Ningún sistema electoral es inocente. El mejor ejemplo lo tenemos en España: aunque el Congreso y el Senado se eligen mediante circunscripciones provinciales, en el primero se utiliza un modelo proporcional (que utiliza la regla d'Hondt) y en el segundo uno mayoritario (gana el que más votos obtiene). De ahí que, con los mismos votos (el 33%), el PP se hiciese con la mayoría absoluta en la Cámara Alta, pero su líder, en cambio, quedase muy lejos de ser investido presidente en la Cámara Baja. 

El objetivo del sistema proporcional es reflejar de manera más exacta la distribución de votos en la asignación de escaños o puestos. La idea es que cada partido obtenga un porcentaje de escaños que sea aproximadamente igual a su porcentaje de votos.

Pero hay mucha letra pequeña. En el caso de España, influye la decisión de aplicar el sistema d'Hondt, diseñado para primar a los partidos más votados, que siempre acaban obteniendo más escaños de los que les correspondería si se aplicase directamente el porcentaje de voto.

Y el resultado también se ve afectado por el tamaño de las circunscripciones. Cuantas más haya, más difícil será para los partidos pequeños lograr una representación proporcional a su apoyo social. Cuanto más grande sea, como en las europeas, más se aproxima el reparto de escaños al peso real de cada opción política entre los electores.

El modelo español es víctima, además, de otra anomalía. Casi un tercio de los escaños del Congreso representa a las provincias, dando a cada una de ellas el mismo peso, aunque en términos de población la mayor (Madrid) sea 76 veces más grande que la menor (Soria).

Esto sucede porque la Ley Electoral (LOREG), aprobada en 1985, otorga a cada provincia dos escaños (uno en el caso de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla), independientemente de su población. Esto significa que, en proporción al número de habitantes, solo se distribuyen 248 de los 350 asientos que tiene el Congreso.

La consecuencia de esta desviación, según un estudio realizado por el analista electoral Jaime Miquel, es que la Ley Electoral altera en 64 escaños la proporcionalidad real de las fuerzas políticas porque sobrerrepresenta en el Congreso a las comunidades autónomas con muchas provincias y poca población, al mismo tiempo que subrepresenta a las comunidades autónomas con pocas provincias y mucha población.

De acuerdo con este análisis, las comunidades que encabezan la lista de los territorios representados en la Cámara Alta por encima de su peso demográfico real son Castilla y León (un 43,8% por encima de lo que le corresponde por población), Castilla-La Mancha (18,8%) y Galicia (12,5%). Pero también Aragón (9,4%), La Rioja (6,3%), País Vasco (3,1%), Extremadura (3,1%) y Cantabria (3,1%).

En el extremo contrario están las comunidades representadas por debajo de lo que deberían. La lista la encabeza Madrid (un -40,6% de subrepresentación), Cataluña (-28,1%), Comunidad Valenciana (-12,5%), Andalucía (-6,3%), Illes Balears, Asturias, Murcia y Canarias (las cuatro con -3,1%).

Navarra es la única comunidad que tiene la representación que le corresponde, además de las ciudades de Ceuta y Melilla.

Castilla y León, por ejemplo, debería contribuir al Congreso de los Diputados con 17 representantes sobre 350, pero la LOREG le asigna 31 (+14), por ser una comunidad autónoma con muchas provincias y poca población en cada una. En el extremo opuesto, la Comunidad de Madrid debería contribuir con 50 representantes por su peso poblacional, pero la Ley Electoral le asigna 37 (-13), porque solo recibe dos fijos provinciales y 35 de la distribución proporcional de 248.

“La ley electoral vigente distorsiona la representación del comportamiento electoral, es decir, de la voluntad popular, porque ese comportamiento es diferente en cada comunidad autónoma y, salvo Navarra en la actualidad, estas no están representadas proporcionalmente a su población en el Congreso, algo que viene sucediendo desde el año 1977”, sostiene Miquel.

Esta anomalía, sin embargo, no está protegida por la Constitución. Se puede cambiar sin reformar la Carta Magna, defiende el autor del estudio. Porque la norma fundamental española solo dice que cada provincia deberá tener “una representación mínima inicial” y es la Ley Electoral la que estableció que fuese dos diputados por cada circunscripción.

Cambiando “dos” por “uno”, para lo cual bastaría con una reforma legislativa, la anomalía que otorga 102 escaños a las provincias se reduciría de golpe a 52. Y al mismo tiempo aumentarían de 244 a 298 los escaños que se repartirían exclusivamente en función del peso de la población.

Este simple cambio aumentaría la representación en el Congreso de la España más poblada (Madrid ganaría seis escaños y Barcelona cinco) y reduciría la sobrerrepresentación de la que tiene menos habitantes. La Cámara pasaría a representar, con más fidelidad, la España real. Si por España real entendemos los ciudadanos que viven en ella y no los territorios.

Las consecuencias de este cambio se ven mejor si se aplican a las elecciones del 23 de junio, orque afectarían al juego de las mayorías. El PP perdería seis escaños (seguiría siendo el partido más votado, pero con 131 diputados) y el PSOE ganaría dos. Vox cedería un diputado y Sumar se aseguraría cuatro más. El efecto sería insignificante para el resto de los grupos, que quedarían igual, con la única excepción de ERC y Junts (ganarían uno cada uno) y el PNV (perdería un escaño). Por bloques, la derecha (PP y Vox) perdería siete diputados (pasaría de 170 a 163) y la izquierda (PSOE y Sumar) ganaría seis (de 152 a 158).

Jaime Miquel es un firme partidario de que el PSOE lidere una propuesta de reforma de la ley electoral, que para salir adelante solo necesita 176 votos a favor. Y rechaza de plano la opinión de quienes defienden que la legislación electoral forma parte de lo que algunos juristas llaman “bloque de constitucionalidad”, normas que, por definir las reglas del juego democrático, deben ser objeto de acuerdo entre los principales partidos.

Eso es “un recurso tramposo para bloquear cualquier reforma”, razona. “Una reforma de la ley que dote de más proporcionalidad al sistema es de interés general”, por lo que, aún habiendo un cambio de mayorías en el Congreso, no cree posible una “contrarreforma” dirigida a “restar proporcionalidad” al sistema.

“No estoy de acuerdo en ese argumento de que ha de ser con el concurso de las dos grandes formaciones políticas. Ha de ser con el concurso de la mayoría parlamentaria por mayoría absoluta en el Congreso y sin necesidad de modificar la Constitución”, insiste.

Otra cosa es que el PSOE esté por la labor. A lo más que llegaron los socialistas es a comprometerse, en la legislatura anterior, a trabajar “para conseguir un amplio consenso que permtia modificar la fórmula electoral para mejorar la proporcionalidad del sistema”. Un esfuerzo del que no existe constancia y una declaración que, en todo caso, supedita cualquier reforma a un pacto con el PP.

Miquel explica que el origen de la sobrerrepresentación de la España interior hay que buscarlo en el interés de quienes diseñaron el sistema que inspiró parcialmente la LOREG, un decreto preconstitucional aprobado en el año 1977. Y que no era otro que la voluntad de evitar una victoria de la izquierda en las primeras elecciones democráticas que siguieron a la muerte del dictador y que, desde su punto de vista, hubiesen sido la excusa perfecta para que el Ejército interrumpiese la incipiente transición. “Lo del 23-F probablemente se habría producido antes y con más contundencia”, asegura.

José Ramón Montero, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid, está de acuerdo en que atribuir de partida dos escaños por provincia con independencia de la población es “muchísimo”. Y distorsiona la representación del Congreso. 

La razón es que “permite que pequeñas provincias o provincias poco pobladas, que son las habituales, tengan un peso mucho mayor que otras” en las que vive la mayor parte de la población, como es el caso de Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante o Sevilla. 

Un fenómeno que, de acuerdo con los datos del padrón de habitantes, va en aumento: las provincias más pobladas siguen creciendo y las que tienen menos habitantes continúan en retroceso demográfico. En los últimos diez años, la circunscripción de Madrid ha aumentado su población por encima del 6%. Soria, en el otro extremo, perdió un 4%. De manera que la anomalía del sistema electoral español va cada vez a más. En un sistema “un poco ‘bruto’, como diría un italiano”, explica. “Las diferencias demográficas en España son brutales. Hay una tasa de urbanización fortísima, a diferencia de muchos otros países europeos que tienen pueblos de tamaño medio, muchísimo más que nosotros”.

A Montero, sin embargo, le cuesta imaginar una reforma que corrija esta situación. “Es muy difíci”', explica, porque “supondría dejar a muchas provincias” solo con dos escaños. “Muchas pequeñas provincias perderían” y, después del fenómeno de Teruel Existe, no se puede “pensar que van a ver tranquilamente cómo se les quita” peso en la Cámara Baja.

Si el PSOE impulsase una reforma en este sentido, en aras de una mayor proporcionalidad, el PP diría que “es un atraco”, explica Montero con sentido del humor, porque Castilla y León sería una de las comunidades más perjudicadas. Y el socialista Emiliano García-Page, el presidente de Castilla-La Mancha, también pondría el grito en el cielo.

“Es muy difícil pensar que se puede modificar el modelo”, concluye. “La viabilidad parece realmente imposible”, porque en su opinión “lo lógico sería que la reforma tuviera por lo menos el consenso de los dos grandes partidos y, claro, si uno de ellos va a ser perjudicado no va a querer”.

Pero la modificación sí tiene sentido, insiste, en línea con Miquel. Por muy difícil que pueda parecer. “Porque la representación es una representación de ciudadanos”, no de provincias. Aunque haya que buscar “ámbitos geográficos” para traducir la representación.

En el Reino Unido, recuerda, “cada 10 años hacen un estudio del censo” para adaptar las circunscripciones, que allí son uninominales. Cuando acaban, “mueven las fronteras de esos distritos para que tengan un número parecido de habitantes por diputado”.

Aunque eso también tiene riesgos, como lo que los anglosajones llaman gerrymandering, una práctica política que consiste en manipular los límites de los distritos electorales con el fin de obtener una ventaja para un partido. Este proceso implica rediseñar los distritos de manera que se agrupen votantes de una manera que favorezca a una opción, ya sea concentrando a los votantes de la oposición en unos pocos distritos para reducir su influencia en otros o dispersándolos a través de muchos distritos para diluir su voto.

Montero resume la dificultad de un cambio: “Siempre se dice que los sistemas electorales tienen, y se utiliza ese término, una 'aporía' fundamental: una contradicción imposible de solventar”, y que no es otra que la necesidad de que sean los partidos que se pueden ver perjudicados los que promuevan la reforma.

¿Es el sistema electoral español injusto? Existe una corriente de opinión bastante extendida que así parece apuntarlo, con el telón de fondo de las dificultades para armar mayorías estables en el Congreso y el rol que juegan los partidos nacionalistas, pero ¿hasta qué punto es cierto? 

En las elecciones generales se eligen 350 diputados repartidos en 52 circunscripciones electorales, que corresponden a cada una de las provincias de España más las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Además, se establece una barrera del 3% del voto válido en cada circunscripción como mínimo para entrar en el reparto de asientos. Esta división del territorio en circunscripciones es un primer elemento de desequilibrio: perjudica a partidos no mayoritarios de ámbito nacional frente a los nacionalistas o regionalistas. 

De acuerdo con la ley electoral, cada circunscripción tiene asegurado un mínimo de escaños independientemente de su población: dos en el caso de las provincias y uno en el caso de las ciudades autónomas. El resto de escaños hasta los 350 se reparten de forma (aproximadamente) proporcional según la población de cada circunscripción. Este mínimo por circunscripción es otro elemento que genera desigualdad: se beneficia a las provincias menos pobladas en detrimento de las grandes. 

Abundan los casos que ejemplifican los desequilibrios que provoca nuestro sistema electoral. Algunos paradigmáticos, como el del PACMA, que en las elecciones de noviembre de 2019 obtuvo cero escaños con más de 228.000 votos, mientras que Teruel Existe obtuvo uno con menos de 20.000 apoyos. O el del “coste” de un diputado en Ceuta, menos de 13.000 votos el 23J, frente al de la Comunidad de Madrid, que ronda los 100.000.  

El objetivo del sistema al establecer estas reglas no es otro que garantizar la representatividad de los territorios menos poblados. Sin él, la representación de la España vacía quedaría reducida a la mínima expresión. Valga como ejemplo que, sin el mínimo de escaños por circunscripción, a Ceuta, a Melilla y a Soria no les correspondería ni un solo diputado.

Entonces, ¿es justo el sistema electoral? Esta es una cuestión subjetiva, ya que se contraponen dos principios: el de legítima representación de todos los territorios y el de igualdad (que un voto valga lo mismo aquí que allí). 

Un tercer elemento de desequilibrio es el método de asignación de escaños. En España se usa el método D‘Hondt, el más utilizado en nuestro entorno y que beneficia a los partidos con mayor apoyo electoral. 

En la siguiente tabla se detalla la relación entre votos y escaños obtenidos por los principales partidos en las últimas elecciones del 23J:

UPN es el partido que mejor rentabiliza sus votos, seguido por PNV, BILDU, JUNTS, PP, PSOE y ERC. Todos ellos, en mayor o menor medida, con una buena conversión voto – diputado gracias a que tienen un buen resultado en todas (o gran parte de) las circunscripciones en la que se presentan.

Del otro lado, los partidos perjudicados son Vox, Sumar, CCA y BNG, todos ellos con un coste por asiento superior a 90.000 votos. A estos partidos les perjudica no conseguir representación en algunas de las provincias donde se presentan, a pesar de sumar un buen número de votos en ellas. Y aquí llegamos a uno de los puntos más controvertidos: el método D’Hondt castiga especialmente a los partidos en ciertas franjas de apoyo, normalmente aquellas por debajo del 15% en el conjunto del territorio. Varios ejemplos: a Sumar cada diputado le ha costado 97.226 votos frente a los 63.615 del PSOE o los 51.764 de UPN. Otros casos hablan por sí solos. Ciudadanos en abril de 2019 consiguió 57 diputados con el 15.9% y en noviembre de ese mismo año solo 10 diputados con el 6.9%. Es decir, el ‘coste’ por diputado fue de 0,28% del voto válido en abril frente al 0,69% en noviembre, más del doble. O, más reciente, el caso de Vox: en las elecciones de noviembre de 2019 consiguió 52 asientos con el 15.2% frente a los 33 asientos que logró el pasado mes de julio con el 12.4%. 

Por su parte, PACMA y la CUP se quedaron sin representación a pesar de sumar más de 165.000 y 98.000 votos respectivamente. 

No siempre los partidos nacionalistas se benefician del sistema electoral. Ahí están los números: a CCA, BNG y la CUP les perjudica. Pero sí es cierto que es un sistema propicio para aquellas formaciones nacionalistas que logran un resultado alto en las provincias en las que se presenta, como es el caso de PNV, BILDU, Junts y ERC. 

Para ajustar estas asimetrías se han propuesto algunas alternativas interesantes. Vamos a exponer dos de ellas y a evaluar su efecto en distintos procesos electorales pasados.

La primera de las alternativas propuestas es sustituir el método de asignación de escaños D’Hondt por el Sainte-Laguë, que beneficia a los partidos medianos y pequeños. Este sistema, si bien está menos extendido que el D’Hondt, sí se emplea en alguna de distintas variantes países de nuestro entorno, como Noruega, Suecia o Alemania. En 2018 Unidas Podemos y Ciudadanos propusieron una reforma electoral en este sentido, argumentando que es un sistema más proporcional.

En la siguiente tabla se muestra un comparativa de los resultados del 23J con los métodos Sainte-Lagüe y D’Hondt:

Vox y Sumar serían los grandes beneficiados al sumar 10 y 6 diputados más respectivamente, mientras que NC y Teruel Existe conseguirían una representación que hoy no tienen. Todo ello a costa de PP, PSOE, Junts y PNV. 

Es decir, se prima la representación de partidos con resultados más discretos, dando lugar a un Congreso más fragmentado y donde el peso de los grandes partidos nacionales, PP y PSOE, se reduce en favor de Vox y Sumar.

No obstante, la dinámica de bloques sería similar a la que tenemos hoy: PP y Vox sumarían 170 diputados, acariciando la mayoría absoluta, pero sin posibilidad de formar gobierno.

Entonces, ¿es más proporcional el sistema Sainte-Lagüe? En la siguiente tabla se muestran los ‘costes’ por diputado y su desvío frente al promedio en ambos métodos.

Los números apuntan a que sí lo es. En la tabla de arriba podemos comprobar como el coste votos/diputado es sensiblemente más homogéneo con el método Sainte-Lagüe.

Otra alternativa propuesta sería sustituir las 52 circunscripciones actuales por 19, que corresponderían a las comunidades y las ciudades autónomas. Este sería un punto intermedio entre la situación actual que prima la concentración del voto a nivel provincial y el concepto “un ciudadano un voto”, que llevaría a una única circunscripción electoral.

El resultado del 23J con 19 circunscripciones autonómicas (respetando la suma actual de escaños por comunidad autónoma) sería:

Observamos un patrón parecido al del modelo SL vs DH: partidos menores mejoran resultados a costa, en este caso, principalmente del PP. 

La diferencia fundamental es que los partidos monoprovinciales (o aquellos que tienen su principal nicho electoral concentrado en una provincia) de comunidades autónomas multiprovinciales pierden toda posibilidad de entrar en el reparto de escaños, como es el caso de NC y Existe. 

En todo caso, la aritmética parlamentaria llevaría nuevamente a una situación similar a la actual: PP y Vox sumando 167 escaños. Cerca de la mayoría absoluta, pero sin posibilidades de gobernar.

Y, ¿cómo de proporcional es este sistema?

En este caso los números no dejan lugar a la duda: es un sistema mucho más proporcional que el de circunscripciones provinciales, con un desvío máximo sobre el promedio de menos de 16.000 votos, frente a los casi 85.000.  

Como conclusión final: sí hay alternativas razonables al sistema electoral actual para hacerlo más proporcional y a la vez respetar el principio de representatividad de los territorios. Hemos visto solo dos ejemplos, pero hay muchas otras alternativas. En cualquier caso, nada hubiera cambiado en cuanto a la formación de mayorías.

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Rafael Ruiz es consultor y analista de datos en asuntos públicos en Logoslab

El presidente electo de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado que una de sus primeras medidas toda vez que revalidará el Gobierno de la Comunidad Autónoma será iniciar el proceso de modificación del Estatuto de Autonomía que permita cambiar la ley electoral de cara a aumentar la representatividad parlamentaria de la región, informa Europa Press.

Durante su alocución en el acto institucional por el Día de Castilla-La Mancha desde Manzanares ha dicho que estas últimas elecciones "dejan lecciones evidentes", como que el sistema electoral de la región es "deficitario".

Ideado bajo el Gobierno de María Dolores de Cospedal, se trata de un sistema "literalmente mal pensado o pensado mal". "Pero la realidad es que es bastante increíble que aumentando porcentaje de votos y votos casi se impide el gobierno de la mayoría", ha lamentado.

Un sistema "absurdo" ante el que ha querido "dejar claro que una de las prioridades inmediatamente" será acometer estas reformas normativos para "eliminar el tapón democrático". "No hay plazo para alargar más una decisión que se tendría que haber tomado hace más tiempo", ha dicho.

Con la perspectiva de los 40 años transcurridos, ha valorado el "éxito" de Castilla-La Mancha, algo que pueden atestiguar José Bono y José María Barreda, expresidentes presentes en el auditorio.

Como pueden atestiguar que "nunca en la historia le ha ido tan bien a la gente" como en las últimas cuatro décadas, gracias a la Constitución española y al Estatuto de Autonomía.

El líder del Ejecutivo regional, que ha tenido palabras de agradecimiento para todos los reconocidos por su labor como castellanomanchegos, les ha alabado su "trayectoria vital en favor de la sociedad, de forma inapelable".

"Vuestra trayectoria es digna de imitarse. Se puede ser extraordinario en el mundo de las artes, de la ciencia, de la cultura, pero si no hay compromiso con la región, se puede tener el Nobel, pero no la distinción de esta comunidad autónoma", ha dicho.

Igualmente, considera que todos los premiados representan la "certeza" en un mundo donde faltan "orientaciones"; al tiempo que recogen un espíritu que siempre ha animado a una región que "nació nueva, como otras tantas" hace 40 años.

Todos ellos son ejemplo de "optimismo" como optimismo ha tenido la región al amparo de su Estatuto de Autonomía.

"A pesar de todos los problemas, el mundo tiene esperanza, pero hay que buscarla, hay que atraparla", ha conminado el presidente castellanomanchego.

La propuesta que el PP de Alberto Núñez Feijóo está trasladando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al PSOE para que los dos partidos se pongan de acuerdo y se comprometan a superar la fragmentación política y la debilidad del bipartidismo ofreciéndose mutuamente a facilitar la investidura del líder de la candidatura más votada en las elecciones esconde dificultades prácticas y hasta jurídicas que dificultan que llegue nunca a hacerse realidad. 

En el PP lo saben. Pero la defienden porque se apoya en una afirmación tan aparentemente de sentido común como falsa: el supuesto derecho del partido más votado a hacerse con el Gobierno. Una tesis propia de modelos electorales mayoritarios como el de Estados Unidos o el presidencial francés en el que quien obtiene un voto más que el resto se lo lleva todo y el presidente se elige directamente por los ciudadanos. 

Pero ese no es el modelo que rige en España desde la transición. Aquí los ciudadanos votan de manera proporcional a los diputados del Congreso y son estos quienes después deben ponerse de acuerdo para elegir al presidente del Gobierno. No es un modelo original. Se lo compramos a varios países, entre ellos y sobre todo a Alemania.

Feijóo es consciente de ello, pero le da igual. Sostiene que lo que quiere es que gobierne en España quien gana las elecciones, dando a entender que las gana el que obtiene más votos de los ciudadanos y no más apoyo en el Congreso, que es lo que establece la Constitución. “En democracia”, dice, hay que diferenciar entre “el que gana y el que pierde”. Aunque él mismo no lo haya practicado, como cuando avaló los pactos que en 2018 y 2019 dieron al PP los gobiernos de Madrid, Castilla y León, Andalucía y la Región de Murcia a pesar de que el partido más votado en aquellas elecciones había sido el PSOE.

Cambiar de modelo en España no es posible, al menos en las elecciones generales y autonómicas, sin reformar la Constitución. El artículo 68 dice claramente que el sistema de elección del Congreso tiene que ser proporcional y el 152 establece el mismo criterio para las asambleas autonómicas. Y, por si hubiera alguna duda, no sólo no dice que el presidente del Gobierno deba ser el cabeza de la lista más votada sino que señala claramente que obtendrá esa condición el candidato que obtuviese mayoría absoluta en la votación de investidura del Congreso o que, en segunda votación, lograse más votos a favor que en contra.

La propuesta de Feijóo implica, en opinión de Ignacio Durbán, profesor de Derecho Constitucional de la Universitat Internacional de València, “desatender el diseño constitucional y legal de designación de gobiernos en los distintos niveles”. Una reforma de esta envergadura, asegura, “no debería realizarse mediante un pacto de partidos elevado a escritura pública ante notario”. 

A su juicio, “resulta llamativo que el PP resucite cíclicamente esta iniciativa, interpretando a su conveniencia el sentido del mandato popular y hablando de pactos entre perdedores” mientras “gobierna en varios lugares sin ser la lista más votada”.

En el ámbito nacional, la propuesta plantea además, asegura, “problemas de constitucionalidad evidentes. El principal es que implica una quiebra del sistema parlamentario de gobierno”. En nuestro sistema parlamentario, tal y como dispone el artículo 99 de la Constitución, gobierna quien obtiene la confianza mediante una votación directa de investidura en el Congreso de los Diputados. Es, pues, a la Cámara Baja –que, además, ha sido elegida de acuerdo con criterios de representación proporcional– “a quien corresponde decidir” quién gobierna. “Los ciudadanos elegimos diputados, no presidente del Gobierno. La elección de los diputados y la elección del presidente obedecen a dos momentos y a dos mecánicas distintas; tanto es así que ni siquiera es necesario que el presidente del gobierno sea diputado”. 

Y en el plano autonómico, tres cuartos de lo mismo, advierte el profesor de València. “El artículo 152.1 de la Constitución también consagra el sistema parlamentario de gobierno en el ámbito de las comunidades autónomas, aunque con alguna diferencia, como que la presidencia, en este caso, sí debe recaer sobre un miembro de la asamblea”.

Carlos Fernández Esquer, profesor de Derecho Constitucional en la UNED y doctor en Ciencia Política por la Autónoma de Madrid, en cambio, considera “perfectamente legítimo” que PP y PSOE pacten lo que Feijóo propone. “Forma parte de la autonomía de cada partido”. “No hay ningún problema en que, en un sistema parlamentario, dos partidos que además son los más importantes desde hace muchos años y que aún lo son alcancen un acuerdo de esas características”.

“Se está planteando un acuerdo de naturaleza política en el que no se haga ninguna reforma constitucional o legal” y simplemente ambos partidos “se pongan de acuerdo y asuman el compromiso de que, en caso de que no haya una mayoría clara, el otro partido favorecerá que gobierne quien haya tenido más votos o más escaños”. 

En el sentido que señala Fernández, se respetaría el mecanismo fijado en la Constitución porque la investidura nacería de un acuerdo que haría posible la elección del presidente por mayoría absoluta o, en segunda votación, con más votos a favor que en contra. No estaríamos ante “una contradicción con el modelo español” porque sería “investido quien fuese capaz de articular una mayoría parlamentaria”. 

Lo cual no resta legitimidad, precisa, contradiciendo así a Feijóo, a la posibilidad de que del Congreso salga un acuerdo en el que el presidente acabe siendo el líder de un partido que no sea el más votado. “Puede gobernar alguien que no es el partido más votado pero que sí es capaz de articular una mayoría con otros grupos”. Es una “fórmula que se adopta en otros países”.

En cambio, Agustín Ruiz Robledo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, no está “muy seguro” de que la propuesta de Feijóo “responda al sistema político parlamentario” español, que “consiste en elegir un Gobierno salido del Parlamento, no salido directamente de las urnas”. “No contradice la letra de la Constitución” pero tampoco “responde al espíritu del sistema parlamentario” de nuestro país.

Sobre lo que no hay dudas es acerca de la escasa utilidad que puede tener la idea del líder del PP, porque una cosa es investir un presidente sin tener mayoría en el Congreso y otra muy distinta gobernar con el Parlamento en contra. Un problema que el PP quiere resolver proponiendo una reforma que prime en escaños al partido más votado, tal y como hace Grecia o intentaron en Italia, en distintas fases, Silvio Berlusconi y Matteo Renzi hasta que su Tribunal Constitucional anuló la medida.

El número tres del PP, Elías Bendodo, apostó esta misma semana por “parecernos a otras democracias europeas que hablan de mayorías reforzadas para garantizar que el que gana gobierne”. Se puede hacer “de forma progresiva”, defendió, empezando “a avanzar en algunos procesos y después en otros. Podemos empezar en municipales y autonómicas”, sugirió, para extenderlo después a las generales. “Es un paso que debe dar nuestro país más pronto que tarde”. Para garantizar la gobernabilidad, proclamó, hacen falta “fórmulas de mayoría reforzada, sin ninguna duda”.

Bendodo se refiere a soluciones como la que rige en Grecia. La Constitución helena otorgaba 50 escaños más a la lista más votada para reforzar su mayoría, pero en enero de 2020 una reforma retocó el sistema, de manera que el partido con más votos en las elecciones obtenga un bono de escaños adicionales que aumentarán dependiendo de su porcentaje, siempre que haya recibido al menos el 25% de los votos. 

La nueva norma constitucional griega otorga una bonificación de 20 escaños adicionales al primer partido y divide los 280 escaños restantes proporcionalmente entre todas las formaciones. Ese bono aumentará en un escaño por cada 0,5% de los votos que el partido más votado obtenga por encima de 25, para alcanzar un máximo de 50 escaños para los partidos que obtengan el 40% o más de los votos en todo el país.

Paradójicamente, este cambio no será de aplicación en las próximas elecciones, en las que no habrá prima para el más votado. En Grecia es la izquierda, liderada por Syriza, la que está en contra de la prima al más votado y la derecha, el equivalente del PP español —ahora en el gobierno—, con ayuda de la extrema derecha, quien ha conseguido mantener el sistema de bonificación.

En España esto no es posible sin cambiar la Constitución porque, como recuerda Fernández Esquer, al apostar por un modelo proporcional la Carta Magna “ya está excluyendo que pueda haber algún tipo de premio de mayoría al partido más votado ya sea a nivel nacional o en cada provincia”. “Jurídicamente eso no se puede hacer sin reformar la Constitución” ni en las elecciones al Congreso ni en las que se convocan para renovar las asambleas autonómicas.

Una propuesta de prima de 50 escaños a la lista más votada para asegurar la gobernabilidad, sentencia Ignacio Durbán, plantearía “problemas de constitucionalidad añadidos, tanto desde el punto de vista de la proporcionalidad, como desde el punto de vista de la igualdad del voto”.

“No se puede hacer una cosa así” con una mera reforma legal, concuerda Fernández Esquer. “Habría que reformar la Constitución”, aunque él no es partidario de ese modelo. “A mí no me parece muy recomendable porque estos premios de mayoría es verdad que garantizan la gobernabilidad pero son una forma un poco burda de conseguir la mayoría absoluta y dejan en un papel muy secundario a partidos de la oposición que a lo mejor tienen un nivel de apoyo muy relevante”.

Ruiz Robledo es de los que cree que resolver las investiduras por el sistema que propone Feijóo no soluciona gran cosa porque el presidente seguiría sin tener el respaldo del Congreso. Para entenderlo propone imaginar en qué situación estaríamos si Sánchez hubiese sido investido con sus votos (120), a qué dificultades tendría que hacer frente para sacar delante sus iniciativas en el Parlamento. 

Esa idea, concede, podría haber tenido sentido en 1993 o en 1996, cuando tanto PSOE como PP se quedaron a 15 o 20 escaños de la mayoría absoluta y tuvieron que pactar con la Convergència i Unió (CiU) de Jordi Pujol. En esa situación, opina, tanto el PP primero como el PSOE después podían haber “enviado de vacaciones” a 15 o 20 de sus diputados para garantizar la gobernabilidad sin que Felipe González y José María Aznar después tuviesen que estar pendientes de llegar a acuerdos con los nacionalistas. 

Ahora, en cambio, con ambos partidos tan lejos de la mayoría absoluta, no lo considera posible. Y tampoco se cree la sinceridad de la oferta de Feijóo, “por más que la pacten por escrito”. “Si en las elecciones el PSOE saca 130, el PP 129 y Vox 50, ¿no va a pactar el PP con Vox? ¿O el PSOE con Unidas Podemos si fuese a la inversa?”. Eso es además “lo constitucional”, subraya. 

Llegar a acuerdos en el Congreso es "la esencia” del modelo español, “precisamente lo que se buscaba con la Constitución”. Por eso, “cuando hay moción de censura se exige mayoría absoluta”. La razón, explica, hay que buscarla en el recuerdo de gobiernos “muy débiles” de la República, por eso “se intenta conseguir que el Gobierno sea relativamente fuerte”. 

Y es un sistema, recuerda, que aunque “ha medio funcionado tenía un pequeña falla: en cuanto los grandes partidos han bajado del 30% ya no se acercan” a la mayoría absoluta. Pero es un problema de las formaciones políticas, advierte, no del sistema: “Si el electorado nos hemos cansado, que [los partidos] hubieran tenido más cuidado”.

Es verdad que España tiene un problema de gobernabilidad, reconoce Fernández Esquer, consecuencia del cambio en el sistema de partidos que comenzó en 2015. “Ha demostrado que ha sido más difícil llegar a acuerdos, se han producido repeticiones electorales por primera vez en la historia de nuestra democracia”, ha prosperado una moción de censura y ha habido problemas para aprobar presupuestos. 

“Hay muchas evidencias que demuestran los problemas de gobernabilidad que tenemos desde 2015, aunque hay que reconocer también que este último Gobierno”, añade en referencia al de Pedro Sánchez, “que es el primero de coalición de la democracia reciente en España, lleva ya más de dos años gobernando y ha roto esa dinámica de inestabilidad que venimos viendo”. 

Ignacio Durbán recuerda que en el ámbito nacional son diversas las propuestas de reforma del art. 99 de la Constitución que se han puesto sobre la mesa, no sólo en el ámbito académico, sino también en la arena política. Además de “revisar y clarificar los plazos que afectan al proceso de investidura” y “reforzar el papel del presidente del Congreso en todo el procedimiento redimensionando, correlativamente, el del rey”, se debate sobre la implementación de “mecanismos subsidiarios”. 

En este sentido, las propuestas más frecuentes están inspiradas en algunos modelos autonómicos, como el de Castilla-La Mancha, donde, en caso de fracasar el procedimiento ordinario de investidura, “queda automáticamente designado el candidato del partido que tenga mayor número de escaños”. O también se han hecho propuestas que apuntan en el sentido de las regulaciones del País Vasco o Asturias, donde —en virtud de mecanismos diferentes—, “si no prospera la investidura en primera instancia, se impide votar en contra después, evitando así bloqueos”.

Sin primas de refuerzo ni cambios en los mecanismos de investidura, Ruiz Robledo tiene la solución para garantizar que no se repitan elecciones: reformar la Ley Electoral de manera que si hay una legislatura fallida “los líderes no se pueden presentar. Y se acaba la historia”. Con esa norma, asegura convencido, no se habrían repetido las elecciones en 2016 y 2019. Y es que más que un problema de modelo es de “cultura política”, subraya. En Alemania, con un sistema muy parecido y sin mayorías absolutas, los partidos siempre se han puesto de acuerdo para gobernar y nunca se han repetido las elecciones.

infoLibre publica un extracto de Reformar el sistema electoral, de Jorge Urdánoz y Enrique del Olmo, un título en el que el catedrático en Filosofía del Derecho y el sociólogo analizan la organización del voto en España. El primero se encarga de identificar "el modelo y sus males" —capítulo del que sacamos este fragmento—, mientras el segundo analiza las distintas vías de reforma posibles y los mecanismos que paliarían las deficiencias del actual sistema. 

El libro, editado por Gedisa, forma parte de una nueva colección de títulos breves y divulgativos llamada Más democracia, que se propone explicar de manera accesible algunas de las claves de nuestro sistema representativo y está dirigida por la politóloga —y colaboradora de infoLibre— Cristina Monge y el propio Urdánoz. Además del primer volumen, Comprender la democracia, de Daniel Innerarity, ya publicado, la serie  abordará en los próximos meses asuntos como la democracia interna de los partidos (Joan Navarro y José Antonio Gómez Yáñez) o la corrupción (Manuel Villoria).

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Libertades desiguales

La división de gente que define por encima de cualquier otra cosa a nuestro sistema electoral no sólo afecta a la igualdad política. Afecta también a algo muy parecido, si no idéntico, a la libertad. La libertad tiene muchas, muchísimas facetas. Es un concepto extremadamente complejo. Una de esas facetas puede denominarse «libertad electoral». La mejor manera de acercarnos a la misma es ponernos en la piel de un simpatizante de IU que viva en Teruel desde 1977. IU, en Teruel, jamás ha conseguido un escaño. Es imposible que lo consiga, porque en Teruel se eligen sólo tres escaños, y el apoyo electoral de IU en Teruel, supongamos, ronda siempre el 10% (repito que es un supuesto: lo interesante es la idea, no los datos).

Supongan que son ese simpatizante de IU, y que votan en Teruel desde 1977 hasta 2011 (en 1977 IU se llamaba PCE, pero da igual). Si votan a IU, que es el partido que más les gusta, saben que tiran su voto. Es como si no se acercaran a votar, porque jamás uno de los tres escaños puede ser para un partido con un 10% del voto. Sin embargo, si votan por su segunda preferencia, que lo lógico es que sea el PSOE, su voto puede hacer algo. Si usted —y muchos simpatizantes de IU— votan al PSOE, le ayudan a que gane al PP. Y así, de los 3 escaños de Teruel, el PSOE se lleva 2 y el PP 1. Pero si votan IU, es probable que el PP se lleve 2 y el PSOE 1. Es decir, que si votan IU, en realidad ayudan al PP.

Ahora supongan que son el mismo simpatizante de IU, pero en Madrid. ¿Qué hacen? Votan IU, desde 1977, sin demasiados problemas. En Madrid se eligen 36 escaños. Por tanto, un sencillo cálculo les dice a todos los simpatizantes de IU madrileños que, dado que las encuestas les dan un 10% de votantes, si votan sincero, ganan 3,6 es caños. Por tanto, esos votantes no tienen ninguna necesidad de cambiar su voto y votar al PSOE. ¿Para qué? Ni se les pasa por la cabeza.

Volvamos a la idea de libertad. Resulta que un simpatizante de IU, en Teruel, acaba votando al PSOE. Y, en Madrid, vota IU. ¿Cuál es más libre? Desde luego, en cuanto a su autonomía a la hora de votar o no sin interferencias, parece claro que hay más libertad —electoral, repito— en Madrid. Los politólogos, a esto que yo denomino «libertad», lo llaman de otra manera. Una manera también muy intuitiva: «efecto psicológico». O, también, «voto útil». En determinadas circunscripciones, como Teruel, hay un efecto que incide en la psicología de ciertos votantes y que les dice algo así como «no seas idiota, cambia tu voto». Esto es, hay mucha más presión para votar «útil». Aunque los nombres son muchos, parece evidente que el valor involucrado tiene que ver con la libertad.

Alguien, aquí, podría replicar: «oiga, no. Son igualmente libres el turolense y el madrileño. Ambos pueden votar por IU si quieren. La libertad es la misma, nadie les hace nada. Nadie les pone una pistola en la sien». Pero algo chirría en esa argumentación, porque lo cierto es que sí vemos un «efecto psicológico», un efecto que en un caso aparece con mucha intensidad y en el otro no hace siquiera acto de presencia.

De hecho, esta idea de libertad involucrada aquí es muy parecida a la que, en economía, fundamenta nada menos que la ley de la oferta y la demanda. Si vendo por 200 euros alfombras que compro a 100, mi libertad de seguir con ese modelo de negocio no será la misma antes que después de que un competidor me abra, pared con pared, una tienda en la que vende mis mismas alfombras por 150. Tendré que bajar el precio, y no lo haré libremente, sino contra mi voluntad. Todo muy psicológico, la violencia no aparece por ningún lado, de acuerdo… pero la libertad de poner un precio un otro no es la misma que antes. Se ha reducido.

Siendo ello así, cuesta poco ver que esa libertad electoral se mide por el número de escaños que elegimos. Cuantos más escaños pueda elegir en mi circunscripción, más libre seré de votar por mi primera opción, esto es, de votar sincero. Porque, si de lo que se trata es de representarnos… ¿qué menos que poder votar con sinceridad? Por eso la Tabla 1 es también una «tabla de libertades». En ella se refleja la mayor o menor libertad electoral que se les otorga a unos u otros ciudadanos, dependiendo del lugar en el que estén censados. Unos son, en definitiva, más libres que otros. 

  La minoría al poder

Uno de los principios fundamentales del ideal democrático es que gobierne la mayoría. La minoría —que aunque sea una minoría tendrá garantizados constitucionalmente sus derechos— ha de estar en la oposición. Y, desde ahí, podrá convencer a los electores de que cambien de opinión y de que en las próximas elecciones la conviertan en mayoría. Y vuelta a empezar. 

Esto, que es como el abc de la democracia, tampoco se cumple en España. En España, por raro que les suene, lo normal es que gobierne la minoría y que los representantes de la mayoría estén en la oposición. Colomer utiliza, con mucho acierto, la expresión «democracia minoritaria» (Colomer, 2018). Ya sé que es algo que choca, que repele al sentido común democrático. Pero también es algo empírico e irrefutable. En el Gráfico 1 se reflejan los votos populares que han respaldado a los diferentes gobiernos desde 1982, así como los escaños logrados con tales votos.

  Gráfico 1: La democracia minoritaria

Fuente: elaboración propia.

Como puede verse, lo normal en España es que el gobierno no se encuentre respaldado por una mayoría de votantes. De hecho, lo normal es que, aunque los diputados elegidos por una mayoría de votantes se unan… sigan siendo minoría en el Congreso. Es como el mundo al revés. En palabras de Colomer (2018: 212): «España es el único país de Europa donde, en más de cuarenta años de democracia, siempre ha habido, a nivel estatal, gobiernos controlados por un solo partido, nunca se ha formado un gobierno de coalición, y todos los gobiernos se han basado en una minoría de votos populares».

Como se observa en el gráfico, en 2016 ocurrió que un partido minoritario no alcanzó, gracias a la sobrerrepresentación en escaños que tradicionalmente le otorga el sistema, los escaños suficientes para formar gobierno. Ya había ocurrido en 2015, unos meses antes, y por eso las elecciones tuvieron que repetirse. Puede decirse —muchos lo dijeron— que en esas dos convocatorias el sistema electoral «fracasó», en el sentido de que no otorgó el poder al partido más votado, con independencia de que fuera o no apoyado por una mayoría real de votantes. Los que así piensan lo dicen claro (Wert, 2010): lo importante no es tanto que el gobierno esté respaldado por una mayoría de votantes como que haya gobierno. Esa pejiguera de «la mayoría» es un molesto asuntillo menor. Como, por descontado, lo son otros derechos, como la igualdad de voto, al lado de cierta «eficacia» que ha de garantizarse incluso al precio de pisotearlos. Nuestro sistema electoral, como puede verse, está configurado a la manera de quienes así piensan. No es un sistema electoral mayoritario, sino más bien minoritario.

Nosotros, aquí, discrepamos. Respetamos demasiado el viejo y honorable principio de mayoría como para sacrificarlo por un plato de lentejas sobrerrepresentadas. No creemos, por lo demás, ser los únicos en sostener la extravagante tesis de que esto de que nos gobiernen siempre minorías, y además por mayoría absoluta, no parece la mejor de las ideas.

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, aprovechó este jueves el incidente protagonizado por el diputado republicano Gabriel Rufián y el ministro de Exteriores, Josep Borrell, para recuperar la propuesta de reforma electoral con la que quiere impedir a los partidos nacionalistas e independentistas conseguir escaño en el Congreso.

La idea de Cs, que de momento no cuenta con el respaldo de ningún partido, ni siquiera del PP de Pablo Casado, es excluir del reparto de escaños a las candidaturas que no obtengan el 3% de los votos en el conjunto de España. De haber estado en vigor ese requisito en las elecciones de 2016, se hubieran quedado fuera del Congreso siete formaciones que representan a casi tres millones de personas: Compromís-Podemos-EUPV, Esquerra, el actual PdeCAT, En Marea, el PNV, EH Bildu y Coalición Canaria. En teoría, porque en realidad nada hubiese impedido a los nacionalistas de diferentes territorios formar coaliciones para superar fácilmente el listón del 3% y acceder así a la Cámara baja. No habría cambios.

Aun así, Rivera proclamó en rueda de prensa desde el Congreso que “ha llegado la hora de que los españoles nos defendamos de los que quieren liquidar nuestra democracia”, en referencia a los independentistas catalanes. Según él, “el espectáculo que vimos ayer” —el incidente en la Cámara baja— no se hubiera producido con un listón electoral del 3%. “Porque los partidos que quieren liquidar España no estarían en el Congreso. ¿Cómo van a representar a los españoles aquellos que ni tienen votos en toda España ni tienen un mínimo de votos?”, se preguntó.

El líder de Ciudadanos defendió el listón del 3% como una regla “legítima, sensata, prudente y democrática”. Y además “europea”, aseguró, porque “el Parlamento Europeo ha aprobado una resolución que nos va a obligar a todos los países antes de 2024 a adaptar nuestra legislación con un corte entre el 2 y el 5%”. “Nosotros proponemos un 3% para que Rufián no humille a los españoles”, añadió.

Lo que dice Rivera, sin embargo, no es verdad. Lo que el Parlamento de Estrasburgo aprobó en julio, de acuerdo con el Consejo Europeo, es que los países que eligen más de 35 diputados en las elecciones europeas —entre los que está España— adapten antes de mayo su legislación para fijar un listón entre el 2 y el 5% que en todo caso no seria de aplicación hasta 2024 y que sólo serviría para elegir eurodiputados, en ningún caso para las elecciones nacionales.

De hecho, a día de hoy ni siquiera es seguro que la reforma electoral europea llegue a aplicarse. Los cambios deben ser aprobados por los 27 Estados a los que quedará reducida la UE tras el Brexit según lo previsto en sus respectivos marcos constitucionales y basta con que uno de ellos no lo haga para que la propuesta no pueda entrar en vigor. En estos momentos, según fuentes del Parlamento Europeo, todavía faltan muchos Estados por aprobar la reforma, entre ellos España.

Rivera criticó a PP y PSOE por estar en contra de su propuesta. “Que no se quejen después del espectáculo ni de la dependencia de los nacionalistas”, advirtió.

Ciudadanos ya intentó que el Congreso se pronunciara a favor de esta iniciativa el pasado mes de junio aprovechando una proposición no de ley del PP. En aquella ocasión, la formación de Rivera defendió a través de una enmienda que la Cámara baja mandatase al Gobierno a “incluir, en una próxima reforma del sistema electoral, la obligación de que todas las candidaturas alcancen un mínimo del 3% de los votos válidos emitidos a nivel nacional como requisito para obtener representación en el Congreso de los Diputados”. El PP se negó a aceptar la propuesta.

Reforma electoral

La única reforma electoral que está siendo debatida en estos momentos en una subcomisión del Congreso es la que desde abril busca la manera de modificar el mecanismo de votación de los españoles en el extranjero.

Esta misma semana, el PP de Pablo Casado condicionó la supresión del requisito del voto rogado —la exigencia de que los españoles que vivan en otros países deban reclamar las papeletas para poder votar— a que la alternativa que se apruebe ofrezca garantías equivalentes a las que se aplican en España para el voto por correo o la delegación de trámites.

Desde 2011, el voto rogado obliga a los españoles residentes en el exterior a solicitar previamente el voto en cada convocatoria de generales, autonómicas y europeas, lo que ha hecho caer en picado la participación de los inscritos en el Censo de Residentes Ausentes (CERA). El sistema anterior se cambió a la vista del fraude que generaba, toda vez que no había manera de estar seguros de quién remitía las papeletas desde el extranjero, lo que dio lugar a la emisión de votos en nombre de personas fallecidas.

Todos los grupos parlamentarios coinciden en que es necesario dar una solución a este sistema con la idea de que pueda aplicarse en mayo a las las elecciones autonómicas y europeas —los residentes en el extranjero no pueden votar en las municipales—.

El Gobierno ya trasladó a finales de octubre al Congreso el informe comprometido por el ministro del ramo, Josep Borrell, con algunas sugerencias para acabar con el voto rogado.

Aunque dicho informe tuvo una buena acogida entre los grupos, según el portavoz del PSOE en la Comisión Constitucional, Gregorio Cámara, el PP cuestiona algunas de las medidas incluidas en ese documento por considerar que no ofrecen suficientes garantías, informa Europa Press.

El informe redactado por los Ministerios de Exteriores, Interior y Migraciones, en colaboración con la Oficina del Censo Electoral y el propio Cámara, apuesta por eliminar directamente la exigencia del ruego del voto, establece que los electores emigrados reciban toda la documentación electoral “con tiempo suficiente” para poder votar —se ganarían 17 días—, y propone que se les adelante una papeleta en blanco donde podrán escribir su opción política.

Para votar, los interesados tendrían dos opciones: bien acudir presencialmente al Consulado o legación, para lo cual tendrán cuatro días en lugar de dos como actualmente, o hacerlo por correo ordinario, sin la exigencia de que sea certificado, garantizando así la gratuidad absoluta del voto.

Pero el PP no ve suficientes garantías de que, sin el voto rogado, la documentación electoral sea recibida efectivamente por el emigrante y no por otra persona, ni de que el votante del exterior sea realmente quien deposita la papeleta en una sede no oficial de España.

Los conservadores rechazan también la propuesta de la papeleta en blanco por falta de seguridad, pero sí apoyan la idea de ampliar los días para recibir la documentación electoral y para poder recibir la documentación. Es más, plantean que las papeletas con las candidaturas se envíen incluso antes de que se acaben de resolver los últimos recursos que puedan recibir y que se amplíe la red de colegios para votar en el extranjero aprovechando oficinas del Instituto Cervantes u otros centros oficiales.

Otra de las propuestas del PP, según explicaron a Europa Press fuentes de partido, pasa por que los envíos al exterior no se realicen desde la Oficina del Censo Electoral, como actualmente, sino que viajen por valija diplomática para asegurar así que esa documentación llegue a su destino en 48 horas.

La idea inicial de la subcomisión es que cualquier modificación en este sentido pueda estar lista para las elecciones europeas y autonómicas de la próxima primavera, para lo cual la reforma electoral debería estar concluida, como muy tarde, en enero.

El PP no ha recabado este martes suficientes apoyos en el Pleno del Congreso para poder tramitar su proposición de ley de reforma electoral que busca asegurar la alcaldía al partido más votado e impedir pactos de investidura en su contra. El PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, PNV y los independentistas de ERC y PDeCAT han cuestionado la propuesta tachándola de "pataleta", "oportunista" y "partidista".

La iniciativa, presentada en el Pleno del Congreso por la diputada Ana Alós, que fue alcaldesa de Huesca, permite otorgar la mayoría absoluta de la Corporación a la lista que gane las elecciones municipales con un respaldo del 35% de los votos válidos y una ventaja de cinco puntos sobre el segundo partido, o incluso con un 30% de los votos si además saca diez puntos de diferencia al siguiente. Y si nadie cumpliera esos requisitos, se organizaría una segunda vuelta a la que sólo podrían concurrir las candidaturas que hayan obtenido como mínimo el 15% de los votos en la primera, imposibilitando que pueda haber cambios en las listas por coaliciones sobrevenidas.

El PP propone otorgar la mayoría absoluta al ganador de la segunda vuelta si logra el 40% o saca siete puntos de ventaja a la segunda lista, y el resto de los escaños se repartiría entre los demás teniendo en cuenta los porcentajes de la primera vuelta. Cuando ninguna candidatura alcanzase esos requisitos, la atribución de los puestos de concejales en cada ayuntamiento se realizará aplicando el procedimiento ahora vigente en función de los resultados obtenidos en la primera vuelta.

Según ha explicado Ana Alós, el PP está dispuesto a negociar los porcentajes de su iniciativa y ha insistido en que apostar por este modelo "sólo puede dar miedo a quien crea que no puede obtener el apoyo mayoritario de sus convecinos".

El diputado de Unión del Pueblo Navarro, Carlos Salvador, socio electoral del PP, ha manifestado su no oposición a tramitar la proposición de ley, aunque cree que habría que cambiar algunos aspectos. Entonces, el resto de portavoces han ido multiplicando sus críticas a la reforma del PP. Nacho Prendes, de Ciudadanos, ha rechazado apoyar la reforma por considerarla un "atajo partidista" y, aunque no se oponen a la elección directa del alcalde, creen que eso no está reflejado en la ley del PP, la primera que registró el equipo de Pablo Casado tras llegar a Génova.

El resto de partidos, contra el olvido de la representatividad de la pluralidad

El ponente del PDeCAT, Jordi Xuclà, cuestiona la propuesta del PP, que sólo se contempla en Grecia o Italia y para municipios pequeños, y ha defendido la conveniencia de preservar la representatividad de la pluralidad de la Corporación. Para Mikel Legarda, del PNV, el modelo del PP es "electoralista" y sólo busca beneficiar al proponente, pero los nacionalistas no comparten la idea de primar con la mayoría absoluta a un partido que no la ha obtenido en las urnas.

Para Joan Tardà, de ERC, es una iniciativa "muy oportunista" para tratar de compensar la pérdida de poder municipal del PP tras las elecciones de 2015, mientras que Alicia Ramos, de Unidos Podemos-En Comú, opina que es una ley propia de "un partido centralista al que le gusta muy poquito la democracia". "Es una proposición pataleta y rencorosa", ha resumido.

Como la mayoría de los grupos, la socialista Susana Sumelzo ha reprochado al PP haber presentado esta propuesta unilateralmente, al margen de los trabajos de la subcomisión del Congreso encargada de la reforma electoral, y ha lamentado que los populares traten de resolver sus problemas "culpando a los votantes". "Es una propuesta demagógica -ha remarcado-: Su problema se resuelve de manera sencilla: presenten buenos candidatos, buenos programas y miren hacia adelante. Y céntrense".

La aparición de los nuevos partidos y el comienzo del fin del bipartidismo son un problema para el PP. Así que se ha propuesto resolverlo cambiando las reglas de juego. El partido de Pablo Casado pretende que el año que viene esté en vigor una reforma de la Ley Electoral que, cuando toque renovar la representación política de los municipios españoles, favorezca a la candidatura más votada concediéndole la Alcaldía y el control del ayuntamiento incluso aunque sólo represente al 30% de los vecinos.

La propuesta del PP haría mucho más difíciles los pactos, por ejemplo entre partidos de izquierdas, para gobernar juntos, incluso aunque de común acuerdo representen la voluntad de un 70% de los electores. En la actualidad, sólo una de las 20 localidades españolas más pobladas (Vigo, en manos del PSOE) está gobernada por mayoría absoluta.

Lo que propone el PP es un complejo sistema electoral a dos vueltas que cambiaría por completo el modelo actual de representación. En la primera jornada de votación, el partido más votado tendría dos oportunidades de quedarse con todo, la alcaldía y la mayoría absoluta de los concejales, sólo con obtener el 35% o más con una ventaja de al menos cinco puntos sobre el segundo partido o sumando al menos el 30% de los votos si la distancia con el segundo alcanza al menos los diez puntos de diferencia.

El cálculo se entiende mejor con un ejemplo. En el Ayuntamiento de Málaga, el PP fue en 2015 la fuerza más votada con un 36,4% de los votos y más de diez puntos de ventaja sobre el PSOE. El PP tiene la alcaldía, pero no mayoría absoluta para gobernar la ciudad sin pactar con otras fuerzas: la reforma que propone Casado se la daría.

En Murcia pasaría lo mismo, igual que en Bilbao. En ambas ciudades PP y PNV, respectivamente, pasarían a gobernar a su antojo a pesar de no representar más que al 37% de los votantes. Casi el 63% de los ciudadanos de ambas localidades se quedarían sin capacidad de influir en las decisiones de su ciudad. Entre las 20 localidades más grandes de España el PP se hubiese anotado, sólo con sus nuevas reglas para la primera vuelta, otra mayoría absoluta en Alicante, donde hoy se ven obligados a pactar, y el control de otros tres municipios en los que el PSOE alcanzó la Alcaldía mediante acuerdo con otros grupos: Valladolid, Córdoba y Granada. Este sistema de reparto también habría reforzado al PSOE en L’Hospitalet de Llobregat, donde podría gobernar por mayoría absoluta sin necesidad de pactos.

¿Y qué ocurre si en primera vuelta no se produce ninguno de los dos escenarios que propone el PP en su reforma? Qué habría que volver a votar en segunda vuelta, aunque en ese caso los ciudadanos sólo podrían elegir entre las candidaturas que hubiesen obtenido más del 15% de los sufragios. Ganaría por mayoría absoluta, siempre según la propuesta del PP, el partido que cumpliese una de estas dos condiciones: obtener el 40% o más de los votos o, si tiene menos, superar a la segunda candidatura al menos en siete puntos porcentuales. Y no serían posibles la coaliciones antes de volver a votar.

Si nos atenemos a lo ocurrido en 2015, el PP se vería también muy beneficiado por la segunda vuelta, al menos en las 20 ciudades con más población, sobre todo por la división del voto en la izquierda.

Los casos de Madrid y de Barcelona

Veamos el caso de Madrid. Hace tres años, la candidatura del PP fue la más votada, con el 34,5% de las papeletas, seguida muy de cerca por Ahora Madrid (31,8%) y, a mayor distancia, por el PSOE, con un 15,28%. Ahora Madrid y PSOE unieron fuerzas (juntos representan al 47% de los madrileños) e hicieron alcaldesa a Manuela Carmena, pero si se aplicase la reforma que propone Casado, las cosas hubiesen sido bien distintas.

En Madrid se hubiese celebrado una segunda vuelta con sólo tres opciones —PP, Ahora Madrid y PSOE—, por lo que previsiblemente los votantes de Ciudadanos de la primera vuelta (11,4%) se hubiese refugiado en el PP, elevando hipotéticamente el porcentaje de los conservadores al 45,9%. Ahora Madrid y PSOE, unidos, seguirían sumando más (el 47%) pero el PP se haría con la Alcaldía y con el control del ayuntamiento por mayoría absoluta porque habría quedado por encima del 40%, frente al 31,8% de la candidatura de Manuel Carmena.

En Barcelona la complejidad del mapa político hace impredecible suponer qué hubiese pasado de haber estado en vigor la reforma del PP. Con los resultados de 2015 la segunda vuelta hubiese sido obligada, pero los votantes sólo habrían podido elegir entre dos de las siete opciones que lograron representación en el consistorio: Barcelona en Comú y la antigua CiU. Es muy aventurado suponer a dónde se hubiesen dirigido los votos de Cs, Esquerra, PSC, PP y la CUP. Si al final de la segunda vuelta ni CiU ni la candidatura de la actual alcaldesa, Ada Colau, hubiese obtenido más del 40% o una distancia de siete puntos sobre la otra lista, el reparto final de los asientos en el ayuntamiento se llevaría a cabo por el método actual, siempre según la propuesta de reforma electoral del PP.

El escenario de la segunda vuelta probablemente hubiese favorecido al PP o a sus partidos satélite en Zaragoza, Palma de Mallorca, Las Palmas, Vitoria y Gijón, porque el voto de la izquierda hubiese concurrido dividido. En A Coruña es muy difícil especular sobre qué habría pasado, porque aunque en la segunda vuelta hubiesen participado En Marea, PP y PSOE, el resultado fue tan ajustado que es difícil imaginar cómo hubiesen afectado los votos de BNG y Ciudadanos de la primera vuelta. Lo más probable es que, al final, hubiese habido un reparto de escaños por el sistema tradicional.

Ese modelo de representación, el actual, que se basa en una fórmula matemática de reparto proporcional conocida como la Ley d'Hondt, se aplicaría si ninguno de los escenarios de sobrerrespresentación de la candidatura más votada se alcanza. Y si se alcanzase, la mitad menos uno de los asientos en cada municipio se seguirían repartiendo entre las demás fuerzas con arreglo a este criterio, aunque su trascendencia política sería nula.

Es muy poco probable que el PP encuentre eco en las demás fuerzas políticas para sacar adelante esta reforma, pero de la importancia que Casado otorga a este debate –que no es otro que el del voto útil— da idea el hecho de que sea la primera iniciativa que Casado impulsa en el Congreso y una de las que pondrá encima de la mesa este jueves en La Moncloa durante su primera reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La nueva portavoz del PP en la Cámara baja, la exministra de Sanidad Dolors Montserrat, asegura que “hay tiempo” para hacer realidad la reforma antes de volver a votar. Y la justifica como una demanda de los ciudadanos que, según ella, reclaman que “gobiernen los alcaldes que ellos deciden” pese a que no es un sistema de elección directa, sino que se vota la composición de cada ayuntamiento. Pactar entre partidos para formar mayorías y gobernar equivale, en su opinión, a alcanzar “acuerdos oscuros en los despachos en contra de la voluntad de los ciudadanos”. “Así sólo hay gobiernos débiles que pagan hipotecas ocultas como pasa con el Gobierno de Sánchez”, apostilló durante la presentación de la iniciativa.

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, propuso el sábado en un acto en Málaga una reforma electoral con el objetivo de impedir que los partidos que no obtengan al menos el 3% del total de votos emitidos en toda España unas elecciones generales no puedan participar en el reparto de escaños y, en consecuencia, se queden sin representación en el Congreso. El líder de la formación naranja justificó esta propuesta en la necesidad de que "los españoles no estén en manos del 0,5 o 0,7% de nacionalistas que cambian el Gobierno o deciden los Presupuestos Generales del Estado". También aseguró que su objetivo es una ley electoral con "listas abiertas" en la que "los votos valgan igual en todo el país".

Con este anuncio, Ciudadanos enmienda la propuesta de reforma electoral que había defendido hasta la fecha y que tenía como eje que los 350 escaños del Congreso se escogieran en dos urnas diferentes: 175 en listas cerradas y circunscripción nacional en la que se imponía ese límite de al menos un 3% de los votos del conjunto de España y otros 175 en circunscripciones "de ámbito territorial superior al provincial" que solo elegirían un representante, tal y como ocurre en Reino Unido. Actualmente, las candidaturas que obtiene menos del 3% de los votos válidos emitidos en la circunscripción se quedan fuera de la atribución de escaños (artículo 163.1 de la LOREG).

La propuesta de Ciudadanos va sin duda enfocada a limitar la presencia de las formaciones periféricas en el Congreso, pues ninguno de los partidos nacionalistascon representación parlamentaria logró alcanzar ese porcentaje en los últimos comicios. Compromís fue el partido que quedó más cerca, con el 2,7% de los sufragios totales en España, seguido de ERC, con el 2,6%, PDeCat (2%), PNV (1,2%) y EH Bildu (0,8%). Durante su intervención, Rivera aludió a los "privilegios" de las formaciones nacionalistas e insistió en la importancia de mantener la "igualdad de todos los españoles", si bien incurrió en varias contradicciones y falsos mitos que infoLibre desgrana a continuación. 

01. Los "privilegios" de los nacionalistas. Los datos oficiales desmienten que todas las formaciones nacionalistas periféricas salgan sistemáticamente beneficiadas del actual sistema de reparto de escaños. De hecho, en líneas generales, muestran que el sistema ha sido proporcional para este tipo de partidos, pues su porcentaje de diputados ha sido muy parecido a su porcentaje de votos. Lo que sí es evidente es que el actual modelo de reparto de escaños, diseñado por UCD, beneficia a los partidos que ganan las elecciones. 

Por ejemplo, el PP, en las cinco elecciones que ha ganado en todo el período democrático ha obtenido, de media, 24 representantes más en el Congreso de los que le habrían correspondido en un sistema proporcional puro. El principal desvío tuvo lugar en la cita con las urnas de noviembre de 2011, cuando con el 44,6% de los votos obtuvo el 53,1% de los escaños. Entonces, los conservadores se hicieron con 186 actas, treinta más de las que habrían obtenido con una proporcionalidad perfecta. 

Lo mismo ocurre con el PSOE, aunque en este caso la media de diputados extra en las seis elecciones en las que ha quedado en primer lugar es de 26. Por ejemplo, en las generales de 1989, los socialistas fueron primera fuerza con el 39,6% de los votos, un resultado que les sirvió para quedar al borde de la mayoría absoluta en escaños, 175. Es decir, justo el 50% de todos los asientos que hay en el Congreso. En las otras siete elecciones ha obtenido, de media, diez diputados más de los que le habrían correspondido con un un sistema proporcional puro. 

Muy llamativo resulta también el caso de UCD. En las primeras elecciones del actual período democrático, en 1977, el partido de Adolfo Suárez quedó en el primer puesto con el 34,4% de los votos. Con este resultado consiguió hacerse con 165 escaños, el 47,1% del total. Con una proporcionalidad perfecta se habría quedado con 121 actas, 46 menos. En los siguientes comicios, los de 1979, el 34,8% de los sufragios obtenidos le sirvieron para acceder a 168 actas, el 48% del total, 46 más de la que le habría otorgado un sistema proporcional puro. 

El único partido nacionalista que ha salido algo beneficiado por el actual sistema es el PNV. Ha obtenido entre uno y dos escaños extra respecto a un modelo de proporcionalidad pura en cada una de las 13 elecciones celebradas desde 1977. En contraposición, el partido peor parado es ERC que, de media, ha obtenido en cada elección un parlamentario menos que con un modelo proporcional. Y en los comicios de 2000, 1993 y 1977 obtuvo dos diputados menos de los que le habrían pertenecido. En los casos de las diferentes marcas con las que se han presentado tanto Convergència como la izquierda abertzale, apenas hay desviación entre el porcentaje de votos y el de escaños. 

02. La falacia de que todos los votos valgan "igual". Durante su intervención el pasado sábado, Rivera también aseguró que el objetivo que pretende con su propuesta de reforma es que todos los votos "valgan igual en todo el país". Sin embargo, de llegar a materializarse, el nuevo sistema pondría en duda el mandato constitucional de que la elección de diputados "se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios de representación proporcional." (artículo 68.3). 

Por ejemplo, tomando como referencia el resultado de las últimas elecciones generales, quedarían fuera del sistema de asignación de escaños los votos de 2.673.015 electores que optaron en esos comicios por dar su apoyo a formaciones que sí obtuvieron representación parlamentaria con el actual modelo a pesar de haber obtenido menos del 3% de los votos del conjunto del país.

Así, no tendrían acceso al Congreso las formaciones que quedaron segundas y cuartas, respectivamente, tanto en el País Vasco (PNV y EH Bildu), como en Cataluña (ERC y CDC). En diciembre de 2015, los votantes excluidos habrían sido 2.856.640. En ambos casos, sólo habrían obtenido representación los cuatro principales partidos PP, PSOE, Podemos (en este caso, incluyendo a IU y a su confluencia valenciana con Compromís) y Ciudadanos. 

03. Una barrera electoral fácil de sortear. Por otro lado, Ciudadanos también obvia con su propuesta que los partidos nacionalistas tendrían fácil coordinarse para sortear esa barrera del 3% a nivel estatal. Bastaría con que conformaran una coalición electoral que se presentara en varias circunscripciones y que les permitiría incluso mantener sus siglas. Para ello, tendrían que registrarla ante la Junta Electoral bajo una denominación común que luego debería aparecer en sus papeletas aunque a continuación del nombre de la formación respectiva.

Esta es la fórmula, por ejemplo, que ha usado de manera recurrente IU para que concurran sus diferentes federaciones. De hecho, es un modelo que las formaciones nacionalistas han experimentado también en las elecciones europeas, pues la circunscripción única de estos comicios las obliga a coaligarse si quieren tener asientos en el Parlamento Europeo a pesar de que no existe barrera electoral. CiU, PNV y Coalición Canaria acudieron a las últimas europeas, las del 25 de mayo de 2014, bajo la marca Coalición por Europa. 

La coalición electoral también les permite tener acceso a los espacios gratuitos de propaganda electoral así como a las subvenciones electorales manteniendo la proporción de los votos obtenidos en la elección anterior por los partidos que la integren. 

La reforma de la ley electoral prometía ser uno de los temas candentes de esta legislatura. En mayo del año pasado, quedó constituida en el Congreso una subcomisión para abordar cambios en una norma criticada desde hace años por los grupos minoritarios y, en los últimos tiempos, por Unidos Podemos y Ciudadanos, que han realizado propuestas para sustituirla por un método más proporcional. Pero esa subcomisión está prácticamente parada: su última reunión se celebró el pasado mes de marzo, y en un año de ella no ha salido ninguna propuesta concreta, ya que únicamente se ha dedicado a escuchar comparecencias de expertos y organizaciones de la sociedad civil.

Hace unos días, la reforma de la ley electoral volvía a la actualidad después de que el portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, sacara del cajón una de las propuestas clásicas de los conservadores: el cambio en la norma para garantizar que gobierne la lista más votada en las elecciones locales. Hernando aseguró que durante "este periodo de sesiones" –que termina en junio– el PP presentará una "iniciativa" en este sentido para que "el alcalde sea elegido por los ciudadanos y no en despachos". Ciudadanos, por su parte, señaló este fin de semana que "estudiará" la propuesta cuando sea presentada.

El portavoz del PP no concretó ni el formato de esa iniciativa –si fuera una proposición no de ley no tendría ningún tipo de efecto vinculante– ni tampoco si su grupo la presentará para ser debatida por el pleno o por la comisión. Pero lo cierto es que, hasta este momento, solo Unidos Podemos y Ciudadanos han mostrado interés en reformar la ley electoral, y de hecho el partido morado presentó el pasado febrero una propuesta concreta para sustituir el actual sistema D'Hondt de reparto de escaños por el método Sainte-Laguë, que aumenta la proporcionalidad.

PP y PSOE han rechazado esta propuesta, y buena muestra de la escasa iniciativa que existe por parte de estos partidos a la hora reformar la ley electoral es la parálisis de la subcomisión constituida en el Congreso en mayo de 2017. Desde que fue creada como un órgano dependiente de la Comisión Constitucional, la subcomisión únicamente ha servido para escuchar las propuestas y apuntes de once comparecientes, y el pasado mes de diciembre el pleno del Congreso aprobó ampliar hasta el próximo 30 de junio el plazo que tenía otorgado para entregar un informe de conclusiones sobre la reforma de la ley electoral, dado que apenas se han producido avances.

Tanto Unidos Podemos como Ciudadanos aseguran que la subcomisión está, como poco, congelada. "No se reúne, y cuando lo ha hecho solo ha sido para escuchar comparecencias, por eso nosotros comenzamos a mover nuestra propuesta fuera de la subcomisión", afirman fuentes de Unidos Podemos, que en febrero comenzó a mantener reuniones para presentar al resto de partidos su propuesta para reformar la ley electoral. Y lo mismo denuncia Ciudadanos: "La subcomisión va al trantrán porque está claro que el bipartidismo no quiere cambiar" la norma.

La reforma del voto rogado

De las once comparecencias que se han celebrado en el año que lleva en marcha la subcomisión, seis han sido de funcionarios del Estado de diversa índole y otras cinco, de expertos y asociaciones de la sociedad civil. El tema que se ha abordado con más frecuencia ha sido la reforma del voto rogado, un asunto muy polémico desde que se reformó el sufragio desde el exterior en 2010 y se complicaron los trámites para ejercer el derecho al sufragio, lo que ha provocado que se haya reducido sensiblemente la participación en las elecciones de los españoles en el extranjero. No obstante, este problema afecta a un número relativamente reducido de personas y repercute escasamente en el reparto final de los escaños.

En este sentido, María Almena, portavoz de la Marea Granate, defendió ante la subcomisión que la reforma electoral debía contemplar, en lo relativo al voto exterior, cinco aspectos: "el sistema de inscripciones en el exterior, la derogación del ruego del voto, la ampliación de los plazos de los envíos electorales, la dotación de medios a consulados y a la Administración en el exterior en general y una reforma del sistema de voto".

Por su parte, Victoria González-Bueno, directora general del departamento de Españoles en el exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores, admitió que el Gobierno es consciente de que "los españoles consideran" que el voto rogado les "perjudica". Y con ella coincidió en su intervención Carlos Granados, actual presidente de la Junta Electoral Central, que explicó que la participación desde el extranjero ha pasado de un 31% en las elecciones de 2008 –sin voto rogado– a apenas un 6,3% en las de 2016.

"Pocas conclusiones" de las comparecencias

Por el contrario, las comparecencias relativas a otros cambios en el sistema electoral han sido mucho menos frecuentes, aunque también se han producido. Buen ejemplo es el de Miguel Colomo, portavoz de la plataforma Por un voto igual, que afirmó ante los diputados que la próxima ley electoral debe contemplar medidas como la eliminación de la exigencia de recoger un número mínimo de firmas para participar en los comicios. Colomo también pidió que, para promover la difusión de los partidos sin representación, el Estado prepare una web única en la que publique información sobre todas las formaciones que se presentan a las elecciones, así como que todos los partidos cuenten con el mismo tiempo en los medios de comunicación públicos.

En lo relativo al método de votación y a la asignación de escaños, el portavoz de Por un voto igual abogó por eliminar la barrera que impide a los partidos que no consigan un 3% de los votos obtener diputados y, asimismo, desbloquear las listas. No obstante, la modificación más trascendental propuesta por el colectivo fue el cambio del sistema D'Hondt para asignar los escaños en cada provincia por el sistema Sainte-Lagüe –el defendido por Unidos Podemos– o, en su defecto, el sistema Hare. En este último caso, Colomo planteó que deberían aumentarse "a 400 los escaños a repartir" y rebajar el número mínimo de escaños por provincia de dos a uno.

No obstante, los partidos aún no han presentado ninguna propuesta ni han comenzado a debatir un eventual informe. "Y de las comparecencias que han tenido lugar la verdad es que se han podido sacar pocas conclusiones, han sido bastante pobres, salvo quizá en lo relativo al voto rogado", critican desde Unidos Podemos, donde aseguran que siguen hablando con Ciudadanos pero ponen la pelota en el tejado del PSOE. "Nunca han querido negociar, ni en público ni discretamente", denuncian. Y sin los socialistas, la reforma de la ley electoral está abocada al fracaso.

¿Perjudica la reforma electoral propuesta por Unidos Podemos a las provincias menos pobladas? En los últimos días, dirigentes de PP y PSOE han utilizado ese argumento para rechazar el proyecto impulsado por la coalición morada y que cuenta con el beneplácito de Ciudadanos, una propuesta que perjudicaría especialmente a los conservadores, los más fuertes en la España rural. Pero la afirmación no es cierta: ningún territorio perdería representatividad porque la iniciativa no toca el número de diputados asignados a cada circunscripción, pero sí que cambiaría el reparto de los parlamentarios en 21 provincias, tomando como referencia los resultados de las elecciones generales de 2016.

Los dos principales partidos han sacado a algunos de sus principales dirigentes a criticar la propuesta. En el caso del PP, fue la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, la que denunció que la reforma electoral propuesta por Unidos Podemos "perjudica a las zonas de España con mayores problemas de despoblación". El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, utilizó el mismo argumento e incluso fue más concreto al asegurar que "con las medidas que plantean" Unidos Podemos y Ciudadanos, "provincias como Teruel se quedarían sin ninguna representación".

El problema de esas declaraciones es que no son ciertas. Ni Teruel ni ninguna de las otras 51 circunscripciones –que se corresponden con las provincias y con las ciudades de Ceuta y Melilla– verían alterada su representación en el Congreso con la reforma de Unidos Podemos: pese a que, de hecho, las zonas menos pobladas están sobrerrepresentadas con respecto a su número de habitantes, Madrid seguiría escogiendo 36 diputados (la provincia que más) y Ávila, Cuenca, Guadalajara, Teruel o Zamora continuarían teniendo tres diputados cada una, exactamente los mismos que hasta ahora. El número de parlamentarios tampoco aumentaría ni descendería: seguiría siendo de 350.

No obstante, el peso de cada partido en el Congreso se vería alterado en perjuicio de PP y PSOE y en favor de Unidos Podemos y Ciudadanos. Con la reforma electoral de la coalición morada, el PP pasaría de 137 escaños a 122, mientras el PSOE perdería un diputado (se quedaría en 84), Unidos Podemos pasaría de 71 a 76 y Ciudadanos ascendería de 32 a 44. Pero estos trasvases no proceden de un mayor peso de las grandes circunscripciones, donde los nuevos partidos tienen más fuerza, sino que son consecuencia del cambio del sistema de reparto D'Hondt al Sainte-Laguë, que provocaría que en provincias poco pobladas a Unidos Podemos y Ciudadanos no les costase tanto conseguir un diputado como en la actualidad, o como le vino ocurriendo durante décadas a Izquierda Unida.

Teruel, la circunscripción que Ábalos puso como supuesto ejemplo de una provincia rural poco poblada que perdería representación –el dirigente socialista aseguró que no tendría "ninguna"–, es un caso paradigmático de los efectos que tendría la reforma electoral propuesta por Unidos Podemos. La provincia elige tres diputados: ahora mismo, dos son del PP (es decir, el 66% con el 41,73% de los votos que obtuvo allí) y uno, del PSOE (con un 26,58%). Con el nuevo sistema, Teruel seguiría mandando tres parlamentarios al Congreso, pero –con los resultados de las anteriores elecciones– cambiaría su reparto: PP y PSOE tendrían uno cada uno y Unidos Podemos (con el 16,84%) conseguiría el tercer escaño.

Madrid y Barcelona cambian su reparto de escaños

En un total de 21 provincias se producirían cambios con respecto a la representación actual, aunque ninguna circunscripción perdería ni ganaría escaños. De hecho, las alteraciones ni siquiera se producen únicamente en los territorios menos poblados, sino que las dos provincias más populosas, Madrid y Barcelona –36 y 31 escaños, respectivamente–, también verían modificada su representación. En Madrid el PP pasaría de 15 a 14 escaños, y ese diputado pasaría a ser de Ciudadanos (se quedaría en siete), mientras en Barcelona quien perdería un sillón es En Comú Podem (de nueve a ocho) a manos del Pacma, que obtendría su único parlamentario en toda España. La entrada de los animalistas al Congreso sería el único efecto que tendría la eliminación de la barrera de entrada, por la cual actualmente un partido no puede obtener escaño por una circunscripción si no tiene al menos el 3% de los votos.

Las otras dos grandes circunscripciones donde cambiaría el reparto de los diputados son Alicante y Sevilla, que eligen 12 parlamentarios cada una. En la provincia valenciana, el PP pasaría de cinco a cuatro escaños con el 37,92% de los votos, mientras Unidos Podemos y el PSOE seguirían con tres cada uno y Ciudadanos ganaría un sillón para obtener un total de dos con el 15,91% de los votos. En la circunscripción andaluza, igualmente, el PP pierde un acta (de cuatro a tres) en favor de Ciudadanos (que pasa de una a dos).

El resto de los cambios resultado de utilizar el sistema Sainte-Laguë en lugar del sistema D'Hondt se producirían en provincias que reparten menos de diez escaños, que por otra parte son la inmensa mayoría: un total de 45. No en todos los territorios PP y PSOE se verían perjudicados, ya que los conservadores obtendrían un escaño adicional en Gipuzkoa y Girona –quitándoselo al PNV y al PDeCAT, respectivamente–, mientras los socialistas conseguirían un acta más en Santa Cruz de Tenerife en detrimento del PP (ambos quedarían con dos diputados, mientras que tiene ahora mismo el PP tiene tres y el PSOE, uno).

Cs crece a costa del PP en la España despoblada

La provincia donde habría un cambio más acusado pasando del sistema D'Hondt al Sainte-Laguë es Ciudad Real: en ninguna otra circunscripción dos diputados –de un total de cinco que se reparten– pasan de un partido a otro. El PP (43,9% de los votos) y el PSOE (29,46%) perderían un escaño cada uno para quedarse con dos y uno, respectivamente, y estas dos actas irían a parar a Unidos Podemos y Ciudadanos (que obtuvieron un 13,46% y un 11,93%, respectivamente).

Además de las ya mencionadas, en otras nueve provincias Ciudadanos entraría o aumentaría su representación: A Coruña, Albacete, Badajoz, Burgos, Huelva, Pontevedra, Salamanca, Segovia y Toledo. En todas ellas, el partido naranja obtendría un escaño a costa del PP, a excepción de Pontevedra, donde el damnificado sería el PSOE. Por su parte, Unidos Podemos ganaría un escaño, además de en las provincias ya mencionadas, en Almería, Guadalajara y Ourense –en detrimento de los conservadores– y Cáceres –arrebatándoselo a los socialistas– .

Con estos cambios, en el cómputo final el porcentaje de voto de cada partido se traduciría en un porcentaje de escaños mucho más proporcional que hasta ahora. Los 122 escaños que tendría el PP corresponden al 34,85% del Congreso (sacó el 33% de los votos), los 84 del PSOE serían el 24% de la Cámara baja (con el 22,66% de los sufragios en toda España), los 76 con los que se quedaría Unidos Podemos suponen el 21,7% del total de escaños (y la coalición obtuvo el 21,1% de los votos) y los 44 con los que contaría Ciudadanos corresponderían al 12,5% de los sillones (con un 13% de los votos).

Esta mayor proporcionalidad también quedaría reflejada en el número de votos que necesitarían los partidos para conseguir un diputado. Ahora mismo, cada escaño le costó al PP un total de 57.709 votos en las pasadas elecciones, mientras que Ciudadanos tuvo que conseguir 97.618 papeletas por cada uno de sus parlamentarios. Con la reforma electoral que propone Unidos Podemos, los cuatro grandes partidos necesitarían entre 64.000 y 71.000 votos por cada escaño, y la única fuerza que seguiría claramente perjudicada en este sentido sería EH Bildu, ya que necesitaría 92.046 votos para conseguir cada una de sus dos actas.

El sistema Sainte-Laguë

Pero, ¿en qué consiste el sistema Sainte-Laguë? Se trata, como D'Hondt, de un método matemático que sirve para repartir los escaños en cada circunscripción en función del número de votos recibido por cada partido. Se realizan cálculos sucesivos para cada lista, dividiendo el número de votos recibido por cada partido entre el doble del número de escaños que se ha llevado cada lista de momento en la circunscripción –inicialmente cero– más uno. Se realizan tantos cálculos como escaños se reparten en esa provincia, y en cada cálculo el partido que obtenga un cociente mayor es el que se lleva esa acta.

Reparto de escaños en Teruel siguiendo la fórmula Sainte-Laguë (Elaboración propia)

En el ejemplo de la provincia de Teruel, que entrega tres diputados, el PP es el partido más votado con 30.837 votos, por 19.638 del PSOE y 12.442 de Unidos Podemos. Por ello, automáticamente el primer escaño correspondería a los conservadores, que para el reparto de la segunda acta verían su número total de votos dividido entre tres (resultado de multiplicar el escaño ya obtenido por dos y sumarle uno). Con esas cifras, el cociente más alto en ese segundo cálculo sería el del PSOE, que ganaría así el segundo escaño en el reparto. A la hora de entregar el tercer diputado, los 19.638 votos del PSOE se dividirían también entre tres, por lo que la cifra más alta sería, en ese tercer cálculo, la de Unidos Podemos, que por ello obtendría el último escaño.

El Grupo de Investigación en Métodos Electorales (Gime) de la Universidad de Granada (UGR), dirigido por el catedrático Victoriano Ramírez González, ha diseñado un sistema electoral que mejora la proporcionalidad y garantiza la adecuada representatividad del Congreso de los Diputados, sin penalizar la gobernabilidad.

Según ha informado la universidad en un comunicado, el método diseñado por Gime se apoya en el uso de los votos totales para determinar la representación de los partidos políticos. De esta forma, el reparto se equilibra y el valor de los votos de los partidos es casi el mismo, independientemente de la circunscripción, el ámbito estatal o autonómico de la formación política o el propio tamaño del partido.

El modelo del grupo de matemáticos de la UGR asegura que, para un partido, el valor de sus votos sea exactamente el mismo sin importar la circunscripción en la que los haya obtenido.

"Nuestra técnica garantiza a cada partido entre un 90 y un 95 por ciento de los escaños que le corresponderían según sus votos totales. Con el sistema actual ha habido partidos que han perdido más de un millón de votos, porque no han recibido ni el 50 por ciento de los escaños que le correspondían", ha explicado Victoriano Ramírez.

El modelo no afecta al método d´Hondt vigente

El sistema del Grupo de Investigación en Métodos Electorales de la UGR se apoya en "cuatro principios básicos, tres de ellos enfocados a la representatividad y un cuarto que contribuye a la gobernabilidad y estabilidad".

"Los principios de representatividad garantizan que un partido con más votos que otro no pueda recibir menos escaños, dos partidos que difieran en muy pocos votos deban diferir en un escaño, a lo sumo, y que todo partido reciba, al menos, el 90 por ciento de los escaños que corresponden a sus votos en un reparto proporcional", ha expuesto Victoriano Ramírez.

En el capítulo de la estabilidad parlamentaria, una de las "asignaturas pendientes" de los sistemas electorales proporcionales, la metodología del Gime garantiza a la formación vencedora de las elecciones un porcentaje de escaños ligeramente superior al de votos.

El modelo diseñado por este grupo de matemáticos de la UGR no afecta a los elementos troncales del sistema vigente (ni siquiera al método d'Hondt), al no eliminar la provincia como circunscripción y no aumentar tampoco el número de escaños del Congreso de los Diputados, por lo que se podría aplicar sin necesidad de reformar la Constitución Española.

El caso de Izquierda Unida: 24 escaños en vez de 11

"Está más que justificada la necesidad de afrontar un cambio de sistema electoral", afirma Victoriano Ramírez, que sostiene que el actual ha producido, en cada una de las 13 elecciones generales que se han celebrado entre 1977 y 2016, "discordancias y desequilibrios en la representación de los partidos políticos".

El catedrático ha destacado casos como el de IU en las elecciones generales de 2011, en las que obtuvo once escaños con casi 1.700.000 votos. Con el modelo del GIME le hubieran correspondido 24 escaños.

No es el único ejemplo que utiliza el catedrático del departamento de Matemática Aplicada para demostrar la necesidad de reformar el sistema proporcional actual. "En las elecciones generales de 2016, el Partido Animalista Contra el Maltrato Animal (Pacma) obtuvo alrededor de 300 votos menos que el Partido Nacionalista Vasco (PNV), sin embargo, la formación de Euskadi tiene cinco escaños en el Congreso de los Diputados y el PACMA se ha quedado sin representación", ha argumentado Ramírez, quien también aboga por técnicas para "desbloquear las listas electorales y para poder garantizar una mayor paridad de género".

Victoriano Ramírez González acudirá en breve, como director del Grupo de Investigación en Métodos Electorales de la Universidad de Granada, a la Subcomisión para la Reforma Electoral del Congreso de los Diputados, donde expondrá las ventajas del método diseñado por su grupo.

La proporcionalidad del sistema electoral español vuelve a estar en entredicho tras la reunión entre los partidos Podemos y Ciudadanos celebrada el jueves 8 de febrero, en la que ambas formaciones políticas acordaron trabajar para desarrollar una ley electoral más equilibrada y representativa en la que incluyen el cambio del sistema d'Hondt por el de Sainte-Laguë.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado este lunes que su partido tiene "plena disponibilidad" para reunirse con el PSOE para trasladarles su propuesta de reforma electoral, y ha emplazado a los socialistas a mantener ese encuentro esta misma semana.

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, el líder del partido morado ha explicado que la dirección de su grupo parlamentario de Unidos Podemos en el Congreso ya ha trasladado su propuesta a los socialistas y ha solicitado una reunión. "Espero que sea esta semana. Desde la semana pasada tenemos plena disponibilidad", ha confirmado.

De este modo, Iglesias ha dado a entender que ahora es el PSOE quien debe dar el paso, si quiere ser "coherente" con su programa electoral. "Es un clásico que el PSOE ponga una cosa en su programa y luego haga otra, pero las cosas han cambiado. Lo de mentir ya no se lleva", ha avisado, para añadir que, si no cumplen su palabra, tendrán que "rendir cuentas" con sus electores.

Eliminar la barrera del 3% para conseguir escaño

En esta línea, Iglesias ha señalado que muchas de las propuestas que ha incluido Podemos en la propuesta de reforma electoral que ya trasladaron a Ciudadanos figuraban en el programa electoral con el que el PSOE concurrió en las últimas elecciones generales, como por ejemplo, la mejora de la proporcionalidad o la eliminación del voto rogado.

El líder de Podemos ha aprovechado para anunciar que Podemos ha decidido añadir a sus propuestas la eliminación de la barrera del 3% que impedía a los partidos pequeños obtener escaño si no alcanzaban dicho porcentaje de voto, aunque tuvieran los votos suficientes para ello.

Con todo, ha insistido en que espera que "el PSOE sea coherente" y apueste por permitir que en esta legislatura "España tenga un sistema electoral que se acerque más a la voluntad de la gente". Y aunque ha señalado que esta reforma "no va de intereses partidistas", ha avisado al PSOE de que podría venirle bien si en la próxima cita electoral "les va peor" que en la última.

Intercambio de mensajes con Pedro Sánchez

Además de las conversaciones entre la portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, con su homóloga socialista, Margarita Robles, Iglesias ha explicado que él mismo estuvo en contacto la semana pasada con el líder del PSOE, Pedro Sánchez, con quien apenas ha hablado a lo largo de los últimos meses.

"Estamos en contacto y ojalá nos podamos ver pronto porque esto forma parte de nuestro trabajo y eso no puede ser una cuestión excepcional, del PSOE y del esto de formaciones políticas", ha afirmado Iglesias, quien se reunió por última vez con Sánchez tras el verano.

Aunque no ha revelado los detalles de la conversación que mantuvieron a través de mensajes telefónicos, el líder 'morado' sí ha insistido quela reforma electoral es para él una cuestión "fundamental", dando a entender que este tema estuvo encima de la mesa.

"Creo que el PSOE puede contribuir a la regeneración de España y sería un mensaje muy positivo que el PSOE cumpliera su promesa. Nosotros no queremos ponérselo difícil", ha asegurado, para añadir que por ello no están planteando una reforma electoral que implique reformar la Constitución.

Insiste en la moción de censura contra "un partido ilegal"

Entre los temas que Iglesias considera "fundamentales" y que su formación traslada al PSOE "tanto en privado como en público" está también la necesidad, a su juicio, de impulsar una moción de censura para sacar al PP del Gobierno y acabar con la situación de "excepcionalidad" que existe en España, con "corruptos al mando del Gobierno".

"Hay un tema fundamental en la agenda con Pedro Sánchez. Aunque no estemos de acuerdo en muchas cosas y tengamos la sensación de que prometen mucho y después no cumplen sus promesas, hay algo más importante que el PSOE y que nosotros, que es sacar al PP del Gobierno, y seguimos teniendo una ocasión", ha apostillado.

Iglesias ha aprovechado para cargar duramente contra el Gobierno del PP, "un partido ilegal que se financia ilegalmente, que tiene ministros reprobados por utilizar las instituciones para blindarse frente la corrupción y que encima están manejando las cuentas de todos los españoles".

" Que Anna Gabriel pueda acabar en la cárcel es una vergüenza"

De hecho, en otro momento de la entrevista, al ser preguntado sobre el proceso judicial contra líderes independentistas por organizar el referéndum ilegal del 1 de octubre, Iglesias ha denunciado que es una "vergüenza" que ellos puedan acabar en la cárcel mientras hay exdirigentes del PP investigados por corrupción que llevan "un tren de vida de escándalo", como el expresidente valenciano Francisco Camps.Francisco Camps

Así, ha señalado que aun teniendo "muchas diferencias con los independentistas", y "pensando que en Cataluña hace falta un Gobierno", es "una vergüenza" que, por ejemplo, la exdiputada de la CUP en el Parlament Anna Gabriel --citada este miércoles en el Tribunal Supremo"pueda acabar en la cárcel", en el país "en el que el presidente del Gobierno percibió donaciones ilegales".

Preguntado sobre el futuro de Cataluña, Iglesias ha señalado que, según las posiciones públicas de los líderes independentistas, es "evidente" que están manteniendo "debates internos" y que "se están imponiendo las posiciones de los que quieren un Gobierno legal".

"Creo que eso va a ocurrir, que se producirá la investidura de un presidente en Cataluña. Lo deduzco de lo que leo en las entrevistas", ha apuntado el líder del partido morado.

Izquierda Unida ha querido dejar claro este jueves que tiene su propia propuesta de reforma electoral, que es independiente de la de Podemos, aunque coincidan en gran medida, y por ello dan por hecho que estarán presentes en la mesa de negociación que ha abierto el partido morado con Ciudadanos y a la que, por el momento, no se ha sumado nadie en representación de la coalición de izquierdas, según han confirmado a Europa Press fuentes de ambas formaciones.

La reforma electoral es una de las principales demandas que IU lleva defendiendo desde que nació hace 30 años, al considerarse la gran perjudicada de la falta de proporcionalidad. Sin embargo, en esta ocasión, sus socios de Podemos han tomado la iniciativa y han elaborado un documento base para iniciar las conversaciones con Ciudadanos, sin consensuarlo antes con IU, según explican fuentes de la coalición de izquierdas.

"Podemos tiene su propuesta y nosotros la nuestra", ha confirmado este jueves el líder de IU, Alberto Garzón, en declaraciones a La Sexta, recogidas por Europa Press, después de que la portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero, volviera a asegurar en una rueda de prensa que el documento que le han trasladado al partido naranja ha sido "consensuado en el grupo parlamentario".

En todo caso, Garzón ha querido restar importancia a este asunto, y ha asegurado que su organización está de acuerdo en iniciar "el marco que se ha creado en el día de hoy" para conseguir hacer más proporcional el sistema electoral.

"Propuestas que se parecen mucho"

En esta línea, ha asegurado que "de momento lo que hay son propuestas encima de la mesa, que se parecen mucho", sobre todo "la de Podemos e IU". "Se parecen más que la de Ciudadanos y la nuestra, pero en todo caso, se comparten objetivos", ha añadido, insistiendo en que, aunque son similares, cada formación tiene su propia propuesta.

Además, Garzón ha dado por hecho que en esa mesa de negociación estará IU, además de Podemos y Ciudadanos, y si las cosas van bien el PSOE. De momento, en la reunión de este jueves, el equipo de Unidos Podemos liderado por Montero estaba compuesto por el secretario de Organización del partido morado, Pablo Echenique; el secretario general del grupo confederal, Txema Gujarro; el portavoz en la subcomisión de reforma de la ley electoral, Íñigo Errejón; el diputado de En Comú Joan Mena; y la de En Marea Yolanda Díaz, que aunque es de IU, en el Congreso trabaja principalmente en representación de la confluencia gallega.

"Espero que en una mesa de negociación en donde hay partidos tan diferentes como IU y Ciudadanos, podamos poner en común al menos algo muy evidente, que tenemos que aproximarnos a la idea de democracia de una persona, un voto, para que el Parlamento sea justo", ha insistido Garzón.

Asimismo, Garzón ha aprovechado para recordar que su formación lleva "30 años" como IU, "y más con el PCE", defendido la necesidad de aumentar la proporcionalidad del sistema electoral. Así, ha recordado que en las elecciones generales de 2015, mientras que a IU cada escaño le costó "prácticamente medio millón de votos", al PP, 60.000.

"Esta injusticia lo que hace es que el Parlamento sea menos representativo de la sociedad", ha denunciado, al tiempo que ha manifestado que espera que el PSOE acepte sumarse a esta mesa de negociación para poder reformar la ley electoral antes del año que viene.

La reforma de la ley electoral es uno de esos temas añejos que, de cuando en cuando, vuelven al primer plano de la actualidad. Históricamente, quienes han enarbolado la bandera de esta reforma han sido pequeñas formaciones como IU o UPyD, que hasta hace unos años eran los principales perjudicados por la norma. Pero el vuelco experimentado por el sistema de partidos en 2015 ha convertido la reforma de la ley electoral en una propuesta defendida por grupos grandes como los de Unidos Podemos y Ciudadanos, que este jueves mantendrán su primera reunión oficial para comenzar a explorar las opciones de cambiar la ley. No obstante, PP y PSOE tienen claro que no van a apoyar una reforma de la ley electoral que mejore su proporcionalidad, según confirmaron a infoLibre fuentes de las direcciones de ambos partidos.

Podemos y Ciudadanos tienen propuestas enfrentadas en lo relativo a las políticas económicas o el modelo territorial, pero en sus programas electorales ambos se comprometían a promover una reforma de la ley electoral, diseñada en la transición y que tiende a promover la concentración del voto beneficiando a los grandes partidos. Las dos formaciones suman 103 de los 350 escaños del Congreso, y para reformar la legislación –que tiene rango de ley orgánica– necesitarían un mínimo de 176 diputados a favor, por lo que Podemos y Ciudadanos deberían sumar al menos al PSOE a sus propuestas para que la reforma de la ley electoral saliera adelante.

No obstante, ni PSOE ni PP están por la labor de apoyar una reforma de la ley electoral que la haga más proporcional, algo que –entienden– perjudicaría a ambos partidos, aunque sería especialmente negativo para los conservadores, que ahora mismo son los grandes beneficiados por una norma que les da el 39,1% de los escaños del Congreso con el 33% de los votos. En el  PP aseguran que no tienen intención de prestarse a esta reforma, mientras que en el PSOE se muestran abiertos a modificar cuestiones puntuales, pero no a cambiar elementos esenciales como el tamaño de las circunscripciones o el método de reparto de escaños, que son los que podrían mejorar la proporcionalidad de la ley.

Podemos propone cambiar D'Hondt por Sainte-Laguë

En cualquier caso, la primera reunión de Podemos y Ciudadanos tendrá lugar este jueves, y el partido morado presentó públicamente este miércoles la propuesta que llevará al encuentro. La principal medida de su modelo pasa por sustituir el actual sistema de reparto de escaños: se dejaría de utilizar la ley D'Hondt para comenzar a emplear el más proporcional sistema Sainte-Laguë, utilizado en países como Alemania o Suecia. Tomando como referencia los resultados de las elecciones de 2016, el PP pasaría de 137 a 122 diputados (el 34,9% de los parlamentarios con el 33% de los votos); el PSOE tendría 84 actas (el 24% de ellas con el 22,7% del voto); los 71 sillones de Unidos Podemos pasarían a ser 77 (el 22% del total con el 21,1% de los sufragios); y Ciudadanos pasaría de sus 32 diputados a 44 (el 11,6% del Congreso con el 13,1% del voto).

En su programa electoral, Unidos Podemos proponía cambiar la ley para que las circunscripciones electorales fueran las comunidades autónomas en lugar de las provincias, como ocurre en la actualidad. No obstante, al estar recogido en la Constitución que los ciudadanos escogen en las elecciones generales únicamente a los diputados de su provincia, modificar los distritos electorales requeriría una reforma de la Carta Magna que Podemos asume que, ahora mismo, está bloqueada, ya que requiere mayoría de tres quintos del Congreso y también del Senado, donde el PP –que se opone a la reforma– cuenta con mayoría absoluta. Por el contrario, cambiar el sistema D'Hondt por el Sainte-Laguë únicamente requeriría reunir la mayoría absoluta del Congreso.

Además, Podemos propone otra serie de modificaciones en la ley electoral que no implicarían un cambio en el reparto de escaños, pero sí en la composición de las listas o el censo. La propuesta establece que la edad mínima para votar pasaría de los 18 a los 16 años, una medida que Podemos defiende argumentando que deben poder ejercer el derecho al voto personas a las que la ley también permite casarse o trabajar. Además, la nueva ley electoral establecería la obligatoriedad de celebrar dos debates preelectorales entre los candidatos y también impondría la obligación de enviar conjuntamente las papeletas de todos los partidos por correo en lugar de que cada formación lo haga por su cuenta, para ahorrar gasto público.

En materia de igualdad, la propuesta de Podemos busca dar una vuelta de tuerca al sistema actual, que establece que en las listas electorales ninguno de los dos sexos puede copar más del 60% de cada tramo de cinco puestos. El partido morado plantea la necesidad de implantar un modelo de "cremallera" por el cual se alternen hombres y mujeres en la lista. "La cremallera sólo se romperá si es para beneficiar a las mujeres. Dicho de otro modo, detrás de un hombre siempre deberá haber una mujer, pero detrás de una mujer no tiene necesariamente por qué haber un hombre", explica la formación.

Ciudadanos apuesta por dos urnas diferentes

El cambio de la ley electoral planteado por Ciudadanos en su programa para las pasadas elecciones –y detallado en el documento Propuestas de regeneración democrática e institucional– supondría un importante cambio con respecto al método de votación utilizado hasta ahora. El partido naranja propone que los 350 escaños del Congreso se escojan en dos urnas diferentes: 175 en listas cerradas y circunscripción nacional, y otros 175 en circunscripciones "de elección unipersonal" que no puedan ser "de ámbito territorial superior al provincial". Para obtener representación en la primera categoría, las listas deberían obtener al menos un 3% de los votos en el conjunto de España.

Para llevar a cabo este cambio, no obstante, sería necesaria una reforma constitucional, ya que la circunscripción provincial está recogida en el artículo 68 de la Constitución y Ciudadanos pretende que los ciudadanos escojan a 175 de los 350 diputados para que representen a toda España y no únicamente a su provincia. Los otros 175 serían escogidos en pequeñas circunscripciones que solo elegirían un representante, a imagen y semejanza de lo que ocurre, por ejemplo, en Reino Unido, donde los parlamentarios de la Cámara de los Comunes representan cada uno a un distrito, lo que genera una mayor cercanía entre el representante y el representado pero también provoca que el sistema tenga efectos mayoritarios, ya que el candidato que gana en su distrito se queda con el único acta del mismo aunque reúna solo un apoyo más que el segundo más votado.

En lo relativo al Senado, la solución de Ciudadanos es tajante: para el partido naranja, hay que eliminar la Cámara alta y sustituirla por un Consejo de Presidentes de las Comunidades Autónomas, que en lugar de ocuparse de la segunda lectura de todas las iniciativas legislativas únicamente tendría competencias sobre las leyes "más directamente relacionadas con las comunidades autónomas y, en particular, la financiación". Tal y como indica su nombre, el nuevo órgano estaría compuesto por los presidentes autonómicos y también los de Ceuta y Melilla, aunque en caso de desacuerdo la última palabra la tendría el Congreso.

En el Consejo de Presidentes, cada comunidad tendría un voto, pero este no valdría lo mismo, sino que estaría ponderado en función de la población de cada autonomía: es decir, el voto de Andalucía (8,4 millones de habitantes) valdría mucho más, por ejemplo, que el de Castilla-La Mancha (2 millones de habitantes). No obstante, según apunta Ciudadanos en su propuesta, se aplicaría una corrección matemática a la ponderación –no se especifica cual– "con el fin de moderar la influencia" de las comunidades autónomas más pobladas.

Podemos presentó este miércoles su propuesta para reformar la ley electoral de cara a la reunión que mantendrá este jueves con Ciudadanos para comenzar formalmente la negociación sobre este asunto. La iniciativa del partido morado –que mantendría la circunscripción provincial– pasa, fundamentalmente, por cambiar el sistema de reparto D'Hondt por el Sainte-Laguë, de corte más proporcional. Con los resultados de las últimas elecciones en la mano, el partido más perjudicado por la norma de Podemos sería el PP, que pasaría de 137 a 122 escaños, mientras Ciudadanos –la formación más beneficiada por el proyecto– conseguiría 44 actas por las 32 que tiene ahora.

Fue el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, el encargado de encabezar el grupo que presentó la propuesta que este mismo jueves llevará Unidos Podemos a su reunión con los representantes de Ciudadanos. La intención del modelo diseñado por la coalición es la de aumentar la proporcionalidad de la ley electoral, es decir, tratar de que el porcentaje de votos obtenido por cada partido en las elecciones termine traduciéndose en un porcentaje más o menos igual de escaños en el Congreso. El diseño actual de la ley prima la concentración del voto, lo que ha fomentado durante años el bipartidismo e, incluso cuando éste quedó superado, ha beneficiado al PP como partido más votado.

Tal y como expone Podemos, si se toman como referencia las últimas elecciones, el PP obtuvo el 33% de los votos, pero sus 137 diputados se corresponden con el 39,1% de los 350 escaños del Congreso: seis puntos más de los que le corresponderían en un sistema proporcional perfecto. El PSOE y Unidos Podemos, por el contrario, vieron sus resultados reflejados con bastante exactitud en el reparto de actas: los socialistas consiguieron el 22,7% de los votos y el 24,3% de los escaños (un total de 85), mientras la coalición morada vio como su 21,1% de los votos se traducía en 71 diputados, el 20,3% de la Cámara baja. El partido más perjudicado de los cuatro grandes fue Ciudadanos, que consiguió un 13,1% de los votos y tan sólo el 9,1% de los escaños (32).

Tradicionalmente, se ha culpado de esta desproporción a dos características del sistema electoral español: la circunscripción provincial –es decir, que los ciudadanos únicamente escogen a los diputados de su provincia– y el uso de la ley D'Hondt para repartir los escaños. No obstante, al estar la circunscripción provincial recogida en la Constitución, modificar los distritos electorales requeriría una reforma de la Carta Magna que Podemos asume que, ahora mismo, está bloqueada. Y, por ello, su propuesta se centra en cambiar D'Hondt por Sainte-Laguë, algo que sólo requeriría la mayoría absoluta necesaria para enmendar la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG).

Con este segundo método de reparto –"una fórmula usada en países como Alemania, Suecia o Dinamarca", recuerda el partido–, se conseguiría una traducción a escaños más fiel del porcentaje de voto. Con los resultados de las últimas elecciones, el PP pasaría de 137 a 122 diputados (el 34,9% de los parlamentarios con el 33% de los votos); el PSOE tendría 84 actas (el 24% de ellas con el 22,7% del voto); los 71 sillones de Unidos Podemos pasarían a ser 77 (el 22% del total con el 21,1% de los sufragios); y Ciudadanos pasaría de sus 32 diputados a 44 (el 11,6% del Congreso con el 13,1% del voto).

Listas cremallera y voto a los 16 años

Además, Podemos propone otra serie de modificaciones en la ley electoral que no implicarían un cambio en el reparto de escaños, pero sí en la composición de las listas o el censo. La propuesta establece que la edad mínima para ejercer el derecho al voto pasaría de los 18 a los 16 años, lo que según el partido beneficiaría a "casi un millón de personas que tienen un sentido formado de los asuntos públicos y que tienen derechos y obligaciones comparables a los de las personas adultas". Además, la nueva ley electoral establecería la obligatoriedad de celebrar dos debates preelectorales entre los candidatos y también impondría la obligación de enviar conjuntamente las papeletas de todos los partidos por correo en lugar de que cada formación lo haga por su cuenta, para ahorrar gasto público.

En materia de igualdad, la propuesta de Podemos busca dar una vuelta de tuerca al sistema actual, que establece que en las listas electorales ninguno de los dos sexos puede copar más del 60% de cada tramo de cinco puestos. El partido morado plantea la necesidad de implantar un modelo de "cremallera", por el cual se alternen hombres y mujeres en la lista. "La cremallera sólo se romperá si es para beneficiar a las mujeres. Dicho de otro modo, detrás de un hombre siempre deberá haber una mujer, pero detrás de una mujer no tiene necesariamente por qué haber un hombre", explica la formación.

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, mantuvieron este miércoles una conversación telefónica en la que acordaron fijar una reunión de equipos de ambos partidos para intentar impulsar la reforma del sistema electoral que los dos defienden. El encuentro tendrá lugar el jueves 8 de febrero.

Según informaron a Europa Press fuentes de ambos partidos, Iglesias y Rivera constataron sus coincidencias sobre la falta de proporcionalidad que, a su juicio, tiene el actual sistema electoral, y por ello acordaron poner en contacto a sus respectivos portavoces parlamentarios para fijar un encuentro.

Posteriormente, el portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, telefoneó a la de Podemos, Irene Montero, y decidieron que los equipos de ambos grupos se reúnan el jueves 8 de febrero a las 10.00 horas en el Congreso para comenzar a estudiar sus respectivas propuestas. Los dos portavoces presidirán el encuentro.

Ambas formaciones quisieron dejar claro que aunque siguen manteniendo "diferencias evidentes de programa" en otras cuestiones, como las económicas o territoriales, la reforma del sistema electoral es un tema en el que tanto Podemos como Ciudadanos quieren avanzar.

Podemos y Ciudadanos, perjudicados por el sistema electoral

Los dos partidos pusieron sobre la mesa en reiteradas ocasiones la necesidad de reformar el sistema electoral, que perjudica a ambos partidos a la hora de convertir sus votos en escaños, sobre todo en las provincias pequeñas.

Este mismo miércoles, el secretario general del partido naranja y portavoz adjunto en el Congreso, José Manuel Villegas, afirmó en rueda de prensa que su grupo parlamentario espera poder reunirse con otras fuerzas a partir de la próxima semana, incluyendo a Unidos Podemos, para tratar de impulsar la reforma electoral, pese a las reticencias que ya mostraron el PP y el PSOE.

De hecho, Villegas indicó que entre este miércoles y el jueves contactarían con todos los grupos para concertar encuentros que permitan "acelerar los trabajos" de la Subcomisión para la Reforma Electoral, creada en el Congreso hace casi un año pero que apenas ha avanzado.

El propio Albert Rivera es quien dio el paso de llamar al secretario general de Podemos, pues ya había expresado en una entrevista la intención de su partido de mantener reuniones con el PP, el PSOE y Podemos a fin de buscar posibles "puntos en común" para esa reforma.

También desde Podemos habían reconocido que la reforma del sistema electoral era uno de los pocos puntos en los que podían ponerse de acuerdo con Ciudadanos para forzar este debate.

El PSOE, dispuesto a reunirse con Cs

El PSOE ha asegurado estar dispuesto a reunirse próximamente con Ciudadanos para hablar de la reforma de la ley electoral, como ha planteado la formación naranja, pero le recuerda que este asunto figuraba en el pacto de investidura de Mariano Rajoy de 2016 y que es el PP quien no cumple sus compromisos.

"Estamos encantados de reunirnos con ellos", han declarado a Europa Press fuentes socialistas, que han recordado que el partido liderado por Pedro Sánchez también quiere modificar la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) para, entre otras cosas, eliminar el voto rogado para quienes votan desde el extranjero y reconocer el derecho de las personas con discapacidad.

"Lo que no se entiende y es curioso es que Ciudadanos firme un acuerdo de investidura con el PP de 100 puntos y el PP no lo cumpla", han añadido las fuentes.

Dicho pacto prevé una reforma de la LOREG para la mejora de la proporcionalidad, la elección directa de los alcaldes, el desbloqueo de las listas electorales, la implantación de sistemas electrónicos en la votación, la mejora de los procedimientos del ejercicio del derecho al voto de los ciudadanos residentes en el extranjero, la reducción de la duración de las campañas y los límites de los gastos electorales.

Fuentes parlamentarias han indicado que representantes del PP y Cs han comentado también esta cuestión en los pasillos de la Cámara Baja y que los conservadores se han mostrado abiertos a hablar de ello la próxima semana.

Después de un ciclo de tres años (2015, 2016 y 2017) en los que se han celebrado nada menos que nueve procesos electorales en España, 2018 aparece en el horizonte como un año en el que los ciudadanos no serán llamados a las urnas ya que no hay ninguna elección prevista. Si finalmente este pronóstico se cumple, será el tercer año desde la aprobación de la Constitución en el que no se celebrarán elecciones de ningún tipo.

En todo caso, no es seguro que los colegios electorales vayan a permanecer cerrados durante todo 2018: si el nuevo Parlament es incapaz de elegir un Gobierno que suceda al del expresident Carles Puigdemont, los catalanes volverían a las urnas a mediados de año, y además la precaria mayoría que sostiene el Gobierno de Mariano Rajoy deja en el aire unas posibles elecciones generales, que no obstante el presidente ha negado por activa y por pasiva.

Desde que se aprobó la Constitución por referéndum en el año 1978, todos los años se han celebrado algunas elecciones (generales, autonómicas, locales o europeas) en España, a excepción de 2002 y 2013. Por tanto, 2018 podría convertirse en la tercera de estas excepciones si el calendario sigue según lo previsto y no se produce ningún adelanto electoral. El hecho de que los independentistas (Junts per Catalunya, ERC y la CUP) hayan obtenido la mayoría absoluta en escaños en el Parlament en los comicios del 21D facilita, al menos en teoría, la elección de un nuevo presidente de la Generalitat y, por su parte, Rajoy descartó por última vez hace unos días tener intención de aprobar un adelanto electoral. "El Gobierno sigue adelante, las legislaturas son para cuatro años. Con lo que está pasando en España, lo que nos faltaba es convocar elecciones generales", afirmó el mandatario.

No obstante, no se puede descartar tajantemente que los ciudadanos catalanes o los de toda España terminen siendo llamados a votar en 2018. En el caso de Cataluña, para evitarlo los independentistas tendrán que ponerse de acuerdo para escoger un nuevo president. En principio, Puigdemont es el más votado de entre los secesionistas, pero su fuga a Bruselas y la imposibilidad de volver a España sin ser detenido dificultan su reelección, y escoger un candidato alternativo podría desatar una guerra entre los partidos independentistas: mientras Junts per Catalunya tiene en la recámara al líder de la ANC, Jordi Sànchez, ERC aspira a investir president a su número uno, Oriol Junqueras, si Puigdemont no puede someterse a la votación.

Además, Junts per Catalunya y ERC tendrán que decidir qué hacer con sus ocho diputados electos que probablemente no podrán tomar posesión con normalidad, bien por estar en Bruselas, bien por estar en prisión: sin estos ocho parlamentarios, el separatismo perdería la mayoría absoluta en el Parlament y no podría elegir nuevo president. Todos ellos pueden delegar la recogida de sus credenciales de diputado, así como la promesa o juramento de acatamiento a la Constitución y el Estatut, pero eso no les garantiza que el juez les permita acudir al Parlament a trabajar y a votar. Puigdemont y los cuatro consellers cesados que le acompañan en Bruselas no descartan renunciar a sus escaños para evitar volver a España y eludir la prisión provisional, además de para no dejar en minoría al independentismo.

Por su parte, Rajoy ha reiterado en múltiples ocasiones que su intención es agotar la legislatura y gobernar hasta 2020. Pero no cuenta con mayoría absoluta en el Congreso, ni siquiera con los votos de Ciudadanos, su socio preferente, y la respuesta del Gobierno a la crisis en Cataluña ha puesto contra las cuerdas a un PP que tendrá muy complicado sumar a sus votos y los de Ciudadanos al PNV, un partido imprescindible para alcanzar una mayoría con la que aprobar los Presupuestos Generales del Estado –la principal herramienta del Ejecutivo– para 2018.

Las relaciones de los nacionalistas vascos con los dos principales partidos de la derecha pasan por su peor momento de la legislatura. El PNV ha asegurado que no tiene intención de negociar nada mientras "el 155 de la Constitución y sus consecuencias sigan en vigor", y ha llegado a comparar al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, con el fundador de Falange Española, José Antonio Primo de Rivera. "José Antonio Primo de Rivera y Albert Rivera no solo coinciden en el apellido" y la formación naranja es "de derecha-derecha y, si por él fuera, disolvería todas las comunidades autónomas", criticó hace unos días Joseba Egibar, portavoz del PNV en el Parlamento Vasco.

Financiación autonómica y reforma territorial

Pero los Presupuestos Generales del Estado no son el único asunto económico que protagonizará 2018. El foco político también estará puesto en la negociación de la financiación autonómica, que en principio iba a haber tenido lugar durante este año –según se comprometió Rajoy– pero que, finalmente, se producirá el que viene. Así lo confirmó este miércoles el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que señaló que en las "próximas semanas" tiene intención de "acometer" esta reforma, que hasta el momento ha estado paralizada a la espera de que se celebrasen las elecciones catalanas.

El propio Montoro señaló hace unas semanas que "en temas de financiación autonómica es muy importante esperar a Cataluña", y así se ha hecho. No obstante, una vez celebrados esos comicios, las diferentes comunidades ya están tomando posiciones para la negociación que comenzará en 2018. Las autoridades de la Región de Murcia señalaron la semana pasada que esta comunidad "es la peor financiada de España junto con Valencia", el Gobierno canario ha pedido que "se fijen las diferencias" que existen entre las distintas comunidades para que "la financiación autonómica sea acorde con las necesidades que cada una tiene" y el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, recordó este miércoles la "infrafinanciación manifiesta" de su autonomía.

A nivel territorial, 2018 también tendrá como protagonista la eventual reforma de la Constitución, que todos los partidos salvo el PP piden pero que no termina de concretarse. Por el momento, el único paso que se ha dado es la apertura de una comisión sobre la reforma territorial en el Congreso en la que han rechazado estar presentes PDeCAT, ERC, PNV y Unidos Podemos, y que está previsto que eche a andar en enero. Pero los principales partidos tienen una idea muy diferente de cómo debe ser esta reforma. El PP sigue advirtiendo de los peligros de abrir este debate sin consenso y para "contentar" a los secesionistas, algo en lo que coincide Ciudadanos; mientras tanto, Pedro Sánchez se muestra convencido de que los conservadores aflojarán su rechazo en 2018, y Unidos Podemos ve totalmente insuficiente la comisión a la hora de reformar a fondo el modelo territorial.

Al menos otros dos asuntos serán protagonistas en el tablero político en 2018: la reforma electoral, encallada desde hace tiempo pero en cuya necesidad coinciden todos los partidos salvo el PP, y la flexibilización de la regla de gasto para evitar intervenciones de ayuntamientos con superávit por parte de Hacienda, como ha ocurrido este año con el de Madrid. De ambas reformas, la que tiene más opciones de salir adelante es la segunda, y de hecho Unidos Podemos y el PSOE se han aliado en el Congreso para iniciar la tramitación de la ley que eliminará la obligación de que los consistorios con superávit lo dediquen a amortizar deuda.

2015, un año de récord

En cualquier caso, si en 2018 finalmente no hay elecciones, se romperá un ciclo de cuatro años seguidos en los que se ha celebrado algún proceso electoral. De esos últimos cuatro años, sin duda 2015 fue el más prolífico en lo que a comicios se refiere: hubo elecciones generales, locales y autonómicas. De estas últimas se celebraron elecciones tanto en Cataluña y Andalucía –comunidades en las que, al igual en que Galicia y Euskadi, los comicios autonómicos no coinciden con los del resto de los territorios– como en Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra, La Rioja y Comunidad Valenciana.

De hecho, desde la aprobación de la Constitución en 1978, 2015 es el año en el que tuvieron lugar más procesos electorales: un total de cinco, si se cuentan como uno solo las autonómicas que hacen coincidir todas las comunidades salvo Cataluña, Andalucía, País Vasco y Galicia. Nunca se ha superado esta cifra, y sólo hay dos precedentes que se acercan a ella: los de 2012 y 1999, años en los que se llamó a los ciudadanos a las urnas cuatro veces en un mismo año. En el primero tuvieron lugar las autonómicas en Euskadi, Galicia, Andalucía y Cataluña, mientras en el segundo se celebraron municipales, europeas y autonómicas, estas últimas tanto en Cataluña como en las comunidades que las hacen coincidir.

Pero mientras 2018 se presenta, salvo adelantos, sin elecciones a la vista, 2019 es otro cantar. Ese año tendrán lugar las elecciones al Parlamento Europeo, cuyas legislaturas duran cinco años en lugar de cuatro, y también están previstas las municipales –que cumplen estrictamente el intervalo de cuatro años entre comicios– y las autonómicas en todas aquellas comunidades que las celebraron en 2015, salvo Cataluña.

El debate entre los partidarios de la independencia, los que prefieren reformar la Constitución para mejorar su encaje en España y los que simplemente quieren dejar las cosas tal y como están se ha adueñado del debate electoral en Cataluña. Pero si los partidos consiguen formar gobierno, desarrollarán políticas que afectarán a las vidas de siete millones y medio de catalanes.

infoLibre repasa las propuestas de los partidos en cinco ámbitos muy diferentes: empleo, turismo, financiación, educación y reforma electoral.

  Empleo

Todos los programas incluyen un apartado en materia de creación de empleo que, en su mayor parte, se limita a manifestar la voluntad de implementar políticas par crear más y mejores puestos de trabajo. Junts per Catalunya, la candidatura de Carles Puigdemont, propone “impulsar un proceso de concertación laboral para un nuevo modelo productivo y de relaciones laborales entre agentes sociales, con la tutela del Govern, que se convierta en un gran pacto para vertebrar políticas que nos dirijan hacia un nuevo modelo productivo y de relaciones laborales” en el que las condiciones de trabajo estén “equiparadas a las de los países de nuestro entorno para volver a garantizar a nuestros trabajadores los derechos que protegen la calidad en el puesto de trabajo y la estabilidad en el mismo”. El programa de Puigdemont defiende reformular las modalidades de contratación laboral, pero no precisa cómo, promete “centrar los esfuerzos de las políticas activas en programas específicos para reducir el paro de los colectivos más afectados (jóvenes, mayores de 50 años, menos formados y paro de larga duración)” y asegura que promoverá incrementar “el salario mínimo al nivel europeo, con 1.100 euros brutos mensuales”.

Es casi la cifra que propone la CUP (1.200 euros). Los anticapitalistas detallan numerosas medidas para luchar contra la precariedad y el paro, algunas tan concretas como la creación de “Planes de Empleo Público con contratación directa”. La CUP propone además la reducción de la jornada laboral (primero a 35 horas semanales y después a 30), el acceso a la jubilación ordinaria a los 60 años y un año sabático voluntario y pagado cada 10 trabajados con derecho a conservar el mismo puesto de trabajo. Como casi la mayoría de los partidos, los cupaires también prometen mejorar el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

ERC, que en los últimos dos años ejerció tareas de gobierno en materia económica, se suma a esta idea: impulsar el sistema de empleo y el Servei Públic d'Ocupació “como ente de referencia para combatir el paro, mejorar la empleabilidad de las personas” y “crear empleo de calidad”. Los republicanos también dicen que darán prioridad en su programa a “los colectivos más vulnerables en el diseño y el acceso a los servicios y programas de empleo, especialmente a los jóvenes no cualificados, los parados de larga duración, mayores de 45 años, a las mujeres y, en su conjunto, a las personas con menos recursos”. Esquerra también reclama “el traspaso a la Generalitat de las competencias en la gestión de las prestaciones de desempleo y otras ayudas y subsidios estatales”.

  Todos manifiestan la voluntad de implementar políticas par crear más y mejores puestos de trabajo

El programa del PSC también incluye promesas genéricas: “un programa marco de empleo y reactivación económica con el objetivo de reducir el paro y contribuir a hacer un tejido productivo más sostenible”. Su prioridad en el gobierno será “la disminución del paro hasta llegar a las actuales tasas europeas, para conseguir los objetivos de la UE del pleno empleo”. Para lograrlo se proponen tomar medidas “dirigidas a mejorar la cualificación profesional de las personas desempleadas y especialmente la de los jóvenes, las mujeres y las personas paradas de larga duración, incrementando la oferta de formación profesional y garantizando el acceso a la evaluación y la acreditación de la experiencia profesional. Una de las acciones en las que ha incluido cifras concretas es la que hace referencia a “un Plan de Promoción de Empleos Verdes para movilizar recursos públicos y privados que supongan la creación de más de 50.000 empleos mediante el impulso de actividades relacionadas con la rehabilitación de viviendas, mejora de la eficacia y eficiencia energética de viviendas, edificios y locales, incluidos los de titularidad municipal, así como la introducción de cláusulas medioambientales en los contratos públicos”. Los socialistas no podían ser menos y también quieren “hacer del Servei Català d’Ocupació una fábrica de más y mejores oportunidades de empleo para los trabajadores y las trabajadoras que buscan o cambian de trabajo”. Y no dan una cifra concreta de SMI, aunque sí prometen “un salario mínimo que esté en el 60% del salario medio en los próximos tres años”.

Catalunya En Comú-Podem ha presentado el programa más extenso (162 páginas; nueve veces más que el PP, cuyas promesas se resumen en 18), también en materia de empleo. La candidatura de Xavier Domènech propone “impulsar una ley para garantizar el derecho a un trabajo digno en las materias siguientes: igualdad en el acceso al empleo, relaciones laborales, salarios, formación profesional, contratación, organización del trabajo, despido y negociación colectiva”. Su promesa sobre salario mínimo es que alcance “el 60% del salario medio pactado en convenio colectivo (actualmente, 1.000 euros)” y vincularlo al IPC. Quieren, además, “repartir el trabajo mediante la reducción generalizada de la jornada laboral, por ley y sin reducción de sueldos, penalizar a las empresas que realicen horas extra“ y, como el PSC, “crear empleo en sectores clave como la economía verde”. Además, claro, de “superar las reformas laborales de PP y PSOE porque son injustas y inútiles”, y “recuperar el carácter público de las actividades de los servicios públicos de empleo y las agencias de colocación con finalidades lucrativas”.

El PP de Xavier García Albiol también se apunta a redefinir el Servei d’Ocupació “para que se convierta de verdad en un organismo que ayude a que los desempleados puedan encontrar una oportunidad”. En empleo público promete estabilizar y consolidar “las plantillas de la administración de la Generalitat para los años 2018-2021 aprobando una oferta pública” centrada en “servicios públicos como enseñanza, sanidad o seguridad”. Quieren limitar la temporalidad en el empleo al “8% en cada sector” y lanzar “una batería de bonificaciones fiscales y medidas extraordinarias para que las empresas contraten a personas mayores de 45 años”. El partido de Mariano Rajoy asegura que también desarrollará “una estrategia de trabajo público protegido para las personas mayores de 50 años que se encuentran en desempleo”.

Ciudadanos no ahorra términos contundentes en sus propuestas: “Revolucionaremos los sistemas de orientación, formación y reintegración de desempleados para reducir a la mitad el paro de larga duración en Cataluña”, sostienen. Prometen implementar el “cheque-formación” para que los desempleados “puedan adquirir directamente la formación que más se adapte a sus necesidades”, así como implantar un complemento salarial “para que los jóvenes menores de 30 años puedan formarse y encontrar un empleo”. “Estableceremos”, afirma el partido de Inés Arrimadas, un “sistema de incentivos para las empresas que apuesten por la estabilidad laboral y despidan menos”.

  Turismo

La presión turística y el debate en torno al modelo de negocio del sector ha sido una constante en Cataluña en los últimos años, impulsado sobre todo por la CUP, que incluso llegó a apoyar campañas de sensibilización. No es extraño que sean precisamente los anticapitalistas los que más espacio dediquen a este asunto. proponen, entre otras cosas, revertir el modelo actual para “desarrollar un turismo justo, sostenible y comunitario, que respete los derechos de la población local y de las trabajadoras del sector”. Ese nuevo modelo “pasa necesariamente por el decrecimiento” y por garantizar que los visitantes puedan “acceder al derecho a conocer la Cataluña real”. La CUP quiere indicadores que permitan medir el impacto del turismo sobre “la población residente, los recursos ambientales, las fuentes energéticas, los sectores productivos, los servicios públicos (sanidad, transporte, etc.), o los derechos de las personas (viviendas, espacio público, movilidad, etc)” y “poner la participación de las vecinas en el centro de la toma de decisiones turísticas, ya sea en el marco de referencia de un pueblo o de un barrio de ciudad”. Eso implica, sostienen, “revisar los privilegios de las empresas turísticas” o “combatir los grandes equipamientos destinados al ocio”, entre otras muchas medidas.

JuntsperCat, la candidatura de Puigdemont, en cambio, pone la actividad turística en el centro de la economía de Cataluña, aunque reconoce que hace falta negociar “una política de objetivos compartidos por un amplio consenso social y empresarial, que proyecten el país no sólo como referente turístico europeo, sino mundial”, pero “basado en los activos territoriales, su identidad y una propuesta de valor sostenible y competitiva que priorice la calidad, la innovación y la excelencia como pilares básicos del sector”.

Esquerra también apuesta por “calidad y sostenibilidad del servicio a los turistas y visitantes para atraer turismo de valor añadido, generar empleo de calidad y distribuir los beneficios de la actividad”.

  El debate en torno al modelo de negocio del sector ha sido una constante en Cataluña en los últimos años

Los socialistas no evitan la polémica sobre este asunto, pero tampoco la resuelven. Se limitan a prometer que liderarán “un debate en profundidad sobre la estrategia turística catalana que ordene y asegure una gobernanza equilibrada y una visión compartida a largo plazo y que consolide un sistema de calidad, excelencia y de proyección internacional” haciendo frente a “los nuevos fenómenos de economía colaborativa en el sector”.

Catalunya en Comú-Podem, también recurre a la palabra mágica: “sostenibilidad”. Para conseguirlo aseguran que, entre otras cosas, potenciarán “las oportunidades económicas y sociales de la actividad turística priorizando iniciativas empresariales redistributivas, sostenibles y responsables con su entorno”.

Los de Arrimadas prometen recuperar “la imagen de Cataluña como destino turístico de referencia nacional e internacional”, que consideran dañada. E implícitamente reconocen un problema en el sector, porque proponen encargar “estudios de impacto social y económico del turismo como punto de partida para nuevas formas de gestión turística” así como impulsar una “transición turística hacia un modelo con el que competir también en calidad, no sólo en costes”.

El PP ignora en su programa cualquier referencia al turismo.

  Educación

Más allá de su condición de servicio púbico esencial, la enseñanza se ha convertido en uno de los caballos de batalla de la política catalana. Defendida a ultranza por unos, atacada por los otros. Las medidas de todos, con diferentes matices, se dirigen a incrementar el apoyo a la educación en las edades más tempranas y a la adopción, por ejemplo, de medidas para la prevención del acoso y la lucha contra la exclusión social. Es la lengua vehicular el elemento en torno al cual gira casi toda la discusión entre partidos. JuntsperCat, por ejemplo, se propone “reforzar el catalán como un eje vertebrador de la acción educativa, para posibilitar la igualdad de oportunidades y la cohesión social en torno a una lengua compartida”, pero también “formar en el plurilingüismo, a partir de la centralidad del catalán, para desarrollar al máximo las competencias lingüísticas de los alumnos en un mundo globalizado”.

La CUP, pensando en un Estado independiente, propone redactar una “nueva ley de educación de Cataluña desde la base, escuchando a toda la comunidad educativa, así como a los profesores y expertos en educación, que regule una única red educativa de titularidad y gestión pública. Esta escuela será”, reivindican, “catalana, crítica, gratuita, laica, coeducadora, compensadora de las desigualdades, inclusiva, cohesionadora y participativa”. Los anticapitalistas quieren que no se renueven “los conciertos educativos que vencen entre 2018 y 2020 y hacer posible que se integren, si lo desean, los centros y trabajadoras que reúnan los requisitos a la red pública en un plazo de 10 años”. Y haga de “la escuela pública catalana” el “primer servicio público constructor de ciudadanía que trabaja para la cohesión social y la igualdad de oportunidades”.

Los republicanos de Oriol Junqueras, por su parte, apuestan por una “educación laica, pública, de calidad, no sexista y en catalán que se fundamente en la igualdad de oportunidades, la equidad y la justicia social”. Y proponen, entre otras muchas medidas, “un plan de choque contra la segregación escolar y el abandono escolar prematuro, centrándose la inversión en los centros de alta complejidad social”.

El PSC se plantea recuperar y actualizar el Pacto Nacional para la Educación “con la participación, implicación e identificación de toda la comunidad educativa”. Y no tiene dudas sobre la lengua: “Defenderemos el sistema de inmersión lingüística en la enseñanza, garantizando la cohesión de la sociedad y el progreso consensuado, atendiendo a la diversidad sociolingüística de nuestro país”, prometen. Apostando, al mismo tiempo, “por fortalecer la competencia lingüística del alumnado en una lengua extranjera, preferentemente el inglés, persiguiendo el objetivo de convertirse en una sociedad multilingüe”. Los socialistas, como hacen varias de las otras candidaturas, apuestan por incrementar el gasto educativo hasta alcanzar el 6% del PIB.

  La lengua vehicular es el elemento en torno al cual gira casi toda la discusión entre partidos

Esa es la cifra que da también Catalunya en Comú, que se compromete a defender “los principios básicos de nuestra escuela”, que están siendo “objeto de ataques que ponen en duda” su trabajo. “Hay que consolidar el modelo de escuela pública catalana, gratuita, laica, científica, humanística, pluralista, democrática, intercultural, solidaria, y coeducativa” manteniendo y defendiendo “el modelo basado en la inmersión lingüística, ya que favorece la convivencia de todo el alumnado, mantiene el actual equilibrio en la utilización de las lenguas oficiales de nuestro país e introduce las extranjeras”. Eso sí, ofreciendo a la red de centros públicos “el aprendizaje de diversas lenguas de las familias del alumnado, de manera que quien quiera pueda seguir profundizando en su lengua y en el marco del sistema educativo”. Los comuns quieren, además, “revocar los acuerdos en materia educativa con el Vaticano y demás confesiones religiosas y eliminar la asignatura de religión, así como “disminuir progresivamente los conciertos en los centros privados, empezando por aquellos que segregan por sexo u origen cultural y económico”.

Frente a estos partidos se sitúan nítidamente PP y Ciudadanos. Ambos apuestan por lo que llaman “un modelo educativo trilingüe. Los de Rajoy también prometen ampliar la inversión hasta el 6% del PIB, “libros de texto gratuitos para las familias con rentas bajas y medias” y el mantenimiento del sistema actual de “centros educativos públicos y privados sostenidos por recursos públicos, garantizando en todo caso su estabilidad, vigencia y suficiencia”. El partido de Albert Rivera, el que más bandera ha hecho contra la escuela catalana, dice en su programa querer que “el español y el catalán sean las lenguas de enseñanza en las aulas, en igualdad de condiciones, promoviendo que el inglés sea utilizado también como lengua vehicular”. Y que, entre otras medidas, “todos los alumnos tengan libros de texto gratis para ahorrar a las familias catalanas más de 200 euros al año”.

  Financiación autonómica

JuntsxCat, quizá en coherencia con su apuesta independentista, ignora esta cuestión en su programa. La CUP, en cambio, entra de lleno: “El ejercicio de la plena soberanía popular requiere no sólo romper con las imposiciones de España, sino también de la UE y la Troika, instituciones antidemocráticas que actualmente dictan las políticas neoliberales de austeridad”. Por esa razón, los anticapitalistas se comprometen a “suspender inmediatamente el pago de la deuda” y “defender la realización de una auditoría popular de la deuda con el apoyo de la administración que tendrá como objetivo saber cómo y en qué se han gastado los recursos”.

Esquerra explica en su programa que cuando habla de independencia se refiere “más a un medio que a un fin en sí mismo”. “Lo que reclamamos”, prosigue el documento, “es disponer de las competencias y los recursos para garantizar el binomio equidad/eficiencia. Porque hoy muchos de nuestros recursos se dañan en un sistema de financiación perverso que, en nombre del equilibrio territorial, acaba congelando e incluso aumentando las disparidades regionales. Desde la restauración democrática, sólo Madrid ha ganado peso económico a costa del resto de regiones españolas, las supuestas beneficiarias de nuestras transferencias fiscales”. A juicio de los republicanos, “el proyecto de soberanía reclama disponer de nuestros recursos y de la capacidad política para satisfacer nuestras necesidades”.

  Todos, salvo Ciudadanos, defienden aplicar “el principio de ordinalidad”

El PSC promete impulsar la negociación de un Pacto Fiscal Federal que pasa por conseguir “más recursos para afrontar las competencias” con una mayor participación “en el IRPF, IVA e Impuestos Especiales de manera que con los tres impuestos se cubran las necesidades de los servicios del Estado del Bienestar competencia de las Comunidades Autónomas”. El objetivo, subrayan, es conseguir “un sistema que garantice que todo el mundo es tratado de la misma forma ante esfuerzos fiscales similares” y la aplicación del criterio de ordinalidad en los recursos finales” (que después de redistribuir el dinero entre comunidades, aquellas que más aportan no pierdan posiciones en el ranking por territorios), así como la “equiparación de resultados, independientemente del modelo de financiación que se aplique, sea régimen común o régimen foral”. El nuevo modelo de financiación, reclaman, debe ser “muy simple y eliminar muchos de los problemas técnicos y políticos que han incidido en la inestabilidad y opacidad de los resultados finales del modelo actual. No sólo es necesario que se publiquen los resultados a tiempo y de forma comprensible y comparable entre todos los sistemas de financiación —tanto de régimen común como los de convenio y concierto—, sino que, en el marco de un Senado federal reformado, se genere un debate anual sobre la base de los resultados obtenidos”.

Los comuns de Domènech proponen la creación de una “hacienda propia y solidaria, con el pleno desarrollo de la Agencia Tributaria de Cataluña” para “lograr la plena capacidad de decisión sobre tributos en Cataluña, en plena coordinación con las competencias actuales y futuras de la UE”, y disponer “de los recursos económicos que se generan en el país para atender las políticas sociales y económicas”. Este sistema, asegura el programa de Catalunya en Comú-Podem, “continuaría siendo coherente con el principio de solidaridad territorial, que se haría efectiva a través del cálculo de una aportación para la redistribución territorial” sin alterar “el principio de ordinalidad”, el mismo que reclama el PSC.

Un principio que levanta ampollas en las comunidades más pobres, sean del PSOE o del PP, pero cuya aplicación reclama hasta la candidatura de Albiol: “pactaremos un nuevo sistema de financiación autonómica que respete los principios de justicia, igualdad, solidaridad, ordinalidad y sostenibilidad, que garantice la prestación de servicios públicos de calidad”.

Ciudadanos es aquí la excepción: ni siquiera menciona la ordinalidad. Para el partido de Arrimadas la reforma debe conseguir un nuevo modelo de financiación autonómica más justo que “garantice un reparto equitativo de los recursos entre todas las comunidades en función de sus necesidades reales, más transparente, más justo y que incentive la corresponsabilidad fiscal entre todas las administraciones”.

  Ley electoral

Cataluña no tiene ley electoral propia y a la hora de votar se rige por la legislación de Estado. Esquerra es la única de las siete candidaturas con opciones a estar en el Parlament que no propone cambiar esta situación.

Junts per Catalunya no da muchas pistas, pero sí reivindica usar “las nuevas tecnologías” para minimizar “costes”. “En el nuevo régimen electoral”, proponen, “implantaremos el voto electrónico y facilitaremos el voto por correo y anticipado. Reduciremos la duración de las campañas electorales y minimizaremos los gastos con un envío único de información electoral, y con un riguroso control previo y posterior de los gastos de las candidaturas”. También prometen eliminar, tal y como reivindican los colegios de periodistas, “el sometimiento de los medios a los bloques electorales, garantizando una política de información en base a criterios periodísticos”. La candidatura de Puigdemont, siempre en clave de estado independiente, también se compromete a crear “un órgano que vele por la calidad democrática del proceso electoral”.

La CUP también quiere cambiar de modelo. “La república catalana debe tener su ley electoral propia que permita un ejercicio del derecho de voto desde el exterior sin las restricciones que la vigente ley de régimen electoral impone”, razona el programa de esta candidatura. “Esta futura ley electoral propia debería garantizar también los derechos de voto de los catalanes residentes en las comunidades autónomas de España que así lo deseen” e incluir “la creación de una circunscripción electoral específica por los catalanes del exterior”.

  La proporcionalidad es el gran objetivo de los partidos no nacionalistas

Los socialistas de Miquel Iceta son de los que quieren que Cataluña tenga un nuevo sistema electoral, en este caso para mejorar “la proporcionalidad del actual modelo, para conseguir que el partido que tenga más votos sea también el que tenga más escaños y garantice un adecuado equilibrio territorial y el principio democrático ‘de una persona, un voto”. El objetivo es poner fin “a la discriminación histórica que significa que el valor del voto de algunos ciudadanos es el doble o el triple que el de otros”. El PSC incluye en su programa los detalles de su propuesta, que incluye la “creación de siete demarcaciones electorales y 57 distritos uninominales asignados a las demarcaciones, más un distrito uninominal para los residentes en el exterior”; 
un sistema electoral mixto “con dos urnas en que la ciudadanía elegirá el diputado de cada uno de los 58 distritos y un partido político en cada demarcación (lista nacional cerrada, pero desbloqueada con votos preferentes)” y “un sistema de recuento nacional para garantizar que los votos tengan el mismo valor en todo el territorio. Y apuestan, como JuntsxCat, por avanzar en “el voto telemático”, además de prometer “la introducción del voto a partir de los 16 años”.

Catalunya en Comú-Podem también detalla en su programa su propuesta electoral. Sus prioridades son “la igualdad del valor de los votos en todo el territorio, así como la representación de esta diversidad territorial en el Parlamento, la veguería como circunscripción electoral, la creación de una Sindicatura Electoral en Cataluña, el estudio de todas las posibilidades de las nuevas tecnologías”. Quieren, además, dar derecho al voto a “todas las personas a partir de los tres años de residencia y los 16 años” y limitar “los mandatos a dos, en cuanto a responsabilidades ejecutivas, y tres respecto a las representativas”.

Por la reforma electoral está igualmente el PP de Albiol, en su caso para compaginar “la proporcionalidad y la representación territorial. El sistema que proponemos se inspira en el doble voto propio del modelo alemán: un voto a las candidaturas por circunscripciones electorales y un voto directo a los candidatos de pequeños distritos electorales”.

El partido de Inés Arrimadas propone una reforma más detallada, también pensando en garantizar “una verdadera proporcionalidad para asegurar una justa representación de los votos”. Los partidos nacionalistas, subrayan en su programa, “no han hecho nada para solucionarlo, ya que el actual sistema les beneficia con una sobrerrepresentación en el Parlament”. El modelo de Ciudadanos incluye desbloquear las listas electorales “para que los ciudadanos puedan elegir directamente a sus representantes” y “que los políticos rindan cuentas ante sus electores; eliminar el voto rogado para los ciudadanos residentes en el extranjero; regular “la celebración de debates electorales” y reducir “el límite de gastos de las campañas electorales”.