Juana Rivas quiere que la justicia escuche a su hijo menor antes de decidir sobre su custodia

Que su hijo sea escuchado en sede judicial. Es la última súplica de Juana Rivas, pendiente de que la justicia decida sobre la custodia del menor de once años. Así lo ha solicitado este viernes su equipo jurídico en un escrito dirigido al Juzgado de Instancia Número 3 de Granada. Los jueces españoles deberán decidir si coinciden con sus homólogos italianos a la hora de conceder la custodia al padre, Francesco Arcuri, pendiente de un juicio por malos tratos.

La Corte de Apelación de Cagliari dictó este lunes una resolución en la que reitera que Francesco Arcuri tiene derecho a llevar de vuelta a su hijo menor, quien se encuentra actualmente residiendo con su madre. El tribunal alpino desestima así la petición de suspender la sentencia que ya había dado la razón al padre del menor y ratifica que es a él a quien corresponde la tutela del niño.

La representación legal de Juana Rivas había solicitado anular la custodia, al menos de forma provisional hasta un momento clave: el juicio que tendrá lugar el próximo 18 de septiembre, también en Italia, por un delito de maltrato habitual, presuntamente a manos del padre contra sus hijos. Este procedimiento tiene su origen en noviembre del año pasado, cuando la Fiscalía de Cagliari presentó un escrito de procedimiento contra Arcuri, por supuestamente "maltratar física y psicológicamente, de forma habitual, a sus dos hijos". La institución reconocía que el más pequeño de los hermanos se encontraba en una situación de peligro y acusaba al exmarido de Juana Rivas de haber sometido a sus hijos "habitualmente a violencia física, vejaciones, insultos y amenazas".

Para la justicia italiana, ambos procedimientos –el civil por la custodia y el penal por el supuesto maltrato habitual– son independientes, así que uno no debe influir en el otro.

Escuchar al menor

Y por ello Arcuri reclama la vuelta inmediata del menor a su país. Ahora, el Juzgado de Granada debe posicionarse. Lo hará en base al Reglamento (UE) 2019/1111, relativo a la ejecución de resoluciones en materia matrimonial y de responsabilidad parental, y sobre la sustracción internacional de menores. Esta normativa europea, sin embargo, incluye algunos matices: "Contempla determinados motivos de denegación del reconocimiento entre países de la Unión Europea de las resoluciones", por ejemplo si tal reconocimiento fuera "contrario al orden público", teniendo en cuenta el "interés superior del menor". Para los abogados, así sucede en este caso.

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Según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el interés superior del menor es la "consideración primordial" a la que deben atender todas las medidas concernientes a los menores que tomen las instituciones. Y en este caso, argumentan los abogados, el interés superior del menor tiene que ir inevitablemente ligado al hecho de que existen "indicadores de violencia" por parte del padre al que se pretende entregar al pequeño. Así que en el escrito entregado este viernes el equipo reitera la "escucha, exploración y valoración" del niño como paso previo e indispensable antes de tomar una decisión.

Pero además, insisten, cuando el pequeño ha sido escuchado anteriormente, la justicia ha determinado que es con su madre con quien debe estar. Se refieren a la decisión tomada a principios de enero por un juzgado en funciones de guardia de suspender la vuelta del menor a Italia. "El menor expresa que tiene mucho miedo y que no se puede volver", plasmaba la magistrada en su auto. "Esta es la clave: cuando le han escuchado en condiciones de libertad y sin intimidaciones, han comprendido la gravedad de la situación", insiste el equipo jurídico.

El hermano del pequeño, ya mayor de edad y residente en suelo español con su madre, describía en un vídeo difundido el pasado mes de diciembre el entorno intimidatorio en la convivencia con su padre: "Conozco a mi padre y sé que no es capaz de controlar su impulsividad y su ira. Mi hermano está en gran peligro". El pequeño se encuentra con su madre desde las pasadas navidades, después de que el citado juzgado de guardia permitiera cautelarmente su permanencia en el país.