Son, como mínimo y según algunos expertos, una amenaza. Primero para los estudiantes y, después, para todo el sistema público. Fue el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el que quiso poner coto, a través de la reforma del decreto de universidades, a lo que denominó sin titubeos "chiringuitos" universitarios, provocando varias reacciones. La primera, la de los centros públicos, que celebraron la decisión porque los consideran responsables —al menos en parte— de su infrafinanciación; la segunda, la de las propias universidades privadas, que criticaron que la norma provoca "inseguridad jurídica" y vulnera "principios fundamentales". Por ahora la reforma sólo ha dado el primer paso en el Consejo de Ministros, pero se espera su aprobación definitiva para mayo. Cuando lo haga, el mapa universitario actual sólo cambiaría en caso de que se cumplan unos requisitos cada vez más duros. Ahora bien, algunas autonomías, aun con la normativa actual, ya están siendo un dique de contención contra este tipo de centros.

La desigualdad territorial es evidente. Se palpa en el mapa actual y se confirma con los proyectos que, al menos hasta ahora, había encima de la mesa. Si observamos el primero, que se puede extraer de la estadística oficial del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, se comprueba que es Madrid la que está a la cabeza. Tras ella, Cataluña, Castilla y León y Comunitat Valenciana. Sobre la mesa, otros tantos proyectos que incluirían en ese listado a Extremadura y a Andalucía. Oficialmente, ahora mismo tienen cero y un centro privado, respectivamente, una situación que comparten con Galicia, Asturias, Cantabria, Navarra y Aragón pero en la que sobresale, sin ningún tipo de duda, Castilla-La Mancha. Allí no hay ninguna universidad privada. Pero lo realmente importante es que tampoco se la espera.

Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha son claros: no tienen nada contra la universidad privada, pero sí contra las "expendedoras de títulos". Su "apuesta", explican fuentes del Ejecutivo de Emiliano García Page, está en la universidad pública y sólo en la privada "seria y de calidad, con estándares y exigencias como las de las públicas". Es un discurso idéntico al del equipo de Sánchez. "Hay que perseguir las prácticas que atenten contra los estándares de calidad universitaria", señaló él mismo cuando anunció la reforma del decreto de acreditación de nuevos centros. "Vamos a asegurar que todo título que se expida en una universidad de nuestro país tenga la calidad que creemos que tenemos que garantizar", añadió la ministra de Universidades, Diana Morant, en una entrevista con infoLibre.

Hasta ahora todo proyecto que quisiera instalarse en una región concreta podía, perfectamente, no cumplir ningún criterio. Es más, según los datos del departamento de Morant, desde 2018 ha habido cuatro centros abiertos de ese modo: dos en Canarias (Universidad de las Hespérides y Universidad Tecnológica de Canarias), uno en Madrid (Universidad del Diseño, Innovación y Tecnología) y otro en Andalucía (Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo).

Es lo que rechaza de plano Castilla-La Mancha. En primer lugar, a partir de la nueva Ley de Universidades que el pasado mes de febrero sacó el Ejecutivo a consulta pública y que consiste, en síntesis, en endurecer los criterios para permitir la apertura de nuevos centros y en exigirles mayor relación con las instituciones. "A todos los aventureros de considerar la universidad solo un negocio no les vamos a dar ninguna facilidad", señaló el propio Page hace ahora un año, cuando presentó la normativa que pretende tener lista en 2026. Según concretan fuentes de su Consejería de Educación, su plan "no trata de universidades públicas contra universidades privadas, sino de proyectos universitarios de calidad". "La universidad juega un papel esencial en el desarrollo de Castilla-La Mancha y es la mejor aliada para construir el futuro de la región, ya que tiene la capacidad de generar futuro, oportunidades, expectativas, ilusión y compromiso con la región", añaden.

Hasta ahora, informan, han recibido aproximadamente una decena de propuestas de instalación de universidades privadas, pero se encuentran todas en stand by hasta que se apruebe la ley regional de universidades.

La conclusión está clara: la proliferación o no de la universidad privada y, sobre todo, de este último tipo de centros, depende en gran medida de la política. Como coinciden todos los expertos —y en cualquier caso corroboran los datos— un gobierno de derechas al frente facilita casi al completo que un nuevo proyecto salga adelante. Sea como sea. Tenga o no instalaciones. Contrate o no profesores suficientes. Y ofrezca o no variedad en sus titulaciones. Por eso Castilla-La Mancha, con el PSOE al frente en estos últimos años, en los que más se han propagado este tipo de "chiringuitos", sigue un rumbo radicalmente diferente. Ahora bien, no sólo es el color del sillón del gobierno el que explica todo.

"Los gobiernos regionales pueden fomentar o impedir el auge de las universidades privadas, pero su presencia no es sólo política", confirma desde el otro lado del teléfono la profesora de Sociología de la Educación en la UCM María Fernández Mellizo-Soto. ¿Y qué es el resto, entonces? Ella considera que hay un factor fundamental y que explica en gran medida esa desigualdad territorial en la implantación de estos "chiringuitos": la renta de la población que integra cada autonomía. Al final, subraya, "el sector privado se instala en aquellos lugares en los que sabe que puede tener éxito. Y esto deja fuera a las regiones más pobres".

La explicación es muy sencilla: por mucho que la universidad privada busque abarcar cada vez a más estudiantes, sigue siendo el cortijo de las clases más altas. Según un informe del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el porcentaje de alumnos de las privadas con progenitores con ocupaciones altas se sitúa en el 60%, un porcentaje que en las públicas se reduce hasta el 40%. Y es que allí los precios pueden llegar a ser hasta tres veces más bajos.

Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), las tres comunidades con menor renta anual media por persona son Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha. Ahora mismo la primera tan sólo tiene un centro privado, pero data de 1996 y se aleja de lo que el Gobierno tacha de "chiringuito". En Andalucía, por su parte, hay, por ahora, dos: Loyola Andalucía (fundada en 1963) y la CEU Fernando III, que empezó a operar en octubre de 2023. Otros dos esperan ya poder abrir sus puertas, por lo que la autonomía podría considerarse una excepción. Pero allí gobierna el PP desde que ganó las elecciones de diciembre de 2018.

El rumbo de Extremadura es muy parecido. Allí, según explica el catedrático de Tecnología Educativa en la Universidad de Extremadura Jesús Valverde, ni la renta ni la competitividad es elevada pero, sin embargo, tienen un proyecto a puntito de ver la luz —el de UNINDE, con capital chileno y peruano detrás— y otros tres sobre la mesa del Gobierno conservador de María Guardiola. "Cuando gobernaba el PSOE empezaron a hacer peticiones, pero no han prosperado hasta ahora", señala el experto, que sigue creyendo que la región no es lo económicamente atractiva para este tipo de proyectos como lo son, en cambio, las que más renta per cápita registran.

Son, volviendo a los datos del INE, País Vasco, Madrid, Navarra y Cataluña. Y allí el panorama es muy distinto. La primera tiene tres universidades privadas y una pública; la segunda, 13 privadas y seis públicas; la tercera, una de cada sistema; y la última, cinco privadas y cuatro públicas. "Madrid por ejemplo no es sólo una de las regiones más ricas, sino la ciudad a donde más personas acuden a estudiar, ya sean de otras regiones o países. Es decir, es donde el mercado es más amplio y existe por tanto una mayor posibilidad de rentabilidad en los negocios", explica la experta.

Según los datos oficiales del ministerio, a la presidida por Isabel Díaz Ayuso la escogen estudiantes de todas las demás comunidades. Sobre todo de Castilla-La Mancha, una comunidad en la que no existe ese tipo de movilidad.

Cataluña está dentro de ese listado, pero sus características son muy diferentes. Lo explica el catedrático emérito de la Universitat Politècnica de Catalunya Albert Corominas. Ninguna de las cinco universidades privadas catalanas tiene afán de lucro. Tres, además, son confesionales: la Ramón Lllull, la Universitat Internacional de Catalunya y la Abat Oliva CEU. Las otras dos que componen el listado son la Universitat Oberta de Catalunya y la Universitat de Vic, ambas subvencionadas parcialmente con fondos públicos: la primera de la Generalitat y la segunda del Ayuntamiento de Vic.

Pero más allá de las manos que las manejan, su fecha de creación también es relevante. Como recuerda Corominas, la más reciente es la Abat Oliva CEU, reconocida como universidad en 2003 aunque en funcionamiento como escuela desde 1973. Desde entonces, hace más de dos décadas años, ninguna más. "Es complicado saber los motivos, pero creo que tiene mucho que ver el hecho de que el sistema en Cataluña está muy estabilizado y nadie quiere tocarlo. Ni la administración, ni las universidades públicas ni, tampoco, las privadas que ya tienen tantos años de bagaje", señala el experto.

Y ni siquiera algo parecido ocurre en ningún otro lugar de España. Porque si no no se entendería que un gobierno business friendly como el de Artur Mas no hubiera apoyado la creación de centros privados. "En Cataluña siempre ha habido una especie de control sobre las universidades, y creo que eso no se quiere perder de ninguna manera", sentencia Corominas.

Del error de aceptar que esos edificios, con un espacio reducido, tanto para las aulas de clase como para disponer de espacio para esparcimiento e infraestructura  para juego y deporte de los alumnos, se derivan todos los problemas subsiguientes. Quienes observan estas deficiencias diariamente y sufren sus consecuencias, no solo por el ruido continuo, pues el jardín convertido en patio, y señalizado como aparcamiento, es un lugar habilitado para clases, esparcimiento, juegos y recreos, son los vecinos, cuyas casas y ventanas dan al jardín posterior. Estos  vecinos observan a diario los cambios que se hacen en el jardín posterior con la intención de ofrecer espacio de uso del mismo a los profesores y a los alumnos, sin que puedan complacer a unos y a otros.

En ese espacio que estuvo muy bien ajardinado y en cuyo suelo jóvenes cultivaban la horticultura, con la habilitación del colegio, retiraron la tierra y esparcieron cemento. Cortaron arbolado y creyendo que habilitaban espacios para zonas deportivas: fútbol, baloncesto, destrozaron el jardín como espacio de descanso, tranquilidad y bienestar para las personas mayores y jóvenes que lo disfrutaban.  

Mientras los alumnos adolescentes pateaban los balones en un espacio de 40 mts2, para que los balones no entraran por las ventanas de los vecinos o cayeran a los bajos, colocaron unas mallas que les impedía la visión. Por la protesta vecinal ante el propio colegio y la Junta Municipal y otras organismos, han logrado por fin que retiraran las mallas. Parte del suelo del  espacio del  jardín lo han marcado varias veces para ofrecer espacios de aparcamientos a los profesores, aunque  otras tantas veces han desmarcado esos aparcamientos, no se sabe con qué intención. El suelo también ha sufrido modificaciones continuas. Ha pasado de tierra cultivable a cemento, sobre cemento, tierra y últimamente habían colocado césped artificial, retirado a su vez, recientemente.

Cualquiera que pase por la acera de la izquierda de Eloy Gonzalo, desde la Glorieta de Iglesia hasta la de Quevedo o desde ésta a Iglesia, observará a través de las ventanas, que están a ras de la acera, que hay alumnos, a determinadas horas, en el subsuelo del edificio, dando clases o realizando actividades escolares con luz eléctrica, porque las ventanas, pequeñas y enrejadas, están en la parte superior. En ciertos momentos se ha oído que el centro quería horadar la tierra para hacer un aparcamiento subterráneo o un polideportivo para los alumnos. Cualquier solución, muy costosa y complicada, no cambia el problema que tiene un colegio de esta categoría, si es que no lo agrava todavía más. 

La conclusión es muy clara: Los edificios no reúnen las condiciones materiales para ofrecer a las familias y a sus hijos un colegio de élite para el desarrollo pleno de su personalidad.  Este es un colegio muy alejado de los colegios norteamericanos que conocemos por las  series y las películas. La matriz del colegio Brewster se enorgullece de que varios de sus  alumnos han jugado en la NBA. Ninguna horizonte tiene este colegio madrileño para que algún alumno pueda llegar ni siquiera a la ACB o alguna de sus alumnas al baloncesto femenino. Las alumnas no muestran ningún interés deportivo, dicen los vecinos.

Los errores de la conversión del Instituto Homeopático y Hospital de San José en colegio norteamericano están concatenados. La señora marquesa, heredera de los inmuebles, quería recibir el pago de su herencia, a la que se cree con derecho entre los herederos; el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, no optó a su compra, cuando tenía la obligación de mantener el edificio en el patrimonio de Madrid, como un edificio declarado BIC. Martínez-Almeida fue director general de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid y durante su mandato (2007-2011) se gastó de las arcas públicas más de tres millones para la reparación del edificio, por lo que conoce perfectamente que su decisión no se corresponde con la historia sanitaria y patrimonial de Madrid. El centro educativo de la marca norteamericana Brewster pensaba que adquiría un edificio singular para un colegio singular, elitista y necesario en Madrid. Todos se han equivocado. Lo lógico sería que el edificio volviera al patrimonio municipal para el  servicio de los madrileños. Lo razonable sería que, comenzando por Brewster –que ocupa los edificios en alquiler con opción a compra– cayera en la cuenta de que es impensable un colegio de su categoría en un espacio reducido y sin posibilidad de ampliarse y ofreciera su reversión. Y, por último, que las familias de los alumnos también comprendieran que no les compensa el dinero que se gastan en la educación de sus hijos por los servicios que reciben.

__________________________________________________

Felipe Domingo Casas es socio de infoLibre.

Allá por los años 2012 y 2013, cuando los recortes a los servicios públicos eran la realidad de casi cada viernes de Consejo de Ministros, no era extraño que las camisetas verdes inundaran de vez en cuando las calles de las grandes ciudades. "Escuela pública de tod@s y para tod@s", se leía en ellas. Fueron desapareciendo conforme pasaban los años y al mismo tiempo, además, al que se apagaban las protestas. Hasta ahora. Este lunes Madrid será el escenario de una huelga general que los convocantes ya tachan de "histórica". Desde la etapa de infantil hasta la universitaria, estudiantes, profesores y personal administrativo unirán su voz contra un enemigo común: la política privatizadora y asfixiante que Isabel Díaz Ayuso ha convertido en bandera.

El ambiente lleva semanas calentándose, pero ha sido el mundo universitario el que hasta ahora ha monopolizado el protagonismo. La noche del jueves al viernes, sin ir más lejos, alrededor de un centenar de estudiantes se encerraba en el campus de la Universidad Carlos III de Madrid, una acción que apenas unas semanas antes habían protagonizado los estudiantes de la Complutense. Meses antes, juntos y acompañados de las otras cuatro universidades públicas, alzaron la voz frente a la Asamblea de Madrid. Ya entonces avisaron: la batalla será "a largo plazo". Y este 28 de abril será el día grande.

Motivos, dicen todos los sindicatos y organizaciones convocantes, hay de sobra. Los explicarán desde por la mañana en distintas acciones y piquetes informativos, pero la gran movilización recorrerá las calles que unen Atocha y la Puerta del Sol a partir de las 18 horas de la tarde. En la cabecera, y bien visible, el lema: "Salvemos la educación pública". Desde la primera etapa de 0 a 3 años a la universitaria pasando por Primaria, Secundaria, FP y Educación Especial que, junto a la etapa Infantil, protagonizarán un segundo paro también el martes 29.

No es casualidad que se unan. Y tampoco ha habido un gran trabajo para confluir en las reivindicaciones. Como indica el colectivo Menos lectivas, "las circunstancias de cada etapa son diversas", pero "todas coinciden en estar padeciendo un desmantelamiento a ojos vista del sistema educativo público, con una financiación claramente insuficiente que está afectando seriamente tanto a las condiciones laborales de las trabajadoras como a la calidad de la enseñanza". Ana Vicenti es representante de la organización y suscribe cada una de esas palabras. "Hay una cosa que es genérica y que afecta a todo el sistema: la Consejería de Educación nos ha abandonado. Y no es una cosa del PP, sino específica del partido en Madrid", lamenta.

La universidad, una vez más, ha sido el paradigma de este diagnóstico. Los datos concretos que de hecho deja su realidad no dejan lugar a dudas. El Gobierno conservador de Ayuso ha impedido que los seis centros públicos de la región se recuperen de los recortes de la crisis económica y para este 2025 tan sólo ha aprobado un incremento del 4,2% en su financiación, un porcentaje que supone 47,3 millones de euros más y la condena, señaló la comunidad universitaria en su día, del sistema. No hay más que ver ejemplos concretos: la UCM ha recortado un 35% el gasto y hay bibliotecas, como la de Filosofía, que ya no puede adquirir nuevos libros. Ni siquiera uno más.

¿Y qué ocurre mientras tanto fuera de la universidad? Pues no algo muy diferente. "Ha habido una desinversión salvaje. Es más, el despido masivo de personal docente que hubo hace 14 años todavía no se ha recuperado, y menos si tenemos en cuenta que la complejidad que hay ahora mismo en las aulas no es la misma que había cuando empezó la crisis", lamenta Vicenti. Sobre este aspecto en concreto publicó recientemente un informe EsadeEcPol, que llegó a una conclusión muy clara: el alumnado, cada vez más diverso, es una de las causas detrás de que el 47% de los docentes quieran abandonar la profesión. Y de que sólo el 24% mantenga la ilusión por su trabajo.

Pero hay más números. Y los ha recogido la organización Menos lectivas. Por un lado, la Comunidad de Madrid es la región con la carga lectiva más alta: 25 horas para Primaria y 20 para Secundaria, FP y Bachillerato, unos números que dificultan el trabajo, también necesario, fuera del aula. ¿Y en qué deriva eso? En horas extra que, señalan, no se pagan pero que resultan imprescindibles para diseñar las clases, hacer tutorías, formarse o participar en proyectos transversales del centro. Pasa también en la etapa Infantil. Y lo sabe bien Rosa Marín, de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI). "Hay un montón de cosas necesarias que no me queda más remedio que hacer en mi tiempo libre. Nadie me paga ni me devuelve esas horas", lamenta.

A esto se suma, señalan también desde Menos lectivas, que la región soporta unas ratios de alumnos por aula de entre 700 y 1.000 niños y niñas, una cifra muy superior a la recomendada por los expertos, que hablan de un máximo de 250 estudiantes si lo que se quiere es garantizar el bienestar, prestar una atención individualizada y atender de manera adecuada a quienes tienen necesidades educativas especiales o proceden de entornos vulnerables.

El problema es que para ello no sólo son importantes los docentes. El personal de administración y servicios (conocido como PAS) también es parte perjudicada por el desmantelamiento de la educación pública llevada a cabo por Ayuso. Y por eso también es sujeto activo en la huelga de este lunes. Lo explica así Nicolás García, miembro del comité de huelga y portavoz de la sección sindical del PAS del sindicato co.bas. Según explica, para ellos hay algunos puntos que han sido determinantes. Y el fraude de ley que denuncia que han sufrido miles de empleados ha sido uno de ellos.

Denuncian en concreto el "ERE encubierto" que ha realizado la Comunidad bajo el pretexto del proceso de estabilización que la justicia europea obligó a España a llevar a cabo. Como critica García desde el otro lado del teléfono, muchas personas que llevaban entre 20 y 30 años al frente de colegios e institutos públicos han sido despedidos. Y sus plazas, adjudicadas por una oposición que no lo tuvo en cuenta.

Pero ya no es sólo eso, muchas de las categorías que entran dentro de los PAS no han sido definidas y por tanto hay trabajadores que realizan funciones que no les corresponden. Además, no hay sustituciones inmediatas cuando se produce una baja y los sindicatos mayoritarios han firmado un convenio que rechazan de plano. En síntesis, porque empeora sus derechos y prohíbe la protesta.

No ese un paso cualquiera. Es precisamente el que también pretende dar Ayuso en la universidad con la aprobación de la ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC). En concreto, el borrador, al que ha tenido acceso infoLibre, introduce que la universidad colaborará "lealmente con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado" para, señala el documento que todavía está en fase de elaboración, "asegurar la protección de los derechos de todos". Y que el 30% de la financiación de los centros tiene que proceder de fondos propios.

Por eso es esta norma la que más preocupa al sector. Y así lo explica Mariu Ruiz-Gálvez, profesora de Economía en la Facultad de Ciencias Políticas de la UCM. "Si estamos más movilizados es, fundamentalmente, por esa ley. Es una clara asfixia a la pública y una consecuente apuesta por la privada", lamenta la profesora. La región presidida por Ayuso es, con muchísima diferencia, la que más centros privados tiene en su territorio. Más del doble de los públicos, de hecho.

La de este lunes será la mayor protesta hasta la fecha. Ya antes de que se produzca, representantes de todas las etapas educativas la califican sin ambages de "histórica". Pero no se quedarán ahí. El objetivo será conseguir aunar fuerzas para un paro indefinido. "Madrid no defiende ni a los estudiantes ni a los trabajadores, así que lo único que nos queda es hacer fuerza desde abajo. Sabemos que es David contra Goliat, pero no pararemos", sentencia Vicenti.

Tras el frenazo, la educación concertada vuelve a acelerar. Y con fuerza. Tanta, que ha vuelto a marcar un récord de financiación por parte del Estado, rozando ya los 8.000 millones de euros en 2023, un 5% más que un año antes. Así se desprende de la última Estadística de Gasto Público en Educación publicada por el Ministerio, que revela que, en el mismo periodo, la pública creció apenas dos puntos más: un 7%. Exactamente el mismo porcentaje que entre 2021 y 2022, el plazo en el que la concertada sólo vio sus fondos aumentar un 1%. Mucho menos que ahora.

La financiación pública a la escuela concertada nunca ha disminuido. Es más, tampoco se ha estancado. Como mucho se ha reajustado, según se desprende del análisis de los datos, que muestran que en 2021 los fondos que recibió esta red fueron un 6% superiores a los que hubo el año anterior. Dicho de otro modo: la red de la escuela privada sostenida con fondos públicos experimentó un gran incremento justo después de la pandemia para, entre 2021 y 2022, ver un freno en las transferencias por parte del Estado. Un hecho que ahora, de nuevo, vuelve a cambiar. Y que ocurre además a pesar de los negativos augurios que aventuraban que la entrada en vigor de la ley Celaá —de la que el pasado mes de enero se cumplieron cuatro años— amenazaría con hacer desaparecer al sector.

Jesús Múñoz de Priego, creador de la plataforma Más Plurales, llegó a asegurar por ejemplo que el texto conducía "hacia el dominio sistemático del Estado, dotando a las Administraciones de facultades cada vez más amplias en detrimento de las familias". "Se inventa un derecho a la educación pública y la enfrenta al modelo de educación concertada, devalúa la enseñanza de la asignatura de Religión y acentúa aún más el papel intrusivo del Estado en la educación de nuestro país en detrimento de las libertades públicas", añadió. Lo que ocurre es que los datos lo desmienten.

El detalle de la Estadística publicada el viernes por el departamento de Pilar Alegría recoge que lo que el Estado destina a educación —tanto universitaria como no universitaria— asciende a 67.937 millones de euros, de los cuales 60.054 van a parar a la red pública y 7.883 a la privada sostenida con fondos públicos. Todas esas cifras son récord, y de hecho en cuanto a la educación pública supone la constatación de que lo que se destina a la escuela se ha recuperado plenamente de la crisis económica. Hasta 2020, era 2009 el año en el que más había invertido en ella el Estado. Desde entonces todo han sido incrementos.

Ahora bien, la velocidad a la que ambas redes salieron del periodo de recortes no ha sido, ni mucho menos, la misma. "El que sufrió la pública durante la crisis fue muchísimo más grande que el que soportó la concertada", confirma Daniel Turienzo, maestro y doctor en Educación. Justo antes de la Gran Recesión, el gasto público educativo se situaba en 53.895 millones, de los cuales algo más de 48.000 iban a parar a la pública y 5.900 a la concertada. Desde entonces hubo cinco años seguidos —entre 2010 y 2014— de caídas globales de la inversión. La primera lo hizo un 18,7% y la segunda un 2%. Además, en 2014 la concertada ya empezó a recuperarse, mientras que la pública tuvo que esperar un año más para hacerlo. Entonces la concertada suponía un 12,9% de todo lo destinado a la educación; hoy es un 11,6%.

Pero hay un último dato que menciona Turienzo y que resulta revelador: en los últimos 25 años la inversión en la escuela pública ha crecido un 136%, mientras que la de la concertada lo ha hecho un 169%.

El incremento de la financiación de la red concertada, mayoritariamente en manos de la Iglesia, supone un 5% más de fondos que en 2022 y, además, un incemento cuatro puntos superior al anterior, acercando el montante destinado a los 8.000 millones de euros. La barrera de los 7.000 se superó apenas tres años antes, en pleno 2020, cuando la red pública, por su parte, recibió 48.198 millones por parte del Estado. Ahora bien, ¿cómo pueden explicarse estas cifras? ¿Por qué el aumento de la privada sostenida con fondos públicos ha resultado tan exponencial?

Turienzo sitúa la explicación en dos cuestiones: una demográfica y otra política. La primera, explica, tiene que ver con la caída de la natalidad, que afecta sobre todo a la escuela completamente pública porque, al contrario que la concertada, reajusta laoferta a la demanda cada año. "Es esta enseñanza la que cubre toda la España rural y la que, por tanto, ha experimentado mayor caída en el alumnado", sostiene.

Según los datos oficiales también publicados por el Ministerio de Educación, las unidades de Primaria en la pública han crecido un 0,6% en una década, el mismo periodo que en la privada —la estadística no distingue entre la que es concertada y la que no— se han incrementado un 3%. Si observamos lo sucedido en la Educación Infantil, la más afectada por este fenómeno, la estadística revela que entre la pandemia y el curso 2023-2024 las unidades públicas han disminuido un 1,5%, mientras que en la privada han crecido prácticamente lo mismo: un 1,2%. "Los conciertos no se redimensionan hasta que no se renuevan, así que si hay pocos niños y niñas pueden incluso cerrarse aulas públicas y redirigirse a las privadas", continúa el experto. Tanto es así, completa, que en algunos barrios o localidades de comunidades como el País Vasco ya sólo existe oferta para este último modelo.

La segunda explicación, la política, depende por su parte de lo que ocurre en cada comunidad. "En muchas autonomías existe una postura de defensa de esta red", señala Turienzo. Si se analiza la Estadística del Ministerio se comprueba que son Aragón, País Vasco, Castilla y León y Murcia los lugares donde más se destinó a la educación concertada.

Turienzo y otros muchos expertos alertan en cualquier caso de los efectos negativos que tiene que la concertada gane tanto terreno. Más que nada porque las pruebas muestran que es un sistema profundamente segregador. Y generador por tanto de desigualdad. En primer lugar, porque cobra a las familias cuotas que prohíbe la ley y que suponen, de facto, una selección del alumnado con mayor poder adquisitivo. Según la novena edición del Estudio de cuotas y precios de colegios concertados del curso 2023-2024 publicado por la Asociación de Colegios Privados e Independientes (CICAE), el 79,4% de todos los colegios privados sostenidos por el Estado continúa haciéndolo obteniendo, en algunos casos, 510 euros al mes por cada estudiante.

Pero no sólo segregan con esa fórmula. Un estudio publicado por la Fundació Bofill afirmó que, "en algunos casos, las escuelas concertadas informan de un menor número de plazas de las que disponen realmente, priorizan solicitudes sin seguir los criterios establecidos, o informan a algunas familias de que no tienen plazas y les sugieren solicitarlas en otra escuela". Es decir, la concertada ni es gratuita ni para todos.

Y es más, tampoco ha dejado fuera de sus aulas a la religión. Según los datos de la Conferencia Episcopal, la Iglesia tiene 2.536 centros católicos, de los cuales 2.402 (el 94,7%) son concertados. La plataforma Escuelas Católicas informa de que aglutinan ya al 57% de los matriculados en la red.

Hoy en día, se puede afirmar que la educación atraviesa los muros de la escuela y se extiende a toda la ciudad, impregnando sus barrios, espacios públicos e instituciones. Pero se puede constatar objetivamente que en las ciudades persisten aún numerosos fenómenos y factores deseducadores y también en la nuestra. 

Por eso, si somos conscientes de estos desafíos y retos a los que nos enfrentamos, toda la sociedad se debe comprometer con convicción y voluntad a contrarrestar estos fenómenos regresivos, proponiendo un modelo político de ciudad que sitúa a las personas en el centro de nuestras prioridades y que, partiendo de la educación, da coherencia, dinamismo y sentido a nuestra acción, como herramienta de transformación social, de cohesión y de respeto mutuo. 

Las ciudades educadoras trabajan y deben trabajar para que la educación sea eje transversal de todas las políticas locales, tomando conciencia y reforzando el potencial educador de las actuaciones y programas de salud, ambiente, urbanismo, movilidad, cultura, deporte… 

Hay que trabajar, por tanto, para democratizar el acceso a todos los bienes de la ciudad, para que cada uno de sus espacios sea fuente de educación, y para que toda persona pueda vivir, disfrutar y emanciparse, aprovechando al máximo las oportunidades que la ciudad ofrece para alcanzar sus expectativas con una actitud cívica y democrática. Una ciudad respetuosa con el medio ambiente y que dialoga con las ciudades y áreas rurales que le rodean. 

Hay que apostar por una democracia participativa sumando las propuestas y el esfuerzo  de la sociedad civil por construir juntos ciudades mejores, que no dejen a nadie al margen. Para lograr este objetivo ambicioso, los ayuntamientos con todas sus delegaciones deben  comprometerse con la educación ciudadana y con el establecimiento de los mecanismos necesarios para elaborar, implementar y evaluar las políticas públicas contando con la  participación de una ciudadanía activa, dotada de espíritu crítico, comprometida y  corresponsable. 

Este es un camino que comparten las ciudades educadoras, ciudades muy diversas de todos los continentes y que cuenta con más de 30 años de recorrido desde la proclamación de la Carta de Ciudades Educadoras y ve que cada día se cuenta con el respaldo de más personas, asociaciones, empresas, instituciones, etc., trabajando con entusiasmo por una educación integral, renovada y emancipadora.

___________________

Ximo Estal es socio de infoLibre.

Es habitual escuchar, en periodos complicados, que la palabra "crisis" en China también significa "oportunidad". Sin embargo, la pregunta que puede surgir de esa afirmación es: ¿para quién? La crisis económica que golpeó allá por el año 2008, por ejemplo, sí resultó serlo, pero únicamente para los defensores de la privatización de los servicios públicos. "Crisis" se asoció rápidamente a "recortes", a "austeridad". Sobre todo de la sanidad y de la educación, que dejaron entonces un hueco para el negocio que todavía hoy se sigue aprovechando. La universidad ha sido el último ejemplo y, quizás, el más claro: más de una década después no se ha recuperado de los tijeretazos del Gobierno de Mariano Rajoy y observa, además, cómo la red privada no deja de crecer. Y ganar.

Madrid ha servido en las últimas semanas como paradigma. Los rectores de sus seis universidades públicas (Alcalá, Autónoma, Carlos III, Complutense, Politécnica y Rey Juan Carlos) se reunieron el pasado mes de abril en un acto en el que reclamaron al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso una mejor financiación. La petición fue leve. "Una sociedad que no invierte en sus universidades es una sociedad que está renunciando a su futuro", dijo por ejemplo José Vicente Saz, de la UAH. Meses más tarde, el tono se endureció y las palabras se tornaron más bien en exigencias.

En una carta conjunta firmada el pasado 28 de noviembre, las seis instituciones alertaron de que la "grave infrafinanciación" que sufren desde hace al menos 15 años les ha dejado en una situación "crítica" que podría volverse "catastrófica". Pedían 200 millones más en los Presupuestos autonómicos de 2025 para garantizar su supervivencia, pero Ayuso no está dispuesta. En lugar de eso ofrecido 47,3 millones, un 4,2% más de lo destinado en 2024, una cifra que los rectores siguen considerando "insuficiente para garantizar la sostenibilidad" y "subsanar" los recortes. "La situación no ha cambiado en lo fundamental: tras años de infrafinanciación, la Comunidad de Madrid sigue con su política restrictiva hacia las universidades públicas y no aporta ningún elemento de mejora ante la crítica situación presupuestaria de las universidades", coincide Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO Madrid.

No son meros datos. César González Gamonal pertenece a la delegación de estudiantes del Consejo de la UCM y señala, desde el otro lado del teléfono, que esta falta de recursos se ve claramente en el día a día. En las infraestructuras, en la falta de renovación del profesorado o en su precariedad, ejemplifica. Por eso para acabar con ella el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha puesto en marcha el programa María Goyri, que prevé contratar 4.480 docentes destinando más de 900 millones de euros en todas las autonomías adheridas. Es decir, a todas menos a Madrid, que este martes se comprometió a hacerlo, aunque todavía no ha ocurrido.

Es un problema que afecta a todas. Sin distinciones. En Cataluña, indica Sheila González, investigadora en desigualdad educativa de la Universitat de Barcelona (UB), especialmente. "Aquí hubo una congelación total de las plazas. Fue un proceso más largo e intenso que en el resto de España", dice. Según el último informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD), el 41,2% de todos los profesores y profesoras universitarios están contratados a tiempo parcial, un porcentaje que en los centros públicos asciende hasta el 46,6% y en las privadas, mientras tanto, cae hasta el 17,5%. ¿Y por qué tanta diferencia? Porque las primeras no se han recuperado, todavía, de los recortes que el Gobierno puso en marcha en 2012, con la crisis económica global que llevó a la máxima expresión el "dogma neoliberal", según recuerda el profesor de Ciencias Políticas en la UCM Víctor Alonso. El pensamiento era: "no hay ingresos suficientes y por tanto hay que reducir gasto público", señala.

Fue dicho y hecho. En 2009 las comunidades invirtieron, según los datos oficiales recopilados por el desaparecido Observatorio del Sistema Universitario (OSU) y facilitados por la que era su directora, Vera Sacristán, algo más de 7.249 millones. Desde entonces el descenso fue progresivo y tocó suelo en 2014, cuando se invirtieron 5.841 millones. Hoy, en 2022, el último año recogido en la web del Ministerio, son 7.607. Dicho de otro modo: desde antes de los recortes las autonomías sólo han incrementado un 4,9% lo invertido en la universidad. En ese mismo periodo la inflación ha escalado un 26,3%. Es decir: no se ha recuperado el nivel que había hace 15 años. Y no sólo en Madrid. "Se ha estrangulado a lo público y, al mismo tiempo, se ha favorecido a lo privado", lamenta Enrique Díez Gutiérrez, profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de León.

Los datos del OSU analizados por infoLibre no dejan lugar a dudas. Las comunidades que han recuperado los niveles previos a la crisis económica de 2008, teniendo en cuenta también la inflación, son apenas tres: Navarra, Castilla y León y Balears. Las tres han incrementado el presupuesto que tenían en 2009, y más de ese 26,3%. El resto se dividen en dos grupos: las que a pesar de haber recuperado los millones de entonces no han tenido en cuenta la subida de los niveles de vida y las que han ido más allá y directamente ni siquiera han alcanzado todavía la partida de 2009. Son Canarias (que ha destinado a su universidad pública un 1,9% menos), Madrid (con un 5,1% menos) y la Comunitat Valenciana (con un 10,9% menos).

"Desde 2008 y hasta ahora ha habido un recorte efectivo y real a las universidades públicas. Se vivió una crisis muy dura entre 2009 y 2017, cuando se mejoraron los ingresos. No obstante, eso sólo fue una forma de tapar un déficit y una infrafinanciación estructurales. Por eso ha sido ahora cuando los rectores han empezado a alarmarse", lamenta Mariu Ruiz-Gálvez, profesora de Economía en la Facultad de Ciencias Políticas de la UCM.

El OSU analizó precisamente qué había ocurrido en esos primeros años de recortes y el resultado de su investigación no deja lugar a dudas. En concreto, entre 2009 y 2015 las autonomías recortaron su inversión en las universidades públicas un 24,2%, una cifra que fue compensada entonces con el aumento de las tasas al alumnado, que creció un 37,4%. Es lo que sigue pasando en Madrid, donde son los universitarios quienes están compensando, con las matrículas más caras de todo el país, la peor financiación de toda España.

La situación, si se compara con el resto de países de nuestro entorno, resulta todavía más negativa. Lo señala así el informe presentado por CYD, que revela que España destinó en 2021 15.654 dólares en instituciones de educación superior, un 23,6% menos que el promedio de la OCDE. Hay más. En términos de PIB per cápita, España invirtió el 35,8% por alumno, por debajo del 38% de la OCDE. "Y aun así tenemos muchas universidades entre las mejores del mundo. Si se ha conseguido eso ha sido gracias al coste personal de los docentes y los investigadores, no por los recursos de los que disponen", destaca Ruiz-Gálvez.

Ninguno de los expertos consultados cree que esto haya ocurrido por casualidad. Según explican, todo responde a ese dogma neoliberal del que habla Alonso y que se completa con el proceso privatizador que ha acelerado de forma paralela al deterioro de la universidad pública. "La crisis se aprovechó para favorecer el negocio, un esquema que ha utilizado sobre todo la derecha y que se ha puesto en marcha también con la sanidad", denuncia Díez Gutiérrez. "En León por ejemplo no tenemos oncólogos, pero se ofertan los servicios de radiología privados. Siempre se hace mediante el mismo esquema", completa.

"La tendencia es la de mercantilizar absolutamente la educación superior. Sólo en Madrid la universidad privada ha crecido un 120% desde el año 2000, el mismo periodo en el cual la pública ha perdido un 18%", coincide Ruiz-Gálvez. La región es, de largo, la que tiene más centros privados. Tanto es así que la investigadora de la UB asegura que la privatización es "un proceso madrileño". En concreto, y contando con el último que ya ha recibido la luz verde del Ejecutivo de Ayuso —y el informe negativo del Gobierno central— son 14 los campus privados, el 34% de todas las que hay en España. Ahí son ya 41, 25 de las cuales fueron abiertas en el último cuarto de siglo, a un ritmo de una al año.

Lo llamativo es que se prevé que esto continúe. Como publicó infoLibre y según las solicitudes ya aprobadas o en trámite de serlo, de aquí a 2026 habrá 54 centros en manos privadas, calcula Rafael Ramiro, profesor de gestión empresarial en la Universidad Pontificia Comillas y consultor corporativo independiente. Será gracias, sobre todo, a los llamados fondos de capital riesgo, que son los que están inundando el mapa. En 2015 ninguna universidad privada contaba con su participación; hoy lo hacen el 10%; de aquí a 2026 lo harán el 19%.

No es casualidad. Como indica Díez Gutiérrez, el último boom de la universidad privada se ha producido postpandemia. Dicho de otro modo: después de otra crisis que, en parte, también fue económica. Según el informe de la Fundación CYD, en la última década las universidades privadas han ganado más de 100.000 alumnos, lo que ha supuesto un incremento del 73% en sus aulas. Al mismo tiempo, las públicas han perdido casi 220.000. Un 16%. En Grado, las facultades privadas ya representan el 20,8% de todos los estudiantes, un porcentaje que en máster alcanza el 49,4%. Porque es ahí donde sobre todo se ha hecho de oro el negocio de la universidad. Si comparamos de hecho el curso 2022-2023 con el 2019-2020, se observa que los créditos ofertados en la privada han aumentado un 31,6%.

Más allá de los datos, todo esto trae consecuencias. Y muy negativas, según expone Díez Gutiérrez. "Si se infrafinancia lo público se fomenta que sólo acudan a estas universidades los alumnos que no tienen más remedio. Así se genera una fuga de talento hacia una educación que, en lugar de basarse en valores fundamentales, se centra en el negocio", explica. Para muestra sirve de nuevo el informe de CYD, que expone que las universidades privadas destacan en las titualciones relacionadas con los negocios, seguidas de administración y derecho.

Llevaban demasiado tiempo advirtiéndolo: o recibían más fondos o no podrían continuar. Al menos, en unas condiciones aceptables. A finales de octubre Isabel Díaz Ayuso presentó su proyecto de Presupuestos para 2025, unas cuentas que según su Gobierno garantizan "la excelencia y calidad en los servicios públicos" y que según los rectores de las universidades públicas madrileñas confirman sus mayores temores. Este jueves, los seis se reunirán en sendos consejos de gobierno para tomar medidas "extraordinarias". Según señalaron en una carta hecha pública esta semana, con su situación actual, que es "prácticamente insostenible" pero podría volverse "catastrófica", no pueden "garantizar la calidad del servicio público".

El 27 de noviembre de 2023, hace exactamente un año, la rectora de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Amaya Mendikoetxea, publicaba una foto en su perfil de X que explicaba por qué a los centros madrileños cada vez les costaba más "atraer y retener talento joven". Según la imagen, la región es una de las que peor paga a sus docentes universitarios, ya sean ayudantes doctores o catedráticos. Pero es que además, si al dato se le añade el coste de la vida en cada comunidad, el salario de los profesores de universidad madrileños cae hasta el peor puesto de toda la geografía española, denuncia el diputado de Más Madrid Antonio Sánchez.

Aun así, el pasado mes de abril los rectores ya alertaron de que ni siquiera podían cubrir los gastos de personal con el presupuesto que recibían del Ejecutivo conservador. Según denunciaron entonces, su financiación era un 15% inferior a la que tenían en 2010. ¿El problema? Que les espera un año con prácticamente el mismo dinero en la cuenta.

Por eso han dicho basta y este jueves pretenden dar un paso adelante. Según el libro de las cuentas para 2025 de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, el Ejecutivo de Ayuso va a destinar 1.052 millones de euros a las seis universidades públicas, una cifra que en los Presupuestos aprobados para 2024 fue de 1.042 millones. Dicho de otro modo: el Gobierno conservador sólo ha incrementado un 0,9% lo que destina a la educación superior pública. "Son unas cantidades claramente insuficientes e irrisorias para el mantenimiento del actual servicio público universitario y que no permiten atender las necesidades reales presentes y futuras de las universidades públicas", lamenta CCOO. Para el sindicato, estas cifras no son más que la confirmación de la "política de abandono, cuando no desmantelamiento" de la red. La Consejería, preguntada por infoLibre, no respondió sobre los motivos por los cuales se redujeron estos fondos.

Viene de lejos, porque según explica el portavoz de Universidad, Ciencia e Innovación del PSOE en la Asamblea de Madrid, Horacio Díez, la cifra de 2009 era un 15% superior, puesto que entonces la inversión fue de 1.127 millones de euros. Los recortes lo redujeron de pleno y la llegada de Ayuso a la Puerta del Sol sólo condenó las cuentas. La líder conservadora aprobó sus primeros Presupuestos en diciembre de 2021 y entonces contemplaron 987 millones a repartir entre las seis universidades públicas a lo largo de todo el año 2022. En términos relativos, ese montante supuso un 6,5% menos de inversión a estos centros que ahora, pero es que este incremento no cubre, lamenta Sánchez, ni los costes de electricidad ni los de mantenimiento. "Tampoco dará para cubrir el 3% de aumento de las nóminas que se producirá como consecuencia de la actualización de los sueldos y los complementos de antigüedad", añade Díez.

Para comprobarlo no hay más que mirar qué ha pasado con la inflación. En concreto, desde enero de ese año y hasta octubre de este —los últimos datos disponibles en la web del Instituto Nacional de Estadística (INE)—, los precios han subido en la región un 10,6%.

Vayamos ahora en concreto al mantenimiento. Como recoge CCOO, en los Presupuestos de 2022 se destinaron 28 millones a esta partida, una cifra que en las cuentas de 2025 ha disminuido hasta los siete. Es decir: habrá un 32% menos de fondos destinados a realizar obras nuevas y reformas en la universidad pública el año que viene. "Este presupuesto condena a las universidades a un deterioro casi irreversible de sus dotaciones en infraestructuras y recursos, cuestionando la 'calidad' que se dice buscar en la prestación del servicio de educación superior", lamenta el sindicato.

Madrid, además, es la que menos invierte por cada alumno. Así lo constata el último informe La universidad española en cifras, elaborado por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), que detalla que en el curso 2021-2022 destinó 5.434 por cada estudiante, lo que además convirtió Madrid en la única que había disminuido la partida desde el curso 2008-2009, cuando la cifra fue de 6.425, un 15,4% más.

Los seis rectores de las seis universidades públicas también hicieron sus cuentas. Según desglosaron en su última carta, hacían falta 200 millones más para "salvar los muebles". Es decir, para sobrevivir. Nada más. Los socialistas, en cambio, piden por su parte entre 400 ó 600 millones de más. Sin embargo, serán nueve. Un 0,9% que, dijeron ellos, debería ser un 18%. "El borrador de presupuestos aprobado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid no contempla las transferencias necesarias para afrontar el impacto de la inflación en los suministros, cubrir íntegramente el incremento salarial acordado por el Gobierno central, ni financiar las exigencias de la nueva Ley de Universidades. Tampoco incluye recursos suficientes para garantizar el mantenimiento imprescindible de los edificios", señalaron en su misiva, publicada por El País.

En cualquier caso, la situación de asfixia económica que denuncian las universidades públicas adquiere todavía mayor relevancia si, además, se pone en contexto. En este mismo periodo en el que Ayuso ha castigado presupuestariamente a la pública, ha otorgado licencias para que la privada no deje de incrementar su presencia en la región. Su Gobierno de hecho lleva ya meses trabajando para que la Asamblea apruebe el permiso para que se instale el decimocuarto centro de este tipo en la comunidad.

Se trata de la Universidad Abierta de Europa, un centro virtual que se instalará en un parque de empresas de Alcobendas después de presentar su proyecto a la Comunidad en 2022 y de que el propio Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades lo rechazara en un demoledor informe que, aunque lamenta que hay "numerosas lagunas y deficiencias" que impiden dar luz verde al proyecto, no puede impedir nada.

Ninguna otra comunidad tiene tantas universidades privadas, y eso que éstas han empezado a aflorar por toda la geografía española, sobre todo al calor de los fondos de inversión que pretenden hacer sombra a los históricos centros de la Iglesia. Según los datos oficiales del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, ya hay 41 en manos privadas, 25 de las cuales fueron abiertas en el último cuarto de siglo, a un ritmo de una al año. El 32% están en Madrid.

A pesar de la situación, la universidad madrileña apenas ocupa tiempo en la Asamblea regional, a no ser que la cuestión se enmarque en la comisión de investigación relativa al caso de la cátedra de Begoña Gómez. Un asunto que, por el contrario, y tal y como expresó el presidente de la CRUMA [la conferencia de rectores de Madrid] y rector de la Universidad Carlos III, Ángel Arias, no es tratado nunca en sus encuentros.

Los jóvenes que empezaron la universidad en la Comunidad de Madrid en el curso 2015-2016 tenían un catálogo de opciones que les ofrecía la posibilidad de estudiar en ocho centros privados o en seis públicos. Los que lo hicieron el curso pasado, en cambio, se encontraron con una oferta mucho más amplia. Pero eso sí, sólo de la primera opción: en 2023-2024 ya había 13 campus privados, pero los públicos seguían siendo seis. Y cada vez más ahogados. "El modelo universitario de Madrid está provocando un desgaste y un deterioro de todo el sistema. Se está poniendo en cuestión como espacio de saber, donde se investiga y se genera un valor añadido a la sociedad", lamenta la secretaria general de Enseñanza de CCOO Madrid, Isabel Galvín.

Sin embargo, la intención es ir todavía mucho más allá. El Gobierno conservador de Isabel Díaz Ayuso ya trabaja en que este otoño la Asamblea regional apruebe el permiso para que una decimocuarta universidad privada empiece a dar clase en Madrid. Se trata de la Universidad Abierta de Europa, un centro virtual que se instalará en un parque de empresas de Alcobendas después de presentar su proyecto a la Comunidad en 2022 y de que el propio Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades lo rechazara en un demoledor informe que, no obstante, no puede impedir nada.

La Conferencia General de Política Universitaria (CGPU) es clara en su documento. "La Universidad no dispone de un proyecto de investigación propio" y ni siquiera "concreta algunas cuestiones importantes tales como la colaboración con sectores productivos". Además, "falta información sobre los títulos propios", "se desconoce el número de alumnos" y de plantilla y tampoco están acreditados "los espacios y las infraestructuras para llevar a cabo la actividad investigadora". Hay, sentencia el organismo, "numerosas lagunas y deficiencias" que impiden dar luz verde al proyecto. Pero esta decisión no es vinculante, así que la Comunidad de Madrid continuará con su plan, demostrando "que 'el todo vale' está por encima de cualquier informe técnico de viabilidad y de calidad", rechazan desde UGT.

"La futura Universidad Abierta de Europa (UAE), 100% online, ayuda a dibujar la burbuja educativa privada que comienza a crecer en Madrid" y supone "un nuevo golpe para la universidad pública madrileña, que un año más continúa sin la financiación que le corresponde", lamenta el sindicato. Responde todo a una política concreta, critica el diputado de Más Madrid Antonio Sánchez, que se inició durante el mandato de Esperanza Aguirre.

En 2008, la también presidenta conservadora puso en pie de guerra a los rectores de las universidades públicas de su comunidad, que denunciaron que el Ejecutivo les debía más de 223 millones de euros por los impagos de las cantidades incluidas en los Contratos-Programas pactados por la Administración y los centros para el periodo 2006-2010.

Hoy los seis, aunque no son los mismos, vuelven a estar unidos. Y otra vez con el enemigo común de quien ocupa el sillón del Gobierno. Hace apenas unos meses, en abril, los rectores madrileños denunciaron que los fondos que reciben "no cubren ni los gastos de personal". El rector de la Carlos III, Carlos Arias, especificó que desde el año 2010 han perdido un 15% de financiación en todas las comunidades autónomas, pero es que el asunto es especialmente espinoso en Madrid. "Las tranferencias corrientes que había en 2009 son más altas que las de 2021, y eso que la inflación de entonces y ahora no tiene nada que ver", concreta el portavoz de Universidad, Ciencia e Innovación del PSOE en la Asamblea de Madrid, Horacio Díez.

El último informe La universidad española en cifras, elaborado por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), constata además que la de Ayuso es la autonomía que menos invierte por cada alumno universitario. En concreto, en el curso 2021-2022 destinó 5.434 por cada estudiante, lo que además convirtió Madrid en la única que había disminuido la partida desde el curso 2008-2009, cuando la cifra fue de 6.425, un 15,4% más.

En la otra cara de la moneda, Madrid es la comunidad que más cobra en tasas. En concreto, y según el último informe de la Fundación CYD, la autonomía presidida por Ayuso tiene un precio de tasa de 2.009 euros por alumno, mientras que Cataluña, que es la comunidad que se lleva la plata en este ránking, recibe de cada estudiante 1.970 euros al año.

Para Galvín la correlación entre estas cifras es clara. "Lo que la Comunidad de Madrid pretende es que las universidades públicas de Madrid cubran cerca del 30% de sus presupuestos mediante recursos propios, en lugar de asumir el 100% de su financiación, descargando en ellas su responsabilidad presupuestaria", critica la sindicalista. "Madrid está asfixiando a su universidad pública", añade Díez.

Mientras tanto, la privada tiene vía libre. Y eso a pesar de que los informes negativos no se limitan a esta Universidad Abierta de Europa que pretende aterrizar en Madrid de manera inminente, sino a muchas otras. "Hay algunos centros que han acumulado hasta diez documentos negativos de de distintos organismos, pero quien tiene la última palabra es la Comunidad, que aprueba todos estos proyectos en la Asamblea", critica en conversación con infoLibre el diputado Antonio Sánchez.

En Madrid hay ahora mismo 13 universidades privadas, más del doble de la pública y récord, también, en toda España. Podrán ser además próximamente 17, puesto que sobre la mesa del Gobierno de Ayuso hay otras cuatro licencias que, si atendemos a la experiencia, se aprobarán. Aun así, no es la autonomía con más alumnado en estos centros, en los que estudian 80.328 estudiantes (el 31,5% del total), según los últimos datos disponibles del Ministerio de Universidades, que eleva a 85.463 los que hay en las privadas catalanas (que dan clase al 36% del alumnado universitario total).

¿Cuál es la situación a nivel nacional? Desde el año 1998 no se ha creado ni una sola universidad pública, pero en el último cuarto de siglo se han creado 25 privadas, es decir, a un ritmo de una al año. Eso dibuja un mapa global en el que hay 50 públicas y 41 en manos privadas. Para poner coto a este panorama, en 2021 el Gobierno endureció los requisitos para autorizar centros nuevos, fijando unos mínimos exigibles de calidad docente y de investigación, como también de profesorado, equipamientos y organización que, en cualquier caso, no tienen porqué demostrarse antes de 2026.

Y este sigue siendo objetivo del Ministerio actual, en manos de Diana Morant. "Aquellos que quieran desmantelar las universidades públicas nos van a tener en frente", señaló en marzo. En teoría, la existencia de la privada tiene que responder a una falta de oferta suficiente de la pública, pero ni siquiera ocurre así. Ahora mismo son 150 los municipios a los que llega la pública de forma presencial y 59 a los que cubre la privada.

En cualquier caso, y ante las pretensiones del Gobierno central, Ayuso ya ha anunciado que su Ejecutivo trabaja en una Ley de Universidades que precisamente, critican desde Más Madrid y PSOE, apoyará la mercantilización de la enseñanza universitaria, abriendo incluso la posibilidad de que la pública reciba fondos de manos privadas.

La norma, cuyo texto todavía no ha salido a la luz, incluiría medidas como la obligatoriedad de los centros públicos de asumir el 30% de sus presupuestos mediante recursos propios. Y será complicado combatir el reglamento si es que se aprueba. "Lo que queremos es que se mantenga el orden y el decoro en la vida académica", dijo el consejero de Educación, Emilio Viciana, en un desayuno informativo después de las acampadas por Palestina que recorrieron varios campus españoles. "Esta ley se mete ya en terrenos demasiado peligrosos", sentencia el diputado socialista en la Asamblea. Por ahora, no pasa de un proyecto.

La escuela concertada —financiada con más de 7.000 millones de fondos públicos al año— sigue haciendo caso omiso a la ley. No pueden hacerlo, pero sus centros cobran sistemáticamente cuotas mensuales a las familias de su alumnado. Y no son voluntarias, como muchos se empeñan en defender: o bien se imponen directamente o bien deslizan que, de no hacerlo, el niño o niña estará excluido del resto. Y sería el único, porque no hay familia que se niegue.

Es lo que ha constatado una vez más la Asociación de Colegios Privados e Independientes (CICAE), que este martes ha presentado en Madrid la novena edición del Estudio de cuotas y precios de colegios concertados del curso 2023-2024, en el que han comprobado que nada cambia. Según los datos que han obtenido, el 79,4% de todos los colegios privados sostenidos por el Estado continúa cobrando lo que denominan cuotas bases a las familias. Es decir, importes por la escolarización, no por ningún otro tipo de servicio que, en el 72% de los casos, además, es obligatorio. Pero esta enseñanza es gratuita. En teoría.

La Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) de 1985, que establece el actual sistema de conciertos, dejó claro ya hace cuatro décadas que la educación obligatoria debe ser gratuita. Pero es que la ley Celáa aprobada en 2020 insistió en ello. En concreto, en su artículo 88, que indica lo siguiente: "Para garantizar la posibilidad de escolarizar a todos los niños sin discriminación [...], en ningún caso podrán los centros públicos o concertados percibir cantidades por recibir las enseñanzas de carácter gratuito". Tampoco pueden "imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios obligatorios, asociados a las enseñanzas, que requieran aportación económica".

"A estos colegios se les cede el terreno en muchos casos, se les concede el concierto de manera inmediata, se les paga al profesorado y no pagan impuestos. Luego tienen una doble financiación privada, porque cobran cuotas a las familias, que también pagan otros servicios como los de comedor o actividades extraescolares. Hacen que sea imposible competir", denunció la directora de la organización, Elena Cid, en la rueda de prensa en el que se presentó un documento que se elabora anualmente, en parte, para denunciar eso que ellos consideran una clara "competencia desleal".

El estudio se ha llevado a cabo entre marzo y mayo de 2024 y el método empleado ha sido el de mistery shopper, una técnica que consiste en hacerse pasar por una familia interesada en matricular a su hijo en los colegios escogidos al azar para la muestra. Concretamente, los investigadores se han interesado por el segundo ciclo de Educación Infantil en un total de 321 colegios repartidos por toda la geografía: 100 en la Comunidad de Madrid, 58 en Cataluña, 50 en Andalucía, 30 en la Comunitat Valenciana, 28 en Galicia, 20 en Aragón y País Vasco y 15 en Murcia. El informe, ha defendido en la rueda de prensa Amparo Núñez, la responsable de su realización, "refleja de manera objetiva y clara la información que los colegios concertados verbalizan a las familias", durante las entrevistas para escolarizar a un niño de 3 años, una edad escogida por ser la de inicio de la educación obligatoria y la que refleja una mayor gravedad en los casos en los que se expresa una posible exclusión, criticó Cid.

Los importes, al contravenir directamente la ley, son escogidos por los centros. No hay nada que los regule más allá de los propios deseos de la dirección de la escuela en cuestión. Por eso hay tanta disparidad entre comunidades: mientras que una familia en Cataluña puede pagar hasta 510 euros al mes por niño, en aragón abonará, como mucho, 85.

Madrid se lleva el bronce en el precio, pero ocupa igualmente un lugar predominante en el estudio de CICAE, que este 2024 ha incluido por primera vez un informe sobre las 100 páginas web de los centros con las cuotas más altas. Una orden publicada el 22 de diciembre del año pasado les obligó —también en teoría— a incluir el listado y los importes de todas las actividades complementarias, extraescolares y servicios complementarios que se hayan llevado a cabo en el curso anterior y de las planificadas para el siguiente. Sin embargo, una vez analizadas se observa que más de la mitad no muestra información de estas cuotas y un 25% informa de algunos conceptos de manera incompleta.

En cualquier caso, la falta de transparencia no termina ahí. Y es que en ninguna comunidad hay un 100% de centros que indiquen en la documentación que entregan los precios, los conceptos por los que cobran las cuotas, los horarios o qué ocurre si no se paga.

Y esta cuestión no es baladí. CICAE ha constatado que el 68,6% no menciona la voluntariedad que en teoría debería primar en el pago de estas cuotas y que sólo el 19,4% lo refleja en la documentación. Si no se paga, en cualquier caso, un 14% del alumnado es excluido, un porcentaje que en la Comunidad de Madrid asciende incluso hasta el 31%. Ningún centro lo dice abiertamente, pero sí lo desliza. El método pasa, por ejemplo, por indicar que el menor "se iría a otra aula" o "tendría que entrar más tarde por la mañana y por la tarde" si no se abona. "Se perdería todos los beneficios que ofrecen dentro de esta aportación", llegan a indicar algunas escuelas.

Muchas de ellas, además, ofrecen como servicios complementarios cosas como un taller de inglés en horario lectivo de esa misma asignatura, por lo que en la práctica excluirían al alumnado de esa enseñanza obligatoria, lamentó Cid en la rueda de prensa. Por eso urgió a las administraciones a una nueva regulación tras un estudio de las necesidades de financiación de cada tipo de enseñanza y pidió a las comunidades autónomas que "no autoricen estos cobros" porque son "cuotas lucrativas" y "desvirtúan los conciertos tal como fueron concebidos en 1985". Deben coexistir los tres tipos de enseñanza, opinó, pero "con las mismas reglas de juego".

No pretendían reducirlo a España. Tampoco ir más allá del necesario debate pedagógico que, dicen, hace falta. Juan Manuel Moreno (Madrid, 1961) y Lucas Gortazar (Bilbao, 1986) buscaban, más bien, tratar de comprender. Y explicar. Y hacer pensar. El proyecto de educación universal, el más exitoso de la historia, sostienen, ha sido vapuleado por distintas crisis que le hacen tambalearse. La última, la sanitaria de 2020. Sigue en pie, pero es momento de repensar hacia dónde va. Y qué está fallando. Porque es incuestionable que genera "malestar" y "desigualdades".

Ese es precisamente el subtítulo del libro que el catedrático de Didáctica de la UNED y el director del Área de Educación de EsadeEcPol acaban de publicar y que ya va por su segunda edicicón. Educación universal. Por qué el proyecto más exitoso de la historia genera malestar y nuevas desigualdades (Debate) es un viaje por los debates educativos que recorren no sólo España, sino el mundo: ¿se ha roto la meritocracia? ¿La educación sirve para igualar o para apuntalar las desigualdades? ¿Ha bajado el nivel del alumnado? ¿Hay demasiada política en las aulas? No pretenden dar soluciones a todo, señalan en conversación con infoLibre, pero sí volver al necesario "debate sosegado".

PREGUNTA. El título del libro ya es toda una conclusión de la situación actual de la educación. En él se plantean por qué “el proyecto más exitoso de la historia genera malestar y nuevas desigualdades”. ¿Se puede hablar por tanto de fracaso?

JUAN MANUEL MORENO. Mucha gente lo hace. En el debate político actual es moneda de uso común decir que los sistemas escolares están fracasando o que no solamente hay problemas con los estudiantes, sino también con el profesorado. Mucha gente piensa que ese proyecto de 'enseñar todo a todos' y de la educación como derecho universal y no como privilegio de unos pocos está yendo a peor. Curiosamente, cuando a esas personas les preguntas por el colegio de sus hijos, la visión que te dan es bastante más optimista.

P. ¿Se puede señalar a algún culpable de ese fracaso?

JMM. Hay una diferencia entre decir que es un fracaso y que realmente lo sea. Mucha gente dice que lo es, pero nosotros pensamos que no. Mirando con una perspectiva histórica, no los últimos cuatro años, la educación universal es un proyecto de un enorme éxito. Formaba parte de las reformas de la Ilustración que comprende, entre otras, la democracia liberal, la separación de poderes, la libertad de expresión, la libertad religiosa… Todos esos elementos pasan por muy mal momento y mucha gente piensa que están fracasando, globalmente hablando. De todos ellos, a pesar de sus problemas, el que está en un estado aceptable es el de la educación universal. 

LUCAS GORTAZAR. Es difícil plantear de quién es la culpa de las derrotas que ha sufrido la educación universal en este comienzo de siglo. No obstante, hay una serie de factores que escapan del sector de la educación y que explican parte del problema como, por ejemplo, los conflictos en el África subsahariana o, en los últimos años, la gran recesión o la pandemia. Son golpes a la escolarización y a la calidad de la enseñanza.

P.  Decís que hay descontentos y desencantados en el sistema, ¿quién es quién?

LG. Los descontentos son aquellos que, sin estar en contra de la escolarización universal, consideran que la expansión educativa baja la calidad de la enseñanza. Es decir, aquellos que creen que es imposible hacer compatible una educación de calidad con una educación para todos. Después hay otro grupo de descontentos que vienen de dentro del sector y que, sobre todo, están en la Secundaria. Estos se quejan porque la expansión ha hecho que la tarea educativa sea más compleja porque se trata de un trabajo con una dimensión social y pedagógica. Y este grupo va en auge. Los desencantados, por su parte, no piensan que todo va mal, sino que nada va bien. Es decir, son quienes, a pesar de todos los esfuerzos y de creer en la promesa de la educación, contemplan atónitos cómo el proyecto ha traído unas desigualdades que sabemos que dependen de los genes y del hogar y que, por tanto, escapan a la magia que pueda hacer la escuela o el profesorado. Este grupo pide invertir muchísimos más recursos o regular e intervenir los resultados para distribuir las oportunidades. Por último hay otro grupo, que son los enemigos, los más peligrosos aunque los más minoritarios.

JMM. Estas posiciones hacen pinza y, por distintos medios, contribuyen a una pérdida de la confianza pública en la educación que tiene consecuencias públicas y presupuestarias muy serias. 

P. Es imposible desligar la educación de la política. Siempre se ha criticado que en España las leyes educativas van variando en función del gobierno de turno que llega al poder. En el libro lo llamáis “guerras curriculares”. ¿En qué sentido esto afecta a la calidad de la educación? 

JMM. Hace 2.000 años ya no nos poníamos de acuerdo sobre lo que hay que enseñar y lo que la gente tiene que aprender. El debate y la polémica ha existido desde hace milenios, pero la 'guerra', que es una palabra más fuerte, es relativamente reciente. Esa politización, la contaminación de la política partidista al sector educativo, es la que nos lleva a estas guerras culturales que en el libro llamamos 'guerras curriculares'. Hay muchos ejemplos y, efectivamente, tienen un componente de control político sobre el profesorado, convirtiendo la profesión en una profesión de riesgo en ciertos países. Respondiendo a la pregunta, el impacto es enorme. Y cuanto más va subiendo la politización, mayor es el riesgo para el profesorado y, sobre todo, su ninguneo.

P. ¿Creen que este 'ninguneo' también ocurre en España?

JMM. ¿Qué es el pin parental? No pasa como en Estados Unidos u otros países, pero está ahí y el riesgo es evidente.

P. Sobre el currículum se ha hablado mucho en los últimos meses del viraje que ha emprendido España que consiste en cambiar un modelo puramente memorístico a uno competencial. ¿Es este el camino? Mencionan que hay dos opiniones: que este sistema o bien está al servicio del mercado laboral o bien aumenta “la ignorancia”.

JMM. Hay un consenso bastante amplio ahí fuera sobre esta cuestión, lo que ocurre es que en España se ha politizado. Aquí desde hace al menos 25 años es imposible tener un debate pedagógico pausado, se politizó en la etapa pos Logse y eso parece que, al menos por ahora, no tiene vuelta atrás. En España hay por tanto una anti pedagogía que ocupa bastante espacio público en el debate y en el sector y eso deriva en que tener un debate sosegado alrededor de las competencias es imposible. Mi visión particular es que memorizar es a aprender como respirar es a vivir. La enseñanza necesita toneladas de conocimiento, el siguiente paso es saber qué se puede hacer con él. Cuando tú llegas a una entrevista laboral con una empresa lo que te preguntan es qué puedes hacer con lo que sabes. A uno y otro argumento les quitaría la razón: poder hacer cosas con lo que sabes no implica ignorancia y que el conocimiento sirva para tener un trabajo decente y ser independiente no me parece una esclavitud del capitalismo.

P. Sobre esa supuesta “ignorancia” se han criticado mucho los últimos resultados de PISA. ¿Ha bajado el nivel del alumnado o es una manera de atacar el sistema?

LG. Hasta 2015 el nivel en el mundo occidental no había bajado, era estable. Y quien diga lo contrario sólo está haciendo caso a una experiencia personal, porque los datos dicen que ha habido o bien un progreso o bien un mantenimiento del aprendizaje mientras el sistema iba expandiéndose. Es verdad, no obstante, que los resultados medios en las pruebas internacionales empezaron a caer un poco a partir de 2006 y 2009, pero la propia OCDE y otras agencias de evaluación dijeron que eso se debió, fundamentalmente, a un cambio en la composición del alumnado que participa en la prueba. En ese momento se incorporó el que tiene necesidades educativas especiales y el de origen migrante, con un capital cultural más bajo que el que había entre el alumnado de principios de siglo y, en algunos casos, con cierta distancia lingüística. La propia OCDE ha dicho que si no hubiera cambiado la composición del alumnado los resultados serían los mismos. Lo que sabemos es que algunas regiones del mundo en desarrollo han sido capaces de expandir su educación de manera más exitosa, incluso mientras mantenían la calidad media o la mejoraban, y que otras, sobre todo del África subsahariana, India o Pakistán, no han sido capaces de hacer eso. 

P. ¿Y a partir de 2015?

LG. Ahí ponemos encima de la mesa la pandemia y también la exposición a pantallas, que aunque todavía no sabemos qué alcance tiene sí sabemos que es un candidato serio para explicar los cambios estructurales que empezaron a producirse en la década anterior.

P. Hablábamos de lo que había pasado a nivel global pero, ¿qué ha pasado en España? ¿Ha bajado ese nivel?

LG. España es un caso paradigmático de un sistema que mantuvo los resultados hasta 2015 mientras expandía las oportunidades, y eso no es una bajada del nivel, sino una subida. Esta historia de la baja del nivel es en realidad un cuento sin estadística, un cuento anecdótico. Es verdad que la universidad ha cambiado, por ejemplo. Llega gente peor preparada, pero es que llega más gente. Sin embargo, los de mayor nivel son los mismos que antes. En cualquier caso, nosotros también exploramos algunos factores de agotamiento en los sistemas educativos occidentales. Hay países como Finlandia que han caído mucho, pero decir que los resultados están estancados o cayendo no se sostiene. Es un debate legítimo, pero claramente interesado. 

P. Si se miran con lupa los resultados que se obtienen en ese examen, hay diferencias, fundamentalmente, por el origen. En el libro decís que “el secreto del éxito es empezar desde arriba”. ¿Hay manera de corregir esa desigualdad de base?

LG. Lo importante es tener en cuenta que antes no había que competir por el éxito si empezabas desde arriba. Ahora, en cambio, hay una carrera abierta en la que todo el mundo puede ganar, aunque es verdad que quien empieza desde los pisos superiores del famoso ascensor social tiene más oportunidades de hacerlo. ¿Hay maneras de corregir que ganar no dependa de tu posición de partida? Eso es en lo que todos estamos pensando, en cómo podemos mejorar la igualdad de oportunidades, el peso que se da a los méritos reales y la equidad en la educación. Antes de pensar en eso, de todos modos, es importante recordar que aunque nos demos cuenta de lo imperfecto que es el sistema, y de que la tentación de echarlo por la borda es grande, no hay un plan B. Las alternativas, ya sea volver al siglo XVIII o un sistema de cuotas, son problemáticas llevadas al extremo. ¿Cómo podemos repartir mejor las oportunidades? Por un lado, reforzando el sistema educativo en su conjunto para que la calidad llegue de la mejor manera a todas partes. Todos los méritos deben ser reconocidos de una manera más abierta y transparente y de forma que no se puedan comprar o trucar. Pero no es sólo una cuestión educativa, hay también una serie de políticas económicas y sociales alrededor de la educación que permiten igualar las condiciones de partida. 

P. Sobre esa meritocracia, en el libro se menciona que ha pasado de ser un concepto requerido por la izquierda a abrazo por la derecha. ¿Por qué?

JMM. En esencia, la derecha negaba la existencia de desigualdad y señalaba que lo que había era justicia, un orden natural de las cosas. Es decir, que cada uno estaba donde se merecía estar. Ante esa idea, el pensamiento progresista ilustrado dijo: 'Ustedes para llegar donde han llegado sólo se han tenido que molestar en nacer y yo, para estar mucho más abajo, he tenido que trabajar muchísimo'. La meritocracia es un concepto de izquierdas como el que más, pero cuando pasan dos siglos y empiezas a ver que los dados podrían estar trucados y que ese concepto es en realidad la continuidad del privilegio por otros medios, la izquierda se baja de esa idea y empieza a defender que la igualdad de oportunidades no existe, por lo que la igualdad tiene que llegar por otras vías distintas. De esa manera dejaron espacio libre a que la derecha tomara ese concepto y empezase a hablar de 'cultura del esfuerzo', pero los que más se esfuerzan no son nunca sus hijos. Es decir, la meritocracia se ha hecho de derechas. 

P. ¿Hay algo que se pueda hacer para resolver todos estos problemas?

LG. La primera idea que nosotros planteamos en el libro es la de fortalecer la profesión docente y hacer de ésta una profesión mejor pagada a nivel global, porque eso permite ser más exigente con quienes consiguen entrar en ella. Lo  mismo ocurre con la manera en la que se reparten las oportunidades de acceso a la educación superior: que las pruebas de acceso a las carreras más demandadas reconozcan diferentes tipos de méritos y, sobre todo, que no se puedan comprar. 

JMM. Todo régimen genera una élite, la idea es que sea renovable: que quien está fuera pueda entrar y que quien esté dentro pueda salir.

"Habrá un antes y un después de este curso escolar". Con estas palabras, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, adelantó hace una semana en Alicante que este mes llevará al Congreso de los Diputados una nueva ley de conciliación con un eje central: la gratuidad de las escuelas infantiles. "No es una opción, sino que ha de ser una obligación que se incluya en el catálogo del estado del bienestar en toda España", señaló el conservador desde uno de esos centros. Pretende que esta política sea "marca" de su partido y de hecho ya ha empezado a trabajar en ello en algunas comunidades autónomas. Galicia fue la pionera precisamente durante su mandato, pero otras como la Comunitat Valenciana o Aragón ya han empezado a seguir sus pasos. No obstante, los expertos advierten: este no es el camino. Al menos, no si el objetivo es otro diferente al de incrementar la segregación y la desigualdad.

Andalucía es un buen ejemplo para entenderlo. El Gobierno de Juanma Moreno Bonilla ha devuelto 112 millones de los 120 que recibió del Ejecutivo central para la creación de 12.069 plazas públicas de educación infantil de 0 a 3 años. Según explicó la que hasta finales de julio era consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo, era un plan que no se adaptaba a su "modelo", basado en una red público-privada que, defendió, "funciona". Por eso fueron claros: se crearán únicamente 1.040 nuevas plazas. Para Pedro Sánchez, la decisión se explicaba únicamente porque en el PP están "sometidos a las presiones y a los intereses de los centros privados", que son mayoría en la autonomía. Según las propias cifras de la Junta, el 63,6% de todas las escuelas infantiles —1.400 de 2.200, concretamente— corresponden a esa titularidad.

Pero esto no es una excepción ni una particularidad de la autonomía. Ni mucho menos. Según las cifras que maneja el Ministerio de Educación —las últimas, correspondientes al curso 2023-2024—, en Canarias, la Comunitat Valenciana, Madrid, Murcia y La Rioja también son mayoría los centros privados de educación infantil. ¿Y qué pasa mientras tanto con el alumnado? Pues también según las estadísticas del departamento dirigido por Pilar Alegría, que en algunas autonomías está escolarizado, en su mayoría, en la privada. En Andalucía, por continuar con el mismo ejemplo, tan sólo había un 35,8% de niños y niñas en escuelas infantiles públicas el curso pasado. En la Comunitat Valenciana, un 46%.

Más allá de eso, conviene también no obstante ampliar un poco el foco. Según el informe Panorama de la Educación 2024. Indicadores de la OCDE, presentado la semana pasada, la escolarización de 0 a 3 años alcanza, tan sólo, el 41,8%, una cifra no obstante que sitúa a España entre los países de nuestro entorno con un mejor porcentaje, junto a otros como Suecia (47,3%) y Noruega (58,9%). Pero si se aleja todavía más la lupa, se ven más matices. Y es que la pregunta que surge es: ¿quiénes son los pequeños y pequeñas que sí están escolarizados?

El artículo ¿Quién gana y quién pierde? El acceso desigual a los recursos de educación y cuidado en la temprana infancia, elaborado en el marco del proyecto Investig in children, financiado por el Gobierno de España, reveló que el código postal, de nuevo, es el que responde a la pregunta. Hablando de números: van a la escuela infantil el 61,7% de los niños de familias de clase alta, frente a un 28% de las de clase baja. Así lo certificaron Lara Navarro y Marga León, investigadoras del Instituto d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona y de la Universitat Autònoma de Barcelona, respectivamente, en el estudio ¿Quién gana y quién pierde? El acceso desigual a los recursos de educación y cuidado en la temprana infancia. La conclusión que alcanzaron las expertas es tajante: la educación infantil es, como todo, cuestión de dinero. Y no sólo en la privada, puesto que las plazas públicas, en la mayoría de los casos, las financian las familias a través de copagos. Según estima Save the Children, el 40% de los costes totales de esta etapa educativa recaen en los padres y madres.

Si atendemos a estos datos, parecería por tanto que la propuesta de Feijóo es la acertada. Pero los expertos no lo creen así. La investigadora en educación de la Universitat de Barcelona Sheila González, de hecho, cree que la medida es incluso "regresiva".

Para entenderlo hay que tener en cuenta varias cosas. La primera es que la evidencia científica de que escolarizar a los niños y niñas en edades tan tempranas es beneficioso para su desarrollo es amplia y de sobra conocida. Por ejemplo, y como recoge un estudio de Save the Children, quedó comprobado que ampliar los años de educación infantil con la LOGSE —la ley educativa aprobada en 1990— redujo la probabilidad de repetición de curso en primaria. Además, los pequeños que completaron los dos ciclos muestran mejores habilidades que quienes no lo han hecho a los cinco o seis años, cuando comienzan la Primaria. Pero es que además, y más allá del terreno puramente educativo, las habilidades sociales, la autorregulación y las actitudes positivas hacia el aprendizaje también mejoran.

Volvamos a la cuestión anterior: si son los hijos e hijas de las familias con más renta quienes están accediendo en su mayoría a esta etapa educativa, son los niños y niñas más vulnerables que no pueden acceder a estas escuelas los que verán perpetuadas las desigualdades en las etapas ya obligatorias. Es decir: son quienes más necesitarían acceder a estos centros quienes menos lo hacen, una paradoja denominada "efecto Mateo", de acumulación de ventaja por un lado y de acumulación de desventaja por el otro.

Sin embargo, la medida por la que apuesta el PP no solucionaría nada porque "no es la económica la única barrera de entrada", explica González. Hay en juego otras cuestiones como, por ejemplo, las culturales. "Hay personas que no conciben que la crianza deba ser fuera del hogar", razona. Además, si la etapa infantil se concibe más como una herramienta conciliadora que educativa —lo que ocurre en clases de rentas más bajas—, es complicado que se opte por ella si la madre —que es quien suele hacerlo— no trabaja. Resulta difícil por tanto revertir ese "efecto Mateo", así que garantizar la gratuidad de las plazas sólo beneficiaría, de facto, a quienes ya las ocupaban, que son precisamente quienes podían pagarlas.

Entonces, ¿hay políticas más acertadas? González apuesta por más plazas públicas, que es la política que precisamente reclama el secretario de Política Educativa de la Federación Estatal de CCOO, Alonso Gutiérrez. "La educación pública es la única que garantiza el aprendizaje y el éxito educativo de todos los niños y las niñas", dice, criticando que financiar lo privado es, además, una manera de hacer una clara "dejación de funciones".

El Gobierno ya ha tratado de acelerar la creación de estas plazas y precisamente la semana pasada el Consejo de Ministros aprobó una partida de 32 millones de euros destinados a 2.900 repartidas entre siete comunidades. Además, desde 2021 el Ejecutivo ha destinado más de 670 millones para abrir más de 65.000 a nivel nacional. Lo importante es que todas tengan en cuenta el "efecto Mateo". Es decir: que no se concedan como hasta ahora por sorteo, sino teniendo en cuenta factores como los de renta. Catalina Perazzo, directora de Incidencia Social y Política de Save the Children, señala en este sentido que "lo más importante —más que la cuestión de la titularidad del centro, sostiene— es que las administraciones garanticen que las nuevas plazas en esta etapa ofrezcan un servicio de calidad y sean accesibles para las familias más vulnerables, por ejemplo modulando el precio en función de los ingresos de los hogares" y siendo "totalmente gratuitas" para los más vulnerables.

Hasta ahora, critica González, el criterio se basa en un "sorteo" debido, precisamente, a esa falta de plazas. "Apostar por la gratuidad no asegura nada. En todo caso supondría un doble agravio para quienes no están dentro de esa etapa", sentencia.

La educación es un ámbito "nuclear" para la Iglesia. Y un pilar "histórico". Y principalmente, señala también la Conferencia Episcopal Española, "por responsabilidad eclesial": "Porque es una misión del propio Evangelio". Por eso la institución quiere ahora fortalecer su papel en este terreno, en el que además la mayor parte de su presencia está sostenida por fondos públicos. Del total de centros católicos que hay actualmente en España, el 94,7% son concertados, según sus propios datos. En paralelo, las personas que acuden regularmente a misa han descendido, en tan sólo un año, un 2,5%. El número de sacerdotes, un 2,8%. Y el de seminaristas, un 5,2%. Es decir, la espiritualidad pierde terreno, pero la Iglesia lo compensa ganando parte de él en la educación.

Por eso la Iglesia pretende ahora volcar ahí sus fuerzas. Y no es una idea abstracta. Este sábado se plasmará en un gran congreso en Madrid que, bajo el título La Iglesia en la Educación: presencia y compromiso, reunirá a alrededor de 1.200 personas, según ha explicado este martes la Conferencia Episcopal. "Será un punto de llegada, pero también un punto de partida", explicó durante la presentación del evento Raquel Pérez Sanjuán, directora de la Comisión para la Educación y Cultura de la Conferencia.

Se ha puesto toda la carne en el asador para la ocasión. La Conferencia Episcopal ha creado una página web en la que aglutina, separados por nueve ámbitos, los desafíos del papel de la Iglesia en la enseñanza. Y al acto acudirán alrededor de 400 colegios, 300 profesores y 100 personas relacionadas con la universidad. Y más de una veintena de ponentes procedentes de distintos organismos internacionales. Todo para dar el pistoletazo de salida al trabajo para ese objetivo. "La Iglesia quiere volver a renovar este servicio y a apostar por esta humanización desde su propia identidad", señaló el profesor de la Salle Centro Universitario Carlos Esteban.

Es ahora porque han percibido "una urgencia", según han plasmado desde la institución en el documento de presentación de su congreso. Pero, ¿urgencia de qué? En concreto, señalan que de estar "presentes", además de para "continuar un diálogo en el que la Iglesia pueda hacer su aportación específica a los retos y desafíos de la educación". "Lo estamos haciendo bien. La educación es un bien público y necesita de todos para educar a todos", remachó Esteban.

En la página web creada ad hoc para el congreso de este 24 de febrero, hacen una denuncia. Concretamente, en el documento marco relativo a los colegios. Ahí la Conferencia Episcopal habla de una financiación "limitada" de los centros concertados por parte de las Administraciones, algo que les "invita" a "explorar y compartir experiencias y procedimientos de sostenibilidad económica". Pero no especifica cuáles.

Lo que no extraña es que la Iglesia aluda concretamente a la enseñanza concertada. Y es que la mayor parte de su red está formada por centros privados sostenidos por fondos públicos. Vayamos al detalle. En su última memoria de actividades, correspondiente a 2022, la Iglesia cifra en 2.536 su número de centros, un dato que se mantiene prácticamente inalterable a lo largo del tiempo. En la memoria de 2021 hablaban de 2.536 colegios. En 2012, de 2.620. Desde entonces, el alumnado sí que se ha incrementado. En una década, ha pasado de ser 1.434.524 a más de un millón y medio. En concreto, 1.502.868, un 4,8% más.

Pero volvamos a los centros. En las mismas memorias se ofrece la cifra de cuántos esos centros católicos son concertados. Y en 2022 eran 2.402. En proporción, el 94,7% del total. Todos, según sus propias cifras, suponen "4.213 millones de ahorro al Estado". ¿Cómo lo explican? Por, otra vez, "la baja dotación de los conciertos en comparación con la enseñanza pública", además de "la eficiencia en la gestión del gasto en los centros".

Sin embargo, las estadísticas oficiales del Ministerio de Educación dibujan otro panorama diferente. En concreto, uno que muestra que, año tras año, la financiación pública de la educación concertada rompe récord tras récord. En 2021, último curso del que hay cifras en el departamento que dirige Pilar Alegría, se destinaron más de 7.400 millones a la enseñanza privada —sea o no sostenida con fondos públicos–. Hace una década, en 2011, fueron más de 5.700 millones, un 28,5% menos que ahora.

Pero este dato, revelador en solitario, adquiere mayor relevancia si se compara con lo que ocurrió, en el mismo periodo, con la inversión en educación pública. En la misma década, su inversión creció un 16,7%, pasando de 44.800 a 52.300 millones de euros, según también la última estadística oficial de Educación. Es decir, hay dos velocidades. Y la Iglesia, que posee el 60% de los centros concertados, según Escuelas Católicas, es clara ganadora de estos números.

Pero también por otra cosa. Y es que esta "segunda red" ha aumentado, en sólo seis años —del curso 2014-2015 al 2020-2021— un 50% las cuotas cobradas a las familias de su alumnado.

Y muchas son irregulares, porque contraviene la LOMLOE y la propia LODE que regula los conciertos y que estableció en 1985 que la educación obligatoria debe ser totalmente gratuita. En concreto, y según la octava edición del Estudio de cuotas y precios de colegios concertados del curso 2023-2024, el 87% de centros lo hace. Y además sin transparencia, vistiéndolas de "aportaciones" o "donaciones" y provocando, además, un desplazamiento del alumnado que proviene de familias que no las abonan.

Hay una paradoja, y es que este incremento de fondos a la concertada —recordamos, en su mayoría en manos católicas— se contrapone a los apocalípticos augurios que desde la propia Conferencia Episcopal se lanzaron cuando el Gobierno puso en marcha la maquinaria para aprobar la ley Celaá. "Vuelve la dictadura totalitaria", llegó a clamar el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz. "Con su habitual liberticidio intervienen nuestra libertad. Tienen miedo de la verdad que nos hace libres de veras, y por eso la quieren controlar, expulsando a los padres de la educación de sus hijos e imponiendo ellos una ética de Estado".

Sin embargo, la ya exministra Isabel Celaá declaró en su día que la concertada no tiene "nada que temer". Porque la red no estaba —ni de hecho está— en cuestión. Aun así, desde el congreso que se celebra este fin de semana se regresa a esa idea de "libertad". Acompañado del de "identidad". La Conferencia Episcopal pretende, lo dice en sus propios documentos, que la cita sirva "para redescubrir lo específico de nuestra identidad y aportación al bien común en este momento histórico" en el que, señaló Pérez Sanjuán durante la presentación del evento, hay "efectivamente" una "norma nacional" que puede suponer "un desafío" para el papel de la Iglesia en la educación. "Mediante leyes se puede facilitar u obstaculizar la actividad", añadió. Pero no dio más detalles.

No es casualidad que la Iglesia centre ahora todos sus esfuerzos en este terreno. En otros en los que hasta ahora tenían una presencia indiscutible han perdido una fuerza que, esa sí, es más complicado recuperar. Y lo saben. "En muchas ocasiones sucede que alguien que va a clase de Religión luego no va a catequesis. Es importante que haya interrelación", señaló Pérez Sanjuán.

El último informe de La laicidad en cifras, de la Fundación Ferrer i Guàrdia, publicado el año pasado, concluyó que la población española es cada vez menos creyente, puesto que cuatro de cada diez personas se declaran ya ateas, agnósticas o indeferentes a la religión. Y la cifra aumenta a medida que la edad disminuye. Así, el 60,3% de los jóvenes entre 18 y 24 años no son religiosos, un porcentaje que se sitúa en el 57,9% en el caso de los que tienen entre 25 y 34 años.

Además, la Iglesia cede también espacio en uno de sus grandes espacios de influencia, la planificación del proyecto familiar. Según los datos del INE, el porcentaje de hijos nacidos de madres no casadas ha crecido de forma espectacular. En 1975, cuando arranca la serie, eran el 2,02%. En 2022 supusieron, por primera vez, más de la mitad: el 50,14%.

También cae la actividad sacramental. Entre 2012 y 2022 los bautizos han pasado de 268.810 a 159.129 (-40,8%) y las primeras comuniones, de 245.427 a 171.494 (-30%). En cuanto a los matrimonios católicos, la caída es más espectacular: pasa de 62,487 a 35.253 (-43,9%).

La enseñanza privada, tanto la que está sostenida con fondos públicos –es decir, la concertada– como la que no, sigue haciendo negocio. Lo muestran año a año las estadísticas que cifran sus ingresos. Y lo muestra también el Consejo Escolar del Estado en su último informe anual. Según los datos que recoge, procedentes de la Encuesta de Financiación y Gastos de la Enseñanza Privada que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE), la enseñanza no universitaria privada ha aumentado sus ingresos un 14,3% en tan sólo seis cursos, desde el 2014-2015 hasta el 2020-2021. Pero lo llamativo, además, es que el gran incremento que explica esa explosión en las ganancias se ha dado en las cuotas que pagan las propias familias. En esos años, los ingresos de la educación privada procedentes de los hogares crecieron un 50%. El cobro de cuotas a las familias es especialmente controvertida en la concertada, mayoritariamente católica y que constituye el tipo de enseñanza privada más extendida en España. ¿Por qué controvertida? Porque los cobros dificultan el acceso a las familias con pocos recursos en escuelas que son sostenidas con fondos públicos.

Vayamos a la letra pequeña del informe del Consejo de Estado, publicado en diciembre. Durante el curso 2014-2015, las ganancias a la privada procedentes de las familias se cifraron en 3.378 millones de euros; en 2020-2021, en 5.067 millones. Durante el mismo periodo, las subvenciones públicas también crecieron. Por su parte, de 5.946 a 7.138 millones, un 20%. Al mismo tiempo, las transferencias privadas y otros ingresos procedentes de, por ejemplo, donaciones, pagos de asociaciones de padres y madres o concesiones de servicios, disminuyeron. De 1.638 millones a 327. En porcentaje, un 80% menos.

Todas estas cifras dieron como resultado que toda la enseñanza privada acabase el curso 2020-2021 con más de 12.500 millones de ingresos y un saldo positivo en sus cuentas de 408 millones de euros. Y se debió exclusivamente a las aportaciones familiares y a las subvenciones públicas. Porque los gastos en bienes y servicios aumentaron un 3,6% y los de personal un 18,7%.

Ni el Consejo General del Estado ni el INE desagregan estas cifras diferenciando entre enseñanza netamente privada y privada sostenida con fondos públicos, pero lo que sí recuerda el primer organismo es que estos datos pueden asociarse en su mayoría a la concertada. ¿Por qué? Porque casi todo el alumnado matriculado en centros privados lo está en uno concertado. Concretamente, durante el curso 2020-2021 el 32,8% del alumnado español matriculado en enseñanzas de régimen general lo estaba en centros de titularidad privada: el 25,2% en uno concertado y el 7,6% en uno exclusivamente privado.

La consecuencia de todo esto, sin embargo, no radica sólo en que la privada siga haciendo negocio con la educación, sino en que la desigualdad, inevitablemente, aumenta. Así lo asegura el maestro y doctor en Educación Daniel Turienzo, que explica que un mayor gasto en la privada significa menos equidad entre el alumnado. Siempre. "Aunque sea un gasto en actividades extraescolares", matiza. "Que aumente la inversión de las familias en educación supone que la escuela esté más ausente", explica. Y es la principal herramienta para, al menos teóricamente, garantizar la igualdad de oportunidades.

Ya pasó, según recuerda, tras la crisis de 2008. Los recortes sufridos en educación durante esos años obligaron a que fueran los hogares quienes supliesen esa falta de financiación. Y obviamente no todos pudieron permitírselo. Según la Encuesta de presupuestos familiares también elaborada por el INE, el gasto de las familias en enseñanza ha tenido un crecimiento sostenido, destacando sobre todo el producido en 2010 (cuando gastaron un 8,8% más que el año anterior), en 2018 (11,9% más) y en 2022 (un 7,6% más, un porcentaje que no obstante recupera el gasto que en 2020, a consecuencia de la pandemia, cayó un 8,5%).

"Que los ingresos de la privada que proceden de las familias hayan crecido un 50% en seis años es una barbaridad. Nos hace ver que tenemos un problema, porque al final ese dinero, si la educación fuese 100% gratuita, tendría que aportarlo el Estado. La inversión pública siempre supone igualdad de oportunidades; la privada, privilegios", critica.

Por eso la enseñanza que no es pública, también la concertada, es una fuente de segregación. A pesar que contraviene la LOMLOE —que todavía no había entrado en vigor en 2020-2021— y la propia LODE que regula los conciertos y que estableció en 1985 que la educación obligatoria debe ser totalmente gratuita, los centros privados sostenidos con fondos públicos cobran sistemáticamente cuotas irregulares a las familiares. En concreto, y según la octava edición del Estudio de cuotas y precios de colegios concertados del curso 2023-2024, el 87% de centros lo hace. Y además sin transparencia, vistiéndolas de "aportaciones" o "donaciones" y provocando, además, un desplazamiento del alumnado que proviene de familias que no las abonan. Ahí aparece la segregación.

Porque además el 53% de los centros analizados por el informe cobra cuotas de más de 100 euros al mes a las familias, siendo la cuota promedio de 122,44 euros. Pero es que en Cataluña, en algunos casos, se alcanzan los 1.000 euros, así que el resultado es obvio: las familias más vulnerables no pueden acudir a esos centros.

"La segregación en la concertada por el pago de cuotas es el mecanismo más bestia, porque consigue que muchas familias no puedan entrar en esos centros y que muchas otras se tengan que ir", resume Turienzo. Pero no el único. Un estudio publicado por la Fundació Bofill en noviembre del año pasado, además, afirmó que "en algunos casos, las escuelas concertadas informan de un menor número de plazas de las que disponen realmente, priorizan solicitudes sin seguir los criterios establecidos, o informan a algunas familias de que no tienen plazas y les sugieren solicitarlas en otra escuela".

Más de 500 millones de euros para reforzar los conocimientos en matemáticas y comprensión lectora. Ese es el nuevo plan del Gobierno, anunciado este domingo por el presidente Pedro Sánchez, destinado a corregir los malos resultados que el alumnado de nuestro país obtuvo en el último Informe PISA, publicado el pasado mes de diciembre. Pocos detalles se conocen todavía, y está previsto de hecho que esta misma semana el propio líder del Ejecutivo se reúna, junto a la ministra del ramo, Pilar Alegría, con el Consejo Escolar del Estado para impulsar la medida, que llegará a 4,7 millones de alumnos. A priori, la sensación de la comunidad educativa y los expertos es positiva, pero también advierten: no debe beneficiarse cualquiera, sino el que más lo necesita. El reparto, por tanto, no debería ser igualitario, sino garantizar la equidad.

Como todos los planes que se anuncian a bombo a platillo, lo que el Ejecutivo tiene entre manos no va mucho más allá del mero titular. Fuentes de Educación concretan por ahora a infoLibre que la financiación del plan se negociará en el marco de los Presupuestos Generales del Estado, que esperan presentarse en un mes. El montante, que superará los 500 millones, servirá para toda la legislatura y todavía está por ver cómo se realizará el reparto, puesto que son las comunidades autónomas las que gestionan las partidas destinadas a educación. Los beneficiarios serán todos los centros sostenidos con fondos públicos, por lo que la medida abarcará a los colegios tanto públicos como concertados, y a las etapas de Primaria y Secundaria, aunque sin saber por ahora desde y hasta qué cursos.

¿Y por qué ahora? Lo explicó Sánchez en su discurso de cierre de la Convención Política del PSOE celebrada este fin de semana en A Coruña. "Pese al esfuerzo de los jóvenes, de nuestro alumnado, también de los maestros y de las familias, hay asignaturas que son duras. Me refiero a las matemáticas y también a la comprensión lectora", dijo. Se ha visto recientemente, añadió, en los últimos "informes de la OCDE". En concreto se refería a uno, el más reciente. En el último PISA, presentado el pasado 5 de diciembre en el Ministerio de Educación, el alumnado español obtuvo el peor resultado de su historia en Matemáticas y en Lectura. En la primera la nota fue de 473 puntos —cuando desde 2003 el mínimo era de 480—; en la segunda, 474, tres puntos menos que en 2018.

Sin embargo, a juicio de los expertos, esto es un error. "Me preocupa que este plan sea una respuesta a PISA. El Informe no puede ser una herramienta de diagnóstico que explique un plan así. Éste debería motivarse por la equidad", defiende Jesús Rogero, profesor de Sociología en la Universidad Autónoma de Madrid. Coincide con él Cynthia Martínez-Garrido, profesora de Métodos de Investigación en Educación en la Universidad Autónoma de Madrid. "La educación es un motor que predice cómo funcionarán los países a medio y largo plazo, por lo que las medidas y las posturas políticas en este ámbito no pueden adoptarse por modas. Hay que plantearse, desde el inicio, la repercusión que tendrán las reformas", critica.

Por ahora, desde el departamento de Alegría concretan la medida en tres ejes: hacer desdobles por aula, lo que implica tener dos profesores en lugar de uno en esas "asignaturas duras", fomentar las actividades extraescolares e impulsar la formación de docentes y centros escolares. Ahí sí que acierta el Gobierno, a juicio de los sindicatos y expertos consultados. "Aunque todavía no se conoce el detalle de la medida, creo que estas líneas son un buen inicio para realizar los cambios que veníamos demandando", señala la responsable de Enseñanza de FeSP-UGT, Maribel Loranca. "La reducción de ratios es un objetivo correcto. Ese es un elemento que, a nuestro juicio, puede contribuir a mejorar los resultados", añade su homólogo en CCOO, Francisco García.

De media, según el último informe relativo a Las cifras de la educación en España, referidas al curso 2021-2022, hay 17,4 alumnos y alumnas por clase en los centros públicos de Primaria y ESO, un número que en los privados aumenta hasta los 22,7. La normativa en vigor fija unas ratios máximas de 25 alumnos para Educación Infantil y Primaria, 30 para Secundaria y 35 para Bachillerato. A nivel europeo, las cifras de Eurostat sitúan a España en la media del resto de la Unión Europea, donde la media de alumnos por profesor se situaba en el curso 2020-2021 en 12 niños y niñas, dato que en nuestro país se rebaja a los 11,3.

En cualquier caso, desde los sindicatos son claros desde hace tiempo: a menor ratio, mejor resultado. Un estudio reciente llevado a cabo en dos colegios de Extremadura y publicado en la revista Bulletin of Economic Research lo confirmó. Y específicamente lo hizo en las áreas en las que ahora el Gobierno quiere poner atención. Concretamente, la disminución de alumnos por profesor en los dos centros durante la pandemia mejoró 0,3 puntos la nota media de Lengua y 0,27 la de matemáticas. Y eso que estas cifras son las estimadas en el peor de los escenarios.

Pero para conseguir eso hace falta aumentar las plantillas, sobre todo teniendo en cuenta que, como denunciaron desde CCOO, el 33% de los profesores que se contrataron durante la crisis sanitaria ya fueron despedidos. En concreto, a inicios del actual curso había 11.027 docentes menos. "Hubiera sido necesario no solo mantenerlos sino incrementarlos", dijeron entonces desde la organización, que calcularon en 84.915 el número de profesionales que deberían contratarse, un número que supondría una media de cuatro profesores más en cada centro educativo.

Lucas Gortazar, experto en políticas educativas y responsable de educación del think tank EsadeEcPol, ha hecho cálculos con los pocos datos que se tienen por ahora del plan que maneja el Gobierno. Y estima que 500 millones para la legislatura permitirían contratar a 2.500 profesores, algo que es, dice, "objetivamente poco" para los 5 millones de alumnos que se beneficiarían de la medida. "La decisión va en la buena dirección, pero la ambición es baja", lamenta.

Pero no es sólo contratar. También hay que ver dónde. "Es clave focalizar las medidas en la población más vulnerable y en el alumnado con más necesidades educativas", apunta Rogero. "Es evidente que existen escuelas que concentran a los estudiantes con más vulnerabilidad. Ellas deberían ser el objetivo de estas medidas, porque un reparto igualitario de nuevos docentes no soluciona el problema, sino que afianza la situación de las ecuelas", añade Martínez-Garrido.

Y esto no sólo tiene que ver con la ampliación de las plantillas, sino con lo relativo al refuerzo de clases extraescolares, otro de los ejes del plan del Gobierno. Desde los sindicatos hacen hincapié en la necesidad de que este refuerzo no se privatice y se amplíe la oferta pública, pues el resultado de lo primero ya ha sido constatado en algunas investigaciones.

Una se publicó el pasado mes de enero, precisamente, por EsadeEcPol. Bajo el título Educación en la Sombra en España: Una radiografía del mercado de clases particulares por etapa escolar, capacidad económica de los hogares, titularidad del centro y Comunidad Autónoma, el estudio concluyó que mientras el alumnado que pertenece a clases socieconómicamente más favorecidas usan las clases particulares para mejorar, los de clases más vulnerables lo hacen para no estancarse y quedarse atrás. Por ejemplo, el alumnado de la privada —que pertenece en su mayoría al primer grupo— no acude a estas extraescolares para fortalecer las competencias de las materias centrales. Sin embargo, sí lo hace el 40% de la pública y, por su parte, el 30% de la concertada.

Por otro lado, el Informe PISA, la explicación por la que el Gobierno decidió poner en marcha este plan, constató también que el origen socioeconómico del alumnado influye, y no poco, en el rendimiento académico. Y pasa en matemáticas y en lectura. En concreto, el rendimiento en matemáticas está 35 puntos por debajo en las escuelas públicas (462 puntos) que en las privadas (497) y en lectura el alumnado de la pública obtiene 32 puntos menos (464) que el de la privada (496). Las diferencias, sin embargo, desaparecen cuando se descuenta el paso de esa mochila que no es sólo académica.

Más allá de las medidas, desde los sindicatos reclaman al Gobierno que los fondos que se destinen a este programa sean finalistas, para impedir que las comunidades puedan emplearlos después en partidas diferentes. Y, también, que cualquier medida destinada a un cambio de cualquier tipo para los docentes cuente con su opinión en una mesa sectorial. "Exigimos que se convoque, pero por ahora nos mantenemos simplemente a la expectativa de que se concrete la medida del Gobierno", sentencia Loranca.

Asumir equivocaciones en política es un verbo que pocas veces se practica. Sin embargo, a veces ocurre. 4 de noviembre del año 2011, hace poco más de 12 años. El ya entonces expresidente del Gobierno Felipe González admitió, tajante, que su Ejecutivo había cometido "algunos errores". Se refirió a uno muy concreto: la educación concertada. Según afirmó el socialista, lo que habría que haber hecho es financiar la escuela pública. Y "quien quiera escuela privada que se la pague", añadió. Hace algunas semanas, la ministra de Educación de Suecia vino a asegurar lo mismo: el modelo en el país había resultado ser un "fracaso". Prometió, por ello, la mayor reestructuración del sistema educativo en 30 años. Los estándares educativos han caído, la desigualdad ha ido en aumento y la influencia religiosa en esos centros es excesiva, argumentaron en Suecia. Un diagnóstico que distintos expertos y estudios comparten para España.

Pero, ¿qué ha ocurrido exactamente en Suecia? Un informe del mayor sindicato de docentes del país, Sveriges Lärare, ya advirtió el pasado mes de junio de las consecuencias negativas que había tenido el haber mercantilizado el sistema. Ni el alumnado ni el profesorado estaban conformes. Por eso pidieron repensar el sistema y acabar con él gradualmente. Y la ministra Lotta Edholm ha recogido el guante. Según publicó The Guardian, la liberal ha iniciado una investigación sobre un modelo que, dijo, había que "limitar severamente". Los centros, añadió, no pueden ser un mero negocio. "No es sólo un problema de varias escuelas, sino que se convierte en una falla de todo el sistema", dijo.

Distintos expertos consultados por infoLibre creen que en España también hay datos objetivos para realizar una afirmación así.

Empecemos por el principio. Año 1985. El Gobierno socialista de Felipe González crea el marco jurídico para la doble red de centros educativos articulada en la Ley Orgánica de Educación (LODE). La inspiración vino de países europeos como Bélgica y Países Bajos, como indica Paloma Muñoyerro en su artículo La educación concertada en España: origen y recorrido histórico, publicado por la Universidad de Salamanca. Entonces, la creación de esa doble red tenía una explicación muy concreta: el crecimiento de la población derivado de los cada vez más numerosos nacimientos y de la creciente migración provocaba que los centros públicos del país no pudieran absorber a todos los niños y niñas en edad de escolarizar. No sólo no había infraestructuras, sino que tampoco había profesorado suficiente. Como recoge Muñoyerro en su artículo, entre el curso 1977-1978 y 1980-1981 se crearon alrededor de 30.000 unidades públicas de EGB (Educación General Básica, el nombre que antes recibían los estudios primarios).

Así se palió esa necesidad. Sin embargo, la distribución no era la más acorde, y por eso el entonces ministro de Educación, José María Maravall, escribió una carta a los padres y madres en 1983 en la que aseguró que "cada alumno" dispondría "de una plaza escolar digna cerca de su casa". "Debe concluir la construcción caótica de puestos escolares", añadió. Y justificó así la creación de la red concertada, según la cual los centros privados que quisieran acogerse a financiación pública ofrecerían una plaza "completamente gratuita". "Ya están previstos en los Presupuestos del Estado para 1984 105.000 millones de pesetas para subvencionar esta enseñanza gratuita en los centros privados concertados", explicó.

Estas escuelas, a cambio, debían cumplir una serie de requisitos. Los recuerda el profesor de Sociología en la Universidad Autónoma de Madrid Jesús Rogero. El primero es que la enseñanza, como dijo Maravall en su día, fuera gratuita. El segundo, que no se seleccionara al alumnado, como sí hace la privada. Y el tercero: que la actividades confesionales tuvieran carácter opcional y no tener espacio dentro del horario lectivo. En España, la educación concertada está, fundamentalmente, en manos de la Iglesia: entre 2007 y 2017 sus centros ganaron 219.855 alumnos, un 17,2%.

"No se cumplen estas condiciones, y eso es un ejemplo claro del fracaso del modelo", sentencia Rogero.

El incumplimiento del primer requisito se hace patente año tras año. Con cifras. El pasado 5 de octubre se presentó en Madrid la octava edición del Estudio de cuotas y precios de colegios concertados del curso 2023-2024, un informe que elaboran anualmente Cicae, una asociación de colegios privados independientes, y Ceapa, un colectivo de familias en defensa de la educación pública. Se unen, aunque parezca paradójico, para denunciar lo que los primeros consideran competencia desleal y los segundos un castigo a la pública. El documento es claro: el 87% de las escuelas concertadas cobran cuotas irregulares a las familias. En el 76%, además, de forma obligatoria.

Hacerlo no sólo contraviene la LOMLOE, sino que va radicalmente en contra de la propia LODE que reguló los conciertos y que estableció que la educación obligatoria debe ser totalmente gratuita.

Las cuotas, además, se cobran sin transparencia, vistiéndolas de "aportaciones" o "donaciones" y provocando, además, un desplazamiento del alumnado que proviene de familias que no las abonan.

Esto lleva al segundo incumplimiento. El 53% de los centros analizados por el informe cobra cuotas de más de 100 euros al mes a las familias, siendo la cuota promedio de 122.44 euros. En Cataluña, en algunos casos se alcanzan los 1.000 euros. El resultado es obvio: las familias más vulnerables no pueden acudir a esos centros.

Pero hay más maneras de seleccionar al alumnado. El extranjero, que por regla general tiene mayores dificultades de aprendizaje y exige mayor esfuerzo del centro, y el que tiene necesidades educativas especiales acude, en su mayoría, a la pública. De hecho, según publicó infoLibre, la concertada asume menos de la mitad del alumnado africano que le correspondería.

Un estudio publicado por la Fundació Bofill en noviembre del año pasado, además, afirmó que "en algunos casos, las escuelas concertadas informan de un menor número de plazas de las que disponen realmente, priorizan solicitudes sin seguir los criterios establecidos, o informan a algunas familias de que no tienen plazas y les sugieren solicitarlas en otra escuela". En julio de 2016, el Síndic de Greuges de Cataluña (Defensor del Pueblo) elaboró un informe monográfico en el que denunció que muchos centros disuaden la demanda de plaza de determinadas familias recomendando otros centros con un perfil social más parecido al de la familia.

La ubicación de los centros, además, es otro sutil mecanismo de selección social. "Estos colegios siempre están en zonas urbanas. Y, dentro de ellas, en las que viven aquellos con rentas más altas", explica Enrique Javier Díez Gutiérrez, profesor titular de la Facultad de Educación en la Universidad de León. Según denuncia, la concertada es "actualmente el mayor factor de segregación educativa y social". "Como dice José Gimeno Sacristán, los conciertos responden a una necesidad de clase aspiracional. A ellos acuden aquellas familias que esperan relacionarse con la clase social a la que quieren pertenecer", apunta.

El tercer factor, el que tiene que ver con la confesionalidad de las aulas concertadas, tampoco se cumple. Según las últimas cifras disponibles en la web de la Plataforma Escuelas Católicas, correspondientes al curso 2020-2021, hay actualmente 1.487.637 alumnos y alumnas estudiando en centros católicos concertados. Sólo en Primaria (573.154) y Secundaria (431.457) ya superan el millón. La Iglesia asume, así, el 19% de todo el alumnado dentro de la concertada. Los centros que no son católicos escolarizan tan sólo al 7,1%. Dentro de toda la red concertada, los centros católicos suponen el 72,7%.

Y eso no va separado del currículo. "De forma generalizada, la libertad de credo no se respeta", indica Rogero.

La ministra sueca criticó que la concertada inflaba las notas de su alumnado. Y esto también ocurre en nuestro país. Según el estudio Notas de acceso a la Universidad: ¿Son equitativas?, presentado el pasado mes de junio por el Observatorio del Sistema Universitario, los centros públicos aglutinan el 59,7% de notas inferiores, mientras que ese porcentaje en los concertados se sitúa en un 52,6%. Por el contrario, el 23,9% de las mejores calificaciones se dan en las escuelas concertadas. En las públicas, sólo el 17,9%.

Otro dato más. Según los datos de este curso 2023-2024 publicados por el Ministerio de Educación, la tasa de repetición en Educación Primaria se sitúa en un 1,3% en los colegios concertados y en un 2,5% en los públicos. En Secundaria, la comparativa aumenta: el 9,2% repite en la pública, mientras que en la concertada lo hace tan sólo el 4,7%.

Todos estos datos llevan a los expertos consultados a la misma conclusión alcanzada en Suecia: el modelo de la concertada no debería tener cabida en España. "No mejora la calidad educativa. Supone una vulneración sistemática de derechos y una mayor segregación que crea desigualdades. El modelo es un fracaso. Forma parte de la realidad educativa, pero en realidad es un desastre que no por haberlo normalizado deja de ser un problema", sentencia Rogero. "No tiene sentido mantener a la concertada. La educación debe ser pública, suponer un mismo espacio donde se viva en igualdad", añade Díez Gutiérrez. infoLibre se puso en contacto con la Plataforma Concertados para conocer su visión en este debate, pero no obtuvo respuesta.

La realidad demográfica que de hecho impulsó la creación de esta doble red ya ni siquiera existe. Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) constatan, año a año, que la natalidad no toca suelo. En 2021, el último año con datos disponibles, hubo 337.380 nacimientos. Un año antes fueron 341.315. Desde 1992, cuando comenzó la serie histórica, el número de alumbramientos ha descendido un 15%. Desde 2008, cuando se registró la cifra más alta (519.779), el descenso ha sido de un 35,1%.

El efecto que esto producirá —y de hecho ya está produciendo— en la escuela es obvio: cada vez habrá menos alumnado. Según un informe de EsadeEcPol —Las escuelas se están quedando sin niños: una oportunidad para transformar el sistema educativo—, la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) perderá un 25% de su alumnado potencial en 2037, pasando de los casi 2,1 millones de niños y niñas entre 12 y 15 años de hoy a 1,6 entonces. Primaria, por su parte, se vaciará antes: si en 2017 tenía 3 millones de alumnos, en 2032 se quedará por debajo de los 2,4. La consecuencia, según alertaba el estudio, es el cierre de aulas. Pero el problema es que actualmente, con el modelo de concertada existente, será más probable que sean públicas. Las concertadas están blindadas, precisamente, por los conciertos firmados con las comunidades autónomas.

Pero ya no es sólo eso. Como recuerda Rogero en conversación con infoLibre, en un artículo titulado ¿Permitimos que los centros concertados puedan convertirse en públicos?, la red concertada tenía como objetivo "transitar de un sistema educativo propio de una dictadura a otro plenamente democrático y público". "Hoy nadie justifica la elevada presencia de la educación concertada por la incapacidad para ofertar plazas públicas. El gran porcentaje de centros concertados en un anacronismo que se mantiene gracias a las concesiones de los sucesivos gobiernos", escribió Rogero.

Por eso precisamente, señala Díez Gutiérrez, no se acaba con el modelo. "No hay voluntad, pero perfectamente se pueden nacionalizar esos centros educativos", dice. Se hizo, recuerda, con el Colegio Inmaculada Concepció de Barcelona, un movimiento que se amparó en un decreto del Departamento de Educación catalán que abría la puerta al cambio de titularidad de escuelas concertadas a públicas.

El propio Maravall, igual que hizo Felipe González, dijo haberse equivocado dando alas a esta red. Fue en 2013 en una entrevista en Público. "Lo que más lamento echando la vista atrás y recordando la aprobación de la LODE, es que en aquel momento no me podía imaginar que una ley orgánica de obligado cumplimiento en toda España llegase a ser vulnerada hasta tal punto por comunidades autónomas ni que el Gobierno central se fuera a encontrar sin instrumentos o sin voluntad para impedir esas infracciones. Cuando hablo de instrumentos, me refiero a que la alta inspección ha sido descuidada. Y cuando hablo de voluntad, hablo de un absoluto desapego respecto de la enseñanza pública en relación de la enseñanza privada por parte del PP y de falta de músculo político por parte de algunos gobiernos del PSOE".

La llegada del PP a la Junta de Andalucía ha supuesto un espaldarazo a la enseñanza concertada de la comunidad. Es decir, a la educación privada financiada con fondos públicos, en su mayoría controlada por la Iglesia católica. Así lo indican las estadísticas de gasto público publicadas por el Ministerio de Educación, que recogen, como últimas cifras, las relativas al año 2021. Ese año, siempre según las estadísticas oficiales estatales, el Gobierno autonómico transfirió más de 1.050 millones a la etapa no universitaria de centros educativos de titularidad privada. Tan sólo un año antes esa cifra se situaba en 879 millones de euros, un 19,5% menos. Pero la apuesta clara del Ejecutivo regional por la educación concertada se ve todavía mejor si echamos la vista atrás 12 meses más. En 2018, último año de presupuestos socialistass, la partida era de más de 829 millones, un 26,7% menos que en 2021.

No son cifras aleatorias. Ni casuales. Forman parte de una línea inspirada en el PP de Madrid y compartida por otros presidentes autonómicos de su misma formación. Moreno, de hecho, ya apostó por la concertada en 2018, cuando manifestó que el PP "luchará y defenderá la libertad de las familias para elegir qué modelo educativo quieren para sus hijos". Según dijo, la enseñanza privada y sostenida por fondos públicos también forma parte del "sistema público de educación". Y acusó a la entonces presidenta, Susana Díaz, de "cerrar el grifo" a estas escuelas.

Otro ejemplo del modelo. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, prometió el pasado mes de febrero más inversión para la concertada. "Vamos a multiplicar los recursos que destinamos a los centros concertados con un aumento del 15% en la partida de gastos de funcionamiento y la destinada a personal no docente", dijo. Según las estadísticas del Ministerio de Educación, la región ha pasado de invertir más de 1.143 millones a estos centros en 2020 a financiarlos con más de 1.233 millones en 2021. El incremento, en este caso, es de un 7,8%.

Madrid es, además, la segunda autonomía que más fondos destina a este tipo de enseñanza, sólo por detrás de Cataluña, que en 2021, también según el departamento de Pilar Alegría (PSOE), destinó más de 1.400 millones, lo que supuso un aumento de un 4,5% con respecto al año anterior, cuando la partida se situó en 1.342 millones.

De vuelta a Andalucía: ¿qué ha ocurrido mientras tanto con la enseñanza pública? También ha visto incrementada su inversión, pero en comparación con lo que ha recibido la escuela concertada, en menor proporción. La estadística oficial del Ministerio de Educación refleja una inversión en 2021 —descontando lo relativo a centros privados— de 9.836 millones, una cifra un 23,6% mayor que en 2018 (7.955 millones) y un 10,8% mayor que en 2020 (8.880 millones).

Ha sido esta escuela la que, precisamente, ha salido a la calle –y no sólo una vez– para defenderse. El pasado mes de abril, miles de personas marcharon en Sevilla para "alzar la voz contra las políticas privatizadoras de la Junta de Andalucía", señaló la Marea Verde. Este domingo 19 de noviembre se produjo otra protesta. "Desde hace muchos años nosotros estamos sufriendo lo que ahora mismo vemos con la sanidad pública. Muchísimos recortes, conciertos que cada año van superando su propio récord, con el único plan de destruir la única escuela accesible para todos y todas y que ofrece igualdad de oportunidades", señaló en declaraciones a Europa Press la portavoz de la organización en la capital andaluza, Berta Gallardo.

La Consejería de Educación de Andalucía objeta las cifras publicadas por el Ministerio. Las suyas, extraídas de la Ley de Presupuestos de Andalucía, contemplan una inversión en 2021 de 889 millones de euros para la enseñanza concertada y de 6.450 en la red pública. La diferencia, explican, radica en que, "como suele ocurrir otras veces", los "criterios" con los que se elaboran las estadísticas pueden diferir. "No se pueden considerar conciertos las plazas públicas que pagamos a las familias en el primer ciclo de Infantil, porque no existen conciertos", argumentan. "El Ministerio así los computa", añaden, defendiendo que "no hay concierto con las escuelas infantiles".

Por otro lado, desde la Consejería no desglosan el presupuesto a la concertada correspondiente a 2019 o 2020, pero sí el de 2018. Entonces la inversión para la concertada, siempre según el departamento autonómico de Educación, se situó en 819 millones, un 7,8% menos que en 2022, cuando sitúa la partida en 883 millones. Por ahora, Educación no ha actualizado la cifra para ese año.

En cualquier caso, según los datos de la comunidad, la inversión a la concertada descendió de 2021 a 2022, lo que explican con el fin de los fondos europeos, que provocaron el incremento tan elevado entre 2018 y 2021. "Los crecimientos entre 2018 y 2021 en la concertada (también en parte en la pública) tienen que ver con la aplicación de fondos europeos covid. Además de la gratuidad de la enseñanza en la concertada para el alumnado, se incluyeron partidas de limpieza extraordinaria y refuerzos de plantilla (como ocurrió en la pública)", señalan.

¿Llegan las becas educativas a los hogares que más las necesitan? Sí, pero no a todos. Así lo ha revelado un estudio de EsadeEcPol publicado este martes. Según el informe —que lleva por título Radiografía del gasto de las familias en material escolar y las becas que ayudan a compensarlo y ha sido elaborado a partir de los datos de la Encuesta del Gasto de Educación de los Hogares (EGEH) y la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF), ambas elaboradas por el Insituto Nacional de Estadística (INE) y publicadas con escasa frecuencia—, tan sólo cuatro de cada diez del 20% de hogares con menos recursos recibe alguna beca. Dicho de otro modo: seis de cada diez familias con menos recursos no tiene ningún tipo de ayuda educativa. Un 60%. Del lado contrario, del 20% de familias con mayor capacidad económica, el 13% recibe alguna.

El problema no acaba ahí. La progresividad de las becas tampoco está funcionando adecuadamente. Según los investigadores de Esade y autores del estudio, Lucía Cobreros y Ángel Martínez, el efecto reductor del gasto que tienen las becas es más alto entre las familias de poder adquisitivo medio, que ahorran unos 40 euros, que medio-bajo, donde la cifra ya desciende hasta los 25 euros. Lo más acuciante, no obstante, es que entre las de menor poder, el efecto reductor es prácticamente de 0 euros.

Además, en algunas comunidades autónomas, el alumnado de la escuela concertada percibe becas en la misma proporción que el de la pública, donde se concentra hasta el 50% de alumnado con entornos desfavorables para la educación, según los datos que recogió un informe de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE). Pasa en Navarra, donde el 52% de alumnos de la pública y el 47,1% de la concertada reciben ayudas, y en Madrid, donde los beneficiarios de ayudas en las primeras son el 55,7% y en las segundas el 44,3%.

¿Por qué ocurre esto? Cobreros identifica varias causas. En primer lugar, critica la "escasa y escueta" información sobre becas, puesto que muchas ayudas no se contabilizan como tal, lo que podría falsear los datos. Lo afirma también el informe. "Parte de los sistemas de financiación pública que ayudan a subsanar los gastos de las familias, como de gratuidad de los préstamos de libros de texto y material didáctico, no siempre tienen carácter de beca o ayuda, de forma que se recogen en estadísticas diferenciadas y no permiten capturar, en un solo indicador homogéneo y preciso, el porcentaje de alumnado que recibe alguna ayuda por comunidad y etapa educativa", señalan los investigadores.

En segundo lugar, Cobreros apunta en conversación con infoLibre a un problema de acceso a las ayudas. "Pensamos que esto puede deberse a la falta de información sobre cómo acceder", explica. No es una crítica nueva. La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha advertido en no pocas ocasiones que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) tampoco llega a quienes más lo necesitan. La última vez fue en mayo, cuando la organización denunció que el 80% de la población bajo el umbral de la pobreza no era beneficiaria de la ayuda.

La principal razón, han argumentado en varias ocasiones, es la excesiva burocracia, los complejos requisitos a los que está sujeta y la brecha digital que impide a muchas personas completar con éxito las solicitudes. En este sentido, un estudio en Francia realizado por la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), el Instituto IMDEA Networks, y Orange Innovation y recogido por Newtral reveló que los ciudadanos que sufren desigualdad local usan el teléfono móvil para conectarse a las redes sociales en mayor medida que aquellas personas con educación superior, que destacan en el uso de Internet para leer noticias.

En tercer lugar, Cobreros culpa a la financiación. "Hay un problema de recursos. Aunque han aumentado, en España invertimos menos en becas que en otros países de nuestro entorno", critica. El último informe de la OCDE Education at a glance del año 2023 señaló que España, en todos los niveles educativos, gasta 10.348 euros al año por estudiante a tiempo completo, mientras que el promedio de la organización es de 11.766 euros.

Esto ocurre a la vez que, continúa el estudio, los hogares con menor capacidad económica gastan, en proporción, mucho más en material escolar que quienes se encuentran en el lado opuesto del tablero. Así, mientras que para las familias más pobres estas compras suponen un 2,7% de su gasto total anual, para los que tienen mayor capacidad económica ese porcentaje disminuye hasta el 1%. "Dado que el gasto en material escolar se produce en periodos muy cortos de tiempo, normalmente en el mes inmediatamente anterior al comienzo del curso escolar, estos gastos pueden llegar a representar, especialmente entre los hogares con menos capacidad económica, un porcentaje mucho mayor en términos mensuales durante los primeros meses del curso", destaca el informe.

Este curso, la subida continua y sostenida del IPC ha provocado además que el gasto de la vuelta al cole se incremente hasta convertirse en "la más cara de los últimos lustros", algo a lo que los investigadores tampoco dan demasiada importancia porque, también desde hace años, el ascenso de los precios es la tónica habitual. En cualquier caso, según ha calculado EsadeEcPol, "tres de las cuatro categorías relacionadas con bienes educativos han subido de precios". Concretamente, los productos de papelería lo han hecho un 12%, los libros de texto un 7,7% y las prendas de vestir un 5,5%.

Así, el informe cifra en 100 euros el gasto de las familias en el primer ciclo de Educación Infantil y en 210 el del segundo ciclo, unas cifras que aumentan hasta los 328 euros en Primaria, hasta los 398 en ESO y hasta los 474 en Bachillerato, la etapa postobligatoria en la que hay mayor financiación pública, apunta Cobreros, que lo explica por el mayor precio de los materiales por el alto uso de recursos informáticos.

Para solucionar el problema y garantizar que las becas llegan a quienes más las necesitan, desde EsadeEcPol apuestan por expandir el sistema de becas, pero reorientándolo "prioritariamente hacia los tramos más bajos de renta, donde aún no se ha alcanzado el 50% de cobertura". Apuestan, además, por que los umbrales y las cuantías máximas para que sean concedidas se equiparen a todo el Estado, permitiendo no obstante que las autonomías las eleven.

Es lo que se hizo, precisamente, con el Ingreso Mínimo Vital, la ayuda que los investigadores autores del informe creen que debe servir de condición automática para percibir la beca. Es decir, que todas aquellas familias beneficiarias del IMV con hijos se incluyan, automáticamente, en el listado de perceptores de ayudas educativas. Así, explican, "se agilizan procesos, se eliminan trabas administrativas y se evita que las familias tengan que realizar más solicitudes". En esta línea, además, apuestan por convertir a los centros educativos en centros de información para detallar a las familias las ayudas disponibles y cómo acceder a ellas.

Por último, solicitan que se estudie el número de hogares que podrían recibir una beca y no la solicitan, además de sus características. Sólo así se podrá, dicen, dimensionar el problema.

El 85% de los estudiantes españoles han tenido que utilizar ventiladores o refrescarse alguna vez durante las clases, según un estudio presentado este miércoles por Escuelas Renovadas, que advierte de que la mayoría de escuelas públicas en España fueron construidas antes de que existieran criterios de eficiencia energética, según ha informado Europa Press.

El estudio, realizado a partir de una muestra de más 1.200 personas, correspondiente a más de 200 profesores y directores de centros de Infantil, Primaria y Secundaria y a 1.000 padres, revela que la mayoría de colegios públicos "han tenido un escaso mantenimiento, lo que provoca que, en ocasiones, alumnado y profesores no dispongan de condiciones óptimas de temperatura, humedad y calidad del aire, lo que impacta en su rendimiento".

Escuelas Renovadas, que cuenta con el apoyo de Ecodes, Aldeas Infantiles, Revuelta Escolar o Teachers for Future, asegura que existe "una clara relación" entre los niveles inadecuados de temperatura, humedad o calidad del aire de los edificios y afecciones a la salud en colectivos vulnerables —sobre todo, en la infancia— y el rendimiento escolar.

Con este motivo, la organización ha estudiado las condiciones en las que imparten las clases las escuelas públicas españolas y subraya que una educación pública de calidad "necesita de unos edificios que ofrezcan unas condiciones ambientales óptimas para el aprendizaje y que sean un ejemplo de eficiencia energética y uso de energías limpias".

No obstante, alerta de que "muchas" de las escuelas españolas fueron construidas hace más de 25 años, "sin unas regulaciones que aseguraran el confort térmico o la accesibilidad dentro de ellas". En este sentido, el 87% del profesorado y directores de centros públicos afirman impartir clase en edificios con una antigüedad superior a los 25 años.

Asimismo, nueve de cada diez profesores y directores afirma que el aislamiento térmico del edificio en general es mejorable o muy mejorable, junto con otros aspectos como el aislamiento acústico (94%), la impermeabilización (87%) o el estado de puertas y ventanas (un 70%). Aspectos como la iluminación y los sistemas de canalización de agua también tienen deficiencias estructurales, donde los padres vuelven a calificarlos de mejorables en un 74% y 52%, respectivamente.

Uno de los datos más destacables es la cantidad de colegios que carecen de infraestructuras necesarias para una buena refrigeración de las estancias. En este caso, el 65% de profesores y directores que señalan trabajar en centros donde no se dispone de sistemas de refrigeración o aire acondicionado.

En los casos en los que sí hay este tipo sistemas energéticos para la calefacción y las refrigeraciones eficientes relativas a los sistemas de aire acondicionado, los porcentajes aumentan de nuevo, ya que hasta el 66% de los padres de alumnos admiten que necesitan algún tipo de mejora.

"Necesitamos que los programas de rehabilitación de edificios públicos autonómicos y locales prioricen la mejora de los centros educativos. Para ello se debería reservar un 30% de los fondos a este fin. Además, debido a su gran implicación, es importante que se fomente la participación de la comunidad educativa en los procesos de renovación de las escuelas", ha señalado la directora de Área de Energía y Personas de Ecodes, Cecilia Foronda.

En referencia a cómo afecta el estado del edificio a la educación de alumnos, la encuesta indica que nueve de cada diez padres y madres señalan que un mal estado del edificio influye en el bienestar y rendimiento de estudiantes y profesores, siendo los motivos principales de influencia el impacto en la salud (52%), su rendimiento académico (52%) y el rendimiento del profesorado y los gestores del centro (40%).

Como medidas preventivas, los padres demandan realizar revisiones periódicas de las instalaciones para detectar puntos de mejora y destinar más fondos a este cometido, siendo los tipos de rehabilitación más necesaria la instalación de sistemas de energía renovables para la producción de electricidad y/o calor y frío y aislamiento térmico en general.

Miles de personas —según los convocantes— han participado este sábado en Sevilla en una manifestación organizada por Marea Verde que ha partido desde el Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz, hasta Las Setas para "alzar la voz contra las políticas privatizadoras de la Junta de Andalucía" bajo el lema La educación no se vende, se defiende.

Desde la organización convocante han señalado a Europa Press que el sistema público "agoniza a causa de las privatizaciones y de los recortes llevados a cabo por el gobierno de Andalucía presidido por Juanma Moreno", recalcando que "las problemáticas son innumerables".

"Se han cerrado más de 2.000 aulas públicas en los últimos años, las ratios son elevadísimas y a menudo superan lo legal", han aseverado, remarcando que también existe "inestabilidad del profesorado de todas las etapas".

Además, han aseverado que las infraestructuras "tampoco cumplen con la normativa y que suponen a menudo un riesgo para la salud de profesorados, alumnados y familias". Las universidades están siendo infrafinanciadas y paralelamente a todo esto nos encontramos cada vez presupuestos mayores para la educación privada, privada concertada, mientras que para la escuela pública cada vez se van recortando más", ha apostillado.

Facua Sevilla comparte la preocupación de la comunidad educativa expresada por la Marea Verde y ha apoyado esta manifestación, toda vez que llama a sus socios y al conjunto de la sociedad sevillana y andaluza a defender la educación pública en todos los niveles de enseñanza frente al "cierre" de líneas en las escuelas públicas.

"Las autoridades tienen la obligación de destinar medios, recursos y personal suficientes para el funcionamiento en óptimas condiciones del sistema educativo público, en beneficio del profesorado, del personal auxiliar y del alumnado", han manifestado en un comunicado desde Facua.

Facua Sevilla expone también que comparte con la Marea Verde "la necesidad de ofrecer una respuesta colectiva al proceso acelerado de deterioro y privatización de los servicios públicos que se está dando en Andalucía conforme a la agenda neoliberal y de recortes que el Ejecutivo de Juanma Moreno está auspiciando en la comunidad autónoma".

Igualmente, la plataforma de familias de la Educación Pública Escuelas de calor ha participado activamente en la organización de esta manifestación, y entre sus contribuciones está un vídeo que parodia el concurso 'Pasapalabra' donde "se presentan definiciones muy relacionadas con lo que sucede en la educación pública andaluza y los sentimientos que esto provoca en la comunidad educativa", señalan.

Desde Escuelas de calor consideran, según indicaban hace unas semanas en un comunicado, que el "deterioro" de la pública "no empieza con Juanma Moreno pero sí reconocen que el gobierno del PP está siendo rápido y descarado en aplicar medidas que perjudican a la educación de todos y en favorecer a la privada, que no es la que utiliza la mayoría social".

La Comunidad de Madrid aumentará un 15% los fondos para centros educativos concertados en la partida de gastos de funcionamiento y la destinada a personal no docente, según ha informado Europa Press.

Así lo ha anunciado la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en la II Asamblea de representantes y directores de Escuelas Católicas de Madrid, que ha tenido lugar en el Colegio Divina Pastora.

Durante su intervención ha cifrado en un 50% de los alumnos de la región que acuden a centros públicos y un 30% los que lo hacen a la concertada.

"Es una composición equilibrada y reflejo de la demanda social existente", ha apuntado la mandataria quien ha apuntado que casi 350.000 estudiantes asisten a uno de los 558 centros concertados.

Además, ha recordado que se pondrán en marcha dos centros más de esta modalidad, los primeros desde 2013, en Valdebebas y en Villa de Vallecas, que se a la "multiplicación de recursos" que acometerán con el incremento del 15% anunciado.

Díaz Ayuso ha loado la labor de la Iglesia a lo largo de la historia vinculada a la educación, que se remonta hasta "hace siglos" con las escuelas monásticas y continúa con las primera universidades.

"Llama la atención cuando algunos vociferan Fuera la religión de la universidad cuando son obra de la Iglesia, uno de los muchos regalos al mundo", ha defendido la presidenta, quien también ha remarcado el papel de las misiones por las que "se respetaron las lenguas de los nativos y se les respetó desde el primer día como hijos de Dios y hermanos en Cristo".

Ha alertado también de los "tiempos difíciles" actuales en los que la "libertad de pensar y de creer" están "amenazadas y cuando hay quien reniega de "sus raíces occidentales, hijas de Grecia, Roma y la herencia judeocristiana".

En este marco también ha destacado algunos de los "desafíos" a los que se enfrenta, a sus ojos, el sistema educativo, que van desde la digitalización o la internacionalización hasta la "epidemia de drogas", la crisis de valores o la "barbarie de la incultura de la muerte en sus varias manifestaciones", además de la campaña de "leyenda negra contra España y la Iglesia".

También ha cargado contra el Ejecutivo central, al que ha vinculado con la "más seria amenaza de la democracia" al modelo de educación basado en "el saber, el estudio y la libertad", promovido por la Comunidad de Madrid. Ha acusado a la última Ley educativa nacional de querer privar a los niños y jóvenes "de su herencia cultural e igualdad de oportunidades"