Un amplio reportaje en exclusiva desarrollado por Narcodiario explicaba que los 'empresarios' con grandes carteras en criptomoneda eran los nuevos objetivos de bandas de sicarios y secuestradores para sus robos violentos. El crimen organizado había puesto sus ojos en ellos gracias a que estos activos se transfieren en cuestión de segundos lejos del control de la autoridad bancaria, solo con tener unas claves. Ello hace que se produzcan hechos de violencia extrema, como el que acaba de esclarecer la Policía en la Costa del Sol.

Así, los agentes han desarticulado una organización de origen danés implicada, presuntamente, en el secuestro y asesinato de un varón en Mijas (Málaga). El grupo criminal asaltó a una pareja y, tras disparar al hombre, introdujeron a ambos en una vivienda donde permanecieron retenidos durante varias horas, mientras trataban de acceder a sus wallets con el fin de sustraer los criptoactivos.

A medianoche, la mujer fue liberada por los captores, mientras que su pareja permaneció en paradero desconocido hasta que su cadáver fue hallado en una zona boscosa de la localidad de Mijas. Han sido detenidas cinco personas en España y se ha imputado a otras cuatro, que se encuentran en territorio danés, dos de las cuales permanecen actualmente en prisión por hechos similares. La investigación ha contado con la colaboración de autoridades policiales danesas. Personas de esa nacionalidad se están especializando últimamente en el sicariato y los ajustes de cuentas, y también, por lo visto, en los robos por encargo.

La investigación se inició tras la denuncia interpuesta por una mujer en las dependencias policiales de Málaga en la que comunicaba que, cuando se encontraba con su pareja sentimental en la localidad de Mijas, fueron asaltados por un grupo de tres o cuatro personas encapuchadas. Los sospechosos vestían íntegramente de negro, portaban guantes y ocultaban sus rostros con pasamontañas, portando armas de fuego.

En el transcurso del asalto acorralaron al hombre, disparándole en una pierna cuando trataba de huir para, acto seguido, introducir a ambos en un vehículo y trasladarles hasta el interior de una vivienda, donde permanecieron retenidos durante varias horas mientras los secuestradores trataban de acceder a las wallets de la pareja con el fin de sustraer los criptoactivos.

A medianoche, la mujer fue liberada por los captores, mientras que su pareja permaneció en paradero desconocido hasta que su cadáver fue hallado, como se ha dicho, en una zona boscosa de la localidad de Mijas. El cuerpo de la víctima presentaba evidentes signos de violencia, además del disparo recibido en la pierna.

Por estos hechos, los agentes iniciaron una investigación que permitió obtener indicios contundentes de los hechos, así como la identificación de los autores. Los agentes llevaron a cabo la detención de cinco personas en España y la realización de seis registros domiciliarios en Madrid y Málaga. Además, se ha imputado a otras cuatro personas, que se encuentran en territorio danés, dos de las cuales permanecen actualmente en prisión por hechos similares a los investigados.

En los registros realizados se localizaron dos armas de fuego cortas —una real y otra simulada—, un bastón extensible, un pasamontañas, un pantalón con restos de sangre, así como vestigios biológicos compatibles con la sangre hallada en la vivienda donde las víctimas permanecieron retenidas. Asimismo, se intervino diversa documentación de interés para la causa, además de múltiples dispositivos electrónicos y móviles.

La Policía no informó si los ladrones consiguieron su objetivo de hacerse con las criptomonedas de la víctima, si bien teniendo en cuenta la coacción brutal empleada, es probable que así sucediese.

Los secuestros han existido públicamente desde al menos el siglo XIX. El hecho de raptar a una persona y pedir un rescate económico ha sido una forma muy extendida de ganarse la vida para bandidos de toda índole. Y actualmente, como todo, este fenómeno criminal ha evolucionado. Ese cambio ha provocado que la sofisticación de quienes cometen este tipo de delitos haya llegado a su culmen.

Por ello, la principal preocupación de quien comete un secuestro es cobrar el rescate que solicita y, si es posible, que el pago sea imposible de rastrear por las autoridades policiales. El dinero efectivo es un buen método que lo permite, y ahora, también las criptomonedas. Por eso, organizaciones criminales se están centrando en estos últimos años en los secuestros de empresarios con algún tipo de relación con este último método de pago.

Lo hacen, en primer lugar, porque, según qué cartera de Crypto tenga la víctima, la disponibilidad del dinero en líquido puede ser instantánea, aunque hablemos de millones de euros. Si fueran transferencias bancarias ordinarias, cuando se ordenan ciertas cantidades deben pasarse unos controles extra que pueden bloquear la transacción.

Además, identificar una cuenta bancaria internacional es una tarea más sencilla, aunque se usen testaferros. En cambio, si se cobra un rescate con moneda virtual, el abanico de posibilidades para camuflar el origen del dinero es más amplio. Por eso se pagan ya en Cryptos importantes alijos de cocaína, así como de otras drogas sintéticas.

Desde principios de 2025 han aumentado exponencialmente en todo el mundo los secuestros o los robos a empresarios relacionados con criptomonedas, en los últimos años se han producido 231 hechos registrados: se han dado casos en España, en la mayoría de países Unión Europea, en Estados Unidos y en varios países asiáticos.

El último caso conocido, especialmente grave, ocurrió en la madrugada del 26 de noviembre. Las alarmas saltaron cuando se descubrió el cadáver de un chico ucraniano de 21 años dentro de un Mercedes calcinado en la calle Marlen-Haushofer-Weg en Viena (Austria). La policía austríaca resolvió este crimen indicando que el móvil del asesinato era el robo de criptoactivos.

La víctima era el hijo de un político ucraniano de Jerson y sus supuestos asesinos son también compatriotas. Conforme cometieron el crimen huyeron a su país, donde días después fueron detenidos. La víctima es el hijo del vicealcalde de Járkov. Se sabe por la autopsia que recibió bastantes agresiones antes de morir, por las heridas que le infligieron. Los ejecutores querían saber las contraseñas de las billeteras de criptomonedas. Se detectaron movimientos importantes, de miles de euros, el día del asesinato, y también le incautaron en Ucrania a los dos detenidos otros tantos miles de euros en efectivo.

Este es el último caso relevante europeo, pero ha habido otros llamativos en España. En uno de ellos se activó al GOES de la Policía Nacional. Fue el pasado 1 de febrero, con el objetivo de liberar a un británico que estaba siendo retenido en una vivienda de Estepona, y de detener al que un grupo de criminales que le exigía 30.000 euros para que fuera liberado. Después han llegado otros casos.

El pasado agosto, en San Sebastián de los Reyes (Madrid), Álvaro Romillo, más conocido como Cryptospain, denunció que su casa fue asaltada con él y su familia dentro. Según indicó en la denuncia, un comando armado penetró en su hogar y le robó 1,2 millones de euros en criptomonedas. Le obligaron a transferirlas, junto a relojes de lujo. Aquello parecía un aviso de algunas de las víctimas que habían perdido su dinero, ya que buscaban 40 millones de euros.

Toda la información habría que ponerla en cuarentena, porque ese empresario duerme en prisión por la estafa millonaria piramidal del caso Madeira Invest en la que se esfumaron más de 200 millones de euros, precisamente en todo tipo de criptomonedas. Y precisamente ahora está en prisión provisional porque la Guardia Civil descubrió que sólo por una de las cuentas en Singapur de Álvaro Romillo habían pasado 29 millones de euros. Una cantidad nada desdeñable.

Donde este tipo de secuestros ha pasado a ser un problema más que serio ha sido en Francia. En los últimos meses, la Gendarmería y la Policía francesa han tenido un duro trabajo para detener a varios comandos que han raptado o que han intentado secuestrar a personas que han logrado ser millonarias gracias a esta tecnología aplicada a los criptos.

Lo más reciente ocurrió el lunes de esta semana, cuando, en un pueblo del Valle del Oise, un comando abordó a un ejecutivo del sector sanitario francés y lo secuestró en plena calle. A las pocas horas lo liberaron. Resulta que su hijo vive en Dubái y es un reconocido inversor de criptomonedas.

A principios de año y en el mismo país sucedió algo similar con otro familiar de un inversor cripto. Por lo visto, son un objetivo más sencillo para las organizaciones criminales. Al último comando se le une el que el pasado 22 de noviembre fue detenido en Chalon-sur-Saône. Eran miembros de una banda que había intentado hasta cuatro veces secuestrar al mismo inversor de criptomonedas.

Hay que remontarse al verano, concretamente al 29 de agosto, para conocer la historia un chico suizo de 22 años que había sido secuestrado en Valence (Francia), lo que motivó la activación del GIGN (Grupo de Intervención de la Gendarmería Nacional). El equipo de operaciones especiales de la Gendarmería tuvo que intervenir porque se sabía que el comando podría estar fuertemente armado.

El resultado de la intervención fue la detención de siete personas que pretendían con hacerse con cientos de miles de euros que este chico poseía en cryptos. Le tendieron una trampa para que acudiera a un lugar con el pretexto de un negocio, pero el resultado fue fatal. Acabó retenido cuatro días y le realizaron 30 heridas con cúter para que les facilitase las contraseñas de sus monederos virtuales.

Pero aquella no era la primera intervención del GIGN francés en un caso de secuestro por un móvil económico de cryptos. La más importante ocurrió en enero, y se desarrolló para liberar a David Balland, cofundador del desarrollador de billeteras frías de criptomonedas Ledger y a su mujer, de la que no se detalló su identidad.

El objetivo principal de aquel secuestro era Balland, y las mejores unidades del GIGN se desplegaron para que la operación acabara bien. Las víctimas estuvieron retenidas más de 24 horas en dos lugares diferentes. A Balland le cortaron un dedo, y la prueba visual de ello la enviaron a los socios de su empresa para que viesen que iban en serio. Querían millones de euros, aunque acabaron detenidos. No se supo si realmente los secuestradores consiguieron algún botín, aunque la mayoría acabaron en prisión.

Desde agosto han ocurrido secuestros relacionados con el mundo de las criptomonedas en España, Filipinas, Francia, Noruega, Sri Lanka, Tailandia, Canadá, Israel, Estados Unidos, Suecia, Emiratos Árabes Unidos, Inglaterra, Austria y Rusia. Y la tendencia no va a cesar, porque muchas organizaciones criminales han puesto su ojo a este mundo crypto que ha generado nuevos millonarios, y sobre todo porque saben que pueden realizarse transferencias millonarias en segundos. Todo esto ya genera un aumento de la seguridad privada de muchos de estos millonarios que actualmente son anónimos.

El alunicero Juan María Gordillo Plaza, conocido como Niño Juan, ha aparecido vivo y con signos de haber sufrido una paliza tras ser secuestrado el pasado viernes en el distrito de Carabanchel, en Madrid, según han informado a EFE fuentes próximas a la investigación.

Así, el Niño Juan está ya libre, después de que en la noche del pasado viernes tres vehículos embistieran y tiroteasen su coche para secuestrarle y darse a la fuga.

Este conocido alunicero no tiene previsto interponer denuncia por lo sucedido, según han indicado a EFE fuentes policiales.

Los agentes han encontrado en la autopista AP-41, que une Madrid con Toledo, uno de los tres vehículos implicados en el secuestro, y en su interior han hallado un extintor vaciado con el objetivo de eliminar huellas y otras posibles pruebas del suceso.

La investigación policial apuntó a que Niño Juan, con un amplio historial delictivo a sus espaldas, era el conductor secuestrado a las 20:45 horas del pasado viernes, 31 de octubre, junto a una concurrida calle de Carabanchel, Antonio López, paralela a Madrid Río, una popular zona de la capital.

La hipótesis con la que trabajan los agentes es que el origen de este secuestro sea algún ajuste de cuentas con este delincuente, aunque no se descartaban otros motivos.

A la banda de Juan María Gordillo, entre otros delitos, se le atribuyen 50 asaltos a camiones con mercancías y robos en naves de todo el territorio nacional, entre ellos el de un cargamento de teléfonos móviles valorado en más de 1,3 millones de euros en Torrejón de Ardoz (Madrid).

El secuestro, que duró menos de cinco minutos según testigos presenciales, generó escenas de pánico en Carabanchel, donde hubo vecinos que se echaron al suelo para no recibir el impacto de una bala perdida y al menos una vecina tuvo que ser atendida por una crisis de ansiedad.

Cuando los tres coches implicados se dieron a la fuga, en la calle del Marqués de Jura Real quedó abandonado el vehículo del Niño Juan, con restos del choque e impactos de bala.

Algunos momentos del secuestro han quedado grabados en imágenes de vídeo que pueden verse en las redes sociales.

Madrid podría haber sido un escenario de película tras lo sucedido en la madrugada de este sábado. Un secuestro y un tiroteo han tenido lugar a lo largo de la noche y primeras horas de la mañana en la Comunidad de Madrid con diferentes resultados.

El protagonista del primer tiroteo que acabó en secuestro podría ser 'El niño Juan', un conocido delincuente con un engrosado historial delictivo a sus espaldas, según han informado a EFE este sábado fuentes de la investigación.

Los agentes de la Policía Nacional trabajan con la hipótesis de que el origen de este secuestro es algún ajuste de cuentas con este delincuente, aunque no descartan otros motivos.

A la banda de Juan María Gordillo, entre otros delitos, se le atribuyen cincuenta asaltos a camiones con mercancías y robos en naves de todo el territorio nacional, entre ellos el de un cargamento de teléfonos móviles valorado en más de 1,3 millones de euros en Torrejón de Ardoz (Madrid).

Este posible secuestro ocurrió anoche a la altura del número 65 de la calle de Antonio López, en el distrito de Carabanchel, cuando tras el choque entre unos vehículos los vecinos escucharon también detonaciones que podrían identificarse con disparos. Hasta la mañana de este sábado, la Policía no había recibido ninguna denuncia por desaparición relacionada con lo ocurrido.

Según se investiga, los tres coches de alta gama embistieron a un vehículo, lo tirotearon, sacaron al conductor y lo introdujeron a la fuerza en uno de los coches para, después, huir rápidamente del lugar.

El vehículo que conducía el secuestrado quedó abandonado en mitad de la calzada, sin ocupantes y con impacto de balas, según pudieron comprobar los agentes a su llegada.

La Brigada Policial de Policía Científica acudió de forma inmediata a inspeccionar ocularmente el lugar y en estos momentos está al cargo de la investigación el Grupo 12, responsable de perseguir casos de secuestros.

Pero la noche no ha terminado en este secuestro, una joven de 21 años ha sido ingresada en estado grave este sábado en el Hospital Doce de Octubre de Madrid tras recibir un disparo en la cara en una popular zona de ocio situada en el municipio madrileño de Leganés.

Emergencias 112 ha recibido una llamada de aviso a las 6:55 horas para alertar de este suceso, ocurrido en la Avenida Lengua Española, junto al espacio de fiestas la Cubierta de Leganés, donde se celebraba una fiesta de Halloween.

Al lugar también se desplazó la Policía Nacional, alertada por los testigos. Ahora, la brigada provincial de la policía científica y de la policía judicial se han hecho cargo de las investigaciones del suceso, del que por el momento no han trascendido más detalles.

Los servicios de emergencia atendieron allí mismo a la joven, que presentaba herida por arma de fuego, con orificio de entrada en el pómulo y de salida la región auricular derecha.

Tras ser estabilizada, fue trasladada intubada hasta el hospital Doce de Octubre, donde permanece ingresada en estado grave.

La caída de Bashar Al Asad el pasado 8 de diciembre dejó al descubierto un país en ruinas. Ciudades enteras arrasadas, una población sumida en la pobreza y más de seis millones de refugiados en todo el mundo. Las imágenes de decenas de edificios oficiales despojados de sus burócratas y sus secretos también ilustran a la perfección el fulgurante desplome del régimen que gobernó Siria con mano de hierro durante 53 años. En uno de esos recintos, el de la Dirección General de Inteligencia, situado en el barrio de Kafr Sousa, en Damasco, periodistas de Siraj (Syrian Investigative Reporting for Accountability Journalism), que al igual que infoLibre es miembro del consorcio de medios de investigación OCCRP, encontraron el pasado 27 de diciembre una lista negra de periodistas extranjeros. Ése es exactamente el título del documento, que incluye los nombres de 150 reporteros de todo el mundo. Trece son periodistas españoles.

Javier Espinosa, Mónica García Prieto y Rosa Meneses (El Mundo); Álvaro de Cózar y Mayte Carrasco (El País); Daniel Iriarte (Abc) y Ethel Bonet (La Razón) se unen en el documento al premio Pulitzer Manu Brabo y a Ricardo García Vilanova y Antonio Pampliega, ambos secuestrados por los yihadistas en 2013 y 2015, respectivamente. También aparece Roberto Fraile, que fue asesinado en Burkina Fasso en abril de 2021 por terroristas de Al Qaeda. Los fotógrafos Daniel Leal-Olivas y Sergi Cabezas completan la lista española.

Todos ellos comparten el honor de haber sido señalados por la inteligencia de Al Asad, junto con el estadounidense Austin Tice, periodista de The Washington Post que desapareció en agosto de 2012 mientras cubría la guerra civil en Siria y del que aún no se sabe si está vivo o muerto. También aparecen en la lista negra la norteamericana Marie Colvin, reportera de The Sunday Times, y el fotógrafo francés Rémi Ochlik, de Paris Match, asesinados en un ataque del ejército sirio en la ciudad de Homs en febrero de 2012. Además, el informe menciona a James Foley, secuestrado en noviembre de 2012 por el Estado Islámico y decapitado en agosto de 2014, en una ejecución filmada por los yihadistas.

La lista, que tiene fecha del 4 de marzo de 2013, fue elaborada por el Ministerio de Información sirio, en concreto por el Departamento de Medios Extranjeros, e iba dirigida al comandante director de la Dirección General de Inteligencia. Está redactada en árabe y formaba parte de una carpeta etiquetada como Periodistas en Siria. Era la portada del expediente donde se halló un documento sobre Austin Tice.

El documento no es más que una prueba más del control que el régimen de Bashar Al Asad pretendía ejercer sobre los periodistas. Como publicó OCCRP, el Gobierno sirio abrió también una operación para investigar a Siraj, que en 2019 empezó a publicar reportajes sobre la corrupción y los abusos de los derechos humanos de Al Asad, y a cuyos reporteros acusaba de espionaje.

La lista negra hallada en diciembre apenas incluye una corta anotación por periodista, con las fechas y lugares por los que cada uno de ellos entró “ilegalmente” en Siria en 2012 y 2013. En algún caso, ni siquiera eso. O sólo se añaden las fechas en que los reporteros publicaron sus crónicas sobre la guerra en sus respectivos medios.

Es más, en el caso de los españoles, se incluye el nombre de una enfermera danesa de Médicos sin Fronteras, Adriana Ferracin Kleivan, que publicó en un blog del gratuito 20 Minutos una breve reseña de su experiencia en el hospital donde trabajaba, tras el bombardeo de un mercado.

Ninguno de los periodistas, todos ellos curtidos en zonas de conflicto y conocedores de Oriente Próximo, se ha sorprendido cuando infoLibre les ha comunicado su inclusión en la lista negra de Al Asad. Algunos de ellos no sólo conocían la existencia de semejante documento, sino que incluso sabían que formaban parte de uno similar. Ricardo García Vilanova fue, junto con Javier Espinosa y Antonio Pampliega, de los primeros que entraron en Siria en diciembre de 2011, cuando apenas había periodistas extranjeros cubriendo la guerra. En el documento no aparece ninguna referencia a ese año. “Entonces ya nos hablaron de una lista en la que estábamos los tres, colgada en la pared de una comisaría de policía y que estábamos buscados”, recuerda el fotoperiodista, freelance al que el Ministerio de Información sitúa al servicio de la agencia France Presse. “También trabajé entonces para The New York Times, CNN o Der Spiegel”, explica, “porque esos primeros meses casi éramos los únicos periodistas en Siria, y hasta julio y agosto, cuando se abrió la frontera turca, no empezaron a llegar reporteros de otros medios”.

“El régimen te hacía saber que estabas bajo vigilancia, te lo decían en el consulado cuando ibas a pedir el visado”, asegura Mónica García Prieto, entonces reportera de El Mundo. Cuando, semanas después del segundo asedio a la ciudad de Homs, la televisión siria emitió un documental en el que un activista confesaba unos supuestos crímenes tras haber sido torturado, aparecieron también unas capturas de pantalla de Mónica García Prieto y Javier Espinosa, asegura la periodista.

A García Prieto no le extraña en absoluto que el Ministerio de Información fuera el autor de la lista. Cuando ésta se elaboró hacía pocos meses que ya no figuraba al frente de ese departamento Mohsen Bilal, su titular desde 2006. Bilal había sido embajador en España durante cinco años y habla un perfecto castellano. “Tenía muy buena relación con él”, destaca Mónica García Prieto. “Cuando visitaba Siria, con visado, pero no le avisaba, me enviaba un ramo de flores al hotel con una nota del estilo ‘no vuelvas a hacerlo sin avisarme’, para que no hubiera duda de que él sabía dónde estaba yo”, cuenta la reportera. “El control del régimen era extremo”, subraya, “y se tomaban como una ofensa personal que nos lo saltáramos”.

Javier Espinosa acaba de volver de Siria, adonde llegó hace tres semanas. Pese a que el régimen de Al Asad ya no existe, en la misma frontera le recomendaron que fuera al Ministerio de Información para que le sacaran de la lista negra y evitarse problemas en el futuro. “Tienes prohibida la entrada en el país”, le dijeron. Estuvo en el ministerio pero, de momento, los funcionarios “no están en condiciones de ocuparse de esos trámites”, concede el periodista. Espinosa apunta que su relación con el régimen hasta el estallido de la guerra era “más o menos normal”. En 2010, con ocasión del décimo aniversario de la llegada al poder de Bashar Al Asad, formó parte de la comitiva oficial. Así que en 2011 solicitó visado desde Líbano, donde residía, para entrar legalmente en el país. Y se lo concedieron, pero sólo cuando él ya había cruzado la frontera con los rebeldes por Idlib, en el norte del país.

Todos los reporteros permanecieron en zonas controladas por los rebeldes, el Ejército Libre Sirio (ELS), durante el tiempo en que cubrieron el conflicto –“No se podía cruzar la línea del frente”–, por lo que no fueron controlados por agentes del régimen o sufrieron ningún tipo de acoso. “Estuve en Siria cerca de 100 días, siempre en territorio liberado”, detalla el fotógrafo Daniel Leal-Olivas, “así que el Gobierno sirio no podia hacernos nada en esa zona”.

Mayte Carrasco, sin embargo, cree que los periodistas eran vigilados. Se remite al ataque que sufrió el centro desde el que trabajaban los reporteros en Homs, y donde fueron asesinados Marie Colvin y Rémi Olchik, que luego se demostró intencionado. “No usábamos los teléfonos móviles porque eran localizables”, recalca.

El problema, añaden todos, se presentaba si intentaban entrar en el país solicitando un visado. A Rosa Meneses se lo denegaron a final de 2012 cuando quiso regresar tras haber pasado dos semanas en el país. Ethel Bonet, que ahora trabaja para el canal de televisión France 24 y para el diario catalán Ara, sólo retornó a Damasco tras el 8 de diciembre. “Era casi una cuestión personal”, subraya, “poder decir ‘por fin he vuelto”. Mayte Carrasco, que informaba para El País, Canal Plus Francia, Telecinco y el periódico argentino La Nación, menciona que estar en la lista negra siria impidió a muchos periodistas utilizar el aeropuerto de Beirut, por el control que Hizbulá, aliado del régimen sirio, ejercía en Líbano. Antonio Pampliega ni se plantea viajar a Irán, también aliado del régimen caído, ahora que sabe que aparecía en los informes de inteligencia de Al Asad.

Adriana Ferracin, la enfermera que el Ministerio de Información catalogó por error como periodista, también tuvo problemas para conseguir un visado en 2022, que le fue denegado sin ninguna explicación. “Les pasó lo mismo a muchos otros compañeros de Médicos Sin Fronteras”, precisa. Diez años antes había trabajado en Alepo y Al Salamah. “Fueron tiempos intensos, montamos hospitales que recibieron muchos heridos por bombardeos sobre infraestructuras civiles, escuelas y mercados. También perdimos a colegas sirios e incluso vimos el resultado de las bombas de fósforo blanco en niños”, describe la enfermera, que entró en Siria “cuatro veces” por periodos de tres o cuatro meses cada una.

El entonces corresponsal de Abc en Estambul, Daniel Iriarte, sólo estuvo 72 horas en Siria, tiempo suficiente para que le colocaran en la lista negra. Estando aún en la capital turca, ya le hablaron de la existencia de semejante documento. “Fue el primer periodista en mencionar la presencia de elementos extranjeros en las filas de los grupos armados”, anotó sobre Iriarte el autor del documento. “Sí, el régimen sirio explotó para su propaganda la historia que escribí sobre la presencia de milicianos libios en las tropas rebeldes”, lamenta. Pero eso no fue óbice para incluirlo en la lista negra. Al mismo tiempo, los rebeldes le acusaron de ser un espía de Al Asad. “Ninguno de los dos bandos me quería ver”, se ríe ahora, así que tuvo que escribir sus crónicas desde el otro lado del frontera, en Turquía.

Los reporteros aseguran que lo normal en aquellos día era “entrar y salir” de Siria cada cierto tiempo. “La frontera con Turquía era un coladero, podías entrar andando”, resalta Manu Brabo, premio Pulitzer en 2013 precisamente por las fotos que había hecho en Alepo –junto con otros cuatro reporteros de AP– un año antes. En la lista figura dos veces, como Manu Brabo y como Manuel Varela Brabo, como si fueran dos personas distintas que hubieran entrado ilegalmente en el país en fechas y lugares diferentes: por Aleppo en septiembre de 2012 y por Idlib en noviembre. Además, figura como reportero de France Presse. Las informaciones del Ministerio de Información no parecen haber sido recopiladas con demasiada precisión.

Según fue transcurriendo 2012 y elementos de Al Qaeda y el Estado Islámico empezaron a infiltrarse en los grupos rebeldes, el trabajo de los periodistas extranjeros fue haciéndose más difícil. Álvaro de Cózar llegó a Alepo en julio de 2012 y allí permaneció un mes. “Al poco tiempo, los periodistas nos convertimos en objetivos”, relata, “empezamos a no ser bien vistos”. De hecho, recuerda que James Foley le advirtió a él y a otros reporteros españoles de que no fueran a Idlib, de donde acababa de salir, porque allí abundaban los radicales. Fue en esa zona donde el estadounidense fue secuestrado. La misma sensación de inseguridad y miedo tuvo Rosa Meneses. Ella llegó cuando acababa de desaparecer Austin Tice. En un pueblo que había caído en manos de los salafistas, vio cómo empezaban a instaurarse los tribunales islámicos y cómo trataban a los soldados del régimen que habían hecho prisioneros.

“Les robaron la revolución”, sentencia Ethel Bonet tras detallar que pasó de poder “dormir casi en casa de cualquiera” a tener que llevar pañuelo para pasar inadvertida. Los activistas en el bando rebelde tuvieron que marcharse y fueron sustituidos poco a poco por salafistas.

La hostilidad a la prensa extranjera fue sólo el anticipo de lo que vendría después. El fotógrafo Sergi Cabeza abandonó Siria en marzo de 2013, cuando “empezaron los secuestros”. El 4 de septiembre el Estado Islámico capturó en Raqa a Marc Marginedas, reportero de El Periódico de Catalunya. Doce días después fueron secuestrados en la misma provincia y por el mismo grupo Javier Espinosa y Ricardo García Vilanova. Marginedas estuvo cinco meses y 26 días en poder de los yihadistas; Espinosa y García Vilanova, seis meses y 14 días. El secuestro de Antonio Pampliega, José Manuel López y Ángel Sastre a manos de Al Nusra, la filial de Al Qaeda en Siria, ocurrió en Alepo casi dos años más tarde, en julio de 2015, y fue mucho más largo. “299 días”, cuenta Pampliega.

Posiblemente fueron Pampliega y García Vilanova, rememora éste, los últimos que vieron a Austin Tice en Homs antes de desaparecer: “Nos dijo que se iba a Damasco, que tenía contactos allí”.

Además de Javier Espinosa, Ricardo García Vilanova y Manu Brabo han vuelto a Siria tras la huida de Bashar Al Asad a Moscú. García Vilanova, de hecho, no ha dejado de viajar al país árabe en todos estos años, pese a su secuestro en 2013. El pasado diciembre entró por el norte, donde se sigue librando otra guerra: la de los kurdos. Y regresará en un par de semanas, asegura. Ni él ni Espinosa ni Ethel Bonet son optimistas respecto al futuro de Siria. “El país está arrasado, como Gaza, y tiene por delante unos desafíos brutales: carece de recursos económicos, todo el mundo tiene armas, hay muchísimas facciones…”, enumera Javier Espinosa. Pese a que los gestos del nuevo gobierno parecen “positivos, de momento, la lógica dice que saldrá mal”, advierte el periodista de El Mundo. El nuevo líder sirio, Ahmed Al Shara, ha sido “bastante pragmático, hasta ahora, lo que no significa que sea fiable, ”, apunta con cautela. “Que, con las muertes causadas por el régimen, no estén pasando a cuchillo a los alauíes y no se haya desatado una guerra civil ya es un milagro”, destaca.

Ése es precisamente el temor de García Vilanova, que la población no acepte las leyes religiosas que pretenda imponer el nuevo gobierno y estalle un nuevo enfrentamiento. Sin olvidar las injerencias de otros países, como Turquía o Irán. “Es una locura que [Al Shara] haya retrasado las elecciones hasta dentro de cuatro años”, protesta el fotógrafo. Manu Brabo ya ha visto “tensiones” entre radicales y minorías, pero de momento cree que la situación es “estable” y, como Espinosa, alaba que los sirios “no se estén matando entre ellos” pese a la “mucha sangre que algunos tienen en las manos”.

Por el contrario, Siria fue el último conflicto que cubrieron Álvaro de Cózar y Sergi Cabeza. Desde 2007, el periodista de El País venía informando de los conflictos más relevantes desatados en África y Oriente Próximo. En 2011 llegó a Siria procedente de Túnez y Libia, siguiendo el rastro de la primavera árabe. También Mayte Carrasco, qu ahora trabaja para Canal Sur y filma documentales en zonas de conflicto, venía de Libia, Túnez y Egipto, cuando entró ilegalmente en Siria en enero de 2012. Sergi Cabeza, que formó equipo con Antonio Pampliega y José Manuel López para AP, después de informar para La Vanguardia y Berria, llegó a El Cairo apenas un mes después de que cayera Mubarak, y tuvo allí su base hasta 2015. Después de Siria, dejó el periodismo. Pero no por lo que vio allí, sino “por la precariedad”, aclara. Esa otra guerra.

El Gobierno ha confirmado que el ciudadano español retenido "contra su voluntad" en el norte de África ha sido liberado, han informado fuentes de Exteriores y recoge EFE. Según las fuentes, los servicios diplomáticos y de inteligencia españoles han trabajado "activamente" en coordinación con los de la zona "para resolver rápida y positivamente el caso".

La confirmación de Exteriores se produce después de que el martes un portavoz del Frente de Liberación del Azawad (FLA), grupo independentista tuareg del norte de Mali, Mohamed Elmaouloud Ramadane, avanzara a EFE que el rehén español había sido puesto en libertad este lunes y entregado a las autoridades argelinas.

De acuerdo con un comunicado que difundió este grupo tras conseguir liberarlo, este ciudadano español, cuya identidad corresponde a las iniciales G.G.N, se encontraba "en muy buen estado de salud" y habló con sus familiares antes de haber sido entregado "oficialmente" a las autoridades argelinas, con quienes estuvieron en contacto durante toda la operación.

G.G.M. fue secuestrado el pasado 14 de enero en el sur de Argelia y trasladado al territorio del Azawad (norte de Mali) por sus captores, afiliados a una red de crimen organizado que opera en la región del Sahel. Su puesta en libertad, ha explicado el Frente de Liberación del Azawad, que condena el crimen organizado y el terrorismo en todas sus formas, se llevó a cabo gracias a una operación realizada por una de sus unidades de seguridad, junto con negociaciones conducidas por "personas de buena voluntad".

Este secuestro junto al de una ciudadana austríaca el pasado 11 de enero cerca de la oficina de Cáritas en Agadez, en el norte de Níger indica, según analistas de la zona, un repunte de los secuestros económicos en esta región de África. 

La vida privada de Teodoro Obiang Nguema, el dictador que más tiempo –45 años– lleva en el poder, se envuelve en una nebulosa tan densa como la gobernanza y las cuentas públicas del Gobierno ecuatoguineano, que Transparencia Internacional sitúa en el puesto 172 de un total de 180 países por su altísimo nivel de corrupción. No se sabe a ciencia cierta siquiera cuántas mujeres tiene o ha tenido Obiang, que cumplirá 82 años en junio, tampoco cuántos hijos ha engendrado. Se habla de hasta una treintena.

Pero de algunos de ellos ayuda a seguir la pista el rastro judicial que han dejado en España, el antiguo poder colonial, en Portugal y en Francia, por sus actividades ilegales y la extravagante e indiscreta forma de gastar dinero que han exhibido, mientras el 96,7% de sus 1,5 millones de compatriotas vive con menos de 5,15 euros al día, según la plataforma ISS African Futures. Desde que en 1995 se descubrió petróleo en Guinea Ecuatorial, el oro negro ha multiplicado por 86 el PIB del país –con cifras de 2022–, pero los ingresos del crudo han enriquecido sólo a la familia del dictador y su jerarquía, que han hecho de la cleptocracia una enseña nacional, protegida por un régimen de brutal represión política y violaciones de los derechos humanos.

El pasado mes de febrero, la Audiencia Nacional emitió una orden internacional de detención contra Carmelo Ovono Obiang, secretario de Estado de la Presidencia e hijo del presidente, por el secuestro y torturas de cuatro opositores, uno de ellos fallecido en circunstancias nada claras. Los jueces han extendido la orden también al ministro del Interior, Nicolás Obama, y al director general de Segurida, Isaac Nguema Endo.

El origen del proceso judicial es una querella del Movimiento para la Liberación de Guinea Ecuatorial Tercera República (MLGE3R) por el secuestro y torturas que sufrieron cuatro opositores: Martín Obiang, Bienvenido Ndong, Feliciano Efa y Julio Obama Mefuman –los dos primeros residentes en España y los dos últimos con nacionalidad española–. Todos ellos viajaron engañados en noviembre de 2019 de Madrid a Sudán del Sur, donde pensaban que iban a reunirse con líderes africanos. Sin embargo, una vez allí fueron apresados y trasladados a Malabo, la capital de Guinea Ecuatorial. Informes de la Comisaría General de Información sitúan a Carmelo Ovono Obiang, el ministro y el director general de Seguridad en el avión presidencial que trasladó a los opositores desde Sudán del Sur a territorio ecuatoguineano. También en las sesiones de tortura a las que fueron sometidos tras ser enviados a prisión.

Esta no fue, sin embargo, una operación aislada. “El caso investigado tiene unos claros elementos comunes con el resto de los secuestros efectuados en los últimos años desde diferentes países africanos a ciudadanos nacionales o residentes en Europa”, destaca uno de los informes policiales aportados a la causa, que describen un mismo modus operandi: conducir al opositor mediante engaños desde un Estado donde se encuentra a salvo hasta un país bajo la influencia del régimen de Obiang en el que, finalmente, es detenido y entregado a las autoridades ecuatoguineanas. Tanto el hijo del dictador como el ministro de Seguridad Nacional tienen, según la Policía española, familia y residencia estable en España, mientras que Isaac Nguema Endo visita “de forma periódica” el país, donde han vivido sus hijos.

La Policía, además, considera que este “plan organizado y estructurado” de persecución de opositores tiene como responsables “últimos y principales” al dictador y a otro de sus hijos: Teodorín. El favorito de su padre, vicepresidente primero del Gobierno desde 2016 y su más que posible sucesor.

Hasta que se emitió la orden internacional de detención han transcurrido más de dos años, en los que el juez encargado de la instrucción, Santiago Pedraz, se ha negado una y otra vez a reclamar la entrega de Carmelo Ovono Obiang, pese a las peticiones del fiscal y los querellantes. Incluso llegó a renunciar al caso para cedérselo a los tribunales de Guinea Ecuatorial. Una decisión controvertida que levantó ampollas, teniendo en cuenta las escasas garantías que ofrece la justicia del país africano. El Ministerio de Asuntos Exteriores español, además, asegura que carece de información alguna desde hace casi dos años sobre el estado de los tres opositores secuestrados y encarcelados. Mientras que el Gobierno de Malabo ha rechazado la petición del juez, la familia, el Congreso de los Diputados y el Parlamento Europeo para que repatríe el cadáver del cuarto. Si finalmente España ha puesto en busca y captura al hijo del dictador ha sido porque el juez terminó perdiendo la competencia sobre el caso tras presentar un recurso los familiares de las víctimas.

Además, la investigación desveló, según publicó El País, que el Gobierno de Guinea Ecuatorial había contratado a 15 detectives privados en Madrid para espiar a los miembros de la oposición un año antes de que fueran secuestrados. Este caso se encuentra en estos momentos paralizado. Fuentes jurídicas consultadas explican que la causa está a la espera de una comisión rogatoria a Guinea.

El pasado septiembre, el juez también tuvo que rectificar una decisión anterior y abrir una nueva investigación sobre el origen de los 793.000 euros que el hijo de Obiang ingresó en billetes de 200 euros en su cuenta del BBVA en Madrid. En un primer momento, el juez instructor se había negado, al entender que el dinero no guardaba relación con el secuestro de los cuatro opositores. Los indicios, no obstante, apuntan a que tal cantidad no sólo puede ser objeto de un delito de blanqueo, sino que también pudo haber sido una “herramienta imprescindible para financiar las actividades presuntamente delictivas” contra los opositores.

También está abierta, y bajo secreto de sumario, una tercera investigación, en este caso en Palma de Mallorca. Según confirmaron fuentes jurídicas a infoLibre, el Juzgado de Instrucción número 3 trata de aclarar si un tercer hijo de Teodoro Obiang, Gabriel Mbega Obiang, ministro de Planificación y Diversificación Económica, utilizó dos empresas de la isla en una operación para blanquear más de cinco millones de euros. En el centro de la investigación, según el diario local Última Hora, se encuentra un empresario holandés afincado en Mallorca, Donald Frank van der Horn van den Bos, supuesto testaferro del hijo del dictador, y detenido e interrogado en octubre de 2023.

La Fiscalía Anticorrupción apunta a que Van der Horn ayudó a Gabriel Mbega Obiang a mover desde Guinea Ecuatorial hasta Chipre el fruto de un soborno por la adjudicación de una obra pública de 106,6 millones de euros y por la que pudo haber pagado cinco millones en comisiones, que salieron del país africano con escala en Mallorca.

Parte de esta trama está judicializada en Portugal contra el presidente y accionista de la constructora lusa Armando Cunha SA, Filipe Rego, que fue la beneficiaria de esa adjudicación millonaria en Guinea Ecuatorial, y contra el intermediario holandés, entre otros, según una investigación periodística liderada por el semanario portugués Expresso, el guineano Diario Rombe y el consorcio OCCRP, que publicó en exclusiva en España infoLibre en enero de 2021. Las pruebas recabadas por los periodistas indican que Armando Cunha SA pagó a la trama más de 10 millones de euros entre 2009 y 2015. Casi la mitad de esas supuestas comisiones se abonaron a dos sociedades con sede en España: Bellezzavecchio SL y Patapouf SL. Ambas vinculadas al intermediario holandés.

La investigación se apoyaba en una serie de contratos, facturas y extractos bancarios obtenidos por el periódico portugués y que fueron aportados a una querella presentada en Portugal contra Filipe Rego y Van der Horn. Sobre la mesa, presuntos delitos de corrupción en negocios internacionales, blanqueo de capitales y fraude fiscal. Un movimiento judicial que, aunque no se dirigía formalmente contra el ministro ecuatoguineano, hacía un relato de los hechos que sí ponía el foco directamente sobre el hijo del dictador.

La cuarta causa contra los Obiang en España fue el caso Kokorev, una buena muestra de cómo funciona la corrupción al más alto nivel en Guinea Ecuatorial. Y de la extraordinaria lentitud de la justicia española. La investigación, en manos del Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria, se abrió en 2008, hace 16 años. Aún no hay sentencia. La investigación ha dado por acreditada la existencia de una trama que, durante más de una década, entre 1999 y 2011, ejecutó “operaciones ilegales o clandestinas de venta de armas y material de doble uso” al Estado de Guinea Ecuatorial. “Este armamento y material militar consistía en la compraventa de buques, helicópteros de combate, vehículos blindados, corbetas militares, patrulleras, fragatas, aviones de caza y bombarderos”, resaltaba la magistrada instructora en su auto de apertura de procedimiento abreviado.

Pero el negocio de los Kokorev, una familia rusa afincada en Las Palmas de Gran Canaria, no se quedaba ahí. El coste de estas operaciones se inflaba entre un 30% y un 40%. Con la complicidad de altos funcionarios militares ecuatoguineanos. De ese sobrecoste, según el auto, participaban el yerno y asesor del dictador, Fausto Abeso Fuma, a quien “se abonaron en comisiones por esta actividad” 1,94 millones de dólares entre 1999 y 2014; Melchor Esono Edjom, sobrino de Obiang y secretario de Estado para la Tesorería y Presupuesto; Agustín Ndong Ona Mbuym, primo del dictador; Luciano Esono Bitegue, entonces director general del Gabinete Militar de la Presidencia, y el libanés Hassan Khalil, asesor del dictador en materia de defensa.

Sin embargo, ninguno de estos altos funcionarios terminó encausado en el procedimiento. El auto de apertura de juicio oral se dictó, exclusivamente, contra Vladimir Kokorev, su mujer Julia, su hijo Igor, un abogado y asesor grancanario y dos de sus hermanas. La Fiscalía Anticorrupción pide penas que oscilan entre los cinco y los ocho años de cárcel para los acusados, por los delitos de blanqueo de capitales, y multas de hasta 240 millones de euros en el caso de Vladimir Kokorev, a quien acusan de haber generado una riqueza ilícita de 120 millones de euros entre 1999 y 2014 procedente del comercio ilícito de material militar con Guinea Ecuatorial. El juicio está pendiente aún de celebrarse en la Audiencia Provincial de Las Palmas.

En Francia, en cambio, los tribunales han sido más expeditivos. En 2021, la Corte de Casación avaló la condena impuesta a Teodorín por blanqueo de capitales y malversación de fondos públicos con los que adquirió propiedades en ese país por valor de 150 millones de euros. Al tiempo se le confiscaron todos sus bienes en Francia, entre ellos una mansión en París.

El dinero blanqueado procedía de prácticas corruptas en Guinea Ecuatorial, especialmente durante su etapa como ministro de Agricultura. Entonces, sus abogados llevaron a cabo una maniobra judicial que años después han repetido en España: alegar que la justicia ecuatoguineana había abierto una causa para investigar los delitos del hijo del dictador. Los jueces franceses no les creyeron y Teodorín terminó condenado, en ausencia, a tres años de cárcel.

La gallega Ana Baneira, encarcelada en Irán desde principios de noviembre tras haber sido detenida en el marco de las protestas contra el régimen a raíz de la muerte bajo custodia de Masha Amini, ha sido liberada, según han confirmado fuentes diplomáticas a Europa Press. Su arresto se conoció a principios de noviembre. En ningún momento han trascendido los motivos ni las circunstancias exactas de su detención.

La liberación de Baneira se produjo este sábado y se encuentra ya volando de regreso a España, han precisado las fuentes. Su llegada a España está prevista para primera hora de esta tarde. Según ha detallado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, viaja desde Teherán hasta Dubái y desde allí regresa a Europa llegando primero a Ginebra y posteriormente a España, un "largo periplo" que le permitirá "estar con sus familiares y amigos".

En un comunicado difundido a los medios de comunicación, la familia de Baneira ha pedido "espacio e intimidad" ante su inminente vuelta a casa. Tras confirmar que está "camino a casa", esperan que llegue a Galicia este lunes, si bien todavía no pueden concretar aeropuerto ni hora. En el comunicado agradecen a los medios el respeto con el que se ha tratado el tema "durante estas semanas eternas de espera". "Consideramos que, una vez aquí, debe ser ella quien decida cuándo y cómo debe realizarse la siguiente comunicación con todos vosotros", señala la familia.

Tras su liberación, la joven activista conversó telefónicamente con el ministro a quien trasladó su agradecimiento por las gestiones realizadas para conseguir su puesta en libertad y le indicó que se encuentra en buen estado después de estos meses bajo custodia.

A preguntas de los medios este domingo en Albacete, Albares ha expresado su felicidad por esta liberación y ha señalado que la felicidad será "completa" cuando Santiago Sánchez Cogedor, también arrestado en el país persa, sea igualmente puesto en libertad. Este fue arrestado a principios de octubre cuando se dirigía a pie a Catar para ver el Mundial de Fútbol precisamente tras visitar la tumba de Amini.

El responsable de Asuntos Exteriores ha recordado que ha mantenido contactos desde el arresto de Baneira con su homólogo iraní para pedirle que liberara "inmediatamente" a esta ciudadana española ya que los cargos de los que se le acusaba eran "totalmente infundados".

Las fuentes consultadas han asegurado que ahora que Baneira ha sido liberada, continúan los esfuerzos tanto desde los servicios consulares en el Ministerio como desde la Embajada en Teherán para lograr la liberación de Santiago Sánchez Cogedor y se mantiene informada a su familia en todo momento.

En estos meses, tanto Albares como otros miembros de su departamento han mantenido contactos con sus contrapartes iraníes para pedir la liberación de los dos españoles e interesarse por su situación y que se les garantizara un trato adecuado mientras estaban en prisión.

Una investigación periodística del diario The Guardian ha destapado el supuesto secuestro de decenas de menores de edad solicitantes de asilo alojados en un hotel de Brighton gestionado por el Ministerio del Interior y que caen en manos de bandas criminales. Estos hechos parecen repetirse en otras instalaciones del sur de Inglaterra, recoge Europa Press.

Un trabajador de la empresa Mitie, subcontratada por el Ministerio del Interior y fuentes de los servicios de protección de menores han informado del secuestro de menores en plena calle que eran metidos en coches. "Los menores son literalmente raptados frente al edificio. Desaparecen y nunca se les vuelve a encontrar. Los traficantes se los llevan en plena calle", ha explicado la fuente.

La Policía ha avisado reiteradamente al Ministerio del Interior de lo vulnerables que son estos menores alojados en el hotel después de llegar a Reino Unido sin ningún tipo de protección frente a las redes criminales.

Unos 600 menores no acompañados han pasado por el hotel de Sussex en los últimos 18 meses y se han denunciado 136 desapariciones. Más de la mitad, 79, siguen sin aparecer.

La fuente de Mitie ha descrito cómo vio personalmente menores que eran llevados de un hotel similar de Hythe, Kent, gestionado por el Ministerio del Interior, y estima que el 10 por ciento de los menores desaparece a la semana.

La portavoz de Interior del Partido Laborista, en la oposición, Yvette Cooper, ha calificado la noticia de "verdaderamente horrorosa y escandalosa" y ha pedido al Gobierno que informe de cuántos menores han desaparecido y de lo que está haciendo para encontrarlos.

La ministra del Interior, "Suella Braverman, ha fracasado pese a los reiterados avisos que le han dado sobre las protecciones absolutamente inadecuadas en la atención de menores", ha apuntado Cooper. "Es una negligencia absoluta de los deberes del Ministerio del Interior, un fallo garrafal en la protección de la seguridad de los menores o la persecución de las peligrosas bandas que les ponen en un terrible riesgo", ha añadido.

Los datos oficiales estiman que los menores no acompañados pasan una media de 16,5 días en los hoteles del Ministerio del Interior antes de ser atendidos por los servicios sociales municipales de ayuntamientos de todo el país.

Un hombre de 31 años ha sido detenido tras confesar el secuestro, posible violación y asesinato de una adolescente española en el departamento francés de Lot y Garona, en el suroeste del país, según ha anunciado la Fiscalía local y recoge Europa Press.

El individuo, identificado únicamente como Romain y que ya había sido condenado por agresión sexual en 2006, confesó "rápidamente" el asesinato de la joven. "Sé por qué estáis aquí", declaró a las fuerzas de seguridad que entraron en su apartamento de la localidad de Marmande la noche del pasado viernes.

La familia de la joven denunció su desaparición esa misma tarde al constatar que volvía tarde del instituto al que acudía en la ciudad de Tonneins.

El dispositivo policial activado para encontrar a la adolescente encontró a través del sistema de videovigilancia "un vehículo que atrajo la atención particular de los investigadores", según el fiscal de Agen, Olivier Naboulet, en rueda de prensa recogida por Le Parisien.

Las imágenes revelaron a los investigadores que la joven se subió a este vehículo, propiedad del asesino confeso, no se sabe todavía si contra su voluntad o por cuenta propia. La Fiscalía ha explicado que fue la última vez que fue vista con vida.

Tras su detención, Romain guió a los investigadores al lugar donde había dejado el cuerpo sin vida de la adolescente española, una casa abandonada de Birac-sur-Trec, a diez kilómetros al norte de Tonneins. Según fuentes propias del medio, el hombre confesó a los investigadores que había secuestrado y estrangulado a la joven después de violarla, extremo que la Fiscalía aún no ha confirmado, antes de deshacerse del cuerpo.

Naboulet ha confirmado que Romain "fue procesado cuando era menor de edad por actos de agresión sexual y declarado culpable por estos hechos sobre un menor, cometidos en 2006", a una pena de quince días de prisión "acompañada de un periodo de prueba de dos años".

El fiscal precisó que el hombre "no estaba inscrito en el expediente de agresores sexuales" y "tampoco estaba sujeto a medida de control".

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Madrid un grupo criminal formado por cuatro individuos (tres hombres y una mujer), como presuntos autores de los delitos de secuestro, robo con violencia e intimidación, lesiones, coacciones, amenazas y estafa, al secuestrar a un importante empresario para acceder a su monedero digital.

En concreto, se trata del fundador de Tuenti, el empresario californiano Zaryn Dentzel, según han trasladado a Europa Press fuentes de la Jefatura Superior de Policía. Con una pistola eléctrica y armas blancas, accedieron al domicilio de un ciudadano estadounidense al que maniataron entre continuas amenazas. Su finalidad era hacerse con las claves de su acceso privado al monedero digital el cual contenía más de 25 millones de euros, ha informado la Jefatura Superior de Policía en un comunicado.

Ya que no consiguieron entrar al mismo, sustrajeron objetos del domicilio como tarjetas bancarias y relojes de lujo de su caja fuerte. Tras ser puestos a disposición de la autoridad judicial, se decretó el ingreso en prisión de los cuatro.

La investigación se inició en noviembre del pasado año cuando tres varones y una mujer, disfrazados y con el rostro cubierto accedieron al interior del domicilio de un conocido empresario en el distrito madrileño de Retiro.

Una vez en el interior, maniataron al propietario de la vivienda y a un empleado de mantenimiento al que rociaron en los ojos con un espray pimienta y separaron del propietario, verdadero objetivo del asalto.

Conminaron con gran violencia al propietario a que les facilitase las claves de su acceso privado al monedero digital por valor de 25 millones de euros. Además, registraron la casa consiguiendo tarjetas bancarias, relojes de lujo y dos maletas de aluminio donde metieron los objetos robados.

Tras limpiar huellas, incluso rociando a las víctimas con productos de limpieza, salieron separadamente del domicilio al que habían accedido durante el tiempo en el que el conserje se ausentaba para comer. Una vez finalizado el asalto, la mujer integrante del grupo criminal, consiguió extraer de las tarjetas bancarias unos 2.000 euros.

Los agentes averiguaron que este grupo criminal disponía de amplia información sobre la víctima y sus hábitos para así planear minuciosamente el asalto. Además, los presuntos autores se dividieron la tareas tales como el acceso a la vivienda, el asalto, la custodia de las víctimas, las agresiones y amenazas e incluso la salida del domicilio.

Tras una larga y compleja investigación y tras meses de recopilación de datos, los agentes consiguieron identificar a los cuatro integrantes del grupo criminal. Se trataba de dos parejas que se concertaron en un momento concreto para cometer los delitos y que además no se conocían personalmente los cuatro hasta el momento de los hechos, resultando más difícil si cabe su vinculación.

Además, la mujer, presunta autora, se trasladó a Reino Unido y por tal motivo se solicitó colaboración a los servicios británicos que mantuvieron informados a los agentes de su localización en todo momento.

Cuando regresó a España, los investigadores prepararon un operativo que culminó con la detención de los cuatro individuos como presuntos responsables de los delitos de secuestro, robo con violencia e intimidación, lesiones, coacciones, amenazas y estafa sobre el ciudadano estadounidense y de detención ilegal, amenazas y lesiones sobre el empleado. Tras su paso a disposición judicial, ya han ingresado en prisión.

Un grupo de militares ha detenido este domingo al presidente de Guinea, Alpha Condé, en un intento de golpe de Estado que ya ha derivado en una declaración por parte del supuesto líder golpista sobre la disolución del Gobierno y el cierre de fronteras. Los acontecimientos se han precipitado desde primera hora, cuando varios medios locales se hicieron ecos de disparos con armas automáticas por parte de militares en Conakry y, en particular, en el barrio de Kaloum, un extremo peninsular de la ciudad que alberga importantes edificios, entre ellos el palacio presidencial, la Sékoutoureya, de donde podrían haber sacado a Condé, de 83 años de edad. En la misma zona están el Ministerio de Defensa y el cuartel general del Estado Mayor, informa Europa Press.

Los accesos han quedado bloqueados, mientras los propios militares e incluso embajadas extranjeras han exhortado a los ciudadanos a no salir a la calle a la espera de que se esclareciese lo que estaba pasando. "Todo el mundo está en casa y se oyen disparos cada vez más fuertes", ha declarado un vecino de Kaloum, Mohamed Morgan, a la agencia de noticias Bloomberg.

Fuentes citadas por la emisora RFI y por el portal Jeune Afrique han identificado a los autores de los disparos como miembros del Grupo de Fuerzas Especiales, un organismo creado en 2018. El grupo tiene al frente a un antiguo legionario de las Fuerzas Armadas francesas, Mamady Doumbouya, a quien se ha visto ya en un vídeo difundido en redes sociales.

En él, Doumbouya aparece con boina roja y gafas de sol flanqueado por otros dos uniformados y repasar una lista de agravios atribuidos a Condé y su partido, incluidas actividades de corrupción y pobreza social, y anuncia que ha ordenado disolver las principales instituciones y anular la actual Constitución. También proclama el cierre de fronteras.

"La situación sociopolítica y económica del país, la disfunción de las instituciones republicanas, la instrumentalización de la justicia, el pisoteo de los derechos de los ciudadanos, la mala gestión económica (...) han llevado al Ejército republicano a asumir sus responsabilidades frente al pueblo de Guinea", explica Doumbuya en la grabación. Asimismo, anuncia la formación de un Comité Nacional de la Unión y el Desarrollo que toma el poder.

Los golpistas difunden también imágenes de Condé, al que muestran sentado en una butaca y rodeado de militares para demostrar su supuesto arresto, según el portal Guineenews.

Las imágenes contrastan con la primera reacción del Gobierno guineano, que por boca del secretario general de la presidencia, Naby Yusuf Kiridi Bangura, quiso defender que "la situación está bajo control", según la agencia de noticias Bloomberg. El presidente Condé ya sufrió en 2011 otro intento golpista, aunque las fuentes citadas por Jeune Afrique consideran que ahora la situación es más grave.

La rebelión militar consumada este domingo deriva de meses de tensiones políticas en los que Doumbouya ha tratado que su grupo ganase más peso. En mayo ya se llegó a especular con el posible arresto de este oficial.

El propio Doumbouya ha hecho un llamamiento a la "unidad" de sus "hermanos de armas" y a que permanezcan en sus cuarteles, pero cabe la duda de si el resto del Ejército seguirá al GPS. "Las fuerzas leales a Alpha Condé no han dicho su última palabra, pero el presidente está verdaderamente en manos de los golpistas", ha reconocido en declaraciones a Jeune Afrique una persona cercana al presidente.

Polémica por la reeleción

Condé, de 83 años, arrancó su tercer mandato en diciembre de 2020, tras salir vencedor de unas elecciones que la oposición consideró fraudulenta. Su intención de seguir en el poder ya había provocado un repunte de las tensiones que se remonta a 2019 y que se saldó con varios muertos.

El actual mandatario llegó al poder en 2010 tras décadas como líder opositor bajo la dictadura de Lansana Conté y, para optar a un tercer mandato, precisó de un cambio en la Constitución.

En la noche de este martes se cumplirán siete días de la desaparición de Anna y Oliva, de uno y seis años, junto a su padre, Tomás Gimeno, en Tenerife después de que el mismo debía haber entregado a las menores a su madre, de la que está separado, el pasado martes, 27 de abril, si bien nunca llegó a hacerlo.

Fue entonces cuando una llamada de Gimeno a la madre de las pequeñas la alertó, ya que le avisó de que no volvería a ver a sus hijas ni a él, lo que la llevó a denunciar el caso ante la Guardia Civil, que desde ese momento trabaja por encontrar pistas que le lleven al paradero de las menores, así como del padre, teniendo abiertas varias hipótesis en una investigación declarada secreta.

Así, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Güímar (Tenerife) ha incoado diligencias previas sobre el padre de las menores por la presunta comisión de un delito de secuestro, así como durante el pasado fin de semana dictó una orden internacional de búsqueda.

Desde que la madre denunciara los hechos, la Guardia Civil ha liderado un dispositivo que rastrea por tierra, mar y aire no sólo la zona que abarca desde la Punta de Anaga hasta el Puertito de Güimar, sino también la zona sureste y oeste de la isla después de encontrar en las primeras horas de la desaparición el barco de Tomás, a la deriva y vació, frente a la costa de Güimar.

El dispositivo está formado por el servicio aéreo y marítimo de la Guardia Civil, el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) y la Unidad Orgánica de Policía Judicial, que está al frente de la investigación, además de agentes de la Unidad Central Operativa  de Madrid. Asimismo tienen el apoyo de Salvamento Marítimo y del helicóptero del 112 de Canarias.

Mensaje de esperanza

El pasado sábado, Beatriz, madre de las menores, quiso lanzar un mensaje de esperanza en el que deseaba que todo el mundo tuviera "una emoción fuerte de que aparezcan y que den las gracias por adelantado, sintiendo de corazón que ya están con su madre".

"Mi mensaje es que manden mucha luz y amor a las niñas, que estoy segura que están bien. Que no miren las noticias alimentando la mala energía, que todo el mundo piense que las niñas son una bonita luz que están protegidas y que en cuanto menos lo esperemos estarán jugando y corriendo felices", dictaba el mensaje publicado por COPE Canarias, recogido por Europa Press.

La Policía Nacional ha liberado en una localidad de la provincia de Córdoba a tres chicas, una de ellas menor de edad, que estaban secuestradas y obligadas a ejercer la prostitución, actuación que se ha saldado con la detención de dos hombres como presuntos autores de los delitos de secuestro, detención ilegal, trata de personas, corrupción de menores y explotación sexual, informa Europa Press.

Según concreta en una nota de prensa el cuerpo policial, todo comenzó con una comunicación de la Dirección Antisecuestro y Antiextorsión de la Policía Nacional de Colombia el día 18 de este mes, que solicitaba la cooperación de España para la localización y liberación de una ciudadana colombiana, quien podría estar secuestrada.

La víctima había viajado a nuestro país con la promesa de trabajar en un salón de belleza, pero al llegar a España le comunicaron que debía prostituirse. Si se negaba, debía abonar 3.300 euros para cancelar la deuda contraída con los proxenetas al tiempo que permanecía retenida en un inmueble. Para saldar dicha deuda, los secuestradores solicitaron esa cantidad a los familiares de la chica.

La mujer, en un momento de descuido de sus captores, pudo comunicar con sus familiares en Colombia y mandarles fotografías desde la ventana del lugar donde se encontraba privada de libertad. Rápidamente se iniciaron las indagaciones para identificar el lugar desde el que se pudo enviar esa solicitud de auxilio. De este modo, la Policía Nacional averiguó que la mujer se encontraba en una localidad próxima a Córdoba, por lo que se activó al negociador de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Córdoba y se establecieron de forma inmediata las medidas de vigilancia en la zona para liberar a la secuestrada.

Los investigadores consiguieron centrar el inmueble en el que podría encontrarse retenida la mujer, muy próximo a un local de alterne. Cuando accedieron al interior del piso, localizaron y liberaron a tres mujeres que se encontraban retenidas y detuvieron a dos hombres como presuntos autores de los delitos de secuestro, detención ilegal, trata de personas, corrupción de menores y explotación sexual.

En el registro del inmueble se intervinieron más de 1.000 euros en efectivo, 600 dólares, varios teléfonos móviles, un ordenador y una hoja firmada con la impresión dactilar, a nombre de la víctima, donde se comprometía a pagar una deuda de 3.300 euros en concepto de préstamo por tickets, transportes, alojamiento, alimentación, seguridad y otros efectos.

El abogado Gonzalo Boye deberá indemnizar al empresario Emiliano Revilla, por cuyo secuestro por parte de ETA, que tuvo lugar en 1988, fue condenado a pena de prisión y a una responsabilidad civil solidaria con el resto de acusados de 200 millones de pesetas (1,2 millones de euros).

Así lo establece la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que ordena ejecutar la responsabilidad civil del que ahora es abogado de Carles Puigdemont y Quim Torra, al rechazar que ésta haya prescrito.

Por eso, y a pesar de contar con el pronunciamiento en contra de la Fiscalía, el tribunal ordena hacer efectivos los embargos que ya se acordaron en su día y "profundizar en la investigación patrimonial" del abogado.

Boye fue condenado en 1996 como autor responsable de un delito de detención ilegal a la pena de 14 años y 8 meses de cárcel, de los que cumplió seis. Un año antes de obtener la libertad condicional había comunicado que abonaría de forma fraccionada el pago de la indemnización, a razón de 5.000 pesetas mensuales.

En 2008, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) presentó un escrito en el que informaba de que no se había satisfecho la responsabilidad civil y pedía hacer la investigación patrimonial, ordenada después por la Fiscalía.

Boye alega que la responsabilidad civil reclamada prescribió el 5 de agosto de 2012, 15 años después del "último y único requerimiento de pago efectuado" en este procedimiento, pero la Audiencia Nacional rechaza este argumento al entender que existen "actos para interrumpir" la prescripción. Uno de estos actos es esa investigación patrimonial ordenada por la Fiscalía en 2008.

Aunque en 2009 el tribunal declaró en una resolución que no existen bienes suficientes que permitieran hacer efectiva la deuda, a día de hoy entiende que existe "ánimo conservativo" de la reclamación.

Así, una vez que el abogado de Revilla pidió en 2018 reactivar el embargo, la Audiencia Nacional considera que el periodo de prescripción comienza de nuevo en ese momento, de modo que decreta que la responsabilidad civil sigue vigente y ordena investigar el patrimonio de Boye, "con la práctica, en su caso, del requerimiento y los apercibimientos" que resulten necesarios.

Voto discrepante

El auto, de toda la Sección Primera de la Sala de lo Penal, contiene un voto particular discrepante del magistrado Ramón Sáez Valcárcel, que cuestiona la decisión al entender que la responsabilidad civil declarada en sentencia prescribió antes de que la representación legal de la víctima hubiera solicitado "diligencias con significado relevante para interrumpirla en noviembre de 2018".

Según este magistrado, en el fondo de resolución de la Sala late la idea de que, una vez iniciada la ejecución de la sentencia de responsabilidad civil, esta no prescribe, asumiendo una interpretación literal del artículo 570 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. No obstante, ello altera, a juicio de Sáez Valcárcel, la doctrina que se venía aplicando en ejecución de sentencias por este tribunal.

Añade además que la propia Fiscalía no está de acuerdo con este criterio, que en opinión del discrepante "viene a equiparar el deber del fiscal de equiparar la acción civil junto a la penal y de velar por la ejecución de la sentencia con capacidad para realizar actos de mantenimiento de la vida del derecho, que carece de cobertura precisa" en el Código Civil.

Incluso aceptando la capacidad del fiscal para realizar actos interruptivos de la prescripción, añade, "la práctica de este tribunal de manera continuada ha negado a la simple averiguación de patrimonio del condenado esa eficacia". Concluye que la responsabilidad civil se extinguió por prescripción ante el silencio del titular del derecho durante un plazo superior a quince años que señala el artículo 1964 del Código Civil.

Un total de 80 periodistas han sido asesinados, 348 están encarcelados, 60 secuestrados y tres desaparecidos en lo que va de 2018, según el Balance Anual de Reporteros Sin Fronteras (RSF) sobre las agresiones cometidas contra los periodistas en el mundo, publicado este martes.

"Estas cifras en aumento reflejan una violencia inédita contra los periodistas", ha denunciado la organización, que ha destacado que 2018 ha sido "particularmente mortífero" con 80 periodistas asesinados mientras desempeñaban su labor informativa (un 7% más que el año anterior). Tres de ellos eran mujeres. Esta cifra incluye a periodistas profesionales, periodistas-ciudadanos (personas que ejercen el periodismo sin que ésta sea su profesión) y colaboradores de medios de comunicación, según ha aclarado RSF. Aunque en los últimos tres años, el número de periodistas profesionales asesinados había descendido, en 2018 se ha producido un aumento del 15%, con 63 asesinatos frente a 55 del año anterior.

A juicio de la organización, el asesinato del columnista saudí Jamal Khashoggi y el del joven periodista de datos eslovaco Jan Kuciak "muestran la inconmensurable determinación de los enemigos de la libertad de prensa". Más de la mitad de los periodistas asesinados en 2018 fueron atacados de forma deliberada (61%), según RSF. "Los actos violentos contra los periodistas alcanzan un nivel inédito este año: todos los indicadores están en rojo", ha manifestado el secretario general de Reporteros Sin Fronteras, Christophe Deloire, que añade que el odio a los periodistas manifestado —e incluso reivindicado— por líderes políticos, religiosos y hombres de negocios sin escrúpulos, tiene consecuencias dramáticas y se traduce en un aumento muy preocupante de las violaciones de los derechos de los periodistas.

Según ha añadido Deloire, "estos sentimientos de odio, multiplicados a través de las redes sociales —que tienen gran responsabilidad en estos hechos—, se usan para legitimar las agresiones y debilitan, poco a poco, cada día, el periodismo y, con él, la democracia".

Aumentan los periodistas presos y secuestrados

Por países, Afganistán se sitúa como el país "más mortífero" para los periodistas al haber muerto un total de 15 informadores este 2018; seguido de Siria (con 11) y México (9), el país en paz más peligroso para la profesión periodística. Estados Unidos se coloca este año entre los países más mortíferos del mundo, tras el letal tiroteo contra la redacción de The Capital Gazette.

Respecto al número de periodistas encarcelados en el mundo también se ha incrementado. En 2018 han alcanzado los 348 (entre ellos 24 mujeres, el 7%) frente a los 326 de 2017. Como el año anterior, más de la mitad de los periodistas encarcelados se halla en las prisiones de Irán, Arabia Saudita, Egipto, Turquía y China, país que sigue siendo la mayor cárcel del mundo para los periodistas, ya que mantiene presos a 60, de los que tres cuartas partes son periodistas-ciudadanos.

Por otra parte, el número de periodistas secuestrados también se ha incrementado en 2018 hasta situarse en 60 profesionales, un 11% más en relación con los 54 del año anterior. De los 60 reporteros secuestrados, 59 están cautivos en Oriente Medio (en Siria, Irak y Yemen) y seis de ellos son periodistas extranjeros. En este sentido, RSF ha indicado que, "a pesar de la derrota del Estado Islámico en Irak y de su retroceso en Siria, se obtiene poca información sobre la suerte de estos rehenes". "Sólo ha habido noticias del periodista japonés Jumpei Yasuda, quien fue liberado tras tres años de cautividad en Siria, y de un periodista ucraniano que aún está en manos de las autoproclamadas autoridades de la República Popular de Donetsk (DNR), que lo acusan de ser un espía.

Reporteros Sin Fronteras ha registrado tres nuevos casos de periodistas desaparecidos en 2018: dos en América Latina y uno en Rusia. "Me parecen unas cifras deplorables", ha manifestado en declaraciones el presidente de la Sección Española de Reporteros Sin Fronteras, Alfonso Armada. Armada cree que, ante estas cifras, hay que intentar "ponerse en la piel de cada periodista asesinado, sobre todo, en la de aquellos han sido eliminados pata callar su voz, para enviar un mensaje de miedo, para cumplir con ese edicto del emperador norteamericano que dice que los periodistas son enemigos del pueblo".

De este modo, el presidente de RSF España ha advertido de que "esta campaña de amedrentamiento está lanzando un mensaje terrible hacia una profesión, que si siempre fue necesaria, ahora con tantos pescadores en río revuelto, con tantos populistas que esgrimen soluciones fáciles para problemas complejos, el buen periodismo es más necesario que nunca". "Si quieres un Estado de derecho, tiene que haber periodistas. Una sociedad no puede tener un Estado de derecho sin una crítica racional, y la crítica racional requiere que haya un grupo saludable de periodistas que averigüe quién está aprobando las leyes y por qué razones, de dónde viene el dinero", ha indicado Armada parafraseando y suscribiendo las palabras de Timothy Snyder, titular de la cátedra Housum de Historia en la Universidad de Yale.

La Fiscalía de México ha confirmado este lunes que los tres estudiantes desparecidos a mediados de marzo en el municipio de Tonalá, en el estado de Jalisco, fueron secuestrados, asesinados y disueltos en ácido.

Las autoridades han informado de que los estudiantes, Javier Salomón, Marco Francisco Ávalos y Jesús Daniel Díaz fueron ejecutados por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según ha recogido el diario local El Sol de México.

El fiscal general de Jalisco, Raúl Sánchez, ha señalado que los estudiantes de cinematografía fueron vistos por última vez en el municipio de Tonalá cuando el vehículo en el que viajaban sufrió una avería. Posteriormente habrían sido secuestrados por al menos seis personas, que los habrían torturado y asesinado.

"Los estudiantes fueron privados de su libertad con la finalidad de dañarlos. Luego sus cuerpos fueron disueltos en ácido para que no quedara rastro de ellos", ha aseverado la Fiscalía en un comunicado recogido por la agencia de noticias Reuters.

Sánchez ha señalado que dos personas han sido detenidas por su presunta vinculación al caso, que se habría producido después de que los secuestradores creyeran que los jóvenes pertenecían a una pandilla rival. La confusión se debió a que los estudiantes estaban grabando en una vivienda que había sido utilizada por un grupo rival del CJNG.

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, ha confirmado este viernes que los dos periodistas de El Comercio y el conductor que fueron secuestrados el mes pasado por disidentes de las FARC en la frontera con Colombia han muerto a manos de sus captores, informa Europa Press.

"Con profundo pesar lamento informar de que (...) tenemos información que confirma el asesinato de nuestros compatriotas", ha dicho Moreno visiblemente abatido en una rueda de prensa, según informa la agencia de noticias oficial de Ecuador, ANDES.

El periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra fueron capturados el 26 de marzo en la provincia ecuatoriana de Esmeraldas cuando realizaban un reportaje sobre la situación en la frontera con Colombia, que en los últimos meses ha sufrido varios ataques de disidentes de las FARC.

El Frente Oliver Sinisterra, un remanente de la antigua guerrilla de las FARC comandado por alias Guacho, emitió el jueves un comunicado en el que anunciaba que, debido a las operaciones de rescate de las fuerzas de seguridad, los rehenes habían muerto.

Ecuador y Colombia estaban intentando confirmar esta información. Moreno había dado doce horas de plazo a los secuestradores para aportar pruebas en uno u otro sentido. "No hemos recibido ninguna prueba de vida", ha dicho afirmando que "nunca tuvieron intención de entregarlos vivos, sino de ganar tiempo".

Moreno ha anunciado que Guacho ha sido declarado "objetivo de alto valor militar" en ambos países. Su homólogo, Juan Manuel Santos, ha comparecido poco antes desde Lima, donde se encuentra para asistir a la Cumbre de las Américas, para ofrecer a Ecuador "todo el poderío" de Colombia contra esta facción disidente.

Moreno ha precisado además que el Gobierno ecuatoriano ha reanudado las operaciones militares en la frontera norte, que fueron suspendidas para favorecer la liberación de los rehenes, y ha anunciado una recompensa de 100.000 dólares por cualquier información que conduzca a la detención de Guacho.

"El país está de luto. Sepamos respetar el dolor de nuestros hermanos. Ahora es tiempo de estar unidos", ha escrito posteriormente en su cuenta oficial de Twitter. Por su parte, el alcalde metropolitano de Quito, Mauricio Rodas, ha declarado tres días de luto en la capital ecuatoriana, sede de El Comercio.

El grupo terrorista islamista Boko Haram ha liberado este miércoles a 105 niñas del grupo que secuestró en una escuela de la localidad nigeriana de Dapchi hace varias semanas, según ha informado el diario digital Sahara Reporters.

Las fuentes consultadas han asegurado que los milicianos han llegado con las niñas a bordo de nueve vehículos, de forma similar a cuando se las llevaron secuestradas. La llegada de los milicianos ha creado confusión y temor en la zona porque los residentes han temido por su propia seguridad.

Los milicianos han liberado primero a una niña en un pueblo cercano y, después, se han trasladado hasta el centro de Dapchi, donde han liberado al resto de las pequeñas. Las fuentes consultadas por Sahara Reporters han dicho cinco de las niñas secuestradas están muertas y que no está claro si se ha pagado un rescate por su liberación.

El diario digital ha asegurado que la única niña cristiana secuestrada en Dapchi por Boko Haram, identificada como Liah Sharibu, no ha sido liberada y continúa con el grupo terrorista islamista.

Dos testigos han confirmado a Reuters la liberación de algunas de las 110 niñas raptadas por los milicianos de Boko Haram el 19 de febrero en un escuela de Dapchi, en el estado de Yobe, aunque no han concretado la cifra. Un mando militar desplegado en un puesto de control cerca de Dapchi ha asegurado que "Boko Haram ha devuelto a las niñas".

El secuestro de las 110 niñas de Dapchi ha sido el mayor rapto protagonizado por el grupo terrorista Boko Haram desde que en 2014 se llevó a 270 niñas de la localidad de Chibok. El secuestro de las pequeñas de Dapchi ha provocado críticas a la gestión del Gobierno y del presidente del país, Muhamadu Buhari, que en un primer momento negó que se hubiera producido el rapto y posteriormente lo confirmó.

Amnistía Internacional denunció este martes en un informe tras una investigación sobre el secuestro de Dapchi, que las fuerzas de seguridad nigerianas fueron alertadas con antelación de la llegada de los milicianos de Boko Haram a esta localidad y no actuaron para impedir el ataque y el rapto.

Un tribunal de Nigeria ha condenado este martes a 15 años de cárcel a un miembro de la organización terrorista islamista Boko Haram por su participación en el secuestro en 2014 de más de 200 niñas en una escuela de la localidad de Chibok.

Haruna Yahaya, de 35 años, se ha convertido así en el primer miembro del grupo en ser condenado en el país por su papel en el secuestro, que desencadenó una oleada de condenas a nivel nacional e internacional.

Boko Haram secuestró en abril de 2014 a más de 270 menores de una escuela secundaria de Chibok, si bien algunas de ellas consiguieron escapar. Su rapto generó una ola de condena y movilización a nivel internacional bajo el lema #BringBackOurGirls.En el último año, el Ejército ya había conseguido liberar a parte de las menores secuestradas. El pasado mes de mayo el grupo había puesto en libertad a 82 de las menores tras un acuerdo con el Gobierno.

Yahaya, quien fue arrestado en 2015 por parte de una milicia civil, ha alegado durante el juicio que tuvo que alistarse a la fuerza en Boko Haram y que fue obligado a participar en el secuestro, según ha informado el diario local Vanguard.

La sentencia se enmarca en el proceso contra cerca de mil presuntos miembros de Boko Haram, que se reanudó el lunes ante un tribunal militar de la localidad de Kainji (centro).