Documentos hallados tras la caída de Al Asad revelan que la inteligencia siria espiaba a periodistas

Menos de dos meses antes del repentino derrumbe del régimen de Bashar al Asad en Siria, la Dirección General de Inteligencia (DGI) seguía con su trabajo de rutina, que incluye el espionaje a periodistas. En concreto, el departamento tenía en el punto de mira a Syrian Investigative Reporting for Accountability Journalism (Siraj), según documentos descubiertos en la sede de la DGI después de que los grupos rebeldes tomaran el poder el pasado día 8.

Siraj reúne a un grupo de periodistas que en 2019 empezó a publicar reportajes sobre la corrupción y los abusos de los derechos humanos bajo el régimen de Al Asad. Los documentos de la DGI revelan que la agencia había confeccionado una siniestra teoría sobre ellos.

“La plataforma mencionada es simplemente una fachada para actividades de espionaje, que recopila información y conecta [con] fuentes para obtener inteligencia sobre las instituciones militares y de seguridad de Siria en varios niveles”, se lee en uno de los documentos encontrados. La acusación es falsa, pero refleja la visión paranoica del régimen de Bashar Al Asad sobre los medios de comunicación independientes, una actitud que a menudo se volvió violenta.

Las fuerzas de seguridad de Al Asad secuestraron a cientos de periodistas a lo largo de la guerra y Reporteros Sin Fronteras (RSF) asegura que 23 seguían en prisión el día de la caída del régimen. Otros siete periodistas “fueron víctimas de desapariciones forzadas, secuestrados en lugares desconocidos”, explica la organización en un comunicado.

El régimen de Bashar al Asad y sus aliados han asesinado al menos a 181 profesionales de los medios de comunicación desde 2011, según RSF. Ese fue el año en que estallaron las protestas de la Primavera Árabe, cuando los ciudadanos salieron a la calle para exigir reformas democráticas en una región dominada por gobiernos autocráticos. En Siria, las fuerzas de Al Asad emprendieron una sangrienta represión, desencadenando una guerra civil que se ha cobrado la vida de más de 500.000 personas.

Pero las matanzas habían comenzado mucho antes, y es posible que nunca se conozca el número real de activistas, periodistas y personas percibidas como opositores al régimen que han sido asesinados. “A lo largo de más de cinco décadas, la dictadura de Al Asad [se convirtió] en una máquina de hacer desaparecer los cuerpos de sus víctimas en fosas comunes”, destaca a OCCRP Thibaut Bruttin, director general de RSF.

Pero desde que Bashar al Asad voló a Moscú la noche antes de que las fuerzas rebeldes arrasaran la capital, Damasco, han salido a la luz aún más detalles de los crímenes del régimen. Sin Al Asad, sus colaboradores en muchos sectores del gobierno huyeron de sus oficinas, incluida la Dirección General de Inteligencia.

La coalición rebelde liderada por el grupo Hayat Tahrir al Sham (HTS) ha permitido a periodistas e investigadores rebuscar entre montañas de papeles del gobierno, algunos de los cuales dejan constancia de los crímenes del régimen. “Nos permitían hacer fotos, pero estaba prohibido sacar los documentos de la oficina”, apunta Feras Dalatey, un periodista sirio que visitó la sede de la DGI el pasado día 20 y descubrió el expediente sobre el Siraj.

'El País', 'The Guardian', 'Der Spiegel'

El expediente descubierto por Dalatey revela que la DGI interpretaba las prácticas periodísticas normales llevadas a cabo por los reporteros de Siraj –entrevistas, examen de documentos– como un trabajo de inteligencia encubierto. “Esta información se comparte después con una red de organizaciones internacionales occidentales vinculadas a agencias de inteligencia estadounidenses y europeas”, según consta en un memorando dirigido al director general de la DGI.

La afirmación es sorprendente, ya que Siraj publica sus hallazgos en su propio sitio web y con medios de comunicación asociados, por lo que la información que obtienen los reporteros está al alcance de cualquiera.

El memorando de la DGI menciona a “importantes organizaciones internacionales que colaboran con la dudosa plataforma denominada Siraj e intercambian información con el pretexto de compartir conocimientos”. Entre ellas, se cita no sólo a OCCRP, sino también a medios europeos como El País, The Guardian o Der Spiegel. Por ejemplo, en esa lista figura también la Global Investigative Journalism Network (GIJN), que agrupa a organizaciones sin ánimo de lucro. “El documento tergiversa el trabajo de GIJN y el de los periodistas de investigación”, responde Emilia Díaz-Struck, directora ejecutiva de la organización.

El memorando de la DGI se centra en un artículo publicado por Siraj y OCCRP el pasado mes de septiembre donde se revelaban las lagunas en el sistema de sanciones que permitían al ejército sirio obtener camiones de fabricación sueca. “Tras la publicación de estos hallazgos, varios políticos y parlamentarios suecos han exigido que el Consejo de la Unión Europea en Bruselas revise su política de sanciones contra Siria”, se queja la nota de la DGI.

El 17 de octubre, el director general de la DGI autorizó una operación para espiar a Siraj. El memorando en el que se solicitaba esa operación muestra cómo la red de inteligencia del departamento se extendía fuera de Siria. “Instruya a nuestras estaciones en el extranjero para que sigan el asunto y nos proporcionen la información disponible, incluyendo las identidades detalladas de los operativos que dirigen la plataforma sospechosa bajo la tapadera de ser periodistas”, solicitaba el autor del memorando.

En aquel momento, el director general de la DGI era Husam Luqa, sancionado por la Unión Europea y apodado La Araña. Se encuentra en paradero desconocido y no respondió a las preguntas que OCCR le ha enviado por WhatsApp. Aunque Luqa aprobó la operación, en los documentos no queda claro qué activos se desplegaron ni qué actividades concretas se llevaron a cabo. El régimen se derrumbó poco después.

Sin embargo, al poco de redactarse esa nota, dos agentes armados de la DIG se presentaron en el lugar de trabajo en Damasco del padre de un periodista de Siraj que vive en el extranjero. Le interrogaron durante tres horas sobre su hijo y registraron su teléfono. Por miedo a ser detenidos, la familia del periodista abandonó su domicilio unos días después del interrogatorio.

Justicia local, justicia internacional

Por aterrador que fuera aquel interrogatorio, muchos sirios sufrieron cosas mucho peores bajo el régimen de Al Asad. Los servicios de seguridad eran conocidos por torturar a ciudadanos para sonsacarles información. Las cárceles se llenaban de sospechosos de trabajar contra el régimen, mientras que miles de personas simplemente desaparecían.

Tras la marcha de Bashar al Asad y la instauración de un gobierno provisional, las víctimas y sus familias exigen responsabilidades. Pero la pregunta sigue siendo: ¿Cómo se llevará a cabo ese proceso?

“La justicia internacional ofrece varias vías para procesar a Al Asad por los asesinatos de periodistas durante los años de represión que siguieron al levantamiento popular de 2011”, indica Bruttin, de RSF. “Sin embargo, cabe esperar que la propia justicia siria pueda hacer ese trabajo en un futuro próximo”.

Sea cual sea la vía legal elegida, Bruttin advierte de que la justicia no llegará pronto, ya que los investigadores necesitan identificar a las víctimas y reunir pruebas contra los responsables. “Un largo camino espera a todos aquellos que quieran hacer rendir cuentas a los responsables de estos crímenes atroces»”, subraya.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), una organización independiente que publica un censo anual de periodistas asesinados y encarcelados, también ha instado al nuevo gobierno sirio a exigir responsabilidades por los trabajadores de los medios de comunicación asesinados y encarcelados durante la guerra civil. “El Comité para la Protección de los Periodistas pide a las autoridades que tomen medidas decisivas para garantizar la seguridad de todos los periodistas», añade el CPJ.

Si bien el régimen de Bashar al Asad es responsable de la muerte de al menos 181 periodistas, según RSF, otros 102 fueron asesinados por el resto de las partes del conflicto. Entre ellos figuran seis periodistas muertos a manos del grupo Hayat Tahrir al Sham, que ahora dirige el país y que no ha respondido a la solicitud de comentarios que le envió OCCRP.

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Restablecer la confianza en el sistema judicial es una prioridad para el nuevo gobierno, ha declarado a la cadena catarí Al Jazeera un portavoz de HTS. Lo que incluye crear tribunales especiales para juzgar a los miembros y partidarios del régimen de Al Asad que “cometieron crímenes contra los sirios”, anunció.

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Con información adicional de David Kenner (ICIJ) y Feras Delatey