El retorno del expresidente francés Nicolas Sarkozy a los tribunales, cinco meses después de haber salido de la cárcel, estuvo marcado por el nerviosismo que mostró el acusado y por la expectación mediática que rodeó su reencuentro con los jueces.

Hasta el 3 de junio está programado el juicio en apelación por la financiación de la campaña que le llevó al Elíseo en 2007 con dinero del régimen libio de Muamar Gadafi, por el que fue condenado el pasado 25 de septiembre en primera instancia a cinco años de prisión, lo que le llevó a pasar tres semanas entre los barrotes a finales del año pasado.

Sarkozy, de 71 años, acudió al vetusto palacio de Justicia situado a dos pasos de la catedral de Notre Dame escoltado por sus abogados y sin hacer declaraciones a la prensa y lo abandonó tras cinco horas dedicadas a leer el cargado expediente que la justicia tiene contra él.

Vestido de azul oscuro, con corbata negra y camisa blanca, el ex jefe del Estado escuchó visiblemente nervioso, sin dejar de mover las piernas, mientras el conjunto de pruebas que condujeron a su condena en primera instancia.

Nada se filtró en la primera jornada del juicio de la que será su estrategia de defensa, después de que ante el correccional la centrara en la inexistencia de pruebas directas contra él y en que la justicia no ha encontrado rastro de dinero libio en su campaña.

Solo un conjunto de indicios que llevaron a la condena, la más dura de las tres pronunciadas contra Sarkozy desde que en 2012 abandonó el Elíseo, la única que le ha conducido entre los barrotes, algo inédito en la historia del país.

Junto a él fueron condenados dos de sus principales allegados políticos, Claude Guéant y Brice Hortefeux, culpables de haberse reunido con Abdallah Senoussi, yerno de Gadafi y número 2 del régimen, dispuesto a inyectar ingentes cantidades de dinero, hasta 6,5 millones de euros, según la acusación, a cambio de liberarse de la pena a cadena perpetua por el atentado contra un avión en 1989 en el que murieron 170 personas, 54 de ellos franceses.

Aunque el expresidente negó durante el proceso en primera instancia conocer esas reuniones, los jueces consideraron poco probable que ambos, amigos personales y estrechos colaboradores, no rindieran cuentas de las mismas. El resultado fue una condena por asociación de malhechores.

Fue el tercer caso por el que Sarkozy fue condenado, pero sin duda el que mas daño hizo a su imagen. El expresidente no ha dejado de reiterar su inocencia, acusando a los jueces de querer cobrarse venganza de sus años en el poder, cuando no se mostró complaciente con el estamento judicial.

Él mismo reconoció que el paso por la cárcel le dejó una profunda huella, que dejó escrita en un relato de 216 páginas, 'Diario de un prisionero', que como cada uno de sus doce libros anteriores, se convirtió en un éxito de ventas.

Síntoma del tirón que sigue teniendo en el campo conservador el que fuera presidente del país entre 2007 y 2012, que prevalece pese a la sucesión de condenas que ha ido coleccionando desde su salida del Elíseo.

La primera, un año de cárcel con posibilidad de cumplirlo en arresto domiciliario, fue dictada en marzo de 2021 por un caso de corrupción y tráfico de influencias, confirmada tras varios recursos por el Supremo en marzo de 2024, lo que le obligó a llevar un brazalete electrónico entre febrero y marzo de 2025.

La máxima instancia judicial también convirtió en definitiva en noviembre del año pasado la pena a seis meses, también en arresto domiciliario, impuesta contra él por la financiación irregular de su campaña de 2012, cuando superó el máximo de techo marcado por la ley gracias a un entramado de facturas falsas.

El presidente pidió no tener que llevar el brazalete electrónico por esta segunda pena, pero la justicia se lo denegó el pasado lunes, por lo que deberá llevarlo de nuevo. 

El Tribunal Correccional de París decidirá el próximo 9 de marzo si acepta la solicitud del expresidente francés Nicolas Sarkozy, quien pide no tener que llevar por segunda vez el brazalete electrónico por su última condena en firme de finales de 2025 debido a un caso de cuentas de la campaña de 2012, informa EFE.

Tras la vista de este lunes, que se celebró a puerta cerrada, el abogado del antiguo jefe de Estado, Vincent Desry, declinó hacer declaraciones a los medios. Sarkozy quiere que se aplique una 'unificación de penas' para evitar el brazalete electrónico por segunda vez.

Entre febrero y mayo de 2025, el ex jefe de Estado llevó este dispositivo de control por una condena en firme debido al llamado caso Bismuth, de corrupción y tráfico de influencias por hechos de 2014.

A finales de noviembre de 2025, el exmandatario vio confirmada una segunda sentencia en firme por el caso Bygmalion, sobre sus cuentas de campaña para las presidenciales de 2012. Entonces se le sentenció a seis meses de prisión conmutadas por arresto domiciliario por la financiación irregular de su campaña de 2012.

Para Sarkozy, si se aplica el principio de 'unificación de penas', no sería necesario portar de nuevo el brazalete, ya que ya lo llevó a comienzos de 2025. La decisión sobre el brazalete llegará una semana antes de que el expresidente se enfrente a un proceso en apelación por el caso más grave en su contra.

Se trata de su presunta implicación en una trama de financiación ilegal para la campaña que le permitió convertirse en presidente de Francia en 2007 con dinero del régimen libio de Muamar Gadafi.

Por este proceso, Sarkozy fue condenado en primera instancia en septiembre de 2025 a cinco años de prisión por corrupción y tráfico de influencias, de los que cumplió tres semanas (entre el 21 de octubre y el 10 de noviembre) entre rejas.

Sin embargo, el exmandatario conservador logró finalmente ser liberado a la espera de que se resuelva su recurso en apelación, que se celebra entre el 16 de marzo y el 3 de junio.

Eran las 15.22 horas del 7 de junio de 2021 cuando un taxi recogió a Olivier Bohbot a la salida de su cita. El número dos del grupo francés Nexa, especializado en equipos de espionaje y vigilancia, ha dado como dirección al taxista el bulevar Mortier, en el distrito 20 de París. Justo enfrente de la sede de la Direction Générale de la Sécurité Extérieure (DGSE).

Que el prestigioso servicio de inteligencia exterior francés reciba a uno de sus proveedores, fabricante de tecnologías sensibles, es perfectamente normal. Pero que siga haciendo negocios con Nexa es, cuanto menos, sorprendente.

Desde 2011, la empresa, antes conocida como Amesys, es objeto de una investigación judicial por haber vendido a Libia, bajo el dictador Gadafi, un sistema de vigilancia por internet que permitía espiar y seguir a los opositores al régimen. En 2017 se abrió una segunda investigación por los mismos motivos, relativa a la venta del mismo sistema a Egipto, pocos meses después del golpe de Estado del mariscal al-Sisi.

El 15 de junio de 2021, una semana después de su reunión en la sede de la DGSE, Olivier Bohbot y otros ejecutivos de Nexa fueron detenidos por gendarmes de la Oficina Central de Lucha contra los Crímenes contra la Humanidad y los Crímenes de Odio. Al mismo tiempo, un juez de instrucción dictó varios autos de procesamiento por complicidad en torturas. Los directivos de Nexa niegan los cargos que se les imputan.

Éste es uno de los aspectos más sorprendentes del asunto: a pesar de las fuertes sospechas de violaciones de los derechos humanos, la DGSE, y en general el Estado francés, ha mantenido su apoyo a Nexa, que entre 2014 y 2021 se benefició de al menos 11 millones de euros en contratos con varios servicios de inteligencia y con los ministerios del Interior, Justicia y Defensa. Éstas son las conclusiones de la investigación Predator Files, basada en documentos confidenciales obtenidos por Mediapart y Der Spiegel y compartidos con la red de medios EIC, a la que pertenece infoLibre, que en esta ocasión ha trabajado con Shomrim (Israel), Die Wochenzeitung (Suiza), Reporters United (Grecia), Domani (Italia), Daraj Media (Líbano) y The Washington Post (EEUU), así como con el apoyo del Security Lab de Amnistía Internacional.

Nexa, que entonces se llamaba Amesys, estaba en contacto “todo el tiempo” con el servicio de inteligencia de entonces, “porque Amesys es uno de los principales proveedores de la DGSE”, declaró el antiguo presidente de la empresa, Philippe Vannier.

A partir de 2006, a petición del dictador libio Muamar Gadafi y con el beneplácito del presidente Nicolas Sarkozy, Amesys desarrolló el software Eagle, el primer sistema capaz de vigilar internet a escala de todo un país. Según las informaciones a las que ha tenido acceso EIC, la DGSE seguía muy de cerca esta proeza tecnológica y el contrato libio.

Varios testigos declaran que fue la DGSE, a través de su propio director técnico, Bernard Barbier, quien pidió a Qosmos, otra empresa francesa, que colaborara con Amesys para proporcionarle una sonda de interceptación del tráfico de internet, necesaria para que Eagle funcionara correctamente.

Un agente de la DGSE declaró al juez instructor que, cuando estalló una disputa comercial entre Amesys y Qosmos, su departamento le pidió, “extraoficialmente”, que llevara a cabo una “mediación” para reconciliar a las dos empresas.

La DGSE se negó a responder a las preguntas de Mediapart. Stéphane Salies y Olivier Bohbot, directores y accionistas mayoritarios de Nexa, aseguraron que era “normal” en su actividad comercial “tener contactos con las autoridades”, pero declinaron hacer más comentarios.

Estas buenas relaciones vienen de lejos. En un folleto comercial, los dos directores de Nexa se describían a sí mismos como poseedores de “más de 20 años de experiencia en la venta de soluciones [...] a la DGSE”. Varios empleados confirmaron a la policía que el director general del grupo, Stéphane Salies, tenía estrechos vínculos con el servicio, así como con Bernard Barbier, director técnico de la DGSE de 2006 a 2013. Contactado por Mediapart, éste no ha contestado a sus preguntas.

Dos antiguos empleados de Amesys declararon a la policía que Eagle estaba equipado con una puerta trasera que permitía a Amesys acceder al software sin que su cliente libio lo supiera. Como reveló Intelligence Online, uno de los dirigentes del grupo, Renaud Roques, fue aún más lejos y explicó ante el juez de instrucción que esa puerta trasera había sido “diseñada por la DGSE”, para que los servicios secretos pudieran “conectarse de forma discreta e indetectable al sistema libio” y “acceder a la lista de objetivos” del espionaje.

Con la esperanza de que se confirmara su versión, Renaud Roques exigió, y consiguió, que tres ingenieros de la DGSE en funciones en aquel momento fueran entrevistados de forma anónima por el juez. Pero éstos se negaron a comentar la existencia de esta posible “puerta trasera”, ya que el tema está “clasificado como secreto de defensa”. Sin embargo, uno de los agentes secretos alabó el diálogo “constante y de calidad” con Amesys sobre Libia: “La empresa respondía a nuestras preguntas y nos mantenía al corriente de la evolución del contrato”.

Mediapart ha podido identificar a los antiguos funcionarios de la DGSE que fueron entrevistados anónimamente por el juez. Dos de ellos pasaron a trabajar para la Agencia Nacional Francesa de Seguridad de los Sistemas de Información (ANSSI), encargada de proteger a los organismos públicos y a las empresas contra los ciberataques. A partir de la década de 2010, ocuparon allí puestos de alto rango.

Un documento incautado durante el registro confirma el papel desempeñado por estos dos agentes de la DGSE en el contrato libio. El documento es un registro manuscrito de una reunión que mantuvieron con ejecutivos de Amesys en el “MinDef” el 15 de enero de 2007. Según el documento, hablaron del “producto Eagle”, así como de las instrucciones de seguridad destinadas a evitar filtraciones: “Limitar al mínimo el número de personas en el bucle", “tener cuidado con las fuentes y el acceso a las fuentes”.

A partir de marzo de 2011, tras la intervención militar occidental que condujo al derrocamiento y muerte de Gadafi, cundió el pánico. Nicolas Deckmyn, un joven ingeniero de Amesys en aquella época, relató cómo fue “convocado” urgentemente por la DGSE para que facilitara las coordenadas de los lugares donde estaba instalado el sistema Eagle. “Creo que era para intervenir, para bombardear los tres emplazamientos”, dijo a los gendarmes. Para no dejar rastro de la ayuda de Francia al dictador libio.

Uno de los edificios fue completamente arrasado y los otros dos fueron limpiados, sin que se sepa por quién. En agosto de 2011, cuando dos periodistas de The Wall Street Journal visitaron uno de los centros y revelaron la existencia del sistema Eagle, encontraron documentos en papel, pero los servidores informáticos habían desaparecido.

Tras el escándalo y la apertura de una primera investigación judicial sobre el contrato libio, Stéphane Salies, uno de los altos ejecutivos de Amesys, compró la tecnología Eagle, la rebautizó como Cerebro y la alojó en una nueva empresa llamada Nexa, que se hizo cargo de la mayoría de sus empleados. El objetivo: hacer olvidar el nombre de Amesys. Al mismo tiempo, creó en Dubái una empresa hermana, y discreta, llamada Advanced Middle East Systems (AMES), que tiene la enorme ventaja de poder exportar sin solicitar licencias en Francia.

Durante su detención policial, Stéphane Salies declaró que “las autoridades francesas y los servicios franceses habían sido informados [de la creación de AMES] y no habían planteado ninguna objeción. “Me refiero principalmente a la DGSE”, precisó. “¿Tenía la DGSE alguna petición?”, preguntó el gendarme. “Sí, pero no puedo revelarlas, porque es clasificado”.

Se desconoce si la DGSE aprobó extraoficialmente el hecho de que Nexa pudiera exportar desde Dubái, eludiendo a las autoridades francesas. Sin embargo, un documento encontrado durante los registros policiales muestra que el Ministerio de Economía, encargado de expedir las licencias de exportación, fue informado de la creación de AMES y no se opuso.

Interrogada como testigo, Rachida H., responsable administrativa de Nexa, declaró que, tras el asunto libio, “resultó difícil restablecer la confianza con los servicios de inteligencia”. La investigación judicial ha demostrado, por el contrario, que las relaciones se caldearon con rapidez. Un documento interno de 2014 indica que Nexa tenía entonces un contrato por valor de “10 millones de euros al año” para suministrar a la DGSE IMSI catchers, los dispositivos que interceptan las comunicaciones móviles en un radio de unos cientos de metros. Sin embargo, el contrato parece haberse interrumpido, ya que EIC no ha encontrado ningún pago por este importe.

En diciembre de 2020, Renaud Roques se mostró preocupado en un grupo de discusión interno: “Hola, ¿alguno de vosotros tiene acceso a la cuenta de Nexa [en Société Générale] para ver si hemos recibido una transferencia de 200k de la DGSE? Me gustaría estar seguro antes de seguir [...] más tarde hoy. El número dos de Nexa, Olivier Bohbot, le remitió a otro empleado para que comprobara si efectivamente se habían pagado los 200.000 euros. Por lo que ha podido averiguar EIC, la investigación judicial no ha determinado qué se pagó a cambio de esta elevada suma.

Los agentes secretos franceses también ayudaron a Nexa a exportar: un documento de 2014 enumera campañas de ventas en India, Mali, Mauritania y Senegal, realizadas con el “apoyo de los servicios franceses”. Y cuando la DGSE pareció dar una “opinión” negativa sobre la venta del sistema de interceptación masiva de internet Cerebro a los servicios secretos paquistaníes, Renaud Roques, número tres de Nexa, escribió en su cuaderno que tenía que “indagar para encontrar la razón”. Este cuaderno de notas manuscritas, fechado en 2015 y 2016, menciona también una reunión con un agente de la DGSE cuyo seudónimo era Clovis, para recomendarle un sistema de radio fabricado por el grupo alemán Plath, accionista al 30% de Nexa.

Casualmente, Nexa tuvo que tratar de nuevo con uno de los antiguos agentes de la DGSE que había supervisado el contrato con la Libia de Gadafi cuando ya estaba en la ANSSI. Esta agencia es la encargada de expedir las autorizaciones a las empresas para importar y vender material de vigilancia en territorio francés. Los gendarmes encontraron una lista de 29 productos de Nexa que habían recibido autorización de la ANSSI en aquella época. Además del software Cerebro, se trataba de un potente sistema israelí de infección telefónica, otro de interceptación en la nube, un tercero de interceptación de “flujo de satélites” y varios tipos de IMSI catchers.

En un breve informe, los gendarmes consideran que Nexa ha minimizado las capacidades reales de sus productos en las solicitudes de licencia enviadas a varios organismos de control: “La descripción es diferente de lo que aparece en los contratos y folletos de venta”. Citan como ejemplo una solicitud de autorización enviada a la ANSSI en 2017 sobre una sonda, conectada a Cerebro, que captura el tráfico de internet. “En ningún momento se menciona la capacidad máxima y las funciones ilimitadas de esta tecnología”, escriben.

El alto funcionario de la ANSSI que validó y firmó la autorización estaba, sin embargo, muy familiarizado con las capacidades del producto desplegado en Libia: fue uno de los tres ingenieros de la DGSE que estuvieron en contacto con la empresa sobre este asunto y que finalmente fueron oídos por los tribunales.

EIC se ha puesto en contacto con este ingeniero, quien respondió que no podía comentar nada que caiga bajo la protección de los secretos de la defensa nacional. Sin embargo, señaló que la ANSSI no era responsable de las licencias de exportación y que siempre especificaba las “limitaciones” aplicables a las ventas en Francia: “Las soluciones de interceptación como las que usted menciona están limitadas sistemáticamente a los ‘servicios autorizados”, es decir, a los servicios secretos.

Pero la DGSE no es la única agencia gubernamental que utiliza los servicios de Nexa. Un documento interno de 2014 indica que la compañía francesa tenía entonces otros tres contratos sensibles, cuya naturaleza no se especifica: uno “pequeño” con el Ministerio del Interior, uno “mediano” con la Dirección de Inteligencia Militar (DRM) y otro por valor de dos millones de euros con la Dirección General de Armamento (DGA).

Además, la agenda de Renaud Roques incluye una reunión con el comisario responsable de la dirección técnica de la DGSI –la inteligencia interior–, una visita del ministro del Interior a los locales de Nexa y una presentación de producto a una delegación del GIGN, el grupo de intervención de élite de la gendarmería.

La luna de miel con los servicios de inteligencia continuó mucho después de los primeros problemas legales de la empresa. En junio de 2021, cuando Nexa fue registrada, nueve de sus empleados aún seguían autorizados por el Ministerio de defensa a acceder a información clasificada como “confidencial de defensa” hasta 2025 o 2027, entre ellos Renaud Roques y el director general Stéphane Salies.

Incluso en sus documentos internos Nexa cultiva el secreto sobre sus contratos, designados con códigos, la mayoría de los cuales se refieren a dulces. Los contratos franceses se llaman Cachou –una marca de caramelos–, Paris-Brest –un pastel– o Calisson –un dulce tradicional– [los españoles llevan la etiqueta Turrón].

Entre los contratos firmados con el Estado francés entre 2014 y 2020, hay uno de 2016 por importe de 180.000 euros a cambio de un descodificador y un programa informático para el Groupement Interministériel de Contrôle (GIC), el organismo que gestiona las escuchas y vigilancias “administrativas” realizadas por los servicios secretos al margen de procedimientos judiciales.

En 2018, Nexa firmó un contrato de 219.000 euros con la Dirección de Inteligencia Militar, y otro de dos millones en 2020, bautizado como MilleFeuille –Milhojas–, con el Ministerio de Defensa, para sistemas de interceptación de comunicaciones móviles de tipo IMSI catcher. Uno de los componentes del proyecto, el “estudio mochila”, tenía como claro objetivo diseñar un dispositivo discreto que cupiera en una mochila.

En otros casos, no especifica la naturaleza del contrato, como el proyecto Papillon con el Ministerio de Justicia, por valor de 2,8 millones de euros.

A través de su filial Elektron –vendida en diciembre de 2021­, Nexa también fue muy activa en el ámbito de las escuchas telefónicas, a pesar del lanzamiento de un sistema único, PNIJ, que se confió a Thales a partir de 2017. Sin embargo, debido a problemas técnicos, varios departamentos interregionales de investigación criminal siguen utilizando el sistema de Nexa. En junio de 2021, el dueño de la empresa se felicitó por teléfono por un reciente pago de 500.000 euros recibido del ministerio por este concepto.

En julio de 2018, Nexa obtuvo un nuevo contrato con el Ministerio del Interior, denominado Pimousse –otra marca de caramelos–, por un sistema que se utiliza para complementar las escuchas telefónicas tradicionales: permite capturar, no sólo mensajes de voz y de texto, sino también datos de internet y geolocalización, según explicó un ingeniero de Nexa a los gendarmes.

Nexa también ha vendido un módulo de software llamado Jasmine, que puede identificar con quién habla una persona y la fecha de los intercambios –pero no su contenido–, incluso cuando el objetivo utiliza aplicaciones cifradas como Signal, WhatsApp o Telegram. “Este módulo [...] se utiliza para la interceptación judicial en Francia”, declaró a la policía el jefe de Nexa.

Un documento fechado en enero de 2021, en el que se enumeran las campañas de ventas en curso, muestra que Francia era un mercado prioritario: Nexa estaba en la carrera para intentar conseguir 18 contratos diferentes con ministerios o servicios de inteligencia, por un valor total de 10 millones de euros. Los principales incluían la ampliación del proyecto MilleFeuille con el Ministerio de Defensa por más de tres millones de euros y un sistema de escucha de teléfonos móviles con la DGSE por 400.000 euros.

Contactados por Mediapart para preguntarles por estos contratos, la DGSE y el Ministerio de Defensa se han negado a responder. El Ministerio del Interior tampoco ha contestado. El Ministerio de Justicia ha confirmado que utiliza Elektron para las escuchas telefónicas. Sin embargo, afirma que “nunca ha adjudicado un contrato a Nexa y nunca ha tenido ningún vínculo con esta empresa”.

Mientras suministraba a ministerios y a los servicios de inteligencia franceses, Nexa seguía exportando sus sistemas de vigilancia altamente intrusivos, incluido software de pirateo telefónico, a regímenes autoritarios. Como en los buenos tiempos del coronel Gadafi. Interrogado al respecto por el juez de instrucción, uno de los antiguos agentes de la DGSE confesó finalmente: “Estamos ante el problema habitual de la venta de armas, y sabemos muy bien que todo esto no puede ser siempre angelical”. En efecto.

Libia es un escándalo francés sin fin. Aunque ya había sido señalada por la Justicia por haber vendido sistemas de cibervigilancia al régimen del difunto dictador Muamar Gadafi, la empresa Nexa, vinculada a los servicios de inteligencia franceses, volvió a hacerlo 13 años después, esta vez en beneficio del actual hombre fuerte del este de Libia, el mariscal Haftar.

Así lo revela la investigación Predator Files, basada en documentos confidenciales obtenidos por Mediapart y Der Spiegel, y realizada por infoLibre y la red de medios European Investigative Collaborations (EIC), que en esta investigación ha trabajado con Shomrim (Israel), Die Wochenzeitung (Suiza), Reporters United (Grecia), Domani (Italia), Daraj Media (Líbano) y The Washington Post (EEUU), así como con el apoyo del Security Lab de Amnistía Internacional.

Nexa y sus principales directivos fueron acusados en junio de 2021 de complicidad en torturas en relación con el primer contrato libio, que fue firmado en 2007. Tanto la empresa como sus ejecutivos niegan estas imputaciones.

Fue durante esta investigación cuando los dos jueces de instrucción y los gendarmes de la Oficina Central de Lucha contra los Crímenes contra la Humanidad y los Crímenes de Odio (OCLCH) descubrieron que la empresa firmó a finales de 2020 un contrato de 3,3 millones de euros con el régimen de Haftar para suministrarle equipos de interceptación de teléfonos móviles. Ese contrato se celebró violando el embargo sobre la venta de armas a Libia, y a pesar de que el mariscal Haftar es objeto de investigaciones por crímenes de guerra, y de que su gobierno no está reconocido por la comunidad internacional.

Al descubrir estos hechos, las dos juezas de instrucción encargadas del caso, Stéphanie Tacheau y Ariane Amson, solicitaron, el 23 de junio de 2021, autorización para ampliar su investigación a tres delitos y faltas vinculados al contrato de Haftar.

Pero la Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT), dirigida por el fiscal Jean-François Ricard, y el Ministerio de Economía, encabezado por Bruno Le Maire, parecían decididos a frenar las investigaciones.

La fiscalía se negó a ampliar la primera calificación realizada por los magistrados: “participación en un acuerdo o en un grupo constituido con vistas a cometer crímenes de tortura y desapariciones forzadas en Libia”. Por tanto, de acuerdo con la ley francesa, los jueces sólo están autorizados a seguir examinando los documentos ya incautados y tienen prohibido llevar a cabo cualquier investigación adicional –audiencias, registros, escuchas telefónicas–.

No obstante, la fiscalía aceptó que la investigación se ampliara a la violación del embargo de armas en Libia. Pero esta vez fue el Ministerio de Economía el que bloqueó el procedimiento. Ese delito requiere, para iniciar el procedimiento, una denuncia firmada por el ministro de Economía, Bruno Le Maire. Y nunca la presentó.

Tras nueve meses de espera, los magistrados finalmente preguntaron a la fiscalía y obtuvieron, en marzo de 2022, la ampliación de la investigación a un delito menos grave, que no requiere el acuerdo de Economía: “exportación sin declaración de mercancías prohibidas”.

Preguntada por sus decisiones, la fiscalía no quiso explicar si había informado al ministro de que tenía que presentar una denuncia. Respondió que “el juez de instrucción conoce in rem [es decir, sobre los hechos, en lenguaje jurídico] y puede dar a los hechos otra calificación penal”. Pero esta declaración se contradice con la carta enviada al juez de instrucción en julio de 2022 por el vicefiscal primero de la fiscalía, quien establece que, a pesar de la remisión in rem, “la ausencia de denuncia” por parte del ministro no permite incoar un procedimiento por violación del embargo.

En resumen, en este nuevo asunto libio, Nexa parece haber sido protegida por el Estado francés.

¿Es el caso demasiado embarazoso quizá para el Gobierno de Francia? Las negociaciones comerciales entre Nexa y el mariscal Haftar coincidieron en el tiempo con los movimientos políticos del presidente Emmanuel Macron y de su entonces ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Yves Le Drian, para elevar el perfil del señor de la guerra libio en la escena internacional a pesar de su pésima reputación.

EIC preguntó a Emmanuel Macron y a Bruno Le Maire –su ministerio se encarga de las licencias de exportación de tecnología de vigilancia– si estaban informados del contrato entre Nexa y Haftar y si lo validaron. Macron no ha contestado. Le Maire Bruno no explica por qué no presentó una denuncia: “Dados los procedimientos judiciales en curso, no podemos hacer comentarios sobre este caso concreto. Dejaremos que los tribunales hagan su trabajo y den las respuestas que esperamos”.

Nexa siempre ha sabido alinear sus intereses con la política internacional más o menos discreta de Francia. La historia libia es un caso de manual de cómo funciona la diplomacia gala en este tipo de asuntos.

Un pequeño flashback. En la época en que aún se llamaba Amesys, Nexa ya había aprovechado la luna de miel entre el presidente francés Nicolas Sarkozy y Muamar Gadafi para desarrollar y luego vender al régimen de Trípoli, en 2007, el potente sistema Eagle, el primero del mundo capaz de vigilar masivamente internet a escala de todo un país.

El contrato, negociado con Abdalá Senusi, exmilitar libio, antiguo jefe de inteligencia y cuñado de Gadafi, que fue condenado en Francia a cadena perpetua por el atentado contra el avión DC-10 de la compañía UTA en 1988 –170 muertos–, se saldó con el pago de más de cuatro millones de euros en comisiones ocultas al intermediario Ziad Takieddine, un empresario franco-libanés próximo a Nicolas Sarkozy, en cuentas bancarias situadas en paraísos fiscales.

Estos hechos están hoy en el centro de la investigación por corrupción sobre la supuesta financiación por Gadafi de la campaña presidencial de Nicolas Sarkozy en 2007. Nicolas Sarkozy y tres de sus antiguos ministros, junto con otras nueve personas, acaban de ser enviados a juicio por este motivo. La Justicia francesa sospecha que los equipos vendidos entonces por Francia permitieron al régimen de Gadafi espiar, antes de detener y a veces torturar –o incluso algo peor–, a los disidentes de Bengasi que habían iniciado una revolución armada contra el autócrata libio a raíz de la Primavera Árabe.

La guerra en Libia que siguió entre marzo y octubre de 2011 a la caída del régimen y la muerte de Gadafi reveló los compromisos de Amesys con la dictadura. A su vez, desencadenó investigaciones de la prensa y la presentación de una denuncia por parte de dos ONG, la Liga de Derechos Humanos (LDH) y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH). Ambas consiguieron que se abriera un procedimiento penal contra Amesys.

En el proceso, la empresa se rebautizó como Nexa y cambió el nombre de su software de Eagle a Cerebro, con la esperanza de continuar sus actividades discretamente.

Pero, contra todo pronóstico, la desaparición del régimen de Gadafi no sofocó las ambiciones empresariales de Nexa en ese país. Como demuestran documentos internos obtenidos por Mediapart, la empresa francesa volvió a invertir en territorio libio en 2013. A pesar del embargo sobre la venta de armas votado por el Consejo de Seguridad de la ONU en febrero de 2011. Y a pesar de que, tras la guerra, una parte importante del país se encontraba en manos de milicias, señores de la guerra e islamistas sin ley.

“Desde que Muamar [Gadafi] ya no está, ha perdido color de todos modos...”, bromea el comercial de Nexa Raphaël C. en un SMS enviado en enero de 2013 al número tres del grupo, colgando una foto de las vistas al mar desde su habitación de hotel en Trípoli. ¿El objetivo del viaje? Vender Cerebro al nuevo régimen. La operación lleva el nombre en clave de Phoenix. Nexa quiere resurgir de sus cenizas en Libia, en el mismo lugar donde vendió por primera vez su software de espionaje.

Pero el viaje no es fácil. “Siempre hay tiros por todas partes. [...] Están todos armados menos yo”, escribía Raphaël C. el 21 de enero de 2013. El vendedor intentó visitar los centros de vigilancia donde se habían instalado los equipos de Nexa antes de la guerra, pero sólo pudo echar un vistazo al edificio antes de dar media vuelta: “Evitamos parar porque hay milicias en esta calle”.

En septiembre de 2013, Raphaël C. se quejó de que un intermediario estaba difundiendo demasiado la propuesta comercial de Nexa: “Si esto acaba en la mesa de un periodista, tendríamos problemas”. Pese a sus esfuerzos y a una reunión con el “hermano del presidente de la República”, la operación fue un fracaso.

Dos años más tarde, Nexa dio la espalda al Gobierno de Trípoli y acudió al más poderoso de sus enemigos: el mariscal Haftar. El primer contacto comercial se produjo en 2015, cuando un representante del mariscal visitó el stand del grupo francés en una feria internacional de Dubái.

Por aquel entonces, Jalifa Haftar ya se había convertido en el hombre fuerte del este de Libia. Antiguo jefe de la fuerza expedicionaria del ejército de Gadafi, el militar se pasó a la oposición en los años 80 antes de exiliarse en Estados Unidos. Regresó a Libia en 2011 para apoyar la insurrección contra Gadafi y unos años más tarde asumió el mando del Ejército Nacional Libio (ENL), una autoproclamada fuerza militar, convirtiéndose de hecho en una especie de procónsul de la mitad oriental del país.

Sin embargo, Jalifa Haftar fue excluido de la coalición que formó el Gobierno de Acuerdo Nacional Libio, reconocido en diciembre de 2015 por el Consejo de Seguridad de la ONU como “el único gobierno legítimo de Libia”. Inspirado en el nacionalismo árabe, reúne una red heterogénea de fuerzas tribales, antiguos partidarios de Gadafi y antiislamistas. Presentado como un baluarte contra los yihadistas, ha recibido el apoyo oficial de varias potencias internacionales, en primer lugar de Egipto y Emiratos Árabes Unidos. Egipto no dudó en utilizar cazas Rafale comprados a Francia para llevar a cabo campañas de bombardeos en beneficio de Haftar; en cuanto a los Emiratos, se cree que han financiado en gran medida las ambiciones de Jalifa Haftar. Por no hablar de la milicia rusa Wagner, que también acudió en apoyo del mariscal.

Por el contrario, los opositores de Haftar denuncian sus inclinaciones autoritarias y los abusos de sus hombres, en particular desde la operación denominada Dignidad, lanzada en la primavera de 2014 y sobre la que pesan ahora sospechas de crímenes de guerra, como ha señalado el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI). También se han abierto investigaciones penales en Francia por tortura y actos de barbarie, y en Estados Unidos por crímenes de guerra.

Pero nada de eso fue suficiente para frenar el entusiasmo comercial de Nexa. Para la compañía francesa, todo se aceleró con Haftar en 2017 en París, durante Milipol, la feria mundial de la seguridad. Un documento comercial, marcado como “confidencial”, muestra que un intermediario, Jalal Dira, expresó el interés del mariscal libio por los equipos de vigilancia de Nexa. Ya activo como intermediario en la venta de armas con Francia bajo el régimen de Gadafi, Jalal Dira, descrito como próximo al fabricante aeronáutico francés Dassault, es conocido en los medios diplomáticos e industriales franceses por haber puesto su agenda a disposición de los sucesores del dictador.

Contactado por Mediapart, Dira no niega los contactos con Nexa en Milipol, pero precisa que no estuvo “implicado en ninguna transacción financiera con la empresa, ni con los equipos del mariscal Haftar, y menos aún en la violación de embargo alguno, en Libia o en cualquier otro lugar”.

Al mismo tiempo, en julio de 2017, Jalifa Haftar fue recibido oficialmente a bombo y platillo por el flamante presidente Emmanuel Macron, durante una cumbre internacional en La Celle-Saint-Cloud, un elegante suburbio de París. Las fotos del acto muestran a los dos hombres cogidos del brazo. Tiempo después, el ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Yves Le Drian, llegó a decir que deseaba “victorias” al mariscal, según un reportaje de Le Figaro .

A principios de 2019, el mariscal Haftar lanzó una vasta ofensiva militar destinada a conquistar el oeste de Libia y derrocar al gobierno. A principios de abril, las fuerzas del ENL estaban a las puertas de la capital. Mientras los combates arreciaban en los suburbios de Trípoli, Nexa envió al bando de Haftar, en noviembre de 2019, una oferta comercial de 41 páginas. Versaba sobre el producto más potente del grupo francés, diseñado con su socio Intellexa, el desarrollador de Predator. Por nueve millones de euros, Nexa ofrece al mariscal comprar el AlphaSpear 360, una furgoneta capaz de infectar teléfonos con Predator en un radio de aproximadamente 500 metros en modo zero-click, es decir, completamente invisible para los objetivos. Y una herramienta muy útil en el campo de batalla.

Pero el mariscal duda. Su ofensiva militar es un fracaso. En junio de 2020, los soldados del ENL regresaron a Bengasi.

El acuerdo con Nexa se cerró inmediatamente después. En septiembre y luego en noviembre de 2020, el gobierno de Haftar firmó cuatro contratos para la compra de equipos de interceptación, por un importe total de 3,3 millones de euros. Esa factura incluía un sistema para interceptar teléfonos por satélite Thuraya, y tres IMSI catchers, incluido el modelo más potente, el AlphaMax, capaz de escuchar las comunicaciones de voz e internet de los teléfonos móviles dentro del alcance de su antena. En diciembre se paga a Nexa un primer anticipo de casi 100.000 euros.

El contrato lo firma, por cuenta de los gobernantes Haftar, un tal Ahmed al-Werfalli. Su hermano, Mahmud, era uno de los principales lugartenientes de Haftar y sospechoso de múltiples atrocidades. Según la Corte Penal Internacional, que emitió varias órdenes de detención contra él, encargó el asesinato de 33 personas en junio de 2016 y ejecutó personalmente a balazos a 10 personas frente a una mezquita de Bengasi en enero de 2018.

Ahmed al-Werfalli, firmante de los contratos de equipamiento de Nexa, fue detenido brevemente en Lituania en 2019 para ser interrogado en el marco de la investigación de la Corte Penal Internacional contra su hermano. Se negó a cooperar con los investigadores. Más tarde, prometió pagar los daños después de que su hermano destruyera las oficinas del fabricante de automóviles Nissan en Bengasi.

Finalmente, Mahmud al-Werfalli no tuvo que responder de sus actos ante la justicia internacional. Murió tiroteado en 2021 en turbias circunstancias en Libia por hombres armados no identificados.

Pero, por parte de Nexa, los negocios iban bien. En enero de 2021, el jefe del grupo francés dio luz verde a la venta al mariscal Haftar, visiblemente muy interesado, de un sistema de escuchas telefónicas y de vigilancia de internet, el MCng.

Pero Nexa tiene que trabajar duro para encontrar la manera de entregar los equipos encargados por Haftar. El asunto es espinoso, porque Libia sigue bajo embargo. Aunque no parece ser un problema para la dirección del grupo galo. Lo que no saben los ejecutivos de Nexa en ese momento es que los gendarmes les han intervenido los teléfonos y empiezan a descubrir el alcance de sus nuevos trucos sucios en Libia.

Para evitar tener que pedir a Francia una licencia de exportación, el acuerdo fue cerrado por Advanced Middle East Systems (AMES), la empresa hermana de Nexa en Dubái. Para mayor confusión, oficialmente AMES sólo es el proveedor de otra empresa también con sede en Dubái, AR Global Group, que revendió el equipo al gobierno de Haftar.

El esquema parece diseñado para evitar solicitar una licencia de exportación en Emiratos: “Hemos preguntado a la autoridad de control en Dubái, nos han dicho que, si utilizamos un intermediario en Dubái, no nos pedirán absolutamente nada”, dice por teléfono el jefe de Nexa, Stéphane Salies. Otra ventaja: “No habrá transacciones directas entre el país y nosotros”.

Pero el 18 de mayo de 2021 surgió un gran problema: Lituania se niega a conceder una licencia para la exportación de componentes, fabricados en el país, que se utilizan para los equipos de Nexa. Tres días después, el 21 de mayo, Stéphane Salies llamó a Kay Höft, su abogado alemán especializado en el cumplimiento de la normativa sobre exportaciones. La conversación es impresionante. “Tenemos una petición de un país súpermalo”, en este caso el “bando de Haftar”, explica el director de Nexa, que pregunta si “está completamente prohibido”. El abogado responde que sí, sin dudarlo, ya que existe “un embargo de armas”, el ENL es “una entidad militar” y los productos vendidos por Nexa tienen “un alto índice en la clasificación de artículos no autorizados”.

El jefe de Nexa insiste, y detalla su plan con “un intermediario en Dubái”. El abogado le advierte: “Usted conoce el embargo de armas [y] el esfuerzo de la Unión Europea con respecto a Libia... Son muy estrictos”. Le aconseja a Salies que “lo olvide”.

Cuatro días más tarde, Stéphane Salies vuelve a llamar a Kay Höft para presentarle un nuevo plan: ha encontrado “un proveedor situado en Inglaterra”, que está dispuesto a realizar la venta y la entrega. El abogado señala que, en este caso, es necesaria una licencia de exportación británica. Pero sugiere un truco para evitar pedirla: Nexa podría enviar los equipos a Dubái, luego “ensamblarlos con otros artículos y reexportarlos desde los Emiratos Árabes Unidos, y así no tendría que revelar la identidad del usuario final [a las autoridades del] Reino Unido”. “Vale, ya veo, es factible, podría ser fácil”, le contesta el jefe de Nexa.

Contactado a través de su portavoz, Ahmad al-Mesmari, Jalifa Haftar no ha contestado a las preguntas de EIC sobre este asunto. Por su parte, los Emiratos “refutan enérgicamente cualquier acusación de facilitar la venta de cualquier sistema de vigilancia a cualquier país”, asegura un funcionario del Gobierno emiratí a EIC. “Los Emiratos siempre han respetado y seguirán respetando las sanciones impuestas por la ONU. […] Cuentan con un marco legal de control de las exportaciones y supervisan continuamente la exportación de productos de doble uso”, explica.

En cualquier caso, la investigación de los gendarmes parece que detuvo la ejecución del contrato libio. El 15 de junio de 2021, tres semanas después de esta conversación telefónica, los gendarmes registran las oficinas de Nexa y los domicilios de sus directivos, que son interrogados bajo custodia policial.

Frente a los gendarmes, el número tres del grupo, Renaud Roques, declara que sólo ha “oído hablar de un proyecto” en Libia, y que “no puede decir” si el país “está embargado o no”. Stéphane Salies, por su parte, invoca el “secreto profesional” y la clasificación de “defensa confidencial” para no responder con precisión a las preguntas sobre el contrato con Haftar.

Preguntado por sus conversaciones con el abogado Höft, Salies indicó que quiso “encontrar una solución para poder hacer la entrega legalmente”. Afirmó también que “el material está en un hangar” en Dubái “a la espera de las licencias de exportación para poder entregarlo”. “Lleva pendiente más de tres meses, lo que demuestra claramente que estoy esperando la licencia”, insistió.

Pero en un breve informe los gendarmes son categóricos: “Esta transacción se hace bajo embargo, pasando por varios países, para evitar restricciones”. Y dicen que estos hechos están “constatados” en sus investigaciones.

Preguntados por Mediapart, Stéphane Salies y su colaborador Olivier Bohbot respondieron que “ninguno de los equipos [...] fue entregado a la Libia del mariscal Haftar”. Se negaron a hacer más comentarios sobre sus actividades en el país.

El 22 de junio de 2021 a las 14:33 la vida del candidato a la presidencia egipcia Ayman Nour ya no tiene secretos para los servicios secretos de su país. Su teléfono acaba de ser infectado con Predator, un programa espía, similar a su competidor israelí Pegasus, que es capaz de succionar todos los datos del móvil y convertir el aparato en un chivato, activando el micrófono y la cámara. Ayman Nour cometió el error de hacer clic en un enlace malicioso recibido por WhatsApp, que remitía a un artículo de prensa falso redactado especialmente para él: “Turquía pide a los canales de televisión de la oposición egipcia que dejen de criticar a Egipto”.

Desde que huyó de su país justo después del golpe de Estado de 2013 que llevó al poder al dictador Abdulfatah al-Sisi, este excandidato presidencial, conocido por sus posiciones laicas y su defensa de los derechos humanos, se exilió en Turquía, donde dirige El Sharq TV, un canal de televisión crítico con el régimen egipcio.

Primero notó extraños fallos en su teléfono. Pero, cuando un canal de televisión egipcio reveló algunas de sus conversaciones privadas, empezó a temer por su vida. El Citizen Lab de la Universidad de Toronto, que se ha dedica a investigar las relaciones entre nuevas tecnologías y derechos humanos, probó su dispositivo y confirmó sus temores: Ayman Nour era, en efecto, víctima de Predator.

Predator Files, una investigación basada en documentos confidenciales obtenidos por Mediapart y Der Spiegel, y coordinada por la red European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre, con la asistencia técnica de Amnistía Internacional, revela que el grupo francés Nexa vendió el programa espía Predator, desarrollado por la empresa israelí Intellexa, al menos a tres autocracias: Egipto, Vietnam y Madagascar.

Los documentos a los que ha tenido acceso EIC prueban que Egipto compró por 9,4 millones de euros, en el verano de 2021, el software Predator de Intellexa, una compañía basada principalmente en Europa, pero pilotada por exprofesionales de los servicios secretos israelíes. En 2019, Intellexa selló una alianza con el grupo francés Nexa, que lleva años en el punto de mira de dos investigaciones judiciales por “complicidad en torturas” relacionadas con la venta de sistemas de vigilancia masiva por Internet a Libia y Egipto.

Jueces instructores y gendarmes de la Oficina Central de Lucha contra los Crímenes contra la Humanidad y los Crímenes de Odio (OCLCH) de Francia han descubierto que fueron directivos de Nexa quienes cerraron la venta de Predator a los servicios secretos del mariscal Al-Sisi. “¿Quieres ir a juicio y que salga en la prensa [la existencia del contrato de Predator]? ¡Estáis locos! [...] Si volvemos a las andadas, estamos acabados, estamos muertos”, advirtió el director de Nexa, Stéphane Salies, el 3 de junio de 2021 en una conversación telefónica.

Salies también admite entonces que es perfectamente consciente de que sus clientes pueden hacer “casi cualquier cosa” con los programas de pirateo telefónico vendidos por Intellexa, visto “lo que pasó en Arabia Saudí” con el asesinato del periodista [Jamal] Khashoggi”. “Puede hacer mucho daño. [...] Basta con uno o dos errores y nos llevaríamos un fuerte bumerán en la cabeza”, avisa, claramente más preocupado por los riesgos para su negocio que por las víctimas como Ayman Nour.

Pero los Predator Files van mucho más allá del caso egipcio. Revela los métodos sin escrúpulos utilizados por las empresas que integran la alianza Intellexa/Nexa para vender potentes herramientas de vigilancia a países autoritarios como Vietnam, Madagascar, Emiratos Árabes Unidos y Qatar. Incluso burlando la ley, como hizo Nexa al firmar en 2020 un contrato con el mariscal Haftar en Libia, violando el embargo de armas a un régimen no reconocido por la comunidad internacional.

Hace dos años, el escándalo Pegasus, revelado por Forbidden Stories, mostró cómo se utiliza la piratería telefónica para espiar a opositores, periodistas y activistas de derechos humanos. Y cómo Israel utilizó Pegasus para sanear su relación con las dictaduras.

Con los Predator Files le toca ahora el turno a Europa. Intellexa se jacta en su página web de que el grupo está “regulado por la Unión Europea”, como garantía de limpieza. En realidad, por cinismo y para no dejar el campo libre a estadounidenses e israelíes, los gobiernos europeos hacen la vista gorda ante los excesos de sus empresas de cibervigilancia.

En Francia, donde Nexa gozaba de excelentes relaciones con los servicios secretos y los ministerios, la empresa incluso tenía acceso al presidente Emmanuel Macron, y utilizó a su antiguo asesor Alexandre Benalla como intermediario para intentar vender sus productos a Arabia Saudí, a pesar del asesinato de Jamal Khashoggi.

Europa se ha convertido en un refugio seguro para los vendedores de programas espía, así como en una “plataforma para su exportación a dictaduras y regímenes opresores”, según denunció el pasado mes de mayo el informe de investigación de la comisión PEGA del Parlamento Europeo, creada a raíz del caso Pegasus. El 18 de julio, el Gobierno estadounidense incluyó a Intellexa en su lista negra. Pero el informe de la comisión PEGA no suscitó ninguna reacción en Europa.

La investigación de EIC demuestra que si Nexa y su aliado Intellexa han podido prosperar es gracias a la pasividad, incluso la complicidad, de varios países europeos, a pesar de los numerosos escándalos. En 2022, Intellexa fue condenada en Chipre por recopilación ilegal de datos. Unos meses más tarde, estallaba en Grecia el escándalo Predatorgate, tras revelar la prensa que los servicios secretos habían infectado los teléfonos de decenas de personalidades, entre ellas políticos de la oposición y periodistas.

En Francia, gracias a los esfuerzos de dos ONG se abrieron dos investigaciones judiciales desde 2013, que desembocaron en la inculpación por “complicidad en torturas”, en junio de 2021, de Nexa y sus principales directivos. Muchos de los documentos en los que se basa Predator Files proceden de esas investigaciones. Los responsables de la empresa niegan los hechos de los que se les acusa. “En mi alma y en mi conciencia intento hacer el bien”, declaró el dueño de Nexa cuando le interrogaron los gendarmes.

A pesar de todos los esfuerzos realizados por los medios de EIC y sus socios en esta investigación por ponerse en contacto con los directivos de Intellexa, éstos no han respondido. Los responsables de Nexa enviaron una respuesta general denunciando “acoso mediático y judicial”. Dicen que siempre han respetado “escrupulosamente la normativa”. Aunque admiten haber vendido a países que “distaban mucho de ser perfectos desde el punto de vista del Estado de Derecho”, precisan que a menudo se trataba de una consecuencia de las “opciones políticas” de Francia: “En varios de los países conflictivos que menciona, no sólo obtuvimos el permiso de exportación, sino que nos limitamos a seguir la vía de la estrecha cooperación iniciada por Francia con esos mismos países”.

Las empresas y personas implicadas en la investigación impugnan los hechos que se les imputan y se benefician de la presunción de inocencia.

Todo empezó con Amesys, la antecesora de Nexa. En 2007, la empresa desarrolló para el dictador libio Muamar El Gadafi el software Eagle, el “primero del mundo” capaz de vigilar Internet “masivamente a escala de todo un país”, según presume un folleto de la propia compañía.

Oficialmente, se trata de luchar contra el terrorismo. En realidad, la Justicia francesa sospecha de que el objetivo era localizar, detener y torturar a los opositores. Los gendarmes encargados de la investigación judicial señalan que las propuestas hechas a los países clientes son “siempre muy explícitas en el aspecto de la interceptación masiva”. Por ejemplo, un folleto comercial detalla las preguntas a las que puede responder la vigilancia de Eagle: “¿Cuál es la vida digital de su población? Contactos, amigos, proveedores, socios... ¿Quién está en contacto con quién en su país?”.

Según un documento interno, Francia adquirió el sistema en 2007. Sin embargo, no se sabe con qué fin ni qué servicio lo ha utilizado. En cuanto a los primeros clientes a los que se exportó, se trata, como reveló el sitio Reflets.info, principalmente de dictaduras amigas de Francia, como Guinea, Marruecos y Gabón.

Eagle también se vendió a varios regímenes apreciados por el presidente Nicolás Sarkozy, en un contexto de casos de corrupción: Qatar, poco antes de la atribución de la Copa del Mundo de fútbol, el Kazajstán de Nursultan Nazarbayev, en la época del Kazakhgate, y Libia. La venta de Eagle es considerada por la Justicia francesa como una de las contrapartidas concedidas por Nicolas Sarkozy al coronel Gadafi en la supuesta financiación libia de su campaña electoral de 2007 por la que está siendo juzgado.

En 2011, tras la guerra en Libia y la muerte de Gadafi, la prensa reveló la existencia del sistema Eagle. La Liga de Derechos Humanos (LDH) y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) presentaron una denuncia. Batallaron durante dos años contra la fiscalía, visiblemente deseosa de enterrar el caso, antes de conseguir la apertura de la investigación judicial por complicidad en tortura. El escándalo puso de rodillas a Amesys: los directivos recibieron correos electrónicos insultantes, los bancos cerraron sus cuentas, la empresa no podía contratar personal.

Así que dos de sus directivos, Stéphane Salies y Olivier Bohbot, se libraron entonces con una hábil maniobra: en 2012 crearon una nueva empresa llamada Nexa, que compró el software Eagle, y lo rebautizaron como Cerebro.

Tras este sencillo ajuste, todo vuelve a ser como antes. Un documento interno muestra que, ya en 2014, Nexa consiguió contratos con varios ministerios franceses y con la DGSE –los servicios franceses de inteligencia exterior–, lo que también ayudó a la empresa a vender sus productos en el extranjero.

Nexa desarrolla sondas que interceptan voz, tráfico de internet, teléfonos por satélite, así como IMSI catchers, unos dispositivos capaces de captar teléfonos móviles en un radio de unos cientos de metros. Todos estos sistemas pueden conectarse a Cerebro, que analiza todas las interceptaciones para lograr una “vigilancia global” digna del Gran Hermano, detalla Nexa en un aterrador folleto promocional.

Es una historia de éxito. Según documentos internos analizados por Mediapart, Nexa obtuvo, entre 2012 y 2021, al menos 30 contratos en más de 20 países. Hay democracias europeas –Suiza, Austria, Alemania, también España–, pero la mayoría de los clientes son regímenes autoritarios o problemáticos: Omán, Qatar, Congo Brazzaville, Kenia, Emiratos Árabes Unidos, Singapur, Pakistán, Jordania, Vietnam...

Preguntados al respecto por EIC, Stéphane Salies y Olivier Bohbot responden que “nunca hubo contrato y/o entrega” con algunos de estos países, sin precisar cuáles.

Durante su detención policial, los dirigentes de Nexa aseguraron que actuaban en la más estricta legalidad. “No juzgo la naturaleza democrática del cliente, confío en el gobierno que me autoriza a vender”, declaró el número tres del grupo, Renaud Roques. “Nuestras soluciones están sujetas a autorización, que examinan las autoridades francesas”, añadió el copropietario y número dos de Nexa, Olivier Bohbot.

La policía intentó comprobarlo. En julio de 2021, pidieron al SBDU, el organismo dependiente del Ministerio de Economía francés que expide las licencias de exportación, todos los permisos concedidos a Nexa en los últimos 10 años. El SBDU sólo informó de tres, para Egipto, Qatar y Singapur.

¿Cómo es posible? Predator Files demuestra que el grupo eludió a las autoridades francesas obteniendo licencias en otros países, en particular de los Emiratos Árabes Unidos (EAU).

Cuando refundó el grupo en 2012, Stéphane Salies creó en realidad dos empresas: Nexa, en París, y Advanced Middle East Systems, en Dubái, uno de los Emiratos. Oficialmente, las dos empresas no tienen ninguna relación. En realidad, son empresas hermanas, y Advanced Systems era simplemente una “oficina de ventas” de Nexa, según aparece en sus documentos internos.

Los directivos de Nexa afirman haber creado una oficina en Dubái por razones de “proximidad con los clientes”. Un documento interno menciona más bien las ventajas “fiscales” y “estratégicas”: “Sin impuesto de sociedades, sin cargas sociales, [...] sin más problemas con la prensa, más flexibilidad en los procedimientos de exportación”.

El jefe de Nexa, Stéphane Salies, es aún más explícito en una carta de 2014 enviada al ISI, el servicio de inteligencia de Pakistán: “Las autoridades de la Unión Europea han reforzado las futuras restricciones a la exportación de tecnologías cibernéticas y de interceptación. [...] Afortunadamente, para Advanced Systems, estos problemas [...] están completamente eliminados. Toda nuestra propiedad intelectual pertenece al 100% a nuestra entidad en los Emiratos Árabes Unidos, por lo que no hay [...] riesgo de que se deniegue una licencia de exportación”.

Un portavoz del Gobierno emiratí asegura a EIC que es “categóricamente falso” que haya concedido “licencias de exportación para vender programas espía”. “Los Emiratos Árabes Unidos niegan rotundamente cualquier acusación de que haya facilitado la venta de cualquier sistema de vigilancia a cualquier país”, subraya. “Los Emiratos", añade, “disponen de un marco legal de control de las exportaciones y supervisan continuamente la exportación de productos de doble uso”.

El grupo francés elige vender desde Nexa o Advanced Systems “dependiendo del país receptor”, señalan los gendarmes. En 2015, un gerente de la firma gala creía que una solicitud de licencia “iba a quedar bloqueada”. “No, aquí no, lo vendo desde Advanced Systems”, respondió su comercial con oficina en Dubái. Según una auditoría interna de los procedimientos de exportación, el acuerdo de licencia entre Nexa y Advanced Systems se envió a la SBDU, que “nunca puso objeciones a su contenido”. En otras palabras, el Ministerio de Economía parece haber autorizado de facto a Nexa a exportar desde Dubái, sin ningún control por parte de Francia.

Un ejemplo parece confirmar que el Gobierno francés hizo la vista gorda ante esta trama: el megacontrato celebrado en 2014 con Egipto. El año anterior, un golpe militar había derrocado al presidente electo Mohamed Morsi, de los islamistas Hermanos Musulmanes. El Gobierno de los Emiratos, opuesto a la Hermandad, decidió ofrecer al nuevo dictador, el mariscal Sisi, tecnologías made in France para consolidar su poder: un sistema de vigilancia masiva de las comunicaciones de voz, suministrado por Ercom –hoy filial de la también francesa Thales–, así como el software Cerebro de Nexa para la vigilancia de internet, facturado por 15,6 millones de euros.

Fue Nexa la empresa que ejecutó el contrato de principio a fin. Pero en su solicitud de licencia al SBDU, la firma francesa indica que no vendió nada y que se limitó a prestar “servicios” a Advanced Systems para instalar el sistema en Egipto. El SBDU lo validó, a pesar de que el ministerio conocía los vínculos entre ambas empresas.

En un correo electrónico enviado a los gendarmes, el director del SBDU, visiblemente avergonzado, se justificó indicando que, a diferencia de la venta de material de vigilancia, la prestación de “servicios” no está regulada; por tanto, no está sujeta a licencia y no puede prohibirse “por razones vinculadas, por ejemplo, a los derechos humanos”.

“La creación de nuestras empresas nunca tuvo por objeto eludir la legislación”. francesa, responden Stéphane Salies y Olivier Bohbot a Mediapart. “La reglamentación emiratí en materia de exportación es la misma que en la Unión Europea (los acuerdos de Wassenaar) y ya hemos recibido denegaciones de [licencias de] exportación de esta administración”, añaden.

El diagnóstico que hace la policía es serio. En un sucinto informe, considera que las solicitudes de licencia de Nexa no son lo suficientemente específicas “sobre los materiales o servicios suministrados”, en particular en lo que se refiere a las capacidades de vigilancia masiva de Cerebro. “También es importante señalar que el SBDU no solicita ninguna información adicional a estas solicitudes y acepta la mayoría de las solicitudes de Nexa “, concluyen. Contactado por Mediapart, el SBDU se negó a responder a sus preguntas.

En cualquier caso, los documentos internos a los que EIC ha tenido acceso sugieren que Nexa no parecía preocupada ni por los derechos humanos ni por el estricto cumplimiento de la normativa. Durante el tiempo en que permaneció bajo custodia, Stéphane Salies aseguró que se negaba a vender a las peores dictaduras: “Por ejemplo, si la petición fuera para Birmania [antiguo nombre de Myanmar], la respuesta sería: no, no vendería”. Los gendarmes, sin embargo, encontraron un proyecto llamado Migale con Myanmar.

En Advanced Systems, los vendedores disponían incluso de una “prima excepcional” equivalente al “4% del margen generado” si conseguían vender a tres “países de riesgo”: Irak, Afganistán y Libia, aun cuando este último país está sometido a un embargo internacional de armas. Lo que no impidió a Nexa vender material de vigilancia al mariscal Haftar, que gobierna en el este de Libia y cuyo poder no es reconocido por la comunidad internacional. Este contrato se firmó en 2020, a pesar de que la empresa francesa no había solicitado licencia.

En Nexa, las licencias de exportación las gestiona Aline B., la secretaria de Stéphane Salies. En 2015 su superior le dijo, durante su entrevista de evaluación, lo que se esperaba de ella: “Actúa como salvaguarda de las exportaciones siendo lo más inteligente posible. Contamos contigo para guiarnos, pero tu papel también es encontrar soluciones”.

El mensaje se recibe alto y claro. En octubre de 2017, el número tres de Nexa, Renaud Roques, quiso enviar un IMSI catcher a Arabia Saudí para una demostración. Para ello necesita una licencia de exportación temporal, de la que no dispone. Aline B. le responde que tiene autorización para Kenia. “Vas a Kenia con él y luego vas a Arabia Saudí. [...] Si quieres una solución, aquí la tienes”.

En 2016, Renaud Roques contó cómo se disponía a volar a Argel con una sonda de vigilancia de Internet como “equipaje facturado”, mintiendo sobre su naturaleza: “Simplemente declaramos un servidor”. Dos años más tarde, Stéphane Salies quería que uno de sus comerciales hiciera una demostración en Vietnam sin licencia. Aline B. le respondió que eso era imposible. “A menos que te arriesgues con el equipaje de mano, cosa que ya hemos hecho muchas veces”, replica su jefe.

Stéphane Salies y Olivier Bohbot no contestaron a las preguntas de EIC sobre estos casos concretos, aunque indicaron que sus empresas “respetaban escrupulosamente la normativa de exportación”.

Pero surge una nueva amenaza. En 2017, la revista francesa Télérama reveló la existencia del contrato firmado tres años antes con Egipto. La Liga de Derechos Humanos y la Federación Internacional de Derechos Humanos presentaron una nueva denuncia, que desencadenó la apertura de una segunda investigación judicial por complicidad en torturas.

Stéphane Salies y Olivier Bohbot contestan al respecto que, al haber obtenido “una autorización del SBDU”, consideraban que Cerebro “podía exportarse con total normalidad”: “Tanto más en el caso de un país como Egipto, con el que las autoridades francesas ensalzaban una intensa cooperación. [...] No se puede, por una parte, autorizar y animar a una empresa a concluir un contrato con un Estado y, algunos años más tarde, perseguirla penalmente por haber concluido precisamente este contrato”.

Para Stéphane Salies, las denuncias judiciales ya son demasiado: dimite de su cargo de director general de Nexa, dejando las riendas a su socio, Olivier Bohbot. Salies sólo conserva su cargo como jefe de Advanced Systems. En 2018, se trasladó a Dubái “por problemas con los medios de comunicación”, declaró luego a la policía.

Bajo el sol de Emiratos, Stéphane Salies vive a lo grande. Gana 25.000 euros al mes y conduce un Porsche Macan y un Mercedes GT, adquiridos por 170.000 euros. También invirtió más de seis millones de euros en tres propiedades, entre ellas una casa de cuatro millones en las afueras de París y una villa de 1,5 millones en Dubái.

Además, la nueva investigación judicial no perjudica las buenas relaciones de Nexa con el poder. El número tres del grupo, Renaud Roques, participó en la campaña presidencial de Emmanuel Macron en 2017. Casualmente, dos meses después de las elecciones, la Secretaría General de Defensa y Seguridad Nacional (SGDSN) autorizó a Nexa a “celebrar contratos [...] a nivel confidencial de defensa” con el GIC, el organismo dependiente del gabinete del primer ministro francés que supervisa las escuchas telefónicas realizadas por los servicios secretos, al margen de procedimientos judiciales.

Un año más tarde, Nexa consiguió una reunión con Emmanuel Macron y su polémico –y condenado– consejero Alexandre Benalla, y luego pidió a este último que le ayudara a vender sus productos a Arabia Saudí. Ni el Elíseo ni la SGDSN ni Alexandre Benalla han respondido a EIC sobre estos asuntos. Renaud Roques tampoco ha contestado. Stéphane Salies y Olivier Bohbot indican que no pagaron a Alexandre Benalla ni firmaron ningún contrato gracias a él.

En 2019, Nexa adquirió a uno de sus competidores, Trovicor. Son pájaros con el mismo plumaje: esta empresa, antes alemana, trasladó su sede a Dubái tras quedar al descubierto por vender sistemas de vigilancia a dictaduras como Irán y Siria. El grupo francés aprovechó la ocasión para rebautizarse como Trovicor Intelligence, con la esperanza de olvidar el nombre de Nexa, manchado por la investigación judicial sobre el contrato egipcio.

Convertida en un peso pesado europeo, Nexa está en su cénit. Al menos, en apariencia. Porque, en realidad, el año 2018 fue catastrófico para el grupo: su facturación se dividió por tres en un año, pasando de 23 a ocho millones de euros. El problema es estructural: debido al desarrollo de la encriptación en internet, Cerebro, su producto estrella, se está quedando ciego. No puede leer los mensajes cifrados. Así que Nexa debe entrar en un nuevo mercado, popularizado por la empresa israelí NSO y su software Pegasus: el hackeo de teléfonos móviles.

La salvación de Nexa vendrá de la mano de un israelí: Tal Dilian. Este antiguo oficial tiene 25 años de carrera en el Tsahal, las fuerzas armadas de Israel, primero en los comandos y luego como jefe de la mítica Unidad 81, donde trabajan los hackers de élite de la inteligencia militar israelí. Obligado a abandonar el ejército en 2003 tras ser acusado de malversación de fondos, Tal Dilian se lanza al negocio de la vigilancia. Y se establece en Europa para no estar sometido a los controles del Gobierno israelí.

El exoficial se instala primero en Chipre, donde en 2008 cofunda la empresa Circles, experta en geolocalizar teléfonos móviles. Circles acabó fusionándose con NSO, la creadora de Pegasus, tras su reventa en 2014 por 130 millones de dólares. Con varios inversores, entre ellos su amigo Oz Liv –también exjefe de la Unidad 81– y el empresario israelí Meir Shamir, funda el grupo Aliada, registrado en las Islas Vírgenes Británicas. Entre las empresas que lo forman está Wispear, con sede en Chipre y especializada en infiltrarse en teléfonos vía wifi.

En 2018, Tal Dilian adquiere la nacionalidad maltesa, lo que le permite vivir en la Unión Europea. Ese mismo año, su grupo se hace con el control de Cytrox, una start-up especializada en hacking y fundada por israelíes y un húngaro en Macedonia del Norte, un pequeño país balcánico situado al norte de Grecia.

Cytrox se encontraba entonces al borde de la quiebra. Pero gracias a los fondos aportados por inversores alemanes, Tal Dilian y sus hombres consiguen comprar fallos de seguridad; es decir, vulnerabilidades presentes en el código informático del software que hace funcionar los teléfonos móviles y que permiten hacerse con su control. Así es como Cytrox consigue crear el formidable Predator.

Sin embargo, es menos potente que su competidor Pegasus, que infecta en zero-click, sin que sea necesaria ninguna acción del usuario. Predator inicialmente sólo funcionaba en one- click, si el objetivo hacía clic en un enlace malicioso.

Un documento de los Predator Files muestra que Nexa comenzó a cooperar ya en 2018 con Tal Dilian para resolver este problema. Los dos grupos desarrollaron una “furgoneta de pirateo”. Gracias a la tecnología wifi de Wispear y a un potente IMSI catcher proporcionado por Nexa, la furgoneta puede inyectar Predator en teléfonos en modo zero-click, en un radio de aproximadamente 500 metros. En el sector, es el santo grial. “Zero-click, creo que eso es lo que impulsa las ventas hoy en día”, dice el número tres de Nexa, Renaud Roques, por teléfono.

En febrero de 2019, un comunicado de prensa anuncia el lanzamiento de Intellexa, una “alianza” entre Nexa y el grupo de Tal Dilian. Su ambición es crear un líder europeo, capaz de ofrecer a los gobiernos todas las herramientas de vigilancia posibles. Seis meses más tarde, Tal Dilian declaraba, en una entrevista a la revista Forbes, que la empresa tenía como objetivo unas ventas anuales de 500 millones de dólares. En cuanto a las ventas a dictadores, afirmaba, como los traficantes de armas, que la culpa es de los clientes: “Trabajamos con los buenos. Y a veces los buenos no se comportan”.

Entonces Tal Dilian organiza, para los periodistas de Forbes, una demostración filmada de su furgoneta en una calle de Larnaca, en Chipre. “Los rastrearemos, los interceptaremos, los infectaremos”, dice refiriéndose a dos colegas apostados en el exterior. Unos segundos después, el contenido de uno de los teléfonos aparece en una pantalla dentro de la furgoneta.

El vídeo provocó un escándalo. Las autoridades chipriotas confiscaron la furgoneta y abrieron una investigación. A la empresa de Tal Dilian se le impuso una simple multa por haber robado los datos de 600 personas. El israelí abandona inmediatamente el país y establece su nueva sede en Grecia.

Los documentos de una demanda interpuesta por uno de sus antiguos socios en Israel, muestran, además, que posteriormente hizo sus actividades aún más opacas.

En el verano de 2020, su grupo cambió de nombre a Intellexa, y las sociedades operativas se transfirieron a una empresa irlandesa llamada Thalestris. Los accionistas se ocultan tras un apoderado suizo, Andrea Gambazzi, un proveedor de servicios financieros con sede en Lugano. La directora de la empresa matriz del grupo es ahora Sara Hamou, una abogada polaca que no es otra que la socia de Tal Dilian. Oficialmente, el antiguo oficial israelí ya no es el director, sino un simple “consejero” de Intellexa.

EIC ha encontrado su rastro en Suiza, en Champéry, un encantador pueblo de montaña del cantón francófono de Valais, a seis kilómetros en línea recta de la frontera francesa. Varias pistas atestiguan su presencia: invirtió en una empresa local de taxis en 2019 y el periódico municipal anunció en noviembre de 2021 el nacimiento de su hijo. En su chalé, un letrero de madera grabada reza Chez Dilian (Casa Dillian). Pero cuando los reporteros de EIC llamaron a su puerta, no estaba.

Nadie sabe con exactitud dónde vive el ex oficial israelí. En los grupos de WhatsApp creados en 2020 con los franceses de Nexa, utilizaba cuatro números de teléfono diferentes: dos israelíes, uno chipriota y otro suizo...

Para los franceses, la alianza con Tal Dilian es un regalo del cielo. Abren su libreta de direcciones para vender Predator en países donde Intellexa no “dispone de los recursos y contactos necesarios”, explicó un ejecutivo de Nexa a la policía. En 2020, los franceses han previsto “una semana completa en Macedonia”, donde tiene su sede la empresa Cytrox, la desarrolladora de Predator, “para formarse en las herramientas cibernéticas ofensivas de Intellexa y poder hacer demostraciones”.

Su primer cliente no es otro que Egipto, al que Nexa había vendido Cerebro en 2014. Mientras tanto, la feroz represión iniciada por el mariscal Al-Sisi –40.000 detenciones, 1.400 manifestantes muertos– ha sido denunciada en numerosas ocasiones por ONG de defensa de los derechos humanos, e incluso por el Parlamento Europeo. Dos informáticos de Nexa llegaron a dimitir en 2018 por “razones éticas”, porque temían que Cerebro se utilizara para perseguir a homosexuales.

Algo que no disuade en absoluto a Nexa. El 19 de septiembre de 2020, se creó un grupo de WhatsApp franco-israelí para preparar una demostración de Predator en El Cairo. Stéphane Salies, presiona: “Se trata de un cliente muy exigente con conocimientos especializados. [...] El primer pago está condicionado al éxito de la demo”.

Parece que la prueba fue un éxito. “Acabo de recibir un mensaje de nuestro agente diciendo que está firmado”, dice exultante Stéphane Salies el 31 de diciembre de 2020, en un mensaje con cuatro emojis de botellas de champán. “¡¡¡Genial!!! Feliz año nuevo”, responde Tal Dilian.

Según un documento interno, el contrato fue suscrito por Advanced Systems, empresa hermana de Nexa en Dubái, por 9,4 millones de euros. No parece haberse solicitado ninguna licencia de exportación a Francia. El cliente es el TRD, siglas del Departamento de Investigación Técnica, la división cibernética de los servicios secretos egipcios.

El TRD no hizo un buen uso de Predator. En diciembre de 2021, el laboratorio canadiense Citizen Lab reveló que los teléfonos de dos egipcios habían sido hackeados con el programa espía de Intellexa: el candidato opositor Ayman Nour y el “presentador de un popular programa de noticias” que deseaba permanecer en el anonimato.

Para entonces, los dirigentes de Nexa parecían perfectamente conscientes de los abusos que los regímenes autoritarios pueden perpetrar con Predator. El 3 de junio de 2021, Stéphane Salies indicó a su colega Renaud Roques que, para limitar los riesgos, la venta del software de infección debía ser realizada exclusivamente por la entidad Advanced Systems de Dubái: “Vamos a utilizar Advanced sólo para eso ahora”.

Salies usa el ejemplo de “lo que pasó en Arabia Saudí, hicieron un poco de lío, entre Bezos y Khashoggi”. El dueño de Amazon, Jeff Bezos, había asegurado que su teléfono había sido hackeado por los saudíes. En especial, se encontraron rastros de infección en los teléfonos de los familiares de Jamal Khashoggi, el periodista brutalmente asesinado y descuartizado en 2018 en Estambul por los servicios secretos saudíes.

Stéphane Salies teme que sus propios clientes hagan lo mismo: “Puede hacer mucho, mucho daño. [...] Aunque el 90% de las veces se haga por [...] una buena causa. Basta una o dos meteduras de pata para que el bumerán te dé de lleno en la cabeza”. Pero eso no le impidió vender Predator al menos a otros dos regímenes autoritarios, Vietnam y Madagascar, en condiciones muy problemáticas.

Stéphane Salies y Olivier Bohbhot contestan ahora a EIC que su empresa Advanced Systems sólo actuó “como distribuidor/intermediario” en estos contratos y no tuvo que pedir licencia en los Emiratos: “Correspondía al fabricante del sistema solicitar las autorizaciones de exportación”.

Documentos fechados en 2020 y enero de 2021 muestran que Nexa también estaba tratando de vender software espía Intellexa en ese momento a, al menos, otros siete países, entre ellos Arabia Saudí, Qatar, Libia, Camerún, Malasia y Mauricio. No está claro si estos contratos se celebraron finalmente.

En Sierra Leona, la oferta se refería a la famosa furgoneta de pirateo, capaz de infectar teléfonos con Predator en modo zero-click. Precio propuesto: 24 millones de euros con todas las opciones. Nexa también realizó una campaña de 10,5 millones para la “extracción ofensiva de datos” en Irak, un país muy problemático dada la influencia que ejerce allí Irán.

Las escuchas telefónicas de los gendarmes también revelan que, a pesar de sus éxitos comerciales, había problemas en el paraíso de Nexa e Intellexa. En el centro del conflicto están los precios que cobran los israelíes por Predator. “En este país, son todos iguales [...] es un infierno”, se queja Stéphane Salies por teléfono. “Ya sé qué libro te voy a regalar para tu próximo cumpleaños, [...] uno que empieza por “mein” [el libro Mein Kampf, de Adolf Hitler]”, responde su colaborador Renaud Roques.

“A lo largo de mi carrera, cada vez que he tratado con israelíes, al final las cosas siempre han ido mal. [...] Tengo muchos amigos judíos con los que las cosas van bien, pero malditos sean los israelíes en los negocios...”, se justifica el dueño de Nexa. Cuando su colega sugiere atacar a Intellexa por el contrato egipcio, Stéphane Salies estalla: “¿Quieres ir a juicio y que salga en la prensa? Estás loco. [...] Oh no, si volvemos a las andadas, estamos acabados, estamos muertos”.

El 15 de junio de 2021, dos semanas después de esta conversación, los gendarmes registran la sede del grupo y los domicilios de sus principales ejecutivos. Al mismo tiempo, son interrogados bajo custodia policial. Algunos de ellos, incluido Stéphane Salies, son acusados de complicidad en torturas por la venta de Cerebro a Libia en 2007 y a Egipto en 2014.

En el caso egipcio, el tribunal de apelación anuló las acusaciones un año después, en particular porque la investigación no pudo demostrar que los opositores al régimen del mariscal Al-Sisi fueran torturados a raíz de la información recogida con Cerebro. La investigación sobre la venta de Predator a Egipto en 2020 sigue abierta.

Mientras estaba bajo custodia policial, Salies negó haber cometido delito alguno: “Es extremadamente chocante para mí encontrarme aquí y tener que responder a esta acusación. [...] Sigo firmemente convencido de que [la vigilancia] funciona por el bien general, para salvar vidas”.

El director de operaciones de Nexa, Rudy Richard, abogó por el patriotismo económico: la tecnología de Nexa “puede utilizarse para el bien o para el mal, pero no creo que la solución sea prohibirla. Porque si la prohibimos, serán los estadounidenses o los israelíes quienes lo hagan”.

Entrevistado como testigo, Nicolas Deckmyn, un ingeniero que dejó Nexa en 2019, ofreció una versión muy diferente: “Viví con ese peso durante todos esos años, el caso de conciencia era enorme [...] Después de muchos años, comprendí que nada cambiaría en términos de legislación para las herramientas de inteligencia vendidas a ciertos países no democráticos”.

Tras ser acusados por la Justicia francesa, Stéphane Salies y Olivier Bohbot anunciaron que tiraban la toalla. Boss Industries, el principal holding del grupo Nexa, vendió, a partir de diciembre de 2021, su filial francesa Serpikom –especializada en escuchas forenses–, el negocio de Nexa y parte de su tecnología al grupo francés Chapsvision.

“El impacto reputacional ha sido devastador con nuestros clientes, uno tras otro han puesto a Nexa Technologies en la lista negra, así como los bancos pidiendo el cierre de nuestras cuentas”, indica la empresa francesa en su último informe financiero. En marzo de 2023, Nexa pasó a llamarse RB 42 y anunció que abandonaba el negocio de la vigilancia para especializarse en ciberseguridad.

Pero su empresa hermana en Dubái, Advanced Systems, fue vendida por Boss Industries a sus propios gestores, el principal de los cuales es... Stéphane Salies. Además, Boss Industries también conserva el control de Trovicor, establecida igualmente en Dubái.

Ambas empresas siguen activas en la actualidad: la feria de hardware de vigilancia ISS World, celebrada en septiembre de 2023 en Singapur, fue patrocinada por Advanced Systems, y Trovicor organizó dos conferencias. EIC ha podido comprobar que las dos empresas han renovado recientemente su licencia comercial ante las autoridades de Dubái y que ocupan la misma oficina en un rascacielos de la ciudad.

Preguntados al respecto, Stéphane Salies y Olivier Bohbot indican que Trovicor sigue activa, pero que Advanced Systems está “en proceso de cese de actividad”. Ambos añaden que, tras los registros e imputaciones de junio de 2021, “denunciaron” los contratos vigentes vinculados a Predator, que transfirieron a Intellexa: “Nos dimos cuenta de que las autorizaciones concedidas no nos protegían suficientemente y no constituían ninguna garantía contra las violaciones de los derechos humanos”. También explican que desde entonces han puesto fin a su cooperación con Intellexa y han cesado completamente su actividad en el ámbito del software de hackeo telefónico.

Por su parte, Tal Dilian, el hombre fuerte de Intellexa, también se ha visto salpicado por un gran escándalo: el PredatorGate en Grecia, país en el que había instalado sus oficinas tras su salida de Chipre.

Desde abril de 2022, los medios de comunicación Inside Story y Reporters United revelaron que un servicio de inteligencia griego, el EYP, había infectado con Predator a 96 personas, entre ellas el periodista de investigación Thanasis Koukakis y el líder del Pasok, Nikos Androulakis.

El director del EYP y el secretario general del Gobierno dimitieron, pero no el primer ministro, el conservador Kyriakos Mitsotakis, a pesar de que el servicio de inteligencia depende directamente de su autoridad.

Finalmente se abrió una investigación judicial. Las oficinas griegas de Intellexa fueron registradas en diciembre de 2022. Pero hasta el momento no se han presentado acusaciones. La policía está bajo presión, ya que es probable que la investigación conduzca al primer ministro, reelegido el pasado mes de mayo.

A menos que la salvación venga de Bruselas: según el medio Euractiv, la fiscalía europea ha abierto una investigación sobre el caso, que este órgano no ha querido confirmar ni desmentir.

Así pues, Intellexa prosigue sus actividades discretamente. Una investigación técnica realizada por Citizen Lab concluyó a finales de 2021 que lo más probable es que Predator fuera utilizado por Armenia, Indonesia, Madagascar, Omán, Arabia Saudí y Serbia. Un nuevo informe que publicará próximamente Amnistía Internacional, y al que ha tenido acceso EIC, indica que el spyware también es utilizado por Kazajistán, Mongolia, Vietnam y Angola.

Y los abusos continúan. El 14 de septiembre, el político egipcio Ahmed Tantawi, candidato a las elecciones presidenciales previstas para finales de este año o principios de 2024, reveló que su teléfono había sido infectado con Predator. Justo cuando Tantawi se afanaba por obtener los 20.000 avales de ciudadanos egipcios necesarios para validar su candidatura, el político opositor denuncia que las autoridades se niegan a registrarlos. Durante ese proceso, y probablemente para castigar a Tantawi por haber denunciado el hackeo, el régimen egipcio ha detenido a 73 miembros de su equipo electoral, entre ellos cuatro abogados, según informó el 26 de septiembre la ONG Iniciativa Egipcia por los Derechos Personales.

Esto es lo que está haciendo Egipto con Predator. Un software de espionaje diseñado en Europa y vendido por una compañía francesa a los servicios secretos del dictador Abdulfatah al-Sisi.

Airbus acaba, definitivamente esta vez, con doce años de corrupción masiva. El tribunal judicial de París aprobó el miércoles un convenio judicial de interés público (CJIP) que permite al gigante aeronáutico europeo poner fin a su procesamiento en tres casos de corrupción, a cambio del pago de una multa de 15,8 millones de euros.

Airbus ya había concluido, en enero de 2020, un primer CJIP, por un importe récord de 3.600 millones de euros, que había sancionado sus "actos de corrupción sistémica" cometidos hasta 2015, como recordó Jérôme Simon, uno de los representantes de la Fiscalía Nacional Financiera (FNF). Iniciado por una auto-denuncia de Airbus, fue el mayor caso de corrupción industrial jamás visto en Europa, que destapó miles de millones de euros en sobornos distribuidos por el fabricante para vender sus aviones en todo el mundo.

Pero los tres casos cerrados el miércoles no pudieron incluirse en el primer acuerdo "por razones de procedimiento", explicó el fiscal financiero nacional, Jean-François Bohnert.

En efecto, estos nuevos hechos han salido a la luz, en paralelo a la investigación de la FNF sobre Airbus, gracias a tres diligencias judiciales llevadas a cabo por jueces de instrucción, entre ellas el Kazajgate, un caso de venta de helicópteros y satélites en el que está implicada gente cercana al ex presidente Nicolas Sarkozy, y el caso de la financiación libia de la campaña presidencial del mismo Nicolas Sarkozy.

Las asociaciones anticorrupción Anticor (Kazajgate) y Sherpa (financiación libia), partes civiles en estos casos, reclamaron y obtuvieron, respectivamente, 25.000 euros y 1 euro de indemnización.

En la comparecencia, la FNF trató de minimizar la importancia de este convenio, descrito como una "ampliación complementaria" del acuerdo de 2020, destinado a "purgar" las últimas escorias de una "época pasada". La empresa había despedido a muchos altos cargos y tuvo que someterse a un programa de control anticorrupción, que finaliza el próximo mes de enero.

Airbus se sale con la suya. La nueva multa de 15,8 millones de euros es inocua para el grupo. El grupo admite la corrupción, pero no su culpabilidad, por lo que podrá seguir beneficiándose de los contratos públicos.

Este es precisamente el objetivo del CJIP, importado en 2016 del derecho anglosajón, que permite sancionar financieramente a las empresas sin penalizarlas económicamente. El fiscal Bohnert volvió a elogiar las bondades de este procedimiento, señalando que ha aportado al Estado un total de 3.700 millones de euros en seis años.

Las asociaciones anticorrupción Anticor y Sherpa, en cambio, ven este sistema de justicia negociada como un problema. "Es una forma de renuncia a lo que constituye la verdadera justicia", ya que "no hay reconocimiento de culpabilidad ni inscripción en el registro de antecedentes penales", alegó Jérôme Karsenti, abogado de Anticor. Acusó a la FNF de defender el "interés público económico". "Por supuesto, económicamente es una joya, pero no hay ningún otro procedimiento en el que se halague a un acusado para justificar un procedimiento excepcional", añadió Vincent Brengarth, abogado de Sherpa.

Esto es, en cierto modo, lo que el actual fiscal general de EE.UU., Merrick B. Garland, dijo el pasado mes de marzo en un discurso crítico con el abuso de la justicia negociada: "La primacía del Derecho exige que no haya una norma para los poderosos y otra para los débiles; una norma para los ricos y otra para los pobres. Cuando la gente ve que los individuos se van de rositas mientras sus empresas pagan las multas, no puede evitar sentir que se ha violado este principio esencial.”

Esta justicia negociada, descrita por el jefe de la FNF como "justicia de adhesión", ofrece una última e inmensa ventaja a las empresas: la discreción.

El punto más llamativo de esta comparecencia de Airbus fue la ausencia total de declaración de los hechos de corrupción denunciados contra este fabricante. Los fiscales de la FNF elogiaron la "cooperación" de Airbus en la investigación, pero solo indicaron los países y periodos afectados por la corrupción, sin dar el más mínimo nombre ni el más mínimo detalle que pudiera dañar la reputación del fabricante. Cuando el presidente del tribunal, Stéphane Noël, preguntó a los abogados de Airbus si tenían algún comentario sobre los hechos, éstos respondieron: "Ninguno”.

Pero vale la pena detenerse en los hechos. En el caso de la financiación libia, Airbus ha reconocido, con la firma del acuerdo con la FNF, lo que altos ejecutivos de la empresa habían negado durante años: el pago de sobornos en la venta en 2006 de doce aviones al régimen de Gadafi.

En particular, el tribunal identificó, con documentos bancarios, dos millones de euros pagados a un intermediario ya imputado varias veces en el caso Sarkozy-Gadafi, el empresario Alexandre Djouhri. 

Los fondos, que los jueces consideran pueden constituir un delito de soborno, se abonaron tres semanas después de la celebración del contrato con Libia en una cuenta del banco UBS en Singapur. También se ha imputado a un ex directivo del grupo Airbus, sospechoso de haber realizado el pago.

Como reveló Mediapart, estas conclusiones judiciales formaban parte del marco general del asunto libio. El intermediario Alexandre Djouhri es, en efecto, sospechoso de haber estado detrás del pago, con el ex director del gabinete de Muammar Gadafi, dos años después, en 2008, de 500.000 euros a Claude Guéant, entonces mano derecha de Nicolas Sarkozy en el Elíseo.

Además, según el testimonio de antiguos directivos de Airbus, Claude Guéant presionó unos meses después a un directivo del grupo aeronáutico para que se pagaran fondos adicionales a su amigo Alexandre Djouhri por los aviones vendidos a Gadafi en 2006, además de los dos millones ya recibidos.

Aunque la investigación no estableció un vínculo causal absolutamente cierto, los jueces pudieron sin embargo rastrear el pago, en 2010 esta vez, de 4 millones de euros por parte de Airbus a una empresa del Líbano, cuyo beneficiario, Saleh J., es a la vez un íntimo de Saif al-Islam Gadafi (el hijo del antiguo dictador libio) y un conocido de Alexandre Djouhri. Los fondos se transfirieron inmediatamente a una empresa con sede en las Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal.

Al firmar el CJIP, Airbus también reconoce la corrupción en el extenso asunto Kazajgate, referido al pago de presuntos sobornos en el contexto de la venta por parte de Airbus de helicópteros y satélites a Kazajistán entre 2007 y 2012, bajo la presidencia de Nicolas Sarkozy.

En particular, Airbus admite, según ha revelado Mediapart, haber pagado una comisión secreta de 9,6 millones de euros al intermediario tunecino Lyès Ben Chedli, para facilitar la venta de satélites a Kazajistán. Este pago, que viola "los procedimientos de conformidad en vigor", sólo se realizó porque este intermediario estaba vinculado a "un empresario cercano al presidente kazajo", es decir, al dictador Nursultan Nazarbayev, subrayó el fiscal Jérôme Simon en la vista.

Airbus también reconoció irregularidades en sus relaciones con un senador en la época de los hechos, que fue imputado pero cuyo nombre no se mencionó en la vista. Se trata de Aymeri de Montesquiou, que ayudó a Airbus a vender 45 helicópteros a Kazajistán, aunque el grupo sabía perfectamente que eso era ilegal. "Puedes entender fácilmente que pagar los gastos de un senador es claramente contrario a la ley", escribió entonces un ejecutivo de Airbus, en un email revelado por Mediapart.

El ex senador también recibió cientos de miles de euros en comisiones secretas pagadas por estructuras discretas registradas en paraísos fiscales, sin que hasta hoy se sepa quién le pagó el dinero.

En el Elíseo, la operación kazaja, en la que también está implicado el oligarca Patokh Chodiev, fue validada por Nicolas Sarkozy y puesta en manos de su mano derecha, el "cardenal" Claude Guéant. Durante estas negociaciones, Patokh Chodiev entregó a su abogado, en una habitación de hotel en Zúrich, un maletín con 5 millones de euros en efectivo, "por Francia".

La maleta de dinero en efectivo fue transportada en coche a París. A pesar de las revelaciones de Mediapart en 2017 sobre la mentira del chófer (había asegurado en acta que había llevado el dinero a Niza), los beneficiarios aún no han sido identificados por la justicia.

"No he oído en la vista ningún nombre de los que han participado, mientras que este caso afecta a las más altas esferas del Estado", protestó el abogado de Anticor, Jerome Karsenti en la vista. Citó los nombres de varias personas cercanas a Nicolas Sarkozy que están siendo investigadas o asistieron como testigos en este caso, entre ellos el senador Aymeri de Montesquiou y el ex asesor del Elíseo Jean-François Étienne des Rosaies.

Es cierto que el CJIP sólo extingue el procedimiento contra la persona jurídica Airbus, y no contra las personas físicas, pero si los acusados son juzgados algún día ante un tribunal, "Airbus no estará allí", en la vista, dijo Karsenti.

Como parte civil en el caso Sarkozy-Gadafi, la ONG Sherpa, especializada en la lucha contra los delitos económicos, decidió aprovechar la firma de este nuevo acuerdo entre Airbus y la FNF para presentar una Cuestión Prioritaria de Constitucionalidad (CPC) y abrir así un frente de impugnación judicial contra las modalidades de justicia negociada en Francia, que la asociación Anticor también apoyó durante la vista.

Sherpa abogó por que las asociaciones anticorrupción autorizadas, a las que la ley da derecho a presentar denuncias y a actuar como parte civil en casos de atentado contra la honestidad, tengan al menos un derecho de recurso contra la celebración de acuerdos judiciales con las empresas, algo que la ley no les concede actualmente.

Estas asociaciones autorizadas sólo pueden, hasta la fecha, solicitar una indemnización. Pueden hacer observaciones durante la vista, pero sólo a título consultivo. No se les informa de las negociaciones entre la empresa y la fiscalía, y no tienen ningún recurso cuando el tribunal ha validado el acuerdo.

El abogado de Sherpa, Vincent Brengarth, considera que las modalidades de justicia negociada, tal y como se organizan en Francia, vulneran en gran medida el derecho de defensa de las víctimas en al menos tres puntos –igualdad de recursos, ausencia de vías de recurso, ámbito de aplicación demasiado amplio–, lo que la convierte en inconstitucional.

En este caso de Airbus, "ni siquiera se nos permitió consultar antes de la vista el acuerdo que la fiscalía les pide que validen", dijo el abogado Brengarth al tribunal. "Es contradictorio ofrecer la posibilidad a las asociaciones de iniciar un procedimiento, a veces por la inercia de la fiscalía, y luego negarles cualquier derecho de control sobre el resultado del procedimiento", argumentó. El asunto de la financiación de Libia se inició, de hecho, por una denuncia de Sherpa.

La asociación también señaló en su escrito una "falta de claridad" en el marco legislativo, que autoriza a la justicia, en nombre del principio legal de "conexidad", a aplicar la justicia negociada a delitos muy alejados de su misión principal: la lucha contra la delincuencia financiera.

El precedente del asunto Squarcini/LVMH así lo demuestra, según la ONG, que recuerda que, en este caso, se firmó un acuerdo entre la multinacional de Bernard Arnault y la fiscalía de París por hechos que encubrían violaciones de la intimidad, de las que fue víctima el diputado y periodista François Ruffin. "Todos los delitos y faltas cometidos por una empresa podrían calificarse como conexos y, por tanto, entrar en el ámbito de aplicación del CJIP", dijo el abogado de Sherpa.

La Fiscalía Nacional Financiera y Airbus argumentaron que la CPC defendida por las dos ONGs debería ser rechazada, con el argumento de que el Tribunal Constitucional ya ha dictaminado que los acusados y las víctimas pueden no tener los mismos derechos en los procesos, y que el único derecho de las víctimas es ser indemnizadas por su perjuicio.

El presidente del tribunal, Stéphane Noël, se negó finalmente a remitir la CPC al Tribunal de Casación para su examen, alegando que la ley no prevé que las víctimas sean parte en los CJIP, ni durante la negociación ni durante el proceso de validación.

Traducción de Miguel López

Los jueces encargados del asunto de la financiación libia, que ha llevado a procesar a un ex presidente de la República y a tres ex ministros –un hecho sin precedentes en Francia–, notificaron el viernes 21 de octubre a las partes que la investigación judicial habían llegado a su fin tras nueve años de instrucción, según varias fuentes, confirmando la información de L'Obs.

Conocido también como el asunto Sarkozy-Gadafi, el caso iniciado por el juez Serge Tournaire, y que ahora está en manos de la jueza Aude Buresi, se ha saldado con la imputación de Nicolas Sarkozy por cuatro presuntos delitos, que él niega: "corrupción", "asociación ilícita", "financiación ilegal de campaña electoral" y "encubrimiento de malversación de fondos públicos".

Al dar por concluida su investigación en este singular caso, la jueza Buresi pone fin a casi una década de extensas pesquisas, que han permitido a los distintos magistrados y policías de la Oficina Anticorrupción (OCLCIFF) que han trabajado en el caso ahondar en el corazón de las razones de Estado y sus secretos, rastrear su dinero oculto e identificar sus distintos compromisos, ya sean políticos, diplomáticos o económicos. 

Dos ex ministros del Interior, Claude Guéant y Brice Hortefeux, que niegan los hechos, están igualmente procesados por "asociación ilícita" y "financiación ilegal de una campaña electoral", habiendo sido Claude Guéant acusado también de otros numerosos cargos en el curso de la investigación como "corrupción", "blanqueo de capitales", "falsificación", etc.

El empresario Thierry Gaubert, antiguo colaborador de Nicolas Sarkozy, que resultó ser un eslabón perdido en el caso libio, también está siendo investigado por "asociación ilícita". Como tesorero de la campaña presidencial de 2007, cuyas cuentas están manipuladas según la investigación, el ex ministro de Presupuesto y Trabajo Éric Woerth (actual administrador de la Asamblea Nacional) también está siendo investigado por "financiación ilegal de una campaña electoral", lo que también niega. 

Según la ley francesa, todo acusado es presuntamente inocente. 

Durante la investigación, casi todos los imputados, entre los que destaca Nicolas Sarkozy, impugnaron la validez de sus acusaciones y/o denunciaron errores de procedimiento, aunque en vano: la sala de instrucción del Tribunal de Apelación de París y el Tribunal de Casación han validado en los últimos años cada etapa del procedimiento, consolidando así jurídicamente la investigación.

Con el anuncio del fin de las investigaciones, los imputados pueden ahora solicitar actos de investigación definitivos, que los jueces pueden sin embargo rechazar. Y la Fiscalía Nacional Financiera (PNF) dispone de tres meses para redactar su escrito de acusación definitivo, al término de los cuales el juez de instrucción decidirá si envía o no a todos o algunos de los imputados al tribunal penal para que sean juzgados.

Nicolas Sarkozy tiene una agenda muy cargada. El anuncio del fin de la investigación de Libia se produce un mes antes de la apertura, en París, de su recurso en otro caso, el Bismuth, en el que fue condenado en 2021 a tres años de prisión, uno de ellos de cumplimiento efectivo por "corrupción" y "tráfico de influencias".

El 23 de octubre, preguntado por Le Journal du dimanche (JDD) sobre la influencia de esos casos en su retirada de la política francesa, Sarkozy –que es administrador del grupo propietario del JDD– respondió que "ese era el objetivo, ¿no?", alimentando así la idea, como ya ha hecho muchas veces en el pasado, de una conspiración judicial totalmente inventada para perjudicarle. Incluso una vez comparó a la policía anticorrupción francesa con la Stasi de Alemania del Este, de siniestro recuerdo, en una columna en Le Figaro.

Pero como Mediapart lleva documentando desde 2011, fecha de nuestras primeras revelaciones, el asunto libio muestra hoy una realidad completamente distinta, alejada de los excesos comunicativos y de las teorías conspirativas del clan Sarkozy. Eso ha obligado incluso al ex jefe de Estado a desvincularse, en vano, de sus dos lugartenientes más cercanos, Claude Guéant y Brice Hortefeux, para escapar de las sospechas.

En el caso que nos ocupa, la investigación ha identificado dos redes de presunta malversación, cada una de las cuales responde a diferentes necesidades, en diferentes momentos, y orquestadas por diferentes personajes a los que modestamente se denomina "intermediarios" en los pasillos del poder. Pero para la justicia no son ni más ni menos que agentes de la presunta corrupción que trabajaron en beneficio de los mismos beneficiarios, Nicolas Sarkozy y su primer círculo.

Empresario franco-libanés Ziad Takieddine,  ya condenado en primera instancia en la parte financiera del asunto Karachi, es el primer "intermediario" en torno al cual se estructuró una de las dos redes del asunto Libia. Fue él quien abrió las puertas del régimen de Muammar Gaddafi al gabinete de Nicolas Sarkozy cuando éste aún era ministro del Interior. Fue él quien organizó con todo detalle, a partir de 2005, todos los viajes a Trípoli de Nicolas Sarkozy, Claude Guéant y Brice Hortefeux.

Según la investigación, el 6 de octubre de 2005, día de una visita relámpago de Nicolas Sarkozy a Libia, se estableció la posibilidad de un apoyo financiero del coronel Gadafi al futuro candidato presidencial de la derecha francesa.

Para acercar al equipo de Sarkozy a la dictadura libia, Ziad Takieddine utilizó una peligrosa baza: el cuñado de Gadafi y jefe de la inteligencia militar, un tal Abdallah Senoussi, condenado en 1999 a cadena perpetua por la justicia francesa por haber organizado el atentado contra un avión de la compañía UTA, en el que murieron 170 personas. Desde entonces, se ha emitido una orden de detención internacional contra él. 

Pero eso no impidió que, entre septiembre y diciembre de 2005, ni Claude Guéant, director del gabinete de Sarkozy, ni Brice Hortefeux, ministro encargado de las administraciones locales, se reunieran en secreto en Trípoli con Abdallah Senoussi, a espaldas de la embajada francesa, de los servicios secretos, sin traductor ni guardaespaldas, con la única compañía de Ziad Takieddine. Durante la investigación, varios diplomáticos y miembros de los servicios de inteligencia expresaron su asombro ante tales encuentros entre altos funcionarios franceses y un terrorista de Estado buscado por la justicia.

Ante los jueces, Senoussi (ahora detenido en Libia) y Takieddine (huido en el Líbano) afirmaron que el objetivo de estas dos reuniones ocultas era efectivamente financiar en secreto la campaña de Nicolas Sarkozy para las elecciones presidenciales de 2007. Tanto Guéant como Hortefeux negaron tales intercambios, siendo muy imprecisos sobre los motivos y la naturaleza exacta de su encuentro, que lo consideraron una trampa. Según sus versiones, la reunión se hizo dos veces, con tres meses de diferencia, sin que Claude Guéant ni Brice Hortefeux hablaran de ello ni dieran la voz de alarma en su administración, como demostró la investigación.

Las investigaciones revelaron, sin embargo, que pocos días después de la última reunión con Senoussi, éste transfirió, a principios de 2006, por mediación de Ziad Takieddine, 440.000 euros a una cuenta no declarada en Bahamas perteneciente a Thierry Gaubert, ex colaborador de Nicolas Sarkozy en la alcaldía de Neuilly-sur-Seine y en el Ministerio del Presupuesto bajo el gobierno de Balladur (1993-95). Una parte de la suma se retiró en efectivo en Francia.

Nicolas Sarkozy declaró ante los jueces, pero también ante los medios de comunicación, que estos hechos le eran totalmente ajenos, ya que no tenía ninguna relación con Thierry Gaubert desde mediados de los años noventa. Los archivos obtenidos recientemente por los investigadores demostraron que se trataba de una mentira piadosa, ya que, como informó Mediapart, Nicolas Sarkozy y Thierry Gaubert no dejaron de verse durante esos años, directamente o a través de Brice Hortefeux, a veces incluso en relación con los asuntos libios de Ziad Takieddine.

Una "nota de calendario" de Thierry Gaubert, escrita unos días antes de recibir los fondos libios de Abdallah Senoussi, estaba incluso marcada como "NS-Campagne". "NS" para... Nicolas Sarkozy.

Estos elementos acumulados son particularmente condenatorios ya que las investigaciones han sacado a la luz que el equipo de Sarkozy hizo al mismo tiempo muchas gestiones para intentar evitar la orden de detención de Abdallah Senoussi en Francia. El abogado personal de Nicolas Sarkozy, Thierry Herzog, viajó incluso a Trípoli en noviembre de 2005 para reunirse con el equipo de defensa penal del terrorista libio. Cuando fue interrogado, el abogado se acogió al secreto profesional para no responder a las preguntas de los policías.

En mayo de 2009, también tuvo lugar en el Palacio del Elíseo una reunión, cuyo rastro fue encontrado por la policía, sobre el destino judicial de Senoussi.

Además de las transferencias bancarias, también hay dinero en efectivo. En efecto, Ziad Takieddine se ha auto-inculpado de haber transportado también 5 millones de euros en efectivo entre Trípoli y París para entregar los fondos, en tres ocasiones, a Claude Guéant (dos veces) y a Nicolas Sarkozy (una vez). Estos últimos negaron enérgicamente los hechos, y el ex presidente llegó a asegurar a la jueza Buresi que tenía pruebas en su agenda de que ese traslado era físicamente imposible en la fecha que dice la investigación (finales de enero de 2007). El problema fue que cuando Nicolas Sarkozy tenía que presentar su famosa agenda unos días después, informó al magistrado de que en realidad la había perdido.

Las investigaciones también demostraron que, durante 2006, Ziad Takieddine retiró más de un millón de euros en efectivo, transferidos previamente por el régimen libio, antes de llevar las sumas a Francia.

Y la libreta manuscrita de un ex dignatario libio, encontrada por los investigadores tras su sospechosa muerte en Viena (Austria) en 2012, también contenía el rastro de varios pagos a Nicolas Sarkozy y sus familiares en la época de la campaña de 2007. El nombre de Abdallah Senoussi también se mencionaba en estos documentos.

De hecho, los investigadores han encontrado mucho dinero en efectivo no declarado en la victoriosa campaña presidencial de Nicolas Sarkozy en 2007. Un estudio encargado por la justicia estableció que al final de la campaña, después de todos los servicios prestados, quedaban en la tesorería controlada por Eric Woerth al menos 250.000 euros en billetes grandes, lo que sugería una circulación masiva de efectivo durante la campaña.

En su defensa, Woerth explicó que esos billetes grandes habían sido enviados anónimamente por correo por generosos y discretos admiradores de Nicolas Sarkozy, versión luego desmentida durante la investigación y finalmente juzgada como "capciosa", es decir, con intención de engañar, según un informe policial.

La posesión por parte de Claude Guéant, durante la campaña presidencial, de una cámara acorazada en el BNP –era tan grande que cabía en ella un hombre de pie– no podía disipar las sospechas. Claude Guéant explicó que alquiló esta caja fuerte gigante para guardar archivos confidenciales y discursos de Nicolas Sarkozy.

El empresario Alexandre Djouhri, partidario histórico de Chirac, sobre todo por su estrecha relación con el ex primer ministro Dominique de Villepin, es el segundo "intermediario" en el asunto libio. Djouhri se unió totalmente al clan Sarkozy en la época del asunto Clearstream, y poco a poco consiguió ocupar el lugar de Ziad Takieddine en el entorno de Sarkozy. Los dos hombres, que se odian mutuamente, tienen sin embargo muchos puntos en común, empezando por su situación judicial. Al igual que Takieddine, Djouhri ha sido acusado varias veces en el caso libio. Ambos son presuntamente inocentes. 

Dentro del régimen libio, el brazo influyente de Alexandre Djouhri se llamaba Bachir Saleh, que fue director de gabinete de Muammar Gaddafi y presidente de uno de los fondos soberanos más poderosos del país, el Libyan Africa Portfolio (LAP). Tras negar públicamente los hechos, Saleh admitió finalmente ante los investigadores libios que, en octubre de 2005, "Nicolas Sarkozy pidió a Muammar Gaddafi que le ayudara en su campaña", precisando que Gadafi había respondido a Sarkozy: "Si mi amigo Chirac no se presenta, estoy dispuesto a ayudarle.” Varios funcionarios libios en activo en aquel momento, entrevistados el pasado verano, confirmaron esta petición.

Según un resumen de la investigación llevada a cabo por los fiscales libios, "Bashir Saleh había dicho a Ahmed Ramadan –un alto funcionario del gabinete de Gadafi– que había entregado 8 millones de euros a Claude Guéant en Francia [...] Esos fondos fueron transportados a Francia en un vuelo especial desde Trípoli. Durante el traslado, Bashir Saleh estuvo acompañado por Nouri al-Abahni (jefe de la oficina financiera del gabinete). Fue durante la campaña presidencial en Francia.” Claude Guéant siempre ha negado tal malversación.

Bashir Saleh también está procesado en la causa por un pago de 10,1 millones de euros, después de las elecciones presidenciales de 2007, realizado por el fondo estatal LAP, que presidía, a favor de una sociedad offshore panameña perteneciente a Djouhri, un pago realizado bajo la apariencia de la compra de una casa en Mougins, en el sur de Francia, que costaba cinco veces menos. Sin embargo, se sospecha que Alexandre Djouhri financió personalmente a Claude Guéant, gracias a esta operación, con 500.000 euros cuando era Secretario General de la Presidencia de la República. Por consiguiente, con dinero libio, como se vio en el Tribunal de Apelación de París en noviembre de 2021.

Los fondos, que finalmente se utilizaron para comprar un piso detrás del Arco del Triunfo en París, se pagaron en marzo de 2008, tres meses después de que Nicolas Sarkozy pusiera la alfombra roja a Gadafi durante una visita de Estado que fue ampliamente criticada en Francia. 

Pero los jueces sospechan que Claude Guéant (cuya tarjeta de identificación bancaria fue encontrada durante un registro en el domicilio de Alexandre Djouhri) presionó al grupo EADS para que pagara a Alexandre Djouhri el remanente de las comisiones ocultas por la venta de aviones Airbus al régimen de Gadafi. Varios ejecutivos del gigante aeronáutico han comparecido ante los investigadores para negar cualquier relación contractual con Alexandre Djouhri.

Sin embargo, la información bancaria obtenida recientemente por los jueces demostró que el intermediario había recibido efectivamente, ya en noviembre de 2006, 2 millones de euros en una cuenta de Singapur por la venta de Airbus a Libia; Alexandre Djouhri reclamaría años después al menos cinco veces más a EADS.

Este descubrimiento condujo a la imputación de un ex ejecutivo de Airbus, Edouard Ullmo, y podría llevar a la empresa a reconocer los hechos como persona jurídica en el marco de un acuerdo judicial de interés público (CJIP) que se dispone a firmar en breve con la Fiscalía Nacional Financiera, según nuestra información. Al ser contactado, el grupo Airbus no quiso hacer comentarios.

Por su parte, Vincent Brengarth, abogado de la asociación Sherpa, parte civil en el caso libio, dijo tener sus reservas sobre la perspectiva de un acuerdo firmado entre el PNF y Airbus. "El acuerdo con la fiscalía permite evitar un juicio público, porque elimina el efecto disuasorio de la sanción, pero también porque deja a la parte civil completamente al margen, ya que no tiene voz en el proceso de negociación entre la fiscalía y las personas jurídicas afectadas. El hecho de que personas físicas puedan ser consideradas responsables independientemente de la conclusión del CJIP no puede ser un premio de consolación", explica.

Alexandre Djouhri, a quien también se acusa de haber ofrecido un reloj Patek Philippe a Claude Guéant, aparece en otra parte del caso libio, y no la menos importante. Se trata de la repatriación de Bachir Saleh desde Francia a raíz de las revelaciones de Mediapart en abril de 2012, entre las dos vueltas de las elecciones presidenciales.

Las investigaciones establecieron que Alexandre Djouhri, junto con el jefe de los servicios secretos nacionales de la época, Bernard Squarcini, había supervisado la huida de Bashir Saleh de Francia a Sudáfrica, mientras era objeto de una notificación roja emitida por Interpol.

Nicolas Sarkozy fue preguntado por este episodio, considerado por los jueces como la sustitución a la autoridad judicial de un testigo clave en la investigación, y aseguró que nunca supo nada de las condiciones de esta repatriación, aunque su antiguo hombre de confianza en el Elíseo, Claude Guéant, fuera ministro del Interior en el momento de los hechos.

En cuanto a Alexandre Djouhri, durante su última audiencia ante la jueza Buresi, a finales de julio, se rebeló contra una investigación que calificó de... "monárquica".

"Es una investigación política", denunció el hombre al que varios testigos describieron a la policía como un hombre peligroso.

Traducción de Miguel López

El expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, ha sido imputado este viernes por asociación de malhechores en relación a las presuntas irregularidades sobre la financiación de su campaña de 2007 y, en particular, por haberse servido supuestamente de dinero procedente de Libia para llegar al Elíseo.

El exmandatario galo ya había sido imputado en marzo de 2018 por corrupción, beneficiarse del desvío de fondos públicos libios y financiación ilegal de su campaña. La Fiscalía ha incorporado ahora el delito de asociación de malhechores, un cargo que hasta ahora nunca se había utilizado contra un antiguo jefe de Estado, según el portal Mediapart.

Sarkozy ya está bajo control judicial por unos hechos que se remontan a finales de 2006 y principios de 2007, cuando supuestamente se benefició de dinero en efectivo entregado por representantes del Gobierno de Libia, entonces liderado por Muamar Gadafi.

El caso puso nuevamente sobre la mesa unas declaraciones de Gadafi en 2011, cuatro días antes del inicio de los bombardeos en territorio libio, en las que ya se jactaba de su alianza con Sarkozy.

"Como libio, si el presidente (francés) gana las elecciones gracias a nuestros fondos, sin duda también ganamos nosotros", dijo a través de un intérprete, que cifró en 20 millones el dinero destinado a la campaña del líder conservador, entonces al frente de la Unión por un Movimiento Popular (UMP) -reconvertida ahora en Los Republicanos-.

La transferencia puede ser determinante en el caso de la financiación libia. Una persona del entorno de Nicolas Sarkozy y Brice Hortefeux recibió en febrero de 2006, un año antes de las elecciones presidenciales, una suma de casi medio millón de euros procedentes de las arcas del régimen de Gadafi en una cuenta secreta en las Bahamas, según documentos bancarios a los que ha tenido acceso Mediapart, socio editorial de infoLibre.

El hombre en cuestión, Thierry Gaubert, excolaborador de Nicolas Sarkozy en el Ayuntamiento de Neuilly-sur-Seine y luego en el Ministerio de Economía e íntimo del exministro Brice Hortefeux, es un viejo conocido de la Justicia; a finales de octubre, la Fiscalía solicitó para él cuatro años de cárcel, de los cuales dos años era de prisión en firme, en el capítulo financiero del caso Karachi. Este lunes 2 de diciembre estaba previsto que compareciese nuevamente ante el Tribunal Penal de París, esta vez por “fraude fiscal” y “blanqueo de capitales con agravantes”.

Tras una investigación iniciada por la Fiscalía de Nanterre a raíz de una denuncia presentada en 2012 por las autoridades fiscales y transmitida posteriormente a la Fiscalía Financiera Nacional (PNF) en 2014, el tribunal descubrió los movimientos bancarios de varias cuentas de Thierry Gaubert en el banco suizo Pictet.

Según las informaciones a las que ha tenido acceso Mediapart, en una de estas cuentas de Pictet –la nº 188512, abierta en las Bahamas el 13 de agosto de 2001– aparece el 8 de febrero de 2006 un pago de 440.000 euros de una sociedad offshore llamada Rossfield Limited. Y, en los extractos bancarios de Rossfield, que pertenecen al intermediario Ziad Takieddine, hay efectivamente una transferencia de 440.000 euros el 8 de febrero de 2006, pero el destinatario está oculto bajo un nombre clave. Tan pronto como se recibe en las Bahamas, la suma es redirigida al día siguiente por Gaubert a la cuenta de un tercero, que aún no ha sido identificado.

Esta empresa Rossfield, en el centro del asunto Sarkozy-Gaddafi durante años, acababa de recibir una semana antes, el 31 de enero, procedente del Tesoro libio, tres millones de euros. Rossfield sólo recibe dinero del régimen de Gadafi. Sólo en 2006, las autoridades libias pagaron seis millones de euros a la cuenta de Rossfield en el Líbano: tres millones en enero, más un millón en mayo y dos más en noviembre.

En la investigación por evasión fiscal contra Gaubert, los agentes no pudieron identificar quién era el beneficiario de la cuenta de Rossfield... Pero resulta que en el caso libio, otra unidad policial descubrió que se trataba de Ziad Takieddine. Sin embargo, la división de los servicios de investigación hizo que no se estableciera el vínculo entre el dinero recibido por Gaubert y el emitido por Takieddine. Mediapart lo ha conseguido después de varias comprobaciones.

El antiguo colaborador de Nicolas Sarkozy, contactado por Mediapart, indicó que “Rossfield no es en absoluto el señor Takieddine”, a pesar de todas las pruebas documentales acumuladas. En absoluto es “dinero libio”, añadió. “Esa no es ni mucho menos mi versión de las cosas. Daré explicaciones al tribunal”, dijo, poniendo fin a la entrevista. Thierry Gaubert comparecerá durante tres días ante el Tribunal de París, desde este lunes 2 de diciembre.

Pero probablemente también tendrá que explicar a los investigadores del caso libio, que ya ha llevado al expresidente de la República Francesa a enfrentarse a tres acusaciones de “corrupción pasiva”, “financiación ilegal de campañas electorales” y “encubrimiento de malversación de fondos públicos”.

Es la primera vez en el caso libio que un miembro del clan Sarkozy participa en una transferencia bancaria del régimen libio en relación con las operaciones de financiación que precedieron a las elecciones presidenciales de 2007. La provisión de fondos libios a Claude Guéant para la compra de su apartamento, después de las elecciones, había tomado canales menos directos, a través de otro intermediario, Alexandre Djouhri.

El descubrimiento de la transferencia de Gaubert ya ha echado por tierra uno de los recientes ejes defensivos del clan Sarkozy, publicado este verano en las columnas de Le Journal du Dimanche, según el cual el intermediario Ziad Takieddine guardó las sumas recibidas del régimen libio para gastos personales, sin repartirlas.

El hecho de dirigir una transferencia de la empresas Rossfield a un pilar del clan Sarkozy, íntimo de Brice Hortefeux, es un punto de inflexión de la investigación. Especialmente desde que Takieddine dirigió otros fondos libios a varios paraísos fiscales en 2006, 2007 y 2008.

La transferencia a Thierry Gaubert se produjo apenas un mes y medio después de una reunión secreta en Trípoli entre Brice Hortefeux, entonces ministro delegado para las autoridades locales y regionales, y un alto dignatario libio, Abdallah Senoussi, cuñado de Gadafi y jefe de la inteligencia militar de la dictadura.

La reunión de Hortefeux-Senoussi se celebró el 21 de diciembre de 2005, en presencia exclusiva de Ziad Takieddine, que entonces desempeñaba el doble papel de intermediario y traductor, y sin la presencia de ningún funcionario francés (diplomático, embajador, responsable de seguridad, traductor, etc.), algo nunca visto.

Preguntados al respecto por la Justicia francesa, Abdallah Senoussi y Ziad Takieddine indicaron que ese día se habló de financiación oculta. El dignatario llegó incluso a afirmar que había recibido datos bancarios en la reunión. Aspecto que negó enérgicamente por Brice Hortefeux, actualmente considerado testigo asistido en el caso libio.

El antiguo ministro tuvo dificultades para aclarar la naturaleza exacta de esta reunión confidencial, menció únicamente algunas conversaciones sobre la cuestión de la migración, cuestiones sobre las que ni Hortefeux ni Senoussi, y menos aún Takieddine, estaban encargados, y que no justificaban una reunión secreta de este tipo, celebrada a espaldas de las autoridades francesas sobre el terreno.

Preguntado por Mediapart sobre la transferencia de Rossfield a su amigo Thierry Gaubert, Brice Hortefeux dijo que “no estaba al tanto” de dichas transferencias. “Me habla de una transferencia de la que no he oído hablar”, señaló. “No sé nada de transferencias libias ni de las transferencias de. Takieddine, excepto lo que he leído en la prensa, y mucho menos de las transferencias que acaban en la casa de Thierry Gaubert. Soy amigo de Thierry Gaubert, pero no hasta el punto de conocer los detalles de sus ingresos, sus cuentas y transferencias. No tengo información alguna al respecto, ¡nada!”. El exministro ha declarado que confía en que la identificación de la cuenta de terceros a la que pertenece la suma demuestre que “no tiene nada que ver con él”.

Hay que tener presente que Thierry Gaubert es el hombre que presentó a Ziad Takieddine y a Brice Hortefeux a principios de los años 2000. El intermediario y mano derecha de Nicolas Sarkozy se veían mucho, como lo demuestran las numerosas fotos ya reveladas por Mediapart, tomadas en la villa del empresario en Cap d'Antibes, en su yate o en su mansión parisina. En concreto desde que Takieddine y Hortefeux recibieron la misión del gabinete del ministro del Interior de negociar contratos de armas en Arabia Saudí y luego en Libia.

“Yo era el único amigo francés no libanés [de Takieddine]. Se sintió halagado por estar en contacto con personalidades políticas y mediáticas que le había presentado, incluidos Hortefeux y Copé”, reconoció Thierry Gaubert a los investigadores.

Nombre clave, “OLIN”

La transferencia de febrero de 2006 a Thierry Gaubert parece ahora más sospechosa, ya que está rodeada de falsedades. Cuando, en los últimos años, fueron interrogados por los tribunales, Ziad Takieddine y Thierry Gaubert ocultaron cuidadosamente la naturaleza, el origen y el destino de los fondos, cuya procedencia ahora –indiscutible– se sitúa en Trípoli.

En primer lugar, Thierry Gaubert. En el contexto de la investigación por fraude y lavado de dinero en su contra, indicó que esta suma de 440.000 euros, al igual que otras sumas sospechosas que al mismo tiempo fueron a parar a su cuenta secreta en las Bahamas, correspondían a un “retorno de la inversión” relativo a transacciones inmobiliarias que supuestamente efectuó entre 2002 y 2004.

El problema es que la empresa Rossfield de Takieddine no trabaja en el sector inmobiliario y, sobre todo, fue constituida a finales de 2004, sin tener actividad bancaria hasta noviembre de 2005, fecha de apertura de una cuenta en el Banco Internacional del Líbano (IBL). En su informe resumido de enero de 2019, la FNF señaló que Thierry Gaubert “no aportó ninguna prueba de estas supuestas transacciones inmobiliarias”.

En lo que respecta a Ziad Takieddine, que tenía prisa por explicar la indicación “OLINE (swiss)”, que aparece en la transferencia de febrero de 2006 de su empresa Rossfield –ocultando con ello la identidad de Gaubert–, dijo que “OLINE” era “una de las empresas de Ginebra que era una empresa personal. La uso para gastos de viaje y personales”. En realidad, Ziad Takieddine no tiene tal empresa, ni en Ginebra ni en ningún otro lugar. Por otro lado, los extractos bancarios que obran en poder de Mediapart muestran que el nombre completo de la cuenta de Thierry Gaubert en las Bahamas es....”THE CACTUS TRUST OLIN”.

Y “OLIN” se parece mucho a “NILO” al revés, el nombre del municipio en Colombia donde Thierry Gaubert mandó construir una vasta propiedad oculta en el año 2000, que Mediapart visitó al principio del caso, en 2011. Ziad Takieddine estuvo allí con su esposa en diciembre de 2002. “Cactus"” es el nombre dado a esta propiedad, así como al fideicomiso administrado en las Bahamas por Pictet Bank.

Contactado por Mediapart, Ziad Takieddine ha declinado responder a nuestras preguntas.

En el caso Sarkozy-Gaddafi, el intermediario ya ha admitido haber transportado bolsas de efectivo libias por valor de cinco millones de euros, que afirma haber entregado a Claude Guéant y Nicolas Sarkozy a finales de 2006 y principios de 2007. Pero siempre ha negado que la supuesta financiación libia pudiera haberse canalizado a través de cuentas bancarias personales, contrariamente a lo que Abdallah Senoussi declaró, como consta en el acta.

Durante un interrogatorio de 2017, Senoussi mencionó una transferencia de siete millones de euros a la campaña de Sarkozy: “Esta suma fue efectivamente transferida en varios plazos por el Banco Libio de Relaciones Exteriores por orden del Banco Central de Libia y a petición de la Dirección de Inteligencia”, dijo.

Sin embargo, según la investigación francesa, las autoridades libias pagaron fondos a Rossfield en tres ocasiones en 2006, a través del “Sector of Public Treasury (Tripoli, Libya)” (2.900.900 euros efectivamente abonados el 31 de enero) y de la "Central intelligence Unit (Tripoli Libya)" (1.001.173 euros abonados el 25 de mayo), y 2.000.000 euros abonados el 21 de noviembre.

Durante otro interrogatorio, realizado el 5 de febrero, Senoussi declaró que había recibido durante su reunión con Hortefeux “una hoja en la que se introducía un nombre y un número de cuenta bancaria”, indicando que era la cuenta a la que debían transferirse las sumas de dinero pagadas por [Libia] en apoyo de la campaña electoral de Sarkozy”. “Tenía una foto de ese extracto, una copia en casa, pero el bombardeo que destruyó mi casa lo destruyó todo”, dijo Senoussi. Brice Hortefeux negó esta versión de los hechos ante los jueces.

Esta conexión bancaria libia con Gaubert permite comprender mejor ahora ciertos descubrimientos judiciales. Thierry Gaubert había impugnado cualquier vínculo con el caso libio, pero la investigación judicial lo contradijo parcialmente. Una oleada de registros realizados el 5 de julio de 2011 en la casa de Thierry Gaubert y en la oficina de la sede de la caja de ahorros reveló un extraño documento en el ordenador del interesado que contenía el pasaporte y los números de teléfono de un tal Nouri el-Mismari, director del protocolo Gadafi. A continuación, un fax fechado el 22 de octubre de 2010, correspondiente a un telegrama de Interpol-Tripoli dirigido al mismo Mismari, considerado uno de los primeros dignatarios del régimen libio que desertó durante la guerra de 2011.

Según el registro de visitas al Elíseo, Mismari fue cuatro veces en 2007 y 2008 a la sede de la Presidencia de la República para reunirse con Claude Guéant, entonces secretario general, o con Boris Boillon, asesor diplomático, que fue detenido en Gare du Nord en 2013 con 400.000 euros y dólares en efectivo en varias bolsas.

Durante los registros en la casa de Gaubert, la Policía también descubrió otros documentos libios, en particular los acuerdos entre Takieddine y el Grupo Total sobre la explotación de un yacimiento de gas natural en Libia. Sin embargo, las discusiones sobre este proyecto (que nunca verá la luz del día) comenzaron a finales de 2007 entre Total y los libios, y Takieddine no entró formalmente en las negociaciones hasta 2008, es decir, después de la transferencia libia que aterrizó en la cuenta de Gaubert en 2006.

Además, otros documentos obtenidos por la Justicia, incluidos los correos electrónicos, han demostrado que desde la llegada de Nicolas Sarkozy al Ministerio del Interior, en 2002, Thierry Gaubert, Brice Hortefeux y Ziad Takieddine han formado un trío muy activo entre bambalinas. Un correo electrónico de octubre de 2003, enviado por Thierry Gaubert a la secretaría de Brice Hortefeux en el Ministerio del Interior, es resumido por los agentes en los siguientes términos: “Gaubert indica que debe entregar un sobre importante a BH [Brice Hortefeux] de ZT [Ziad Takieddine] y que quiere hablar con él sobre ello”.

Años más tarde, cuando Mediapart reveló con la serie Les Documents Takieddine la importancia del papel del empresario dentro del sistema Sarkozy, Thierry Gaubert y Brice Hortefeux se encontraban preocupados, como lo demostraron las escuchas telefónicas de la policía.

El 14 de septiembre de 2011, mientras Ziad Takieddine veía acumularse las nubes judiciales sobre él en el caso Karachi, Gaubert le confió por teléfono a Hortefeux su temor de que la investigación se desviara hacia otros secretos: “Creo que se extiende a otros temas; en mi opinión, se extiende al resto”.

El alcance de este “resto” se está midiendo ahora.

En el caso financiero del caso Karachi, relativa a la financiación de la campaña del ex primer ministro Édouard Balladur en 1995, se sospechaba que Thierry Gaubert había recibido en Suiza fondos de Ziad Takieddine solicitados por Nicolas Bazire, director de campaña de Balladur, y que los había repatriado a Francia. Había impugnado estos supuestos hechos en la primavera de 1995, cuando dejó la oficina de Nicolas Sarkozy, donde trabajaba con Brice Hortefeux. A este respecto, Ziad Takieddine, que había hecho una confesión procesal específica, revirtió su testimonio ante el tribunal de París en octubre.

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

Según la información obtenida por Mediapart –socio editorial de infoLibre–, el ex presidente de la República Nicolas Sarkozy ha tenido una verdadera pasión estos últimos años por los billetes de 500 euros antes de que hayan sido retirados de la circulación, a principios de 2019, por el Banco Central Europeo (BCE) con el objetivo de luchar contra los riesgos de blanqueo de dinero sucio.

Esta adición personal de Sarkozy fue descubierta por casualidad, hace dos años, por policías y magistrados que no tienen que ver con el caso de la financiación libia, que le ha costado al ex jefe del Estado francés una imputación por “corrupción, financiación ilícita de campaña electoral y receptación de desviación de fondos públicos” (ver aquí nuestro dossier).

Con ocasión de un registro a finales de 2017 en la tienda del famoso anticuario parisino Christian Deydier –relacionado con la ex mujer de Brice Hortefeux, en cuya casa se descubrieron varias decenas de miles de euros en efectivo (ver aquí)– los policías de la Oficina de Anticorrupción (OCLCIFF) encontraron un sobre a nombre de Nicolas Sarkozy que había sido entregado el día anterior en esa tienda de antigüedades. El sobre contenía un cheque de 2.000 euros correspondientes al pago de una antigüedad por el ex presidente así como cuatro billetes de 500 euros cuyo destino era un misterio.

Los investigadores se hacen preguntas. El billete de 500 euros arrastra desde su creación un olor a azufre. Durante mucho tiempo ha sido conocido como el "billete Bin Laden”, porque se habla mucho de él pero no se le ve jamás, o casi.

A principios de 2019, a iniciativa del Banco Central Europeo, 17 de los 19 bancos centrales de países europeos (entre ellos Francia) han dejado de fabricar billetes de 500 euros por las “preocupaciones por el hecho de que este billete pueda facilitar actividades ilícitas”, según las palabras del BCE. No obstante, los antiguos billetes en circulación son aún utilizables.

¿Por qué, a finales de 2017, los utiliza el expresidente de la República? ¿De dónde los saca? La justicia, que tiene presente los 350.000 euros sospechosos encontrados al exconsejero de Nicolas Sarkozy Boris Boillon, entre los cuales había unos treinta billetes de 500 (aquí y aquí), así como, según la policía, “el uso desmedido de efectivo” por Claude Guéant, decide abrir una investigación, que dirige la Fiscalía Nacional Financiera (PNF).

Pero el expresidente de la República, que ha sido oído, tiene preparada una explicación sobre la utilización de esos billetes. Al parecer, en aquellas fechas, todos los meses, una de sus asistentes iba a retirar al banco, en su nombre, unos 2.000 euros en billetes grandes, entre ellos billetes de 500 euros. Esa práctica, por sorprendente que parezca, no tiene nada de ilegal. Los policías no tienen capacidad de determinar si los billetes encontrados en la tienda del anticuario son los que fueron retirados del banco por lo que la investigación judicial se atasca aunque, según fuentes cercanas al caso, sigue en curso. Sobre todo por la explicación tan incierta que da Nicolas Sarkozy, pero aún  sin demostrar, de las razones de esos pagos en efectivo.

El expresidente afirma que los 2.000 euros en billetes de 500, descubiertos en la tienda de antigüedades, estaban destinados a la compra de una estatuilla china que iba a regalar a Michel Gaudin, su actual jefe de gabinete, que fue prefecto de la Policía. Nicolas Sarkozy explica no obstante que él no es el verdadero comprador y que sólo anticipa el dinero a la Asociación de Apoyo a la Acción de Nicolas Sarkozy (ASANS), uno de sus numerosos micropartidos. Según él, es esta asociación la que quería hacer un regalo a Michel Gaudin.

La ASANS fue creada en el año 2000. Presidida por el exministro Brice Hortefeux, la asociación tiene por objeto “defender y promover las ideas de libertad, de solidaridad, de justicia y de reformas defendidas por Nicolas Sarkozy”. Es evidente que regalar estatuillas orientales, no. Según sus cuentas, la ASANS ha recibido en 2017 (año de la compra de la estatuilla), 22.146 euros en donaciones no tributables procedentes de particulares, supuestamente para apoyar más una acción política que para decorar los aparadores de antigüedades de Michel Gaudin.

Resulta curioso que Michel Gaudin, que ha sido condenado en enero de 2017 (junto con Claude Guéant) por el Tribunal de Apelación de París a dieciocho meses de prisión condicional por el caso de las primas en metálico del Ministerio del Interior, fue nombrado en 2012 miembro de la oficina de la ASANS como… tesorero, puesto que sigue ocupando hasta ahora.

El anticuario Christian Deydier, un sinólogo de prestigio, no ha negado las ventas de estatuillas. “Yo vendo regularmente, una vez al año, piezas a Nicolas (sic). Es un aficionado…”, ha respondido a Mediapart. Dydier, muy unido al ex presidente Chirac –preside la asociación de amigos del museo Presidente Chirac, en Sarran, Corrèze– empezó a relacionarse con Nicolas Sarkozy a partir de 2007, quien por cierto le invitó a uno de sus viajes presidenciales a China, en noviembre de 2007.

Imputado por el fisco por la tenencia de varias sociedades offshore, el anticuario parece ser que ha anticipado fondos importantes a la exmujer de Brice Hortefeux, en cuya vivienda fueron descubiertos varios certificados de venta de antigüedades así como una pieza china, Gran jinete a caballo.

Preguntado sobre el asunto, Nicolas Sarkozy no ha querido hacer ningún comentario, ni sobre su afición por los billetes de 500 euros ni sobre lo demás. En cuanto a Brice Hortefeux, el presidente de la ASANS, ha contestado simplemente: “He sido informado fehacientemente de esta adquisición [la estatuilla], pero no tengo más elementos. No tengo comentarios particulares que hacer. Pregunten más bien a Michel Gaudin, él es quien hace los gastos, las compras y los movimientos de fondos…”.

Sin embargo, nuestras numerosas llamadas y mensajes dejados a Michel Gaudin han quedado en nada. ______________Traducción de Miguel López.

Aquí puedes leer el texto original en francés:  

Jalifa Haftar, excolaborador del dictador Gadafi de 75 años de edad, se ha impuesto estos últimos años ante la comunidad internacional como un actor clave para una salida del atolladero libio. Autoproclamado jefe del Ejército Nacional Libio (ENL), que controla el Este y una gran parte del Sur de Libia, despliega su naturaleza belicista violenta y sanguinaria ante el mundo.

Al haber lanzado el jueves 4 de abril una ofensiva militar para conquistar la capital, Trípoli, provocando hasta ahora al menos 32 muertos, más de cincuenta heridos y cerca de tres mil desplazados, el antiguo jefe del cuerpo expedicionario del Ejército de Gadafi ha hecho polvo el ya largo y laborioso proceso de paz bajo la égida de Naciones Unidas, que trataba de traer un aire de estabilidad al este país desintegrado por ocho años de guerra y de caos generalizado.

Concentrados en las afueras del sur de Trípoli, sobre todo en Wadi Rabi y los alrededores del aeropuerto internacional inutilizado desde su destrucción en 2014, los violentos combates terrestres, con apoyo aéreo, enfrentan a los hombres de Haftar con las fuerzas leales del frágil Gobierno de Unión Nacional (GNA), Gobierno reconocido oficialmente por la comunidad internacional que controla Trípoli y el Oeste del país, dirigido por Faiez Sarraj.

El ENL de Haftar, compuesto por 85.000 hombres, parte de ellos pagados por el Gobierno central según sus declaraciones, ha llevado a cabo el domingo 7 de abril su primer raid en respuesta a los ataques del GNA, que había lanzado el día anterior una contraofensiva bautizada como Volcán de cólera. El lunes 8, el ENL atacó el aeropuerto de Mitiga, al Este de Trípoli, único aeropuerto abierto en la capital a la aviación civil. Los partidarios del GNA están dispuestos a impedir el avance de esas “fuerzas ilegítimas” con la ayuda –para sorpresa del ENL– de las milicias de Misrata, durante mucho tiempo enemigas, a 200 kilómetros al Este de la capital, que habían expulsado en 2016 al grupo islámico de Sirte, y de las milicias de Zintan, al Oeste de la capital.

En este país donde la población sueña con tener paz y un Estado, atenazado entre gobiernos y parlamentos paralelos, mosaico de milicias locales, fuerzas tribales y grupos armados islamistas que se forman y se deshacen según alianzas y rivalidades, hay una amenaza de desestabilización. “Ha comenzado para durar meses o años”, se lamenta un especialista de la región. “Es una terrible regresión, ciertamente el principio de una tercera guerra civil en Libia después de la de 2011 y la de 2014”.

El país corre el riesgo, según este observador, de una partición entre el Este y el Oeste: “Ya no son militares que atacan a islamistas, son gente del Este que ataca a gente del Oeste. Esta dimensión es nueva. Sobre el papel, las fuerzas de Haftar no tienen medios para tomar Trípoli –dice este investigador– pero sí tienen medios para instalarse en la periferia de la ciudad y llevar a cabo una guerra de desgaste. Como una zona gris, sin vencedores ni vencidos, con ofensivas y bombardeos que se prolonguen en el tiempo. Una vez que hayan conseguido la alianza suficiente de tribus y de milicias, entonces podrían tomar Trípoli”.

En unos días, Jalifa Haftar ha torpedeado los esfuerzos diplomáticos e infligido un hiriente desaire a las potencias occidentales, que no querían saber nada de él y que han terminado por vestirle con un traje de virtudes en otoño de 2016, poco antes de su toma del Este petrolero.  Les humilla incluso. Su golpe estaba calculado. Haftar ha lanzado su ofensiva bélica justo en el momento en que el secretario general de la ONU, António Guterres, estaba en visita oficial en Trípoli el jueves 4 de abril. Una visita programada desde hacía tiempo y a diez días de la gran conferencia sobre la que se afana desde hace meses el enviado especial de la ONU en Libia, Ghassan Salamé, para restablecer el diálogo y abrir la vía a elecciones legislativas y presidenciales.

La gran reunión anunciada entre el 14 y el 16 de abril en Ghadamès, al sureste del país, está hoy más que comprometida aunque la ONU todavía asegure que se celebrará. “Van a anularla pero para anunciarlo tienen que proponer algo para salvar la fachada”, dice un diplomático. Guterres se ha marchado de Trípoli, el 5 de abril, “con una profunda preocupación y el corazón triste”.

Haftar también ha puesto en marcha el asalto a Trípoli cuatro días después del cónclave de la Liga Árabe en Túnez, que había previsto una reunión especial sobre Libia del Cuarteto (ONU, Unión Europea, Unión Africana y Liga Árabe). Desunidos sobre este tema, tanto la Liga como el Cuarteto no han tomado ninguna decisión en concreto, solo han constatado por enésima vez la necesidad de una conferencia nacional de “reconciliación”. Como la de Ghadamès está ahora hipotecada, sólo queda la anunciada por la Unión Africana en Addis Abeba para el próximo mes de julio.

Este revés es particularmente hiriente para Francia. Acusada por los anti ENL de hacerle el juego a Haftar, fue una de los primero países, bajo la Presidencia de Hollande, en rehabilitar al sulfuroso mariscal, protegiéndole discretamente y ayudándole, sin reconocer oficialmente a su Ejército, a través de la Dirección General de Seguridad Exterior, de consejeros y del servicio de inteligencia. Todo ello manteniendo un canal de comunicación oficial con Faiez Sarraj.

“Francia tiene una inmensa responsabilidad. Desde hace cuatro años, asegura que Haftar quiere negociar cuando él no quiere negociar. Sólo quiere imponer un régimen militar, una dictadura bajo su única jefatura. Hay que escuchar su mensaje de audio en Facebook, casi mítico, en el que anuncia que va a marchar sobre Trípoli como el profeta que regresa de la guerra”, dictamina para Mediapart un observador de primer plano. “Macron y su Gobierno han metido la pata”, piensa, yendo más allá, otro especialista de la crisis libia, que señala una línea de tensión entre Quai d’Orsay (Ministerio de Exteriores) y el Elíseo (Presidencia) sobre el apoyo a Haftar y recuerda que Sarraj ha convocado a los franceses a Trípoli tras la ofensiva de Haftar. El presidente francés, primer jefe de Estado occidental en legitimar a Haftar como actor imprescindible al recibirle dos meses después de su elección, en el verano de 2017, en La Celle-Saint-Cloud (Yvelines), se imaginaba ser el director de orquesta de la reconciliación en Libia.

En mayo de 2018, para rabia de los italianos, había conseguido el show diplomático superando lo impensable bajo la égida de Naciones Unidas y de su emisario en Libia, Salamé, al reunir en el Palacio del Elíseo en una mesa a los cuatro principales actores de la crisis libia. Cuatro hombres que se odian y que no se habían hablado jamás: el poco recomendable Jalifa Haftar, el primer ministro del Gobierno de unión nacional, Faiez Sarraj, el presidente de la Cámara de Representantes, Aguila Salah y el presidente del Consejo de Estado, Jaled El Mechri.

A la salida de esta conferencia que sellaba el Acuerdo de Paris, que había dado lugar a artículos de prensa ditirámbicos para Macron y la diplomacia francesa, el cuarteto se comprometió a “trabajar juntos” para las elecciones presidenciales y legislativas antes de finales de 2018. Se había incluso fijado una fecha, el 10 de diciembre, lo que había parecido irrealista para una gran parte de los expertos en el dossier libio. La apuesta francesa durará poco, atrapados por la realidad libia, un terreno minado y movedizo en el que ningún actor tiene verdaderamente ganas de terminar con la crisis para no perder su influencia y su zona de control y donde cada país mueve los hilos según sus intereses, sea un vecino próximo o una potencia lejana.

El sábado 6 de abril, el primer ministro del GNA, Faiez Sarraj, ha acusado al mariscal Haftar de “moverse por sus intereses personales” y de maniobrar para “minar el proceso político” con el fin de “hundir al país en un ciclo de violencia y de guerra destructiva”. Para él es una puñalada en la espalda. Los dos hombres se habían reunido por última vez a finales de febrero en Abu Dabi, donde habían llegado a un acuerdo para formar un gobierno unificado y organizar elecciones para finales de 2019.

“Hubo una buena oportunidad de arreglo político justo después de Abu Dabi. El acuerdo estaba a punto de firmarse para remodelar el Ejecutivo y reformar el Consejo Presidencial. Esto habría conducido a un gobierno funcional y representativo del Este  y del Oeste”, confía a Mediapart un diplomático francés, quien imputa una parte de responsabilidad a Sarraj: “Él ha hecho retrasar las cosas, particularmente por la influencia de las milicias que no tenían interés alguno en ver una gobernanza real instalada. Nadie, del lado de Sarraj ni del de MANUL (misión de la ONU en Libia) ha contactado con el Este durante ocho días. Entonces Haftar ha dado marcha atrás y decidido parar las negociaciones. Para mí, es a partir de ahí, sobre mediados de marzo, cuando todo se ha empezado a complicar y a preparar. Tal vez la conquista de Trípoli sea efectivamente un objetivo de Haftar y el ENL desde hace mucho tiempo, pero el Oeste les ha dado todos los pretextos en ese sentido”.

Esta nueva escalada de violencia en Libia ilustra la turbia actitud de las grandes potencias extranjeras frente a Haftar, al igual que Francia. Este hombre, señalado en varias denuncias por tortura y barbarie y sospechoso de crímenes de guerra, tiene como primer enemigo una lucha unificadora en Occidente: el combate entre los islamistas en una región clave para la estabilidad tanto del Magreb como del Sahel, la lucha contra el terrorismo y el control de la inmigración. “Su retórica sobre que ‘vamos a echar a los islamistas y los corruptos’ le viene bien”, matiza un investigador. “Pero se olvida de que Haftar no ha combatido contra el  Daesh en Sirte en 2016, sino contra la milicia de Misrata. Y olvidamos que él está aliado con una brigada de madjalistas ”.

Los madjalistas, una rama de salafistas seguidores del muy rigorista jeque saudí Rabee Al Madjalí, son ahora omnipresentes en Libia y constituyen una fuerza de seguridad importante. Ganados para la causa de Haftar e integrados en el ENL (colaboradores también del GNA de Sarraj), tienen por enemigos a los Hermanos Musulmanes y a cualquiera que reivindique un islam político. Por eso Haftar, que congrega a su alrededor a fuerzas tribales, antiguos gadafistas y anti islamistas, les ha reclutado. “Los salafistas, apolíticos, obedecen al poder del momento y no hacen política. Se siente muy cercanos a los wahabitas”, señala un especialista.

El odio que siente Haftar por los Hermanos Musulmanes es un eco del que corre por Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos e incluso Egipto, tres países que le apoyan en una escala que va desde la alta intensidad (Arabia Saudita y Egipto) a la muy alta intensidad (EAU) y le dotan principalmente de armas de guerra. Una semana antes del detonante de su ofensiva sobre Trípoli, Haftar era recibido por Mohammed bin Salmán, conocido como MBS, en Arabia Saudita. Algunos ven ahí un vínculo. “No se puede decir que MBS haya dado la orden pero hay un vínculo evidente, al menos un visto bueno”, asegura un especialista.

Si las llamadas al alto el fuego y las condenas son casi unánimes, el tono de los comunicados apenas intimida. Como las de los países del G7, es decir, los siete países más industrializados del planeta (EEUU, Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, Japón y Canadá), que no mencionan implícitamente a Haftar: “Exhortamos a todas las partes implicadas a cesar inmediatamente todas las actividades y todos los movimientos militares hacia Trípoli que obstaculicen las perspectivas del proceso político (…). Toda facción o todo actor libio que alimente el conflicto civil atenta contra inocentes y obstaculiza la paz que los libios merecen”.

Ni una palabra de Francia contra el mariscal. El lunes 8 de abril, una fuente diplomática desmentía no obstante a las agencias de prensa “todo plan oculto o doble discurso de Francia” sobre el papel que debe jugar Haftar y aseguraba que el único gobierno legítimo es el de Trípoli, dirigido por Sarraj. La posición de los Estados Unidos tal vez sea la más firme, más que la de los europeos, seguro. “La comunidad internacional se muestra tibia porque cree aún que Haftar puede regresar a la mesa de negociaciones, lo que no creo en absoluto y porque todo el mundo está comprometido de una u otra manera con el ENL en varias problemáticas, como contra el terrorismo en el Sahel, etc.”, responde un diplomático francés.

Haftar se ha acostumbrado a que las cancillerías occidentales traduzcan sus actos militares violentos en actos legítimos. Ha conquistado estos últimos meses, entre enero y marzo de 2019, una gran parte del suroeste libio, una provincia tres veces el tamaño de Siria y muy estratégica por ser rica en petróleo. Lo ha conseguido con una hábil mezcla de pragmatismo, corrupción, intercambios y buenos métodos. "‘Tú plantas la bandera del ENL y yo aseguro tu territorio y te dejo que lo controles’. Él ha utilizado mucho menos la fuerza bruta que le caracteriza. Ante esta conquista, los Estados occidentales han mantenido su silencio y aprobación” dice el especialista en Libia Jalel Harchaoui.

Jalifa Haftar adquiere un derecho preferente en la vida política libia y hace temblar a toda una región, comenzando por los vecinos argelinos y tunecinos sobre los que está alerta. “Él representa una mala señal para la región. Si llegara a ganar e implantar un régimen militar, regresaríamos a los viejos esquemas clásicos de una dictadura militar, como en Egipto. Eso podría dar ideas en Argelia, donde lo que se juega es inmenso y donde hay también un ejército que no quiere dejar el poder y espera continuar dirigiéndolo”. ___________

  Traducción de Miguel López

Puedes leer el texto completo en francés aquí:

El Gobierno libio de Trípoli, reconocido por la comunidad internacional, ha anunciado este domingo la operación Volcán de ira contra las fuerzas del general Jalifa Haftar, líder del llamado Ejército Nacional Libio (LNA) que el pasado miércoles inició una ofensiva desde el este del país hasta quedarse a unos 50 kilómetros de la capital del país, según informa Europa Press.

La operación ha comenzado tras 24 horas en las que finalmente se ha desbordado la tensión en la capital de Libia, donde los combates se circunscribían principalmente al aeropuerto de la ciudad. El sábado por la noche, el jefe del Consejo Presidencial del Gobierno de Trípoli y primer ministro libio reconocido por la ONU, Fayez Serraj, describió la operación de Haftar como "una puñalada trapera" contra el proceso de paz destinado a concretar unas hipotéticas elecciones que pusiera fin a una crisis abierta en 2011, con la caída del sátrapa Muamar Gadafi.

Al menos 21 personas han muerto y 27 han resultado heridas desde el inicio, a primera hora del jueves de la ofensiva rebelde del mariscal Jalifa Haftar contra la capital libia, Trípoli, según el primer balance proporcionado por el portavoz del Ministerio de Salud del Gobierno de Trípoli, reconocido por la comunidad internacional, Amin al Hashmi, en comentarios recogidos por la cadena TRT. El pasado sábado, el Ejército Nacional Libio de Haftar confirmó al menos 14 fallecidos entre sus efectivos durante los primeros enfrentamientos contra las fuerzas de Trípoli.

Durante las horas siguientes, Serraj se reunió con el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y con la embajadora de Francia en el país para acusar al Gobierno francés, cara a cara, de haber alentado a Haftar para llevar a cabo lo que describió como "la invasión de Trípoli" con la intención de apropiarse de los recursos energéticos bajo control de su ejecutivo.

El Gobierno de Trípoli no solo ha acusado a Francia, sino que sospecha que la ofensiva de Haftar ha contado con apoyos dentro del propio Ejecutivo, de ahí que el ministro del Interior, Fathi Bashagha, haya pedido a todos los "socios del Ministerio que entregen los nombres de los involucrados en esta operación antes de 72 horas".

Este domingo, la aviación de Haftar comenzó a bombardear los alrededores de Trípoli, concretamente el campo de Naqliya –cerca de la carretera que lleva al aeropuerto del país– según testigos presenciales y fuentes del propio ENL. El ataque fue respondido por la fuerza aérea del Gobierno de Trípoli con un bombardeo sobre la región de Wadi Rabea, donde se ha concentrado parte de la fuerza de Haftar. Prácticamente al mismo tiempo que comenzó esta contraofensiva, el portavoz del Ejército de Trípoli, Mohamed Gununu, anunció el inicio de Volcán de ira para "derrotar las fuerzas golpistas y extralegitimadas" en todo el país. "Nuestras fuerzas disponen de tácticas firmes y precisas que desbaratarán cualquier ataque que las fuerzas de Haftar quieran realizar contra Trípoli", ha asegurado en rueda de prensa recogida por el Libya Observer.

El portavoz ha informado de que se ha dado orden a las fuerzas de avanzar "por todos los frentes" y que de momento han capturado "una importante cantidad de vehículos militares de Haftar", desencadenante de un ataque que "ha destruido las esperanzas de los libios en un futuro democrático mientras se preparaban para la conferencia de paz en Ghadames".

Este sábado, antes del estallido de las hostilidades, Naciones Unidas mantenía su intención de celebrar esta conferencia, prevista para los días 14 a 16 de abril en esta localidad del suroeste del país, donde se discutirá la posible celebración de elecciones para sacar al país de la anarquía. "Hemos trabajado durante un año para celebrar esta conferencia nacional y no vamos a abandonar nuestro trabajo así como así", manifestó el enviado de la ONU para Libia, Ghassan Salamé. "Sabemos que celebrar la conferencia en este momento de escalada y lucha es una cuestión difícil pero estamos decididos a cumplir con nuestra palabra si otras circunstancias más imperiosas no nos obligan a hacerlo", ha dicho.

Es posible que este domingo se hayan cumplido tales circunstancias. Naciones Unidas, nada más conocer el anuncio de la operación, ha solicitado una tregua humanitaria de carácter inmediato a las afueras de la capital. De ser aceptada, la tregua propuesta por la ONU comenzará a las 16.00 y terminaría dos horas después, tiempo durante el cual se realizaría una evacuación de emergencia de los civiles atrapados en los alrededores de la ciudad, según ha hecho saber la misión en un tuit.

En un comunicado, la Media Luna Roja ha destacado la necesidad de respetar las normas del derecho internacional humanitario, brindar protección a los inocentes y respetar el emblema de la organización, así como ayudar a los voluntarios a cumplir su imperativo humanitario.

Retirada de Eni y despliegue de EEUU

De momento, la energética italiana Eni, con importante presencia en Libia, ha anunciado que retirará a su personal nacional destinado en los campos petroleros de de Al Wafa y El Feel, así como en la capital, Trípoli.

El Ministerio de Exterior italiano ha indicado que la medida se tomó en coordinación entre los dos países, aunque aún no ha confirmado el retiro de su personal diplomático de su Embajada en Trípoli, a pesar de que todos los diplomáticos europeos están presentes en Túnez.

"La situación en las instalaciones petroleras en Libia está bajo control y la compañía está siguiendo de cerca el desarrollo en el terreno", según el portavoz de Eni. De igual modo, el Mando Africano del Ejército de Estados Unidos ha confirmado que ha trasladado de posición a una parte de su contingente en Libia dado que la situación de seguridad en la zona "se está volviendo cada vez más compleja e impredecible" después de la ofensiva.

El Mando, en un comunicado, ha indicado que esta decisión forma parte de una planificación militar "prudente" mientras continúa evaluando la situación de seguridad" y ha tomado esta decisión en respuesta a ello. "Las realidades sobre seguridad en el terreno en Libia se están volviendo cada vez más complejas e impredecibles", ha explicado el General del Cuerpo de Marines de EEUU Thomas Waldhauser, comandante del Mando Africano del Ejército de Estados Unidos. "Pero incluso tras este ajuste de nuestras fuerzas seguiremos demostrando agilidad a la hora de apoyar nuestra estrategia actual", ha añadido.

Se trata de una nueva prueba del pacto del equipo de Nicolas Sarkozy con el régimen libio. Y revela su lado más oscuro. Archivos del antiguo régimen reunidos por un diputado de Trípoli, electo tras la revolución, Samir Shegwara (leer su perfil en francés), prueban ahora que en 2005, un mes y medio después de la primera visita de Nicolas Sarkozy a Trípoli, su propio abogado viajó a la capital libia para ofrecer "la anulación" pura y simple del proceso contra Abdallah Senoussi, cuñado de Muamar Gadafi, director de los servicios secretos militares, y condenado en Francia a cadena perpetua por la organización del atentado contra el avión DC-10 de UTA en 1989 (170 muertos, entre ellos 54 franceses).

El pasado mes de marzo, durante su detención preventiva en el marco del affaire de financiación libia, el ex presidente francés negaba cualquier contacto con este dignatario, precisando que había sido "advertido" por los servicios del ministerio del Interior "sobre un encuentro con Senoussi, buscado por la justicia internacional". Nicolas Sarkozy pretendía también que "este señor trató de contactar con un abogado cercano [a él], se trata de Thierry Herzog". Pero este último le habría asegurado que "de ninguna manera sería jamás el abogado de Senoussi". Cuatro informes de la visita del abogado, que tuvo lugar el 26 de noviembre de 2005, redactados por abogados libios –tres en árabe y uno en inglés–, fueron conservados en Libia y librados de la destrucción de la guerra. Mediapart –socio editorial de infoLibre– ha podido autentificar de manera independiente la autenticidad de los documentos y ha contactado a una de las personas encargadas de su redacción, Azza Al-Maghur, abogada libia presente en la reunión como parte interesada, quien ha confirmado el conjunto de estos elementos.

Según estas notas, Thierry Herzog fue conducido a Trípoli y presentado por un abogado francés, Francis Szpiner, cercano a Jacques Chirac pero, sobre todo, abogado histórico de la asociación SOS Atentados y familias de las víctimas del atentado del DC-10 de UTA, ocupando dicho cargo hasta la disolución de la asociación en septiembre de 2008. Abogado de las partes civiles en el juicio que condenó a Senoussi, en 1999, Szpiner firmó también en enero de 2004, en nombre de SOS Atentados, un acuerdo transaccional con la fundación Gadafi ofreciendo "una compensación extraordinaria" de un millón de euros a cada familia de las víctimas.

En noviembre de 2005, la cuestión no eran las víctimas, sino el responsable del atentado. Según los informes, Szpiner y Herzog presentaron "una oferta" a los libios tras "los contactos políticos establecidos entre los responsables libios y franceses para solucionar [este] affaire bloqueado entre los dos Estados". Se recalca que la decisión judicial priva a Abdallah Senoussi de la posibilidad de viajar "a cualquier país europeo". Los abogados proponen obtener "la anulación" de la decisión del Tribunal Penal, además de las órdenes de arresto, así como la apertura de una nueva investigación que exoneraría a Abdallah Senoussi.

"Los dos abogados se apoyaron esencialmente en la subordinación de la Fiscalía General al aparato ejecutivo del Estado y, por lo tanto, en la influencia de las relaciones políticas", resume uno de los informes:

En primera línea del informe de la reunión del 26 de noviembre de 2005, redactado por Azza Maghur, aparece la frase «muy confidencial». Su título: "Memorando del proceso verbal de la reunión con los dos abogados franceses y la opinión preliminar sobre este tema".

Extracto: "Los dos abogados se apoyaron [...] esencialmente en la subordinación de la Fiscalía General al aparato ejecutivo del Estado y, por lo tanto, en la influencia de las relaciones políticas, y la impresión que han dado es que, al transferir de nuevo el dossier [...] ante el juez de instrucción, A. Senoussi ya no será acusado".

Evocada por varios testigos, la convicción de revisar la situación penal de Senoussi podría ser, según los magistrados franceses encargados del affaire de financiación libia, una de las promesas del equipo de Sarkozy al régimen de Gadafi, la misma que abriría la vía a la perspectiva de un apoyo en la campaña presidencial de 2007.

La investigación ya ha demostrado que Abdallah Senoussi se reunió en secreto con los dos brazos derechos de Sarkozy, Claude Guéant y Brice Hortefeux, en octubre y diciembre de 2005. Además, Senoussi ha confesado en dos ocasiones ante los jueces, en 2012 y en 2017, que ordenó el pago de 7 millones de euros destinados a la campaña presidencial del ministro del Interior francés en 2007. Hechos también reconocidos por el sospechoso de haber transportado las maletas con dinero en especie entre Trípoli y París, el intermediario Ziad Takieddine.

« Este Monsieur Senoussi ha tratado por todos los medios de beneficiarse de las competencias de Thierry Herzog quien, independientemente de sus importantes competencias, es una persona cercana a mí, llegando incluso a enviarle un poder de representación en 2008 [en realidad en 2006 – ndlr] –insistía Nicolas Sarkozy durante su detención preventiva, el pasado 21 de marzo-. Este poder fue tirado a la papelera por Me Herzog, que rechazó hacer cualquier trámite o consulta en su favor.»

Cercano al expresidente, Me Herzog, que le asistió además durante los dos días de detención preventiva en el marco de este affaire, fue enviado junto a Sarkozy ante el Tribunal Correccional por « corrupción » de un magistrado del Tribunal de Casación y « tráfico de influencias » en el affaire de las escuchas « Bismuth ». La investigación sobre la financiación libia ya había revelado el poder firmado por Abdallah Senoussi en favor de Thierry Herzog, archivado por el intermediario, Ziad Takieddine, como el email de un abogado libio evocando un encuentro con Me Herzog. Pero el abogado había negado cualquier trámite en favor del dignatario libio.

  Un viaje a Trípoli, una petición política

El 26 de noviembre de 2005, los dos abogados franceses fueron recibido en Trípoli por un equipo de juristas libios: Hassan Qantari, el doctor Abderrahmane Aboutouta y Me Azza Al-Maghur. Según los informes de esta reunión, Me Francis Szpiner evocó en primer lugar el problema deontológico que suponía su presencia.

Tras evocar "los contactos políticos" entre responsables libios y franceses, en el origen de su visita acompañado de Thierry Herzog, precisa "que él no podrá encargarse personalmente del caso dado que se ocupó del proceso en calidad de representante de las familias de las víctimas".

Primera página del acta de la reunión del 26 de noviembre de 2005 redactada por Dr. Aboutouta. Su título: "Informe sobre la oferta presentada por los abogados franceses Herzog y Spziner en el caso UTA".

"No obstante, manifestó su entusiasmo por poner fin a este affaire, presentó a su colega, el abogado Herzog, para asumir la tarea debido a su impedimento ético, quien mantiene una estrecha relación con el Elíseo", indica el proceso verbal de la reunión redactado por Dr. Abderrahmane Aboutouta.

Según el segundo proceso verbal, Szpiner presenta a Thierry Herzog como un abogado "cercano". "que va a cooperar con él para defender a los seis ciudadanos libios" condenados en el marco de este caso. Explica también que su colega es un "especialista en la anulación de procesos judiciales" y "que Herzog ya ha trabajado sobre el caso de la esposa del ex alcalde de París, y según él, Herzog consiguió enterrarlo".

A los ojos del abogado, es necesaria "una dinámica política", "además de la dinámica judicial", lo que le impondrá "trabajar sobre el dossier en relación con el entorno político francés". Francis Szpiner sugiere apartar al abogado de Libia en Francia, Me François Gibault. El acuerdo al que lleguen "las dos partes" se realizará "en un marco que no es el del derecho", advierte el abogado parisino.

El 2 de febrero de 2017, respondiendo a las preguntas de un fiscal libio sobre las gestiones que esperaba en su favor, Abdallah Senoussi confirmó y explicó que Claude Guéant, entonces director del gabinete de Nicolas Sarkozy, le había presentado "un documento del gobierno francés según el cual iban a enviar al abogado del presidente francés cuyo mandato consistiría en defenderme en el caso de UTA y retirar la acusación en mi contra, alegando que no encuentran ninguna prueba contra mi".

El cuñado de Gadafi menciona también el famoso viaje: "En efecto, el abogado vino a Libia acompañado de otros compañeros, en un avión privado, y se encontraron con el presidente de la Corte Suprema, además de con otras personas como la abogada Azza al-Maghur. Le di potestad a este abogado e ignoro qué fue de él".

  Los argumentos jurídicos y «la ambigüedad» de los abogados

De los dos abogados franceses, Francis Szpiner es quien conoce el dossier desde sus orígenes. No solamente asistió a las familias de las víctimas durante el proceso en 1999, sino que la asociación le pidió presentar una denuncia contra Gadafi en 2001, antes de que participara, en 2003, en las conversaciones iniciadas por los representantes de las familias de las víctimas del DC-10 de UTA.

En este marco, autorizado por Jacques Chirac, el abogado se reunió en secreto con Saïf al-Islam Gadafi, en agosto de 2003, y firmó en nombre de la asociación SOS Atentados el acuerdo que ratificaba una nueva compensación en enero de 2004. Este affaire franco-libio no tiene ningún secreto para él. Así, será él quien tome la palabra en más ocasiones durante el encuentro.

En primer lugar, los abogados franceses piden al equipo de abogados libios que verifiquen con los seis condenamos si han sido debidamente informados de los procedimientos en su contra, y en particular si han "recibido personalmente o por canales diplomáticos" la notificación de sus condenas y sus correspondientes órdenes de arresto.

Esperan que Abdallah Senoussi y otros dos condenados firmen procuraciones oficiales en favor de Thierry Herzog para "que pueda tomar las medidas jurídicas que él se reserva de indicar, y que no divulgará" con el objetivo de obtener la anulación de los mandatos de arresto y de las condenas.

"El dossier será trasferido de nuevo ante el juez de instrucción y el magistrado no emitirá, según el abogado, un mandato de arresto salvo si la Fiscalía General lo solicita –resume el proceso verbal–. El abogado presume que nuestro hermano A. Senoussino será acusado, dado que representa el eslabón más débil de la acusación. Sin embargo, el abogado Szpiner estima que cuatro o cinco de los condenados serán transferidos al Tribunal Penal y que serán condenados de nuevo". Sobre este tema, los franceses explican las ventajas de la ley “Perben 2” que modifica las reglas del proceso por “ausencia”, permitiendo a los condenados ser juzgados nuevamente, representados por sus abogados, pero sin comparecer.

Gadafi y Sarkozy, en diciembre de 2007.

"Por lo tanto, la solución reside en la oportunidad de descartar de la acusación a A. Senoussi durante este nuevo proceso de investigación", resume el informe libio. Sobre este punto, "los dos abogados se apoyan esencialmente en la subordinación de la Fiscalía General al poder ejecutivo del Estado, y por consecuencia, en la influencia de las relaciones políticas", creen entender los libios.

  "El abogado no ha descartado la posibilidad de que nuevos mandatos de arresto sean emitidos, tras transferir de nuevo el dossier del proceso penal al juez de instrucción, pero nuevamente evoca razones políticas que podrían retrasar o impedir que los mandatos de arresto sean emitidos, y que según él, estos mandatos sólo son emitidos cuando son solicitados por la Fiscalía al juez de instrucción".

Dr. Abderrahmane Aboutouta se muestra dubitativo frente a la oferta francesa: "Existe una ambigüedad sobre la manera de proceder a la anulación, pues a pesar de las preguntas planteadas al abogado, éste no ha respondido y se ha contentado con decir que son secretos del oficio y que es un especialista en anulaciones". Pero también señala que no "hay ningún riesgo a la hora de aceptar", y que si logra anular el proceso actual y sus condenas, él podrá "hacerse cargo del nuevo proceso".

En su propia conclusión, Azza al-Maghur estima que es necesario solicitar "un informe jurídico por escrito" a Thierry Herzog en el que explique los procedimientos que planea iniciar y que demuestre el interés de su estrategia.

  «La oferta» tuvo sus efectos

Desconocemos si tal informe fue redactado por el abogado francés, pero el hecho de que Abdallah Senoussi firmase un año más tarde, el 6 de julio de 2006, un poder oficial en favor de Thierry Herzog deja pensar que las diligencias secretas fueron llevadas a cabo a favor del principal condenado en el affaire del atentado del DC-10.

Los archivos de Ziad Takieddine, hoy en el dossier de instrucción, muestran los trazos.

Así en junio de 2008, una "Nota sobre la situación de Abdallah Senoussi" señala que otro abogado, M. Philippe Dehapiot, cercano a Francis Szpiner y Thierry Herzog, "tomó contacto con un abogado del Consejo de Estado y del Tribunal de Casación" para iniciar un "recurso" a través de un mandatario con el objetivo de "anular la decisión del Tribunal Penal sin que tenga que volver personalmente a Francia".

"Existen dos motivo de apelación –según dicha nota–, el primero es que la sentencia del Tribunal Penal no fue notificada a Abdalllah Senoussi, el segundo es que esta decisión tampoco fue notificada al fiscal, lo que es obligatorio cuando se desconoce la dirección del condenado".

Interrogado por Mediapart, Me Dehapiot dice haber sido contratado por "una persona física privada" que no "continuó con la solicitud".

En mayo de 2009, otra nota menciona una reunión con Claude Guéant, señalando las "conclusiones de M. Thierry Herzog": "El único planteamiento, eficaz, rápido y posible, tras el acuerdo de CG", consiste en solicitar al Fiscal General que "comunique el dossier de Abdallah Senoussi"dossier  y "dejar de lado la orden de arresto, dado el estado de salud de Senoussi, y la necesidad urgente de que sea tratado en Francia", se puede leer en el documento en manos de la policía.

Contactado en múltiples ocasiones, M. Thierry Herzog no ha respondido a nuestras demandas para entrevistarle.

Por su parte, Me Szpiner nos ha indicado que nunca participó en este viaje a Libia en noviembre de 2005: "Es totalmente falso". Asegura que sólo se reunió con los abogados del gabinete libio Maghur, antes de 1999, y antes de la decisión del Tribunal Penal que condenó a Senoussi. "Sabía que este gabinete había solicitado una consulta a Thierry Herzog pero nunca estuve con Thierry Herzog en el gabinete Maghur", afirma. "Presenté una denuncia contra Gadafi. Querer explicar que yo habría querido arreglar el affaire no tiene sentido", concluye. _____________

Versión y edición española: Irene Casado Sánchez

La Guardia Costera libia ha rescatado en varias operaciones realizadas el domingo a 948 inmigrantes y refugiados y ha recuperado los cadáveres de otras diez personas, según han informado las autoridades locales y un testigo de los hechos en una base naval.

Estas operaciones elevan a cerca de 2.000 los migrantes que han sido rescatados por la Guardia Costera de Libia desde la semana pasada tras haber partido en varias embarcaciones desde la costa del país norteafricano.

La costa oeste de Libia es el principal punto de partida para miles de migrantes y refugiados que quieren salir de África para llegar hasta Europa huyendo de las guerras y la pobreza.

El número de personas que han intentado cruzar el mar Mediterráneo desde Libia desde julio de 2017 se ha reducido desde que un grupo armado expulsó a las redes de tráfico de personas que operaban en la zona tras llegar a un acuerdo con el respaldo de Italia.

"La Guardia Costera ha recogido a migrantes ilegales en diferentes grupos. El primer grupo es de 97 personas que iban en una lancha neumática y el segundo es de 361 migrantes en dos lanchas neumáticas", ha explicado a Reuters el portavoz de las fuerzas navales de Libia, Ayub Qasem.

"El segundo grupo ha sido llevado a la localidad de Jums", ha indicado Qasem, antes de explicado que los dos grupos incluían a 110 mujeres y 70 niños. Un testigo que ha visto la llegada de otro barco de la Guardia Costera en la base naval Abú Sitá de Trípoli ha explicado que un grupo de 490 migrantes ha sido recogido cerca de la localidad de Qarabulli, incluidos 20 niños y 75 mujeres.

Libia lleva sumida en una situación de gran inestabilidad desde que las milicias rebeldes derrocaron al régimen liderado por el coronel Muamar Gadafi a finales de 2011. En la actualidad, el país cuenta con dos gobiernos enfrentados que se disputan el control y un gran número de milicias que pugnan por imponerse en sus zonas.

La mayoría de los migrantes y refugiados intentan llegar hasta Italia cruzando el mar Mediterráneo, con la esperanza de ser rescatados por los barcos de las organizaciones no gubernamentales que realizan labores de salvamento.

A principios de junio, el viceprimer ministro y ministro del Interior de Italia, Matteo Salvini, anunció que su país no volvería a dejar que los buques operados por ONG desembarquen a los migrantes que rescatan en sus puertos. Su primera negativa a autorizar el desembarco afectó al buque Aquarius, que finalmente atracó en España tras un ofrecimiento de las autoridades españolas a acoger a las 629 personas que llevaba a bordo.

El Gobierno italiano criticó el domingo al Ejecutivo de Malta por su negativa a acoger en sus puertos a un buque de salvamento con bandera holandesa con más de 230 migrantes y refugiados a bordo.

Nicolas Sarkozy, que hace poco confesaba su fascinación por los dirigentes autoritarios, está en el punto de mira de la Justicia francesa por su vínculos con uno de los más célebres: Muamar Gadafi, durante mucho tiempo en el centro del terrorismo antioccidental. El expresidente de la República Francesa pasaba, a primera hora de este martes 20 de marzo, a estar bajo custodia de los agentes de la Oficina Anticorrupción de Nanterre por la supuesta financiación libia de la campaña de las presidenciales de 2007, que le llevaron al Palacio del Elíseo.

También el martes era llamado a declarar el exministro galo del Interior y actual eurodiputado, Brice Hortefeux, fiel lugarteniente de Nicolas Sarkozy desde hace más de 30 años. Sarkozy puede permanecer retenido hasta 48 horas, periodo después del cual puede pasar a disposición de la Justicia. Según el código francés de procedimiento penal, la detención preventiva implica que los investigadores tienen “razones plausibles para sospechar” la implicación de Nicolas Sarkozy en la causa, probablemente la más grave que ha conocido la V República en el ámbito político-financiero.

No es la primera vez que el expresidente francés tiene que vérselas con la Justicia, tras pasar a disposición del Tribunal Penal por la supuesta financiación ilegal de la campaña electoral de 2012 en el marco del caso Bygmalion y por corrupción, tráfico de influencias y encubrimiento de violación del secreto profesional en el caso Paul Bismuth (identidad falsa tras la que se ocultaba Sarkozy).

En el escándalo libio, tal y como desveló Mediapart –socio editorial de infoLibre–, la lista de delitos investigados es larga: corrupción activa y pasiva, tráfico de influencia, malversación de fondos públicos, abuso de bienes sociales, falsificación y uso de documentos falsos, blanqueo de fraude fiscal, encubrimiento...

Los hechos se remontan a Arabia Saudí, en 2005, a raíz del fracaso de un gigantesco mercado de armamento entre Francia y el Reino Wahabita, en el que Nicolas Sarzoky (entonces ministro del Interior), había puesto muchas esperanzas. No obstante, el equipo del entonces presidente Jacques Chirac –en aquel momento en guerra abierta con los sarkozystas– puso fin de forma abrupta a las negociaciones al sospechar de una posible financiación política oculta a través de importantes desvíos de dinero. Pero un intermediario amigo, Ziad Takieddine, no tardó en encontrar un nuevo Eldorado para Nicolas Sarkozy: la Libia de Gadafi.

El 6 de octubre de 2005, Sarkozy viajaba a Trípoli, donde se entrevistó con Gadafi. Algunos meses después, según las revelaciones de Mediapart, el intermediario franco-libanés Ziad Takieddine, llevaba personalmente dinero, desde la capital libia a París, que entregó, en mano, en dos ocasiones, al entonces jefe de gabinete de Sarkozy Claude Guéant y a Nicolas Sarkozy (una vez). La suma total asciende a cinco millones de euros, que viajaron ocultos en maletas de cuero flexible, y que, según el propio intermediario, entregó entre noviembre de 2006 y enero de 2007. “Personalmente supervisé el traslado de esta suma gracias a un intermediario francés, que entregaría al director del gabinete del ministro del Interior. Sarkozy era entonces ministro del Interior. Había un segundo intermediario, alguien llamado Takieddine, francés de origen libanés instalado en Francia”, reconocía el exjefe de los servicios de espionaje militar de Libia Abdallah Senoussi. La versión oficial, según Mediapart, es que el dinero libia tenía como destino el Ministerio francés de Interior a cambio de la formación de agentes libios.

Y eso no es todo. En un documento desvelado en su día por Mediapart y atribuido al dirigente libio Moussa Koussa, se pone supuestamente de manifiesto un acuerdo para que Libia financiase por un importe total de 50 millones de euros la campaña de Sarkozy.

Sin embargo, aunque el dinero en metálico tiene la ventaja de que deja poco rastro, presenta el inconveniente de ocupar sitio cuando hay mucho. Claude Guéant, el exdirector de gabinete y después jefe de campaña de Sarkozy, sabe algo del tema. Según los investigadores, que mencionan en un informe reciente que se hacía “uso sin moderación del dinero en metálico”, sólo sacó de su cuenta entre mayo de 2003 y finales de 2012... 800 euros. El resto de gastos los abonó en metálico.

Y todo no queda ahí. Los investigadores han podido saber también que Guéant alquiló en 2007, entre gran secretismo y durante el tiempo de la campaña presidencial, una cámara acorazada –en la oficina de Opéra del BNP de París- tan grande que en ella cabía un hombre de pie. Guéant se desplazó a dicha oficina en siete ocasiones entre el 23 de marzo y el 19 de julio de 2007. ¿Qué iba a buscar?, le preguntaron los investigadores. Muy serio, el exsecretario general del Elíseo, exministro del Interior y ex director de la Policía Nacional respondió que había alquilado dicha cámara acorazada para guardar... discursos de Nicolas Sarkozy.

No obstante, los agentes pudieron constatar que la campaña presidencial se vio inundada de importantes sumas de dinero en efectivo, nunca declaradas a las autoridades de control, tal y como terminó por reconocer el tesorero Éric Woerth; sin embargo, el propio Woerth, para minimizar las cifras en juego señaló que las sumas procedían de donaciones anónimas llegadas por correo postal. Unas declaraciones que la Policía no dudó en calificar de “capciosas” y destinadas deliberadamente a crear confusión.

Avec les compliments du Guide (editorial Fayard, 400 páginas) es la historia de la degeneración de una República, la nuestra, y la obstinación de un periódico, el vuestro. El libro, que atrapa desde la primera página, se lee como una novela negra en la que la acción nunca se detiene. Este relato, de los periodistas Fabrice Arfi y Karl Laske, que recoge seis años de investigación en Mediapart, socio editorial de infoLibre, sobre el caso Sarkozy-Gadafi, tiene la eficacia de un informe clínico. Sin palabrería ni comentarios, los hechos hablan por sí mismos. Pieza a pieza, el puzzle toma forma hasta ofrecer una síntesis definitiva de un caso sin parangón; un caso con mayúsculas.

Nunca, en la larga crónica de las corrupciones republicanas, habíamos visto un panorama tan desolador. En el centro, rodeado de su clan, se sitúa Nicolas Sarkozy, es decir, un político profesional de primer nivel, durante mucho tiempo líder indiscutible de su familia política, presidente de la República Francesa durante cinco años (2007-2012), y todavía hoy un personaje público considerado. En torno a él, se dan escenas dignas de las gorgonas, esas criaturas malvadas de la mitología griega cuya única contemplación podía petrificar a quienes las miraban. Porque la verdad que los dos investigadores de Mediapart nos obligan a mirar de frente es impresionante y aterrador.

Estamos ante la historia de un compromiso duradero con una dictadura, que dio comienzo en 2005 cuando Nicolas Sarkozy era ministro (primero del Interior y después de Economía); la historia de la petición de financiación oculta, una suma considerable, procedente del dinero negro de ese régimen libio; la historia de unas elecciones presidenciales cuya campaña se vio corrompida por esa financiación ilegal procedente de un Estado extranjero; la historia de una puesta en escena humanitaria (la liberación de las enfermeras búlgaras) para justificar la recepción triunfal de Mohammed Gadafi a finales de 2007 por parte de la República Francesa; la historia de una alianza que, de buenas a primeras, se convirtió en un obstáculo cuando los vientos inesperados de las revoluciones árabes amenazaban los secretos inconfesables a raíz del derrocamiento popular de la dictadura que los guardaba; la historia de una guerra devastadora, iniciada en 2011, y que tenía como resultado, u objetivos, borrar precipitadamente las huellas de dichos compromisos –por no decir a sus testigos, entre los que se encontraba el propio dictador– y asegurarse de que los supervivientes siguen enterrándolos; la historia, por último, de maniobras continuas y concertadas para que estas verdades no viesen la luz, fuesen deslegitimadas en el debate público e ignoradas por una Justicia impedida.

De no haber sido por el arduo trabajo de Fabrice Arfi y de Karl Laske, que publicaron el primer artículo el 28 de julio de 2011, con el análisis de los documentos Takieddine, antes de que la Justicia tomase cartas en el asunto, nada de todo esto se habría documentado, demostrado, conocido y –esperemos– debatido en el futuro. Porque, en una democracia auténtica, este escándalo inmenso habría sido objeto ya de un debate público incesante. Los medios de comunicación habrían seguido la pistas dejadas por Mediapart, los rivales políticos habrían pedido cuentas, el Parlamento habría llevado a cabo su papel de control del Poder Ejecutivo, se habría creado una comisión de investigación, se habrían preparado comparecencias públicas, las detenciones habrían sido numerosas, etc.

El libro Avec les compliments du Guide –que nos obliga a evaluar las dimensiones del caso, si es que aún hacía falta, de esta derrota democrática colectiva– cuenta que, al tratarse de hechos de alcance mundial (la guerra de 2011, la caída del régimen y la muerte del dictador), las democracias británicas y de EE. UU. no se quedaron de brazos cruzados. Gracias a los documentos oficiales, telegramas diplomáticos o informes parlamentarios que se han hecho públicos, hemos podido conocer los aspectos más oscuros de la intervención militar en la que Francia mintió sobre la realidad de la urgencia humanitaria, después superó alegremente el mandato confiado por la ONU y por último logró impedir cualquier salida negociada. Todo ello para sorpresa de los aliados.

Cualquier investigación de larga duración es un puzzle cuyas exclusivas más llamativas a menudo no son sino una de las piezas, más menos o definitiva que otras, que da sentido al tablero de conjunto. La fuerza del libro de Fabrice Arfi y Karl Laske radica en el hecho de no olvidar ninguna y, con ello, poner todo en su lugar.

El lector, que camina cronológicamente con los autores, en ocasiones los ve retroceder para detenerse en un detalle que, inicialmente, se les había escapado; los acompaña en sus propias deducciones de un hallazgo a otro; ve cómo avanza la investigación y el puzzle toma forma como si participase él mismo en las investigaciones de Mediapart. Todo encaja progresivamente, todo acaba por estar vinculado, todo cobra sentido, todo pasa a ser coherente y claro, en un relato límpido y extremadamente pedagógico. Todo ello formado por una masa infinita de pruebas, documentos hallados, testimonios recogidos, escuchas judiciales, informes de todo tipo, por no hablar del material multimedia (que incluye fotografías, vídeos, sms etc.).

El famoso documento revelado por Mediapart entre las dos vueltas de las presidenciales de 2012, el acuerdo libio de financiación electoral por importe de 50 millones de euros cuya credibilidad ya está fuera de toda duda –salvo Sarkozy y los suyos– es sólo una pieza más –aparece en el capítulo 30 del libro de los 39 con que cuenta la obra–. Porque Avec les compliments du Guide incluye numerosas revelaciones nuevas, que completan las informaciones ya publicadas en Mediapart, a las que el libro da una perspectiva de conjunto. Eso sí, no las vamos a revelar todas aquí para animar al lector a descubrirlas por sí mismo.

No obstante, hay una revelación que tiene más peso que las otras y que termina de completar el puzzle en su parte más decisiva: el circuito de financiación y de pagos por encima de las promesas libias. De repente, los investigadores –que han conseguido el testimonio de uno de los personajes clave del régimen, un hombre en la sombra refugiado en Egipto, Mohamed Ismail– relacionan documentos que obra en su haber desde 2011, los mismos que les habían puesto tras la pista libia, los archivos de Ziad Takieddine. Y escriben, como Allan Poe en La carta robada: “De hecho, la llave del enigma se encontraba ante nuestros ojos desde hace años”. En esa maraña de documentos, habían pasado por alto un elemento o más bien dos: una empresa y una transferencia”. Empresa y transferencia que se corresponden exactamente con el circuito descrito por su fuente libia...

“En lo que respecta a la financiación de la campaña, parte de los fondos pasaron por un banco comercial en Beirut y, de ahí, a una cuenta bancaria en Alemania, vinculada con Ziad. Otras sumas pasaron por cuentas bancarias en Panamá y en Suiza”. Ahora bien en los documentos Takiedinne, FabriceArfi y Karl Laske dieron con una empresa, registrada en las Islas Vírgenes, Rossfield Ltd, que recibió una transferencia procedente de Libia, que tiene como origen el Libyan Arab Foreign bank y que después pasó por un banco libio, el Intercontinental Bank of Lebanon, que tiene como “correspondent bank” para relaciones interbancarias internacionales a un banco alemán, el Deutsche Bank de Frankfurt. Exactamente el circuito descrito por el testigo libio, sin contar con que, en uno de los paraísos fiscales más opacos del mundo (Suiza), Rossfield Ltd tiene al menos tres cuentas bancarias, una en Maerki Baumann & Co y las otras dos en Blom Bank.

Ahora debe ser la Justicia, que investiga la financiación libia (y otros casos relacionados con Sarkozy) quien tiene que llegar hasta el final de todas las pistas abiertas por dos periodistas que no cuentan con ninguna de sus armas para hallar la verdad. No obstante, ahora, “el caso está ahí, a la vista”, tal y como escriben Fabrice Arfi y Karl Laske en el prólogo a esta “historia de un sistema de compromisos del Estado y políticos probablemente inéditos” durante la V República, que también es “un nuevo episodio de la historia postcolonial de Francia”. Todo el mérito es de los periodistas, algo que llena de orgullo colectivo a Mediapart, y que, hoy, por fin recibe el reconocimiento merecido en los periódicos que, ayer, dudaban de nuestras revelaciones.

Avec les compliments du Guide, es un testimonio magistral del periodismo de interés público defendido en nuestras columnas digitales desde 2008 y cuyo ideal comparte cualquier periodista digno de ese nombre. Un periodismo que, desde luego, molesta a aquellos que carecen de escrúpulos, a los corruptos, hasta el punto de tener que pelear por imponerse. También, por desgracia, en nuestro propio círculo profesional. En el capítulo 38, con un título deliciosamente irónico,  Recettes à l’etouffée [juego de palabras entre recettes, que significa recetas, pero también ingresos; y à l’etouffée, que puede significar estofado, pero también acallado, silenciado– Arfi y Laske desvelan los secretos de “ciertos poderes mediáticos en el caso libio”.

En el libro descubrimos sobre todo la censura, en 2014, de Le Point a una investigación que apoya las revelaciones de Mediapart, a raíz de la llamada telefónica del responsable de prensa de Nicolas Sarkozy. Y leemos, estupefactos, la respuesta del director del semanal: “No, si te parece, el tema, nosotros no lo publicamos... No somos Mediapart, no vamos acusando a la gente sin pruebas. Así que lo que quiero decir es que nosotros no vamos a titular: ‘El hombre que acusa a Nicolas Sarkozy’. [...]. Además, eso no tiene mayor importancia, francamente; nosotros no lo tratamos como un temas de investigación”.

Poco más que añadir. ____________Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

A 300 kilómetros de las fronteras de Europa, un país se rompe ante la mirada inquieta de sus vecinos, impotentes. Seis años después del estallido de la revuelta que acabó con la muerte, en octubre de 2011, de Muamar el Gadafi, Libia es víctima de las rivalidades y de los conflictos que enfrentan a sus múltiples milicias locales, fuerzas tribales y bandas armadas. Para la conquista del poder, el control de las riquezas naturales o la gloria de Alá, notables, políticos, líderes yihadistas o no libran una guerra civil que ha transformado el país en un espacio sin Estado en el que prosperan el integrismo islámico, el contrabando de armas y el tráfico de migrantes.

Hasta hace muy poco, dos centros de poder emergían de este caos: uno en Trípoli, al oeste, y el otro en Tobruk, al este. Eran rivales, enfrentados por un conflicto político, pero unidos por un acuerdo alcanzado en diciembre de 2015 en Skhirat, en Marruecos, gracias a la mediación de Naciones Unidas. Este punto de unión ahora se ha roto. El Gobierno de Tobruk decidió el 7 de marzo retirar su apoyo al acuerdo de Skhirat. Aunque no fue una sorpresa, esta ruptura entre los dos centros de poder tiene su origen en el viejo contencioso político y las ambiciones económicas enfrentadas, que el acuerdo marroquí no ha conseguido resolver. Pero también en sus propias naturalezas y en sus alianzas, que han acentuado las divergencias.

Al oeste tiene su sede en Trípoli el Gobierno de unidad nacional (GNA), dirigido por el arquitecto y hombre de negocios Fayez Sarraj. Este Gobierno, único reconocido por la comunidad internacional, tiene el apoyo en el plano militar de la potente milicia de Misrata, en cuyo seno coexisten islamistas e insurgentes anti-Gadafi de 2011. Fuera del país, este Gobierno, que cuenta con el apoyo de Qatar y Turquía y mantiene buenas relaciones con Argelia y Túnez, dispone de medios militares y financieros insuficientes y su único éxito, a día de hoy, es el haber logrado expulsar a la organización Estado Islámico de la ciudad portuaria de Sirte. Pero este éxito, facilitado por el apoyo aéreo norteamericano, se debe a una movilización excepcional de las milicias locales, lo que aumenta más la deuda, y por tanto la dependencia, del Gobierno de Trípoli.

El segundo centro de poder, con base en Cirenaica, al este del país, está representado por el Parlamento de Tobruk, elegido por sufragio universal en junio de 2014, que se niega a reconocer al GNA y, por tanto, a reconocer la legitimidad democrática que pretende tener el primer ministro. Este rechazo de los parlamentarios es todavía más firme por que se encuentran bajo influencia del mariscal –autoproclamado– Kalifa Haftar, excompañero de Gadafi caído en desgracia después de una derrota en Chad y después exiliado en Estados Unidos. De regreso a Libia, tras la caída de Gadafi, Haftar, que admira al régimen egipcio, impuesto tras un golpe de Estado contra el poder de los Hermanos Musulmanes, se ve como presidente al estilo Sissi. Reciclando a antiguos mandos y soldados del Ejército de Gadafi y a milicianos hostiles a los grupos islamistas del Este, constituyó un Ejército Nacional Libio (ANL) que considera el núcleo central de las fuerzas armadas de la nueva Libia, de la que no podría ser el líder. Cuenta con el apoyo, sobre todo militar, de Egipto, de los Emiratos Árabes Unidos y de Jordania. París, que en Libia mantiene un doble juego peligroso, reconoce al GNA pero ayuda discretamente a Haftar proporcionándole, a través de la Dirección General de Seguridad, asesores y apoyo de los servicios de inteligencia. Y todo ello mientras mantiene abierto un canal de comunicación con Sarraj.

En septiembre de 2016, las tropas de Haftar, apoyadas por las milicias de Zintan –rivales, al oeste, de las de Misrata–, tomaron el control de la “creciente potencia petrolera” del golfo de Sirta y de sus cuatro pozos principales, Zouetina, Brega, Ras Lanouf y Sidra. Muy mal defendidos por la Guardia de Instalaciones Petroleras, cuyos combatientes, aliados de Sarraj pero cansados, apenas habían resistido, las terminales se habían convertido en una presa fácil. Pero preciosa. Aunque la producción libia no supere un quinto de su capacidad, el maná petrolero daba a Haftar medios sustanciales, especialmente si se comparan a los de Sarraj.

En el origen de la crisis y de la ruptura del acuerdo de Skrita por parte del poder de Tobruk se encuentra la respuesta militar a esta conquista y, sobre todo, la recuperación de dos de los pozos, en Ras Lanuf y Sifra, a manos de la Brigada de Defensa de Bengazhi (BDB). Formada en la primavera de 2016 en Benghazi, pero rápidamente expulsada de la ciudad por parte de las tropas de Haftar, la BDB es una fuerza militar mayoritariamente islamista que niega cualquier vínculo con la organización del Estado Islámico, pero tiene en sus filas a combatientes yihadistas procedentes del grupo Ansar Al Charia. Tras su expulsión de Benghazi, se replegó al sur hacia el oasis de Koufra y Misrata.

Según fuentes conocedoras del terreno, gracias al apoyo de un destacamento aguerrido de la milicia de Misrata, la brigada Al Marsa recuperó Ras Lanouf y Sidra. Además, habida cuenta de los vínculos entre la milicia de Misrata y el Gobierno de Trípoli, Haftar y sus aliados del Parlamento de Tobruk interpretaron la contraofensiva contra el negocio petrolero que acababan de conquistar como un acto hostil del Gobierno de Fayez Sarraj. Más aún por cuando el ministro de Defensa de Sarraj, Mahdi al-Barghathi, lejos de condenar, como su primer ministro, la ofensiva de la BDB, se felicitaba por esta resistencia al “contrarrevolucionario” Haftar.

El papel de Rusia

Lo que inquieta especialmente a los principales vecinos de Libia –Argelia, Túnez y Egipto–, pero también a otros, en el agravamiento de la crisis libia, es que llega en el momento en que el Gobierno de Trípoli se encuentra más débil y vulnerable que nunca y cuando Rusia acaba de iniciar un regreso diplomático y estratégico espectacular en la región.

Desde que llegó al poder oficialmente, saludado por la comunidad internacional, en marzo de 2016, el Gobierno de Trípoli, en realidad, nunca ha sido capaz de imponer su autoridad en la ciudad, siempre entregada a la codicia de una decena de milicias cuyas lealtades y territorios evolucionan sin parar. En febrero pasado, los combatientes de Khalifa al-Ghwell, exprimer ministro, apartado por Fayez Sarraj, a su llegada a la capital en marzo de 2016, habían conseguido controlar durante varias horas tres ministerios, Defensa, Martirios y Trabajo. Su jefe dio incluso una rueda de prensa en la que anunció que el acuerdo de Skhirat, “impuesto por el extranjero”, estaba “muerto”. Días después, violentos enfrentamientos con artillería pesada enfrentaron a grupos armados, llegando a controlar varios barrios del este de la ciudad. El GNA tuvo que recurrir a la mediación de dignatarios de las ciudades de Tarhuna, 120 km al sudeste de Trípoli y de Gharian, 80 km al sur, para conseguir un alto el fuego. Fayez Sarraj pidió entonces oficialmente a la OTAN ayuda en materia de defensa y de seguridad. Demanda que el secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, prometió transmitir al Consejo “con la mayor brevedad”.

Por su parte, a Haftar le cortejan diplomáticos y militares rusos. Y lo hacen por múltiples razones, al menos una de las cuales es evidente. Moscú nunca ha admitido haber sido engañado, en marzo de 2011, en la votación de la resolución 1973 de Naciones Unidas sobre Libia. Presentado por los occidentales como un texto que impone “un régimen de exclusión aérea” destinado a proteger a los civiles, este documento –que el presidente ruso Dmitri Medvedev acabó por aceptar sin oponer su veto– fue invocado por sus promotores –París y Londres, sobre todo– para bombardear objetivos militares relacionados con el régimen de Gadafi, mientras que no autorizaba explícitamente los ataques aéreos.

Antiguos aliados y suministradores de la Jamahiriya libia, los dirigentes rusos reaccionaron muy mal a esta diplomacia de trileros que les había alejado de un punto de apoyo posible en África del Norte. Pacientes, pragmáticos y ocupados en otros lugares de Oriente Medio, esperaron hasta haber contribuido a hacer caer, en Siria, el peso de la fuerza militar del lado de su aliado, Bashar al Assad, para reabrir el caso libio.

Primero concentraron su ofensiva diplomática sobre quien parecía el único “hombre fuerte” de ese país a la deriva: el mariscal Khalifa Haftar, exoficial del Ejército de Gadafi, jefe indiscutible de un Ejército de más de 50.000 hombres, bien entrenado y equipado con un puñado de viejos Mig, regalo de Egipto. Invitado en dos ocasiones a Moscú en 2016, Haftar incluso visitó el portaaviones ruso Amiral-Kouznetsov, a su paso por las costas libias tras uno de sus despliegues en Siria.

Durante una videoconfrerencia organizada a bordo del navío con el ministro ruso de defensa, Sergueï Choïgou, Haftar repitió que contaba con el apoyo de Moscú para conseguir que se levantase el embargo sobre la entrega de armas a Libia para cuidar a sus combatientes más gravemente heridos. Dos semanas después, 70 heridos libios eran trasladados a Moscú a bordo de dos aparatos rusos.

Preocupado no obstante de no marginalizar demasiado ostensiblemente al único poder reconocido por la comunidad internacional, y también de mantener un posible papel de intermediario entre los dos ejes de poder libios, el Kremlin también recibió en Moscú a comienzos de mes a Fayez Sarraj. “Rusia está convencida de que la crisis actual sólo la puede superar el pueblo libio, todas las partes libias, mediante un diálogo nacional e inclusivo, que contemple un alto el fuego”, declaró el ministro ruso de Asuntos Extranjeros, Sergueï Lavrov, al término de las entrevistas.

El 14 de febrero, Moscú había apoyado la idea de Argelia, Túnez y Egipto, que habían propuesta a Fayez Sarraj y Khalifa Haftar una entrevista en El Cairo con el fin de alcanzar cierto entendimiento con ayuda de la ONU. Idea fallida. Haftar se mantuvo en su negativa a entrevistarse con el mediador de la ONU, Martin Kobler, tras casi un año para tratar –sin éxito a día de hoy– de consolidar el Gobierno de Trípoli. También rechazó citarse con Sarraj. Para disgusto de su modelo, el presidente egipcio Abdel Fatah al-Sissi, que esperaba una actitud más abierta, al menos en reconocimiento a la ayuda generosa –diplomática, militar, política– proporcionada por El Cairo “al hombre fuerte de la Cirenaica” desde su irrupción al frente del Gobierno de Tobruk, al lado del presidente del Parlamento.

El Cairo, que no ha hecho un gesto para apoyar a Haftar en el ataque de la BDB contra la potencia petrolera creciente, ¿aceptará en estas condiciones proporcionarle los medios militares adicionales que le permitan recuperar el control de las terminales perdidas? De ser el caso, el precio puede ser la aceptación, por parte del mariscal, del principio de una negociación con Trípoli.

Como sus homólogos argelinos y tunecinos, los dirigentes egipcios saben que la persistencia de la inestabilidad en Libia supone una amenaza importante para sus regímenes. En esta zona desértica donde las fronteras son incontrolables, una Libia somalizada, es decir, privada durante mucho tiempo de cualquier poder estatal, se convertiría en un cruce de caminos para todos los tráficos –sobre todo el de armas– y un lugar de infiltración de yihadistas y terroristas de toda condición. Argel, que ha constatado con inquietud resurgencias terroristas, sobre todo en las últimas semanas en Bouira, Constantina y Tizi Ouzou, recibió por separado en diciembre de 2016 a los dos dirigentes libios para explicarles los resultados de su estrategia de “concordia” con los islamistas. Y animarlos al diálogo.

Túnez, que ha pagado un alto precio al terrorismo yihadista, pero cuyo régimen se basa sobre un diálogo con el partido islamista Ennahda, aboga también por hablar. El Cairo también estaría dispuesto a apoyar, en el marco de una negociación entre Trípoli y Tobruk, una propuesta de enmienda del acuerdo de Skhirar para hacerlo más “inclusivo”, lo que permitiría asegurar a Haftar el mando de un ejército unificado. Una vez más, hará falta que se reanude el diálogo y no será sencillo después de la decisión del Parlamento de Tobruk.

“Los protagonistas no han comprendido que ninguna corriente ideológica o clan político o tribal podía gobernar este país solo después de Gadafi”, dice a la AFP Rachid Khechana, director en Túnez del Centro Magrebí de Estudios sobre Libbia (CMEL). “El país no estaba dispuesto a una competición democrática clásica”. Después de haber impuesto por las armas, en Siria, un nuevo relación de fuerzas, que conmociona totalmente las condiciones de la negociación, Rusia ¿está a punto, en Libia, de aprovechar el desvanecimiento de la influencia internacional, para volver a entrar en escena y proponer, mediante la diplomacia y con el apoyo de los países vecinos, la reanudación de un diálogo que la ONU se ha mostrado incapaz de organizar? ______________

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

Un avión de la aerolínea Afriqiyah Airways ha aterrizado este viernes en Malta tras haber sido secuestrado con 118 personas a bordo mientras volaba desde la ciudad de Sebha, en el sur, a Trípoli, en Libia, según ha informado el diario local Times of Malta y recoge Europa Press.

El diario apunta a que los secuestradores, dos personas, están armados con granadas de mano y son partidarios de Muamar GadafiMuamar Gadafi, el líder libio depuesto y muerto en 2011. Según este medio, el secuestrador estaría dispuesto a liberar a los pasajeros si se cumplen sus exigencias, si bien se desconoce por ahora lo que reclama.

Según informa el portal local NET News, que ha publicado un vídeo del aparato en el aeropuerto internacional de Malta, las dos personas amenazan con hacer estallar el avión, en el que hay 111 pasajeros y siete tripulantes.

El primer ministro de la isla, Joseph Muscat, dijo en su cuenta de Twitter que está al tanto de un potencial secuestro de un vuelo interno libio que ha sido desviado a Malta.

El avión secuestrado sería un A320. Según Muscat, las fuerzas de seguridad y los equipos de emergencia ya están preparados por si tienen que intervenir.

El expresidente de Francia Nicolas Sarkozy mostró este jueves su indignación tras haber sido vinculado de nuevo con dinero procedente del derrocado dirigente libio Muamar Gadafi, en medio del último debate de cara a las primarias que se desarrollan dentro del partido de centro-derecha Los Republicanos (LR) para elegir al que será el candidato a las presidenciales de 2017.

"¡Qué indignación!", proclamó el exmandatario galo al ser preguntado por los cinco millones de euros que habría recibido del Gobierno libio para financiar su campaña de 2007 a través de Abdulá Senussi, antiguo jefe de la Inteligencia, tal y como denunció el empresario Ziad Takieddine en una entrevista concedida a Mediapart, socio editorial de infoLibre.

"Estamos en el servicio público. No tenéis vergüenza al hacer eco de las palabras de un hombre que ha estado en prisión, que ha sido condenado por difamación, que es un mentiroso", afirmó Sarkozy en pleno debate, según las declaraciones recogidas por el diario francés Libération.

"Es una vergüenza", añadió. Esta misma semana se publicó esta entrevista, que ya provocó la reacción del político conservador, quien negó las acusaciones de Takieddine, como ya hizo anteriormente con todas las informaciones que apuntan a que recibió financiación encubierta desde el país norteafricano.

La Fiscalía abrió en 2013 una investigación por las acusaciones vertidas entonces por el empresario franco libanés Ziad Takieddine, aunque hasta ahora no se había puesto cifra a la supuesta alianza entre Sarkozy y Gadafi.

De alguna manera, tanto la jueza Alaya, que fue la primera que no consintió en que el desconocimiento eximiera de toda responsabilidad a los responsables políticos, y utilizó ese argumento para imputar a numerosos cargos públicos, como también han hecho los que han heredado y compartido los sumarios, diferentes jueces por los que ha pasado la causa matriz y sus derivadas, han creado un nuevo espacio en el que cabrían un sinfín de autoridades que, cual gallinas cluecas, han amparado bajo sus alas innumerables casos de corrupción alegando que mientras sucedían los hechos, ellos se encontraban en plena clase de levitación intentando alcanzar el Nirvana.

Sorprende el criterio, no por injusto, sino por unánime. El recorrido que han seguido estas piezas, que hablan de la corrupción en el sistema de reparto de diferentes ayudas, ha sido laberíntico, con idas y venidas de Sevilla a Madrid, pasando por el Supremo cuando sus señorías mantenían el escaño, para volver de nuevo a su origen cuando renunciaban a él.

Tal vez los imputados esperaban que, en ese recorrido de allá para acá, alguien les liberara de su suplicio al entender que no hubo dolo en la medida que los magistrados parecen reconocer que las cabezas de cartel de este proceso no se lucraron con las ayudas en cuestión, pero no fue así. Los jueces se mantuvieron en sus trece y continúan con la imputación al entender que los jefes son responsables de lo que ha ocurrido en los pisos de abajo. Tanta unanimidad en el criterio parece que crea jurisprudencia, dictan que no pueden la Presidencia ni los altos cargos alegar que viven en un búnker aislado de los despachos donde suceden las cosas.

Con alborozo, en estas fechas en las que entramos en la campaña electoral, recogieron estas noticias los que en su día fueron sus principales rivales políticos, los primeros espadas del Partido Popular, que han encontrado en estas acciones judiciales un bote salvavidas con el que salir a remar un rato apartándose del naufragio en el que se encuentran sumidos que, si bien no amenaza con hundir la nave, porque están hechos de un material insumergible, les tiene, permanentemente, achicando agua cuando lo suyo es desembarcar en las inmaculadas playas de arena blanca y agua turquesa, para desde allí contar que hemos superado la crisis, y disfrutar de sus múltiples logros en materia de economía, sobre todo en lo que atañe a la propia.

Ya era hora de que se compensara un poco la balanza, pensarán los votantes del PP, que no aspiran a un propósito de enmienda colectivo de sus líderes políticos, aquellos a los que votan y esquilman nuestros ingresos, sino que la presencia de otros casos de corrupción legitime su necesidad de seguir votando a sus extravagant friends, que es como llamaba Aznar a Gadafi, del que su súbita caída y posterior ejecución evitaron que cobrara una millonaria comisión ya cuando había dejado la Presidencia y ejercía sus funciones de lobista, que es como llaman ahora a los que cobran dinero por intermediar en la adjudicación de contratos, a costa del bolsillo de los ciudadanos que son los que pagan todo.

Pues eso, que la balanza se ha nivelado un poco en el viejo esquema del bipartidismo, y dicho sea de paso, ha impuesto algo de silencio en los respectivos contrincantes, ya que ambos disponen de munición suficiente para achicharrar al otro, y no olvidemos que las manos están, de momento, tendidas en todas las direcciones de cara a posibles pactos, sin que se descarte nada, habida cuenta de que el líder del PSOE ha dicho que no habrá terceras elecciones y que de eso se encarga él. Le ha faltado decir: “Aunque sea lo último que haga”, cosa que es probable si, como dan todos los sondeos, es el único partido que pierde votos en los próximos comicios, en beneficio de la abstención. Abstención que, dicen, favorece a la derecha. Los de derechas no fallan, siempre salen, les gusta salir, también a votar, aunque no son mucho de eso.

En estas fechas nadie quiere vetar a nadie, para no quedar de intransigente y, en tanto tal, de responsable de la ausencia de Gobierno. Sólo Unidos Podemos lo deja claro: repiten una y otra vez que ellos quieren pactar con el PSOE, lo que provoca un furibundo ataque de cuernos en Ciudadanos, que son más partidarios de los tríos, la condición es que no estén los perroflautas, lo que deja clara su postura sin decirla. Ponen de excusa a Rajoy, como si fuera el malo.

Y uno se pregunta si esa euforia con el tema de los ERES no les preocupa en la medida que muchos de los que piden explicaciones estarían imputados si se les aplicara el mismo rasero. La propia Esperanza Aguirre admitió su responsabilidad política “in eligendo, o sea, por elegir a este señor, e in vigilando, porque yo debería haber vigilado mejor” cuando convocó una rueda de prensa para anunciar que dimitía, cosa que, una vez más, no hizo. Sigue de portavoz en el Ayuntamiento de Madrid y se quitó de su cargo de partido. Nadie le recordó que no fue allí donde trincaron los súbditos de confianza que ella nombró. Por mí, como si se borra del club de golf. Se marcha de donde nos da lo mismo. Allí estaba muy bien, entre iguales, y mantiene su cargo público.

Pues eso, que la lista de los que deberían sentarse en el banquillo por haber elegido mal o haber estado en babia mientras pasaban las cosas tiende al infinito, empezando por el líder de un partido y presidente de la nación que tiene a todos sus tesoreros imputados por recibir donaciones ilegales con las que se financia, partido que algunos miembros de la judicatura afirman que se comporta como una organización criminal para delinquir.

Pues eso, que el juez dice que en Chaves y Griñán “concurren elementos suficientes para sostener, siquiera indiciariamente, que conocían la ilicitud del sistema que estaban instaurando y, por tanto, no debe admitirse su aducida ignorancia”.

Luis sé fuerte

. La fuerza está de nuestro lado y, de momento, ni Hacienda somos todos, ni todos somos iguales ante la ley. Del mismo modo que los nuestros son casos de corrupción aislados, estos jueces, aunque coincidan en todo, también son casos aislados. Podemos seguir mirando hacia otro lado, de espaldas a los brotes de corrupción que se suceden por toda la geografía española, y sólo cuando ya nos señalen con el dedo los imputados declararemos que son sapos que nos dan asco.

Esto de procesar alegando que es imposible que se desconociera el escándalo ha abierto la caja de los truenos. No admiten según y qué jueces la ignorancia como coartada porque la hacen incompatible con el desarrollo del cargo. Súmenle a eso que en la campaña venden, antes de hacerse los tontos, buena gestión para pedir el voto.

Bueno, alguna todavía podrá declarar como eximente que es rubia y, por tanto, su ignorancia genuina. Seguro que cuela porque a veces, aunque son casos aislados, a algunos jueces les vale todo.