El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha decidido esta miércoles otorgar el amparo solicitado a la jueza número dos de Violencia sobre la Mujer de Granada, Aurora Angulo, frente al abogado de Juana Rivas. La decisión ha salido adelante con los votos de los diez vocales conservadores, a los que se ha sumado el de la presidenta, Isabel Perelló. Los consejeros progresistas se han opuesto.

El acuerdo dispone asimismo, “como medida de restauración de la independencia judicial perturbada, la difusión institucional del presente acuerdo, con expresa constancia de que la crítica a las resoluciones judiciales no ampara campañas nominativas de descrédito profesional o de presión extraprocesal sobre la jueza competente”.

La solicitud de amparo se originó el 10 de enero de 2025 tras unas manifestaciones públicas del abogado de la granadina, Carlos Aránguez, en la que acusaba a la jueza de no comprender lo que es "la violencia vicaria". El letrado reprochaba a la magistrada, además, que hubiera archivado en 2016 una denuncia de Rivas contra su exmarido, el italiano Francesco Arcuri, acusado de maltrato. "Quédense con este nombre: Aurora Angulo", dijo a los medios.

Horas después, 107 jueces de violencia sobre la mujer de toda España emitieron un comunicado advirtiendo de que las palabras del abogado desprestigiaban "a todo el sistema judicial". La controversia se generó después de que la jueza rechazara pronunciarse sobre si el hijo menor de Rivas debía o no permanecer con ella en España, al considerar que no era competente.

Angulo presentó su solicitud de amparo ante el Consejo manifestando que las palabras de Aránguez afectaban a su independencia. Ese escrito también se dirigía a las ministras de Igualdad y Juventud e Infancia, Ana Redondo y Sira Rego, la eurodiputada de Podemos Irene Montero, el exvicepresidente Pablo Iglesias y la exdelegada del Gobierno para la Violencia de Género Victoria Rosell. Todos ellos se habían hecho también eco del caso.

El Ministerio de Igualdad, que dirige Ana Redondo, redactó un comunicado en el que pedía que se atendiera "el interés superior del menor" ante el riesgo de que el niño tuviera que convivir en Italia "con un maltratador". Días antes de que la jueza se inhibiera del caso, la ministra Sira Rego también manifestó su preocupación sobre el futuro del hijo pequeño de Rivas.

Del acuerdo se han excluido, según una nota difundida por el CGPJ, las referencias a las declaraciones realizadas sobre este asunto por las ministras de Igualdad y de Infancia, Ana Redondo y Sira Rego, respectivamente, "por considerar que se formularon en un tono respetuoso con la función judicial y que entran dentro del ámbito de su actuación política". 

*Esta información se ha actualizado después de que el CGPJ enviara una nota en la que indicaba que "se han excluido las referencias a las declaraciones realizadas sobre este asunto por las ministras de Igualdad y de Infancia, Ana Redondo y Sira Rego".

La española Juana Rivas declaró este jueves ante el Tribunal de Cagliari (Cerdeña, Italia) que su expareja, Francesco Arcuri, acusado de maltrato a los hijos de ambos, golpeaba, escupía y les dedicaba insultos como “bastardos”: “Los dos me decían que iban a morir”, según informa EFE.

Juana Rivas presta este jueves declaración en la audiencia del juicio contra su expareja por presunto maltrato a los hijos de ambos que se celebra en Cagliari, donde también testificará su hijo mayor Gabriel, una sesión en la que también está presente Francesco Arcuri.

A petición de la Fiscalía, la española, que testificó con un biombo, comenzó su declaración contando desde el principio su relación con Arcuri desde que se conocieron en Londres, una etapa en la que le “boicoteaba” la vida “sin parar”: “A mí nunca me había escupido un adulto en la cara, pero él lo hacía”.

Tras relatar el convulso vínculo que ambos tuvieron durante años y después de que la autoridad española decretara la vuelta de sus hijos con Arcuri a partir de 2017, Rivas expuso el presunto maltrato de Arcuri a sus hijos, a quienes, siempre según su versión, gritaba, escupía y golpeaba.

“Ellos me decían que su padre ponía una cara inexpresiva, una cara que hacía parecer que no hubiera una persona. Me contaban que se volvía loco por cosas normales”, afirmó, al agregar: “Yo siempre traté de restar importancia a esos relatos hasta que empecé a ver las cosas por mí misma”.

Por ejemplo, Arcuri decía a sus hijos, que eran “un pedazo de mierda” como su madre y que eran “pequeños bastardos”: “Das asco como tu madre”, subrayó Rivas. En algunos momentos el juez tuvo que pedir a Rivas que rebajara la intensidad de sus declaraciones.

A las preguntas de la defensa de Arcuri, en las que se cuestionaba por qué no había realizado las denuncias antes, Rivas declaró que quería proteger a los niños y poder pasar tiempo con ellos. “¿Cómo hago para jugar con mis hijos, abrazarlos y quedarnos tranquilos? No quería ir a denunciar. Nadie me escuchaba y estábamos destrozados”, declaró.

En la audiencia, el hijo mayor de los dos, Gabriel, ha tomado la palabra como mayor de edad para asegurar que su padre le hizo vivir "un infierno".

El padre, por su parte, se ha defendido: "Escuchar ciertas cosas es terrible; por desgracia estoy acostumbrado", ha confesado ante los medios a la salida de la vista.

Gabriel reconstruyó con serenidad los hechos por los que se imputa a su padre y relató una serie de presuntos episodios, la mayoría de 2019, en los que tanto él como su hermano eran violentamente golpeados.

 "Una vez recuerdo que me llamó al salón, me senté con él y cerró la puerta con llave. Yo me asusté, enseguida me agarró del cuerpo y me lanzó contra su escritorio, me sujetó así por la boca y el cuello y empezó a decirme: 'eres un hijo de puta como tu madre, no puedes hablar con nadie, yo soy un buen padre'", relató.

El joven lamentó no poder comunicarse con su hermano menor, que vive con Arcuri -quien tiene la custodia- en el municipio sardo de Carloforte desde julio pasado y defendió que después "del infierno" vivido en este pueblo, no quiere volver nunca.

El abogado italiano del equipo jurídico de Rivas, Fabio Cannas, calificó la declaración de Gabriel como "muy eficaz". "Sin duda, ha logrado reconstruir todo el contexto familiar en el que se produjeron los maltratos, añadiendo precisiones con fechas y episodios específicos en los que fue objeto del delito por el que hoy se procede", subrayó a la prensa.

El acusado sostuvo a su salida del tribunal que, pese a haber asistido hoy "en calidad de oyente", ha sido muy difícil para él ya que, confesó, "escuchar ciertas cosas es terrible".

"Solo me da pena que esté involucrado mi hijo mayor, a quien quiero porque es mi hijo, y que haya llegado a este punto simplemente para complacer a las personas de su entorno", objetó. Sin embargo, pese a ser una jornada compleja, el italiano sostuvo que "por desgracia" estaba acostumbrado a escucharlo "a través de los medios españoles".

Su abogado, Enrico Marcello, consideró que era pronto para realizar una valoración de los sucedido hoy en el tribunal. "Estábamos convencidos de que escucharíamos estas cosas, así que no nos tomaron por sorpresa", defendió.

El juicio continuará el 12 de marzo con el testimonio de otros testigos presentados por las partes. En la causa que se sigue en Italia y que es independiente del proceso que se lleva a cabo en España sobre este caso, el italiano Arcuri está acusado de maltrato físico y psicológico a los hijos. El menor de ellos vive actualmente con el padre en el municipio sardo de Carloforte. 

El Juzgado de Instrucción 4 de Granada ha citado a declarar como investigada el próximo 30 de octubre a Juana Rivas tras la denuncia presentada por su expareja, que la acusó de un delito de sustracción de menores por evitar que el menor de sus dos hijos regresase en enero a Italia con el padre, que tiene la custodia.

La providencia del juzgado instructor, a la que ha tenido acceso EFE este jueves, se produce después de que la Audiencia de Granada admitiera en julio un recurso de su expareja, el italiano Francesco Arcuri, al archivo de la causa.

Antes de esta cita declarará Arcuri, que acusó a Juana Rivas de incumplir la orden dictada por un tribunal italiano el pasado febrero para que el menor, que desde agosto vive con él en Italia, volviera a su domicilio habitual.

Aunque inicialmente el juzgado instructor archivó la denuncia de Arcuri, la Audiencia de Granada admitió en julio de manera parcial el recurso presentado por el italiano, al que representa el abogado Enrique Zambrano, y acordó investigarla por no haber facilitado la vuelta del menor a Italia.

Este procedimiento deriva de la negativa de Juana Rivas a devolver al menor con su padre, niño que viajó a España para pasar las vacaciones de Navidad con la familia materna y que debió regresar a Italia el 2 de enero.

En esa semana, Rivas solicitó a un juzgado en funciones de guardia medidas cautelares, que suspendieron la vuelta del niño con el padre; al final, esta se efectuó el pasado 25 de julio después de varios intentos del entorno y la representación legal de la madre de frenar la orden judicial que así lo determinaba.

En sus argumentos sobre el delito de sustracción de menores, la Audiencia de Granada apuntó en un auto fechado en julio que Juana Rivas es "tendente a alterar unilateralmente el régimen de custodia de su hijo Daniel", a lo que añadió que lo hacía "reteniéndolo en su compañía con incumplimiento" de lo dictado por la justicia italiana.

El auto de la Audiencia recordó que Rivas incumplió en enero la devolución del menor con el padre y "provocó" que se dictara una resolución con medidas cautelares y recalcó que las medidas cautelares que frenaban la vuelta de Daniel había quedado sin efecto por una nueva sentencia de la Corte de Cagliari.

También calificó de "incontestable" la documental que aportó en su denuncia Arcuri por la "gravedad" de la conducta de Juana Rivas, que forzó al padre a pedir por la vía civil la vuelta del menor.

El Juzgado de Instrucción 4 de Granada tomará declaración a Rivas como investigada por el mismo delito por el que ya fue condenada a cinco años de prisión, una pena que el Tribunal Supremo redujo en 2021 a la mitad al interpretar que aunque estuvo en paradero desconocido con sus dos hijos, solo era un delito.

El 16 de noviembre 2021, el Consejo de Ministros acordó el indulto parcial a Juana Rivas, una medida que redujo esa pena de prisión a un año y tres meses. La vigencia del indulto está condicionada a que no cometa el mismo delito por el que fue condenada en el plazo de 4 años.

Los hechos tuvieron lugar en el verano de 2017, cuando Juana Rivas estuvo un mes en paradero desconocido con sus hijos para no entregarlos al padre con el argumento de protegerlos de Arcuri.

Hace nueve años empezó el caso de Juana Rivas, que no es otro que el de una mujer que quiere proteger a sus hijos de un hombre maltratador. Sin embargo, lo que me interesa destacar en este artículo no es la intrahistoria de este caso sino algunos de los subtextos que alberga el relato fabricado mediáticamente.

El primero de los subtextos es la idea de que un marido agresor puede ser un buen padre. Es el prejuicio de que la violencia se puede aislar y el maltratador solo es violento en un tipo de relación, la que tiene con su esposa. Si aceptamos este argumento, defendemos que el maltratador puede ser un buen padre porque su violencia no se dirige a sus hijos sino a su pareja. Vamos a imaginar que esto es así (que no suele serlo porque los agresores dirigen la violencia contra quienes creen que tienen el derecho de controlar). Sin embargo, hay que preguntarse en qué modelo de masculinidad está educando a sus hijos e hijas. ¿Socializar a los hijos en la violencia contra las mujeres es un buen modelo educativo? ¿No deja heridas en las criaturas las agresiones contra su madre, uno de los pilares sobre los que se asienta su seguridad? ¿Se puede afirmar que quien educa a sus hijos en un hábitat de violencia es un buen padre?

El segundo muestra la doble vara de medir que se usa para madres y padres. A estas últimas se les exige completa responsabilidad y cuidado de su prole casi en exclusiva. Sin embargo, está tan normalizado que los padres puedan desentenderse de sus criaturas, que la sociedad patriarcal no penaliza ni el abandono ni la falta de cuidados paterna. Hay una fuerte presión normativa hacia las madres para que los cuiden más allá de sus propias fuerzas y para que organicen su vida alrededor de sus necesidades, abdicando de la propia si es preciso. Ahora bien, cuando un padre exige ejercer la autoridad que emana de su paternidad, emerge la verdad al desnudo: en las sociedades patriarcales los hijos son de los padres. Solo hace falta que surja un conflicto entre ambos para que aflore esa verdad. Y el caso de Juana Rivas lo muestra. Por eso, el pensamiento reaccionario y misógino defiende a Arcuri.

El tercer subtexto esconde una enorme variedad de mensajes emocionales sexistas que se están difundiendo en las redes sociales. El odio y resentimiento con el que se trata a Juana Rivas en muchos de ellos muestra hasta qué punto este caso se ha convertido en un test del poder patriarcal. Si Juana logra la custodia de su hijo pequeño, es decir, apartarlo de la violencia paterna, la misoginia social e institucional lo entenderá como una derrota del poder masculino.

El cuarto muestra la inoperancia y cobardía, en el mejor de los casos, de sectores de la justicia o su carácter abiertamente misógino, en el peor. El hecho de que quieran encausar a la madre de Daniel por impedir que el padre maltratador se lo lleve desvela el ensañamiento de la justicia con Juana. Y, de ese modo, envía un mensaje a todas las mujeres. No se pueden desafiar los privilegios masculinos, sobre todo, aquellos que tienen lugar en el ámbito de la familia patriarcal y de la sexualidad. El estructural dominio masculino se impone en caso de conflicto. Y lo hace con toda la fuerza y violencia que tiene a su alcance, tal y como estamos viendo.

En el caso Juana Rivas se concentra esa idea que tanto aparece en los medios de comunicación: ‘que la igualdad ha ido demasiado lejos’. El pensamiento reaccionario de la extrema derecha y la misoginia transversal a todas las posiciones políticas están reelaborando un nuevo discurso sobre las mujeres en el que se cruzan viejos estereotipos sobre las mujeres como ‘mal’ con nuevos prejuicios de que quieren ocupar los roles y espacios masculinos. Este caso es una radiografía de la correlación de fuerzas actual entre el pensamiento misógino y el feminista. Entre la derecha más extrema y el progresismo político. Su resultado nos dará pistas. Por eso, es un aviso para navegantes.

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Rosa Cobo es profesora de la Universidad da Coruña, escritora y teórica feminista.

Como casi cada historia de la actualidad, la entrega de Daniel Acuri, hijo menor de Juana Rivas, a su padre para su regreso a Italia, ha hecho salir a la palestra al expertise jurídico –que tiene el colon irritable debido a los palos que la horizontalidad digital le propina, día sí, día también, por su historial de arbitrariedad, impunidad y altivez– para informarnos (sobre todo a los que informamos) de lo demasiado sentimentales que somos. Natalia Velilla, una de las juezas por lo común más cabales de cuantos practican el corporativismo digital, decía estos días, con toda la razón, que “superior interés del menor” no es sinónimo de “deseo del menor” y que “derecho a ser escuchado” no significa “hacer lo que el niño diga”. Cabría añadir que no significa tampoco hacer lo contrario y, sobre todo, uno echa a faltar alguna reflexión sobre lo extraño de la ausencia de medidas cautelares de la justicia italiana ante el juicio que espera en septiembre a Francesco Arcuri por el presunto maltrato continuado a sus dos hijos, toda vez los bienes jurídicos que puede lesionar esa decisión son, en caso de ser aceptadas las cautelares, la patria potestad del progenitor durante dos meses, o la seguridad y bienestar de un menor. Y para medir el valor de ambos bienes jurídicos a proteger no hace falta resolver sobre la credibilidad del testimonio de los hijos (que alguna tendrán en todo caso si la causa ha llegado a juicio) sino sobre la distinta magnitud del daño derivado de decidir en uno u otro sentido.

Pero la sensibilidad respecto a la crisis jerárquica de las viejas masculinidades no es, obviamente, la misma en el país que venera a Pedro Almodóvar que en el país que sube a una peana a Paolo Sorrentino, no sé si me siguen.

Con todo, los dilemas jurídicos del caso de Juana Rivas son de parvulario al lado de los que genera al oficio periodístico una madre que ofrece su dolor, su rostro y su voz a los medios desde hace mucho ante el temor a quedar orillada y silenciada en su litigio con su expareja por la custodia de los hijos. Es obvio que Rivas dispone de toda la legitimidad para esa transacción con los medios: exponer cada estación de su martirio a cambio de obtener atención, apoyo y conciencia pública para su batalla judicial contra Francesco Arcuri. Cuando una víctima quiere hablar, cuando clama a cámara o rompe a llorar en el micrófono, hay algo poderosamente humano y, a veces, necesario en ese gesto, pero lo que se emite no es solo información: es una imagen que quedará para siempre, incluso si el testimonio es voluntario. Y la voluntad, en momentos de trauma, es una potencia precaria cuya fragilidad puede ser rentabilizada por el periodismo, siempre tentado por el impacto. El buen periodismo no es solo obtener declaraciones impactantes o momentos de profundo alcance emocional, sino el que sabe cuándo dejar de grabar. Para algunas víctimas, hablar a cámara es una forma de agencia, de no ser relegado a ser víctima pasiva o anónima, y eso también es legítimo, pero los periodistas no deberíamos olvidar que lo conmovedor no es un agente de lo verdadero.

Ryszard Kapuściński, periodista favorito de muchos oficiantes, decía que “el periodista debe saber cuándo dejar de ser periodista y empezar a ser simplemente una persona”. Esa ponderación, claro, es mucho más asequible para la prensa escrita, un producto de cocina sofisticada, meditada, y en cambio apenas da margen de maniobra al periodismo televisivo, cuya inmediatez sirve necesariamente sus carnes poco hechas.

Pero en el penúltimo episodio de este vía crucis familiar, el debate periodístico es otro, porque el elemento central ha pasado a ser la voluntad y el dolor de un menor de 11 años, ahora que Gabriel Arcuri, su hermano, ya es mayor de edad. Y hemos oído y casi visto los duelos y quebrantos de un niño aterrorizado ante la idea de volver con su padre. He ahí la irresoluble paradoja: el testimonio de un menor, cuya consideración será crucial en la causa judicial y cuya voluntad es aún más precaria que la cualquier otra víctima, no debería, al menos en teoría, formar parte del arsenal de persuasión emocional, pero es precisamente esa carga la que lo vuelve eficaz en la batalla mediática que siempre acompaña y condiciona la jurídica. Hay pues, en términos periodísticos, una intimidad violentada en pos de una justicia pública.

El que todo lo sabe, Arcadi Espada, postuló hace años, a cuenta de la aparición de cadáveres de víctimas de ETA en las portadas, que hay muertos que, siendo siempre privados, también son públicos, y que, por tanto, en su exposición mediática debe considerarse su valor ejemplar e icónico aun cuando colisione con el pudor y el respeto que merecen sus allegados. Si la atacada era la democracia, ese muerto no es solo de los suyos, es de todos, venía a decir, tal vez con razón. Espada, ateo enamorado de los catecismos, siempre tiene respuestas asertivas para asuntos que a los demás mortales nos empujan al “depende”.

Pero un buen ejemplo para ilustrar esa doble naturaleza de la víctima, esa ambivalencia entre el pudor y el impacto, es el cuerpo sin vida de Aylan Kurdi, de tres años, tendido boca abajo en la arena de una playa turca, convertido, de forma brutal e instantánea, en un ícono del fracaso colectivo de Europa y de la humanidad entera frente al drama de los refugiados. Es una imagen terrible y necesaria, impúdica y reveladora, instrumental y profundamente humana; su publicación provocó un impacto inmediato: portada en medio mundo, reacciones políticas y movilización social. Incluso hubo gobiernos que anunciaron (algunos sinceramente, otros no) cambios en sus políticas migratorias. Y aunque las vallas de Europa, por diversas razones, sean hoy aún más altas que entonces, con Aylan se habló por fin, no de cifras de ese holocausto mediterráneo, sino de un niño. Ese niño. Su eficacia informativa, en todo caso, no exonera del dilema porque lo que vimos fue el cadáver de un niño de tres años, sin pixelar, sin disimulo, sin distancia, en la portada de los periódicos, en la cabecera de los noticiarios y en los timelines del desayuno. Y la decisión de exponerlo –y esto es quizá lo más importante al caso– la ha de tomar el periodismo antes de saber si está ante una imagen que cambiará el mundo o que solo añadirá una víctima más al cementerio visual de lo insoportable.

Pero nadie se atrevería a decir hoy que la exposición diaria y constante de los niños gazatíes, mutilados, calcinados o famélicos, no es una estrategia legítima para tratar de frenar un genocidio. Los niños de Gaza, Aylan, tal vez Daniel, tienen derecho a no convertirse en metáfora, en emblema, pero la pregunta es si nosotros podemos permitirnos respetar ese derecho en la batalla por salvar a la humanidad de la barbarie. El criterio periodístico, y ahí es donde siempre yerra Arcadi Espada, a menudo es más una hipótesis ética que una certidumbre moral. En estas mismas cuestiones han buceado Susan Sontag, Judith Butler o Ariella Azoulay y –quizá porque no son hombres– son más prudentes en sus conclusiones.

Para darse cuenta de en qué medida esa precariedad de nuestras verdades penúltimas ennoblece al oficio, basta repasar cómo este mismo texto, tan lleno de tormentos y de callejones sin salida, aspira a una ética del cuidado al menor, mientras los concursos de talento culinario o musical explotan la emocionalidad de los niños sin plantearse si hay algo sucio u obsceno en ello. Como si la lágrima que llora un niño en un talent show fuera distinta, menos frágil, menos digna de protección. Hay algo profundamente hipócrita también en esa escenografía: nos horrorizamos ante el niño de 11 años llorando porque no quiere volver con su presunto maltratador, pero aplaudimos el temblor de voz de una niña de cinco cuando no puede terminar su postre en MasterChef Junior. A uno lo llamamos "víctima", a la otra "protagonista", pero ambos están expuestos, ambos están siendo consumidos, ambos quedarán atrapados en esa imagen, quizá para siempre. Y sin embargo, solo uno nos conduce a una reflexión ética, mientras que el otro se ufana de ser edificante. Esa es la paradoja final de este tiempo terminal: somos sutiles con el dolor y cínicos con la alegría.

Juana Rivas ha entregado este viernes a su hijo menor, de 11 años, a su padre, el italiano Francesco Arcuri, quien tiene su custodia, en cumplimiento de una orden judicial y tras un primer intento fallido que obligó a aplazar a este viernes el intercambio, que ya se ha formalizado, han confirmado a EFE fuentes judiciales.

El acto de entrega se ha llevado a cabo en sede judicial y con más privacidad que en la primera cita del martes, cuando el enorme revuelo mediático y los momentos de tensión vividos en el punto de encuentro familiar en el que se fijó inicialmente el intercambio llevaron a la juez de Primera Instancia 3 de Granada a aplazarlo con mayores condiciones de intimidad y seguridad por recomendación de los especialistas que asistieron al niño.

Por indicación de la juez, los progenitores han llegado a primera hora de este viernes al lugar acordado acompañados exclusivamente de sus abogados -a diferencia de lo ocurrido el martes, cuando asesores y familiares acudieron junto a Rivas y el menor-, con media hora de diferencia y en coche privado con acceso directo al garaje para evitar una sobreexposición, lo que no ha eludido en cualquier caso la presencia de medios de comunicación.

Juana Rivas fue la primera en llegar al edificio de los Juzgados de Granada poco después de las nueve de la mañana, media hora antes que su expareja. Minutos después de las 11.00 horas, Rivas abandonaba el lugar en coche junto a su abogado, mientras que Arcuri hacía lo propio a las 12.:15 horas en compañía de su hijo y su abogado y escoltados por la Policía Nacional.

Según han informado fuentes judiciales, la entrega del menor se ha producido después de que el Juzgado de Instrucción 9 de Granada haya resuelto la petición de medidas cautelares que el mayor de los hijos de la expareja, Gabriel, solicitó este jueves en la querella que presentó contra su padre y una psicóloga. La titular del juzgado instructor, con el apoyo de la Fiscalía, ha rechazado esas medidas cautelares, lo que ha permitido este viernes completar el proceso.

Hasta que lo ha hecho, Juana Rivas ha estado con Daniel y el equipo de psicólogos y ha podido despedirse del menor antes de abandonar con su abogado la sede judicial. El niño ha completado su encuentro con el padre acompañado de las psicólogas y trabajadoras sociales designadas y sin interferencias.

El acto de entrega se ha llevado a cabo en la sede judicial de Caleta siguiendo lo ordenado por el Juzgado de Primera Instancia 3 en un auto dictado este miércoles tras reunirse con las partes y la Fiscalía. En esa reunión se acordó que el intercambio del menor se hiciera con el "acompañamiento mínimo" y la Fiscalía recordó la prohibición de exhibir imágenes de Daniel.

En el auto, al que ha tenido acceso EFE, el equipo de Arcuri propuso las alternativas de entregar al niño en una comisaría, en el aeropuerto o incluso que Juana Rivas lo llevase a Italia. Los abogados de la madre solicitaron que la intervención de los psicólogos fuera de una duración "limitada".

El auto recoge que en el intento fallido del martes fue "evidente" la sobreexposición de Daniel, "altamente nociva", y que el niño se vio "abocado" a tener que intervenir ante los medios de comunicación a la voz de "dilo, habla o grita". El auto recalca que el menor llegó el martes al punto de encuentro sin sus pertenencias y exigió a la madre su colaboración para facilitar una entrega que este viernes sí se ha completado. 

Desde el aplazamiento del martes y hasta este viernes, cuando se ha materializado la entrega, los equipos jurídicos de las dos partes enfrentadas han seguido trabajando con todos los recursos a su alcance, desde cartas firmadas por los dos hijos de la expareja a querellas o informes de parte.

El equipo jurídico de Juana Rivas ha manifestado que no se rendirán "jamás" y que ahora trasladarán su lucha a Italia, donde está recurrida la custodia, y pedirán allí medidas de protección.

En un comunicado, el equipo jurídico de Juana Rivas, liderado por Carlos Aránguez, ha indicado que Daniel ha sido entregado a su padre pese a que fue "condenado por violencia de género en España" y está acusado por la Fiscalía italiana de maltrato familiar, juicio al que se enfrentará el próximo 18 de septiembre en Italia. En ese juicio, agrega, Daniel, junto a su hermano mayor, es uno de los dos testigos principales.

"Nos parece increíble que un niño de 11 años llegue al tribunal de la mano de su padre acusado de maltratarlo", agrega el equipo jurídico, que sostiene que no se rendirán "jamás": "Ahora nuestra lucha se traslada a Italia".

Y ello porque, recuerdan, la decisión sobre la custodia está recurrida ante el Tribunal Supremo italiano, que ya revocó en una ocasión la decisión de Cagliari. Solicitarán también a la Fiscalía italiana que adopte las medidas de protección oportunas. "Con el tiempo, Daniel podrá relatar en primera persona todo el sufrimiento que le ha generado esta situación, al igual que lo hizo su hermano Gabriel cuando alcanzó la mayoría de edad", concluye el comunicado.

El italiano Francesco Arcuri ha calificado de satisfactorio y tranquilo el reencuentro con el niño tras los siete meses en los que el menor ha residido con su madre. Su equipo jurídico, que lidera el letrado Enrique Zambrano, ha destacado que el proceso guiado por especialistas para el tránsito del menor de la casa materna a la del padre se ha completado sin sobresaltos y ha permitido que Daniel vuele ya con su padre a Italia.

El entorno de Arcuri ha asegurado que el menor se ha marchado con su padre tranquilo y "contento" aunque con un cansancio apreciable y que el proceso se ha completado de manera "ágil" después de las complicaciones que el pasado martes forzaron el aplazamiento hasta este viernes.

El proceso de entrega se completa además un día después de que la Audiencia de Granada haya estimado parcialmente un recurso de Arcuri y haya ordenado al Juzgado de Instrucción 4 investigar a Juana Rivas por un posible delito de sustracción de menores, el mismo por el que fue condenada en 2018 y posteriormente indultada.

El auto niega que la medida cautelar que en enero permitió aplazar la vuelta con el padre de Daniel, que viajó a España en diciembre para pasar las vacaciones de Navidad con su madre, pueda seguir vigente después de que la Corte de Apelación de Cagliari confirmara el pasado febrero que la custodia del menor corresponde al padre.

Juana Rivas ya fue condenada a cinco años de prisión por dos delitos de sustracción de menores, una condena que el Tribunal Supremo (TS) redujo en 2021 a la mitad y que, por indulto parcial aprobado en 2021, quedó finalmente en un año y tres meses de prisión. La vigencia del indulto está condicionada a que no cometa el mismo delito por el que fue condenada en el plazo de cuatro años, plazo que aún está vigente.

Este largo periplo judicial se remonta al verano de 2017, cuando Juana Rivas estuvo un mes en paradero desconocido con sus hijos para no entregarlos al padre con el argumento de protegerlos de Arcuri. En aquel entonces sus hijos tenían 11 y 3 años. Hoy el mayor de ellos, Gabriel, ya tiene 19.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha remitido un nuevo oficio a la Fiscalía General del Estado tras recibir un informe que describe hechos de extrema gravedad en el Punto de Encuentro Familiar (PEF) de Granada, dependiente de la Junta de Andalucía, durante la entrega del hijo menor de Juana Rivas el pasado martes. "Es un proceso complicado. Estamos haciendo un acompañamiento y poniendo el foco en poner perspectiva de infancia a todo lo que está sucediendo", ha explicado la titular este jueves en declaraciones en El Prat de Llobregat a los medios.

El informe, firmado por la psicóloga M.T.R.G., relata episodios de presunto maltrato psicológico al niño por parte de profesionales del propio centro y de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Fuentes del ministerio han mostrado a infoLibre su profunda preocupación por los testimonios recogidos en el documento, que califican como “graves” y que, según indican, ponen en evidencia “una violencia institucional que el Gobierno de España no puede consentir”.

En el documento, al que ha podido acceder infoLibre, el menor, que tiene once años, se vio sometido a mucha presión. De acuerdo con el relato de la psicóloga que acudió al encuentro, el niño mostró en todo momento su rechazo a irse con su padre alegando miedo a ser maltratado. "Es un informe verdaderamente duro", ha afirmado Rego que ha recordado que el Gobierno no es quien tiene que paralizar la entrega: "Nuestra tarea y nuestra obligación es velar por los derechos de este niño".

El Ministerio insiste en que su actuación en este caso tiene como único objetivo garantizar los derechos del menor, su protección, su derecho a ser escuchado y a contar con una defensa efectiva, algo que, denuncian, “ninguna institución de Granada ha garantizado hasta ahora”.

Desde el departamento de Rego se hace también un llamamiento al conjunto de los poderes públicos para que asuman su responsabilidad ante un caso que consideran alarmante y que ya ha sido puesto en conocimiento de la Fiscalía.

La entrega, fijada inicialmente para el martes pasado pero aplazada por la juez de Primera Instancia 3 de Granada atendiendo a la petición de los profesionales que lo trataron, tendrá lugar este viernes, según lo acordado por la magistrada, pero en condiciones distintas a las del martes: en un lugar privado y con la única asistencia de los progenitores para evitar "exposiciones innecesarias" como la vivida en aquella ocasión, entre una gran expectación mediática y momentos de tensión que hicieron que el menor rompiera a llorar.

El hijo mayor de Juana Rivas y el italiano Francesco Arcuri ha formalizado una querella contra su padre por atentado contra la integridad moral y coacciones cometidos contra Daniel, el otro hijo de la expareja, y ha pedido medidas cautelares para evitar que ejerza la custodia.

En la querella presentada ante el juzgado en funciones de guardia, a la que ha tenido acceso EFE, Gabriel, de 19 años, acusa de estos dos delitos a su padre y a la psicóloga que lo acompañó este martes al punto de encuentro familiar en el que el menor tenía que pasar por orden judicial de la madre al padre.

El mayor de los hijos de la expareja actúa contra su padre, al que acusa de instar a la psicóloga a comparecer en el punto de encuentro familiar para presionar al menor y "doblegar su voluntad" con el objetivo de que Daniel accediera a marcharse a Italia con Arcuri.

La querella asegura que, en las cerca de tres horas que los dos hermanos estuvieron en el punto de encuentro, se incumplieron las normas deontológicas y los protocolos y se sometió al menor a un "durísimo interrogatorio" que le generó "ansiedad y desasosiego".

Añade que Gabriel grabó con su teléfono móvil esas más de dos horas y media en las que su hermano sufrió una "inaceptable tortura psicológica" e interpreta la conducta de la psicóloga como una presión sobre el menor que le ocasionó una "crisis aguda de ansiedad". Según el equipo jurídico de Gabriel, estos hechos constituyen un delito de coacciones y otro de atentado a la integridad moral, una intimidación para "influir a un menor". Suma además que se trata de un delito de coacciones consumado y solicita que se tome declaración a Arcuri y a la psicóloga querellada y se proceda a volcar la grabación de todos estos hechos que se contienen en el teléfono personal del querellante para que sirvan de prueba.

También pide la querella que declare Gabriel como testigo y que se explore a Daniel "con la máxima garantía y respeto a los hechos", además de solicitar un informe a los técnicos del punto de encuentro sobre en calidad de qué actuó la psicóloga.

La querella añade la petición de medidas cautelares, incluida una orden de protección del menor, que su padre no pueda comunicarse con él ni estar a menos de 200 metros de Daniel y que se deje sin efecto la orden de entrega del niño con Arcuri, que tiene su custodia, por el "gravísimo padecimiento psicológico" de las presiones.

Antes de conocerse esta querella, el hijo mayor de Juana Rivas, de 19 años, ha pedido en una carta que, antes de que este viernes se efectúe la entrega de su hermano, de 11 años, a Arcuri, lo escuchen y atiendan "su miedo sin coacciones" para evitar que sea "demasiado tarde". Según informa EFE, en esta nueva misiva, hecha pública por la plataforma de apoyo a Juana Rivas y dirigida a "cualquier autoridad competente de España", Gabriel relata que en 2017, cuando tenía 11 años, la misma edad que ahora su hermano, tuvo que regresar con su padre.

"A partir de ahí fueron cinco años de abuso y de maltrato, hasta que tuve el valor de defenderme a los 16. Eran tan evidentes mis heridas cuando pedí ayuda que ya no podían esquivar la situación: le quitaron mi custodia a Francesco y le obligaron a devolverme a mi casa, España", señala.

Dice que ahora, tres años después, su padre "miente" sobre él: "Lo mismo que ya hizo con mi madre", agrega. "Pero la única verdad es que desde que cumplí 18 años lucho en los tribunales para salvar a Daniel. A ese hombre lo juzgarán en Italia en menos de dos meses por malos tratos continuados hacia nosotros durante años", continúa la carta, en la que traslada su confianza en que en el juicio que se celebrará contra él el próximo 18 de septiembre en Italia por presunto maltrato hacia sus hijos, lo condenen, "porque la Fiscalía aporta muchas pruebas irrefutables".

Y concluye: "No permitan que lo seden y entreguen mañana, como hicieron conmigo hace ocho años. Escuchen a Daniel antes de que sea demasiado tarde".

Finalmente adjunta un documento emitido en su día por la Fiscalía italiana sobre los delitos por los que en septiembre se sentará en el banquillo, así como el testimonio de Itziar Prats Fernández, "víctima de violencia vicaria y violencia institucional", pidiendo que se tenga en cuenta la opinión del menor, Daniel, "por su integridad".

El equipo jurídico de Francesco Arcuri ha contestado a la carta remitida por el mayor de sus hijos con un repaso documentado a los informes emitidos desde 2018 y hasta que la custodia exclusiva del niño pasó por petición de él a la madre. El decreto de custodia de Gabriel y otros informes posteriores, consultados por EFE, apuntan a que existe un comportamiento repetido por la madre y centrado más en "una victoria judicial sobre Arcuri" que en el bienestar del hijo mayor, por lo que los servicios sociales que los han atendido recomiendan "medidas específicas" para proteger al menor de los dos hijos.

La justicia italiana también solicitó medidas para garantizar "la neutralidad" en los encuentros entre Juana Rivas y el menor de sus hijos y añade que "también el hermano mayor ha presionado para que contara que había sufrido maltratos por parte del padre".

La entrega, fijada inicialmente para el martes pasado pero aplazada por la juez de Primera Instancia 3 de Granada atendiendo a la petición de los profesionales que lo trataron en el punto de encuentro familiar de Granada, tendrá lugar este viernes, según lo acordado por la magistrada, pero en condiciones distintas a las del martes: en un lugar privado y con la única asistencia de los progenitores para evitar "exposiciones innecesarias" como la vivida en aquella ocasión, entre una gran expectación mediática y momentos de tensión que hicieron que el menor rompiera a llorar.

El equipo jurídico de Juana Rivas ha remitido un escrito al ministro de Justicia, Félix Bolaños, en el que le insta a que, como "autoridad central española", intervenga para evitar el próximo viernes la entrega de su hijo menor al padre, el italiano Francesco Arcuri, invocando una excepción incluida en el Convenio de La Haya de 1980. Ha informado EFE.

En el escrito, adelantado por el diario 'Público' y confirmado a EFE este miércoles, los abogados esgrimen la petición, formalizada anoche, con el objetivo de salvaguardar el interés superior del menor, de 11 años, hasta que tenga lugar el juicio contra Arcuri por presunto maltrato hacia sus hijos, que está previsto que se celebre el próximo septiembre en Italia.

El Convenio de La Haya sobre la sustracción internacional de menores obliga a los estados firmantes a que, en caso de sustracción ilegal, los menores sean devueltos a su último país de residencia, que, en el caso del hijo de Juana Rivas, cuya custodia tiene el padre, sería Italia.

Pero entre sus excepciones incluye la de no hacerlo si existe un "grave riesgo de que la restitución -del menor- lo exponga a un peligro físico o psíquico" o lo coloque en una situación "intolerable".

La petición se produce después de que ayer martes, día fijado para la entrega del menor al padre, la titular del Juzgado de Primera Instancia 3 de Granada aplazara finalmente el intercambio a este viernes, como respuesta a la información trasladada por los psicólogos y el personal del punto de encuentro familiar que durante más de tres horas se reunieron con el menor antes de que fuera devuelto al padre, quien se marchó sin el niño tras la decisión de la juez.

Conforme a lo acordado por la juez, este miércoles se ha celebrado un encuentro con los representantes legales de Francesco Arcuri y Juana Rivas y con la Fiscalía para abordar cómo se hará el viernes la entrega, que en esta ocasión deberá ser privada y con la única asistencia de los progenitores para evitar al niño "exposiciones innecesarias" como la vivida ayer, entre una gran expectación mediática y momentos de tensión que hicieron que el menor rompiera a llorar.

Por otra parte, el menor ha escrito una nueva carta que ha dirigido al director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán; a la directora de Save the Children, Isla Ramos, y al profesor Fhilip D. Jaffé, en representación del Comité de los Derechos del Niño.

En la carta, fechada este miércoles y facilitada a EFE, Daniel dice que quieren obligarle a vivir con su padre contra su voluntad, y asegura que, antes de su viaje en diciembre a España para visitar a la familia materna, Arcuri le amenazó con un cuchillo.

"Llevo toda mi vida asustado por culpa de mi padre, que siempre me ha maltratado. Un día me tiró por las escaleras y me hizo mucho daño en las costillas, que las tengo deformadas", ha relatado.

El menor también cuenta en las cartas su paso este martes por el punto de encuentro familiar.

"Lo pasé muy mal, durante horas le decía a las psicólogas que no me puedo ir a Italia porque mi padre me pega", añade el menor en la misiva, en la que reitera que si vuelve con su padre corre "peligro" y suplica que le ayuden a quedarse en España con su hermano "y la familia que me cuida".

El Juzgado de Primera Instancia 3 de Granada ha celebrado este miércoles un encuentro con los representantes legales de Francesco Arcuri y Juana Rivas y con la Fiscalía, una reunión para abordar cómo se hará la entrega del menor de la madre al padre, que se ha confirmado será este viernes. El encuentro fue convocado el martes por la titular de Primera Instancia 3 en las mismas diligencias en las que suspendió el paso de Daniel, de 11 años, de la madre, Juana Rivas, al padre, el italiano Francesco Arcuri, que tiene su custodia.

Según han informado a EFE fuentes judiciales, la juez ha reiterado que este paso del menor de un progenitor al otro se hará el viernes para ejecutar la sentencia que da la custodia al padre, aunque tendrá que preservarse el bienestar y la intimidad del menor.

Ha planteado un escenario diferente al de este martes, cuando las partes fueron citadas en el punto de encuentro familiar de Granada, un espacio en el que se concentraron numerosos medios de comunicación y varias decenas de simpatizantes de Juana Rivas.

En el acto de este miércoles, según las mismas fuentes, la juez ha analizado también el informe emitido por los tres profesionales que atendieron al niño durante las alrededor de tres horas que estuvo en el punto de encuentro, del que se fue de nuevo con su madre ante la imposibilidad de completar el intercambio.

La juez dictará ahora cómo y cuándo se vuelve a fijar el intercambio, al que deben acudir los padres sin acompañamiento o asesores para salvaguardar "el superior interés del menor y sin sometimiento del mismo a exposiciones innecesarias para su beneficio", según se especificó en las diligencias de este martes.

Daniel llegó el martes al punto de encuentro con su madre, asesores, abogados, simpatizantes y con su hermano Gabriel, de 19 años y también hijo de la expareja, con el que se marchó varias horas después. El italiano Francesco Arcuri, que tiene la custodia del menor, llegó pasadas las 9.00 horas y dijo que confiaba en poder abrazar a su hijo y regresar con él a Italia después de siete meses de incomunicación absoluta.

Poco después de la llegada del italiano al punto de encuentro, el Tribunal Constitucional (TC) anunció la inadmisión de la petición de medidas cautelares solicitada por el equipo jurídico de Juana Rivas para suspender el intercambio. También se pronunció esta semana la Audiencia de Granada, que rechazó la petición de Juana Rivas de suspender la entrega de su hijo menor a su expareja en un auto que confirmó la obligación de cumplir la entrega del niño dictada por la Corte de Apelación de Cagliari (Italia).

El menor deberá regresar con su padre a residir en Carloforte (Italia), desde donde viajó en las vacaciones de Navidad para ver a su familia materna, momento desde el que ha estado en Maracena (Granada) por una medida cautelar.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha asegurado este martes que el Gobierno va a "responder" ante el caso de Juana Rivas reformando la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia para que los niños sean escuchados por la Justicia.

Así lo ha señalado en declaraciones a los medios después de que Rivas haya tenido que entregar hoy a su hijo Daniel, de 11 años, en el Punto de Encuentro Familiar de Granada, y el Tribunal Constitucional haya desestimado su recurso de amparo, que pretendía frenar esta entrega a su padre, quien tiene pendiente un juicio en Italia acusado de maltrato continuado a sus hijos.

"Yo quiero decir que es absolutamente doloroso que hayamos tenido que llegar a esta situación", ha lamentado Rego, para quien Daniel ha sido "claro" y "nítido" sobre su oposición a volver a Italia con su padre.

Ha recordado que el niño se presentó ante la Fiscalía de Granada, donde el fiscal "consideró que no debía escucharlo", puso una denuncia para que le protegieran y estuvo nueve horas en la sala de espera de un juzgado de Guardia.

"No hay derecho, quiero decir que no hay derecho, no se le recibió, no se le escuchó, no se consideró la denuncia y hemos llegado a esta situación", ha denunciado.

Rego ha explicado que a ella Daniel le trasladó —primero por carta y luego en persona, cuando fue a visitarle a Granada— que tenía miedo y que había sufrido malos tratos, un relato que la ministra ha dejado claro que se cree porque, además, coincide con el del otro hijo, mayor de edad.

"Solamente bastaba con dedicarle un tiempo de escucha a esos niños y escuchar lo que tienen que decir, es lo único que han pedido, es lo único que han pedido y no han conseguido que nadie les escuche", ha expresado la ministra.

Ha asegurado que el Ejecutivo va a "responder" ante este caso "inadmisible" modificando la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia: "Llevamos meses trabajando en ello pero, desde luego, este caso nos pone frente al espejo de una sociedad que tiene que estar a la altura de los derechos de su infancia", ha aclarado.

Con esta norma, que saldrá a audiencia pública a partir del próximo mes de septiembre, el Gobierno va a garantizar que los niños sean escuchados, que la Justicia tenga perspectiva de infancia y que todos los niños y todas las niñas del país, en caso de requerirlo, tengan derecho y acceso a la defensa, ha explicado.

La ministra ha precisado que ya hay leyes que habilitan a la Justicia para escuchar a la infancia, pero el Gobierno ampliará esta ley "para dejar claro absolutamente todo el itinerario" con el objetivo de que esto se cumpla.

El hijo menor de Juana Rivas, de 11 años, ha llegado este martes, junto a su madre y su hermano, al punto de encuentro fijado por orden judicial para reencontrarse con su padre, el italiano Francesco Arcuri, que tiene la custodia, según informa EFE. Su llegada se ha producido sobre las 10:40 horas, minutos después de que el Tribunal Constitucional (TC) inadmitiera la petición de medidas cautelares solicitada por los abogados de Juana Rivas para suspender la entrega del niño.

Sin embargo, horas después, la titular del Juzgado de Primera Instancia 3 de Granada ha acordado aplazar al viernes la entrega del hijo menor de Juana Rivas, que volverá hoy con su madre hasta que pueda concluir la ejecución de la resolución judicial de los tribunales italianos

A las puertas del centro y preguntado por Francisca Granados, asesora de Juana Rivas desde el inicio de esta causa, el menor ha dicho que no quiere volver con su padre: "Me va a matar como vuelva". Daniel, de 11 años, ha llegado acompañado por su madre, que, visiblemente afectada, ha accedido al punto de encuentro familiar, donde un equipo de psicólogos y de los servicios sociales velará por que el intercambio se produzca de forma tranquila.

El Tribunal Constitucional (TC) ha inadmitido la petición de medidas cautelares solicitada por los abogados de Juana Rivas para suspender la entrega de su hijo menor al padre, el italiano Francesco Arcuri, por lo que el niño, de 11 años, regresa este martes a Italia con su progenitor, según han informado fuentes jurídicas y recoge EFE. Así lo ha acordado el TC en una resolución en la que inadmite a trámite el recurso de Juana Rivas al entender los magistrados que no ha agotado todos los recursos de la vía ordinaria y por carecer de especial trascendencia constitucional. 

La Audiencia de Granada ya rechazó la petición de Juana Rivas de suspender la entrega de su hijo menor a su expareja, el italiano Francesco Arcuri, y confirmó que el niño de once años debía regresar con su padre, que tiene la custodia, este mismo martes. Esta vuelta del menor con el padre fue acordada la semana pasada por el Juzgado de Primera Instancia 3 de Granada para dar cumplimiento a la decisión de los jueces de Italia y fijó para este martes el intercambio del niño.

La Audiencia de Granada ya confirmó que el presunto maltrato al hijo de Juana Rivas debe investigarse en Italia y acordó la remisión del expediente judicial del hijo menor de Juana Rivas a la Corte de Cagliari (Italia) para que se sigan investigando allí los presuntos malos tratos que el menor habría recibido de su padre, con el que ahora deberá regresar.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, solicitó el pasado viernes 18 de julio a la Fiscalía General del Estado que actuara para que se respeten los derechos del hijo menor de Juana Rivas, tras recibir una misiva suya en la que le pedía ayuda "porque está aterrorizado y no quiere volver a Italia". Daniel, de once años, debe regresar este martes día 22 con su padre a Italia. Rego recordó que hay legislación internacional y nacional que garantizan los derechos de la infancia y el interés superior del menor.

La Audiencia de Granada ha rechazado la petición de Juana Rivas de suspender la entrega de su hijo menor a su expareja, el italiano Francesco Arcuri, y ha confirmado que el niño de once años debe regresar con su padre, que tiene la custodia, este mismo martes. Ha informado EFE.

El auto de la Sección Quinta de la Audiencia de Granada, al que ha tenido acceso EFE, ha rechazado cualquier medida cautelar contra la entrega del niño dictada por la Corte de Apelación de Cagliari (Italia) en el proceso por el que se ha resuelto mantener al menor bajo la custodia de su padre.

Esta vuelta del menor con el padre fue acordada la semana pasada por el Juzgado de Primera Instancia 3 de Granada para dar cumplimiento a la decisión de los jueces de Italia y fijó para este martes el intercambio del niño.

Los magistrados de la Sección Quinta de la Audiencia han recordado en su auto que, en lo que concierne a los procedimientos de familia, impera la "ejecutividad inmediata" de las medidas acordadas "sin posibilidad de suspensión y sin necesidad de ejecución provisional o de ningún otro trámite".

En su auto, los magistrados han concluido que "no existen motivos para la suspensión de la orden y medidas de cumplimiento acordadas por la resolución apelada" pese al recurso de la madre, representada por Aránguez Abogados, en la que hace mención expresa a "la existencia de causa penal abierta ante tribunal europeo" contra Arcuri.

También han subrayado que la cuestión debatida se refiere a un asunto en el que ha intervenido la justicia de otro país miembro de la Unión Europea, y han insistido en "el armonioso y correcto funcionamiento" de un espacio de justicia en la Unión que respete los diferentes sistemas jurídicos y tradiciones de los países miembros.

"Procede, por lo tanto, reforzar la confianza mutua en los respectivos sistemas jurídicos", entendiendo que la resolución del tribunal italiano no conlleva la desprotección del menor.

Con estos argumentos, la Audiencia de Granada mantiene que el menor debe ser entregado a su padre este martes, como ya había establecido el Juzgado de Primera Instancia 3, en un auto que es recurrible en un plazo de cinco días.

Por otra parte, el Juzgado de Instrucción 8 de Granada, que estaba en funciones de guardia este pasado sábado, ha acordado el sobreseimiento provisional de una nueva denuncia presentada por la madre del menor, una medida que ha contado con el acuerdo de la Fiscalía de Granada, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Además del recurso resuelto en este auto de la Audiencia de Granada, el equipo jurídico de Rivas, representada por Aránguez Abogados, ha formalizado una petición de medidas cautelares ante el Tribunal Constitucional (TC).

En ella también han solicitado que se suspenda la entrega del menor, una petición que según el letrado Carlos Aránguez se está tramitando "con carácter preferente".

El letrado de Rivas ha recalcado que la "inmediatez" con la que la titular de Primera Instancia 3 fijó la entrega del menor al padre, prevista para este martes, está, a su juicio, "dificultando" que ejerzan su ejercicio de recursos para buscar la "rectificación de decisiones judiciales".

El menor, de once años, deberá regresar con su padre a residir en Carloforte (Italia), desde donde viajó a España en las vacaciones de Navidad para ver a su familia materna, momento desde el que ha estado en Maracena (Granada) por una medida cautelar. 

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha pedido a la Fiscalía General del Estado que actúe para que se respeten los derechos del hijo menor de Juana Rivas, tras recibir una misiva suya en la que le pide ayuda "porque está aterrorizado y no quiere volver a Italia", según recoge EFE. Daniel, de once años, deberá regresar el próximo martes día 22 con su padre a Italia, según determina el Juzgado de Primera Instancia 3 de Granada.

Rego reclama a la Fiscalía "que ponga en marcha todas las herramientas a su alcance para que se respeten los derechos de Daniel", después de que el niño cuente en la misiva que ha sufrido episodios muy graves de violencia en Italia, actos habituales y recurrentes, explica la ministra, que advierte de que el menor teme por su integridad y rechaza rotundamente la resolución judicial que le obliga a regresar.

"Al leer su carta, he podido corroborar el temor que refleja Daniel a volver a Italia (...), cualquier medida que se adopte obviando la expresado, de forma reiterada, vulneraría el derecho de Daniel a ser escuchado", indica la responsable de Juventud e Infancia. Se trata de una "carta durísima en la que me pide ayuda porque tiene miedo, porque se siente aterrorizado y no quiere volver a Italia", asevera la ministra, quien expresa su deseo de que tras la comunicación con la Fiscalía General del Estado se haga "todo lo posible para hacer cumplir los derechos de Daniel".

Rego recuerda que hay legislación internacional y nacional que garantizan los derechos de la infancia y el interés superior del menor. "Una legislación que dice que los niños tienen derecho a ser escuchados. Por eso desde el Ministerio de Juventud e Infancia vamos a seguir trabajando con determinación para proteger los derechos de Daniel. Escuchemos a Daniel", concluye.

En una entrevista con infoLibre publicada este mismo viernes, Rego ya aseguró que iba a "hacer todo lo posible para que Daniel no corra ningún riesgo". "Es inhumano lo que está sucediendo con Daniel y con Juana Rivas. Un maltratador no puede ser un buen padre, y es imprescindible que la justicia escuche a Daniel, lo que tiene que decir. Es su derecho. Los niños tienen derecho a ser escuchados, creídos y reparados", afirmó.

El Juzgado de Primera Instancia 3 de Granada ha desestimado el último recurso presentado por Juana Rivas para frenar que se cumpla la sentencia que otorga la custodia de su hijo menor al padre, el italiano Francesco Arcuri, y ha fijado para el próximo 22 de julio la fecha para que el niño regrese a Italia.

El auto, al que ha tenido acceso EFE, ha ordenado dar cumplimiento a lo dictaminado por la Corte de Cagliari y que el menor que vive en Maracena (Granada) con su madre desde que viajó a España por las vacaciones de Navidad, regrese con su padre a Italia.

El dictamen de la titular del juzgado, contra el que cabe recurso de apelación ante la Audiencia de Granada y notificado este miércoles, ha ordenado un intercambio ordenado de progenitores para el que se activará el apoyo de los psicólogos y agentes sociales que sean necesarios con el fin de que este paso del menor de España a Italia sea "tranquilo".

La titular de Instancia 3 ha desestimado el recurso del equipo jurídico de Juana Rivas, representada por Aránguez Abogados, que se opuso a la ejecución de la sentencia en contra de lo que pedían tanto el padre del menor como la Fiscalía.

El equipo de Aránguez Abogados presentó cuatro cuestiones previas para evitar que el menor se trasladase a Italia con el padre, incluidas la falta de competencia de un juzgado civil de familia para tramitar la ejecución de la sentencia y que esta no es firme. También se opuso con el principio de "cosa juzgada" y aportó la resolución del Juzgado de Instrucción 4 de Granada que, el pasado enero, dictó una resolución para que el menor se quedase con su madre.

El auto dictado ahora resume que Juana Rivas ha solicitado archivar esa ejecución de sentencia que supone que el menor esté con el padre por el "fundado temor declarado por el menor y un riesgo de daño -físico y/o psicológico- en caso de reintegro a Italia".

Por su parte, la Fiscalía ya se mostró contraria al recurso al considerar que Rivas realiza afirmaciones que se contradicen con la documentación de la causa y porque la medida de Instrucción era cautelar y "de modo alguno sigue vigente".

El auto de esta semana ha repasado otros tres dictados este año y ha recalcado que "ningún juzgado de Violencia sobre la Mujer ha estimado cometido delito de su competencia" pese a las denuncias de violencia machista y vicaria que ha presentado Juana Rivas. Aunque el equipo jurídico que representa a Rivas ha alegado que la causa ya ha sido juzgada y que Instrucción 4 ya suspendió el 7 de enero el regreso del menor a Italia, Primera Instancia 3 ha subrayado que esa decisión "quedó cesada" el 18 de febrero cuando la Corte de Carloforte ordenó la vuelta del niño a su residencia oficial.

Aunque Rivas ha solicitado que se escuche al menor, el auto también descarta una nueva instrucción o que se escuche al menor, que ya fue explorado en la Corte de Apelación el 6 de diciembre de 2024, unas dos semanas antes de viajar de vacaciones a España.

El auto incluye además que la petición es contraria a lo dictado por el tribunal italiano que, antes de esas vacaciones, indicó expresamente a Juana Rivas que el menor no podía encontrarse con abogados, psicólogos o terapeutas ni se le podía "involucrar en los asuntos judiciales en curso".

El juzgado de Primera Instancia ha incorporado en el auto que todos los motivos para que el menor se quede en España ya han sido analizados por el tribunal italiano competente para resolver sobre la responsabilidad parental, que ha vuelto a reclamar que el niño vuelva con su padre. 

Francesco Arcuri, expareja de Juana Rivas, será juzgado el próximo 18 de septiembre en Italia por presunto maltrato habitual, físico y psicológico a sus hijos, según el equipo jurídico de ella, ha recogido EFE.

En un comunicado, el letrado de Juana Rivas, Carlos Aránguez, informa de que así se ha fijado en la audiencia celebrada este martes en Cagliari (Italia), en la que Arcuri "ha perdido el último recurso previo a la vista oral, y se ha decidido que irá a juicio por maltrato habitual, físico y psicológico, a sus hijos".

Según Aránguez, el juez competente, denominado en Italia el 'Giudice per le Indagini Preliminari', "se ha pronunciado verbalmente esta mañana ante los letrados de ambas partes, acordando el reenvío a juicio y fijando la fecha del mismo para el próximo 18 de septiembre".

Esta nueva decisión ya no admite recurso, según el letrado, para quien se trata de un paso fundamental en el reconocimiento de unos hechos que, "debido, entre otras causas, a una inaceptable desconexión entre la jurisdicción civil y penal en Cagliari-Italia, tanto daño y sufrimiento lleva ocasionado a Juana Rivas y sus hijos, víctimas de violencia de género vicaria e institucional".

Según el abogado, este pronunciamiento 'in voce' -de viva voz- se documentará en breve, y se emitirán por escrito las correspondientes citaciones a juicio.

La Audiencia Preliminar en Cagliari (Italia) ha determinado este martes que un nuevo tribunal de tres jueces analice cuatro denuncias presentadas hace varios años por Juana Rivas contra su expareja, Francesco Arcuri, una decisión que no incluye medidas cautelares ni afecta a la custodia de su hijo, según informa EFE.

El abogado de Arcuri, Enrique Zambrano, ha explicado a EFE que la decisión de Cagliari servirá para analizar cuatro denuncias, la mayoría presentadas en 2019, e interpuestas por Juana Rivas tanto en Italia como en España.

El juez de la Audiencia Preliminar (GUP) no ha evaluado en su decisión los hechos denunciados ni se ha pronunciado sobre la inocencia o culpabilidad de Arcuri y se ha limitado a trasladar la documentación aportada por la acusación a un tribunal que la analizará en un proceso que puede extenderse durante meses.

Será en otras fases cuando los tres jueces tengan acceso a la prueba que ya consta en el procedimiento.

El acto judicial de este martes tampoco ha supuesto ninguna medida cautelar ni ha modificado la sentencia que ratificó que la custodia del hijo menor de la expareja corresponde al padre, pese a lo que Daniel está en Maracena (Granada) con su madre desde el pasado enero.

El nuevo tribunal de tres analizará los hechos para evaluar la veracidad de lo denunciado por Juana Rivas.

"Afrontamos este proceso con serenidad y tranquilidad, ante un tribunal colegiado, para demostrar lo infundado de las acusaciones, y como una oportunidad para desmentir las falsedades que hasta ahora no hemos podido rebatir en los tribunales", ha explicado Arcuri a través de su letrado.

El italiano ha reiterado su "plena confianza" en las instituciones que hasta el momento le han concedido la custodia de su hijo tras ocho años de procesos judiciales.

"En este punto, solo cuento los días para que culmine el procedimiento", ha explicado Arcuri, que confía en que los juzgados de su país y los de Granada terminen los procesos para reencontrarse con su hijo Daniel.

Este mismo mes, la Audiencia de Granada confirmó el auto del Juzgado de Instrucción 9 que acordó el pasado febrero enviar el expediente judicial del hijo menor de Juana Rivas a la Corte de Cagliari (Italia) para que se investiguen allí los presuntos malos tratos de Arcuri a su hijo.

El pasado 18 de febrero, la Corte de Apelación de Cagliari dictó una sentencia en la que concedió la custodia del hijo menor de Rivas a su padre, una medida que los letrados de Juana Rivas, representada por Aránguez Abogados, han recurrido este mes de junio en la Corte Suprema italiana.

El hijo menor de la expareja permanece con Juana Rivas en España desde las pasadas Navidades, después de que el pasado 7 de enero de 2025, el Juzgado de Instrucción 4 de Granada, tras escucharlo, estableciera una medida cautelar de protección a su favor e impidiera la vuelta a Italia con el padre.

Arcuri presentó entonces en Italia una denuncia contra Juana Rivas, a la que acusó de un delito de sustracción de menores por frenar la vuelta del hijo menor de ambos a su país de residencia tras las vacaciones de Navidad, el mismo delito por el que esta vecina de Maracena ya fue juzgada, condenada y parcialmente indultada.

La Audiencia de Granada ha confirmado el auto del Juzgado de Instrucción 9 que acordó el pasado febrero la remisión del expediente judicial del hijo menor de Juana Rivas a la Corte de Cagliari (Italia) para que se sigan investigando allí los presuntos malos tratos que el menor habría recibido de su padre, que tiene su custodia por decisión judicial, informa EFE.

El auto, emitido el pasado 21 de marzo por la Sección Segunda de la Audiencia y conocido ahora, resuelve de forma definitiva el recurso presentado por la madre y el hermano del menor, quienes pretendían que fuera el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Granada el encargado de investigar los presuntos malos tratos infligidos en la localidad de Cagliari, ha informado el Tribunal Superior de Justicia (TSJA) en un comunicado.

Y ello porque consideraban que los hechos denunciados constituirían un delito continuado en el que la víctima no solo era el menor, sino también la madre en un caso por transferencia de violencia vicaria de los daños físicos y psíquicos sufridos por el menor por parte de su padre, de ahí que Rivas defendiera que se trata de un asunto competencia de un juzgado especializado en violencia de género en el lugar de residencia de la víctima.

El hijo menor de Rivas permanece actualmente con ella en España desde las pasadas Navidades, después de que el pasado 7 de enero de 2024, el Juzgado de Instrucción 4 de Granada, tras escucharlo, estableciera una medida cautelar de protección a su favor.

La Audiencia de Granada rechaza la pretensión de los abogados de Juana Rivas al recordar que los hechos expuestos en la denuncia interpuesta ante el Juzgado de guardia que acordó la permanencia del menor en Granada se referían únicamente a malos tratos hacia el menor.

"En ninguna parte de la misma se alude a la circunstancia de que la intención del denunciado fuese la de causar, de manera directa o indirecta, mediante esos malos tratos y amenazas lesión alguna a la señora Rivas", subrayan los magistrados.

El auto explica que los supuestos hechos tuvieron lugar en territorio italiano y que la madre "habría tenido conocimiento de los mismos una vez que el menor vino a España" durante las vacaciones de Navidad. Y "en ningún momento" el menor explicó a la magistrada de guardia que su padre le ordenara contar los malos tratos a su madre para "causarle el daño psicológico a que hace referencia".

Finalmente, el auto recuerda que el Juzgado de Violencia de Granada acordó el sobreseimiento de la denuncia interpuesta por la madre y el hermano del menor y que la sección civil de la Corte de Apelación de Cagliari dictó un decreto el 30 de enero de 2025 con el fin de "ordenar que Juana Rivas disponga de inmediato que el menor regrese a Caloforte a la residencia de su padre".

Dos casos muy similares, filtraciones a la prensa sobre una persona incursa en un proceso penal, han dado lugar a una respuesta judicial muy diferente. El del juez de Granada que condenó a Juana Rivas, Manuel Piñar, y el del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. A diferencia del que afecta a este último, el de Piñar no ha provocado la apertura de una causa criminal, sino únicamente a una investigación disciplinaria en el Consejo General del Poder Judicial. Este miércoles, el Pleno de ese órgano lo absolvió por unanimidad de la sanción de 1.500 euros que, previamente, le había impuesto la comisión disciplinaria por el envío de un comunicado al diario Abc con datos de uno de los hijos de la madre granadina. La resolución sostiene que esos datos fueron previamente revelados a la prensa por la defensa de Rivas, por lo que no eran secretos, como defiende el jefe de la Fiscalía en el Supremo respecto a la confesión por dos delitos fiscales del novio de Isabel Díaz Ayuso. El Consejo concluye, además, que, en el caso de Piñar una serie de indicios inconexos o conjeturas no bastan para justificar la sanción que se le había impuesto. El instructor de la causa contra García Ortiz no ha logrado hasta el momento una sola prueba de que fuera él quien filtró a los medios el correo de la pareja de Ayuso con su confesión. Pero el daño reputacional contra él dura ya cinco meses.

Las conductas inicialmente imputadas a Piñar y García Ortiz son muy parecidas. El hecho que se atribuye al fiscal general es la supuesta filtración a la Cadena Ser el 13 de marzo de 2024 de un correo enviado a la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid, con fecha 2 de febrero, por el abogado de la pareja de Ayuso, Alberto González Amador. En el mensaje se planteaba un pacto al Ministerio Público para evitar su entrada en prisión mediante el reconocimiento de dos delitos fiscales y el compromiso de pagar la cuota defraudada, la sanción y los intereses. Antes de que se produjera la filtración investigada, el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, había transmitido a varios medios información falsa sobre esa propuesta de acuerdo, asegurando que era la Fiscalía quien la había planteado pero que luego la había retirado "por órdenes de arriba". En el caso de Piñar, la conducta investigada era la supuesta remisión de un comunicado al diario Abc en el que se daban datos de uno de los hijos de Juana Rivas. Esos mismos datos se contenían en una resolución del juzgado que, previamente, la defensa de Rivas había facilitado a los medios.

Pese a la práctica identidad de ambos casos, cada uno de ellos ha tenido una respuesta judicial muy diferente. El el caso del fiscal general, ha dado lugar a la apertura de una causa criminal en la Sala de lo Penal del Supremo por un supuesto delito de revelación de secretos. La investigación, que dirige el magistrado instructor Ángel Hurtado, dura ya cinco meses y ha provocado la difusión de decenas de miles de datos personales suyos y de personas que tuvieron contacto telefónico con él. En caso de terminar en condena, la causa conllevaría necesariamente la inhabilitación de García Ortiz, que no solo tendría que dejar la dirección del Ministerio Público, sino que implicaría su expulsión de la carrera.

En el caso de Piñar, sin embargo, su supuesta conducta no ha tenido ninguna trascendencia penal. La filtración que se le imputaba se ha ventilado mediante un procedimiento administrativo sancionador –un expediente disciplinario en el Consejo–. La sanción inicialmente impuesta fue una multa de 1.500 euros por una falta grave que no le hubiera impedido seguir dictando sentencias de no haberse jubilado. La de "revelar el juez o magistrado, y fuera de los cauces de información judicial establecidos, hechos o datos de los que conozcan en el ejercicio de su función".

Pero, además, esa sanción ha sido levantada en el Pleno del Consejo de este miércoles en una resolución de la que ha sido autora Esther Rojo, vocal a propuesta del PP, el partido que con más dureza ataca al fiscal general, pero aprobada por unanimidad. La resolución redactada por la consejera conservadora –expresidenta de la Audiencia de Valencia– recuerda que no bastan "meras sospechas, rumores o conjeturas" para condenar, sino "hechos plenamente acreditados". En el caso de Piñar, los indicios que sirvieron para sancionarle eran meras suposiciones, según la resolución del Pleno. "Carece de sentido pensar que un medio de comunicación atribuya falsamente o con absoluta negligencia al magistrado la autoría de la nota sin tener certeza de ello", sostenía la comisión disciplinaria. También aseguraba que "consta que el magistrado reconoció haber comentado extremos concernientes a la causa judicial con personas allegadas".

"Que sea habitual que los medios de prensa no publiquen informaciones falsas no es un indicio acreditado, sino un desiderátum (...) sin que ello permita vincularlo a la conclusión alcanzada que es la de que el magistrado investigado envió el comunicado difundido", sostiene el dictamen aprobado este miércoles. El hecho de haber comentado el caso con "personas allegadas", según el texto de Esther Rojo, "no presenta interrelación con la conducta sancionada, que es la de revelar a través de un medio de prensa hechos reservados, ni permite razonablemente pensar que en esas conversaciones se dirigió también a un periodista para lograr su difusión pública".

En la causa que el Supremo ha abierto contra el fiscal general, Ángel Hurtado, el magistrado instructor, no ha logrado hasta el momento una sola evidencia de que fuera García Ortiz quien filtró la confesión de Alberto González Amador transmitida por su abogado. El principal argumento que el instructor ha utilizado contra el jefe del Ministerio Público es el perpetuo reproche de que haya borrado los datos que contenía su móvil. Ángel Hurtado considera que el fiscal general habría hecho desaparecer así esas pruebas que no encuentra. Se trata de una conjetura, porque en realidad desconoce qué es lo que había en los dispositivos del fiscal general. García Ortiz ha sostenido desde el primer momento que él no fue el autor de la filtración y ha asegurado que su teléfono contiene datos extremadamente sensibles que no pueden ser revelados, por lo que los borra periódicamente, como le obliga la ley.

La resolución del Consejo que absuelve de su sanción al magistrado Piñar se basa también en otro argumento que el fiscal general ha esgrimido sin éxito ante el instructor del Supremo. Que los datos sobre el hijo de Juana Rivas que se recogían en el comunicado enviado a Abc –cuya autoría se le atribuía– los había revelando previamente la defensa de su madre mediante la difusión a varios periodistas de un auto del propio juzgado. "El auto de 9 de diciembre de 2021", en el que se recogían los datos del niño, "fue difundido a los medios de comunicación por el abogado de la parte, con lo que, difícilmente se puede hallar en la conducta enjuiciada la voluntad de revelar lo ignorado o secreto, que ya era de público conocimiento".

Se trata de la misma alegación que García Ortiz ha planteado repetidamente en el Supremo sin éxito. Que no puede existir el delito de revelación de secretos que se le atribuye porque lo supuestamente revelado –el posible pacto entre la Fiscalía y el novio de Ayuso para que este no entrara en prisión– ya estaba en varios medios de comunicación antes del momento en que el instructor sitúa la filtración que investiga. Uno de los que lo difundieron fue, precisamente, el jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, como él mismo confirmó durante su declaración como testigo. Rodríguez distribuyó en dos chats con 50 redactores una información tergiversada que fue publicada por varios de ellos sin contrastarla.

El equipo jurídico de Juana Rivas y de su hijo mayor ha compartido un audio que éste, que ahora tiene 18 años, envió a su madre en 2019 desde Italia y en el que pide auxilio ante un episodio de maltrato de su padre, Francesco Arcuri, tanto a él como a su hermano pequeño. El audio compartido se incluye entre los documentos que Aránguez Abogados, que representa a Juana Rivas y al mayor de sus hijos, Gabriel, ha remitido tanto a la justicia española como a la italiana, según informa EFE.

El mayor de los hijos de la expareja ha autorizado ahora la publicación de ese audio que envió a su madre en abril de 2019, cuando él tenía 13 años, por el "miedo" que siente de que su hermano, que ahora tiene 11 años y está en Granada por una medida cautelar de protección, vuelva a Italia con Arcuri. La difusión de este audio se produce después de que la semana pasada la justicia italiana volviera a conceder la custodia del menor al padre.

También la semana pasada el Juzgado de Instrucción 9 de Granada comunicó que mantendrá la medida de protección que ha permitido que este menor continúe con su madre en España y que se inhibirá en favor de la Corte de Cagliari sobre la denuncia por malos tratos de Rivas contra su expareja. Según Aránguez Abogados, Arcuri ejercía "violencia física y psíquica" sobre los niños para impedir cualquier comunicación con su madre, por lo que los dos hijos tenían que llamar "siempre a escondidas" a su madre, que habría recibido numerosas peticiones de auxilio.

Los abogados han apuntado además que un perito judicial italiano ha examinado los terminales y ha acreditado que las llamadas y mensajes entre los niños y su madre no han sido manipulados. "Mami, por favor, tengo miedo, no quiero volver con papi. Me ha pegado y me ha cogido a Dani y le ha pegado en la cabeza muy fuerte", se escucha en el audio compartido por el equipo de abogados de Rivas.

En esa petición se escucha a Gabriel relatar los insultos tanto a él como a su hermano: "Eres como tu madre, pequeño enano de mierda", un contenido que forma parte de la instrucción de sus causas judiciales. "Me cogió del brazo y me tiró contra la pared, a Dani le hizo lo mismo, lo levantó de la camiseta y lo tiró en la escalera y se hizo daño en la espalda, y se quedó llorando en el suelo", relataba también Gabriel, ya mayor de edad.