A primera vista, Pascal G. no era el más condenable de los hombres pillados en la redada que permitió la detención, dos semanas antes de Navidad, de una veintena de compradores de muñecas pornográficas infantiles. De hecho, este cincuentón canceló su pedido tres horas después de haberlo realizado. “Lo compré en plena noche y, al despertarme, me di cuenta de que había cometido una estupidez”, masculla el conductor de maquinaria, el viernes 9 de enero, ante el tribunal correccional de Avesnes-sur-Helpe (Norte). Pero dos horas de declaraciones revelarán un perfil muy inquietante, parapetado en la negación.

Según él, si pidió una muñeca sexual de pequeño tamaño fue para poder guardarla mejor en su auto-caravana. “¿En serio? ¿No es más bien la apariencia de una menor lo que le interesa?”, le espeta la fiscal.

Como no adquirió el objeto, Pascal G. está siendo juzgado por “consulta habitual de una web que ofrece representación pornográfica de menores”, debido a sus búsquedas en las plataformas de venta. Sobre todo porque pasó mucho tiempo pidiendo unas veces detalles sobre la profundidad de los “orificios”, otras vídeos que ilustran las etapas de fabricación...

Pero este soltero también comparece por “posesión” de imágenes de pornografía infantil. Los investigadores descubrieron en su teléfono y su equipo informático fotos y vídeos de menores prepúberes, entre ellas asiáticas, siendo sometidas a actos sexuales.

“Me robaron el teléfono”, intenta defenderse Pascal G. Después de recuperarlo, no se había dado cuenta de las descargas... ¿Robado dónde? “En Filipinas”, contestó. De 2019 a 2023, vivió en ese país “poco conocido” por los servicios policiales, un verdadero paraíso para los pedófilos.

Allí, este hombre cuenta que tenía “tiendas de ropa” y “un karaoke”. “No tuve tiempo de andar con menores”, precisa torpemente. “Trabajaba siete días a la semana. No vi nada”.

Según se ha sabido, regresó en 2023 a la fuerza: Francia tuvo que extraditarlo. Al irse a Asia, Pascal G. se había librado de un seguimiento socio-judicial obligatorio en Francia, impuesto tras una condena penal: “Intento de sustracción de menor”, es decir, secuestro.

Y no era la primera vez: ya en 2009, Pascal G. había sido condenado por ese delito. “¿Qué pasó?”, quiere saber la presidenta. “Era una chica a la que quería llevar a casa”, alega. “No quería subir al coche”.

Es un pozo sin fondo: los antecedentes penales de Pascal G., que ya ha estado en la cárcel, suman doce menciones, entre ellas varias agresiones sexuales a menores de 15 años, la última de ellas en 2007. ¿A quiénes? “A la hija de un amigo”, susurra el acusado. Cuando se le pregunta por los nombres de sus víctimas, se muestra incapaz de recordarlos. “No sabría decirlo...”, confiesa.

Tras su extradición desde Filipinas y una nueva estancia entre rejas, Pascal G. volvió a ponerse en contacto con sus “amigas” allí. La presidenta se refiere así a esta escalofriante conversación: “Usted intercambió mensajes [con una mujer] diciendo: ‘Vamos a estar juntos y esperaré uno o dos años antes de tener una relación con tu hija’.” “Era un juego, palabrería... Me aburro”, susurra Pascal G. “Está proponiendo claramente violar a una niña”, dice indignada la fiscal Loren Noordman.

En el momento de la requisitoria, esta se centra en los dos delitos que se le imputan. En cuanto a las muñecas, Loren Noordman considera que “alimentan fantasías pedófilas, las refuerzan y contribuyen a una cultura de depredación. Es un terreno peligroso para pasar a los actos”.

En cuanto a los vídeos, la magistrada no oculta su repulsa: “No son simples imágenes. ¡Son cicatrices digitales, una biblioteca del crimen! El Sr. G. tomó una decisión: participar en la empresa mundial de destrucción de nuestros hijos. La pornografía infantil es la expresión de un sistema en el que la dominación se convierte en fantasía, la violación en estética y la sumisión en entretenimiento”. Dirigiéndose al tribunal, concluye: “Tienen ante ustedes a un depredador, y el riesgo de reincidencia es muy alto”.

Pascal G., que ya se encontraba en prisión preventiva a la espera de juicio, vuelve a la cárcel. Se le impone una pena de treinta meses de prisión, acompañada de un seguimiento socio-judicial de cinco años, con orden de tratamiento, prohibición definitiva de ejercer en contacto con menores e inscripción en el fichero judicial automatizado de autores de delitos sexuales o violentos (Fijais). Según nuestra información, ha presentado un recurso.

Desde que estalló el “escándalo Shein” en noviembre de 2025, Francia está explorando las ramificaciones de esta delincuencia de las “muñecas”, considerada durante mucho tiempo marginal, cuando no “anecdótica”, y nunca analizada, en particular en su relación con su paso a actos delictivos. A falta de estadísticas nacionales y estudios científicos, aún cuesta determinar su alcance.

Para conocer la trayectoria de la veintena de clientes de las plataformas Shein y AliExpress identificados por la justicia en noviembre, habrá que esperar varios meses más y seguir el trabajo de dieciocho jurisdicciones. Según la fiscalía de París, un tercio ya es “conocido por actos de naturaleza sexual con menores”. Y en varios juicios ya se han revelado los perfiles de los depredadores.

Así, el sujeto que ha comparecido en Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) a principios de enero de 2026 había sido condenado veinte años antes por agresión sexual incestuosa a su hija. Este electromecánico de 56 años afirmó en la vista que había comprado su “muñeca” sin intención sexual, porque “soñaba” con ser profesor: “Mi idea era grabarme frente a un maniquí para ver cómo me comportaba, cómo me expresaba... “ La negación se va haciendo hueco sin merma del ridículo.

En Tarbes (Altos Pirineos), a mediados de diciembre, el acusado hizo unas confesiones sorprendentes. Este padre de familia reconoció no solo la compra de una muñeca, sino también una agresión sexual cometida hace tiempo contra una amiga de su hija, entonces de 8 años, que siempre había negado y por la que había obtenido un sobreseimiento en 2022. Por el conjunto de los hechos, fue condenado a dos años de prisión.

Por otra parte, casi cada semana desde noviembre, se denuncia ante la justicia una nueva página web, ya sea por parte de las autoridades o de asociaciones, en particular Mouv’enfants, que se ha lanzado a una caza sin precedentes de vendedores y fabricantes.

La fiscalía de París ya ha abierto al menos cinco diligencias, dirigidas no solo contra Shein y AliExpress, sino también contra las web de Little Sex Dolls, Temu y Wish. El 12 de enero de 2026, la fiscalía de Hauts-de-Seine abrió una sexta diligencia contra Sex Dolls Europe. Según los casos, se persiguen dos delitos distintos: la difusión de representaciones de pornografía infantil (las propias muñecas) o la difusión de contenidos pornográficos accesibles a menores sin restricciones.

La profusión de ofertas de muñecas sexuales con cara de niñas se inscribe claramente en un contexto de explosión de contenidos de pornografía infantil disponibles en el espacio digital, incluidos los generados por la inteligencia artificial.

Según los datos facilitados a Mediapart por el ministerio de Justicia, el número de condenas definitivas por el delito de posesión o difusión de imágenes de pornografía infantil se ha disparado un 70 % en diez años, pasando de 848 en 2015 a 1419 en 2024.

Al mismo tiempo, la justicia se está volviendo algo más severa. En 2024, la pena media por posesión o difusión era de 16,4 meses de prisión firme (cuando se trataba del delito principal), frente a los 13,5 meses de 2015.

Preguntado sobre el número de obligaciones de tratamiento ordenadas de forma complementaria por los jueces, el ministerio no ha podido respondernos. Pero parece que está aumentando la propensión de los magistrados a recurrir a ellas, con la esperanza de prevenir mejor los actos delictivos o la reincidencia.

Pero esos tratamientos no son una “solución milagrosa”, pues es probable que parte de los comportamientos a los que se dirigen no tengan nada que ver con trastornos psiquiátricos. Además, esos seguimientos resultan complicados de poner en marcha, debido a la falta de psiquiatras disponibles, y de controlar, debido al secreto médico.

Emmanuel B., por su parte, afirma haber cumplido con su obligación de recibir tratamiento, que finalizó el año pasado. Localizado por Mediapart, este treintañero fue condenado en 2023, en medio de una relativa indiferencia, tras el primer escándalo, ocurrido en 2020, sobre la venta de muñecas pornográficas infantiles. En aquel momento, la plataforma implicada se llamaba Amazon. Y para que la justicia se pusiera en marcha, fue necesario que una asociación, La Voix de l'enfant, presentara una denuncia contra la empresa americana.

Amazon había transmitido a la justicia la identidad de un solo comprador: Emmanuel B., un técnico soltero sin antecedentes penales, que en el momento de su detención ya se había deshecho de la muñeca, “asqueado”. “Era como un cadáver”, explicó a los gendarmes. “Era muy grande, no cabía en el cubo de basura. Así que la corté en trozos pequeños y la tiré al vertedero”.

La investigación sobre la parte “cliente” se cerró rápidamente. De su entorno, solo su hermano fue interrogado sobre posibles “comportamientos inapropiados” hacia sus hijos, a lo que él respondió: “No, nunca”.

El informe psiquiátrico fue tranquilizador: aparte de una depresión grave, el médico no detectó ninguna “peligrosidad criminológica”. El tribunal correccional de Dieppe optó así por una pena leve de tres meses de prisión condicional, sin imponer ninguna prohibición de actividad con niños. Ni siquiera la inscripción en el Fijais. Simplemente, Emmanuel B. estaba obligado a someterse a tratamiento psiquiátrico durante dos años.

“Tenía muchas ganas de suicidarme”, declara hoy. “Pero recibí un buen seguimiento por parte del Spip [el servicio penitenciario de inserción y libertad condicional de la administración penitenciaria, ndr] y del hospital. Sigo yendo a un psiquiatra, aunque ahora lo necesito mucho menos. Considero que ha sido un mal para un bien. La pena fue muy justa; el seguimiento de proximidad, algo muy positivo. El hecho de comprar una muñeca así no me parece dramático en sí mismo, pero es una muy mala señal”.

¿Ha llamado usted alguna vez al número nacional dedicado a las “personas atraídas por los niños”, gestionado por profesionales de la salud? “Nunca”. Aunque el Spip le habló de ello.

A la psiquiatra Anne-Hélène Moncany, especialista en el tratamiento de autores de delitos sexuales, se le preguntó sobre la probabilidad de que haya un depredador detrás de cada comprador, y nos declaró en noviembre: “Desde el punto de vista científico, este debate no está zanjado [por falta de datos, ndr]. Pero lo que importa es que, entre estos compradores, hay algunos que corren un alto riesgo de agredir sexualmente a niños. De ahí la necesidad de sancionar, pero también de actuar con esas personas, para tratar de que no agredan a quienes les rodean.”

En opinión de Emmanuel B., la mejor forma de prevención es “romper el tabú, saber que hay gente así”: “Sé que nos pueden pasar cosas cuando somos pequeños... Si lo que ocurre en las familias fuera menos tabú, quizá habría más gente que acudiría al médico para evitar encerrarse eso y pasar a la acción. También debería ser más fácil acceder a un psiquiatra”, explica.

Afirma que nunca ha agredido a nadie. Cuando Mediapart preguntó a la fiscalía de Dieppe si la justicia había tenido que ver con Emmanuel B. desde 2023, no respondió.

Pero lo que llama la atención de este procedimiento, iniciado en 2020 y cerrado tres años después con la condena de un solo hombre, es que Amazon nunca ha sido procesada. Sin embargo, en un principio, la denuncia de La Voix de l'enfant se dirigía precisamente contra la plataforma estadounidense, en particular por “explotación de imágenes de pornografía infantil”.

Pero los productos eran ofrecidos por dos vendedores independientes chinos, “responsables de la publicación de sus productos en Internet”, declaró el director jurídico de Amazon a la policía. “Cuando Amazon fue informada de la existencia de esos productos, los retiró inmediatamente”, añadió. “Y prohibió a terceros vendedores seguir vendiendo en Amazon.fr”. Un argumento similar al de Shein hoy en día.

Y lo que es peor: en aquel momento, la justicia descubrió que una de las empresas chinas vendía sus muñecas en otra plataforma, AliExpress. Contactado por los investigadores, el grupo propietario, Alibaba, retiró sus productos. Pero “se negó a facilitar todos los datos relativos a los compradores”, según un documento del expediente consultado por Mediapart. “Además, no se pudo interrogar a ningún responsable [de Alibaba]”. Una estrategia obstructora eficaz.

Al final, en este caso de 2020, la justicia archivó la parte relativa a las “plataformas”, considerando sin duda que no había intención de cometer un delito.

“Lamento esa pusilanimidad”, lamenta hoy el abogado de La Voix de l'enfant, Frédéric Benoist. “Habría sido importante presionar a las plataformas en aquel momento. Que al menos se hubiera llevado a cabo un debate ante un tribunal para determinar si la falta de medidas de seguridad suficientes hubieran podido determinar su responsabilidad penal. Si no, llegamos a donde estamos hoy...”

Cinco años después de su primera acción, La Voix de l'enfant volvió a presentar una denuncia por la distribución de muñecas, en noviembre de 2025, contra Shein y AliExpress. Esta vez, con la esperanza de que se celebre un juicio.

Traducción de Miguel López

La Guardia Civil y los Mossos han detenido en Navarra a unos padres por "vender" a su hija de 14 años por 5.000 euros, cinco botellas de whisky y comida, a una pareja de Mollerussa (Lleida) que también ha sido arrestada junto a su hijo de 20 años, con quien pretendían casarla. Todos los detenidos son acusados de un delito de trata de seres humanos con fines de matrimonio forzado.

El pasado mes de octubre, agentes de la policía catalana encontraron en Les Borges Blanques a la niña cuando estaba mendigando ante un centro comercial, donde la recogieron y la trasladaron a un centro de protección en Lleida, en el que actualmente recibe atención.

La adolescente, perteneciente a una comunidad romaní, ha sido liberada por la policía y se encuentra bajo la tutela de la Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA) de la Generalitat, tras ser localizada por la policía catalana cuando mendigaba ante un establecimiento comercial en la localidad de Les Borges Blanques (Lleida).

La Guardia Civil informa este sábado en un comunicado de que la "venta" de la menor tuvo lugar el pasado mes de enero en una localidad de la Ribera navarra. Los padres de la niña, un hombre y una mujer de 35 años, ofrecieron a su hija a una familia de Mollerussa (Lleida) para casarla con su hijo.

Una vez cerrada la "venta", la menor fue trasladada a Cataluña, precisa la Guardia Civil, "donde permaneció bajo el control de la familia compradora con el propósito de consumar el matrimonio forzado". La adolescente no estaba escolarizada y fue obligada a ejercer la mendicidad para aportar dinero a la familia que la había comprado, añade el comunicado.

La Guardia Civil en Navarra inició la investigación del caso tras una denuncia presentada ante los Servicios Sociales de la Comunidad Foral, donde el Equipo Mujer-Menor (EMUME) del cuerpo identificó a los padres "vendedores" y logró localizar a la menor, lo que comunicaron a los Mossos.

Los Mossos detuvieron en Mollerussa al matrimonio que había "comprado" y trasladado a la menor, un hombre y una mujer de 40 y 42 años, así como a su hijo de 20.

En Navarra, los padres de la víctima pasaron a disposición del juzgado de guardia de Tudela, y en Cataluña, los tres arrestados comparecieron ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Lleida.

El alcalde de Mollerussa, en declaraciones a la emisora RAC1, ha expresado "su sorpresa" e "indignación" por este caso, del que no tenían constancia en el Ayuntamiento de la localidad, según ha precisado.

El consistorio, ha agregado, no tiene constancia de que se hayan producido más casos de compra de menores en el municipio, y ha subrayado que este suceso es un ejemplo de que, lamentablemente, a veces "la realidad supera la ficción".

Francesco Arcuri, expareja de Juana Rivas, será juzgado el próximo 18 de septiembre en Italia por presunto maltrato habitual, físico y psicológico a sus hijos, según el equipo jurídico de ella, ha recogido EFE.

En un comunicado, el letrado de Juana Rivas, Carlos Aránguez, informa de que así se ha fijado en la audiencia celebrada este martes en Cagliari (Italia), en la que Arcuri "ha perdido el último recurso previo a la vista oral, y se ha decidido que irá a juicio por maltrato habitual, físico y psicológico, a sus hijos".

Según Aránguez, el juez competente, denominado en Italia el 'Giudice per le Indagini Preliminari', "se ha pronunciado verbalmente esta mañana ante los letrados de ambas partes, acordando el reenvío a juicio y fijando la fecha del mismo para el próximo 18 de septiembre".

Esta nueva decisión ya no admite recurso, según el letrado, para quien se trata de un paso fundamental en el reconocimiento de unos hechos que, "debido, entre otras causas, a una inaceptable desconexión entre la jurisdicción civil y penal en Cagliari-Italia, tanto daño y sufrimiento lleva ocasionado a Juana Rivas y sus hijos, víctimas de violencia de género vicaria e institucional".

Según el abogado, este pronunciamiento 'in voce' -de viva voz- se documentará en breve, y se emitirán por escrito las correspondientes citaciones a juicio.

La Audiencia Preliminar en Cagliari (Italia) ha determinado este martes que un nuevo tribunal de tres jueces analice cuatro denuncias presentadas hace varios años por Juana Rivas contra su expareja, Francesco Arcuri, una decisión que no incluye medidas cautelares ni afecta a la custodia de su hijo, según informa EFE.

El abogado de Arcuri, Enrique Zambrano, ha explicado a EFE que la decisión de Cagliari servirá para analizar cuatro denuncias, la mayoría presentadas en 2019, e interpuestas por Juana Rivas tanto en Italia como en España.

El juez de la Audiencia Preliminar (GUP) no ha evaluado en su decisión los hechos denunciados ni se ha pronunciado sobre la inocencia o culpabilidad de Arcuri y se ha limitado a trasladar la documentación aportada por la acusación a un tribunal que la analizará en un proceso que puede extenderse durante meses.

Será en otras fases cuando los tres jueces tengan acceso a la prueba que ya consta en el procedimiento.

El acto judicial de este martes tampoco ha supuesto ninguna medida cautelar ni ha modificado la sentencia que ratificó que la custodia del hijo menor de la expareja corresponde al padre, pese a lo que Daniel está en Maracena (Granada) con su madre desde el pasado enero.

El nuevo tribunal de tres analizará los hechos para evaluar la veracidad de lo denunciado por Juana Rivas.

"Afrontamos este proceso con serenidad y tranquilidad, ante un tribunal colegiado, para demostrar lo infundado de las acusaciones, y como una oportunidad para desmentir las falsedades que hasta ahora no hemos podido rebatir en los tribunales", ha explicado Arcuri a través de su letrado.

El italiano ha reiterado su "plena confianza" en las instituciones que hasta el momento le han concedido la custodia de su hijo tras ocho años de procesos judiciales.

"En este punto, solo cuento los días para que culmine el procedimiento", ha explicado Arcuri, que confía en que los juzgados de su país y los de Granada terminen los procesos para reencontrarse con su hijo Daniel.

Este mismo mes, la Audiencia de Granada confirmó el auto del Juzgado de Instrucción 9 que acordó el pasado febrero enviar el expediente judicial del hijo menor de Juana Rivas a la Corte de Cagliari (Italia) para que se investiguen allí los presuntos malos tratos de Arcuri a su hijo.

El pasado 18 de febrero, la Corte de Apelación de Cagliari dictó una sentencia en la que concedió la custodia del hijo menor de Rivas a su padre, una medida que los letrados de Juana Rivas, representada por Aránguez Abogados, han recurrido este mes de junio en la Corte Suprema italiana.

El hijo menor de la expareja permanece con Juana Rivas en España desde las pasadas Navidades, después de que el pasado 7 de enero de 2025, el Juzgado de Instrucción 4 de Granada, tras escucharlo, estableciera una medida cautelar de protección a su favor e impidiera la vuelta a Italia con el padre.

Arcuri presentó entonces en Italia una denuncia contra Juana Rivas, a la que acusó de un delito de sustracción de menores por frenar la vuelta del hijo menor de ambos a su país de residencia tras las vacaciones de Navidad, el mismo delito por el que esta vecina de Maracena ya fue juzgada, condenada y parcialmente indultada.

Casi 400 millones menores de cinco años en todo el mundo (seis de cada diez niños de ese grupo de edad) sufren regularmente agresiones psicológicas o castigos físicos en el hogar, según nuevas estimaciones de Unicef. De ellos, unos 330 millones son castigados por medios físicos.

Por el Día Internacional del Juego, que se conmemora este martes, Unicef publica los resultados mundiales, según recoge Europa Press, e indica también que en España, el Registro Unificado de sospechas de Maltrato Infantil (RUMI), registró en 2022, 29.770 notificaciones de sospecha de maltrato (5.449 por abusos sexuales, 13.724 por maltrato emocional, 9.044 por maltrato físico, y 19.970 por negligencia).

Las conclusiones de estas estimaciones también destacan el papel crucial del juego en el desarrollo infantil y la salud mental de los niños, padres y cuidadores, frente a los datos que ponen de relieve la prevalencia de cuidados inadecuados, incluida la estimulación y la interacción en el hogar.

"Cuando los niños son objeto de abusos físicos o verbales en el hogar, o cuando se ven privados de la atención social y emocional de sus seres queridos, esto puede socavar su sentido de la autoestima y el desarrollo", explica la directora ejecutiva de Unicef, Catherine Russell. "Una crianza que cuide e incluya el juego puede aportar alegría y también ayudar a los niños y las niñas a sentirse seguros, aprender, adquirir habilidades y desenvolverse en el mundo que les rodea".

Unicef indica que cada vez son más los países que prohíben el castigo físico de los niños en el hogar, incluido España. Más de la mitad de los 66 países que han prohibido esta práctica han promulgado leyes en los últimos 15 años, pero aun así unos 500 millones de niños menores de 5 años siguen sin la protección legal adecuada.

En España, la Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI, aprobada en junio de 2021) dedica un capítulo al ámbito familiar, que incluye medidas para promover el buen trato y la parentalidad positiva.

Sin embargo, Unicef advierte de que en todo el mundo persisten "normas sociales nocivas" que sustentan los métodos violentos de crianza, ya que, según los resultados, algo más de uno de cada cuatro madres y cuidadores principales indican que el castigo físico es necesario para criar y educar a los niños adecuadamente.

Además, las estimaciones muestran que aproximadamente cuatro de cada diez niños de dos a cuatro años no reciben suficiente interacción receptiva o estimulación en casa, lo que significa que pueden experimentar negligencia emocional y una sensación de desapego, inseguridad y problemas de comportamiento que pueden persistir en la edad adulta.

Mientras tanto, uno de cada diez no realiza actividades con sus cuidadores que son fundamentales para promover el desarrollo cognitivo, social y emocional, como leer, contar cuentos, cantar y dibujar.

Los datos también muestran que alrededor de uno de cada cinco niños de dos a cuatro años no juega con sus cuidadores en casa, mientras que aproximadamente uno de cada ocho menores de cinco años no tiene juguetes o elementos de juego en casa.

Unicef aconseja a los gobiernos que inviertan en protección, apoyen la crianza con ampliación de programas y fomenten un aprendizaje lúdico incluidos centros preescolares, escuelas y parques infantiles. "En el primer Día Internacional del Juego, debemos unirnos y comprometernos de nuevo para poner fin a la violencia contra los niños y promover un cuidado positivo, enriquecedor y lúdico", concluye Russell.

La ONG Save the Children, ha advertido este martes del "daño mental implacable" que sufren los niños y niñas en la Franja de Gaza como consecuencia de la ofensiva israelí, según ha recogido Europa Press, donde ya han muerto más de 31.100 palestinos desde el inicio de la misma, a los que se suman los fallecidos como consecuencia del hambre o las enfermedades derivadas de la destrucción de infraestructura básica y del bloqueo.

"Es inaceptable que ningún niño o niña tenga que enfrentarse a los horrores que han vivido los de Gaza. Mientras esquivan bombas y balas, huyen por calles llenas de escombros y cadáveres, se ven obligados a dormir al aire libre y carecen de los alimentos básicos y el agua potable que necesitan para sobrevivir, la infancia de Gaza atraviesa un periodo de conmoción y dolor a gran escala", ha declarado el director de Save the Children para los Territorios Palestinos Ocupados, Jason Lee.

Asimismo, ha recordado que ya vivían con una "angustia inimaginable" por los 16 años de bloqueo que sufre el enclave y por las numerosas escaladas de violencia que se han vivido desde entonces. "Esta guerra y las cicatrices físicas y mentales que está dejando en los niños y niñas están erosionando aún más su capacidad de recuperación. Todavía hay esperanza de que, con el apoyo adecuado, esto pueda revertirse. A lo largo de la infancia hay oportunidades críticas para abordar el impacto del conflicto. Pero nada de esto es posible sin un alto el fuego inmediato y definitivo y un acceso seguro y sin restricciones a la ayuda del personal humanitario" ha añadido.

Además, la ONG resalta que tanto los seis centro públicos de salud mental como el único hospital psiquiátrico para pacientes internos de Gaza, han dejado de funcionar como consecuencia de los bombardeos y de la falta de recursos para mantenerlos en funcionamiento. La organización también ha publicado una serie de conclusiones a modo de apéndice de la investigación realizada en 2022 para describir "las profundas repercusiones" del bloqueo en la salud mental de la infancia.

Numerosos padres y madres encuestados por Save the Children han asegurado que sus hijos han sufrido un "dramático deterioro" de su salud mental, que se manifiesta a través del "miedo, ansiedad, trastornos alimentarios, enuresis, hipervigilancia, problemas de sueño, cambios de comportamiento como alternancia en el estilo de apego con los padres y madres, regresión y agresividad".

"Nuestros hijos ya han vivido diferentes guerras, ya carecían de resiliencia y ahora es muy difícil hacerles frente. Los niños y niñas están asustados, enfadados y no pueden dejar de llorar. Incluso muchos adultos hacen lo mismo. Esto es demasiado para que lo afronten los adultos, y mucho más los niños", ha declarado Dalia, una madre de Gaza, a Save the Children.

Otros padres entrevistados han relatado como sus hijos "han renunciado a sus esperanzas o ambiciones de futuro" y que "ya no pueden concentrarse en las tareas básicas", llegando incluso a olvidar conversaciones o acciones recién ocurridas. "Ni siquiera diría que su salud mental se ha deteriorado, sino que ha desaparecido. Una destrucción psicológica total", ha manifestado Amal, una madre de cuatro hijos de entre 7 y 14 años.

Waseem, un padre, ha aseverado que los niños "lo han visto todo", refiriéndose a las bombas, las muertes y los cadáveres, lamentando que "ya no pueden seguir fingiendo con ellos". "Ahora lo entienden y lo han visto todo. Ahora, mi hijo puede incluso decir qué tipos de explosivos están cayendo, puede oír la diferencia", ha agregado.

Un total de 56 menores de edad quedaron huérfanos en el año 2023 a causa de la violencia machista, la mayor cifra desde que se tienen registros (2013), aunque el número sería mucho mayor, hasta varios centenares, si se contaran también los hijos mayores de edad, según el Fondo de Becas Soledad Cazorla, que protege a estas niñas y niños huérfanos.

Según datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recopilados por Europa Press, el año 2023 fue el que dejó más menores huérfanos por violencia machista en la última década, con un total de 56. Le siguen el año 2015, con 51; 2019, con 48; 2014, con 43; 2013, con 42; y 2018, con 41.

Además, en 2022 un total de 36 niños y niñas se quedaron sin madre a causa de la violencia de género; 32 en 2021; 30 en 2016; 26 en 2017 y 26 en 2020.

El año 2023 terminó con 55 mujeres asesinadas por violencia de género, seis más que en 2022, que dejó 49 víctimas mortales. El último de ellos se corresponde con la confirmación del caso de violencia de género de una mujer de 80 años, presuntamente asesinada por su cónyuge en A Coruña el 1 de diciembre. Además, a 4 de diciembre, había dos casos en investigación en 2023.

Así, la cifra de asesinadas ha alcanzado las 1.237 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos. Asimismo, la violencia machista dejó el año pasado dos menores asesinados en casos de violencia de género contra su madre en España. En este caso, es uno de los años con menos fallecimientos desde 2013, sólo por detrás de 2016, cuando sólo se contabilizó una muerte, y empatado con 2022.

El copromotor del Fondo de Becas Soledad Cazorla, Joaquín García Cazorla, ha señalado a Europa Press que, más allá de "lo desgarrador de la cifra y del número tan tremendo" de niños huérfanos, hay que tener en cuenta que este dato "solo se refiere a menores edad" dejando "olvidados" a los mayores de 18 años, a pesar de que estos también se enfrentan a momentos de "mucho desamparo".

Según los datos que maneja el Fondo de Becas Soledad Cazorla, entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2021 (año hasta el que disponen de datos), también quedaron huérfanos 339 mayores de edad.

Además, según el Informe sobre los 1.000 primeros casos de víctimas mortales por violencia de género en el ámbito de la pareja o expareja publicado en mayo de 2020 por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), entre el 1 de enero de 2003 y el 20 de abril de 2019 (fecha en que se produce la víctima mortal número 1.000) el número de hijos que perdieron a sus madres en un asesinato por violencia de género, con independencia de su edad, ascendía a 1.494.

"La información que se puede obtener de fuentes desgraciadamente no unificadas y que tengan en cuenta mayores y menores de edad, son tremendos, son mucho mayores", ha advertido García Cazorla.

En cuanto a los motivos por los que ha podido incrementarse el número de menores de edad huérfanos por la violencia de género, el copromotor del Fondo de Becas Soledad Cazorla lo atribuye a que "este año ha vuelto a ser especialmente dramático en cuanto a mujeres víctimas mortales". Además, señala que el hecho de que aumente el número de huérfanos menores de edad es "indicativo" de que la violencia de género es "una lacra" que "afecta también a mujeres jóvenes".

El Fondo de Becas Soledad Cazorla es un proyecto promovido por la familia de Soledad Cazorla, la primera fiscal de sala contra la violencia sobre la mujer, y gestionado por la Fundación Mujeres, que nació con el objetivo de hacer visible y mejorar la situación de los huérfanos por violencia de género.

Las becas que se gestionan desde este Fondo están destinadas a intentar reparar el daño que han sufrido estos niños y niñas, a través de unas ayudas económicas destinadas a facilitar el desarrollo de estudios universitarios o el acceso a servicios de refuerzo educativo o psicológico que puedan necesitar.

Joaquín García Cazorla ha indicado que estos niños y jóvenes que quedan huérfanos como consecuencia del asesinato de sus madres a manos de sus parejas o exparejas, "se enfrentan a un profundo desamparo" tanto "económico" -por todos los trámites que tienen que realizar, desde el procedimiento penal derivado del asesinato de sus madres, hasta los trámites administrativos para obtener las ayudas a las que tienen derecho-, como "informativo", todo ello en un "momento de tremendo dolor".

Además, han identificado que "todo el escudo, la cobertura que se ha puesto en marcha" para proteger a estos huérfanos "muchas veces se ha olvidado de los mayores de edad" que se encuentran igualmente "desamparados" de un día para otro, sobre todo, aquellos que tienen entre 18 y 25 años y se encuentran "en esa etapa inicial de su vida adulta", en la que todavía están estudiando y aún no trabajan o no pueden generar los recursos suficientes por sí mismos para vivir.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Madrid a un varón que presuntamente agredió sexualmente a su propia hija de pocos meses, además de este hecho el detenido utilizaba diferentes redes sociales, así como servicios de mensajería instantánea, tanto para descargar como para difundir estos contenidos.

La madre de la menor, también detenida, mantenía conversaciones con su pareja en las que intercambiaban pornografía infantil, ha informado este martes la Dirección General de la Policía en una nota de prensa recogida por Europa Press.

Agentes de la Unidad Central de Ciberdelincuencia, dentro del patrullaje activo que realizan en la web y en redes sociales y con la colaboración con el HSI (Homeland Security Investigations) de Estados Unidos, detectaron a una persona que compartía imágenes sobre explotación sexual a menores de corta edad a través de diferentes redes sociales.

Los investigadores, a través de diversas gestiones, pudieron identificarlo e investigar su entorno, momento en el que descubrieron que acababa de tener una hija con su pareja.

Además de todos los indicios recopilados y al detectar que además el varón había sido arrestado por hechos similares, los agentes solicitaron una entrada y registro en su domicilio donde se encontraron evidencias de que el detenido no solo descargaba este material sino que también lo difundía a terceros.

El piso donde se encontraban la madre, el padre y la menor estaba en pésimas condiciones, por lo que los agentes dieron parte a los servicios sociales de la Comunidad de Madrid, quienes retiraron la custodia a los padres unas semanas después.

En el análisis del material intervenido encontraron vídeos en los que el detenido había agredido sexualmente a su hija, además de múltiples conversaciones en las que ofrecía al bebé a terceros para tener sexo.

Además, también fue arrestada la madre de la menor ya que presuntamente intercambiaba archivos de pornografía infantil con su pajera y padre de la pequeña. Tras ser puesto a disposición judicial se decretó la prisión provisional para el arrestado.

La Guardia Civil ha detenido en Colmenar Viejo a los padres de ocho hijos acusados de maltrato y de obligarlos a "malvivir" en una habitación y que se encontraban en una "grave situación de desamparo". Los menores tenían prohibido pisar el salón y eran castigados mediante maltrato físico o dejándolos a la intemperie en el patio de la vivienda.

Según ha informado la Benemérita en un comunicado recogido por Europa Press, fue este pasado 29 de marzo cuando, bajo la dirección del titular del Juzgado de Instrucción nº1 de Colmenar Viejo, se registraba el domicilio en el marco de una investigación articulada por el Equipo de Policía Judicial de Colmenar. En dicho registro también participaron el Fiscal de Guardia, Agentes tutores de la Policía Local de Colmenar Viejo, Servicios Sociales y agentes del Equipo Mujer Menor (EMUME) de la Comandancia de Madrid.

La investigación se originó días antes a raíz de una denuncia donde se ponía en conocimiento unos presuntos malos tratos contra una menor de edad ocasionados por su progenitor.

A raíz de estos hechos se realizó un estudio pormenorizado del entorno familiar de la presunta víctima, contrastando también los datos con los agentes tutores de la Policía Local y Servicios Sociales de Colmenar Viejo. Todo ello permitió descubrir que además de la joven había otros siete menores que también pudieran ser víctimas de violencia.

Los menores solían faltar constantemente a clase, siendo justificadas las ausencias escolares por el padre, que ejerce de médico en un hospital madrileño. Fue entonces cuando se establecieron vigilancias en las inmediaciones del domicilio familiar, donde las sospechas confirmaron los recelos de los investigadores.

La mujer de 44 años, que resultó detenida, es a su vez víctima de delito de violencia de género decretando cautelarmente el Juzgado una orden de alejamiento con respeto a su marido.

Tras presentar las pruebas oportunas al titular del Juzgado, ordenó la inmediata entrada y registro en el domicilio, donde se confirmaron todos los extremos. La vivienda presentaba un estado de insalubridad en todas las dependencias a excepción del despacho del padre. De los dos baños existentes, solo uno de ellos era utilizado, encontrándose sucio y lleno de enseres.

La cocina presentaba un aspecto "deplorable", sin limpiar y en una situación higiénico sanitaria pésima. Se hallaron una gran cantidad de uniformes hospitalarios (batas, trajes de quirófano), material hospitalario (guantes, mascarillas, gasas, medicamentos), de los que en un primer momento no pudo acreditar su lícita procedencia por lo que se investiga al varón por un delito de hurto.

Tras el análisis de los vestigios y datos recabados en la investigación se pudo confirmar que los menores estaban en una "grave situación de desamparo" siendo víctimas de violencia doméstica. A los progenitores detenidos se les atribuyen delitos de maltrato, contra los derechos y deberes familiares, obstrucción a la justicia. Además al varón también se le atribuyen delitos de violencia de género y hurto.

Ha sido retirada cautelarmente la Patria Potestad a los padres, los cuales tienen una orden de alejamiento impuesta con respecto a sus hijos.

La Fiscalía General del Estado se ha desmarcado este lunes de la petición realizada por la Fiscalía de Asturias en su Memoria de 2021, donde pedía la retirada de la reforma legal que prohíbe establecer un régimen de visitas para los padres investigados por maltrato, salvo que el juez argumente una decisión a favor de dichos encuentros, al ratificar el cambio en el artículo 94 del Código Civil, según informa Europa Press.

Las fuentes de la Fiscalía han recalcado que tanto el Ministerio Público como su Unidad Especializada de Violencia sobre la Mujer amparan siempre a las víctimas y a las potenciales víctimas de violencia de género, tal como se establece en la ley.

En este sentido, han recordado el escrito dirigido a los fiscales en octubre de 2021 por la fiscal de sala delegada de Violencia sobre la Mujer, en el que fijaba que "cuando existan hijos o hijas menores que convivan con la mujer víctima de violencia de género, los fiscales no interesarán el establecimiento de un régimen de visitas en la comparecencia de orden de protección, al impedir este pronunciamiento la regulación actual del artículo 544 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal".

Apuntaba además que, "si existiera un régimen de visitas vigente acordado por cualquier resolución judicial precedente, solicitarán su suspensión si los menores han presenciado, sufrido o convivido con la violencia, y sólo excepcionalmente podrá interesarse su mantenimiento cuando así lo aconseje el interés superior del menor evaluando la relación paternofilial".

Asimismo, las fuentes han hecho hincapié en el aval del Tribunal Constitucional a la reforma de dicho precepto. En una sentencia del pasado 13 de septiembre, ponencia de Santiago Martínez-Vares, la corte de garantías explicó que el párrafo cuarto del artículo 94 del CC no es un automatismo que predetermine legalmente la privación del régimen de visita, sino que establece "claramente" que la decisión compete al juez, que en cada caso deberá motivar su decisión atendiendo al interés del menor.

El artículo indica que "la autoridad judicial determinará el tiempo, modo y lugar en que el progenitor que no tenga consigo a los hijos menores podrá ejercitar el derecho de visitarlos, comunicar con ellos y tenerlos en su compañía"; y que podrá limitarlo o suspenderlo bajo determinadas circunstancias.

Precisa que "no procederá el establecimiento de un régimen de visita o estancia, y si existiera se suspenderá, respecto del progenitor que esté incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o sus hijos". "Tampoco procederá cuando la autoridad judicial advierta, de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas, la existencia de indicios fundados de violencia doméstica o de género", completa.

No obstante, añade que "la autoridad judicial podrá establecer un régimen de visita, comunicación o estancia en resolución motivada en el interés superior del menor o en la voluntad, deseos y preferencias del mayor con discapacidad necesitado de apoyos y previa evaluación de la situación de la relación paternofilial".

La Memoria, presentada por la fiscal superior de Asturias, Esther Fernández, pedía revocar la modificación introducida por la Ley 8/2021, de 2 de junio, de Reforma de la Legislación Civil y Procesal para el Apoyo a las Personas con Discapacidad en el Ejercicio de su Capacidad Jurídica, con efectos de 3 de septiembre de 2021, por ese nuevo cuarto párrafo del artículo 94 del CC.

"Estimamos que dicha modificación debería ser objeto de una inmediata revisión o contrarreforma, que llevase a la definitiva eliminación del precepto referido, dado que a pesar del escaso lapso temporal transcurrido desde su entrada en vigor, ya se ha evidenciado el desacierto de la reforma y las disfunciones que provoca su aplicación", reza la Memoria en su apartado de propuestas de reformas legislativas.

Aunque concede que "el supuesto contemplado para el caso de que existiese una situación de prisión, bien provisional o por sentencia firme, acordada en el procedimiento penal por los delitos previstos en dicho artículo, imponiendo en tales situaciones con carácter imperativo el no establecimiento de un régimen de visitas respecto al progenitor que se encontrase en tal situación, podría considerarse razonable en interés del menor", cree que "resulta desafortunado".

Y eso, argumentaba, porque implica que "en el supuesto de que existiese una denuncia contra cualquiera de los progenitores por alguno de los delitos contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o sus hijos, tal hecho determinará en principio, y como regla general, que el contacto entre progenitores e hijos sería automáticamente suspendido".

"Con tal planteamiento legislativo, el legislador parece desconocer la realidad diaria en juzgados y tribunales de que no todas las denuncias interpuestas por los delitos referenciados en el artículo 94 del Código Civil acaban con una condena, no siendo infrecuente un elevado porcentaje de sentencias absolutorias por falta de acreditación de los hechos denunciados, y que no todas las penas o condenas finalmente impuestas en dichos procedimientos tienen la misma gravedad o entidad", enfatizaba.

La Memoria de la Fiscalía asturiana advertía, por tanto, de que "se introduce con tal reforma un puro automatismo con carácter de regla general y una desafortunada eliminación de la tan necesaria discrecionalidad de los jueces y tribunales a la hora de resolver sobre una realidad muy compleja, que siempre exige examinar el caso concreto, (...) pareciendo subyacer en la reforma del precepto una indisimulada desconfianza en los operadores jurídicos, especialmente en jueces y fiscales".

La Policía Nacional ha detenido a la responsable de una guardería de Fuenlabrada por trato vejatorio a los niños que atendía, a los que gritaba, trataba con desprecio e incluso obligaba a comer sus propios vómitos, ha confirmado a Europa Press una portavoz de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid.

La investigación comenzó a mediados de octubre, cuando la sección UFAM de la comisaría de Fuenlabrada recibió una denuncia de la Fundación ANAR tras las quejas de varios padres sobre la directora de la Escuela Infantil 'Genios en Pañales', ubicada en la calle Claveles número 24 de Fuenlabrada, en el barrio Vivero-Hospital.

Tras la toma de testimonios y averiguaciones, los agentes comprobaron que esta mujer, de 51 años y sin antecedentes penales, trataba de forma vejatoria a los niños a los que cuidaba, de entre 0 y 3 años. Se dirigía a niños a los pequeños con insultos, gritos, se burlaba de sus llantos y les alimentaba a la fuerza, les obligaba a comerse su propio vómito en casa de que devolvieran, les pegaba en brazos y manos e incluso les encerraba en el cuarto de baño.

Por todo ello, gracias a las grabaciones policiales, fue arrestada el día 29 de octubre por un delito contra la integridad moral y otro de torturas. La responsable de la escuela infantil lo ha negado todo y ha atribuido la denuncia a una trabajadora despedida, ha indicado Telemadrid. Tras pasar a disposición judicial, quedó en libertad con cargos.

Las familias de 14 menores muertos por derrumbes en una mina de cobalto de República Democrática del Congo (RDC) han presentado una demanda en los tribunales estadounidenses contra las principales empresas tecnológicas del mundo en la que denuncian trabajos forzados y abusos perpetrados contra los menores, según informa Europa Press.

Esta demanda sin precedentes contra estas empresas tecnológicas pide una compensación por daños para las familias de fallecidos y heridos y otra cuantía por enriquecimiento ilícito, supervisión negligente y por infligir daños emocionales intencionados.

La demanda sostiene que Apple, Google, Dell, Microsoft y Tesla tenían "conocimiento concreto" de que el cobalto empleado en sus dispositivos procedía de empresas que utilizaban trabajo infantil forzado en condiciones peligrosas y por ello consideran que son cómplices. Además, sostiene que no imponen control alguno, pese a tener la capacidad para supervisar estas minas, por lo que habrían contribuido a las muertes y lesiones sufridas por los familiares de los demandantes.

"En lugar de intervenir y ayudar a estos menores con una parte nimia de su riqueza y poder, estas empresas no hacen nada y siguen beneficiándose del cobalto barato extraído por niños a los que les han robado la infancia, la salud y para muchos, incluso la vida", señala International Rights Advocates en una nota de prensa.

El cobalto es fundamental para cargar las baterías de litio utilizadas en los productos de Apple, Google, Dell, Microsoft o Tesla y la demanda de este mineral se ha triplicado en los últimos cinco años y se espera que se duplique para finales de 2020. Más del 60 por ciento de la producción mundial de cobalto procede de República Democrática del Congo, uno de los países más pobres, conflictivos e inestables del mundo.

La demanda sostiene que Apple, Google, Dell, Microsoft y Tesla colaboraron y fueron cómplices de los delitos perpetrados por las empresas responsables del trabajo forzado de menores en condiciones peligrosas que derivaron en la muerte o graves heridas para los menores.

Algunas de las familias demandantes aseguran que sus hijos trabajaban ilegalmente en las minas propiedad de la empresa británica Glencore. Este cobalto era después vendido a Umicore, un intermediario con sede en Bruselas que es quien vende finalmente el mineral procesado a Apple, Google, Tesla, Microsoft y Dell. Otros demandantes sostienen que los niños trabajaban en las minas propiedad de la empresa china Zhejiang Huayou Cobalt, suministradora de Apple, Dell y Microsoft y posiblemente de otras multinacionales tecnológicas.

Salarios de entre uno y dos dólares diarios

Los niños empezaban a trabajar por salarios ínfimos de hasta dos dólares diarios en puestos de gran dureza física en los túneles excavando para extraer las rocas de cobalto con herramientas precarias y en total oscuridad. Algunos de los niños de las demandas murieron en hundimientos de túneles y otros han quedado paralíticos o con secuelas permanentes tras sufrir accidentes a cambio de salarios de entre uno y dos dólares diarios.

Uno de los demandantes asegura que un sobrino suyo se vio obligado a trabajar en las minas de cobalto cuando su familia no pudo pagar los seis dólares mensuales que costaba su escolarización. En abril del año pasado estaba trabajando en una mina gestionada por Kamoto Copper Company propiedad de Glencore cuando se produjo un derrumbe en un túnel que le sepultó vivo y ni siquiera se recuperó su cadáver.

Otro niño relata que comenzó a trabajar en las minas a los 9 años y trabajaba como porteador de rocas de cobalto para Kamoto Copper Company por 0,75 dólares al día cuando cayó en uno de los pozos. Sus compañeros lograron rescatarle, pero fue abandonado dentro de las instalaciones y solo recibió atención cuando su familia se enteró de lo sucedido. Ahora está paralítico de pecho para abajo y jamás volverá a andar.

En otros casos se trata de miembros aplastados y columnas vertebrales rotas en derrumbes en los túneles o transportando cargas pesadas sin que ninguna de las víctimas recibiera indemnización alguna.

"En mis 35 años como abogado de Derechos Humanos jamás vi unos abusos tan graves y a tan gran escala contra niños inocentes. Esta asombrosa crueldad y avaricia deben cesar", ha subrayado el abogado principal de la demanda, Terry Collingsworth.

La demanda es el resultado de años de investigación y recopilación de datos con numerosos viajes del equipo de abogados al país africano. "Este es el principio del fin de la impunidad para quienes se han beneficiado del trabajo infantil en las minas de República Democrática del Congo", ha afirmado, por su parte, uno de los colaboradores congoleños de la investigación, identificado como doctor Liwanga.

La Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ha puesto en marcha una exposición de dibujos creados por hijos e hijas de víctimas de violencia de género, en la que los menores ilustran sobre el papel las situaciones de maltrato que han vivido, según informa Europa Press.

Insultos, lágrimas, miedo, una imagen de un monstruo que grita "Te voy a matar" y comparaciones con animales salvajes como el gorila o el tigre, es lo que muestran algunas de las ilustraciones de los niños y niñas, que se exponen desde este jueves 25 de abril en Salobreña (Granada). Después recorrerá de forma itinerante por distintos puntos de España.

"Cuando dibujé a papá, que es una fiera, pinté una línea para proteger a mamá", señala uno de los pequeños que ha vivido la violencia machista en su hogar. Según sostienen las creadoras de este proyecto, muchos de estos menores presentan baja autoestima, depresión, conductas agresivas, problemas de alimentación, e incluso consumo de estupefacientes. "Todo lo que el menor hace tiene un sentido, tiene relación con algo que le ha ocurrido. Articulándolo, dando forma a sus actos y pensamientos de otra manera, podrá proyectarlo hacia un futuro, hacia un cambio propio, recorriendo y atravesando su singularidad", apuntan.

Según los datos oficiales, en España desde el año 2013 un total de 241 quedaron huérfanos a causa de la violencia machista y un total de 27 niñas y niños fueron asesinados por violencia de género contra sus madres. A la cifra de menores asesinados hay que sumar al menor de 10 años de nacionalidad alemana cuyo cuerpo sin vida fue hallado ayer, junto al de su madre, en Adeje (Tenerife).

Esta recopilación de dibujos forma parte del proyecto Intervención Psicosocial con Menores, una iniciativa que la Comisión arrancó en el año 2003 observando las necesidades de atención psicológica que presentaban aquellos niños y niñas que estaban siendo víctimas directas de maltrato físico, psicológico o sexual.

"Este trabajo nace con la idea de sensibilizar sobre los terribles efectos que la violencia tiene sobre los menores que la sufren, y que no se puede expresar con palabras. A través de sus trabajos queremos demostrar cómo ven ellos el proceso de violencia, haciéndoles protagonistas de su propia historia, de la mejor forma en que nos lo pueden contar", explica la presidenta de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, Susana Martínez.

Para colaborar con esta iniciativa, la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres ha puesto en venta un libro que recoge todos los dibujos de la exposición. Todo lo recaudado irá destinado a la intervención psicosocial con menores víctimas de violencia de género y al desarrollo de esta exposición itinerante.

Dibujo de un menor e hijo de una víctima de malos tratos.

La mujer y su hijo de diez años desaparecidos en la tarde de ayer en el municipio de Adeje, en Tenerife, finalmente han sido hallados sin vida en una cueva de los alrededores. Un amplio dispositivo formado por más de cien profesionales llevaba todo el día buscándolos por tierra y aire en la zona rural de La Quinta de Ifonche. La causa ha quedado bajo secreto de sumario, según fuentes judiciales, informa Europa Press.

Los hechos ocurrieron ayer martes sobre las cinco de la tarde, cuando un niño de cinco años, hijo y hermano de los desaparecidos, fue encontrado por unos vecinos en la zona de La Quinta. Al parecer, el menor se encontraba en estado de shock y no hablaba español, por lo que se tuvo que comunicar con una vecina que hablaba su idioma. El menor contó que su padre les había llevado a una cueva, donde les habría agredido, y él pudo salir huyendo, por lo que inmediatamente se dio aviso a la Policía Local de Adeje.

El hombre fue localizado posteriormente en su casa situada en el casco de Adeje, donde fue detenido por la Guardia Civil, y supuestamente en un primer momento se había negado a decir dónde se encontraba el resto de su familia, todos de nacionalidad alemana. Los restos mortales de la madre y su hijo fueron hallados en en el interior de una cueva situada entre el Barranco del Burro y el Barranco del Infierno. El caso ha quedado bajo secreto sumario en manos del Juzgado de violencia sobre la mujer número 1 de Arona.

En el dispositivo, activado desde las once de la mañana, participaban agentes de la Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local, así como efectivos del Consorcio de Emergencias de Bomberos y dos helicópteros, uno de ellos perteneciente al Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias, al que se sumó una unidad de tierra. También la vivienda también por la Guardia Civil. En el caso del menor, éste se encuentra bajo tutela judicial.

En declaraciones a los medios, el alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, ha indicado que, al parecer, el padre vivía en el municipio aunque no estaba empadronado, y su familia iba y venía a la isla para visitarlo. Hasta ahora, las hipótesis apuntaban a un presunto delito de violencia machista, si bien no consta ninguna denuncia por malos tratos, por lo que habrá que esperar más informaciones cuando termine la investigación.

La mujer que ha sido hallada muerta en el municipio de Adeje, en Tenerife, elevaría a 18 las víctimas mortales por violencia de género en 2019, en el caso de que se confirme que ha sido asesinada por su pareja. Su hijo, de diez años, cuyo cuerpo sin vida también ha sido encontrado, sería el primer menor asesinado en casos de violencia contra su madre en lo que va de año.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género está recabando datos sobre asesinatos de la mujer y el menor, según ha publicado en su cuenta de Twitter este organismo, dependiente del Ministerio de Igualdad. De confirmarse que son presuntos asesinatos por violencia de género, serían un total de 993 mujeres asesinadas desde el año 2003 en que hay estadísticas oficiales.

Pedro Sánchez lamenta que "otra vez la violencia machista golpea doble" 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lamentado este miércoles la muerte de la madre y su hijo de origen alemán en Adeje, Tenerife. "Llegan las peores noticias desde Adeje (Tenerife). Una mujer y su hijo han sido asesinados. Otra vez la #ViolenciaMachista golpea doble. Un hijo de la pareja consiguió escapar. Todo mi cariño para él, para su familia y seres queridos. Tenemos que acabar con esto. #NiUnPasoAtrás", ha escrito en su cuenta de Twitter.

El presidente de Canarias: "Que se castigue con todo el peso de la ley al responsable"

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se ha sumado a la muestras de repulsa por la muerte de la madre y su hijo en el municipio tinerfeño de Adeje, presuntamente, a manos de la pareja de la mujer y padre del menor. "Sobrecogido por el hallazgo de los cuerpos sin vida de la madre y el niño desaparecidos ayer en Adeje. Toda la confianza en la labor de los cuerpos y fuerzas de Seguridad para esclarecer los hechos, con la mayor rapidez, y se castigue, con todo el peso de la ley, al responsable", ha escrito el presidente canario en su cuenta de Twitter.

El juzgado que estaba de guardia en la tarde del miércoles 13 de marzo remitió a la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Burjassot-Godella (Valencia) la denuncia que le acababa de presentar la abuela de los dos niños hallados sin vida un día después en Godella "con objeto de que, a prevención, se tomen las medidas oportunas en relación con la situación de los menores". Se trataba de un niño de tres años y medio, y una bebé de cinco meses. Informa Europa Press.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, la abuela de los menores acudió al juzgado de guardia de Valencia el miércoles 13 de marzo por la tarde y trasladó al magistrado sus "temores" por la situación de sus nietos. El juez recibió su denuncia, le hizo el ofrecimiento de acciones e incoó unas diligencias previas. Asimismo, en esa misma tarde remitió la denuncia a la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Burjassot-Godella "con objeto de que, a prevención, se tomen las medidas oportunas en relación con la situación de los menores", de acuerdo con el TSJCV.

Según publica este miércoles Las Provincias, la abuela expresó al magistrado que estaba preocupada por los problemas psicológicos y el "extraño comportamiento" de su hija –que acabó siendo detenida junto con su pareja y se encuentran en prisión por el doble crimen– ya que le había enviado dos días antes un mensaje de whatsapp en el que daba a entender que iba a quitarse la vida.

Paralelamente, según la información del TSJCV, el magistrado acordó inhibirse de las actuaciones y remitirlas al Decanato de los Juzgados de Paterna para su reparto, al ser este partido judicial el competente para el conocimiento de los hechos. La denuncia formulada el 13 de marzo por la abuela de las víctimas ha recaído en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Paterna, que instruye un sumario declarado secreto por dos delitos de asesinato y mantiene en prisión provisional a los padres de los niños.

Vistos por última vez con vida 

Ese mismo miércoles los menores fueron vistos por última vez por una amiga de la familia que les llevó comida. La búsqueda de los niños se activó el jueves por la mañana al recibirse al menos dos llamadas que alertaban de que se habían oído gritos en la casa que okupaba esta pareja en el término municipal de Godella. La Guardia Civil y la Policía Local comprobaron que el padre estaba en la casa, pero no la madre. Algunos testimonios indicaban que había salido corriendo desnuda, hasta que fue encontrada a mediodía escondida en un bidón.

La madre fue detenida tras revelar a los agentes el lugar donde se encontraban los cadáveres, hallados enterrados de forma separada muy cerca de la casa donde vivían con sus padres en dos espacios distintos, uno a unos 75 metros y el otro a aproximadamente 150 metros. El padre fue igualmente arrestado con posterioridad y ambos se encuentran en prisión. La mujer tuvo que ser trasladada la pasada semana a una celda especial en Picassent, habilitada con un cristal transparente y bajo vigilancia continua de dos reclusas, después de sufrir una crisis y protagonizar un episodio violento, en el que llegó a comentar que tenía "miedo" a matar a las dos internas con las que compartía habitáculo.

En el Ayuntamiento de Godella constaba una intervención de los Servicios Sociales en la familia en el año 2016, a petición de un juzgado de Paterna, por un conflicto vecinal con la pareja aunque el expediente fue archivado.

Días antes de los hechos, el 11 de marzo, después de una llamada de un familiar a la Policía Local de Godella, dos patrullas de este municipio y de Rocafort se desplazaron al domicilio donde se comprobó que se trataba de un conflicto relacional con miembros de la familia extensa y que tanto los progenitores como los menores se encontraban en ese momento "en buenas condiciones", según informó en su momento la alcaldesa de la localidad, Eva Sanchis.

Dos días después, el miércoles, el Teléfono del Menor contactó telefónicamente con Servicios Sociales de Godella para poner en conocimiento una información facilitada por la familia extensa y se estableció una coordinación con el centro escolar donde asistía el hijo mayor, el Centro de Salud de Godella y la Policía Local, además de contactar telefónicamente con la familia extensa para ampliar la información y continuar con la intervención.

La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra, el tribunal que juzgó a La Manada, ha condenado a un hombre a diez meses y quince días de prisión por un delito de maltrato ocasional a una mujer y le ha absuelto de un delito de homicidio en grado de tentativa. La sentencia puede ser recurrida ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Informa Europa Press.

Según la sentencia, el acusado esgrimió contra la víctima, de la que se encontraba en proceso de divorcio, un cuchillo de 15 centímetros y además, estando ella en el suelo, la agarró del cuello "presionando fuertemente" hasta que la víctima llegó a un "creciente estado de asfixia". En ese momento, "de modo consciente y voluntario", el acusado "dejó de apretar el cuello a la víctima poniendo fin a la situación de peligro para su vida". El tribunal señala que el procesado "de manera libre y voluntaria no continuó con la reiteración o insistencia en actos dirigidos a lograr la muerte de la víctima, por este motivo cesó la situación de peligro para su vida y la causa directa de la no producción de resultado mortal no fue otra que la voluntaria interrupción por parte de aquel de los actos que hubieran podido causar la efectiva muerte de la víctima".

Por eso considera que los hechos son constitutivos de un delito de maltrato ocasional y absuelve al acusado de un delito de homicidio en grado de tentativa. El fiscal pedía 8 años y seis meses de prisión y la acusación particular diez años por homicidio en grado de tentativa. Los hechos ocurrieron en mayo de 2015, cuando el hombre y la mujer, que tienen dos hijos en común, se encontraban en proceso de divorcio. Según la sentencia, el acusado acudió al domicilio donde se encontraba la víctima y, tras una "fuerte discusión", "en un momento dado, se dirigió a la cocina, de donde cogió un cuchillo de unos 15 centímetros de hoja y salió apresuradamente, dirigiéndose hacia la víctima, portando en su mano derecha el cuchillo, que esgrimió dirigiéndolo hacia ella, siendo consciente de que con tal acción podía poner en peligro su vida, produciéndose entre ambos un forcejeo, en cuyo inicio y ante la reacción de la víctima, intentando que aquel se apartara y tratando también de quitarle el cuchillo, le ocasionó una herida incisa muy superficial, de 1 centímetro de trayectoria lineal irregular en fosa derecha".

La sentencia continúa relatando que, "en el desarrollo del forcejeo, el procesado tenía agarrado con su mano izquierda el brazo derecho de la víctima y mantenía el cuchillo en su mano derecha, cayendo ambos al suelo del pasillo, junto a la puerta de la cocina, quedando esta boca arriba y el procesado encima de ella con el brazo izquierdo sobre su pecho". "Hallándose en esta posición", añade el relato de hechos probados, "el procesado agarró con su mano izquierda el cuello de la víctima, presionando fuertemente en la zona peritraqueal, hasta que comprobó que ésta gesticulaba angustiosamente, le estaba haciendo daño, tosía e igualmente le faltaba el aire, y al ver su creciente estado de asfixia, de modo consciente y voluntario dejó de apretar el cuello a la víctima poniendo fin a la situación de peligro para su vida". El incidente fue presencia por los niños y uno de ellos grito dirigiéndose a su padre: "Déjala, no la mates".

El tribunal señala que "la víctima, tras haber padecido la angustiosa situación relatada, salió a la terraza de la cocina con los niños, pidiendo ayuda a gritos". "Entretanto, el procesado permanecía en el interior de la cocina, pidiéndoles que entraran. Cuando la víctima regresó al interior de la cocina, el procesado le pidió que le perdonara por lo que había hecho, rogándole que no le denunciara, marchándose de la vivienda, después de tratar de despedirse de los niños", añade.

La sentencia resalta las lesiones físicas de la víctima 

Según recoge la sentencia, los hechos causaron a la víctima "una herida incisa de un centímetro en cara medial-dorsal de falagne de quinto dedo de mano derecha, lesión eritemato inflamatoria tipo contuso de tres por dos centímetros sobre acromion de hombro izquierdo, abundantes petequias bilaterales en cuello zona peritraqueal, erosión de un centímetro en codo izquierdo, escoriaciones en codo derecho de uno por dos centímetros, lesión eritemato-inflamatoria de 3 centímetros en hombro derecho, herida incisa superficial de un centímetro en fosa derecha, lesiones incisas y contusas en ambas rodillas, y contusión con excoriación de un centímetro en cara medial mama izquierda".

Dichas lesiones requirieron de primera asistencia facultativa, generando un periodo de incapacidad temporal de dos días de perjuicio personal básico, sin que restaran secuelas, añade la sentencia. Por estos hechos, el tribunal condena al acusado a diez meses y 15 días de cárcel como responsable de un delito de maltrato ocasional, concurriendo las agravantes específicas de haber ocurrido el hecho en presencia de menores, con utilización de arma blanca y en el domicilio común, así como la circunstancia atenuante simple transitoria de trastorno mental. El fallo fija para el condenado la prohibición de acercamiento a la víctima y a sus hijos o a los lugares frecuentados por ellos a una distancia inferior a los 500 metros durante dos años diez meses y quince días. También le prohíbe comunicarse con ellos en el mismo periodo.

Asimismo, priva al acusado del derecho a la tenencia y porte de armas durante dos años y seis meses y establece su inhabilitación especial para la patria potestad también durante dos años y seis meses.

Itziar Prats, la mujer cuya expareja asesinó a sus dos hijas de 6 y 3 años el pasado mes de septiembre en Castellón, ha avanzado que, debido a que el sistema "ha fallado" en su protección y la de las dos menores, exigirá responsabilidades a las administraciones implicadas y, si no se asumen "voluntariamente", acudirá a los tribunales. "No encontré amparo. Ya es tarde para mí. Es tarde, sobre todo, para Nerea y Martina, irremediablemente", sostiene, según informa Europa Press.

Así lo ha expresado el portavoz de la familia y primo de la víctima, Gabriel Rubio, quien ha leído un comunicado en su nombre en la sede del Defensor del Pueblo, "ante la imposibilidad de hacerlo ella misma". El familiar ha relatado los diversos "fallos" que se dieron en este caso en el que, entre otras cosas, la jueza especializada rechazó la orden de protección que Itziar Prats solicitó para ella y sus hijas ante las amenazas de muerte de su agresor y padre de las menores. Este acabó matando a las pequeñas durante el régimen de visitas y después se suicidó.

En su comunicado, Itziar Prats ha afirmado que "ningún equipo psicosocial" le había reconocido ni en "este caso" que existiera "peligrosidad para unas menores". La madre, que estudió Psicología en la Universidad Complutense de Madrid, lamentó que después de trabajar toda su vida desde el "servicio a los demás" como "educadora social en un centro de menores", no hubiera recibido ayuda cuando fue ella quien pidió socorro. 

"El sistema ha fallado, todos lo reconocen, pero ninguna administración asume las consecuencias de su responsabilidad", señala Itziar en el texto escrito, en el que también agradece el apoyo recibido desde hace un mes cuando sus hijas fueron asesinadas. "Yo necesité protección, acudí a las instituciones con respeto a todas las normas, con las actuaciones y protocolos que el sistema facilita, los que deben seguirse sin actuar por los propios medios, pero no funcionaron", lamenta.

Juana Rivas ha entregado en la tarde de este jueves a sus dos hijos, de cuatro y 12 años, al padre, Francesco Arcuri, después de que la justicia italiana haya emitido una orden para que lo hiciera, aunque ella ha garantizado que continuará en este país los próximos días, según informa Europa Press.

La entrega de los niños se ha producido en dependencias de la Policía italiana en Cagliari (Italia) en la tarde de este jueves, según han indicado fuentes del equipo jurídico de Francesco Arcuri. Juana Rivas, de Maracena (Granada), fue condenada en España a cinco años de prisión y seis sin la patria potestad de sus hijos por sustracción de menores, después de que hace dos veranos incumpliera las resoluciones judiciales que le obligaban a entregarlos al padre, al que acusa de malos tratos.

La sentencia no es firme y ha sido recurrida por su defensa. La semana pasada ella volvió a Italia para estar con sus hijos y el domingo decidió no devolvérselos al padre, tras lo que le denunció por supuesto maltrato a los niños. Su expareja, el italiano Francesco Arcuri, ha negado reiteradamente haber maltratado a sus hijos y en los últimos días ha emprendido distintas acciones para que Juana Rivas se los entregara atendiendo al régimen de visitas fijado por el juzgado.

Juana Rivas volvió a prestar declaración este jueves ante la Policía italiana en relación a la denuncia de malos tratos hacia los niños y un día antes, el miércoles, se reunió en Cagliari con el cónsul general de España en Roma para pedirle que se investigue este asunto ante la "vulnerabilidad extrema" en la que a su juicio se encuentran.

El equipo que asesora a Juana Rivas ha señalado en un comunicado que, tras los "últimos episodios" ocurridos, el tribunal civil que lleva el tema de la custodia ha fechado la escucha del hijo mayor, de doce años, para el 13 de noviembre, pero mantienen que esto no es acorde con las "exigencias de protección y de inmediatez" que "los hechos denunciados requieren".

Juana Rivas ha denunciado a su expareja, el italiano Francesco Arcuri, por supuestos malos tratos al menor de los dos hijos que tienen en común, con los que permanece en Cagliari (Italia), donde ha pedido medidas judiciales urgentes para su protección, según informa Europa Press.

Según han indicado fuentes de la defensa de Juana Rivas, el padre de los niños los entregó el pasado viernes a la madre de Maracena (Granada), que está en Italia dos semanas para activar los procedimientos judiciales que tiene en este país.

Rivas, condenada a cinco años de prisión y seis sin la patria potestad de sus hijos por sustracción de menores en España, descubrió, según ha hecho constar en la denuncia, un hematoma en la espalda del pequeño, por lo que ha interpuesto denuncia ante los Carabinieri, solicitando como "medida cautelar urgente" que los niños vayan a una "casa familia", un centro público para casos en los que hay riesgo de violencia, mientras la autoridad judicial examina la denuncia y su fundamento.

Los niños permanecen con la madre conforme han explicado también desde su equipo jurídico, en el marco del derecho que tiene esta última a tenerlos, en sus estancias en Italia, durante siete días consecutivos seguidos, siempre y cuando vayan al colegio, a unas dos horas de Cagliari, extremo este último que no se ha producido este lunes, ante este "hecho grave" que se "está denunciando".

En Italia está abierto también el procedimiento para decidir sobre la custodia de los niños. La madre de Maracena ya presentó hace unas semanas una denuncia sobre supuesto maltrato del padre a los niños y permanece "sin tramitarse" en este país la denuncia por presunta violencia de género que puso en Granada en verano de 2016 y que fue remitida al país alpino.

El papa Francisco se volvió a deslizar entre el discurso tradicional de la Iglesia católica y el aperturista y políticamente correcto al indicar que la homosexualidad, "cuando se muestra desde la infancia, hay mucho que se puede hacer a través de la psiquiatría para ver cómo son las cosas. Es algo diferente si se muestra después de 20 años". El máximo de la responsable de la Iglesia hizo estas declaraciones el pasado domingo, en conversación con los periodistas durante su viaje de vuelta a Roma tras su polémica visita a Irlanda. Los servicios de comunicación de la Santa Sede no tardaron en corregir las palabras del papa y en eliminar esa parte de la transcripción oficial de preguntas y respuestas que se facilitó después a los medios.

El papa recomendó la psiquiatría a los padres que detecten orientaciones homosexuales: "Les diría, en primer lugar, que recen, que no condenen, que dialoguen, entiendan, que den espacio al hijo o a la hija", recogió la agencia AFP. Y apuntó un matiz no menos importante: "Otra cosa es cuando eso [la homosexualidad] se manifiesta después de los 20 años". Así, zanjó que "ignorar a su hijo o hija con tendencias homosexuales es un defecto de paternidad o de maternidad".

Fueron sus palabras en el avión el pasado domingo, si bien la versión oficial difundida por los servicios de prensa de la Ciudad del Vaticano suprimió la recomendación de la psiquiatría para no "cambiar los pensamientos del Santo Padre", según explicó un portavoz de prensa. "Cuando el papa se refirió a psiquiatría está claro que lo estaba haciendo para destacar un ejemplo de cosas que se pueden hacer, pero con esa palabra no quiso decir que eso [la homosexualidad] es un enfermedad mental". "Quería decir que era algo psicológico", aseguró el portavoz.

El papa Francisco ya había reconocido anteriormente en un libro que él mismo tuvo que buscar ayuda de un psicoanalista. Había sido a finales de la década de los 70, en los peores años de la dictadura de Videla en Argentina y los más controvertidos de su trayectoria personal. "Consulté a una psicoanalista judía. Durante seis meses fui a su casa una vez a la semana para aclarar algunas cosas", reveló en el libro. No es la primera vez que los servicios de comunicación del Vaticano retocan o suprimen las declaraciones realizadas por el papa, tanto por petición suya como por recomendación de su gabinete.