EH Bildu ha denunciado ante la Ertzaintza haber recibido amenazas de muerte contra su secretario general, Arnaldo Otegi, quien declaró este lunes en el juzgado de Vitoria que investiga los hechos.

Fuentes de la formación abertzale ha confirmado la recepción de estas amenazas de muerte, que ha adelantado el diario El Correo, y han explicado que fueron remitidas al grupo parlamentario de EH Bildu en la cámara vasca en diciembre de 2025. Fueron los representantes de EH Bildu en la Mesa del Parlamento Vasco quienes denunciaron los hechos ante la Ertzaintza.

Arnaldo Otegi acudió a declarar este lunes como perjudicado en el juzgado de Vitoria que investiga estas amenazas de muerte.

La formación abertzale ha recordado que estas amenazas se produjeron "horas después" de que el presidente del PP de Euskadi augurase el "exterminio" de EH Bildu.

Las fuentes de EH Bildu han explicado que habían optado por "mantener la discreción respecto a estos hechos", ya que "no acostumbra a hacer público este tipo de situaciones".

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha señalado este miércoles en Pamplona que la izquierda tiene que ser "ejemplar" en la gestión de lo público porque, si no, "la gente se aleja".

EH Bildu ha celebrado un acto político en el Día de Navarra y en el Día del Euskera, en el que han intervenido el secretario general, Arnaldo Otegi, y la portavoz del Parlamento de Navarra, Laura Aznal.

Otegi ha explicado que EH Bildu es "garantía de la ejemplaridad" con "cero casos de corrupción", pero que la falta de ejemplaridad, aunque "no es" su caso, "ocurre".

“Hay que cambiar el modo y las formas de hacer política: la ejemplaridad en todos los ámbitos debe presidir toda la actividad política”, ha añadido.

A su vez, ha afirmado que la izquierda soberanista es una garantía para hacer frente al autoritarismo, para defender la libertad nacional y la igualdad social y para impulsar políticas de democratización profundas. “Y todo ello lo hacemos levantando la bandera de la sinceridad y la honestidad”, ha sostenido.

Por otro lado, ha dicho que para parar al autoritarismo es necesario implementar un programa transformador que se fundamente en la democratización del Estado y la aceptación de la plurinacionalidad, la democratización de los poderes que se quedaron sin democratizar en 1978 y la puesta en marcha de medidas para la democracia económica y social.

La portavoz en el Parlamento de Navarra, Laura Aznal, ha subrayado que ha llegado el momento de afrontar con “valentía y ambición” la renovación de la foralidad navarra y el autogobierno para responder a los retos que como sociedad existen ya y en el futuro y para protegerse "frente a los riesgos de la recentralización autoritaria”.

Aznal ha sostenido que “hay que consultar a la ciudadanía navarra. Nunca votamos nuestro régimen político, que aunque se presentó como pacto, nos negó la posibilidad de decidir democráticamente”, ha dicho.

“Navarra será lo que decidamos los navarros. Tanto en la relación bilateral con el Estado como con los otros territorios vascos”, ha subrayado, tras lo que ha instado a la unión a “soberanistas vascos y otros demócratas progresistas” en la construcción de un nuevo estatus.

El exministro José Luis Ábalos ha afirmado este miércoles que, según le contaron "fuentes presenciales", existió una reunión en el País Vasco en 2018 entre el ahora presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el dirigente abertzale Arnaldo Otegi para pactar la moción de censura por la que llegó al Ejecutivo, según informa EFE.

Ábalos, en su cuenta en la red social X, ha escrito que, sobre esa supuesta reunión de Sánchez, Otegi y Santos Cerdán en un caserío en Euskadi para negociar la moción de censura contra Mariano Rajoy, sólo puede decir lo que "le contaron fuentes presenciales".

"Y es que esa entrevista existió", ha señalado Ábalos el día previo a que el Tribunal Supremo decida si puede ir a prisión después de que la Fiscalía y las acusaciones hayan pedido revisar sus medidas cautelares al reclamar para él y para su exasesor Koldo García elevadas penas de cárcel de cara al primer juicio por el caso Koldo, relativo a la trama de las mascarillas en pandemia.

Según la información publicada por El Español Sánchez, Otegi y Cerdán se habrían reunido en un caserío en el País Vasco, al que se trasladaron desde el aeropuerto de Bilbao en un vehículo conducido por Koldo García.

Tanto el presidente del Gobierno como el dirigente abertzale han negado de forma tajante que existiera ese encuentro, y fuentes del Ejecutivo han asegurado que Sánchez no se ha visto nunca con Otegi.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha insistido este miércoles en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no se reunió con el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi en 2018 para pactar la moción de censura, y ha asegurado que al Gobierno no le preocupa lo que pueda decir el exministro José Luis Ábalos.

En declaraciones a los periodistas a la salida de la sesión de control al Gobierno en el Congreso, la ministra ha dicho que no comparte que se le dé más credibilidad a personas "imputadas y procesadas por los tribunales" frente a los que no lo están.

Además, ha subrayado que lo que pueda decir Ábalos, quien mañana tendrá que acudir al Tribunal Supremo para una vistilla de revisión de sus medidas cautelares, no le preocupa "nada".

"En absoluto", ha enfatizado la vicepresidenta, quien ha afirmado que lo que sí le preocuparía es que el exministro se haya "instalado en la mentira".

"Me extraña que diga esto y que vaya a tener comportamientos de este tipo", ha compartido la ministra, quien ha asegurado a su vez que el Gobierno y el PSOE no tienen "nada que esconder".

En ese sentido, ha añadido que no habrá "ningún problema" con cualquier cosa que Ábalos pueda trasladar, siempre que lo haga "dentro de la verdad" y siendo "fiel a los hechos ocurridos".

"Otra cosa es que hay personas que llegando a los juzgados se instalan en la mentira, pero no digo que sea el caso del señor Ábalos", ha agregado.

Fuentes del Gobierno han restado importancia a la publicación de Ábalos, a la que no han dado veracidad, y han desestimado la posibilidad de que el exministro vaya a adoptar una actitud beligerante contra el Ejecutivo.

Estas mismas fuentes no le ven en esa tesitura de intentar trasladar sombras y dudas sobre miembros del Gobierno o del PSOE.

Entre un pasillo de ikurriñas y aplaudido por dos centenares de militantes aparecía, sobre las 10:30 de la noche, Pello Otxandiano en el Mercado del Ensanche de Bilbao. Un recibimiento a la altura de lo que él y su partido, EH Bildu, acababan de conseguir en una noche histórica en el País Vasco. La formación de la izquierda abertzale ha roto todos sus topes históricos en las elecciones vascas de este domingo, donde han conseguido 27 escaños, empatando en cabeza con el PNV, y confirmándose como una verdadera alternativa de gobierno en el futuro. Aunque es prácticamente seguro que Bildu no podrá gobernar, la coalición ha puesto en entredicho por primera vez la hegemonía de los jeltzales, algo que parecía imposible hace unos pocos años.

Los abertzales han subido 6 escaños con respecto a los comicios de 2020, donde quedaron 10 escaños por detrás del PNV, y han conseguido convencer a más de 340.000 vascos, casi 100.000 más que en las anteriores elecciones. Los resultados confirman que la formación que lidera Arnaldo Otegi está al alza después de ganar en votos al PNV en las elecciones generales al Congreso de los Diputados y empatar a escaños en esta ocasión, aunque quedando por detrás en votos. 

"El trabajo que hemos hecho ha dado sus frutos, estamos orgullosos, y mañana al tajo. Las siguientes son las elecciones europeas, para ser la primera fuerza en Euskadi y Navarra", ha manifestado el líder de Bildu.

El ascenso de la coalición desde su aparición es evidente. En 2012, los primeros comicios que se presentaron con la marca de EH Bildu, obtuvieron el 25% de los votos y 21 escaños. En 2016 bajaron su presencia en el parlamento hasta los 18 asientos y el 21% de los votos. Fue un pequeño bache que precedió al que hasta ahora era su techo: el 27,9% de los votos y repitiendo los 21 escaños de 2012. 4 años después han superado incluso la barrera del 30% (32,52%).

El éxito de Bildu se ha fraguado en Álava, la provincia clave en estas elecciones, donde la candidatura de Pello Otxandiano ha ganado en votos y escaños al PNV. La pelea por los codiciados votos de los alaveses ha centrado la campaña electoral, ya que esta provincia está sobrerrepresentada en el sistema electoral vasco. En las otras dos circunscripciones todo ha ido según lo previsto: Vizcaya ha sido para el PNV y en Gipuzkoa la victoria se la ha llevado EH Bildu. 

Sin embargo, pese a este resultado histórico, la izquierda abertzale no podrá gobernar. La coalición actual de PNV y PSE-PSOE ha conseguido revalidar una mayoría que en algunos momentos de la noche ha corrido serio peligro. Los de Eneko Andueza han dejado claro durante la campaña electoral que su opción será votar a Imanol Pradales y evitar darle apoyo a Bildu, pese a que socialistas y abertzales se han entendido a nivel nacional con sus pactos en el Congreso de los Diputados. 

Su subida se asienta en un discurso social y de izquierdas, alejado de temas como el nacionalismo combativo o la independencia que ya no parecen calar como antes en la sociedad vasca. Una línea que comenzaron hace ya algunos años, a imagen y semejanza de los irlandeses del Sinn Féin, y que esta noche han podido rentabilizar. En campaña, Otxandiano se ha centrado en temas como el deterioro de la sanidad, la necesidad de invertir en los servicios públicos y la implementación de políticas sociales. Un discurso que, además, ha atraído votos de otras formaciones de izquierdas, sobre todo de un Elkarrekin Podemos que ha perdido toda su representación en la cámara vasca.

Una estrategia que parecía resquebrajarse el pasado lunes, cuando el candidato de Bildu evitaba, en una entrevista en Hora 25 de la Cadena Ser con Aimar Bretos, calificar a ETA de banda terrorista. “ETA fue un grupo armado. Las consideraciones o denominaciones pueden ser diversas. La violencia del Estado también puede tener diferentes títulos. No creo que esa sea tanta la cuestión”, decía Otxandiano. 

A partir de ahí, la campaña giró hacia unos temas que, a priori, no favorecían a Bildu, con la condena total del resto de fuerzas políticas a las palabras del candidato abertzale y con polémicas como la que sucedió en el debate de la EITB, donde Pradales calificó a Otxandiano “candidato de Sortu”, asociándolo de esa manera al ala de Bildu heredera de la antigua Batasuna. Después de varios días, Otxandiano pidió perdón, aunque a su manera: “Si con esas palabras yo pude herir la sensibilidad de las víctimas de ETA, pido perdón”. 

Sin embargo, y pese a toda la polémica suscitada, el giro de la campaña por las declaraciones de Otxandiano no parecen haber pasado ninguna factura a Bildu. Los votantes vascos le han dado una confianza mayoritaria y esa falta de condena no les ha erosionado demostrando que, en el País Vasco, el recuerdo de ETA no acaba de remover al electorado. 

Otra de las claves del ascenso de Bildu está entre los votantes más jóvenes. Casi 200.000 votantes vascos se han incorporado al censo electoral desde el fin de ETA en 2011 y su opción preferente es una izquierda abertzale hegemónica entre los menores de 40 años. El discurso social de Bildu ha calado especialmente entre esas personas jóvenes. Con esta base electoral y con la perspectiva de cuatro años más en la oposición, la pregunta es si el techo de Bildu puede romperse una vez más, arrebatando al PNV una hegemonía en el País Vasco que parecía imposible de superar.

Euskal Herria Bildu (EH Bildu) es la formación que desde hace más de una década representa a la izquierda abertzale en las instituciones y que, desde entonces, ha recorrido un largo trayecto —sin prisa pero sin pausa— para tratar de convertirse en la fuerza hegemónica en el País Vasco. Y, a tenor de lo que apuntan las encuestas, van camino de conseguirlo ya que que por primera vez disputa de tú a tú la victoria con el sempiterno ganador, el Partido Nacionalista Vasco (PNV). En las últimas elecciones autonómicas, las que se celebraron en el año 2020, les separaron más de once puntos de los nacionalistas vascos —obtuvieron el 27,86% de los votos frente al 39,07% de los de Andoni Ortuzar—y, sin embargo, ahora se encuentran en una suerte de empate técnico —siempre según los sondeos— que ha llevado al PNV a iniciar una ofensiva contra ellos a la que también se han sumado formaciones como Elkarrekin Podemos y el Partido Socialista Vasco (PSE).

El actual lehendakari, Íñigo Urkullu, no escatimó en críticas hacia EH Bildu en el arranque de campaña. "Cuando este país les ha necesitado no han estado ahí. Su objetivo ha sido tratar de obtener rédito político de las dificultades sufridas por toda la sociedad", afirmó rodeado del candidato a la sucesión, Imanol Pradales y el presidente del partido, Andoni Ortuzar. "Les pierde su objetivo de asaltar el poder y desalojar del gobierno de las instituciones al PNV, más que trabajar por y para toda la sociedad", añadió. En el caso de Elkarrekin Podemos, su candidata, Miren Gorrotxategi, afirmó que los abertzales solo buscan ser el "recambio" del PNV y su lema de campaña es 'Si eres de izquierdas, ¿por qué querrías un gobierno con el PNV?', en referencia al hecho de que EH Bildu no cierra la puerta a ese acuerdo. Por último, los socialistas vascos, de la mano de Eneko Andueza, insisten en que no apoyarán en ningún caso que la izquierda abertzale ocupe la lehendakaritza.

La portavoz de la campaña electoral de EH Bildu y candidata de Bizkaia, Oihana Etxebarrieta, asegura que no les preocupa que les señalen como el rival fuerte tanto a izquierda como derecha y que, en su caso, no "van a entrar al barro" como sí están haciendo los demás. "Los partidos nos hemos dedicado a colocar marcos que no coinciden con las preocupaciones de la ciudadanía y nosotras queremos confrontar ideas, pero también buscar puntos de unión", señala en conversación con infoLibre. "Mi valoración personal sobre Podemos, Sumar o el PNV también afecta a las personas que se puedan sentir más cercanas a esos partidos", añade. Así, considera que los pactos estarán a la orden del día tras el 21 de abril y considera "incoherente" decir lo contrario: "No lo podemos hacer ni entre ni uno o dos partidos ni con unas instituciones solas, vamos a buscar espacios de cooperación", sintetiza.

A juicio de Etzebarrieta, EH Bildu ha consolidado un "modelo diferente" de hacer política, cuya clave es la "previsibilidad". "En Madrid dijimos que no íbamos a facilitar un gobierno de la extrema derecha y la derecha extrema y lo hicimos sin pedir nada a cambio, al igual que hemos dado alcaldías al PNV para que no gobernara el PP", destaca. "Se ha producido un cambio de paradigma que hace unos años sería impensable", subraya. Así, destaca que se hayan producido cambios de liderazgo dentro de su organización, comenzando por el propio candidato, Pello Otxandiano. "La regeneración provoca ilusión y, aunque no dejamos de lado la sabiduría de los veteranos, tenemos referentes con los que hemos crecido y evolucionado en este movimiento político", destaca, poniendo en valor la capacidad de análisis que tiene Otxandiano tras haberse dedicado durante mucho tiempo a la elaboración del programa.

Los inicios de EH Bildu como formación datan del 2012, cuando la banda terrorista ETA, forzada por un aislamiento social cada vez mayor y por una presión policial muy efectiva, ya había anunciado el abandono definitivo de la violencia. Nació como una coalición de cuatro partidos a los que —siguiendo un modelo muy habitual en la izquierda— se sumaron candidatos independientes. Esos partidos eran Sortu, Eusko Alkartasuna, Alternatiba, y Aralar y de ellos el primero representa una línea de continuidad con la antigua Batasuna. Ese año obtuvieron un 25% de los votos, que cuatro años más tarde bajó al 21% coincidiendo con la aparición de Podemos, que irrumpió en el Parlamento vasco como tercera fuerza con casi el 15% y 157.334 votos. Unos meses antes, la izquierda abertzale solo obtuvo dos escaños en la Cámara Baja y certificó, al igual que ocurrió con otras izquierdas nacionalistas como el BNG, su retroceso frente al auge de los morados.

"Las elecciones generales de 2016 en las que Podemos obtuvo el mayor número de votos en Euskadi fueron determinantes para entender el cambio de rumbo de EH Bildu. La coalición cambió rostros, introdujo a más mujeres y a más gente joven y, sobre todo, cambió su discurso político, centrándolo mucho más en las políticas sociales, el acceso a la vivienda o las condiciones laborales", explica María Silvestre, catedrática de Sociología y directora del Deustrobarómetro social, a este periódico. Así, añade que su papel en el Congreso también "ha sufrido un cambio significativo" porque ahora se disputa con el PNV "qué partido representa mejor los intereses de la sociedad vasca en Euskadi, cuando tradicionalmente el abertzalismo vasco desacreditaba la política estatal".

Otro elemento que también ha incidido en el cambio del discurso de EH Bildu a juicio de la socióloga es el procés catalán iniciado en 2017. "Ha sido visto desde Euskadi con una gran racionalidad, sin que se generara ningún contagio emocional ni ningún impulso por seguir sus pasos, más bien todo lo contrario", apunta. De hecho, aunque la formación liderada por Arnaldo Otegi mantiene un acuerdo de colaboración con Esquerra Republicana desde hace años y se presentarán en coalición, junto al BNG, en las próximas europeas, sus estrategias tanto en Madrid como en sus respectivos territorios no pueden ser más distintas. Silvestre subraya que la formación "se ha adaptado a las preocupaciones de la ciudadanía" en un momento histórico "en el que la pulsión soberanista o independentista no es mayoritaria ni prioritaria". Aun así, matiza que "eso no quiere decir que se esconda o se reniegue del discurso nacionalista".

De hecho Etzebarrieta incide en que su formación aplica esa pulsión soberanista a las políticas en materia social. "Nos encontramos una falta de soberanía en política migratoria, en la forma en la que queremos acoger, hay serios problemas que queremos solventar también en vivienda, por ejemplo", señala. En el último Sociómetro del Gobierno vasco, la preocupación de la ciudadanía por los temas sociales se situaba por encima de los territoriales, con problemas ligados sobre todo al mercado de trabajo y a la sanidad, dos de las cuestiones en las que más están incidiendo desde EH Bildu. "No debemos perder de vista que las dos fuerzas que encabezan las encuestas electorales son nacionalistas y agrupan el voto mayoritario en el País Vasco, pero hoy, las prioridades son otras", zanja Silvestre.

Antes de la creación de EH Bildu, el clamor de todas las fuerzas políticas era convencer a la izquierda abertzale de que podía defender sus ideas pacíficamente. Y normalizarse en un sistema político que hasta ese momento le discutía la condición de legalidad. Y lo hicieron, aunque precisamente sea ese el motivo por el que tanto le critican desde el Partido Popular y Vox, que defienden establecer un cordón sanitario en torno a la izquierda abertzale, a quienes sitúan directamente como miembros de la banda terrorista ETA. La derecha busca identificar a políticos que jamás han tenido nada que ver con la violencia, como es el caso de la mayoría de los militantes de EH Bildu, o que sí formaron parte de la banda terrorista pero que la abandonaron o ya cumplieron la correspondiente condena. Y, de paso, hacer ver que el Gobierno de Pedro Sánchez es cómplice.

La estrategia del PNV no es tan agresiva, pero sí que considera que se ha producido un lavado de imagen hacia la formación de Otegi pese a que las heridas del terrorismo siguen presentes. Por su parte, se trata de una cuestión que incomoda al PSOE, que también ha sufrido en primera persona ataques por parte de la banda terrorista, pero que ha evitado la confrontación directa con EH Bildu en los últimos tiempos. Dentro de las filas socialistas se ha producido un cambio de estrategia, ya que por primera vez en la historia, sus diputados fueron recibidos por el presidente del Gobierno en el marco de las negociaciones para la investidura de Sánchez el pasado año. Las caras largas de la entonces portavoz socialista, Adriana Lastra, y del diputado Rafael Simancas, en 2019 eran la prueba del recelo a considerarlos socios del Ejecutivo, una etiqueta que tardaron en utilizar.

Lo cierto es que hay dirigentes de la formación que se resisten a condenar expresamente y sin paliativos los asesinatos cometidos por ETA, aunque sí rechazan enfáticamente toda forma de violencia, en un intento permanente de recordar que una parte de ella tuvo su origen en el aparato del Estado. "Hoy el 90% de la sociedad vasca rechaza el uso de la violencia como arma política, tal y como ocurre en las democracias avanzadas donde los objetivos políticos se persiguen y se consiguen con el uso de la política, de la negociación y el consenso", apunta la catedrática de Sociología y directora del Deustrobarómetro social. Para la directora de campaña de EH Bildu, hay un intento deliberado de "volver a sacar ese fantasma que no aporta nada" a la convivencia. Asegura que su partido defiende el "trabajo de memoria y de reparación" con ese pasado "todavía reciente".

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado reabrir la causa en la que investigaba ongi etorris a presos de ETA para investigar chats presuntamente administrados por Sortu en los que se impartirían "directrices e instrucciones sobre diversas cuestiones y ámbitos relacionados con los presos y fugados de la organización terrorista ETA, promoviendo campañas y movilizaciones a favor" de los mismos, según informa Europa Press.

En un auto de este lunes, recogido por Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 accede a lo solicitado por la Asociación Dignidad y Justicia y, en contra del criterio de Fiscalía, acuerda prorrogar la instrucción de la causa en la que investiga en la organización de un centenar de actos de homenaje (ongi etorri) a presos de la banda entre 2016 y 2019.

Fue este mismo mes de enero cuando el Ministerio Público le pidió que acordase el procesamiento de los etarras Antón López Ruiz, alias Kubati, Carlos Sáez de Eguilaz y Felipe San Epifanio, Pipe, así como el de los dirigentes de Sortu Haimar Altuna y Oihana Garmendia, así como la miembro de Kalera Kalera Oihana San Vicente.

La asociación de víctimas, sin embargo, pidió al magistrado que diese marcha atrás a su decisión de cerrar la investigación y siguiese adelante con la misma al considerarlo una decisión prematura. El magistrado, que coincide en este punto, señala que del análisis de los dispositivos informáticos de Eguilaz y San Epifanio se desprenden una serie de indicios.

En uno de los chats administrador por Sortu, Eguilaz recibiría "abundante información sobre actos y movilizaciones y mensajes sobre la puesta en libertad de los presos de la organización terrorista ETA, que después eran difundidos por organizaciones como Etxerat o la revista Kalera.info". "En dicho canal se publican directrices e instrucciones relativas a la actividad en determinados ámbitos, y la aplicación posterior de dichas directrices por parte de los medios de difusión de Sortu", sostiene el magistrado.

El juez, además, también pone el foco en un canal de Telegram, que estaría administrado por la red ciudadana Sare de apoyo a los presos, huidos y deportados de la organización terrorista ETA.

Por su parte, San Epifanio se encontraría suscrito como usuario en otro canal "donde se imparten directrices e instrucciones sobre diversas cuestiones y ámbitos relacionados con los presos y fugados de la organización terrorista ETA, recibiendo abundante información y promoviendo campañas y movilizaciones a favor de los presos ETA".

El instructor, sin embargo, asegura que se desconoce "quienes son los administradores de los tres canales de Telegram mencionados, dos pertenecientes al partido político Sortu y uno a la red ciudadana Sare, siendo esencial conocer tal extremo para esclarecer los hechos investigados en las presentes actuaciones". Por todo lo expuesto, explica García Castellón, deben acogerse favorablemente las alegaciones de la Asociación Dignidad y Justicia, "que ponen de manifiesto la necesidad de revocar" el cierre de la instrucción y prorrogar la misma por otros seis meses.

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha considerado que este auto busca "abrir el frente vasco" ahora que "ya han abierto el frente catalán". En una rueda de prensa en San Sebastián para presentar el Aberri Eguna, ha opinado que "haríamos mal si no hacemos análisis rigurosos y, sobre todo, en profundidad e integrales sobre lo que está pasando". En esa línea, se ha mostrado sorprendido por "hay gente que todavía defiende que en el Estado español hay independencia al Poder Judicial". "No sé cómo se puede seguir defendiendo eso, pero bueno, hay gente que no se desanima y sigue manteniendo estas cosas", ha añadido.

A su juicio, "lo que hay en el fondo en el Estado español es un pulso entre aquellos que queremos abrir la posibilidad de que se hagan debates que interesan a las naciones, a los pueblos y a los trabajadores en ese Estado y quienes lo quieren impedir a toda costa". Así, ha acusado de ello "a la derecha y a la extrema derecha en el Estado español, que prácticamente desde nuestro punto de vista son lo mismo".

"Si no somos capaces de entender que todas estas cosas van dirigidas a sabotear la posibilidad de que salga algo diferente a lo que se ha hecho en los últimos 40 años de eso que han llamado la Transición, creo que nos equivocaremos", ha concluido.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha descartado investigar al líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, por su presunta participación en crímenes de ETA cometidos entre los años 1978 y 1983, por lo que ha archivado las diligencias preprocesales que abrió a raíz de la denuncia que presentó la asociación Dignidad y Justicia el pasado octubre.

Según ha informado este martes el Ministerio Público, una vez analizados los hechos recogidos en la denuncia y tras ser revisados los procedimientos correspondientes, se ha concluido que los mismos o "están prescritos o existe cosa juzgada".

Fue Daniel Portero de la Torre, en representación de la Asociación Dignidad y Justicia, quien presentó en octubre una denuncia en relación a distintas noticias aparecidas en el diario El Mundo.

En su escrito, solicitaba a la Fiscalía que, entre otras cuestiones, librase oficio a la Comisaría General de Información de la Policía Nacional para que le informase si -tal y como se publicó en la prensa- 12 miembros de la organización terrorista inculparon a Otegi en sus declaraciones policiales en hechos delictivos perpetrados entre 1977 y 1987.

La denuncia hacía referencia a nueve secuestros y a la orden de asesinar al político de UCD Juan de Dios Noval, así como a "diversos atracos y un asalto a mano armada". "De su participación en esos nueve secuestros, tan solo por tres, este sujeto ha sido juzgado; por el secuestro de Luis Abaitua, por el que fue condenado a 6 años de prisión, y por los secuestros de los políticos Gabriel Cisneros y Javier Rupérez, de los que resultó absuelto", apuntaba la asociación.

Dignidad y Justicia insistía en que las nuevas informaciones publicadas involucraban a Otegi "en otros 6 secuestros más, de los cuales dos fueron frustrados y otros dos habrían sido ordenados por él, así como se le imputó la orden de asesinar a Juan de Dios Noval el 31 de octubre de 1980, en San Sebastián".

La Fiscalía, sin embargo, ha explicado que "la información periodística, sin hablar de la prescripción de los hechos, no aporta nada nuevo, puesto que todo lo referido en la noticia necesariamente fue valorado por los órganos judiciales en su momento, por lo que, respecto de todos estos procedimientos, archivados hace años, no procedería en ningún caso la reapertura".

Para el Ministerio Público resulta "sorprendente" que las "revelaciones" a las que hacía referencia la asociación fuesen "conocidas por un medio de comunicación" e implicaran a Otegi en la autoría de hechos delictivos "y no hubiesen sido conocidas por las autoridades fiscales y judiciales".

Aún así, la Fiscalía ha revisado los hechos recogidos en la denuncia, para finalmente concluir que éstos o habrían prescrito ya o fueron juzgados en su momento.

El Tribunal Constitucional (TC) ve una "desproporción manifiesta" en la decisión del Tribunal Supremo (TS) de ordenar repetir el juicio del 'caso Bateragune' al líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, al entender que juzgarle por segunda vez por los mismos hechos vulneraría sus derechos y le expondría al "riesgo adicional" de "sufrir" una pena mayor.

Así consta en la sentencia de la corte de garantías que se ha dado a conocer este lunes sobre el fallo que adelantó el pasado 16 de septiembre, cuando estimó el recurso de amparo que presentó Otegi y anuló la sentencia del Supremo --de diciembre de 2020-- por la que se ordenaba repetir el juicio en virtud del criterio del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que había determinado que el dirigente vasco había sido condenado por un tribunal de la Audiencia Nacional que no era imparcial.

Según consta en la resolución, recogida por Europa Press, el Pleno se limita a anular la sentencia del Supremo que ordenaba repetir el juicio y deja viva la sentencia de la Audiencia Nacional que le condenó en 2012 a seis años y medio de prisión por un delito de pertenencia a organización terrorista al mantener el efecto de cosa juzgada.

Esta decisión fue adoptada tras mucho debate, con el apoyo de los siete miembros de la mayoría progresista y el rechazo de los cuatro de la minoría conservadora. Cuatro de los progresistas han redactado un voto concurrente para matizar su respaldo a la sentencia aprobada. Tres de los conservadores han formulado un voto particular explicando las razones por las que se oponen al fallo.

En el marco de la sentencia, los magistrados analizan si repetir el juicio para "reparar los derechos fundamentales procesales de quien ha sido condenado" puede convertirse "en una carga desproporcionada, contraria, por el exceso de gravamen que conlleva, a la prohibición de doble enjuiciamiento penal de unos mismos hechos".

Tras abordar la cuestión, el tribunal subraya que Otegi cuando activó la vía de reparación en el Supremo no pidió que se ordenara repetir el juicio. En este sentido, insiste en que "no puede olvidarse que para el TEDH la repetición de un juicio es una tutela idónea para remediar la vulneración del derecho al juez imparcial siempre que sea solicitada por el afectado".

Sobre este extremo, el Constitucional afea al Supremo que no tuviera en cuenta "el singular escenario que el presente caso plantea desde el punto de vista de la reparación del derecho fundamental vulnerado".

El Pleno en su sentencia recalca que cabe la posibilidad de que "quien ha sido condenado puede, en definitiva, aceptar la condena ya impuesta y evitar el riesgo de un segundo enjuiciamiento que conlleve una condena aún más gravosa". En estos casos, apunta, se puede optar por "otro tipo de reparación".

Así las cosas, el Constitucional explica que hay casos en los que la violación del derecho a un juez imparcial "no puede legítimamente dar lugar a un segundo enjuiciamiento como mecanismo idóneo para la reparación del derecho fundamental vulnerado".

"En particular, cuando dicha medida no ha sido solicitada por el condenado o cuando desborda claramente los fines de reparación de la vulneración del derecho fundamental, por carecer de todo efecto útil, puede convertirse en un gravamen desproporcionado para la persona condenada", concluyen los magistrados.

Con todo, el TC resuelve que "la reparación del derecho fundamental al juez imparcial no podía consistir en la mera declaración de nulidad de la condena acaecida en la instancia, pues dicha tutela equivale a un pronunciamiento materialmente absolutorio, que no guarda correlación con la lesión estrictamente procesal que debía ser reparada en este supuesto". Por ello, opta por anular la sentencia de 2020 del Supremo y mantener la de 2012 de la Audiencia Nacional.

Insiste en que el hecho de que anule el fallo del alto tribunal no debe conllevar ninguna retroacción. "Una vez que, por propio deseo de los recurrentes, quedó cerrada la posibilidad de celebración de un nuevo enjuiciamiento, y no habiendo estos solicitado otro tipo de satisfacción equitativa, más allá de la ya reconocida en la sentencia del TEDH (consistente en la declaración de la vulneración del derecho fundamental procesal), una nueva retroacción de actuaciones al Tribunal Supremo para que se dictase una tercera sentencia casacional carecería de todo efecto útil", concluye.

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha denunciado que el caso Bateragune forma parte del lawfare contra el independentismo vasco, y el intento del Estado de impedir que "la violencia armada de ETA desapareciera de la ecuación política de este país". En este sentido, ha comparado esta estrategia con la "guerra sucia" contra los independentistas catalanes, según informa Europa Press.

Otegi, acompañado de otros condenados por el caso Bateragune, Miren Zabaleta, Arkaitz Rodriguez y Rafa Diez, ha comparecido en rueda de prensa en San Sebastián después de que el Tribunal Constitucional les haya amparado y rechazado la repetición del juicio al que fueron sometidos porque vulneraría el derecho a la tutela judicial efectiva, ya que no se puede juzgar dos veces a una misma persona por los mismos hechos. En su intervención, el líder de EH Bildu ha asegurado "con absoluta crudeza" que el caso Bateragune —de reconstrucción de la Mesa Nacional de la ilegalizada Batasuna— se enmarcó en el objetivo del Estado de que "la violencia armada de ETA no desapareciera de la ecuación política".

Además, ha subrayado que fue una actuación más en la "persecución" al independentismo vasco, que buscaba "provocar desórdenes dentro del Movimiento Vasco de Liberación Nacional, y escisiones", con el objetivo de "neutralizar su potencial político". "Se ha tratado de un caso de lawfare con objetivos políticos claros", ha asegurado.

No obstante, ha apuntado que ha sido "un fracaso rotundo" porque "hoy la izquierda independentista es la primera fuerza política electoral en Euskal Herria".

El Tribunal Constitucional (TC) ha amparado al líder de EH Bildu Arnaldo Otegi al considerar que repetir el juicio del denominado caso Bateragune vulneraría el derecho a la tutela judicial efectiva del dirigente vasco al infringir el principio de non bis in idem, que prohíbe juzgar dos veces a una misma persona por los mismos hechos.

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press han confirmado que la decisión ha sido adoptada por siete votos a favor y cuatro en contra. Las mismas han precisado que se dictarán tres votos particulares y cuatro votos concurrentes.

Los magistrados del Pleno han avalado la ponencia redactada por el magistrado progresista Juan Carlos Campo que propone amparar al líder de Bildu al entender que volver a sentarle en el banquillo por el caso Bateragune supondría una vulneración de derechos. Las fuentes consultadas indican que esta decisión abre la puerta a que Otegi pueda reclamar una indemnización al Estado al declarar vulnerados sus derechos fundamentales.

La corte de garantías ha estimado el recurso de amparo de Otegi contra la decisión que el Tribunal Supremo adoptó en 2020 de anular la sentencia dictada en 2012 por la Audiencia Nacional (AN) -que condenó a Otegi y los demás acusados a penas de entre 6 años y 6 años y medio de prisión por un delito de pertenencia a organización terrorista- y ordenar celebrar un nuevo juicio.

El Supremo siguió el criterio del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que determinó que la AN vulneró el artículo 6.1 del Convenio Europeo, ya que entendía el "temor legítimo" de los acusados a una falta de imparcialidad del tribunal.

Estrasburgo estableció que el juicio de la Audiencia Nacional no cumplió con todas las garantías, al formar parte del tribunal la magistrada Ángela Murillo, que anteriormente, en 2010, había sido apartada por supuesta falta de imparcialidad en otro juicio distinto por enaltecimiento del terrorismo en el que también estaba acusado Otegi.

En aquella vista oral, Murillo preguntó a Otegi si condenaba a ETA y, ante la negativa de éste a ofrecer una respuesta, la juez le dijo que ya sabía que no le iba a contestar. El Supremo apartó del caso a la magistrada, que ejercía de presidenta del tribunal, al apreciar en ella "prejuicio". La vista oral fue repetida y el ex portavoz de Batasuna resultó absuelto en ese procedimiento.

Tras la decisión del Supremo de repetir el juicio, Otegi acudió en amparo al Constitucional, que acordó tramitar la impugnación accediendo también a la medida cautelar solicitada por el político vasco, con lo que dejó en suspenso la ejecución de la sentencia del Supremo hasta resolver el fondo del asunto.

La Fiscalía del TC emitió un informe en el que se mostró a favor de que el tribunal otorgase el amparo a Otegi, oponiéndose de esta forma a que se repitiese el juicio por el denominado caso Bateragune.

El fiscal entendió que, al solicitar una reparación de sus derechos en base a la sentencia del TEDH -mediante el recurso de revisión formulado ante el TS-, Otegi y los demás recurrentes eran quienes podían determinar cuál era la reparación "más adecuada". Y estos no pidieron la repetición del juicio

El coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, no concurrirá como candidato a lehendakari a las próximas elecciones autonómicas de 2024, aunque se postulará para liderar de nuevo la formación soberanista en el próximo Congreso. "Mi sitio no está en el Parlamento", ha afirmado. Otegi ha comparecido tras reunirse la Mesa Política de la formación soberanista en la sede de EH Bildu en San Sebastián, en la que se ha abordado el tema de la candidatura para los próximos comicios, según recoge Europa Press.

El líder de EH Bildu ha planteado en el encuentro de la dirección de su formación una reflexión sobre la situación política y las próximas elecciones al Parlamento Vasco, y ha asegurado que no concurrirá como aspirante a lehendakari, una decisión que había tomado "hace tiempo" y que ha aceptado la Mesa Política. "Mi sitio no está en el Parlamento de los tres territorios (de la comunidad autónoma vasca)", ha asegurado.

Asimismo ha criticado que no haya ninguna "regeneración política" en el PNV porque el nuevo candidato que ha propuesto para lehendakari, Imanol Pradales, es "lo más parecido que hay a Urkullu" y, por tanto, cree que es una apuesta "continuista" de la formación jeltzale.

En todo caso, ha admitido que le gustaría que hubiera habido "un duelo" entre él y Urkullu y ha afirmado que, a pesar de no ser aspirantes a la presidencia del Gobierno Vasco, "están a tiempo" de tenerlo. "No hace falta ser candidato para eso. Yo echo de menos ese tipo de debates en televisión entre líderes políticos. Yo encantado de la vida de hacerlo. Ya no será con Urkullu, pero no tengo inconveniente en hacerlo con ninguno", ha subrayado.

Preguntado por un posible adelanto electoral a marzo, el líder de EH Bildu ha subrayado que no cree que el resultado de las próximos comicios en la comunidad autónoma vasca "se vaya a dilucidar" en los próximos dos meses, "salvo que alguien cometa graves errores". "Y esperemos no ser nosotros", ha remarcado.

Arnaldo Otegi se ha mostrado sorprendido por "el perfil del candidato" que ha elegido el PNV -al que no conoce, salvo porque le ha visto "alguna vez"-, porque "es lo más lo más parecido a Urkullu que podría encontrarse en el PNV". "Por tanto, no entiendo muy bien cuál es la regeneración", ha añadido.

En su opinión, el problema "no es que uno cambie de cara en la candidatura", sino "si va a cambiar la política de alianzas, la visión neoliberal" de la formación jeltzale o sus "ambiciones nacionales". "No es un problema de candidatos, es un problema de identidad política, y de crisis política", ha indicado. Desde el "más absoluto de los respetos", ha insistido en que la candidatura de Pradales es "de continuidad, para hacer exactamente lo mismo".

Asimismo, ha censurado que el PNV afirme de forma "permanente" que, junto con Junts, "está para moderar las políticas sociales y económicas del Gobierno bolivariano del Estado". Tras señalar que desconoce qué dirá de esto la formación catalana, ha considerado que esa idea "ahonda un poco en un cierto desnorte en términos políticos e ideológicos".

"Pero yo voy a respetar al lehendakari, que ha sido sustituido por su partido, y lo que han propuesto es una figura lo más parecida a Urkullu que había en el partido, que da a entender que hay una política de continuidad y que no hay una regeneración, que en política se hace cambiando las políticas, no los candidatos", ha concluido.

El coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, no tendría previsto, en principio, presentarse como candidato a lehendakari para las próximas elecciones autonómicas vascas, aunque está a la espera de que lo que decida al respecto la dirección de la formación soberanista, que este lunes se reunirá para abordar esta cuestión. No obstante, Otegi sí volverá a postularse a liderar la coalición en su próximo congreso, según ha informado Europa Press.

Así lo dado a entender el líder de EH Bildu en esta última semana, en concreto el pasado día 20, cuando afirmó en una entrevista radiofónica que ya había adoptado una decisión sobre presentarse o no a aspirante a lehendakari, basada en "factores familiares".

"Llevo muchos años militando y eso supone también un desgaste en cierta medida para mi familia, pero también tengo clara una cosa, y es que yo no le puedo exigir a nadie responsabilidad sin asumir las mías", ha añadido.

Arnaldo Otegi afirmó que la reflexión que ha realizado la comunicará mañana en la reunión de la Mesa Política de la formación nacionalista. "Yo expondré cuáles son mis puntos de vista, luego tendrá que ser la gente la que diga si los acepta o no, si los comparte o no", apuntó.

No obstante, no quiso descartar del todo que pueda ser candidato: "si lo tengo que ser, lo seré". En todo caso, subrayó que necesita hacer "una reflexión sincera con la gente", y destacó que la "gran ventaja" de EH Bildu es que tiene "mucho banquillo". "Bastantes mejor que yo", apostilló.

Ayer mismo, la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, también se refirió a los comicios al Parlamento Vasco de 2024, para afirmar que el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, sería "un perfecto" candidato a lehendakari, pero apuntó que también hay otras personas dentro de la organización política que lo pueden ser.

De momento, han sonado como posibles aspirantes a Lehendakaritza las parlamentarias Oihana Etxebarrieta y Nerea Kortajarena. La propia Aizpurua habría estado también en las quinielas. Con la reunión de este lunes, EH Bildu pondrá en marcha su proceso electoral interno para la designación de candidaturas.

El PP ha borrado un mensaje en la red social X (antes Twitter) con un montaje de la foto en familia del nuevo Consejo de Ministros en la que aparecían el expresidente catalán Carles Puigdemont, el líder de ERC, Oriol Junqueras, y el coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, así como una figura señalada como "mediador internacional" y una bandera independentista catalana.

El tuit publicado y eliminado poco después por los conservadores tenía el siguiente mensaje: "Última Hora: la primera foto completa del nuevo gobierno de Pedro Sánchez". En el tuit se podía apreciar un fotomontaje de la tradicional foto del Consejo de Ministros, que se ha reunido por primera vez este miércoles en la Moncloa, y que estaba presidida por una estelada.

La imagen había sido manipulada para que diera la impresión que los dirigentes de Junts, ERC y Bildu formaban parte del nuevo Ejecutivo. También aparecía una figura negra y una flecha que lo señalaba como "mediador internacional", en alusión a la persona encargada por PSOE y Junts para constatar el cumplimiento del acuerdo de investidura de ambas formaciones y que aún se desconoce quién será.

Por otra parte, los conservadores han cubierto su sede nacional, en la madrileña calle de Génova, con fotos de las manifestaciones organizadas en toda España contra la ley de amnistía pactada por el PSOE con los partidos independentistas. En concreto, los de Alberto Núñez Feijóo han colocado en la fachada principal de su edificio fotos de las "multitudinarias concentraciones" que se produjeron en toda España "en defensa de la igualdad de todos los españoles y en contra de la amnistía", según han relatado fuentes del PP a Europa Press.

En Génova 13 se ven imágenes de la plaza de Cibeles, la Puerta del Sol o la plaza de Felipe II de Madrid abarrotadas de ciudadanos, pero también de protestas en otras capitales de provincia como "símbolo de una respuesta colectiva que tuvo lugar en toda España". El propio Feijóo ya ha anunciado que habrá una nueva protesta contra la amnistía a principios de diciembre.

Euskal Herria Bildu —EH Bildu, que en español significa “Reunir al Pueblo Vasco"— es la formación que desde hace más de una década representa a la izquierda abertzale en las instituciones. Este viernes dos de sus dirigentes, la portavoz en el Congreso Mertxe Aizpurua y su homólogo en el Senado Gorka Elejabarrieta, han sido los protagonistas de una fotografía inédita en democracia al reunirse por primera vez con un presidente de Gobierno, Pedro Sánchez. Un "hito", según lo definió la formación abertzale, que a la vez ha encendido los ánimos de la derecha.

Acompañado por el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, el presidente del Gobierno en funciones les ha recibido en el marco de sus reuniones con los grupos parlamentarios —una ronda en la que ha excluido a Vox— para lograr su investidura. Un gesto que desde EH Bildu han agradecido y que contrasta con la frialdad con la que el PSOE recibió a los representantes de Bildu la pasada legislatura. Las caras largas de la entonces portavoz socialista, Adriana Lastra, y del diputado Rafael Simancas, eran la prueba del recelo de las filas socialistas a considerarlos socios del Ejecutivo.

Lo cierto es que ni EH Bildu ni ERC apoyaron la investidura de Sánchez en 2020, sino que la facilitaron con su abstención. Pero a medida que avanzaba la legislatura los cinco votos de los diputados vascos se volvieron imprescindibles en muchas votaciones, incluidos los Presupuestos Generales del Estado (PGE). A Ferraz le costó tanto asumir ese nuevo rol de la izquierda abertzale que Sánchez tuvo que enviar carta a la militancia socialista para defender la necesidad de sacar adelante los PGE de 2021 con "el mayor respaldo posible".

Por su parte, el coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, también convocó una asamblea general para que la militancia decidiera si daban su apoyo o no a las cuentas públicas. Ambas formaciones buscaban validar ante los suyos su estrategia: el PSOE habilitando a Bildu como un interlocutor más del arco parlamentario y los abertzales asumiendo su rol como partido útil en Madrid poniendo el acento en la agenda de izquierdas con propuestas de hondo contenido social.

A lo largo de la pasada legislatura las demandas soberanistas apenas afloraron en las intervenciones de los diputados de EH Bildu en el Congreso. Comparados con la CUP, con el BNG o incluso con Esquerra Republicana, la izquierda abertzale mantuvo un perfil bajo, tanto en sus discursos como en sus iniciativas y muchas de las contrapartidas pactadas con el Ejecutivo se materializaban en políticas para el conjunto del Estado, como por ejemplo sucedió con la ley de memoria democrática tras acordar con el Gobierno que se reconocieran a las víctimas de violaciones de Derechos Humanos hasta 1983.

La formación vasca también fue clave para salvar la votación del fondo público de pensiones promovido por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, una de las medidas clave que el Ejecutivo comprometió a Bruselas a cambio de los fondos europeos. Salvó la votación a cambio de incrementar las pensiones no contributivas un 15%. Sus votos también fueron imprescindibles para aprobar el decreto ley de medidas urgentes para afrontar las consecuencias económicas y sociales de la invasión de Ucrania.

Los inicios de EH Bildu como formación datan del 2012, cuando la banda terrorista ETA, forzada por un aislamiento social cada vez mayor y por una presión policial muy efectiva, ya había anunciado el abandono definitivo de la violencia. Nació como una coalición de cuatro partidos a los que —siguiendo un modelo muy habitual en la izquierda— se sumaron candidatos independientes. Esos partidos eran Sortu, Eusko Alkartasuna, Alternatiba, y Aralar y de ellos sólo el primero representa una línea de continuidad con la antigua Batasuna.

Sortu es la formación mayoritaria y la referencia directa de la tradición política afín a ETA. Nació en febrero de 2011 rechazando el uso de la violencia, lo que en aquel momento marcaba una distancia inédita con las formaciones precedentes de la izquierda abertzale. Es el partido de Arnaldo Otegi, el actual líder de la coalición. Los estatutos de Sortu afirman que "desarrollará su actividad desde el rechazo de la violencia como instrumento de acción política o método para el logro de objetivos políticos", lo que incluye "abiertamente y sin ambages, a la organización ETA".

Los otros tres partidos que dieron pie a la creación de EH Bildu tienen un historial incontestable de rechazo a la organización terrorista. El primero y más antiguo es Eusko Alkartasuna, una escisión socialdemócrata del PNV que en 1986 lideró el exlehendakari Carlos Garaikoetxea y que desde hace varios años vive una grave crisis interna. El segundo es Aralar (2001), la primera expresión política de la izquierda independentista vasca en desmarcarse expresamente de ETA. El tercero es Alternatiba, una escisión de Ezker Batua-Berdeak (la marca vasca de Izquierda Unida) encabezada en 2009 por Oskar Matute, uno de los seis diputados que EH Bildu tiene en la actualidad en el Congreso.

Esta compleja amalgama explica, en parte, que algunos diputados de la coalición vasca, como Matute o Jon Iñarritu, sí hayan condenado expresamente la violencia de ETA. Y que otros, como Mertxe Aizpurua, condenada hace 37 años por apología del terrorismo desde las páginas del semanario Punto y Hora, se hayan limitado a rechazar todas las violencias.

En estos años la coalición vasca ha hecho tímidos avances para la reparación de las víctimas de ETA. Acudió al homenaje a Ernest Lluch, asesinado por la banda terrorista, al igual que a algunos eventos en el Congreso y en Euskadi de reconocimiento. En 2015, su versión navarra llegó a formar un documento en el que afirmaba su "rechazo o condena de cualquier tipo de expresión de violencia que se produzca, incluida la de ETA", Es, hasta la fecha, la única ocasión en la que EH Bildu ha condenado la actividad de ETA.

En 2021, Otegi dio un paso más con la Declaración del Dieciocho de Octubre, en la que mencionó por primera vez de forma expresa a las víctimas de ETA. “Queremos trasladarles nuestro pesar y dolor por el sufrimiento padecido. Sentimos su dolor, y desde ese sentimiento sincero afirmamos que el mismo nunca debió haberse producido, a nadie puede satisfacer que todo aquello sucediera, ni que se hubiera prolongado tanto en el tiempo”, aseguró.

Rechazo sí, pero no "condena", que es lo que exigen las víctimas y una gran parte del arco parlamentario. En vez de eso, el líder de EH Bildu se limitó a lamentar que "el pasado no tiene remedio. Nada de lo que digamos puede deshacer el daño causado". No obstante, añadió, "estamos convencidos de que es posible al menos aliviar [ese daño] desde el respeto, la consideración y la memoria. Queremos decirles [a las víctimas] de corazón que sentimos enormemente su sufrimiento y nos comprometemos a tratar de mitigarlo en la medida de nuestras posibilidades. Siempre nos encontrarán dispuestos a ello".

La presencia en las listas de la formación abertzale de más de cuatro decenas de antiguos integrantes de la banda terrorista, siete de ellos condenados por delitos de sangre, se convirtió en el principal tema de discusión durante la campaña. Finalmente la coalición dio un paso atrás y lo sacó de las listas, lo que, evidenció, de nuevo su incomodidad con esta cuestión, como también ocurre con los ongi etorri, los actos de recibimiento públicos a etarras que vuelven a casa tras cumplir sus sentencias de prisión.

La resistencia de EH Bildu a hacer una condena explícita de los atentados de ETA es la frontera que la izquierda abertzale se resiste a traspasar.

Aunque ETA dejó de matar hace doce años y se disolvió hace más de cinco, la derecha sigue equiparando a la formación abertzale con la banda terrorista. Así lo hizo el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante su reciente debate de investidura, en el que afirmó Bildu es el heredero político de ETA e incluso que sus diputados en el Congreso son miembros de propia banda terrorista, cuyo "jefe" es José Antonio Urrutikoetxea —conocido como Josu Ternera—. "¿A cuántos trabajadores se cargaron?", señaló.

Bildu es un partido legal —el Tribunal Constitucional así lo estableció en 2012—pero los partidos de la derecha les niegan la condición de interlocutores válidos. Si antes el razonamiento era que apoyaban a ETA cuando la organización terrorista existía, ahora —una vez que ha desaparecido— el argumento es que no condenan lo crímenes que cometió, pese a que una de las principales reivindicaciones cuando la banda terrorista mataba, repetida de derecha a izquierda, se basaba en convencer a la izquierda abertzale de que podía defender sus ideas pacíficamente.

Tras la fotografía con Sánchez, los dirigentes del PP y Vox han llegado a afirmar que Sánchez ha caído en lo "más bajo de la “política española” y representa la imagen "de la indignidad", en palabras de la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra. Su jefe de filas, Feijóo, también ha reaccionado a la fotografía pidiendo establecer un cordón sanitario contra los abertzales, como ya hizo en su investidura:"Ningún presidente debería hablar con quienes se niegan a colaborar para esclarecer los crímenes del terrorismo. Como dije en la investidura, con Bildu no hay nada que pactar", publicó en sus redes.

Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha vuelto a pedir la ilegalización de la formación: "Condenada por hacer apología del terrorismo, amiga de etarras y editora de la propaganda de ETA. Hoy es socia del autócrata Sánchez. Él es culpable, pero hay otros responsables: quienes votaron no a la ilegalización de Bildu cuando Vox lo propuso en el Congreso", ha publicado el ultraderechista a través de X, antes Twitter. Una petición, la de la ilegalización, a la que los tribunales ya han dado portazo en varias ocasiones.

De la decisión que tome Junts Per Catalunya depende la continuidad de Pedro Sánchez en la Moncloa otra legislatura más. Si votan en contra, el país se vería abocado a una repetición electoral que dejaría la puerta abierta a un gobierno del PP con la extrema derecha. Conscientes de ello, los independentistas catalanes tratan de vender cara su abstención en una eventual investidura del líder socialista. La respuesta pasa por sí o sí por Waterloo, el lugar de residencia del expresident Carles Puigdemont, que aunque ya no ocupa un cargo dentro de la dirección del partido, sigue ostentando el liderazgo moral del espacio. El expresident de la Generalitat aseguró el pasado sábado que "el chantaje político" no hará que Junts vote a favor de la investidura y descartó que la negociación sea en clave personal ante su compleja situación judicial.

Las reivindicaciones de Puigdemont y Junts pivotan, fundamentalmente, sobre dos cuestiones: la autodeterminación y la amnistía para todas aquellas causas judiciales relacionadas con el procés y con las movilizaciones posteriores al 1-O. El PSOE, por lo pronto, cierra la puerta a ambas exigencias y sitúa el límite de la negociación el marco constitucional. Ante la complejidad de las negociaciones, todas las partes apelan a la "discreción" y la sensación general es que el asunto se demorará todo lo que Sánchez y Puigdemont estén dispuestos a aguantar.

En Junts no esconden que esta decisión ha abierto un debate en el seno de la formación entre sus dos almas: los que apuestan por dar un giro más pragmático al partido y los que reivindican una línea más dura para diferenciarse de ERC. Este último sector, encabezado por Laura Borràs, se impuso hace un año en la decisión de salir del Ejecutivo de la Generalitat. Por el momento en el espacio postconvergente apremian a los socialistas a mover ficha.

Ante este incierto escenario hay figuras —más o menos— cercanas a Junts o que ostentan una posición clave en el independentismo que ya están advirtiendo de las consecuencias de votar en contra de una investidura de Sánchez, en un contexto de claro retroceso para el independentismo, que ha perdido nueve escaños respecto a 2019, y de las consecuencias que implicaría para Cataluña tener un gobierno de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal.

El antecesor de Puigdemont en el cargo, Artur Mas, es una de esas voces que se ha pronunciado para advertir de las consecuencias de una repetición electoral. Mas no milita en Junts sino en el PDeCat, pero ha pedido al expresident de la Generalitat que sea "más exigente que intransigente" en la negociación de la investidura. En una entrevista en Catalunya Ràdio, Mas ha calificado de "temeridad" la repetición electoral, un "escenario no deseable" porque, a su juicio, se perdería una "oportunidad de oro" para presionar al Gobierno del Estado. Al mismo tiempo ha cerrado ciertas filas con la petición de ERC y ha defendido una "estrategia conjunta de negociación" entre ambas formaciones.

La cúpula de Esquerra Republicana ha publicado una carta dirigiéndose a su exsocio en el Gobierno de la Generalitat para "sumar esfuerzos" dentro del independentismo para abordar la negociación con Sánchez. Los republicanos coinciden en plantear la amnistía y la autodeterminación, pero también abogan por "dar respuesta a las necesidades de la gente" abordando asuntos como en el traspaso integral de Cercanías y acabar con llamado déficit fiscal, demandas asumibles para los socialistas. La misiva, firmada por el líder del partido, Oriol Junqueras, pero también por el president Pere Aragonès, la secretaria general, Marta Rovira, y sus sendos portavoces en Madrid y Barcelona, Gabriel Rufián y Marta Vilalta, entre otros, forma parte de la estrategia de los republicanos para blindar la vía del diálogo frente a la repetición electoral.

Otra de las voces que se ha pronunciado favorablemente sobre la investidura de Sánchez es el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi. "Inclinaremos siempre la balanza hacia el soberanismo, el progresismo y la izquierda”, aseguró en la noche electoral el abertzale. En los días posteriores a los comicios solicitó "un ejercicio de responsabilidad" a todas las partes, incluido el expresident Carles Puigdemont, a quien le dejó el siguiente recado: "Creo que Cataluña ha votado masivamente para impedir un bloque reaccionario en el Estado español", afirmó, no sin antes matizar que es "absolutamente respetuoso" con lo que decida cada formación. Además, pidió al presidente del Gobierno en funciones que se moviera para allanar el camino al resto de grupos.

El hasta ahora presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, se ha erigido como negociador por parte de Sumar para negociar con Puigdemont una eventual investidura, pese a haber sido apartado de las listas de los comunes. Asens lideró la petición de los indultos y la reforma del código penal, además de haberse desplazado a Waterloo en alguna ocasión y haber visitado a los líderes independentistas cuando estaban en prisión. Desde Junts le reconocen su labor y, pese a las buenas relaciones que mantienen con él, insisten en que la negociación es con los socialistas y no con la coalición de Yolanda Díaz.

La ministra de Hacienda en funciones y número dos del PSOE, María Jesús Montero, está pilotando las negociaciones con los independentistas junto al ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, sobre las que el PSOE quiere mantener absoluto silencio. La palabra "discreción" es la más repetida en las filas socialistas y ni siquiera Montero ha querido confirmar públicamente que Sánchez le haya encomendado esa misión, pero ambos están curtidos en el arte de la negociación tras una legislatura sin mayorías claras. Los socialistas se muestran convencidos de que no habrá repetición electoral aunque son conscientes de los difíciles equilibrios que tendrán que hacer si finalmente logran sacar la investidura adelante.

La votación que dio la investidura a Pedro Sánchez en enero de 2020 fue, junto con la de la reforma laboral, la más ajustada de la legislatura. El socialista logró 167 votos a favor (del PSOE, Unidas Podemos, PNV, Más País, Compromís, Teruel Existe y BNG), 165 en contra (del PP, Ciudadanos, Vox, Junts, la CUP, UPN, Coalición Canaria y Partido Regionalista de Cantabria) y 18 abstenciones (las de Esquerra Republicana y EH Bildu). Una investidura que llegó en segunda votación, en las que el candidato necesita lograr más síes que noes. 

Se trata de la misma fórmula que quiere emular Sánchez para su próxima investidura y que implicaría que Junts, ubicado en el bloque del no, pasase a la abstención. El reto, aunque posible, no es sencillo. La formación independentista, que siempre mira a Waterloo —lugar de residencia de Carles Puigdemont— para todas sus decisiones trascendentales, ya ha adelantado que su abstención no será “a cambio de nada”, en una crítica implícita a lo que, a su juicio, es la estrategia en Madrid de su principal competidor, ERC. La suya es una posición negociadora de máximos: solo acepta hablar de “amnistía y autodeterminación”, aunque los socialistas creen que acabarán rebajando sus peticiones.

La postura de Junts contrasta con la de Esquerra y Bildu, que ya han anunciado su predisposición a votar favorablemente a la investidura del candidato socialista para evitar un escenario de repetición electoral que pueda darle un gobierno a la derecha y la extrema derecha. "Inclinaremos siempre la balanza hacia el soberanismo, el progresismo y la izquierda”, aseguró en la noche electoral el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi. "Si hace falta votar a favor de la investidura de Sánchez, lo haremos", aseguró. Por su parte, ERC ha abierto la puerta a apoyar a Sánchez a cambio de tres contrapartidas: el traspaso de Cercanías, solución al déficit fiscal catalán y mesa de negociación. "Cataluña o Vox. Este es el dilema para Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. Si quieren gobernar su país tendrán que respetar el nuestro", señaló el portavoz de la formación en Madrid, Gabriel Rufián, el pasado domingo.

Ambas formaciones enmiendan, así, su planteamiento de hace casi cuatro años, cuando no dieron su apoyo al candidato socialista y optaron por una abstención crítica. Sin embargo, a lo largo de la legislatura, el sí se convirtió en la norma —con excepciones como la votación de la reforma laboral— y Sánchez acabó aprobando sus últimos presupuestos con 188 votos a favor, 13 escaños más que los 176 en los que está ubicada la mayoría absoluta y 21 más de los que logró en su investidura.

La negociación para la investidura de Sánchez hace casi cuatro años certificó el cambio de estrategia de ERC con el Gobierno del Estado. En un primer momento los republicanos trataron de sumar a Junts, que por entonces era su socio en un Govern presidido por Quim Torra, que no ratificó la estrategia y dejó patente su malestar. Pese a ello, a finales de 2019, la Ejecutiva del partido –con su líder, Oriol Junqueras, en prisión– acordó abstenerse en la investidura del líder socialista, una decisión que más tarde ratificó el acuerdo con 196 votos a favor, 4 en blanco y 3 en contra.

El discurso de los republicanos en la investidura no fue, precisamente, en los mejores términos. En lugar de intervenir su actual portavoz, Gabriel Rufián, lo hizo Montserrat Bassa, hermana de la exconsellera de Treball Dolors Bassa, entonces en prisión tras ser condenada a doce años de prisión por el 1-O. "Personalmente me importa un comino la gobernabilidad de España", llegó a afirmar desde la tribuna del Congreso. Frente a Bassa, Rufián ha sido un fiel representante del alma más pactista del partido.

Una de las condiciones de ERC para facilitar la investidura de Sánchez fue la creación de la mesa de diálogo sobre Cataluña —ahora paralizada— en la que participaron representantes del Gobierno de España y el Govern de la Generalitat. A lo largo de la legislatura y, especialmente, con las negociaciones presupuestarias los republicanos obtuvieron algunas contrapartidas para Cataluña y participaron en la elaboración de leyes como la de vivienda, que se aprobó definitivamente días antes de los comicios del pasado 28 de mayo.

Desde ERC interpretan que esa estrategia, a la vista de sus resultados del pasado 23J, ha tenido un importante coste político. Los republicanos han perdido 400.000 votos respecto a las elecciones de noviembre de 2019 y se quedan con siete de los trece escaños que han tenido en el Congreso en esta última legislatura. Fuentes de la dirección del partido lo achacan al “voto dual” que se ha producido y que ha ido a parar, de manera mayoritaria, al PSC o Sumar. También consideran que Junts ha tratado de enmendar su estrategia de diálogo en Madrid para forzar un cambio de rumbo independentista, lo que también les ha perjudicado.

Por su parte, EH Bildu también sometió a votación entre sus bases la decisión de abstenerse en la investidura de Sánchez de 2020. "Impedimos que la derecha gobierne y se puede abrir una ventana de oportunidad", explicó el propio Otegi. La militancia de Bildu respaldó esa decisión con un 81,4 por ciento de los votos y los cinco diputados de la formación facilitaron, así, la investidura. Desde entonces la formación consumó su cambio estratégico respecto a la posición histórica de la izquierda abertzale. Su objetivo pasaba por tratar de romper su perímetro ideológico para seguir creciendo en línea con el modelo de Esquerra: ganar influencia con el fin de poner sobre la mesa su agenda soberanista. Para lograrlo acentuó su perfil social de izquierdas con una constante disposición al diálogo constructivo, dejando el cuanto peor, mejor en el pasado y acercándose a posiciones más posibilistas.

Las demandas soberanistas apenas han aflorado en sus intervenciones en el Congreso durante la legislatura. Comparados con la CUP, con el BNG o incluso con Esquerra, la izquierda abertzale mantiene un perfil bajo en el Congreso, tanto en sus intervenciones como en sus iniciativas y las contrapartidas pactadas con el Ejecutivo, muchas de las cuales se materializan en políticas para el conjunto del Estado.

Su predisposición a contribuir a la gobernabilidad de España sorprendió hasta en las filas socialistas y fue el precio que la izquierda abertzale se impuso a cambio de su homologación como una fuerza política más en el escenario político del Congreso. Un estatus con el que, además, perseguía disputar al PNV su tradicional hegemonía en la política vasca como interlocutor privilegiado con el Gobierno de España.

En los comicios del pasado domingo el claro vencedor de esa pugna fue, precisamente, Bildu. Los de Otegi consiguieron seis escaños, incluyendo el obtenido por Navarra, frente a los cinco del partido de Andoni Ortuzar, aunque el PNV obtuvo 7.000 votos más en total. A diferencia de lo que le ha ocurrido a ERC, la formación abertzale ha obtenido un respaldo electoral de sus pactos en Madrid y prevén seguir en esa estrategia la próxima legislatura, siempre y cuando Sánchez logre sacar adelante su investidura.

“Otegi lo deja bien claro. "Si la derecha llega al gobierno, tomaremos la justicia por nuestra mano". Está circulando en redes sociales este mensaje junto a un vídeo de una entrevista a Arnaldo Otegi en Radio Popular afirmando que es una frase pronunciada por el coordinador general de EH Bildu. Pero es un bulo. En la entrevista realizada por Radio Popular, en donde señalan que se ha hecho esa declaración, Otegui no dice "Si la derecha llega al gobierno, tomaremos la justicia por nuestra mano". Además, tampoco existe registro de que Otegi haya dicho esa frase en otra intervención.

No hay registro de que Otegi haya dicho “si la derecha llega al gobierno, tomaremos la justicia por nuestra mano” ni en la entrevista de Europa Press ni en otra intervención pública.

En el tuit que se está difundiendo, el usuario asegura que Otegi “lo deja bien claro” y que si “vox y el PP llegan al gobierno, volverán al terrorismo”. Esta frase no es pronunciada por Arnaldo Otegi en ningún momento de la entrevista hecha por Radio Popular ni existe registro de ella.

La frase real que sí manifiesta el exdiputado en la entrevista es: “Si el PP y Vox gobiernan el Estado español van a producir independentistas en Cataluña y Euskal Herria a escala industrial”. De ella, el usuario que comenta la entrevista lo interpreta como “una amenaza”. 

En este sentido, se trata de un bulo que Arnaldo Otegi dijese en una entrevista de Radio Popular “Si la derecha llega al gobierno, tomaremos la justicia por nuestra mano", ni existe registro de ella. 

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Este artículo forma parte de los contenidos difundidos por Comprobado.es, una alianza de verificadores y medios para luchar contra la desinformación sobre las elecciones generales del 23 de julio.

El salto de viejos miembros de ETA a la primera línea política sacude con fuerza el arranque de la campaña para las elecciones del próximo 28 de mayo. La presencia en las listas de EH Bildu de más de cuatro decenas de antiguos integrantes de la banda terrorista, siete de ellos condenados por delitos de sangre, ha terminado por convertirse en el principal tema de discusión durante el primer fin de semana de este esprín final hasta la cita con las urnas. Y ha permitido tanto al PP como a la ultraderecha de Vox volver a plantear la posible ilegalización de la formación abertzale.

Un movimiento que, sin embargo, los juristas consultados por infoLibre no ven posible. No tanto por el hecho de que haya pasado más de una década desde que ETA anunciase el fin de la actividad armada y más de un lustro desde su disolución, sino más bien porque la inclusión de condenados por terrorismo en las listas electorales sólo puede ser tenido en cuenta en un proceso de ilegalización cuando se trata de una conducta que se produce "regularmente". Al fin y al cabo, según resaltó el Tribunal Constitucional en una sentencia de 2003, este precepto de la Ley de Partidos Políticos se sostiene sobre la "idea de comportamientos dilatados en el tiempo y en línea de continuidad".

La Ley del Régimen Electoral General, que es la que regula los procesos electorales, establece en su artículo 6.2 que son inelegibles los condenados por sentencia, aunque no sea firme, "por delitos de rebelión, de terrorismo, contra la Administración Pública o contra las Instituciones del Estado" cuando el fallo estableciese "pena de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo o la de inhabilitación absoluta o especial o de suspensión para empleo o cargo público". En este sentido, Dignidad y Justicia ha pedido a la Fiscalía que compruebe si ya están liquidadas las penas de inhabilitación de todos estos exmiembros de ETA. Siete de ellos, los condenados por delitos de sangre, ya han anunciado que no tomarán su cargo de concejal si salen elegidos.

La Ley de Partidos Políticos, una norma impulsada en 2002 y vendida entonces como uno de los pasos "más importantes" en la lucha contra el terrorismo, es la que se encarga de establecer los requisitos para la ilegalización de una formación. Lo hace, en concreto, en su artículo noveno. Este precepto resalta que un partido puede ser eliminado cuando "su actividad vulnere los principios democráticos, particularmente cuando con la misma persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático" a través de distintas conductas "realizadas de forma reiterada y grave".

De igual manera, se entiende que una formación puede ser ilegalizada "cuando se produzca la repetición o acumulación" de diferentes comportamientos. Uno de ellos es "dar apoyo político expreso o tácito al terrorismo", ya sea legitimando las acciones terroristas o "exculpando y minimizando su significado". Otro, incluir de forma regular "en sus órganos directivos o en sus listas electorales" a "personas condenadas por delitos de terrorismo que no hayan rechazado públicamente los fines y los medios terroristas" o que "un amplio número de sus afiliados" tengan una "doble afiliación a organizaciones o entidades vinculadas a un grupo terrorista o violento".

Sólo el Gobierno y el Ministerio Fiscal están legitimados para "instar la declaración de ilegalidad" y su consecuente disolución. No obstante, la Ley de Partidos también contempla la posibilidad de que sea el Congreso de los Diputados o el Senado quienes pidan que se inicie ese proceso, quedando entonces el Ejecutivo obligado a formalizar la correspondiente "solicitud de ilegalización".

La acción se inicia a través de una demanda presentada ante la Sala del 61 del Supremo –compuesta por el presidente del Alto Tribunal, los presidentes de Sala y el magistrado más antiguo y más moderno de cada una de ellas–, que debe ir acompañada de todos aquellos documentos "que acrediten la concurrencia de los motivos de ilegalidad". Si se decreta la disolución, la sentencia "será ejecutiva desde el momento de su notificación" y la Sala ordenará la cancelación de la "inscripción registral" del partido. Y si se desestima la demanda, ésta solo puede "volver a reiterarse" en caso de que se presenten ante el Supremo "nuevos elementos de hecho, suficientes para realizar valoraciones sobre la actividad ilegal de un partido diferentes a las ya contenidas en la sentencia".

Los expertos consultados por infoLibre no ven posible la ilegalización de EH Bildu en base a la incorporación de decenas de exmiembros de ETA en sus listas electorales para el 28M. Básicamente, explican, porque la Ley de Partidos deja claro que esta conducta tiene que darse "regularmente". "Que se haga una vez no es suficiente", apuntan los distintos constitucionalistas pulsados. Esto es algo que también resaltó el Tribunal Constitucional cuando avaló la norma impulsada por el Ejecutivo de José María Aznar. En la sentencia, que desestimaba el recurso del Gobierno vasco contra la Ley de Partidos, los magistrados señalaron que el precepto en cuestión se sostiene sobre la "idea de comportamientos dilatados en el tiempo y en línea de continuidad".

Aquel fallo del Constitucional delimita, por tanto, el terreno de juego alrededor del artículo que fija la inclusión de personas condenadas por terrorismo como comportamiento susceptible de precipitar la ilegalización de un partido. Así, deja claro que esta referencia "ha de entenderse que alcanza sólo a aquellos condenados que no hayan obtenido su rehabilitación". Y también que "la previsión de que esa circunstancias sólo pueda valorarse" si los penados no han "rechazado públicamente los fines y los medios terroristas" no puede "interpretarse como la obligación de realizar una retractación de sus actividades pasadas". "El precepto solo tiene proyección hacia el futuro", explicaban los magistrados.

Pero hay más. "Ha de afirmarse también que la realización del supuesto debe comportar una actuación instrumental que sirva a la realización de alguna o algunas de las conductas descritas en el artículo 9.2", continuaba la sentencia. ¿Y cuáles son esas? Vulnerar sistemáticamente las libertades y derechos fundamentales, fomentar o legitimar la violencia para la consecución de objetivos políticos o apoyar la acción de organizaciones terroristas para la consecución de sus fines de subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública. Conductas pensadas para un contexto terrorista que ya no existe y de las que EH Bildu ha tratado siempre de mantenerse alejado.

No es la primera vez que la formación abertzale se encuentra bajo la lupa antes de una cita con las urnas. Ya ocurrió en 2011, nada más echar a andar. Entonces, tanto el Gobierno de Mariano Rajoy como la Fiscalía impugnaron todas las listas de EH Bildu de cara a las elecciones autonómicas y municipales. La Sala del 61 del Tribunal Supremo tumbó, por nueve votos a seis, las 258 candidaturas al entender que EH Bildu no era más que "un cauce simulado y fraudulento" para "soslayar la ilegalización judicial del brazo político de la banda terrorista ETA" y así permitir "el acceso de Batasuna/ETA a las instituciones representativas". Lo hizo apoyándose en comunicaciones intervenidas e informes policiales.

Pero aquella decisión fue tumbada en apenas unas horas por un Tribunal Constitucional también dividido. En su sentencia, el máximo intérprete de la Ley Fundamental consideró que no existían elementos de prueba suficientes como para sostener esas afirmaciones. "A diferencia de lo sucedido en supuestos similares anteriores, en este caso no existen elementos que acrediten la existencia de vínculos personales, de orden financiero o de apoyo material entre ETA y el partido ilegalizado Batasuna y la coalición aquí recurrente, lo que fue relevante en aquellos casos", recogía el fallo. Y completaba: "La simple sospecha no puede constituirse en argumento jurídicamente aceptable para excluir a nadie del pleno ejercicio de su derecho fundamental de participación política".

Aquella fue la segunda vez que el Constitucional tumbaba una decisión de la Sala del 61 del Supremo. La primera fue en 2009, cuando permitió que Iniciativa Internacionalista se presentase a las elecciones europeas. Entonces, los magistrados también entendieron que los indicios sobre los que se había apoyado la anulación por parte del Alto Tribunal de la candidatura tenían "insuficiente entidad probatoria". En concreto, la Sala especial del Supremo consideró que Iniciativa Internacionalista estaba "infiltrada" por ETA-Batasuna basándose en los vínculos que tenía su cabeza de lista con HB, EH y ANV y en el hecho de que cargos de este último partido hubieran avalado la lista.

Hasta entonces, las decisiones del Alto Tribunal en esta materia habían sido avaladas por el Constitucional. Ocurrió con la prohibición de candidaturas como Herritarren Zerrenda, Aukera Guztiak, Democracia 3 Millones o Askatasuna. O con la ilegalización Herri Batasuna, Euskal Herritarrok, Batasuna o Acción Nacionalista Vasca. Estas últimas decisiones, todas ellas tomadas en un contexto en el que la banda terrorista seguía en activo, también recibieron el beneplácito del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). "[Las formaciones incurrieron] en una pluralidad de actos y de comportamientos, graves y reiterados, que concluyeron en un compromiso con el terror y contra la coexistencia organizada en el marco de un Estado democrático", resaltó Estrasburgo en su sentencia relativa a Batasuna.

“¡¡Gritad más, que gritáis poco!! Porque mientras gritáis... ¡no matáis!”, replicaba Ernest Lluch a los militantes de la izquierda abertzale que le increpaban durante un mitin del PSOE en la parte vieja de Donostia. Sucedía en plena tregua de ETA en 1999, apenas un año antes de que la banda le asesinara en el garaje de su casa. “O bombas o votos”, les interpelaba Alfredo Pérez Rubalcaba en 2010 para que decidiesen el camino a seguir, el de la política o la violencia, meses antes de que la organización terrorista pusiese fin definitivamente a sus asesinatos y extorsiones.

El clamor de todas las fuerzas políticas era entonces convencer a la izquierda abertzale de que podía defender sus ideas pacíficamente. Y normalizarse en un sistema político que hasta ese momento le discutía la condición de legalidad. 

Pero una década después, las condiciones parecen haber cambiado. Retirar el apoyo prestado a la violencia y haber contribuido a la disolución de la organización terrorista ya no es suficiente. Otras estipulaciones han ido apareciendo en el horizonte. 

Primero, la exigencia de condena expresa y firme de todos y cada uno de los atentados cometidos por ETA y la solicitud de perdón a las víctimas. Segundo, poner fin a los homenajes y recibimientos públicos de los presos cuando cumplen condena y regresan a sus localidades de origen. Tercero, colaboración para la identificar a los autores de los crímenes que las fuerzas de seguridad y la justicia no han sido capaces de señalar. Y ahora, más recientemente, se empieza a mencionar una cuarta: la retirada de los dirigentes de la coalición que hayan tenido un pasado de militancia o proximidad con ETA.

El listón de los requerimientos ha ido subiendo en la misma medida en que la izquierda abertzale avanzaba, lentamente, en el camino del reconocimiento del daño causado. Primero mediante una declaración oficial, leída el pasado octubre por su máximo líder, Arnaldo Otegi, y después a través de un comunicado de la organización que representa a los presos de la desaparecida ETA en en el que los que antes asesinaban o colaboraban con los crímenes de la banda ahora piden expresamente que ya no se celebren más homenajes ni recibimientos públicos cuando salgan de prisión porque son conscientes del daño que estos actos hacen a las víctimas.

La actual expresión política de la izquierda abertzale, EH Bildu, es una amalgama de siglas que sólo en parte echa raíces en el mundo de Batasuna. El resto tiene, en términos de condena de la violencia, un historial contrastado: desde Eusko Alkartasuna (EA) a Aralar, pasando por Alternatiba. 

Algunos de los diputados en el Congreso que a diario tienen que escuchar cómo los portavoces de la derecha, uno tras otro y jornada tras jornada, les señalan con el dedo y les acusan de defender a ETA, han hecho declaraciones de condena que no dejan lugar a dudas acerca de su rechazo de la violencia. Otros no: es el caso de su portavoz, Mertxe Aizpurua, condenada hace 37 años por apología del terrorismo desde las páginas del semanario Punto y Hora.

Que EH Bildu quiere normalizarse como una fuerza política más no es ninguna novedad. Su objetivo es romper su perímetro político para seguir creciendo en línea con el modelo de Esquerra Republicana de Catalunya: ganar peso con el fin de, cuando llegue el momento, poner sobre la mesa su agenda soberanista. 

Entre tanto, su estrategia pasa por acentuar su perfil social de izquierdas y demostrar su constante disposición al diálogo constructivo. Sus demandas soberanistas apenas si afloran en sus intervenciones en el Congreso, en las que destacan, sobre todo, su agenda de izquierdas y sus propuestas de hondo contenido social. Comparados con la CUP, con el BNG o incluso con Esquerra, la izquierda abertzale ocupa un espacio muy moderado en la Cámara baja.

Un buen ejemplo es que EH Bildu dará su apoyo a los Presupuestos del Gobierno del Pedro Sánchez con muy pocas cosas en su mochila en términos de soberanía y mucho menos de presos: la inclusión de la suspensión del procedimiento de desahucio en la próxima ley de vivienda, la creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto y la emisión del canal infantil en euskera ETB-3 en toda Navarra.

Pero el contenido del acuerdo no parece importar a la derecha. PP, Vox y Ciudadanos, como si fueran una sola voz, han utilizado el acuerdo para redoblar la invocación de ETA que llevan haciendo desde el mismo día en que Sánchez ganó la investidura en el Congreso.

La consecuencia es que el debate sobre la normalización de EH Bildu está abierto. Y no es sencillo de resolver. Tiene muchas zonas grises, como ha podido comprobar infoLibre en conversación con expertos que, sobre todo, coinciden en una cosa: no hay discusión desde el punto de vista del derecho. Nada se puede reprochar a EH Bildu en esos términos que impida llegar a acuerdos políticos.

El problema empieza cuando nos adentramos en el terreno de lo moralmente admisible. Del recorrido que queda por transitar a la izquierda abertzale para convertirse en una pieza más del tablero político. O de la conveniencia de estimular ese viaje.

Fernando Flores, profesor de derecho constitucional y director del Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de València (IDH), se pregunta si hay diferencia entre pactar con EH Bildu y con Vox. “Pactar es una decisión política. Y como tal los partidos lo hacen en virtud de intereses abstractos, de interés general, y otros que tienen que ver más con la oportunidad política”. Y eso le parece lícito.

“La diferencia es que yo veo a Bildu como un grupo que está saliendo de una posición autoritaria y va en dirección hacia la democracia”. “Con todos sus defectos”, subraya. Y que en cambio en Vox ve “a un grupo que lo que está es arrastrando a la derecha hacia una posición autoritaria”. Son “dos caminos que van en direcciones opuestas”. 

A su juicio, es “aceptable y razonable” acompañar el tránsito de Bildu hacia la democracia siempre que se muevan en esas dirección. “Sin embargo, en la otra parte [la de Vox] lo que veo es un alejamiento del espíritu constitucional”. Lo correcto es “atender más a quien parece que tiene interés, con todas sus defectos y limitaciones, en ir hacia una normalización democrática fuera de la violencia”. 

Xavier Arbós, catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat de Barcelona, opina lo mismo. “Yo creo que hay elementos para incentivar los acuerdos con la izquierda abertzale siempre que entre en un grado de evolución aceptable de lo que fue su historia pasada”. 

Lo que hay que hacer, opina, es seguir de cerca esta evolución “hasta que llegue el momento en el que se evidencie un cambio de actitud moral completo por parte de sis líderes”. Y “la manera de acompañar esto no es oponerse por principio a cualquier diálogo” con ellos o a tenerlos en “consideración como actores políticos viables”.

Arbós admite que “hay que tomar en cuenta muchos factores” para resolver el dilema sobre la idoneidad o no de EH Bildu como interlocutor válido, entre ellos “el grado de evolución de la izquierda abertzale” y “la posición de las víctimas”. Este último, precisa, “tiene dos dimensiones: por una parte sus propios sentimiento subjetivos al ver a quienes en el pasado habían justificado los atentados entrar en una situación de normalidad, y por otra, la que es más difícil de solucionar, el hecho de que existen todavía muchos casos por resolver”. 

En busca de respuestas, Arbós se remonta al pacto constitucional. Entonces “se produjo un consenso entre sectores que en su momento habían estado enfrentados. Entre torturadores y torturados. Gente que había practicado la lucha armada contra la dictadura” y exdirigentes del régimen de Franco.

“Ahora nos encontramos en una situación distinta en un aspecto que es fundamental: que no estamos hablando de un orden dictatorial sino democrático. Pero yo creo que, aún así, uno de los elementos de la legitimidad del orden constitucional que lo puede reforzar es su capacidad de rehacer el consenso necesario”.

El sistema político, defiende, sale reforzado “si es capaz de generar nuevos consensos en las circunstancias de cada momento”, y eso incluye la posibilidad de reconocer a EH Bildu con una pieza más del tablero. Y advierte: “Más vale que se acompañe la evolución [de la izquierda abertzale] mediante incentivos”. Para “que no se produzca un aislamiento que pueda llevar una cierta regresión”. 

Arbós se declara contrario a los cordones sanitarios, también para la extrema derecha. A pesar de que él, igual que Flores, considera mucho más peligrosa la evolución de los ultras de Vox: “En el caso de la extrema derecha a mí me parece que se está alejando de las bases del orden constitucional mientras que la izquierda abertzale, aunque le falta trecho, se está aproximando a él”. E insiste: “Cordones sanitarios para nadie. Y todo lo que sea acompañar y facilitar la integración en la legitimidad constitucional, yo creo que puede ser útil”.

En esto no está en absoluto de acuerdo Elisa de la Nuez, abogada del Estado y secretaria general de la Fundación Hay Derecho. “Es evidente que EH Bildu es un partido legal, esto nadie lo discute. ¿Pero hasta qué punto yo puedo tratarlo como hace la izquierda con Vox, que no lo considera un partido ‘normal’ porque es de ultraderecha?”, se pregunta. EH Bildu “es un poco lo mismo. O peor”, añade, “porque está el aspecto de ls crímenes de ETA”.

Flores cree en la utilidad del acompañamiento a la izquierda abertzale, como Arbós, a pesar de los muchos “peros” que pone a la evolución de la izquierda abertzale. Y se refiere en especial a uno que personalmente le parece inaceptable: los recibimientos públicos de expresos. “Yo no soporto los ongi etorris, no puedo con ellos. Una cosa es recibir a alguien en su casa, en privado. De eso no tengo nada que decir. Pero que tú recibas con una banda de música por el pueblo a una persona que ha matado a otras cuyos familiares están ahí yo no lo puedo entender”.

Otra cosa es la utilización que la derecha está haciendo de ETA en el debate público. El director del IDH tiene claro que “Bildu no es ETA y que ETA ya no existe”. Su experiencia personal le hace concluir que el PP —también Vox y Ciudadanos— tiene “una especie de estrategia de comunicación” en este asunto en la que “los escrúpulos” les dan igual. Llegaron a reprochar al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que había presos que salían de prisión después de cumplir condena, recuerda. “La verdad les daba igual”.

Lo que revela esa actitud, y ese es el problema, subraya, es que “el PP va a derribar al Gobierno, no a controlar al Gobierno”. Busca el modo de “pegar lo más fuerte posible para que vaya rompiendo y que caiga”. 

Al mismo tiempo, Flores añade a su reflexión la necesidad de poner fin de la dispersión: “Hay una vulneración de derechos en el alejamiento de los presos a estas alturas, No creo que haya un bien jurídico a proteger en materia de seguridad o de orden público que justifique eso”. Lo único que se hace es “daño a sus familiares” y “eso se llama venganza. La venganza no debería tener cabida en el Estado de Derecho”.

Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional y exletrado del Tribunal Constitucional, tiene “la impresión de que a estas alturas EH Bildu tiene muy poca relación con el mundo de ETA”. Pero admite que “la figura de Otegi causa recelo”, a pesar de que fue también “clave para que ETA abandonara las armas. Porque era de ellos y era el que mejor lo podía hacer”.

En estos momentos “Otegi tiene”, en su opinión, “un papel muy secundario en la estrategia de EH Bildu. Sigue siendo el símbolo, la persona que dio la cara, que se pasó años en la cárcel por un delito de opinión que después supuso una condena a España en Estrasburgo”. 

Pero dentro de la expresión política de la izquierda abertzale “hay mucha gente”. Y “el sambenito de que son HB [la antigua Herri Batusuna]”, aunque “algo tiene de cierto, a estas alturas creo sinceramente que es muy difícil” de sostener. 

De hecho, Urías asegura que incluso es complicado poner obstáculos morales a los pactos con el EH Bildu. “Es verdad”, admite, que mantiene una posición “tibia” en asuntos como el de los homenajes a expresos, pero “hay que entender que en un proceso de paz puedes exigir mucho, pero llega un momento en el que ellos también tiene una gente a la que no pueden dejar fuera”.

“Cuando EH Bildu pacta con el PSOE”, remarca, “lo que está pasando no es que el PSOE se acerque al terrorismo. Lo que está pasando es que hay grupos que eran muy radicales que se están centrando en negociar y participar en el Estado”. 

“Lo que me parece muy contradictorio es que a esta gente se le pide una cosa, luego otra y cada vez se le pide más”. Y eso es culpa, señala, de los interesados en mantener un clima de polarización, asegura sin mencionar a la derecha: “Les conviene mucho seguir diciendo: ‘¡Terrorista, terrorista, terrorista!”, algo que “hoy tiene poco que ver con la realidad”.

Fernando Flores, por su parte, aunque reconoce que algunos de los pasos dados por la izquierda abertzale le parecen “estupendos”, es de los que creen que “les faltan otros importantes”. Y se refiere de nuevo a los ongi etorris: “En la medida en que de una manera activa cada vez que haya homenajes públicos a etarras ellos estén presentes o no digan nada, ahí hay un problema”.

Tiene “dudas”, además, sobre la continuidad de personas que tuvieron un papel activo cuando ETA existía. “No lo tengo claro”, reconoce. “Por una lado me produce absoluto rechazo, pero por otra parte esas personas lo que han hecho es pagar lo suyo y por tanto tienen que poder tener una vida como la quieran tener”. Pero que esa vida sea sea como representantes de lo público “a mí me produce rechazo”.

Para que se entienda mejor, hace una comparación: a él mismo también le causaba aversión que personas que fueron ministros en gobiernos de Franco se sentasen en el Congreso. “Que determinadas personas del PP hayan estado allí debía haberse evitado”, sostiene. 

Arbós también cree que a EH Bildu le falta camino por recorrer. “Hace falta un reconocimiento más explícito de que el terrorismo fue un error gravísimo de consecuencias dramáticas, un obstáculo a la misma estabilidad democrática de la vida política en España”.

Y, más allá de “aspectos declaratorios”, que en su opinión siempre habría que “afinar mucho para que pudieran ser aceptables para las víctimas”, señala también la necesidad de un relevo. “Hace falta un cambio de liderazgo visible. Tiene que haber finalmente una nueva generación en la izquierda abertzale que aparezca ante la opinión pública como desconectada de las épocas pasadas en las que esta izquierda daba apoyo al terrorismo”. 

“Puede ser injusto, porque todos tenemos derecho a cambiar”, reconoce, “pero esto me parece que es imprescindible. Mientras no haya caras nuevas desconectadas del pasado no estaremos en un escenario en el que se facilite un cambio en la percepción” de lo que EH Bildu representa.

Elisa de la Nuez sostiene que “de la violencia se han beneficiado políticamente el nacionalismo” y EH Bildu y eso “no se ha reconocido en ningún momento, Ahí hay un recorrido que hacer”. Y pone el foco en la cuestión de los homenajes, porque demuestra que “no ha habido una condena de la violencia” ni de sus consecuencias en “el panorama político”.

Homenajes, insiste, no recibimientos privados. “Una cosa es una celebración privada” y otra lo que está pasando, afirma tajante. “¿Cómo no se van a alegrar tu madre y tus amigos” de que salgas de la cárcel? “Pero claro: si tú en esa celebración incluyes un aspecto político, dices que lo que hicieron merece un reconocimiento”.

Los ongi etorris son una “exaltación de los asesinatos”, con todo lo que eso “supone desde el punto de visto de las víctimas”, a las que causa “sufrimiento y humillación adicional”, por no hablar, añade, “de la intimidación” que aplica a “la población que puede no pensar así”. Un homenaje público, recuerda, es algo que se hace a “las personas que son relevantes para la sociedad y que han hecho algo bueno. Esto es el mundo al revés”.

Por eso, añade, le parece “interesante que ahora los homenajes pasen a ser privados”, como han propuesto los propios presos de la desaparecida ETA. “Es evidente que es mejor”, reconoce De la Nuez, pero aunque sean privados siguen suponiendo pensar que quienes los reciben “han hecho algo bueno”. 

“Eso demuestra el problema que tenemos con la falta de reconocimiento y la falta de condena política y moral a lo que ha pasado en el País Vasco” remarca. Que los homenajes dejen de ser públicos “no digo que no es un avance, porque lo es”, pero “el paso que hay que dar es decir que esto no está bien, no estuvo bien en ningún momento”. Y pregunta a EH Bildu, a modo de conclusión: “¿A ustedes les parece mal que sean públicos o que haya homenajes?” 

La secretaria general de la Fundación Hay Derecho también señala el cambio generacional como un tramo esencial del camino que a la izquierda abertzale todavía le queda por recorrer. “Otegi formaba parte de esto. La gente que hizo esto estaba equivocada y por mucho que haya pagado penalmente esto no está bien”.

Hace falta “que las personas que estuvieron en primera fila dejen de estar”. Eso “debería permitir un alejamiento o una visión mucho más despegada”. “Pero no estamos ahí. Hay mucha gente directamente implicada en esto”.

A falta de ver si cumplen con lo comprometido, los ongi etorris, los actos de recibimiento públicos a etarras que vuelven a casa tras cumplir sus sentencias de prisión, pueden haber llegado a su fin, después de que el colectivo de presos EPPK comunicara su deseo de que se desarrollen de forma "privada" y "discreta" cuando lleguen a sus localidades o en la misma salida de las cárceles. A pesar de la lucha que han mantenido las víctimas de ETA por tratar de impedir con antelación la celebración de estos actos, lo cierto es que el difícil encaje legal para prohibirlos ha supuesto en los últimos años un muro de contención que apenas ha evitado que los etarras hayan sido homenajeados, para escarnio y humillación de quienes han perdido a familiares o sufrido en sus propias carnes la violencia terrorista.

Aunque se hayan acabado los atentados de ETA, los recuerdos de la violencia que desplegó la organización a lo largo de más de cuarenta años no son olvidados por quienes más los sufrieron y los homenajes a los presos que obtenían la libertad condicional o algún permiso penitenciario ahondaban en la humillación que sienten las víctimas. Así lo dijo Maite Araluce, presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), en una reciente entrevista: "Es demoledor para las víctimas y para una sociedad sana. No se puede permitir que familias enteras acudan y den el mensaje a las nuevas generaciones de que todo vale, incluso la violencia, porque luego se justifica".

Han sido muchísimos los mensajes que han dirigido las víctimas a la izquierda abertzale, y en particular a Bildu, en los últimos años exigiendo que cesaran los homenajes a los presos de ETA. Sobre todo porque desde la justicia no se han podido frenar este tipo de actos. Fue el pasado mes de octubre, al cumplirse diez años del fin de la violencia terrorista –y más de tres desde que la banda anunció su disolución–, cuando el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, afirmó que siente "enormemente" el "sufrimiento" de las víctimas y el "daño causado" y que se comprometía a "tratar de mitigarlo", pero sin condenar la actividad etarra. “Queremos trasladarles que sentimos su dolor y afirmamos que nunca debería haberse producido. A nadie puede satisfacer que aquello sucediera. No se debería haber prolongado tanto en el tiempo", dijo.

Unas semanas después, han sido los presos los que han dado el paso. Para las víctimas, sin embargo, no es suficiente. Aunque ven como un "alivio" el anuncio de acabar con los reconocimientos públicos, han replicado también que si de verdad los aproximadamente 200 etarras que quedan en prisión quieren aliviar el sufrimiento causado, deben colaborar con la justicia para tratar de esclarecer los más de 300 crímenes que quedan sin resolver.

Tal y como concluyó esta semana el exlehendakari y diputado socialista Patxi López, el anuncio de los presos es "la victoria de las víctimas" y "la victoria de la presión social que no podía tolerar que esto se estuviera haciendo". En un debate en el Congreso sobre una propuesta de Ciudadanos para prohibir por ley estos homenajes a etarras –que tuvo el apoyo de PP y Vox–, López remarcó que "son los tribunales los que deciden estas cuestiones" y que "lo sabe muy bien el anterior delegado del Gobierno del PP en el País Vasco", quien "se hartó de ir a la vía penal y tuvo éxito cero".

Pero, ¿por qué es muy complicado impedir o perseguir penalmente estos homenajes a presos de ETA?

Desde el año 2000 hay un ilícito en el Código Penal que, por su definición, puede encajar perfectamente en la persecución de los recibimientos a etarras que cada vez se han visto con más frecuencia debido a la finalización de las condenas de muchos terroristas encarcelados en los años ochenta y noventa. Es el enaltecimiento del terrorismo. Su introducción se enmarca en la firma del pacto antiterrorista que firmaron PP y PSOE, los partidos con mayor representación parlamentaria entonces, en medio de una violencia de ETA que no cesaba.

El objeto, regulado en el artículo 578 del Código Penal, es castigar todas aquellas conductas que conlleven "justificación pública" de los delitos terroristas o de "quienes hayan participado en su ejecución", así como la "realización de actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares". La pena que se plantea y que aún sigue vigente en la legislación es de uno a tres años de cárcel y multa de doce a dieciocho meses.

La idea era introducir un delito que no requiere una incitación directa o que exista un peligro real a cometer un determinado acto delictivo, por mucho que pueda ensalzar esa conducta, y he ahí la principal diferencia con el delito de apología, que ya existía en la legislación y que también recogen todos los códigos penales de países europeos del entorno más inmediato. El enaltecimiento del terrorismo, por tanto, no tiene equivalencia en las jurisdicciones penales similares a la española.

Pero una cosa es la teoría y otra, la práctica. Más de veinte años después, este ilícito está ya muy desdibujado en su aplicación –no sólo en el caso de los ongi etorris–, en parte por una jurisprudencia ya más que consolidada que acota los límites de su utilización, en parte por la disolución de ETA y de otras organizaciones terroristas. El conflicto que los distintos casos que han llegado a la justicia ha generado con la libertad de expresión o de reunión y, por tanto, las distintas sentencias absolutorias y la doctrina que se ha impuesto en el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo ha llevado a una caída de las denuncias y, en consecuencia, a una reducción en la apertura de procedimientos en la Audiencia Nacional.

El catedrático de Derecho Penal de la Universidad Carlos III de Madrid Jacobo Dopico explica a infoLibre que la introducción del enaltecimiento del terrorismo en el Código Penal eliminó la garantía de que sólo se pudieran perseguir actos de apología cuando hubiera incitación a cometer actos terroristas y que se percibiese un peligro real. Y lo que ocurre cuando se suprime esa garantía es que se den situaciones que esa garantía quería evitar.

Fue la sentencia del Constitucional de 2016 sobre la condena a Tasio Erkizia la que terminó de poner negro sobre blanco en la aplicación del delito de enaltecimiento del terrorismo. Un año más tarde se publicó la directiva europea relativa a la lucha contra el terrorismo, en la que se dejaba claro que "los delitos de provocación pública a la comisión de un delito de terrorismo comprenden, entre otros, la apología y la justificación del terrorismo o la difusión de mensajes o imágenes, ya sea en línea o no, entre ellas las relacionadas con las víctimas del terrorismo, con objeto de obtener apoyo para causas terroristas o de intimidar gravemente a la población", una conducta que "debe tipificarse cuando conlleve el riesgo de que puedan cometerse actos terroristas".

Y no sólo en Europa se han pronunciado tribunales e instituciones al respecto. En 2008, el anterior relator especial de la ONU sobre la promoción y protección de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Martin Scheinin, advirtió a España de la imprecisión de la palabra "enaltecimiento", afirmando que "cualquier tipificación de delitos relacionados con la incitación al terrorismo debe incluir los requisitos de una intención de incitar a cometer un delito terrorista, así como la existencia de un riesgo real de que tal delito se cometa como consecuencia".

En los últimos años se han sucedido numerosos recibimientos a etarras que no han encontrado reproche penal por parte de la Audiencia Nacional. Por un lado, porque generalmente el tribunal no ha visto motivo para prohibirlos cuando se anunciaban y, por otro, porque en la investigación que se podía abrir a posteriori los jueces no encontraban suficiente prueba para abrir diligencias. Y es que en muchos homenajes no se ensalza explícitamente la violencia terrorista ejercida por los presos o los asesinatos que hayan cometido, sino que consisten en recibimiento de los vecinos en la calle, aplausos, entrega de flores, banderas, un 'aurresku' y algunos discursos.

En una de las últimas resoluciones dictadas ante la petición de prohibir uno de estos encuentros ante la posibilidad de la comisión de un delito de enaltecimiento del terrorismo, de septiembre de este año, el juez José Luis Calama –reiterando argumentos que ya han invocado sus compañeros de la Audiencia Nacional en otros autos–, afirma que “no existe constancia alguna” que permita afirmar “que se haya producido o que se vaya a producir delito alguno” e invocaba los derechos de reunión y manifestación y el principio de intervención mínima del Derecho penal para sustentar su decisión.

El tribunal mantiene esta misma postura, con apoyo de la Fiscalía, desde hace unos años: rechaza impedir los homenajes, aunque pide a las fuerzas de seguridad que estén vigilantes ante posibles comportamientos ilícitos. Sin embargo, apenas hay denuncias posteriores y la mayoría de las que ha habido han acabado finalmente en archivo.

No obstante, sí hay una causa abierta actualmente por este delito en el marco de los recibimientos a presos de ETA. Es la que indaga en la organización de los numerosos homenajes que tuvieron lugar entre los años 2016 y 2019 y por la que fueron detenidos varios dirigentes de Sortu y el etarra Anton López Ruiz, alias Kubati, a principios de 2020. Pero hay un matiz con otras causas por este tipo de actos abiertas anteriormente: tanto la Fiscalía como la acusación popular que ejerce la AVT centran sobre todo su estrategia en esta causa en la otra pata de este ilícito, que es la humillación a las víctimas.

Para ello, la AVT entregó al juez instructor un informe sobre el impacto psicológico que producen en las víctimas y sus familiares los actos de recibimiento y homenaje a etarras. Pero fuentes jurídicas consultadas por este periódico admiten que el futuro de esta causa está muy en el aire precisamente por esa jurisprudencia del Constitucional y del Supremo que, a raíz del estudio de las sucesivas causas sobre las que han tenido que pronunciarse, delimita la aplicación del delito regulado en el artículo 578 del Código Penal.

Por eso, la AVT había reclamado el pasado noviembre a todos los grupos parlamentarios, a excepción de EH Bildu, que apoyaran su propuesta de enmienda de modificación del Código Penal para tipificar el delito de humillación a las víctimas del terrorismo como un delito autónomo del de enaltecimiento. En paralelo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha prometido en varias comparecencias parlamentarias aprobar un nuevo régimen sancionador por la vía administrativa –previa reforma de la Ley 29/2011 de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo– para luchar contra los homenajes, informa Europa Press.

La medida la supeditaba siempre al informe que tiene que realizar la Unión Europea evaluando el delito de enaltecimiento, ya que quería evitar "disfunciones" a la hora de luchar contra este tipo de "ofensas", vista la interpretación que han hecho los tribunales y los pronunciamientos de instancias internacionales.