presentó una empresa colombiana que fue aceptada por Fremap pero rechazada por el Ministerio de Empleo.

Hasta el 40% del mercado para IDC Salud

Finalmente, sin embargo, las 19 sociedades de prevención han atraído intereses múltiples hasta venderse todas. Es más, el gigante de la sanidad privada IDC Salud –la antigua Capio– ha adquirido cuatro de estas empresas, entre ellas la líder del sector, Fremap. El precio de ésta rondó los 100 millones de euros. El primer grupo hospitalario privado de España, con una red de 42 hospitales, también ha comprado MC SPA, Universal de Prevención y Salud, así como la filial de Muprespa. En total, casi el 40% del sector, según el presidente de las pequeñas sociedades de prevención. Menos del 30% según los cálculos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que el 11 de junio pasado autorizó las compras de IDC Salud tras descartar que supongan “un obstáculo a la competencia efectiva”.

IDC Salud, que hasta abril de 2013 se llamaba Grupo Capio, ha sido foco de atención al haberse hecho en pocos años con la gestión de hasta nueve hospitales públicos en Madrid, Cataluña y Castilla-La Mancha. También por el hecho de que, como publicó infoLibre, sus propietarios, el fondo de inversión CVC, se ocultan en los paraísos fiscales de Luxemburgo, Holanda y las Islas Caimán. Factura 1.700 millones de euros al año.

Las sociedades de prevención de riesgos laborales pueden ser un bocado suculento si se tiene en cuenta que llevan a cabo los reconocimientos médicos de millones de trabajadores. El responsable del sector en UGT, Álvaro Vicioso, no descarta que IDC Salud haya visto en las empresas para las que trabajan estas sociedades “una posible cartera de clientes”, un “nicho de negocio”. El presidente de ASPA, por su parte, advierte de que sería ilegal que las sociedades intentaran aprovechar los recursos de sus hospitales para dar servicios a las empresas. “Las normas que regulan nuestra actividad son muy estrictas y prohíben cualquier vinculación con otras actividades, la ley es muy taxativa al respecto”, explica, “espero que a nadie se le pasará por la cabeza utilizar bases de datos de trabajadores o usar un traumatólogo de un hospital, por ejemplo, para el servicio de prevención”.

Restaurantes italianos, patronal textil, laboratorios

Sea cual sea el beneficio previsto, lo cierto es que en las sociedades de prevención se han interesado nombres completamente ajenos al sector. Algunos de ellos se han asociado a directivos de las propias empresas para hacerse con ellas. Tal es el caso de Nueva Activa, que ha sido adquirida por Raúl Quejido Molinero, administrador de esa sociedad de prevención, tras unirse al gerente de la cadena de restaurantes La Tagliatella en España, David Gorgues Carnicé. Éste posee el 85% del capital de Equaltus SL, la empresa que ha constituido con Raúl Quejido para comprar Nueva Activa.

El presidente del Celta de Vigo, Carlos Mouriño, que además es empresario y tiene negocios en México, compró en 2013 Mutua Gallega de Accidentes de Trabajo (Mugatra), a través de una de sus sociedades, Inverhismex.

Los Laboratorios Echevarne, que cuentan con una red de 43 centros repartidos por toda España, se han hecho con la Sociedad de Prevención MAZ.

Asepeyo, que nació con Catalana Occidente, ha pasado a manos de cinco directivos de la propia sociedad de prevención y un inversor privado, Pablo Garriga de Vaz Concicao, exconsejero de la sociedad de capital riesgo de CatalunyaCaixa.

También Ibermutuamur se ha quedado en manos de sus directivos, un total de 47, que han constituido Inverpren SL y pagado 12,9 millones de euros por ella. Otro tanto ha ocurrido con la filial de Umivale, adquirida por Valora Equipe SL, a su vez controlada por 196 trabajadores y directivos de la sociedad de prevención, que se han asociado con 21 inversores de Valencia, Madrid, Galicia y Albacete. Todos ellos eran socios de la mutua y serán los clientes de la nueva sociedad de prevención. Pagaron 10,7 millones de euros.

Ésa ha sido otra de las fórmulas para comprar las filiales de salud laboral. Unión de Mutuas se la han quedado 30 antiguos mutualistas, desde empresas de azulejos hasta bodegas e incluso colegios, todos ellos de la Comunidad Valenciana. La sociedad Prevint, antes en manos de Mútua Intercomarcal, ha quedado en manos de la Fundación per la Indústria, la patronal textil de Sabadell (Barcelona).

Finalmente, otras empresas del sector de la salud laboral han aumentado su perímetro adquiriendo a sus competidoras. El Grupo Preving ha comprado dos, asociado con la firma de capital riesgo Corpfin Capital: Prevención Navarra y Egarsat. PFA Asesores es otra firma del sector de la prevención, que se ha hecho con Previmac. El líder en servicios sanitarios del País Vasco Igualatorio Médico Quirúrgico ha preferido Mutualia. Por último, NorPrevención ha comprado la cántabra Mutua Montañesa.

Con estas operaciones se pone fin a una situación que el Tribunal Supremo no dudó en calificar de “competencia desleal e intrusismo” en una sentencia de marzo de 2014. Según el Alto Tribunal, las filiales de prevención de las mutuas utilizaban “para su estructura recursos propios de la Seguridad Social”, también “recursos con cargo a las cuotas [de la Seguridad Social] para su propio funcionamiento” e incluso se aprovechaban de “información privilegiada de las empresas” y ofertaban “tarifas por debajo del coste real”.

¿Despidos?

Así, las empresas asociadas en ASPA saludan la “privatización” de estas filiales de las mutuas [infoLibre ha intentado, sin éxito, contar con la opinión sobre estas operaciones tanto de ASPREM, la patronal de las sociedades de prevención más grandes, como de AMAT, la patronal de las mutuas]. Todo lo contrario que los sindicatos. Tanto UGT como CCOO se opusieron en todo momento a la venta, que tachan de “expolio”. “Supone la ruptura definitiva del vínculo entre salud laboral y Seguridad Social”, condena el sindicato que dirige Ignacio Fernández Toxo. Álvaro Vicioso, de UGT, critica que el Ministerio de Empleo no haya incluido entre las condiciones para la venta de estas sociedades la exigencia a los compradores de mantener las plantillas. Y teme lo que pueda ocurrir en los próximos meses. Ya han empezado, asegura, “movimientos” de directivos en las sociedades recién adquiridas. “Estamos expectantes ante lo que pueda hacer IDC Salud en las cuatro empresas que ha comprado”, avanza, porque da por hecho que se producirán inevitables “duplicidades en la estructura directiva”.

En efecto, en la lista de condiciones que el Ministerio de Empleo impuso a los posibles compradores no figura ninguna garantía del empleo. Además de aportar información mercantil, se les exige que carezcan de vinculaciones laborales e intereses económicos con la mutua vendedora. Para acreditarlo bastan declaraciones juradas de los compradores donde conste que no poseen más del 10% del capital de la sociedad de prevención, ni ellos ni sus parientes. Esa situación deben mantenerla durante cinco años después de la venta. El ministerio se limita a pedir un informe de los representantes sindicales de la filial con su “opinión” sobre la venta, pero éste no tiene carácter vinculante.

Deuda de 40 millones, sin concurso público

Cuestión aparte son los 40 millones de euros que las sociedades de prevención adeudan a la Seguridad Social. CCOO critica que Empleo no haya explicado el origen de esa deuda, tampoco “las cantidades debidas por cada mutua ni las acciones que emprenderá para depurar responsabilidades”. Según el ministerio, esa cifra será abonada en algunos casos por las mutuas vendedoras y en otros por las empresas compradoras. “Será devuelta sin ningunda duda”, zanja.

Tanto los sindicatos como las pequeñas sociedades de prevención se quejan de la falta de transparencia de todo el proceso de venta. Empleo explica que no se convocó un concurso público porque las sociedades de prevención “no son empresas públicas”, sino privadas surgidas de las mutuas, que también son entidades de derecho privado. Álvaro Vicioso se queja de que sólo las juntas directivas de las mutuas han sido informadas por el ministerio sobre las operaciones.

La incógnita ahora es si, como apuntan los sindicatos y ASPA, el siguiente paso va a ser un proceso “natural” de concentración en los próximos dos o tres años que reduzca aún más la atomización del sector. Álvaro Vicioso vaticina que la gestión de la salud laboral estará a partir de ahora “mucho más mercantilizada” porque, a su juicio, la privatización “ha finiquitado lo poquito de calidad que había en los servicios de prevención”.

Las mutuas podrán gestionar las bajas por enfermedad común desde el primer día, según el proyecto de ley aprobado este viernes por el Consejo de ministros. Hasta ahora, era el médico de la Seguridad Social quien gestionaba en exclusiva las bajas por contingencia común hasta el día 16, cuando las mutuas tomaban el relevo. El Gobierno sostiene que su objetivo es incrementar la "eficiencia en la gestión de las prestaciones" y luchar contra el “absentismo injustificado”"eficiencia en la gestión de las prestaciones".

La nueva reforma otorga a las mutuas un mayor protagonismo; podrán proponer el alta del trabajador y solicitar reconocimientos médicos desde el primer día siempre que se trate de un caso de enfermedad común.

Estas entidades solamente asumían por cuenta ajena los casos de accidentes laborales y enfermedades profesionales, y no la enfermedad común. “En este aspecto la reforma es un fracaso porque en vez de respaldar el criterio de nuestros médicos, amplia las competencias de las mutuas”, explica Pedro Linares, responsable de Salud en Comisiones Obreras 

Los médicos de la Seguridad Social gestionan las bajas laborales teniendo en cuenta unas tablas donde se recoge el tiempo medio requerido para la resolución de un proceso clínico. La nueva reforma pone estos "tiempos estándares" también en conocimiento de las mutuas. Marisa Rufino, secretaria de salud de UGT, rechaza este artículo de la ley y teme que los tiempos estándares sean aplicados por las mutuas “a rajatabla” sin considerar que “cada paciente es un caso distinto”. “Los trabajadores vivirán con el miedo en el cuerpo al saber que tienen a la mutua detrás constantemente”, opina, en la misma línea, el portavoz de CCOO.

La secretaria de salud de UGT recrimina al Ejecutivo que apruebe una ley que fomenta las desigualdades entre los trabajadores: “Con esta reforma la mutua podrá llamar a un trabajador para ir a un reconocimiento médico y éste tendrá que desplazarse obligatoriamente hasta el lugar donde se encuentré el centro de la entidad, lo que supondrá no solo un coste en materia económica sino que también podrá afectar al bienestar de la persona enferma”. Y añade que si el trabajador no se presenta a la cita, la mutua puede “retirarle la prestación económica por incomparecencia”.

Más competencias para las mutuas

CCOO discrepa en que la ley apoye el traslado de competencias del servicio público a las mutuas. “Con la nueva legislación, el cese de actividad de los autónomos lo gestionarán las mutuas al igual que otros servicios administrativos como la prestación de maternidad y lactancia”, aclara Pedro Linares.

La creación de un "fondo de reserva complementario"

Otro de los artículos de la ley que molesta a UGT es el relativo al “fondo de reserva complementario” que se "obtendría de parte de los excedentes económicos gestionados por las mutuas" y serviría para “pagar gastos administrativos y procesales de estas entidades". Marisa Rufino denuncia la existencia tal fondo cuando los gastos administrativos están ya cubiertos y aprobados en los Presupuestos Generales del Estado. “No es de recibo que se costeen con fondos públicos las sanciones a las mutuas”, señala. “Es intolerable que haya una partida económica destinada a este tipo de cosas y que se deje a voluntad de la mutua destinar parte de este fondo complementario a la asistencia social de los trabajadores”, recalca Rufino.

El Ministerio de Empleo tiene en el control de las bajas laborales uno de sus principales caballos de batalla, pero apuntando en la dirección del trabajador. Su titular, Fátima Báñez, no ha dudado en destacar los 11,4 días de media que falta cada español al trabajo al año, por encima de los finlandeses (8,4 días) o de los estadounidenses (sólo 4,9 días). Sin embargo, a tenor del último informe del Tribunal de Cuentas, debería mirar antes dentro de su propio departamento.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) no controla, ni informática ni manualmente, el 64% de las bajas laborales. Son 1,9 millones de lo que técnicamente se conoce como incapacidades temporales (IT), que sólo entre el 1 de octubre de 2010 y el 31 de diciembre de 2012 supusieron un desembolso de dinero público de 1.185 millones de euros, calcula el informe. De ese volumen, el Tribunal de Cuentas fue capaz de detectar 471 casos en los que las empresas habían practicado indebidamente deducciones porque no habían dado de alta en la Seguridad Social a sus trabajadores o bien porque éstos no tenían el periodo de cotización mínimo. El importe del fraude: 627.141 euros.

Pero es que a esa cifra hay que añadir, al menos, otros 17,35 millones de euros correspondientes a un total de 16.810 bajas laborales que la Seguridad Social había pagado pese a carecer siquiera de los partes médicos –ni de la empresa ni de los servicios públicos de salud– o que seguía pagando aunque el trabajador ya estaba dado de alta.

Los contratos a tiempo parcial escapan del control

Los “graves defectos de control interno” que el Tribunal de Cuentas atribuye a la Seguridad Social se extienden también al 36% de bajas que sí verifica. Por un lado, porque en 2012 el número de IT bajo control cayó un 31,4% respecto al año anterior. El motivo principal de ese descenso estriba en que se excluyeron de comprobación los contratos a tiempo parcial, precisamente el tipo de empleo que más está creciendo durante la crisis. El informe lo reconoce y destaca que la consecuencia es un menor control sobre las bajas de estos trabajadores a media jornada. En ellas, “el cómputo de la base reguladora no siempre es posible con los datos que ofrece el empresario en el documento TC2 [la relación nominal de trabajadores afiliados], lo que impide el cálculo automatizado de la prestación de incapacidad temporal”, explica.

Por otro, del “ineficiente control informático realizado por los Servicios Centrales del INSS” escaparon un total de 110.114 procesos enviados a la Tesorería General de la Seguridad Social, que no pudieron ser “validados ni comprobados”. Pero es que los resultados de los que sí lo fueron, son tachados de “insuficientes” por el Tribunal de Cuentas; tal es así que las direcciones provinciales del INSS tuvieron que reclamar el reintegro de deducciones indebidamente practicadas a más del doble –el 102,5%– de las empresas originalmente detectadas por los Servicios Centrales.

Entre las “numerosas deficiencias” que el informe descubre en los controles de la base de datos de recaudación de la Tesorería de la Seguridad Social cita que ésta no valida los importes máximos que se pueden deducir las empresas, permite grabar deducciones aunque no haya parte de baja o no comprueba el límite temporal para que las empresas practiquen las deducciones. También es “escaso” el control del INSS sobre las bajas por enfermedades profesionales gestionadas por la mutuas: “Todas las propuestas [efectuadas por éstas] a las direcciones provinciales fueron resueltas mediante silencio administrativo positivo”.

El resultado de este cúmulo de ineficiencias es que de las 13,4 millones de bajas existentes entre el 1 de octubre de 2010 y 30 de abril de 2013, el Tribunal de Cuentas descubre un 28,2%, 3,79 millones, que presentan “irregularidades”. Un total de 2,9 millones de bajas por enfermedad común se han pagado pese a carecer del parte de la empresa, y otras 337.047 bajas se han abonado aunque sólo constaba el parte médico de los servicios públicos de salud. A éstos habría que añadir otras 4.329 bajas por enfermedad o accidente profesional también sin el preceptivo parte médico.

La Seguridad Social paga desde el decimosexto día de baja

Cuando un trabajador pide una baja laboral por enfermedad común, no relacionada con el trabajo, no recibe prestación alguna entre el primero y el tercer día. La empresa paga entre el cuarto y el decimoquinto día de baja, y la Seguridad Social lo hace a partir del decimosexto, a través del INSS, del Instituto Social de la Marina o de las mutuas.

En el caso de enfermedad o accidente laboral, es la Seguridad Social la que paga la prestación desde el día siguiente al de la baja. En total, la incapacidad temporal supuso el desembolso de 5.360,16 millones de euros en 2012.

El secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, aseguró ayer que las bajas indebidamente pagadas representan sólo el 2% y que el Ministerio de Empleo ha presentado “numerosas alegaciones” a las “inexactitudes” que, según dijo, contiene el informe del Tribunal de Cuentas.

2.429 millones mal pagados a las comunidades autónomas

Uno de los apartados que mayor perjuicio económico está causando a la Seguridad Social tampoco tiene que ver con los trabajadores, sino con la gestión. El Tribunal de Cuentas ha fiscalizado los convenios de colaboración para controlar la incapacidad temporal que el Ministerio de Empleo firmó con las comunidades autónomas en 2011. Y ha destapado un total de 2.429,82 millones de euros en pagos que el INSS ha hecho indebidamente a las comunidades autónomas. El órgano fiscalizador pide a éstas su reintegro con intereses de demora. Esos desembolsos corresponden a programas por objetivos que se abonan aunque no se cumplen o a redondeos al alza de otros. Por ejemplo, Galicia recibió 262.350 euros por cumplir el objetivo “Pruebas médicas complementarias”, pese a que algunas provincias no hicieron ninguna de estas pruebas. La comunidad que más dinero percibió de forma indebida es Murcia, con 822.413 euros, seguida de Andalucía, con 541.851.

Además, el Tribunal critica que las comunidades autónomas se repartieran entre ellas una partida de 34 millones de euros, no gastados el año anterior, “sin ninguna contrapartida directa y concreta”. O que el INSS les pagara el 8% de la financiación a las comunidades autónomas que contestaron en un plazo inferior a 25 días a las propuestas de alta formuladas por las mutuas, pese a que el plazo legal máximo es de sólo 15 días. También exige al INSS que reclame a la Fundación Marqués de Valdecilla la devolución de los 1,08 millones de euros que le pagó “sin la debida justificación”, cuando debería haberlos cobrado la Comunidad de Cantabria.

Cuatro mutuas fiscalizadas

Tampoco las mutuas escapan de las críticas del Tribunal de Cuentas. De las 20 existentes, se fiscalizaron cuatro: Asepeyo, Mutua Fraternidad Muprespa, Mutua Montañesa y Mutua Navarra. Según el informe, la transmisión diaria de partes médicos en caso de enfermedad o accidente laboral sufre igualmente de “numerosas deficiencias” –no permite corregir los datos aportados, por ejemplo–. Además, a éstas les basta el parte de baja remitido por la empresa para validar la prestación y pagarla, aun cuando falte el informe de los servicios públicos de salud. Así ocurrió en 235.163 bajas por enfermedad común, asegura el órgano fiscalizador, que se queja del retraso de los servicios de salud en prestar la atención médica necesaria a los trabajadores afectados.

Eso sí, asegura el informe que el control de las mutuas sobre las prestaciones es “mucho más fiable y eficiente” que el del INSS, por lo que incluso le recomienda que aumente las competencias de éstas sobre las enfermedades profesionales.

En cualquier caso, el Tribunal de Cuentas detectó que la mutua Asepeyo pagó irregularmente durante tres años –de 2010 a 2012– 107.198 euros por la incapacidad temporal de 538 trabajadores que, al mismo tiempo, cobraban la prestación por desempleo.

Otro agujero más en el control de las bajas laborales lo señala el informe en las 373 empresas que colaboran voluntariamente en la gestión de la incapacidad temporal con la Seguridad Social. Se trata de una fórmula que permite la ley y a la que se han acogido, por ejemplo, Telefónica o RTVE. Pero la Seguridad Social, denuncia el Tribunal de Cuentas, no realiza “las actuaciones de tutela y gestión sobre estas empresas que tiene encomendadas”. Se refiere a aquéllas que asumen el pago de la prestación por enfermedad común pero no prestan asistencia sanitaria y que en 2012 se llevaron un 3,08% más en deducciones que el año anterior. Como el gasto en prestaciones del conjunto de la Seguridad Social cayó ese año un 14,11%, el informe sospecha que el gasto en incapacidad temporal de estas empresas –118,47 millones de euros– puede ser “excesivo”: “Podrían estar obteniendo beneficios derivados de la colaboración con la Seguridad Social”. De ahí que el Tribunal de Cuentas pida a la Seguridad Social en sus recomendaciones que derogue esta modalidad de colaboración.

El ISM, aún por fax

Del descontrol en la gestión de estas prestaciones públicas pueden dar idea dos detalles sobre el Instituto Social de la Marina (ISM) que desvela el informe fiscalizador. Las direcciones provinciales del ISM no tienen acceso a la aplicación informática, llamada Atrium, que utiliza el INSS para los reconocimientos médicos. Así que remiten esos documentos en papel, por correo ordinario o por fax.

Aunque la informática no siempre es garantía de eficacia. De hecho, el Tribunal de Cuentas asegura que el control manual del pago de las bajas que hizo el ISM de Madrid en 2011 “fue más eficiente que el resultado del cruce informático efectuado por el INSS”, por lo que pudo reclamar la devolución de cantidades “significativamente superiores”.

El Gobierno del PP ha sacado de la hucha de las pensiones un total de 18.651 millones de euros en dos años, de forma que acumula 53.744 millones, un 14,7% menos que en 2012 y un 19,5% menos que en 2011, cuando alcanzó un nivel máximo de 66.815 millones.

La ley limitaba a un 3% del gasto anual en pensiones la cantidad que se puede sacar cada año de la hucha. Hasta que en diciembre de 2012 el Consejo de Ministros suprimió ese tope, acuciado por los efectos de la crisis en las cuentas de la Seguridad Social. En 2013 sacó dinero del fondo dos veces en julio, otra en agosto, en octubre y dos veces más en diciembre. Un total de seis disposiciones en coincidencia con el pago de las extraordinarias de verano y navidad.

El denominado Fondo de Reserva de la Seguridad Social fue creado en 2000 para subsanar las posibles desviaciones entre ingresos y gastos de la Seguridad Social. Es lo que está ocurriendo desde 2012: ha sido necesario echar mano de la hucha para pagar las extras de las pensiones a los jubilados y la liquidación del IRPF a Hacienda. Cada vez hay menos cotizantes por culpa del paro y más gasto en prestaciones. Tal es así que la ratio entre afiliados y pensionistas se situó en febrero de 2014 en 2,26, la más baja desde diciembre de 2000, cuando era de 2,29. Entonces el número de pensionistas era de 6,93 millones, y el de afiliados 15,43 millones, de los cuales 853.664 estaban en paro. Ahora los pensionistas alcanzan la cifra de 8,31 millones, y la de afiliados, la de 18,82 millones, con 2,65 millones de ellos en situación de desempleo.

Reforma de las pensiones

Sólo desde 2007 el número de pensionistas ha crecido en 825.000 personas, según datos aportados por el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, tras la entrega del informe anual sobre el fondo al presidente del Congreso, Jesús Posada. Y el gasto en pensiones creció en el último año un 3,4%, hasta sumar una nómina a 1 de marzo pasado de 7.946,37 millones de euros. Estos datos sirven de argumento al Gobierno para intentar reducir el gasto en pensiones limitando su subida a un 0,25% cuando la Seguridad Social tenga déficit, como es el caso. En 2013 se prevé que los números rojos del sistema se sitúen en el 1,4% del PIB, unos 13.000 millones de euros. Para este año, el déficit debería quedarse en el 1,1% del PIB: unos 12.000 millones.

Sin la reforma de pensiones que se aprobó el pasado diciembre, asegura el Gobierno, el Fondo de Reserva podría agotarse en 2019. De ahí que hayan apostado por el control del gasto en pensiones. Por el contrario, los sindicatos y la oposición proponen aumentar los ingresos de la Seguridad Social, con medidas como subir las cotizaciones o permitir que los Presupuestos del Estado financien las pensiones de viudedad y orfandad. El Gobierno ha preferido restringir el gasto con dos medidas: desligar el alza de las pensiones del IPC y aplicar un factor reductor –llamado de sostenibilidad– para los nuevos jubilados a partir de 2019.

Más rentable

Lo que sí ha aumentado es la rentabilidad del Fondo de Reserva, que es “muy superior a la de los planes de pensiones”, según ha destacado Tomás Burgos e informa Europa Press. Los fondos de la hucha de las pensiones están invertidos en activos financieros públicos: un 89,76% en deuda española y un 10,24% en deuda pública alemana, holandesa y francesa. Burgos cifró en 525 millones de euros los ingresos adicionales en enero y febrero gracias a la mejora de la rentabilidad del Fondo de Reserva. El Ministerio de Empleo asegura que la rentabilidad acumulada del fondo fue en 2013 del 4,56%, más del doble que los planes privados de pensiones.

La hucha de las pensiones se nutre de los excedentes presupuestarios del sistema –cuando los tiene–, también de esos rendimientos antes mencionados y de los excedentes de la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes que llevan a cabo las mutuas. Éstas han aportado 196 millones de euros el último año.

La austeridad y la lucha contra el derroche en las administraciones públicas es uno de los estandartes que con más entusiasmo ha enarbolado el Gobierno. Con especial atención a los gastos de personal. Una de sus primeras medidas fue ponerle un tope a los sueldos de los altos cargos y directivos, tanto de la administración como de las empresas públicas. Poco después suprimió la paga extra de Navidad para los empleados públicos. E incluyó en la reforma laboral la herramienta que ha permitido despedir al personal laboral fijo de las administraciones y a las plantillas de las empresas estatales. Hasta batir récords: desde 2012 se han destruido 361.000 empleos públicos, un 11%, dos puntos porcentuales más que en el sector privado.

“El empleo público debe adaptarse a la realidad económica”, declaró entonces el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para justificar las medidas.

Esa realidad, sin embargo, debe de ser variable o bipolar porque, en la práctica, se están produciendo distorsiones que han soliviantado los ánimos de las plantillas y cuestionado tanto los motivos como los procedimientos. En sociedades 100% estatales como Ineco y Tragsatec, dedicadas a la ingeniería, por ejemplo, buena parte de sus plantillas está cobrando por debajo de lo estipulado en el convenio de su sector. Las empresas se niegan a pagarles el 0,8% de subida salarial que les correspondía el año pasado. Alegan que ese aumento sobrepasaría la masa salarial fijada para 2013, un desfase prohibido por la Ley General de Prespuestos del Estado. Pero, al mismo tiempo, los sueldos de los directivos de ambas compañías escapan con soltura de los recortes, y los bonus y pluses siguen repartiéndosebonus con la generosidad de una firma privada. Aunque esas empresas hayan pasado por el trauma de un ERE. Y tengan beneficios o pérdidas.

“Para unas cosas somos públicos y para otras, privados”, se queja Álvaro Enrile, de la sección sindical de CCOO en Ineco. Más de la mitad de la plantilla de esta empresa, una de las 12 españolas que construyen el AVE a La Meca, cobra menos de 1.000 euros al mes, asegura. Un técnico junior percibe 1.200 euros; el sueldo mensual de un ingeniero debería ser, según el convenio del sector, 1.687 euros.

“Ese 0,8% son unos 150 euros al año, una cantidad ridícula que afecta sólo a los perfiles técnicos medios y bajos y a los administrativos, el chocolate del loro”, explica Manuel Cabrera, también de CCOO en Ineco.

No se tocó el plus más voluminoso

Precisamente de esa masa salarial, cuya cuantía debe remitir cada empresa, fundación o consorcio estatal al Ministerio de Hacienda en el primer trimestre, y que no puede superar la del ejercicio anterior, quedan excluidos los sueldos de los máximos directivos.

En Ineco, de los 2.830 empleados, 202 pertenecen a la estructura. El 92,9% restante está cubierto por el convenio colectivo de la empresa, que en materia retributiva se remite a las tablas salariales del convenio del sector de ingeniería. Pese a generar siempre beneficios, Ineco ejecutó un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en 2013 que supuso el despido de 390 trabajadores, con la indemnización mínima legal, 20 días por año.

También entonces se recortaron las retribuciones de los jefes de división y de departamento, así como de los miembros de la estructura técnica. A ambos se les suprimió la retribución variable. Además, a los primeros se les redujo un 5% la retribución fija y a los segundos, un 10%. Lo que no se tocó fue el complemento de desplazamiento, que en muchos casos es el plus de mayor volumen.

Todos los complementos

Según el listado de personal de la empresa –al que ha tenido acceso infoLibre– a 30 de noviembre de 2012, es decir, antes de efectuarse los recortes salariales antes citados, en Ineco había 60 directivos que cobraban más de 100.000 euros brutos al año. Eran 188 los que tenían sueldos superiores al del presidente del Gobierno, que es de 78.158,04 euros anuales. El mayor salario de la empresa entonces era de 185.042,99 euros. Se trata de un empleado de la estructura con 11 años de antigüedad y un sueldo fijo de sólo 56.031,35 euros anuales, pero con un complemento de destino –también el mayor de Ineco– que lo dobla: 104.190,41 euros.

Además de la retribución fija, los empleados públicos también cobran un complemento de puesto: el de mayor cuantía es 13.000 euros, que en Ineco sólo percibe un jefe. Otros 62 ingresan 9.000 euros por en este concepto. Más voluminosa es la retribución variable, hasta 23.000 euros anuales, que también cobra sólo un miembro de la estructura. Otros tres reciben 15.000 euros. Un total de 25 personas superan los 10.000 euros al año de complemento variable. Más cuantioso es el plus por desplazamiento, que si es internacional puede, como se ha dicho antes, duplicar el salario fijo. Siempre supera los 30.000 euros. Se les paga a los trabajadores desplazados para ejecutar proyectos fuera de España.

El caso es que la empresa no se encuentra a gusto con las restricciones salariales que les impone la política de austeridad del Gobierno. El pasado mes de noviembre, su presidente, Pablo Vázquez, solicitó en una reunión a Pilar Fabregat, inspectora general del Ministerio de Fomento, del que depende, que “flexibilizara” esas limitaciones. Según las fuentes consultadas, Vázquez se quejó de las “dificultades” que esos topes salariales imponen a la gestión de los recursos humanos en Ineco: le impiden captar, retener y promover el “talento” en un sector “en profunda competencia” y con una cartera internacional del 53%. En resumen, pedía más dinero para hacer fichajes más caros.

El ERE del año pasado tampoco fue obstáculo para que la empresa repartiera entre la plantilla superviviente otro complemento, el de beneficios. Un 3% se abona en junio y el 1,5% restante en noviembre. Como la empresa alcanzó un beneficio antes de impuestos equivalente al 75% del presupuesto, no tuvo inconveniente en distribuir esas cantidades mientras despedía a 390 trabajadores.

Reparto de pluses el pasado lunes

El patrón se repite en otra empresa pública también del sector de ingeniería. Tragsatec, filial del grupo Tragsa, se encuentra inmersa en pleno ERE, el mayor de un grupo público, que suma 1.336 despidos. Las retribuciones de sus 4.000 trabajadores dependen, al igual que los de Ineco, del convenio sectorial de ingeniería, y tampoco ellos perciben el 0,8% de subida correspondiente a 2013 para no alterar la masa salarial fijada por la empresa.

Claro que el pasado lunes, mientras se sucedían los despidos en sus delegaciones de Extremadura (14 trabajadores) y La Rioja (dos), sus directivos cobraban la DPO (Dirección por Objetivos) correspondiente a 2013, según fuentes sindicales. El año pasado la empresa perdió 11 millones de euros.

Durante la negociación del ERE los sindicatos se opusieron a los despidos argumentando que el problema del grupo era una cúpula directiva inflada y con unos sueldos escandalosos. Denunciaron que unos 200 altos cargos cobran más que el presidente del Gobierno. Según los datos sobre la masa salarial que la dirección facilitó entonces a los representantes sindicales, de los 504 trabajadores ubicados en la sede madrileña de Tragsa, 200 son directivos. El coste medio del personal en ese centro de trabajo es de 109.000 euros anuales, mientras que en el resto de la empresa –otras cinco unidades territoriales– no supera los 35.000.

Sólo la filial cuenta con un organigrama de unos 450 directivos, explican fuentes sindicales. Sus retribuciones suman 30 millones de euros netos al año. A esa cifra habría que añadirle otros 18 millones de euros, el 37% de las remuneraciones que perciben los directivos de la matriz con cargo a los presupuestos de Tragsatec. Es una partida “intragrupo”, que pretende retribuir los servicios de administración, recursos humanos, auditoría, etcétera que Tragsa presta a su filial.

La respuesta del grupo público a las peticiones sindicales para recortar los sueldos de la cúpula y reducir el número de despidos fue siempre tímida o directamente negativa. Alegaban que no era materia de discusión para una mesa que negociaba un ERE. En Tragsatec, por ejemplo, sólo aceptaban una rebaja de 75 euros por cada 10.000 de la retribución por objetivos.

Las mutuas vuelven a 2010

Mención aparte merece el caso de las mutuas de trabajo. El pasado enero la Audiencia Nacional dictaminó que los salarios de los trabajadores de estas peculiares entidades están sujetos a los mismos límites que el personal laboral de las empresas públicas. Por tanto, sus retribuciones deberían retrotraerse a los niveles de 2010. Eso se traduce en una pérdida de poder adquisitivo del 15%, según UGT.

Con las mutuas se repite la confusión entre los modos de la empresa pública y la privada que desconcierta en las sociedades mercantiles estatales. A los trabajadores de las mutuas se les aplica el convenio de seguros para establecer sus condiciones laborales. Pero el Gobierno les impone las restricciones salariales del sector público. Según la Audiencia Nacional, la Ley de Presupuestos está por encima del convenio colectivo. Y da por bueno el argumento del Ejecutivo de que el personal de las mutuas forma parte de las Administraciones Públicas. Es una vieja discusión. Las mutuas son “asociaciones de empresarios sin ánimo de lucro cuyo objeto exclusivo es colaborar en la gestión de la Seguridad Social”. Son pues, entidades privadas, como le gusta recordar a la CEOE, pero forman parte del sector público estatal de carácter administrativo, según consta en el anteproyecto de ley de mutuas que ha elaborado el Gobierno.

Sin embargo, una vez más, sólo las retribuciones del personal no directivo de las mutuas están sometidas a las restricciones presupuestarias del Estado. “Las retribuciones variables se siguen pagando”, protesta Rafael Pérez Cantero, responsable de Mutuas de CCOO. Por el contrario, los 22.000 trabajadores de estas entidades, asegura, pueden perder unos 5.000 euros si se confirma la sentencia, que los sindicatos han recurrido.

Las remuneraciones de los máximos directivos de las mutuas también están sujetas a los límites del real decreto 451/2012 de 5 de marzo, que topó los salarios de los altos cargos de la Administración y de las empresas públicas. Nunca podrán ganar más de 210.000 euros brutos al año, incluida la retribución variable y en especie. La fija no puede superar los 105.000 euros.

Límites en el anteproyecto de ley

En cualquier caso, los fraudes de Mutua Universal (2007) y Mutua de Canarias (2009) pusieron a estas entidades en el ojo del huracán tras destaparse irregularidades contables, malversación de fondos, nepotismo y sueldos fuera de control. El Tribunal de Cuentas yainstó al Gobierno en un informe de 2009 a establecer “un límite cuantitativo a las retribuciones de los cargos directivos de las mutuas, así como a limitar su incremento anual”, tanto de sus salarios como de los pagos en especie, “de forma que no superen las previstas para los altos cargos del Gobierno y de la Administración”. Así que el anteproyecto de ley de mutuas pone un tope a la remuneración del sueldo de los directores gerentes, que “no podrá superar la de su presidente ejecutivo”.

Eso sí, mientras sus retribuciones “básicas” no podrán sobrepasar las de los directores generales de la Seguridad Social, las “complementarias” son libres, semejantes de nuevo a las de una empresa privada: dependerán, dicen el anteproyecto, “de la dimensión de la mutua y de la eficiencia de la gestión”.

Lo que habría que preguntarse es por qué el Gobierno ha considerado necesario prohibir a los directivos de las mutuas realizar determinadas operaciones o firmar ciertos contratos. Ni ellos ni sus familiares “hasta el cuarto grado”, bien sea “en línea directa o colateral, por consanguinidad o afinidad”, ni las sociedades en que éstos posean más del 10% del capital podrán comprar ni vender activos de la mutua, ni firmar contratos de ejecución de obras o servicios o suministros.

El Consejo Económico y Social (CES) ha propinado un segundo varapalo al Gobierno en poco más de tres meses. El primero fue el 26 de septiembre, cuando emitió un dictamen contra el anteproyecto de ley de las pensiones, y el segundo esta tarde, esta vez contra el anteproyecto de ley de mutuas de la Seguridad Social. En ambos casos, el “no” del CES ha sido posible gracias al voto en contra de la CEOE. En septiembre, el Gobierno había aumentado las bases máximas de cotización, y ahora acaba de ampliar la obligación de cotizar a las retribuciones en especie. Ambas medidas han despertado el enojo indisimulado de la patronal.

Aunque el CES es un órgano meramente consultivo, resulta significativo el voto en ambos proyectos legislativos de la CEOE, alineada con el rechazo de los sindicatos. En el consejo se sientan también las cofradías de pescadores, las organizaciones de agricultores, las cooperativas, las empresas de la economía social, los consumidores y la Administración. Su dictamen, pedido por el Gobierno, es preceptivo pero no vinculante.

No obstante, a diferencia de lo ocurrido con el anteproyecto de ley de pensiones, en el caso de las mutuas la CEOE emitirá un voto particular. El dictamen final del CES critica que se dejen en manos de las mutuas las altas médicas en los casos de incapacidad temporal por enfermedad común, precisamente el punto más polémico de la norma. Según la intención del Gobierno, si en cinco días la propuesta de alta de las mutuas no ha sido contestada por el médico de atención primaria del trabajador, éste tendrá que reincorporarse. Los sindicatos critican que este silencio administrativo atenta contra la seguridad jurídica y creen que el sistema público de salud ya tiene mecanismos suficientes y eficaces para controlar estos procesos.

La CEOE no está de acuerdo y su voto particular destacará que las mutuas serán igual de competentes a la hora de gestionar las enfermedades comunes que lo son ya ocupándose de las profesionales. A la propuesta de dictamen se presentaron dos enmiendas, una de la patronal y otra del grupo de expertos. Uno de estos últimos se pronunció a favor de la venta de las sociedades de prevención de las mutuas, que según el anteproyecto de ley deberá completarse antes del 31 de diciembre de este año. A partir de ese día, las que queden serán liquidadas. La enmienda no salió adelante por la oposición de la CEOE y los sindicatos, según las fuentes consultadas.

Ahorro y cautelas

El dictamen aprobado por el CES también pide al Gobierno que establezca “mecanismos eficaces de gobierno y participación de los representantes de las empresas y los trabajadores” en la dirección de las mutuas. Además, defiende la extensión de la obligatoriedad de la prestación por cese de actividad a los autónomos.

El Gobierno asegura que, gracias a su anteproyecto de ley, la Seguridad Social se ahorrará 511,36 millones de euros en el pago y gestión de prestaciones por incapacidad temporal. El texto también equipara las retribuciones de los directivos de las mutuas a las correspondientes del sector público –lo que redundará en un ahorro adicional de 25 millones de euros– y prohíbe a éstos y sus familiares hasta el cuarto grado mantener cualquier tipo de relación comercial o contractual con estas entidades.

Además, les obliga a vender antes del 31 de diciembre sus sociedades de prevención, lo que supondrá la salida simultánea al mercado de un paquete de 18 empresas, el 55% del sector, con un volumen de negocio de 545 millones de euros.

El anteproyecto de ley de mutuas que ha elaborado el Gobierno obliga a estas entidades a vender antes del 31 de diciembre sus sociedades de prevención, lo que supondrá la salida simultánea al mercado de un paquete de 18 empresas, el 55% del sector, con un volumen de negocio de 545 millones de euros. Muchas de ellas son empresas con pérdidas, fruto de la crisis económica –facturan por número de trabajadores en activo: éstos son ahora tres millones menos–. Y, si no se venden, así lo dice el anteproyecto, serán liquidadas. Además, en agosto pasado se sentó un mal precedente: Fremap, la mayor mutua española, estuvo a punto de colocar su sociedad de prevención a una empresa colombiana por sólo 100.000 euros, cuando su valor en libros es de 12,7 millones.

“Se van a malvender”, lamentan fuentes sindicales, que también alertan ante la “privatización de la salud laboral” que traerá la desvinculación de las mutuas, entidades de derecho privado pero sometidas a la tutela de la Administración pública. Las patronales Aspa y Anepa, que agrupan a las sociedades de prevención de menor tamaño e independientes de las mutuas, creen que lo más adecuado sería utilizar para la venta una figura similar al concurso público, o al menos que la Seguridad Social coordinara todo el proceso. “Pedimos la escisión total de las mutuas, pero que se haga de manera transparente y a precios de mercado”, explica el gerente de Aspa, Oliver Martín.

Sin embargo, la coyuntura económica, la premura impuesta por el plazo del Gobierno y la salida al mercado simultánea de todo un sector en pérdidas redundará en una devaluación de estas empresas, en una caída de los precios. El caso de Fremap ya disparó las alarmas, hasta el punto de que el Ministerio de Empleo tuvo que bloquear la operación. No sólo por el precio de ganga, sino también por las condiciones “imposibles” que el comprador colombiano ofrecía, y que no parecieron del desagrado de la mutua.

Poco después, en septiembre, la Mutua Gallega de Accidentes de Trabajo (Mugatra) vendió su sociedad de prevención a Inverhismex (Inversiones Hispano Mexicanas), propiedad del presidente del Celta de Vigo y empresario gallego con negocios en México Carlos Mouriño. También Solimat (Castilla-La Mancha) ha cedido la suya a la empresa Prevención y Sanidad Industrial (PSI). A punto estuvo de venderse la sociedad de prevención de la vasca Mutualia, pero finalmente no hubo acuerdo. Algunas mutuas, además, están ofreciendo a sus trabajadores quedarse con las sociedades de prevención creando cooperativas. 

Porque los sindicatos temen que el primer paso de los nuevos propietarios sea la reducción de las plantillas, integradas, además, por personal muy cualificado, entre médicos, ATS y técnicos de prevención de riesgos laborales. “Este es un mundo de especialistas”, presume el presidente de la patronal Asprem, Juan José Llona. Las 18 sociedades de prevención de las mutuas casi alcanzan los 10.000 empleados. Que prestan servicios a más de 6,8 millones de trabajadores.

Menos calidad

Otro de los damnificados del proceso, teme Javier Torres, del departamento de Salud Laboral de CCOO, será la calidad del servicio que prestarán los nuevos propietarios, ya sin el paraguas de las mutuas. “Con el tiempo se ha conseguido generar una cierta cultura en las empresas españolas sobre la importancia de la prevención de los riesgos laborales”, destaca, “pero con la crisis, es el primer apartado que se sacrifica”.

“Nosotros no vemos la prevención desde un punto de vista mercantil, sino de calidad”, apunta por su parte la responsable de la sección sindical de UGT en la sociedad de prevención de Fremap, Cristina de la Cruz, que aboga por mantener a las sociedades ligadas a las mutuas.

La patronal Asprem, en cambio, no quiere manifestar su opinión sobre el proceso que se avecina este año. “No tiene nada que ver con la actividad quién sea el propietario de las sociedades de prevención”, zanja su presidente. Llona sólo concede que sus 18 asociados están “aguantando” la crisis “ajustando los precios”, de forma que, tras bajar hasta seis millones de euros de facturación en los tres últimos años, han sobrevivido a un primer trimestre de 2013 “muy malo” culminando el ejercicio con una cierta “mejoría”.

Proceso largo y polémico

La venta de las sociedades de prevención ordenada por el Gobierno en el anteproyecto de ley de mutuas es sólo el último paso de un camino que comenzó en 2006, cuando se obligó a éstas a segregar esa parte del negocio de la empresa matriz. Desde ese momento, estas sociedades únicamente pueden nutrirse de lo que se conoce como patrimonio privativo (o histórico) de las mutuas, no de las cuotas que ingresan de la Seguridad Social. Sin embargo, nunca ha remitido la polémica sobre la confusión financiera entre unas y otras, sentencias judiciales incluidas.

“Somos privados y gestionamos dinero privado”, recalca Juan José Llona cuando se le menciona el tema. Aspa y Anepa, por el contrario, consideran que la vinculación con las mutuas es competencia desleal y piden que, tras la venta, las sociedades de prevención ni siquiera puedan mantener su actual marca. “Estaremos vigilantes”, advierte Oliver Martín, “y actuaremos si hay precios o condiciones que no entendemos”.