El presidente catalán, Salvador Illa, ha anunciado este martes que Aena invertirá 3.200 millones en la ampliación del Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, un proyecto que contempla extender la tercera pista, la más cercana al mar, en 500 metros. En una comparecencia en el Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat recogida por EFE, que ha tenido lugar tras una reunión de la comisión técnica sobre el aeropuerto, ha explicado que la previsión es que el Plan Director se apruebe en 2028, de modo que las obras comiencen a ejecutarse en 2030 y el proyecto esté finalizado en 2033.

La inversión contempla mejoras en la terminal 1 y la terminal 2, la construcción de una terminal satélite que se conectaría con la terminal 1 mediante un tren subterráneo y la extensión de la mencionada pista cercana al mar, es decir, "una remodelación integral y completa", en palabras de Illa.

"Ya contamos con una propuesta sólida, consensuada y definitiva", ha reivindicado el jefe del ejecutivo, que ha augurado que, con estas inversiones, El Prat logrará ser "un gran 'hub' de conexiones intercontinentales".

El president reactivó el pasado 3 de septiembre la comisión técnica, ya conformada por el Govern de Pere Aragonès, en la que han participado la consellería de Territorio, el Ministerio de Transportes y Aena. La solución consensuada supone una reducción en 87 metros de la afectación al espacio natural de la Ricarda respecto a la propuesta inicial del gestor aeroportuario, al tiempo que permitirá operar "sin restricciones" aeronaves que cubren rutas intercontinentales, ha detallado Aena en un comunicado. El proyecto también "minimiza el impacto acústico sobre las poblaciones vecinas", agrega el gestor.

Illa ha defendido que El Prat "es una infraestructura crucial para la prosperidad de Cataluña, de España y de Europa", de modo que no se puede "perder más tiempo" y es hora de "pasar a la acción". "Hoy es un buen día para Cataluña (...) Hemos tomado la decisión de tener una Cataluña conectada que, con la máxima ambición, quiere recuperar su liderazgo en España y en Europa", ha añadido.

Para el president, esta ampliación -palabra que ha evitado usar en toda su intervención- permitirá mejorar la competitividad de Cataluña, cumplirá con los requerimientos medioambientales y potenciará los aeropuertos de Girona y Reus.

Illa, que sabe que este proyecto cuenta con la oposición de sus socios de investidura -ERC y Comuns-, ha dicho que su Govern se ha comprometido desde el primer día a "escuchar a todo el mundo", pero, al tiempo, a "tomar decisiones basadas en el interés general".

Ha afirmado que él quiere que los catalanes, en especial los investigadores, "puedan viajar directamente a todo el mundo", mientras que ha defendido que si se quiere apostar por "un turismo de calidad" el aeropuerto debe dar "un salto hacia adelante".

Aena, por su parte, ha señalado que el proyecto permite "compatibilizar el desarrollo del 'hub' internacional" con la preservación de la laguna de La Ricarda, que mantendrá su superficie acuática, ya que la pista terminará antes del brazo principal que la conecta con el mar.

La laguna de El Remolar, fuera del perímetro aeroportuario, tampoco se verá afectada, señala el gestor público.

 El acuerdo incluye, además, actuaciones compensatorias destinadas a mejorar los espacios naturales del Delta del Llobregat, que se detallarán durante la tramitación del plan director, pero que irán destinadas, entre otras, a ganar más de 270 hectáreas de espacios naturales.

Esos planes implican multiplicar por diez la superficie con esa clasificación, crear un "anillo verde" en el entorno aeroportuario para compatibilizar los usos agrícolas con la protección ambiental y crear un fondo ambiental para reforzar la protección del Delta del Llobregat, ha afirmado Aena. 

La tormenta arancelaria tiene a las bolsas en una constante fluctuación, a las empresas instaladas en la incertidumbre y a los responsables políticos europeos buscando mercados que amortigüen una posible ruptura comercial con Estados Unidos (EEUU). En medio de este vendaval, el oro ha irrumpido como uno de los activos de inversión más atractivos, de forma que la onza ya se paga a unos 3.200 dólares y su precio no para de encadenar récords a medida que avanza la crisis comercial. En los últimos doce meses su cotización se ha incrementado en más de 840 euros y la razón principal, coinciden los expertos, es su papel como valor refugio.

Javier Molina, analista de la compañía de inversión eToro, explica que la salida de dinero desde fondos cotizados en bolsa que se produjo a lo largo de estos meses es síntoma de “una creciente inquietud” entre los inversores. “Este éxodo se contrapone a la creciente atracción por activos tradicionales y refugios de valor, como el oro, que se consolida como la alternativa preferida en un entorno de volatilidad”, concluye. 

Los tiempos convulsos en los mercados suelen ser buenos para el metal dorado. Se considera un refugio porque históricamente ha mantenido su valor e incluso lo ha incrementado a pesar de las crisis y los periodos de incertidumbre. Durante la recesión global de 2008, el oro experimentó un notable aumento en su precio, alcanzando por primera vez los 1.000 dólares por onza en marzo de ese año. En la crisis del coronavirus de 2020 firmó otro récord de 1.943 dólares por onza y en agosto de ese año sobrepasó los 2.000 dólares por primera vez en la historia. La guerra arancelaria que Donald Trump ha desatado sobre el mundo tampoco parece sentarle mal y en marzo de este año superó otra marca histórica, cotizando por encima de los 3.000 dólares.

“El precio del oro ha marcado recientemente una sucesión de récords: en 2024 se registraron 40 nuevos máximos y su precio en dólares subió un 19% en el primer trimestre de este año, el mayor incremento trimestral desde 1986”, explica Ned Naylor-Leyland, gestor de inversiones, oro y plata del fondo Jupiter Gold & Silver. “Estas ganancias obedecen al papel que desempeña como refugio en tiempos de incertidumbre y como activo diversificador”, concluye. En lo que va de 2025 el metal ha subido más de un 20%, de hecho, según los analistas de eToro, en los primeros días de marzo se registró una entrada en fondos de este material de alrededor de 5.000 millones de dólares, mientras los fondos de criptomonedas experimentaban la salida de 2.600 millones. Unos movimientos que los expertos achacan a la percepción de riesgo alto que tienen los inversores. 

“El oro es un refugio sencillamente porque tiene valor en sí mismo, además de una gran liquidez al poder convertirse en cualquier moneda”, explica Antonio Pedraza, presidente de la Comisión Financiera del Consejo General de Economistas. Una de las características que mantienen al oro a resguardo de las crisis de pánico —que sí sufren, por ejemplo, las bolsas— es que carece de riesgo de contraparte. Esto quiere decir que tiene valor en sí mismo y no depende del comportamiento o de la gestión de otra persona, entidad o gobierno. Por eso es una inversión diferente de, por ejemplo, las acciones, cuyo riesgo de contraparte está en que la empresa quiebre, o de los bonos, en los que el riesgo está en que una compañía o gobierno determinados no los pueda abonar al vencimiento, algo que con el oro esto no sucede. “Es muy independiente de cualquier actuación de los Estados para influir en su valor”, concluye Pedraza.

La incertidumbre ha pasado a ser el sustantivo más repetido desde que se inició la crisis de los aranceles y quienes acuden al oro lo hacen en busca de una guarida mientras pasa la tormenta. Y es que Donald Trump empezó siendo un aliado para las bolsas, pero el idilio va camino de no terminar muy bien.

En diciembre, las promesas de desregulación, la integración de las criptomonedas o su insistencia en reducir impuestos sonaban bien en un Wall Street que avanzaba en positivo. Incluso se llegó a denominar como Trump Trade (el comercio de Trump, en castellano) a la conjunción de un dólar fuerte con unos mercados al alza. Pero los aranceles y sus continuos cambios de opinión terminaron por dar la vuelta a esta situación y en el cuarto mes del año llegaron semanas negras para la economía mundial. Desde el 2 de abril —denominado en la jerga trumpista como el Día de la Liberación—, índices estadounidenses como el Nasdaq o el S&P 500 dibujaron una caída en picado que siguieron también el resto de bolsas mundiales. 

“Cuando no se sabe lo que va a pasar en los mercados, lo que buscas es algo que no tenga un emisor. La lógica es buscar un activo en el que no dependas de las políticas que se están haciendo y el oro es uno de ellos”, explica Lluís Aragonés, experto en sistemas financieros y doctorando de la Universidad de Navarra. Aragonés, como la mayoría de los expertos consultados, explica que este escenario de guerra comercial está gobernado por la incertidumbre y eso afecta también al dólar y debilita su reputación de activo refugio. “El qué va a hacer Trump, cuándo va a ejecutar los aranceles o cuánto le puede subir a China, afecta también al dólar y a la política de su banco central”, concluye.

Por el momento, la mayor parte de su paquete arancelario está paralizado durante 90 días y las conversaciones entre la Unión Europea y Washington empezaron esta semana, aunque la desconfianza de los mercados tardará en desaparecer y el oro, previsiblemente, seguirá siendo el lugar en el poner a cubierto las inversiones. En su discurso de investidura, tras llegar a la presidencia en enero, Donald Trump señaló que comenzaba “la era dorada de Estados Unidos”, una predicción que tal vez se esté cumpliendo, aunque no en los términos que él esperaba.

En noviembre de 2024, Celeste Saulo, secretaria general de la Organización Mundial Meteorológica (OMM), afirmó que, debido al aumento de las temperaturas, “el ciclo hidrológico se ha acelerado, se ha vuelto más errático e impredecible, y nos enfrentamos a problemas crecientes de exceso o escasez de agua”. Estos cambios reflejan un fenómeno global cada vez más evidente: la intensificación y la frecuencia de los fenómenos climáticos extremos. Incendios forestales devastadores en Australia en 2020, las inundaciones históricas en Pakistán en 2022, las lluvias torrenciales y desbordamientos en Valencia en octubre de 2024, que cobraron 219 vidas, y las olas de calor extremo que azotaron Europa en 2023, dejando 47.690 muertos, son solo algunos ejemplos de los impactos dramáticos y cada vez más frecuentes del cambio climático.

Estos eventos, aunque devastadores, también nos recuerdan la urgente necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y limitar el calentamiento global. Nos enfrentamos a un imperativo global: aumentar significativamente las inversiones en mitigación y adaptación al cambio climático. La transición hacia una energía limpia y baja en carbono, la construcción de resiliencia frente a los impactos del cambio climático y la protección de la naturaleza requieren, hoy más que nunca, un esfuerzo financiero global sin precedentes.

Este fue, precisamente, uno de los puntos clave de la COP29. El éxito o fracaso de la conferencia dependía de alcanzar un acuerdo ambicioso sobre el nuevo objetivo de financiación climática (NCQG por sus siglas en inglés). Sin embargo, los resultados fueron decepcionantes si atendemos a las recomendaciones realizadas en el Tercer Informe del Grupo de Expertos Independientes de Alto Nivel sobre Financiación (Raising Ambition and Accelerating Delivery of Climate Finance). Este documento concluye que es necesario invertir anualmente 2,4 billones de dólares en los países en desarrollo (excluyendo a China) para 2030, y entre 3,1 y 3,5 billones de dólares por año para 2035, para mantener el impulso necesario. El nuevo objetivo aprobado en la COP29 quedó muy por debajo de lo requerido.

Hasta ahora, los países se habían comprometido a entregar 100.000 millones de dólares anuales al Fondo Verde para el Clima para los países con menos recursos, que son también los más vulnerables al cambio climático. Se esperaba que el nuevo objetivo, que estará vigente hasta 2035, fuera mucho más ambicioso. Los países más afectados por el cambio climático, como los de África o las islas del Pacífico, reclamaban al menos un billón de dólares anuales para hacer frente a los impactos del cambio climático. Cantidad que resulta mínima si atendemos al estudio antes mencionado. No es de extrañar que la Alianza de Pequeños Estados Insulares (AOSIS) y el Grupo de Negociadores Africanos hayan expresado su indignación por el acuerdo al que se ha llegado, considerando que no solo es insuficiente para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París, sino que también refleja un profundo desinterés hacia las naciones más vulnerables. 

Movilizar 300.000 millones de dólares anuales para 2035 está muy por debajo de lo necesario y no representa un avance significativo respecto al antiguo compromiso de 100.000 millones, y parece francamente insuficiente en un momento en que las políticas actuales solo permitirían una reducción de las emisiones del 2,6% para 2030 respecto a los niveles de 2019 (cuando sería necesario que descendieran un 43% para evitar los peores impactos del calentamiento global), situándonos en un aumento de la temperatura de entre 2,6 °C y 3,1 °C (Informe sobre la Brecha de Emisiones 2024, PNUMA).

Aumentar las inversiones climáticas en los países en desarrollo es crucial para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París, limitar el aumento de la temperatura global por debajo de los 2°C, adaptarse al cambio climático y detener la creciente amenaza a la naturaleza y la biodiversidad. Además, es fundamental promover una transición justa y la igualdad de género en el financiamiento climático para abordar de manera efectiva las distintas limitaciones y oportunidades que enfrentan hombres y mujeres. 

Acelerar las inversiones es una acción inteligente en comparación con la inacción. Contribuye a generar un desarrollo eficiente y de futuro, evitando enormes costos (como los impactos negativos en la productividad y la salud, los daños a activos y la pérdida de biodiversidad) y generando grandes beneficios (como mayor productividad, mejores servicios ecosistémicos y mayor estabilidad social) que, en conjunto, podrían representar entre el 15% y el 18% del PIB global en 2030. Además, una menor inversión y consumo de combustibles fósiles y de la reducción de subsidios perjudiciales para el medio ambiente podría generar ahorros financieros de entre el 11% y el 18% del PIB global, según el informe de expertos independientes.

La COP29 ha puesto de manifiesto la brecha existente entre las promesas y la realidad. Los países en desarrollo necesitan un apoyo financiero y tecnológico mucho mayor para adaptarse a los impactos del cambio climático y construir un futuro más sostenible. Por su parte, los países desarrollados deben asumir su responsabilidad histórica y aumentar drásticamente sus ambiciones climáticas. El propio António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas, lamentó que los acuerdos alcanzados no fueran lo suficientemente ambiciosos, señalando que no se incluyó en el acuerdo final ninguna mención específica sobre el compromiso de abandonar los combustibles fósiles, tal como se había estipulado en la COP28 de Dubái. 

Además, no se alcanzaron acuerdos sobre otros temas claves como el diálogo sobre la implementación de los resultados del Balance Mundial (GST) y sobre el programa de trabajo sobre transición justa. Resulta decepcionante, tal como sostienen las organizaciones españolas de la sociedad civil presentes en la COP29, que los derechos humanos y laborales, así como las cuestiones de género, de transición justa de las personas trabajadoras, los pueblos indígenas y la juventud sean completamente omitidos, y se retrasen los debates sobre estos temas a junio de 2025 en Bonn. 

El futuro de la humanidad depende de nuestra capacidad para movilizar los recursos necesarios para una transición justa y sostenible. La crisis climática no es un problema lejano, es una amenaza real que ya está afectando a millones de personas, y su solución requiere un compromiso serio y urgente. 

Además, no podemos olvidar que la transición hacia una economía baja en carbono debe ser inclusiva, considerando no solo la justicia social y económica, sino también la equidad de género. Las mujeres y los pueblos indígenas son quienes más sufren los efectos del cambio climático, y sus necesidades deben ser priorizadas en la financiación y en las políticas de adaptación.

Por último, el regreso al poder de líderes climáticamente escépticos, como Donald Trump en Estados Unidos, amenaza con deshacer los avances alcanzados en políticas climáticas globales. Sin embargo, esta situación ofrece una oportunidad para que la Unión Europea refuerce su liderazgo en la lucha contra el cambio climático, estrechando la cooperación con regiones vulnerables, como América Latina, y promoviendo un compromiso más firme en la movilización de recursos y tecnología.

Una vez más, nos encontramos ante un punto crítico en la lucha contra el cambio climático. Las necesidades de inversión para adaptación, resiliencia y pérdidas y daños aumentarán drásticamente a medida que los riesgos climáticos se intensifiquen. El retraso en la acción solo aumentará la magnitud de los desafíos a los que nos enfrentamos. Si no cerramos la brecha de financiación para 2030, será mucho más difícil reducir las demandas financieras futuras y garantizar una transición justa.

El calentamiento global no es una película de ciencia ficción, es nuestra realidad. Nuestro bienestar como especie está íntimamente ligado a la salud de nuestro planeta.

La crisis climática no es solo un problema ambiental, sino una amenaza directa a nuestro bienestar y supervivencia. La transición hacia una economía verde y sostenible es posible, pero requiere tanto de la voluntad política de todos los actores globales, como de la participación activa de los ciudadanos. Cada uno de nosotros, como ciudadanos, consumidores y votantes, tenemos un papel que desempeñar. Debemos exigir a nuestros líderes políticos que tomen medidas audaces y concretas para garantizar un futuro próspero.

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José Luis de la Cruz es director de Sostenibilidad de la Fundación Alternativas.

El gasto público representa en España un 74% del dinero total dedicado a la sanidad, un porcentaje inferior al 81% de media en la Unión Europea (UE), y eso significa que los ciudadanos tienen que poner más dinero de su bolsillo, sobre todo para el dentista o para comprarse gafas y audífonos, según recoge EFE.

Esta es una de las conclusiones del informe anual de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en el que compara los sistemas sanitarios europeos, y en el que España vuelve a destacar como el país con la mayor esperanza de vida de la Unión Europea (UE), y eso aunque gasta menos que la media en sanidad.

Como consecuencia de la baja cobertura de algunos servicios sanitarios, los españoles tienen que poner de su bolsillo el 19% del dinero, comparado con el 15% en el conjunto de la UE.

Eso representa el 3,3% del consumo total, un porcentaje ligeramente superior a la media europea (3,2%), lo que se explica porque el volumen total de gasto sanitario en España es relativamente bajo.

Si la sanidad pública en España cubre de forma similar los gastos médicos o farmacéuticos, la gran diferencia es en la atención dental y en los dispositivos terapéuticos como las gafas y otros productos oftalmológicos o los audífonos. En el caso del dentista, sólo hay tres países en los que la sanidad pública o los seguros obligatorios asumen más del 60% del gasto (Croacia, Alemania y Francia) pero la media en la UE es una cobertura del 35%, frente a un 2% en España. Con los dispositivos terapéuticos, la relación es muy similar, un 37% en el conjunto de los Veintisiete y un 3% en España.

El gasto medio por habitante en España en 2022 (el último año para el que hay datos comparables) fue de 2.822 euros, lo que en términos absolutos significa un 20% menos que la media de la UE y casi un 50% menos que en Alemania, el país donde más dinero se dedica (5.317 euros).

En relación con el producto interior bruto (PIB), Alemania también era el que más gastaba, un 12,6% seguida por Francia con el 11,9%, frente al 10,4% de media europea y al 9,7% en España.

El gasto per cápita en España crecía en términos reales a un ritmo menor que la media europea en los años inmediatamente anteriores a la covid (del 2,2 %, frente al 3,4 % entre 2015 y 2019) y así siguió siendo también en el periodo inmediatamente posterior (1,5 % frente al 3,6 % entre 2019 y 2022), una evolución en la que pesó mucho la recesión por la pandemia.

En 2023, después del bajón que se produjo por la covid, la esperanza de vida en la UE se recuperó por encima de los niveles prepandemia en buena parte de sus países miembros y alcanzó de media 81,5 años (78,9 para los hombres, 84,2 para las mujeres), señala la OCDE en su estudio publicado este lunes.

España estaba en cabeza de la esperanza de vida, con 84 años gracias en particular a las mujeres, que tenían con diferencia la mayor esperanza (86,7) por delante de las francesas (85,9), italianas (85,8), maltesas (85,3), luxemburguesas (85,1) y suecas (85). Los hombres españoles con 81,2 años, sin embargo, tenían una esperanza de vida inferior a la de los malteses (81,8), italianos (81,7), luxemburgueses (81,7) y suecos (81,7).

Un problema que señalan los autores del estudio es que si bien los españoles tienen la mayor esperanza de vida de la UE, las personas mayores de 65 años señalan tener más problemas de salud o discapacidades que en otros países, y sobre todo las mujeres.

De hecho, alrededor del 60% de la esperanza de vida de las mujeres españolas a partir de los 65 años, los viven con algún problema de salud o con discapacidad, frente al 56% en la UE.

Una situación que consideran que podría prevenirse atacando los principales factores de riesgo a esas edades, como la inactividad física o los problemas de sobrepeso y obesidad.

Según la OCDE, sólo el 25 % de los mayores de 65 años en España realizan suficiente actividad física. Es verdad que es algo más que el 22% de media en la UE, pero también que está muy por debajo de los países nórdicos o de los Países Bajos.

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), entidad dependiente del Ministerio de Hacienda, ha alcanzado el 10% del capital social de Telefónica y ha culminado el mandato del Gobierno trasladado a finales del año pasado, según ha informado en un comunicado recogido por Europa Press.

En concreto, la SEPI ha adquirido un total de 567.016.155 acciones con un precio medio de 4,0295 euros por acción, por lo que el importe de la operación asciende a casi 2.285 millones de euros, si bien a ese paquete accionarial hay que sumarle 541 títulos que la SEPI ya tenía en cartera y que elevan el número total a 567.016.696.

"La operación se ha llevado a cabo minimizando el impacto en la cotización y cumpliendo con las comunicaciones de participaciones significativas establecidas en la normativa de los mercados donde opera", ha detallado la entidad pública.

"Telefónica es una de las principales compañías del país, líder en el sector de las telecomunicaciones y clave en otros ámbitos estratégicos. La empresa es determinante por sus capacidades industriales y áreas de conocimiento, ya que desarrolla actividades relevantes para la economía y el tejido productivo, incluyendo las relacionadas con la seguridad y la defensa", ha añadido.

En esa línea, la participación de la SEPI en el capital de Telefónica tiene "vocación de permanencia" y busca aportar una "mayor estabilidad accionarial" a la compañía para la consecución de sus objetivos, al tiempo que contribuye a la "protección de sus capacidades estratégicas", ha indicado SEPI.

El 14% de las residencias para personas mayores que hay en España son de titularidad y gestión pública, según el primer Censo de Centros Residenciales de Servicios Sociales en España, que registra datos del año 2022, según ha recogido Europa Press. Es decir, la gran mayoría, el 86% son privadas.

La investigación, dada a conocer este miércoles por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha sido elaborada por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) y su presentación ha tenido lugar en la sede principal del Instituto en Madrid, con la participación de la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, y de la directora general del Imserso, Mayte Sancho.

La subdirectora general de Planificación, Ordenación y Evaluación del Imserso, Esther Pérez de Vargas Bonilla, ha presentado los principales resultados del estudio, que indica el sistema residencial español está compuesto por un total de 6.831 centros, de los cuales el 75,9% está dirigido a personas mayores, el 21,3% a personas en situación de discapacidad, y un 2,8% para ambas.

Además, en el caso de centros dirigidos a personas mayores, el 75% de los centros son privados, frente al 25% de titularidad pública. Respecto a los centros dirigidos a personas con discapacidad, el 80% son de titularidad privada frente al 20% pública. En relación con los modelos de gestión, el informe del Imserso sostiene que un 14% de las residencias de personas mayores son de titularidad y gestión pública, un porcentaje similar al de los centros de personas con discapacidad, que alcanza el 13,7%.

Asimismo, el documento refleja que el sistema residencial ofrece 381.514 plazas a personas mayores distribuidas entre 5.188 centros, mientras que para las personas con discapacidad hay 49.435 plazas repartidas en 1.455 centros. Eso supone una media de 73,5 plazas por centro en los dirigidos a personas mayores y 34 plazas por centro en los dirigidos a personas con discapacidad.

Sobre el perfil de los residentes, en las residencias de mayores el 70% de las personas que residen son mujeres, frente al 41,6% de mujeres que viven en los centros de personas con discapacidad. Además, un 75% de los residentes en centros de personas mayores tiene 80 o más años, mientras que en los de personas con discapacidad el 84,9% son menores de 65 años.

En el ámbito laboral, el censo indica que más del 95% es personal de plantilla, independientemente del tipo de centro. Por sexo, el 86% del personal en los centros de personas mayores son mujeres y el 78,4% en las residencias para personas con discapacidad.

En este sentido, en las residencias de personas mayores, el 57% del personal corresponde al primer nivel de atención, el más próximo al usuario, lo que supone una ratio de 0,36 trabajadores de primer nivel de atención por residente. En el caso de centros de personas con discapacidad, el 58,3% del personal está dedicado al primer nivel de atención, lo que arroja una ratio de 0,52 trabajadores de primer nivel por residente.

En su intervención, la secretaria de Estado de Derechos Sociales ha afirmado que el envejecimiento es "un reto de país". "El alargamiento de la esperanza de vida es una buena noticia, pero supone también un reto para los servicios sociales. Esto es facilitar, acompañar y resolver situaciones de dependencia y necesidades de apoyo que a medida que cumplimos años vamos necesitando, o hay muchas más posibilidades de que vayan apareciendo", ha explicado.

Por ello, Rosa Martínez considera "crucial" disponer de "datos fiables" que permitan adaptar los recursos sociales disponibles y enfocar "adecuadamente" las políticas públicas. En este punto, ha felicitado al Imserso "por conseguir que este ejercicio de transparencia se incorpore al Plan Estadístico Nacional como una operación que se irá repitiendo y realizando de forma periódica".

En esta respuesta además de agradecerme la «confianza por utilizar sus servicios» y pedirme «disculpas por las molestias que pudieran derivarse de las circunstancias que han motivado su escrito, ajenas en todo momento a nuestra [su] voluntad», la respuesta en el fondo del asunto es reveladora de la influencia ideológica neoliberal que se ha implantado en la gestión de esta entidad pública empresarial resultado, como dice en su propia página web, del proceso de "liberalizar el transporte ferroviario [que] ha marcado nuestra historia". Habría que decir historia reciente, pues, como dice, "Nacemos en 2005 de la escisión de la antigua RENFE en dos empresas con competencias bien diferenciadas". Ya sabemos en este contexto lo que significa "liberación", esto es, desregulación y entrada en los servicios públicos de empresas privadas cuya eficiencia deja mucho que desear y obligados por las normas europeas aprobadas a partir de 1991.

El caso es que a la solicitud esta oficina responde que «Los servicios de AVE y Larga Distancia prestados por Renfe Viajeros, bajo el principio de coordinación y eficiencia en el conjunto de la oferta ferroviaria.» En resumen, aunque la infraestructura ferroviaria existente es resultado de las inversiones públicas realizadas con el presupuesto público durante décadas, la empresa pública ha de actuar, por imposición de la UE, en el mercado como una más sin tener en cuenta el carácter público que debe tener el servicio de transporte ferroviario, lo que lleva a plantearse una actuación destinada a favorecer aquellas conexiones que resulten rentables, despreciando inversiones de mejora de otras cuyo uso sea muy minoritario y reforzando las tendencias territoriales preexistentes.

Además, añade sucintamente y para que quede claro, que esta actitud "se enmarca en un régimen de competencia con otros modos de transporte y la búsqueda de la sostenibilidad económica debe ser un criterio prioritario en la gestión de los servicios comerciales". No un criterio sino el prioritario –podría decirse que único—, algo que queda más claro cuando añade: "Estos servicios tienen como objetivo la rentabilidad y la oferta de plazas, horarios, frecuencias y paradas se fijan siempre de acuerdo con criterios de mercado, no estando sujetos a subvención alguna por parte del Estado o de otra Administración".

Esta última afirmación resulta chocante cuando lo contrastas con los Presupuestos Generales del Estado y compruebas que para 2023 el Estado ha aportado ingentes cantidades de recursos y que se recoge en el apartado "RENFE VIAJEROS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A". Aquí se apunta en su partida de ingresos, artículo 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN apartado b) "Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio" de la Administración General del Estado la cantidad nada despreciable de 1.519.553.000 €, sobre un total "IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS" de 2.269.767.000 €, lo que representa, más o menos, la misma cantidad que los ingresos por explotación. Además de esta cantidad hay que añadir lo que aparece en artículo "9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO" apartado "e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos" de la Administración General del Estado otros 27.558.000 €, es decir, un total 1.547.111.000 de euros.

Más interesante es la afirmación de que "Para conseguir estos objetivos, los estudios de mercado que periódicamente se realizan y las estadísticas de la venta de billetes, así como la existencia de otras posibles combinaciones, nos obligan a adoptar medidas de adaptación entre oferta y demanda. Por ello se configuran unas ofertas comerciales basadas en unos criterios de horarios, frecuencias, paradas y aprovechamiento de plazas para conseguir, como indicábamos anteriormente, la rentabilidad en nuestros productos". Si lo que marca la política de frecuencias, conexiones y horarios son los usos que se hace de las líneas existentes, entonces lo que sucede es que se refuerza las tendencias marcadas por esos usos y no las necesidades de la población. Creo que queda claro que, de aplicar estos criterios a servicios públicos como sanidad, educación, servicios sociales, etc., estaríamos en el mejor de los mundos neoliberales, es decir, desregulados, sometidos al mercado y orientados a la maximización de los beneficios financieros y económicos contables que son pagados por todos y sobre los que se impone un copago que es la compra de los billetes.

Finalmente se disculpan por los problemas puntuales señalando que "Asimismo, en ocasiones, las variaciones de horarios en la circulación de los trenes están motivadas por obras y mejoras en las infraestructuras, cuya responsabilidad compete al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y Renfe Viajeros debe adaptarse comercialmente a los mismos". Balones fuera, los problemas de atrasos y otras incidencias son cosa de otro, aunque ese otro fuera lo mismo antes de la obligada liberalización del servicio público que llevó a partir la empresa en dos.

A todo lo dicho se le podría dar la vuelta, incluso en el actual marco normativo en que se nos obliga a eliminar el carácter monopolístico de los servicios públicos estatales, por la vía de obligar a las empresas que presten servicios de transporte ferroviario, a que prestaran dicho servicio en determinadas condiciones de frecuencia, precios, líneas, seguridad, comodidad, paradas, territorio a cubrir, etc., algo que no está previsto ni tan siquiera como declaraciones de buenas intenciones. Más bien todo lo contrario, pues el Estado subvenciona a las empresas privadas con cientos de miles de euros por compañía para compensar la subida del carburante o la compensación millonaria por el incremento del precio de la electricidad que alimenta sus máquinas de tracción.

Así, con todo, los problemas de RENFE/ADIF no acaban aquí, pues a la consabida política radiocéntrica de las infraestructuras que se ve reforzada tras cada decisión, se suman sus millonarias inversiones en trenes de alta velocidad en muchas ocasiones sin sentido y sin plantearse alternativas menos costosas; la supresión de líneas férreas «deficitarias» sin tener en cuenta otras consideraciones de utilidad pública tales como la lucha contra el cambio climático o la mejora de territorios en proceso de despoblación; el lamentable mantenimiento de conexiones ferroviarias entre núcleos urbanos «menores» y el histórico déficit inversor en cercanías y la reducción de horarios y frecuencias.

Es decir, todo lo contrario de lo que se debería estar haciendo. Un pequeño dato: la isla de Sicilia, con 25.000 km2 de extensión, tiene 1.378 km de red de ferrocarril en explotación. La Comunidad Valenciana con sus 23.000 km2 de superficie, sumando las líneas de RENFE cercanías –8 líneas distribuidas en dos núcleos— y FGV —líneas de metro y tranvía— tiene 705 km de líneas férreas en explotación. Si comparamos otras regiones españolas con regiones europeas de similares características, las conclusiones son igualmente desalentadoras. A estos datos se le pueden poner todos los peros que se quieran, pero marcan una realidad muy diferente.

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Alfonso Puncel es socio de infoLibre.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una partida de 580 millones de euros para reforzar la Atención Primaria (AP) y de 38,5 millones de euros para impulsar la atención a la salud mental, según ha detallado el ministro de Sanidad, José Miñones, en rueda de prensa este martes de la que ha informado Europa Press.

"Es la mayor inversión que se ha realizado en AP a lo largo de la historia y me gustaría destacar que no son fondos de recuperación, sino que son fondos del presupuesto nacional", ha recalcado Miñones, con respecto a los fondos destinados a AP.

Tanto la partida de AP como la de salud mental, ambas finalistas, ya fueron anunciadas por el propio ministro el pasado 17 de abril tras presidir su primera reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS); si bien el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este pasado fin de semana en diferentes actos de campaña que este martes se aprobarían en el Consejo de Ministros.

Las comunidades deberán dedicar los fondos de AP a modernizar y mejorar los más de 13.000 centros de Atención Primaria y a financiar nuevas salas de fisioterapia, radiodiagnóstico y urgencias para evitar esperas, saturación o desplazamientos innecesarios, según detallan fuentes socialistas.

Por otro lado, el objetivo de los fondos destinados a la salud mental es la mejora de las infraestructuras y equipamiento clínico de los centros, servicios y unidades del Sistema Nacional de Salud destinados a la atención de la salud mental comunitaria tanto para población adulta como para población infanto-juvenil.

Aprovechando esta oportunidad que me ofrece infoLibre voy a intentar dar algunas pinceladas a favor de que todas las familias numerosas, sin importar el nivel de renta, reciban beneficios públicos.

Antes de nada, para que no haya lugar a malinterpretaciones, la prioridad que tenemos como sociedad es que ningún ciudadano de este país viva en situación de vulnerabilidad. Para ello tenemos la obligación de garantizar unos mínimos de vida para todos. Ya sea a través de programas de renta garantizada, de vivienda social, o de garantía alimentaria o energética. Las distintas administraciones públicas deben ofrecer políticas de acceso a estos programas según el nivel de renta. Y no sólo ofrecer, al mismo tiempo facilitar la información y las herramientas necesarias para que sepan que pueden acogerse a ellos de forma sencilla. Muchos hogares desconocen la existencia de estas ayudas, o no tienen la capacidad para vencer los procesos burocráticos de solicitud.

Dicho esto, no todas las políticas públicas que ofrece tanto el Estado como otras administraciones tienen por objetivo ayudar a familias en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, a nadie se le escapa que los beneficiados con subvenciones a la instalación de paneles solares no son precisamente personas con bajos ingresos. Son familias que viven en casas unifamiliares y que se pueden permitir el gasto de una instalación de estas características. Esto es así porque el objetivo de estas ayudas es la transformación energética hacia fuentes de energía renovable. Es un objetivo de transformación estructural (el cambio de modelo energético) que se vale de actores individuales (familias que viven en viviendas unifamiliares). Ocurre algo parecido con el fomento del transporte público a través de los bonos de RENFE gratuitos.

Esta visión de política estructural de desarrollo social a largo plazo se puede extrapolar a las políticas de familia numerosa o de fomento de la natalidad. Las políticas de familia numerosa son políticas que fomentan y protegen el nacimiento de un tercero o más hijos de forma general (hay casos de familias numerosas con dos hijos). Es bien sabido el grave problema de recambio generacional y envejecimiento que sufrimos en la Unión Europea. Y dentro de esta España, con una tasa de fertilidad ( número medio de hijos tenido por mujer ) de 1,18 en el año 2020, es uno de los países con peor proyección en este asunto. Las implicaciones sociales y económicas a largo plazo del envejecimiento de la población están sobradamente estudiadas: aumento del gasto sanitario, aumento del gasto en ayudas a la dependencia, insostenibilidad del sistema de pensiones, etc.

Para ello se hacen necesarias políticas estructurales en materia migratoria y de fomento de la natalidad que aumenten las tasas de población en España. Políticas en las que, independientemente del nivel renta, cada familia sienta la seguridad de que va a tener una protección por el estado a la hora de tener descendencia: conciliación laboral y familiar, escuelas de educación infantil, beneficios fiscales o ayudas en transporte público, estudios o energía. Pero si empezamos a retirar la universalidad de estos beneficios también empezamos a retirar la sensación de seguridad que nos ofrece el sistema a la hora de tomar la decisión de tener hijos. Y, eliminamos la necesaria estructuralidad de las políticas públicas de fomento de la familia y la natalidad, que pasarán a convertirse en políticas coyunturales a corto plazo que se deciden a golpe de titular o tuit.

Otra característica de la universalidad de algunas políticas públicas es que ayudan a vencer el discurso individualista neoliberal de reducción del Estado de bienestar. Si las clases altas o medias/altas ven que pagan más impuestos que el resto de la sociedad y no reciben ninguna contraprestación por parte del sistema, se consolida el discurso anti impuestos y de adelgazamiento de la intervención del Estado en asuntos públicos. Las políticas redistributivas (educación, sanidad…) garantizan la universalidad independientemente del nivel de renta, pero son menos perceptibles que las políticas distributivas (discapacidad, dependencia, natalidad…)

Para terminar, en algunos casos a la Administración le es más eficiente conceder la ayuda o subvención de forma universal que discriminar por razón de renta. Así, esta ahorra tiempo, plazos y personal funcionario; e impide el abandono de posibles beneficiarios que renuncian a la solicitud por la carga de documentación a presentar.

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Eduardo Álvarez Álvaro es socio de infoLibre

Nuestro país se enfrenta hoy a una miríada de crisis, entre las que podemos destacar tres extremadamente acuciantes: la crisis del coste de vida, consecuencia del aumento de la inflación; la existencia de un mercado de trabajo altamente precarizado, especialmente para los más jóvenes, y la crisis climática, que nos recuerda a través de fenómenos meteorológicos extremos su urgencia. Como explica el economista político Adam Tooze, estas emergencias son tan desconcertantes porque ya no parece factible señalar una única causa y, por consiguiente, una única solución. Hemos entrado en el mundo de lo que él llama de policrisis, donde shocks económicos, ecológicos y, recientemente, sanitarios, son dispares, “pero interactúan de modo que el conjunto es aún más abrumador que la suma de las partes”. Sin embargo, pese a que un mundo de policrisis requiere soluciones más complejas, tiene la ventaja de que, en caso de identificar políticas que se dirijan a más de una emergencia, podemos hacer frente a la policrisis en su totalidad. La mejor herramienta de la que dispone el Estado para hacerlo es una que abandonó hace cuatro décadas y que parece que hoy regresa con más importancia que nunca.

El problema más apremiante es el de la inflación, una de las preocupaciones principales de los hogares de nuestro país. España ha experimentado recientemente una inflación récord, lo que ha llevado a un aumento en los precios de los bienes y servicios. Esta situación es particularmente difícil para aquellos con ingresos bajos y medios, que ven cómo sus ingresos no alcanzan para cubrir sus necesidades básicas. Una política industrial se centra en atacar la inflación desde la oferta, a través de la innovación y la inversión pública en sectores clave, como la tecnología, la energía y la infraestructura. Al hacerlo, se puede aumentar la productividad y reducir los costes de producción, lo que contribuiría a controlar la inflación. En lugar de movilizar soluciones de demanda, como la subida de los tipos de interés, que pueden tener un impacto negativo en el mercado laboral y aumentar la carga de la deuda de los hogares y las empresas, una política industrial ayudaría a abordar la inflación de manera más efectiva y sostenible.

En segundo lugar, al mejorar la calidad de los trabajos y la capacitación de los trabajadores, se puede aumentar la capacidad de los hogares para hacer frente a la inflación y mejorar su bienestar financiero. Pese a que la reforma laboral ha conseguido situar el SMI en el 60% del salario medio español, protegiendo a los trabajadores más vulnerables, esta cifra sigue lejos de la media de la UE. Como recogía Emilio Sánchez Hidalgo hace unos días en una detallada pieza sobre el trabajo en España, mientras el tejido económico siga dependiendo tanto de sectores como la hostelería, los salarios y las condiciones laborales seguirán sin mejorar. Es decir, la única manera de conseguir que el mercado laboral cambie verdaderamente es a través de un cambio productivo que apueste por sectores que ofrezcan trabajos de mayor calidad y estén mejor pagados. Cambiar el modelo productivo pasa necesariamente por el retorno de la política industrial.

Por último, pero no menos importante, está el desafío del cambio climático. En EE. UU., este regreso[1]  se asocia con "supply side progressivism" (política de oferta progresista). Con ello se refiere a fomentar la innovación y la inversión en tecnologías limpias y renovables, así como en mejorar la eficiencia energética y reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Al invertir en energías renovables, como la solar y la eólica, se puede reducir la huella de carbono del país y, por ende, disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Este frente pone de relieve cómo responder a la policrisis: aprovechando, precisamente, esa interacción entre emergencias. Una política industrial activa liderada por un Estado emprendedor puede reducir el coste de la energía y aumentar la competitividad económica del país. La inversión en tecnologías limpias y renovables puede reducir la dependencia de los combustibles fósiles importados, lo que disminuiría los costos de la energía a largo plazo mientras se reducen las emisiones. Además, al impulsar la innovación pública y la eficiencia energética, se pueden reducir los costos de producción de las empresas, aumentando su competitividad en el mercado global y exportando knowhow en estos sectores (como ya ha logrado nuestro país con la energía solar). En otras palabras, es hora de aprovechar lo que hace tan complejas las policrisis —sus interconexiones— y volverlas contra ellas. La política industrial activa y su capacidad de coordinar a los actores económicos es el mejor arma para conseguirlo.

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha tenido una conversación con el presidente ejecutivo de Ferrovial, Rafael del Pino, en la que le ha expresado "claramente su rechazo" a la decisión comunicada ayer sobre el traslado del domicilio social de la empresa a Países Bajos.

Según han informado a Europa Press fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos, desde el Ejecutivo están pendientes de conocer los detalles para analizar y seguir de cerca las posibles implicaciones de esta "errónea decisión".

"Se trata de una empresa que debe todo a España", remarcan desde el Departamento que dirige Nadia Calviño. Por ello, creen que "no resulta aceptable que una empresa que ha nacido y crecido en España y gracias a la inversión pública de los ciudadanos españoles muestre esta falta de compromiso con su país".

Para Economía, es "paradójico" que se anuncie esta posible decisión en un momento "de importante atracción de inversión extranjera y confianza" de los inversores y empresas en España, y con un proceso de inversión pública y modernización "sin precedentes" en marcha en los sectores en que está presente el grupo Ferrovial.

El Gobierno también ha reclamado a Ferrovial que aclare su continuidad y su compromiso con España tras el reciente anuncio de trasladar su domicilio social a Países Bajos.

"Es muy importante que Ferrovial aclare esa continuidad. Creo que existe esa intención, que es positivo, pero debe ser Ferrovial quien dé la explicación correspondiente y más en un contexto en el que en España estamos recibiendo muchas inversiones extranjeras", ha asegurado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

El titular de Agricultura ha destacado que Ferrovial es un "gran grupo económico" del que el Ejecutivo se "siente orgulloso". "No solo no tiene un negocio en el país, donde tiene inversiones y trabajadores, sino también fuera de España", ha recalcado.

Respecto a la posibilidad de que otras empresas decidan seguir los pasos de Ferrovial, Planas ha reiterado que la multinacional "debe explicar el por qué de esta operativa".

"No quiero entrar en temas cuyo detalle no conozco, pero hay aspectos que clarificar de esa decisión. Espero y deseo que eso no suponga nada en su compromiso con España y la sociedad y de la actividad en el país. Las raíces están muy bien, pero el árbol está mejor", ha señalado.

 El consejo de administración de Ferrovial propuso ayer una fusión entre la matriz y Ferrovial International, una sociedad anónima europea neerlandesa que ya es titular del 86% de los activos de la compañía, lo que supondrá el traslado del domicilio social de España a Países Bajos.

Además, el grupo informó que pedirá la doble admisión a negociación en ese país, cotizando también en España, para cotizar posteriormente también en Estados Unidos.

En cualquier caso, Ferrovial señaló que esta reorganización corporativa no tendrá un impacto en los planes de inversión en España, país que permanecerá como principal fuente de desarrollo de talento.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha criticado también la decisión de que Ferrovial y que diga "sin rubor" que traslada su sede fiscal a Países Bajos para pagar menos impuestos, y le ha pedido que reconsidere su decisión y se comprometa con España en un momento de "necesidad" en el país.

"Ferrovial es una empresa muy importante de nuestro país que ha crecido al albur de enormes contratos con la Administración Pública. Le pido compromiso con nuestro país, con España", ha subrayado Díaz en declaraciones a los medios en el evento 'Generación de Oportunidades en Femenino: Estrategias de diversidad para cerrar la brecha de género', organizado por Europa Press y la consultora McKinsey & Company.

Díaz ha informado de que se estudiará cuál será la formulación jurídica que utilice Ferrovial para trasladar su sede fiscal a otro país y confía en que el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital "adopte las medidas que sean menester para que esto no se produzca".

Además, ha insistido en que en el ámbito europeo se tiene que trabajar para que no existan ni el dumping fiscal ni los paraísos fiscales. Díaz también ha cuestionado la ejemplaridad de Ferrovial en un momento como el actual y ha recalcado que cambiar la sede fiscal en una coyuntura de crisis "no es ser españoles".

"Ser español, ser española, es defender la permanencia en tu país (...). Esto no es compromiso con nuestro país. Muchos españoles hoy están atónitos con esta noticia. En los momentos de compromiso y necesidad en nuestro país las empresas tienen que ser ejemplares", ha zanjado la vicepresidenta segunda.

Cargos de Unidas Podemos han criticado la decisión de Ferrovial de trasladar su domicilio social a Países Bajos, a cuyos directivos acusan de ser "antipatriotas" y de tratar de "evadir impuestos" como el reciente tributo de solidaridad de grandes fortunas.

A través de Twitter la coportavoz de la formación morada y candidata a la Comunidad de Madrid, Alejandra Jacinto, ha recriminado que el caso de Ferrovial ilustra que "este es el patriotismo de las constructoras: construir en base a pelotazos urbanísticos y evadir los impuestos". "Son la antiEspaña", ha lanzado en las redes.

Por su parte, el presidente del grupo confederal en el Congreso y dirigente de En Comú Podem, Jaume Asens, ha ido más allá y ha deslizado que Ferrovial es una empresa "manchada por la corrupción", fue "favorecida por el franquismo", con beneficios "récord" en 2022 y cuyo presidente es "el tercer hombre más rico de España". "Ahora se va a los Países Bajos para pagar menos impuestos. Su patria es el dinero", ha recriminado Asens.

Mientras, el dirigente de IU y secretario general del PCE, Enrique Santiago, ha proclamado que Ferrovial deja de ser una empresa española para convertirse en una sociedad holandesa, algo que evidencia una "ingeniería fiscal para no tributar en España por la actividad desarrollada en otros países".

El Consejo de Ministros ha escogido a la ciudad de Sevilla como sede de la futura Agencia Espacial Española y A Coruña como localización de la Agencia de Supervisión de la Inteligencia Artificial, entre los 37 municipios que se habían presentado a este proceso que el Gobierno había puesto en marcha para deslocalizar organismos del Estado con el objetivo de luchar contra la despoblación.

Así lo ha confirmado la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros de este lunes, felicitando a ambas ciudades y poniendo en valor estas dos candidaturas, ha recogido Europa Press.

Según ha confirmado la ministra portavoz, la Comisión Consultiva —presidida por la propia Isabel Rodríguez— ha elevado al Consejo de Ministros un dictamen en el que se decide por unanimidad que Sevilla sea la próxima sede de la Agencia Espacial y A Coruña la de Inteligencia Artificial.

Finalmente, la ciudad de Sevilla se ha impuesto a las candidaturas de Castilla-La Mancha (Cabanillas del Campo, Ciudad Real, Puertollano y Yebes); Castilla y León (Cebreros, León y Palencia); Andalucía (Huelva y Jerez), Canarias (Puerto del Rosario, Isla de Tenerife y la candidatura conjunta de Las Palmas de Gran Canaria, Agüimes y San Bartolomé de Tiranaja); Comunitat Valenciana (Elche); Navarra (Estella y Lizarra); Cataluña (L'Hospitalet de Llobregat); Galicia (Ourense); Murcia (San Javier); Aragón (Teruel); Madrid (Tres Cantos) y Euskadi (Zamudio).

Para determinar la sede de la Agencia Espcial Española, el Gobierno de Pedro Sánchez dispuso unos criterios que se han visto envueltos en una polémica, ya que que incluso han sido recurridos en la Audiencia Nacional por la formación de Teruel Existe.

Entre los requisitos se incluía estar a menos de una hora de un aeropuerto internacional con conexiones a Ámsterdam, Roma, Frankfurt, Praga y Touluse, que son los destinos extranjeros que con más frecuencia se visitarán en los viajes de trabajo del personal de la agencia.

Según ha puesto en valor el Gobierno, la candidatura de Sevilla presenta una sede valorada en 6,7 millones de euros y cedida a la Agencia sin coste alguno por el Ayuntamiento, equipada y acorde a los requisitos con un edificio singular y de uso exclusivo ya disponible y adecuado a la actividad.

Asimismo, el Ejecutivo también ha defendido que Sevilla ha aportado el edificio del Centro de Recursos Empresariales Avanzados (CREA), con todos los equipamientos necesarios: salas de reuniones y videoconferencias, aparcamiento, espacios multifuncionales, dotación de comunicaciones digitales e infraestructura para garantizar la seguridad. Se valora positivamente la inmediata disponibilidad del inmueble, ya en funcionamiento.

También ha ofrecido cuatro ubicaciones alternativas en su término municipal para que sean tenidas en cuenta en el futuro ante eventuales cambios en la Agencia y necesidades de ampliación o traslado.

En cuanto a las conexiones, el Gobierno de Pedro Sánchez reivindica que Sevilla presenta también una buena red internacional aérea, AVE y terrestres, una amplia y variada oferta hotelera, así como un conjunto sólido de informes de impacto, sinergias y mercado inmobiliario.

Asimismo, destacan la importancia del entorno de investigación y empresarial en el área aeroespacial, así como el necesario entorno socioeconómico y educativo que permita una adaptación adecuada del personal de la Agencia, proponiendo la candidatura un programa de apoyo para la integración y reagrupación familiar del mismo.

Isabel Rodríguez también ha reivindicado que la elección de Sevilla contribuirá a reforzar la capacidad de la región sur de España para "atraer talento, inversiones y crear nuevos focos de crecimiento social y económico".

En cuanto a la sede de la Inteligencia Artificial, A Coruña se ha impuesto a las candidaturas de Ourense, Granada, Jerez de la Frontera, Salamanca, Segovia, Alicante, Barcelona, Guadalajara, Leganés, Palma, Isla de Tenerife y Zaragoza.

De este modo, el Gobierno entiende que al ubicar la sede en la ciudad gallega, esta región al norte de España se convertirá en un "polo de atracción y retención de talento, de trabajo cualificado, contribuyendo a luchar contra el fenómeno de la despoblación y generando empleo directo e indirecto".

La futura Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial será competente en el país para supervisar el desarollo de un ecosistema respetuoso y garantista en el uso de esta tecnología y potenciará el ecosistema de investigación, empresarial y social relacionado con este ámbito.

Para la elección, el Gobierno ha decidido que se ubique en Galicia valorando que los centros de investigación de las universidades gallegas han puesto en marcha proyectos de carácter internacional, posicionando a Galicia a la vanguardia de la investigación en materia de Inteligencia Artificial.

También por la fuerte relación entre investigación y empresa, basada en la presencia de empresas tractoras que incorporan la Inteligencia Artificial a sus procesos productivos, según apunta Moncloa.

Además, el Ejecutivo defiende que uno de los factores que ha tenido en cuenta ha sido que esta ubicación puede generar un mayor impulso a la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal, favoreciendo una mayor y mejor cooperación transfronteriza, "permitiendo la creación de un hub de talento ibérico para atraer y retener talento investigador en Inteligencia Artificial".

El conseller de Economía, Jaume Giró, y la portavoz de la Generalitat, Patrícia Plaja, criticaron el “desprecio” del Gobierno a los catalanes que muestran las cifras de inversiones reales publicadas este martes por la Intervención General del Estado. Lo habitual, hasta ahora, era escuchar las protestas de Isabel Díaz Ayuso por la racanería del Ejecutivo de Pedro Sánchez respecto a la Comunidad de Madrid. Sin embargo, al menos a tenor de los datos de ejecución presupuestaria revelados por el citado informe, son otras las comunidades autónomas, no Madrid, las que tienen derecho a quejarse.

Se trata de aquellas en las que la Administración General del Estado, sus organismos autónomos y fundaciones o consorcios, así como las empresas públicas, han ejecutado menos del 60% de las cantidades que les correspondían en los Presupuestos Generales de 2021. En concreto, las que figuraban consignadas en su capítulo 6, de inversiones reales.

Es lo que ocurre con el País Vasco, Cantabria, la Comunitat Valenciana, Andalucía, Asturias y, en efecto, Cataluña.

Mientras que la media de ejecución presupuestaria, la diferencia entre lo presupuestado y lo efectivamente pagado, alcanza la modesta cifra del 67,1%, estas seis comunidades y otras dos más, Navarra y Canarias, quedan por debajo de ese umbral. Galicia apenas lo supera, con un 67,2% de ejecución y Extremadura sube hasta el 69,1%. Muy lejos, por tanto, de las inversiones reales obtenidas por Madrid, que encabeza la clasificación con un 184%; es decir, al cabo del ejercicio se le proporcionaron partidas que casi doblan las inicialmente presupuestadas. Castilla-La Mancha, La Rioja y Aragón también terminaron superando las inversiones previstas en las cuentas del Estado.

La comunidad donde el Gobierno ejecutó menos inversiones de las presupuestadas fue Cataluña, sólo el 35,8%. Se le asignó un total de 2.068 millones de euros, de los que sólo se aplicaron 739,82 millones. Las de la Administración General del Estado se ejecutaron el 91%, pero de las previstas por las empresas públicas estatales sólo se hicieron realidad el 27,3%. Por el contrario, las consignadas por organismos autónomos –desde la Agencia Tributaria y el SEPE hasta las confederaciones hidrográficas o el CSIC— pasaron de sólo 1,57 millones sobre el papel a 52,69 millones a pie de obra.

En Asturias, el Gobierno ejecutó el 40,5% de lo presupuestado en inversiones, 365,64 millones que se quedaron en 148,13 millones al final del ejercicio.

Para Andalucía, de los 2.039,27 millones asignados en las cuentas del Estado se invirtieron 853,84 millones, un nivel de ejecución del 41,9%.

En la Comunitat Valenciana, se alcanzó el 42,3%, porque sólo vieron la luz 468,71 millones de los 1.107 inicialmente presupuestados.

Para Cantabria, hubo 121 millones de los 237,38 previstos, por lo que se invirtieron realmente el 50,9%. Y en el País Vasco, con un 52,4% de ejecución, se aplicaron 279,7 millones cuando en los Presupuestos figuraban para 2021 un total de 534,1 millones en inversiones.

En Canarias, el nivel de ejecución fue del 63,7%, con unas inversiones presupuestadas de 347,26 millones. La Administración General del Estado invirtió finalmente el triple –44,4 millones—de lo consignado en las cuentas de 2021, mientras que a través de los organismos autónomos se multiplicaron por 28 las cantidades iniciales. La erupción del volcán de La Palma es el motivo. Pero las empresas públicas sólo ejecutaron el 49,4% de las inversiones previstas en el archipiélago y el 61,3% de las asignadas por fundaciones y consorcios.

En el caso de Navarra, se ejecutó el 66,4% de los 75,25 millones presupuestados en inversiones reales. La Administración General del Estado apartó para la Comunidad Foral apenas 100.000 euros en las Cuentas de 2021, pero acabó elevando esa cantidad hasta 9.191,38 millones, lo que convierte a Navarra en la autonomía que más disparó su ejecución presupuestaria en 2021 en este apartado, por encima incluso del 438,8% de Madrid.

Cristina Cifuentes anunció en 2016 la integración en el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) de los seis hospitales bajo concesión de obra pública que el exconsejero de Sanidad Javier Fernández-Lasquetty había intentado privatizar hasta que se lo impidieron las mareas blancas y los tribunales. Vendió la operación como el cumplimiento de una promesa electoral que, además, “profundizaba en la gestión pública de los recursos sanitarios” que estaba llevando a cabo entonces el Gobierno de Madrid, según decía el comunicado de la Consejería de Sanidad publicado un 6 de julio de 2016.

La integración consistió en extinguir las empresas públicas que gestionaban cada uno de los hospitales, y hacerlos depender directamente del Sermas. Sin embargo, esos centros –Hospital del Tajo, del Sureste, del Henares, Infanta Leonor, Infanta Sofía, Infanta Cristina–, puestos en funcionamiento en 2009, y a los que sumó el Hospital Puerta de Hierro-Majadahonda, no figuraron en la contabilidad de la Comunidad de Madrid hasta 2019. Por tanto, no computaron ni para el cálculo del déficit ni para el de la deuda de la administración regional. Ni antes de su integración en el Sermas, cuando dependían de otras tantas empresas públicas creadas ad-hoc, ni después cuando pasaron a ser gestionadas directamente por la consejería.

Así lo recogen los sucesivos informes de fiscalización de la Cámara de Cuentas madrileña desde 2017. Y lo reconoció este miércoles el propio presidente del organismo, Carlos Salgado Pérez, durante una comparecencia en la Comisión de Hacienda de la Asamblea de Madrid. “Que [esos activos] estén incluidos o no en las cuentas del Sermas tiene evidentemente una trascendencia”, aseguró Salgado Pérez. “La contabilización”, añadió, “conlleva una repercusión en la deuda y el déficit de la Comunidad de Madrid”. Carlos Salgado no cuantificó el impacto porque aún no se ha hecho, dijo, un análisis del efecto en ambas magnitudes de las colaboraciones público-privadas suscritas por el Gobierno regional, ni en el ámbito de los hospitales ni en otras, como la M-45, por ejemplo.

La Intervención General de la Comunidad de Madrid emitió un informe en diciembre de 2017 donde establecía que el Sermas debía incluir en su balance los siete hospitales, así como las inversiones que se realizaran en ellos y el correspondiente pasivo financiero. Para llegar a ese criterio había realizado antes varias consultas al respecto con la Intervención General del Estado. Un año después, la Comunidad sacó a concurso la elaboración de un estudio para hacer la integración en sus cuentas de esos activos “dada la complejidad [de la operación] y la inexistencia de antecedentes”. Se presentó sólo una consultora, KPMG, que cobró por el informe 40.606 euros. Según sus cálculos, los siete hospitales tenían un valor contable de 600,13 millones de euros y suponían un pasivo de 552,68 millones. Así lo explica, una vez más, la Cámara de Cuentas en su informe de fiscalización del ejercicio de 2018. La inclusión de estos siete hospitales de gestión privada no se llevó a cabo hasta un año después, a 31 de diciembre de 2019. Según ha explicado la Consellería de Sanidade a preguntas de infoLibre, la demora se debió a “la complejidad de la valoración y el análisis del cálculo de los activos”.

Según la Cámara de Cuentas, la incorporación de los hospitales en el balance de la Comunidad en 2019 se tradujo en un aumento del activo no corriente por importe de 727 millones de euros. Para hacerse una idea de la importancia del cambio, basta con señalar que la Cámara de Cuentas cifra en un 44% el “fuerte incremento” del patrimonio de la Comunidad de Madrid, con una suma de activos y pasivos que rozaba los 3.000 millones de euros. La inclusión de los siete hospitales supuso un aumento del inmovilizado material –los bienes propiedad de la administración madrileña– del 76% en 2019.

Pero la operación no estaba completa. Siguiendo las instrucciones de la Intervención, el Sermas también debía consignar en sus cuentas de forma correcta los pagos anuales a las concesionarias. Porque lo que hacía Sanidad era incluir dentro de una sola rúbrica, el canon –en el capítulo 2 de sus presupuestos– todos los abonos que les hace cada año a las empresas privadas. No fue hasta finales de 2020, un año después de la integración de los activos, cuando empezó a desglosar los diferentes tipos de pagos, tal y como le reclamaba la Intervención. Sólo desde ese momento, el Sermas precisa cuánto paga a las concesionarias por los servicios prestados, por las amortizaciones de la inversión realizada y por los intereses de la carga financiera de esas inversiones. Es decir, durante todos los años de funcionamiento de los hospitales, la deuda con las concesionarias ha estado oculta en la partida del canon de las cuentas del Sermas.

El total que cada año el Sermas paga a las concesionarias de estos siete hospitales asciende a 166,28 millones de euros. De esa cantidad, 29,14 millones corresponden a intereses, tal y como figura en los presupuestos de este año. Es deuda que hasta ahora no constaba como tal en las cuentas del Sermas.

Por ejemplo, de los siete hospitales con este sistema de gestión, el más caro es el Puerta de Hierro, al que Sanidad debe pagarle cada año un total de 58,54 millones de euros, de los cuales 7,83 millones corresponden a intereses, 7,34 millones se destinarán a comprar bienes inmuebles y 587.358 euros a comprar bienes muebles.

La Consejería de Hacienda niega que la inclusión de los hospitales en el balance del Sermas tenga consecuencia alguna ni en el cálculo del déficit ni en el de la deuda de la Comunidad de Madrid, porque “se contabilizan como contabilidad patrimonial, no como contabilidad nacional” . Y se remite al mencionado informe de la Intervención de diciembre de 2017 en el que se indica que “la mera diferenciación en factura de la retribución asignada a la inversión del resto de retribuciones, en contabilidad nacional, no afecta al balance de riesgos existente previamente y no se modifica su incidencia en el déficit y la deuda de la Comunidad de Madrid”.

Madrid siempre ha presumido de sus cifras déficit y deuda públicos. En 2020 terminó con sólo 43 millones de euros de déficit, un 0,02%, lo que permitió a Fernández-Lasquetty, quien ahora es consejero de Hacienda, alardear de unas “cuentas saneadas” con las que la Comunidad puede “bajar los impuestos, costear unos servicios públicos de la máxima calidad y hacer frente a una catástrofe como la covid-19, sin meterse en deudas”. Para 2021, la AIReF preveía un déficit superior, pero aun así pequeño, del 0,3%. Hasta 2020 las cifras de déficit Madrid siempre habían sido negativas.

Otro tanto ocurre con la deuda, 34.604 millones en 2020, el 15,99% de su PIB, según el Ministerio de Hacienda. Es la segunda más baja, tras Canarias. La AIReF prevé que en 2021 la deuda baje al 15,1% del PIB.

No es este capítulo de los hospitales bajo concesión de obra pública el único que ha hecho aflorar deuda oculta en la Comunidad de Madrid. En 2018, el informe de la Cámara de Cuentas autonómica desveló que la Comunidad de Madrid tenía una deuda de 722,3 millones de euros con los cinco hospitales bajo concesión administrativa: los cuatro gestionados por Quirón Salud y el de Torrejón de Ardoz. En 2021 El País publicó que Bruselas había obligado a la Comunidad de Madrid a aflorar esa deuda, que hasta el 31 de diciembre de 2019 había crecido hasta alcanzar los 944 millones de euros. Según el último informe anual de Fresenius, la multinacional dueña de Quirón Salud, la deuda asciende a 1.250 millones por la asistencia médica a pacientes de la sanidad pública en ejercicios anteriores.

La Red Europea sobre Deuda y Desarrollo (Eurodad), que integra a 60 ONG de 29 países europeos, publicó en 2017 un informe sobre asociaciones público-privadas, la fórmula utilizada por la Comunidad de Madrid para construir estos siete hospitales y gestionar otros bajo concesión administrativa –Valdemoro, Torrejón, Rey Juan Carlos y Villalba–. El documento denuncia los “falsos incentivos” que tiene para las administraciones públicas dejar fuera del balance estas fórmulas de gestión: les permite ocultar costes y subestimar su efecto fiscal real. “Los gobiernos eligen las asociaciones público-privadas no por motivos de eficacia, sino para evitar limitaciones presupuestarias y para posponer el registro de costes fiscales derivados del suministro de servicios de infraestructura, unas prácticas que acaban exponiendo las finanzas públicas a riesgos fiscales excesivos”, resaltan los autores del informe. En resumen, destacan, que estos activos figuren en las cuentas de una administración pública tiene “un efecto sobre el déficit y la deuda”.

Para decidir si se incluyen en la contabilidad o no, Eurostat ha elaborado sus propios criterios, que son los que siguen en España la Intervención General del Estado y la de la Comunidad de Madrid. En general, si es la administración pública en cuestión la que asume ciertos riesgos, los activos gestionados bajo esta fórmula público-privada deben estar incluidos en las cuentas públicas, no en las de la empresa concesionaria.

En 2018, la Oficina Nacional de Auditoría (NAO) del Reino Unido, un organismo del Parlamento británico e independiente del Gobierno, analizó los proyectos gestionados con este mecanismo de colaboración público-privada. Es en Reino Unido donde ha tenido más éxito la fórmula. En 2017 estaban en marcha 716 proyectos, por importe de 59.400 millones de libras (71.215 millones de euros). Por comparar, en España actualmente existen sólo 161 proyectos, con un valor de 35.200 millones de euros, según los registros del Banco Europeo de Inversiones (BEI). De ellos, 20 son hospitales.

El informe destaca que los costes financieros de estos contratos son mayores que en proyectos enteramente públicos. Y que tienen otros costes externos adicionales, desde seguros hasta asesores y garantías. Sumados unos y otros, resulta que “el gasto total de estos proyectos es mayor que el de las alternativas con financiación pública”. Según detalla, un 40% más en el caso de las escuelas y hasta un 70% más en el de los hospitales.

Es más, al igual que Eurodad, la Oficina Nacional de Auditoría británica pone el foco en los “incentivos en el corto plazo” que para las administraciones públicas supone dejar fuera de sus cuentas la deuda asociada a estos proyectos. Para ello cita a la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria, que en un informe sobre riesgos fiscales calificaba de “ilusión fiscal” el uso de fórmulas fuera de balance como estas concesiones. Así explicaba el espejismo: “[Los mecanismos de colaboración público-privada] pueden ser atractivos para los gobiernos, ya que el nivel registrado de deuda será menor en el corto y medio plazo (cinco años), aunque sus costes sean significativamente mayores en el largo plazo de contratos que duran de 25 a 30 años”.

Aún no ha acabado la pandemia, pero ya han cambiado muchas cosas. Una de ellas, la política económica. A ningún gobierno, no importa su color, le ha temblado el pulso a la hora de apretar el botón del gasto público para paliar los daños que el virus y las restricciones están infligiendo a las personas y a las empresas. Donde antes se veneraba la austeridad y se demonizaba la deuda ahora se presume de generosidad en las ayudas y de eficacia en el incentivo público. En Estados Unidos se repite el New Deal un siglo después, con una explosión de inversiones en infraestructuras y de gasto social nunca visto. Y al otro lado del Atlántico la Unión Europea se acerca a una política fiscal común ensayando con los multimillonarios Fondos de Recuperación.

También los gobiernos han dado un golpe de timón a sus presupuestos nacionales. Incluso los adalides de la frugalidad se han visto obligados a abrir el grifo de los fondos públicos acuciados por el tsunami del coronavirus. La economía real acude suplicante al Estado en busca de ayuda para sobrevivir a la parálisis impuesta por las restricciones. El gasto público no sólo se ha vuelto necesario sino también virtuoso. Ya antes de dejar el cargo, Angela Merkel, látigo de los despilfarradores del sur europeo, utilizó el semestre de presidencia alemana en la UE para presionar a sus hasta entonces alumnos aventajados, los “frugales”, para conseguir el millonario fondo. Incluso se permitió invocar la “solidaridad en la crisis”. “No sólo es un gesto humanitario, sino también una inversión de futuro”, proclamó.

Ahora que un socialdemócrata la ha sucedido en la cancillería, Alemania se prepara para “refundar la economía social de mercado” y aprobar inversiones “masivas” que deberán modernizar la Administración y las infraestructuras o construir 400.000 viviendas. De hecho, el nuevo Gobierno tripartito –con Verdes y Liberales– acaba de aprobar un presupuesto adicional de 60.000 millones de euros que financiará proyectos ecológicos y de digitalización. El Ministerio de Finanzas lo dirige un liberal, conspicuo enemigo del endeudamiento y de las subidas de impuestos, Christian Lindner, pero él mismo ha definido esa inyección de dinero público como un booster –la tercera dosis de la vacuna contra el virus– para la economía y una “práctica estatal habitual”.

Eso no significa de ningún modo que en Alemania los halcones del Schwarze Null, el endeudamiento cero consagrado en la Ley Fundamental alemana, hayan sido derrotados. De hecho, Olaf Scholz se ha cuidado mucho de dejar claro que respetará el ajuste fiscal. Para empezar, los 60.000 millones no aumentarán la deuda pública, puesto que saldrán de los créditos autorizados para este año, 240.000 millones, de los que sólo se han gastado 180.000. La deuda alemana no llega ni al 70% del PIB, una cifra frente a la que sonroja el 122,1% en que está encaramada la española. La fortaleza económica y fiscal de Berlín le permitirá no subir impuestos a los más ricos –pese a que fue una de sus promesas electorales–, al tiempo que aumenta el salario mínimo, de 9,6 a 12 euros la hora.

En Países Bajos, uno de los más fieles seguidores de la política de austeridad del ministro de Finanzas de Merkel Wolfgang Schäuble, como demostró Jeroen Dijsselbloem en sus años al frente del Eurogrupo, continúa al frente del Gobierno Mark Rutte. Pero también ha cambiado la dirección de la política económica. Aunque hay un nuevo Ejecutivo, integrado por cuatro partidos de centroderecha, es el tercero que encabeza el liberal Rutte, en el puesto desde 2010. Y lo mismo que antes lideraba la ortodoxia económica del club de los frugales y fue de los más difíciles de convencer para poner en marcha el Fondo de Recuperación europeo, propone ahora un gran programa de inversiones públicas que inevitablemente aumentará la deuda pública del país. El plan incluye un fondo de 35.000 millones de euros para promover la transición ecológica de la economía holandesa. Rutte quiere además construir 100.000 viviendas, subir un 7,5% el salario mínimo, aumentar las becas universitarias o subvencionar las guarderías.

Que Francia gaste sin miedo resulta menos sorprendente, pese a que Emmanuel Macron llegó al Elíseo defendiendo un liberalismo económico que, en cualquier caso, no prescinde del Estado del bienestar, aun necesitado de reformas. El exsocio de la banca Rothschild echó la casa por la ventana con el covid-19, aprobando un plan de 100.000 millones de euros en 2020. Para abril del próximo año le esperan elecciones presidenciales, así que ha presentado unos presupuestos con un aumento del gasto de 11.000 millones. A las generosas ayudas contra el covid les sucederán ahora inversiones en transición ecológica, interior, justicia, transporte público y medidas sociales como una renta mínima de 500 euros para jóvenes ni-ni que quieran formarse. El desembolso se financiará con el crecimiento del PIB y sin subir impuestos a los ricos. Al mismo tiempo, Macron promete recortar el déficit público más de tres puntos y la deuda pública del 116% actual al 114%.

También Mario Draghi ha elaborado unos presupuestos expansivos para el próximo ejercicio. El aumento del gasto alcanza los 23.400 millones. Con ese dinero habrá para conceder deducciones en los recibos de la luz y del gas, créditos blandos para que los jóvenes compren su primera vivienda, incentivos fiscales para que las empresas contraten a jóvenes y mujeres, y ayudas para reactivar la economía, con exoneraciones fiscales para bares y restaurantes o 150 millones de euros para el turismo.

Y, como en Francia, el Gobierno italiano confía en el rebote del PIB –el 6% este año y un 4,7% en 2022– para sostener el dispendio, porque el expresidente del BCE y exdirectivo de Goldman Sachs ha prometido una rebaja de impuestos, desde el IRPF hasta el IVA pasando por los tributos regionales, que va a dejar a las arcas públicas sin una recaudación de 12.000 millones de euros.

Con estas cuentas Mario Draghi ha tenido que satisfacer a los seis partidos que forman su gobierno, desde Forza Italia y La Liga hasta el Movimiento 5 Estrellas. Una circunstancia que se repite en otros países como Finlandia, donde el Ejecutivo se lo reparten cinco partidos de centroizquierda. Para 2022 ha aumentado su techo de gasto en 900 millones de euros y 500 millones para 2023. Finlandia también ha sido uno de los defensores de la frugalidad en la Unión Europea y, aunque su deuda pública es sólo del 57,2% del PIB –por debajo del objetivo del Pacto de Estabilidad, que es del 60%– y el déficit público no supera el 5,6% del PIB pese al aumento de los gastos por el covid, el Gobierno planea una subida de impuestos de entre 100 y 150 millones de euros para el próximo año. La idea es elevar el impuesto al tabaco y eliminar la subvención fiscal al gasóleo, pero no tocar ni el IRPF ni el impuesto de sociedades.

En Austria, la coalición de gobierno une a los conservadores del ÖVP y a Los Verdes. Y su presupuesto para 2022 sufre de parecido trastorno bipolar que los de sus socios europeos. “Quiero dejar algo claro: reducción de deuda no significa programa de austeridad, más bien selección y fijación de áreas de interés”, zanjó el exministro de Finanzas, Gernot Blümel cuando presentó las cuentas. La reciente dimisión de Sebastian Kurz como primer ministro –la Fiscalía lo investiga por corrupción– ha cambiado el gobierno, pero no su política económica. Contra el coronavirus, Austria desplegó “el mayor paquete de ayudas desde el Plan Marshall”, según presumió el extitular de Finanzas: los ERTE austriacos salvaron 1,2 millones de puestos de trabajo, las empresas recibieron 3.400 millones de euros en compensaciones mientras estuvieron cerrados por la pandemia y se han aplazado o rebajado pagos de impuestos por importe de 5.100 millones más.

Para el Gobierno austriaco, ese monto de ayudas ha sido posible gracias a las políticas fiscales sostenibles que ejecutaron antes de la llegada del virus. Así que, una vez pasado lo peor de las restricciones, Viena quiere volver a ellas, reduciendo deuda. En 2020 aumentó el gasto público un 12,1% y este año crecerá un 2,5%. Para 2022, está programado un gasto de 99.000 millones, con un recorte del déficit público del 6% actual al 2,3% y una reducción de cuatro puntos en la deuda pública, hasta el 79,1% del PIB.

El crecimiento previsto de la economía este ejercicio alcanzará el 4,4%, por lo que el Gobierno cree que tiene margen para acometer una gran reforma fiscal, “la mayor transformación del sistema tributario de la Segunda República [desde 1955]”, alardeó de nuevo Gernot Blümel. El tipo del impuesto de sociedades se rebajará del 25% al 23% y se concederán primas a las inversiones verdes por valor de 350 millones de euros. Pero también se crea un impuesto sobre el CO2 que deberán pagar todos los austriacos, 30 euros por cada tonelada que produzcan con sus coches o sistemas de calefacción.

En el lado del gasto, 8.700 millones se destinarán aún a luchar contra la pandemia, 1.720 millones financiarán políticas climáticas y medioambientales –2,5 veces más que en 2021– y 250 millones ayudarán a los parados de larga duración.

En Suecia gobierna en solitario el socialdemócrata SAP, pero con un presupuesto que le han diseñado tres partidos de la oposición: el Partido Moderado, los ultraderechistas Demócratas Suecos y los Demócratas Cristianos. Magdalena Andersson se convirtió en portada de todos los medios europeos el pasado noviembre cuando, tras convertirse en la primera mujer al frente del Gobierno de su país, dimitió sólo siete horas después. Una semana después volvió al cargo en una segunda votación a falta de un gobierno alternativo.

El caso es que el presupuesto de la oposición recorta el gasto previsto en las cuentas socialdemócratas en 107 millones de euros y Andersson tendrá que funcionar con él al menos hasta la primavera, cuando el Gobierno pueda presentar enmiendas, de acuerdo con las leyes suecas. También recorta los ingresos en 146 millones de euros, porque establece una reducción en el IRPF para trabajadores y pensionistas, rebajas en los impuestos al diésel y la gasolina y en los que gravan las opciones sobre acciones, las donaciones o la publicidad. Por el contrario, aumentan las partidas para pagar a los agentes de policía y equiparlos con equipos de alta tecnología, instalar cámaras de seguridad y aumentar la capacidad de los centros de detención de inmigrantes.

Aunque también hay espacio para el gasto social. Para reducir las listas de espera en la sanidad causadas por el coronavirus se dedicarán 332 millones de euros y 283 millones para aumentar la capacidad de los servicios de salud. Un total de 195 millones irán a mejorar las guarderías y 59 millones más a instalar puntos de recarga para vehículos eléctricos.

Dinamarca es de todos los llamados frugales el país que ha regresado a la ortodoxia fiscal con más decisión. De hecho, el Gobierno ha presentado un presupuesto cuyo objetivo declarado es “quitar el pie del pedal” para enfriar la economía. El gasto se recorta desde los 164 millones de este año hasta los 106 millones de euros en 2022. Los socialdemócratas gobiernan en solitario con el apoyo parlamentario de un partido de izquierda, Lista Unitaria, y los social liberales, pero los vientos fiscales son más propios de la derecha, al igual que su política de inmigración. En Dinamarca no tienen problemas de desempleo, que ha caído tras superar lo peor de la pandemia, pero sí sufren carencias de personal sanitario. No obstante, las cuentas de 2022 prevén recortar deducciones fiscales, como las que se deben a la adquisición de viviendas, para enfriar el mercado inmobiliario. Y habrá 113 millones para ayudas a personas sin hogar, discapacitados y ancianos. Las cuentas dedicarán sólo 4,7 millones de euros para luchar contra la escasez de mano de obra, pero 32 millones a mejorar el sistema penitenciario.

Reino Unido se ha aplicado igualmente a soportar sobre los hombros del Estado el impacto del covid. Y en ello seguirá el próximo año. Boris Johnson ya anunció su particular New Deal en 2020 cuando anunció un plan de 5.422 millones de euros para “construir y construir” todo tipo de infraestructuras, desde carreteras hasta hospitales y colegios. Unos meses después prometió la mayor inversión en defensa desde la Guerra Fría, 18.500 millones de euros adicionales para modernizar las fuerzas armadas británicas. Para 2022, Johnson promete un aumento del gasto de 177.000 millones de euros, de los que 5.900 irán al NHS, el castigado servicio de salud público.

 Además, el Gobierno conservador británico quiere subir el salario mínimo de 8,1 a 9,5 libras la hora y ha puesto fin a la congelación de los sueldos de los funcionarios. Al mismo tiempo, se ha comprometido a bajar los impuestos al alcohol, los restaurantes y los comercios. No obstante, ya después del verano anunció un aumento de las cotizaciones a la Seguridad Social y del impuesto de sociedades.

Todas las comunidades autónomas excepto La Rioja, Cantabria, Galicia, Castilla y León y Aragón, redujeron el porcentaje de gasto dedicado a políticas sociales (sanidad, educación y servicios sociales) durante el año 2020, en medio de la pandemia del covid-19, con respecto al año anterior, según un informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales sobre el gasto social autonómico recogido por Europa Press.

El estudio, presentado este jueves, indica que en 2020, el porcentaje del presupuesto destinado a los servicios esenciales disminuyó un 2% con respecto a 2019. Si bien, revela que, en cifras absolutas, la inversión en políticas sociales creció el 4,81% respecto al año anterior, "solo" un 1,35% más que la media de incremento en los últimos cinco años. En concreto, el documento señala que el incremento que registraron en 2020 las políticas sociales gestionadas por las comunidades autónomas, con respecto al año anterior, fue de 5.681 millones de euros.

El mayor aumento del gasto en 2020 correspondió a educación (2.535,6 millones de euros, un 6,03% más), seguido de Servicios Sociales (610 millones de euros, un 4,35% más) y de Sanidad (2.573,3 millones de euros, un 4,12% más). Para los autores del informe resulta "paradójico" que en plena pandemia, el gasto en Sanidad ocupe el último lugar, aunque precisan que el presupuesto es definitivo (no liquidado) y que precisamente es en Sanidad donde se producen con más frecuencia las desviaciones presupuestarias.

De 2.204 euros en Madrid a 3.456 en Navarra

Atendiendo a los territorios, el estudio pone en evidencia que existen "grandes diferencias" en el gasto por habitante en políticas sociales en unas y otras comunidades, oscilando entre los 2.204 euros de la Comunidad de Madrid y los 3.456 euros de Navarra o los 3.415 del País Vasco.

Entre las comunidades de Régimen Común, destaca Extremadura, con 3.129 euros, Asturias (3.069 euros) y Cantabria (2.994 euros). Madrid, con 2.204 euros y Cataluña, con 2.426 euros, se encuentran a la cola del gasto social por habitante, un 17,5% inferior a la media de España, 1.300 euros menos que Navarra y casi 800 euros menos que la primera comunidad de régimen común con mayor inversión social, que es Extremadura.

La Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales explica que la ausencia de presupuestos generales del Estado hasta el año 2020 "ha lastrado la recuperación en el gasto social" y añade que "la complejidad burocrática también está lastrando la efectiva recuperación, a consecuencia de la cual todavía no se observan los efectos del nuevo presupuesto estatal de 2021 ni el aumento de fondos específicos vinculados a la gestión de la crisis social y sanitaria por el covid-19".

55 euros más que en 2009

Con respecto a 2009, año que marcó el inicio de los recortes para las arcas autonómicas, el informe señala que el gasto social por habitante en 2020 en el conjunto de comunidades fue de 2.590,32 euros, "solo" 54,98 euros más que en 2009 y 28,74 euros menos que en 2019.

No obstante, precisa que, desde 2010, el porcentaje que representa el gasto en políticas sociales sobre el total de los presupuestos autonómicos marca "una clara tendencia descendente", solo rota en los años 2015 y 2016. En 2010 representaban el 67,4% del presupuesto autonómico, mientras que 11 años después este porcentaje ha caído 9 puntos y representa el 58,4%.

Por comunidades autónomas, el documento pone de manifiesto que 14 autonomías han superado en 2020 el gasto social por habitante que tenían en 2009, encabezadas por Asturias (con 451,11 euros más) y Navarra (430,43 euros más). En sentido contrario, Canarias, con 8,39 euros menos, Castilla-La Mancha, con 218,87 euros menos, y Cataluña, con 307,69 euros menos, son las tres comunidades que aún mantienen su gasto por habitante inferior al que tenían en 2009.

Por su parte, Baleares es la comunidad que registra un mayor incremento porcentual de su gasto social, con un incremento del 25,29%. Mientras, las autonomías que mantienen un mayor recorte en términos porcentuales en esta última década, a pesar de la recuperación, son Cataluña (con un descenso del 8,85%) y Castilla-La Mancha (con una caída del 8,65%).

El mayor descenso mensual del paro desde 1996. Fue el titular con el que se desayunaron los españoles el pasado miércoles: 129.378 desempleados habían abandonado las listas del SEPE en lo que se interpretaba como un síntoma claro de rebote económico. El fin de las restricciones del estado de alarma, el buen ritmo de la vacunación y la llegada del verano, la mejor temporada productiva en España, han puesto el motor de la economía a tope de revoluciones tras año y medio de ir al ralentí.

Los sindicatos, la patronal y el Gobierno coincidieron enseguida en aplaudir el buen dato. Pero lo cierto es que mayo es siempre un mes propicio para el empleo –hubo 211.923 nuevas afiliaciones a la Seguridad Social, la mejor cifra ese mes desde 2018–, porque marca el comienzo de la temporada alta del turismo en una economía marcada a fuego por la estacionalidad. Y que, al mismo tiempo, la primavera ha llegado con nubarrones en forma de grandes despidos colectivos que no se veían desde los tiempos de la anterior crisis. Además, los ERTE, las suspensiones de contrato y reducciones de jornada acompañadas de prestaciones para los trabajadores y descuentos en las cuotas sociales para las empresas, siguen protegiendo sobre todo a los sectores más afectados por la pandemia, como la hostelería y los hoteles, pero son un paraguas cuyo uso se está prolongando mucho más de lo que en principio se había previsto. Las ayudas directas a las empresas aún no se han desembolsado, pero los préstamos ICO ya se están reestructurando para quienes no pueden devolverlos.

La previsión del Gobierno es que España recuperará en 2022 el 14% de tasa de desempleo que tenía en 2019 –medido en la Encuesta de Población Activa (EPA), no como paro registrado, que suele ser ligeramente más elevado–. Tampoco es una cifra para echar las campanas al vuelo: duplica la media de la Unión Europea. Puestos a pronosticar, el Banco de España y el FMI retrasan a 2023 y 2024 la vuelta a la normalidad de la tasa. Carlos Martín Urriza, director del gabinete económico de CCOO, cree que es posible cumplir el plazo del Ejecutivo. Antonio González, ex secretario general de Empleo y miembro de Economistas frente a la Crisis, tiene sus dudas. Y Florentino Felgueroso, profesor de la Universidad de Oviedo e investigador de Fedea, es mucho más pesimista.

“Los datos de mayo son especialmente buenos y, los de paro, sorprendentes”, celebra Carlos Martín, “sí esperábamos altas cifras de afiliación a la Seguridad Social, pero la bajada del desempleo ha sido espectacular”. Es más, avanza que en la segunda mitad del año el país vivirá un “boom económico” gracias a las vacunas, al adelanto de 26.000 millones de euros sobre los fondos de la UE que ha prometido el Gobierno y a la “demanda embalsada”, compuesta por el ahorro de muchas familias que ahora se lanzarán consumir y la inversión o los pedidos retrasados de las empresas.

Antonio González enfría la euforia apuntando que el de mayo es, en realidad, “el primer dato bueno tras un cuatrimestre bastante malo”. “Si esa cifra se consolida y revela una tendencia de fondo de creación de empleo, aún no lo sabemos”, matiza. Hay un “tirón”, en efecto, pero puede ser sólo estacional y, cuando se acabe el verano, quizá se produzca un nuevo debilitamiento. Para evitarlo, el exresponsable de Empleo apremia al Gobierno a “mover” el adelanto de 26.000 millones y a poner en marcha “una política económica para que las empresas no tengan que ajustar y haya una demanda sostenida, de forma que las inversiones productivas tomen el relevo del consumo”. “Hay incertidumbres que no están totalmente despejadas”, resume, para recuperar el ritmo vital deseable en 2022.

Un motor al 80%

Florentino Felgueroso tiene una lista de esas incertidumbres. Aún no se han eliminado todas las restricciones a la actividad ni se ha alcanzado la inmunidad de rebaño. “No sabemos cómo se va a comportar el turismo extranjero este verano”, añade. Reino Unido, de hecho, acaba de excluir a España de su lista de destinos seguros. Las empresas han llevado a cabo un cambio productivo adelantado “a marchas forzadas”, reorganizando el trabajo y sus recursos, cuyos efectos sobre el empleo también son desconocidos. Además, parte de los trabajadores –los que han terminado en el paro, los que ya estaban en él y no han podido encontrar un empleo en este año y medio, y los que han pasado por un ERTE– han perdido renta. Mientras otros han ahorrado mucho. “Va a aumentar la desigualdad”, por tanto. La negociación colectiva ha estado parada durante toda la pandemia y los salarios, congelados. Si en otoño la economía se recalienta, subirán los precios y la inflación, con lo que puede que se abran nuevos conflictos, previene el investigador de Fedea. Por ejemplo, los pensionistas pedirán que se les compense la pérdida de poder adquisitivo. “No vamos a terminar el año como en 2020 o como lo empezamos, pero seguiremos teniendo problemas precrisis que no hemos resuelto, en un contexto distinto y con más desigualdad”, resume.

Carlos Martín no ve un riesgo en la prolongación de los ERTE, que hay quien considera una suerte de respiración asistida que sostiene empresas zombis después de cinco prórrogas. “El verano vaciará la bolsa de los ERTE”, sostiene, “que quedan básicamente en los sectores ligados al turismo y al ocio”. Por el contrario, cree que el peligro acecha del lado del sector financiero, “el menos solvente de la UE”: que los bancos terminen recortando el crédito a familias y las empresas para mantener sus ratios de solvencia, si aumenta la morosidad en los próximos meses.

Felgueroso apunta hacia otra herida que va a dejar la pandemia en el mercado laboral: el volumen de empleo perdido, que calcula en medio millón de puestos de trabajo. Son los que deberían haberse creado en año y medio para jóvenes o inmigrantes, menciona. De hecho, este mes de mayo se han firmado un 25% menos de contratos que en el mismo mes de 2019. “Y lo mismo nos lleva pasando desde agosto de 2020”, apunta. También ocurre con las altas de la Seguridad Social, se han registrado un 75% de las contabilizadas antes de la pandemia. Es decir, el motor de la economía está funcionando al 80%, redondea. “Mayo ha sido un buen mes, pero los datos netos nos han engañado, los flujos siguen siendo iguales que antes, aún falta dinamismo”, advierte.

Reforma integral

Mientras la economía y el empleo se desesperezan, sindicatos, patronal y Gobierno negocian cambios que prometen acabar con los muchos males del mercado de trabajo y que Bruselas pide a cambio de los millonarios fondos comprometidos para la recuperación. “Hay una reforma [del mercado laboral] en marcha para cambiar el modelo y evitar que se traslade el riesgo del empresario al trabajador como ocurre ahora”, describe el director del gabinete técnico de CCOO. Los ERTE, asegura, han demostrado que existen otros mecanismos, distintos al despido, para gestionar las crisis, de forma que éstas sean “menos traumáticas”. La desaparición del contrato de obra y servicio, por un lado, y la adopción de los ERTE como mecanismo de ajuste interno preferente son dos de las herramientas que Carlos Martín ve como parte de una nueva regulación laboral imprescindible para “dar el salto”.

Una reforma que Antonio González urge a poner en marcha “cuanto antes”. Lo ideal, apura, sería solucionarlo para el final de verano, aunque concede que es “complicadísimo”. “Ahora no hay una prelación de medidas [para afrontar las crisis en las empresas], no se distingue entre causas coyunturales y causas estructurales, y no puede ser que la solución a un problema coyuntural de una empresa sean los despidos; deben ser los ERTE”.

A juicio de Florentino Felgueroso, la desaparición del contrato de obra y servicio, o penalizar los contratos muy breves como ha anunciado el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, no son más que “ideas muy puntuales y poco analizadas”, inútiles para un mercado laboral que padece un “problema muy complicado y estructural”. “Llevamos 40 años con él, hemos probado mucho y no ha funcionado nada”, protesta. Cuatro décadas desde que se generalizó el uso –y abuso– del contrato temporal, en las que España ha creado “un modelo laboral muy poco productivo” y con el paro estructural más alto de la Unión Europea, subraya Carlos Martín.

Para ese paro cronificado, la única receta es apostar por las políticas activas de empleo, el reciclaje profesional de decenas de miles de trabajadores que cada vez son más difíciles de recolocar, explica Antonio González. “Las políticas de empleo”, resalta, “deben ser como la sanidad pública, con médicos y tratamientos”. Que es como llama el ex número dos de Empleo a los servicios y los programas. “Aquí nunca han funcionado los servicios, las oficinas de empleo no tienen médicos suficientes para recibir a los parados, hacer pruebas diagnósticas, identificar la enfermedad y hacerles un itinerario personalizado”, compara. Por lo que ahora los programas son “ciegos”. “No conocemos a los parados”, concluye. González echa de menos “voluntad política” en el Gobierno para enfrentarse a las comunidades autónomas, entre las que debe repartir los fondos y que éstas quieren recibir sin condiciones.

Lo que Felgueroso echa en falta es un “paquete integral de medidas”, pero no una “contrarreforma”, sino “pensar en el futuro”. El abuso del contrato temporal es un problema “social y cultural”, subraya, que precisa un “abordaje integral con campañas, incentivos y regulación”. Una tara tan estructural como el galopante paro de los más jóvenes, que ni una década de Garantía Juvenil y sus muchos millones han conseguido enmendar. “Ni siquiera estoy seguro de que la mochila austriaca por sí sola ayude”, matiza, pese a que los investigadores de Fedea han sido los mayores defensores de ese instrumento como solución para el exceso de temporalidad, la mayor de la UE sólo por detrás de Polonia.

España 2050, el ejercicio de prospectiva recién elaborado por un centenar de expertos para el Gobierno, prevé que el paro baje hasta el 7%, un nivel europeo, dentro de 29 años, incorporando al mercado laboral a mujeres, jóvenes, inmigrantes y personas de más de 55 años. Y contando con que el PIB crezca un 1,5% anual hasta 2050. Antonio González cree que, en realidad, bastarían cinco años para llegar a esa tasa sólo con que la economía y el empleo mantuvieran la misma potencia que alcanzaron entre 2016 y 2019.

La Comisión Europea ha recomendado este miércoles a España que mantenga una política fiscal "prudente" en 2022 debido a su elevada deuda pública, que alcanzó este año el 120% del PIB, y que utilice las ayudas europeas del fondo de recuperación para financiar inversiones adicionales, según informa Europa Press.

El mensaje de las autoridades comunitarias al Gobierno español se repite para los Estados miembros del bloque cuentan con una deuda pública elevada, a los que sugiere ser precavidos en la gestión de las cuentas aunque mantengan los estímulos para reactivar sus economías tras la pandemia.

"Los Estados miembros con una deuda elevada deben usar el fondo de recuperación para financiar inversiones adicionales que apoyen la recuperación y al mismo tiempo mantener una política fiscal prudente", apunta el informe publicado este miércoles por el Ejecutivo comunitario.

Esto no significa, explican fuentes comunitarias, que países como España no deban realizar inversiones con fondos nacionales, sino que piden cierto "grado de precaución" en este capítulo y "dar prioridad" a las ayudas previstas en el plan anticrisis de la UE.

Con las reglas fiscales europeas suspendidas todavía, Bruselas ha optado por lanzar mensajes "cualitativos" a las capitales del bloque, en lugar de establecer objetivos concretos para la reducción del déficit y la deuda, como hacía habitualmente antes de la pandemia.

En general, Bruselas sigue recomendando el mantenimiento de los estímulos en 2022 y pide a los gobiernos que eviten una retirada "prematura" de los apoyos, que podría dañar y retrasar la recuperación. Las autoridades comunitarias calculan que el todos los países del bloque habrán recuperado su PIB previo a la crisis a finales de 2022, aunque a un ritmo desigual.

No conviene identificar crecimiento y desarrollo económico, porque un país puede haber alcanzado un elevado nivel de riqueza material (medido usualmente por el producto interior bruto por habitante, PIBpc) y, sin embargo, no estar a la misma altura en su nivel de bienestar social.

El bienestar social no es algo subjetivo. No hablo de la felicidad de los países o de sus ciudadanos. Bienestar social, como aprendimos en esta pandemia, es tener un sistema sanitario y de salud pública resilientes y bien dotados que garanticen una elevada y satisfactoria esperanza de vida, un sistema educativo que impida que las diferencias familiares determinen la escalera social, un sistema de pensiones y de protección social que evite situaciones de pobreza y exclusión o unas oportunidades de empleo digno para sus ciudadanos. Todo eso son cosas que se pueden cuantificar y evaluar. Muchos investigadores trabajamos en ello y el que suscribe –con mi colega Patricio Sánchez- lo venimos haciendo desde hace años.

Ese bienestar social puede analizarse para el conjunto de la población de un país. Pero también puede hacerse para sectores especialmente sensibles del mismo. La población femenina y la infantil son dos grupos sociales que, sin duda, afinan un buen diagnóstico de como usa cada país su nivel de riqueza económico.

En esta última dirección en el año 2013 UNICEF editó un informe sobre el bienestar infantil en 29 países ricos del mundo utilizando nada menos que veintinueve indicadores relativos a salud, educación, vivienda, conducta, bienestar material en la población infantil. Dicho informe destaca que en general no parece haber una estrecha relación entre nivel de riqueza nacional y bienestar infantil.

Caso singular es el de Estados Unidos: de entre esa casi treintena de países ricos era el país que peor relación mantiene entre nivel de riqueza y bienestar infantil. Desciende nada menos que 23 posiciones. De los más ricos pasa a estar entre los menos virtuosos para el bienestar de su infancia. Islandia es el caso contrario: mejora doce posiciones.

Cuando una evaluación de este tipo se amplía para todos los países del mundo (188 países con datos de Naciones Unidas) y para catorce indicadores educativos, sanitarios, de género y de empleo, todos ellos relativos a la infancia en el año 2015 las conclusiones son diversas y de sumo interés (ver aquí).

Para el caso de Estados Unidos se confirma el mal diagnóstico que hacía UNICEF en su estudio: Estados Unidos ocupa la posición 45ª mundial, lo que supone caer 34 posiciones respecto a la que ocupa si atenemos a su nivel de riqueza (11º en PIBpc). Siendo así que Islandia ocupa la posición 10ª en el ranking de bienestar infantil, muy por encima de Estados Unidos a pesar de anotar un nivel de riqueza sustancialmente menor (28º).

Otros ejemplos son demoledores. Cuba con un nivel de riqueza ocho veces menor que el de Estados Unidos supera a este país en bienestar infantil (32ª frente a 45ª). Y China, que en nivel de riqueza está en 82ª posición, también supera el nivel de bienestar infantil medio de Estados Unidos (24ª China y 45ª Estados Unidos). China con 13.000 dólares frente a 53.000 de Estados Unidos.

Una cosecha desastrosa de cuatro décadas ininterrumpidas de neoliberalismo militante en Estados Unidos. Primero del pata negra Reagan, y luego con el centrismo neoliberal abrazado por los demócratas, hasta forzar la aparición del iluminado Trump.

New deal para la infancia norteamericana

Con estas premisas es muy razonable, y más que adecuado, que la nueva administración Biden nada más llegar a la Casa Blanca haya aprobado un Plan de Rescate Social al que se destina un billón de dólares en apoyos a los hogares. Con medidas muy focalizadas en la población infantil tal como recogemos en esta imagen que resume parte de dicho Plan: una auténtica re edición del New Deal de los años 1930 en favor de la infancia (observe el lector los subrayados en color amarillo).

Fuente: American Rescue Plan (2021)American Rescue Plan (2021)

Bienvenida sea esta Casa Blanca a la senda de lo que viene denominándose crecimiento inclusivo. Corregir esa asimetría poco virtuosa: que uno de los países más ricos del mundo se vea superado en bienestar infantil por países mucho menos ricos.

Porque es posible transformar mucho mejor un menor nivel de riqueza nacional en bienestar infantil. Porque crecimiento y desarrollo no son la misma cosa. Porque, como bien se observa, podemos alcanzar un mejor y mayor nivel de desarrollo social con un menor crecimiento económico.

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Albino Prada es miembro de ECOBAS y del Consejo Científico de Attac España.

“Parece que les da igual”. No se entiende cómo los ciudadanos “se pueden organizar y se organizan perfectamente mientras las instituciones nos dan la espalda”. La frase es de Cristina Sanz, médica de urgencias en un Centro de Salud de una localidad madrileña, Villarejo de Salvanés, pero son muchos los afectados por el déficit de lo público que han sufrido las consecuencias de la falta de medios y de personal de unas administraciones incapaces de hacer frente a situaciones de emergencia, se trate de una pandemia o de una tormenta de nieve. Y han tenido que organizarse. Ya sea para llevar alimentos a personas que no los tenían, para despejar aceras o para trasladar pacientes que lo necesitaban.

Los indicadores sociales de confianza en las instituciones, que ya sufrieron una notable caída a partir de la crisis de 2008, están cayendo de nuevo. La desatención a los ciudadanos con ocasión de la covid-19 o, simplemente, obligándoles a limitar sus movimientos porque no hay recursos con los que despejar una calle bloqueada por la nieve, en opinión de muchos parece confirmar la idea de que “lo público” o no funciona todo lo bien que debiera o no está siendo gestionado como sería necesario. Como telón de fondo, los recortes de los últimos años, que ahora se hacen visibles a la vista de la impotencia de las administraciones.

Hay datos reveladores. Según el último barómetro del CIS, un 34,7% de los españoles creen que el principal problema de España es la política en general, el comportamiento de los políticos, la inestabilidad política, la falta de unidad, el Gobierno o los partidos. En relación con la pandemia, un 59,2% de los ciudadanos cree que habría que haber tomado medidas más estrictas que las que se han tomado por parte del Gobierno español y de las comunidades autónomas. Una creciente desconfianza y decepción hacia el Gobierno y los políticos en general es una de las consecuencias que la pandemia ha tenido para muchos de los encuestados, no muy lejos de la intranquilidad o la preocupación por la salud.

El indicador de confianza política del CIS muestra una clara tendencia a la baja desde la crisis de 2008, con algunos repuntes, muy significativos, cuando las elecciones abren la puerta a una expectativa de cambio. Que puede haber una relación entre la generación de expectativas positivas y la esperanza que la ciudadanía deposita en un nuevo gobierno es algo que constata, por ejemplo, la tesis firmada por el doctor en Ciencia Política Roser Rifà y publicado por la Universitat Autónoma de Barcelona en 2017, precisamente sobre la evolución de la confianza en las instituciones políticas españolas. Un aumento de la confianza que, sin embargo, es poco duradero, como él mismo reseña.

La politóloga y profesora de sociología de la Universidad de Zaragoza y colaboradora de infoLibre Cristina Monge conoce bien cómo funciona la confianza en las instituciones. Los datos del CIS, recuerda, muestran que la confianza en las instituciones baja en momentos de crisis. Por eso “hay un bajón enorme a partir de 2011”, aunque “se empieza a recuperar un poquito hace dos o tres años, pero sin llegar a los niveles previos al 2011”.

Son pocos los estudios que analizan cómo la pandemia y sus graves consecuencias económicas está afectando a la confianza ciudadana en estos momentos. Monge llama la atención sobre una tendencia preocupante: “todas las crisis económicas generan un proceso de desconfianza en las instituciones, pero cada una de ellas genera un poso, de tal manera que en la siguiente crisis la confianza parte de más abajo. La desconfianza se va acumulando de unas crisis a otras”. “Hace mucho tiempo que los políticos están entre los cinco o seis primeros puestos” cuando se pregunta por los principales problemas de España, “pero en pandemia han llegado al primero y al segundo puesto”, advierte.

Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, coincide con este análisis. “La confianza en las instituciones en España tradicionalmente ha sido baja”, pero “a partir de la crisis económica de 2008 la bajada de la confianza fue brutal”. España fue en su opinión el país ese Europa que más sufrió este fenómeno, algo que Monge relaciona además con la aguda polarización del país.

Cristina Monge: “En los países con más polarización, como España, la desconfianza crece más”

“En los países con más polarización, como España, la desconfianza crece más”, apunta la socióloga. "Ahora mismo —recuerda— con la pelea en torno al horario del toque de queda, lo que los ciudadanos perciben no es debate sobre lo correcto, sino que en plena tercera ola los políticos sólo están 'a la greña'”. Y “el primer mandamiento de la política es que tiene que ser útil”. “Con la polarización permanente, la primera víctima es la democracia. Y los propios partidos, todos, sin excepción”. En los días que siguieron a la nevada, a las personas que no podían salir a la calle o ir a trabajar no les importaba de quién son las máquinas quitanieves. “Cuando uno tiene ese malestar, dispara contra todo lo que se mueve”.

Villoria corrobora que existe cierta oscilación cuando hay elecciones o un cambio que implica expectativas de mejora. Ocurrió de forma “muy fuerte, muy sorprendente, en el último trimestre de 2019, y tiene probablemente que ver con la llegada del nuevo Gobierno, que generó una ilusión mayor. Los datos están ahí, en los eurobarómetros”.

Y aunque la evidencia demoscópica es menor que antes de esa fecha, los datos del CIS vienen a indicar que “ese deterioro, que se viene produciendo sobre todo a partir de la crisis económica de la gran recesión, ha vuelto. Y con una fuerza enorme”.

La culpa es de la pandemia, opina Villoria, y las tensiones que genera, económicas y sociales. Pero también de “la propia dinámica de la vida política, que cuando llega un test de estrés se demuestra que no está en condiciones de hacer frente a los problemas de los españoles”. “La pandemia nos muestra, y ahora también la nevada, que en el momento en el que se someten a un test de estrés, nuestras instituciones y nuestra clase política, sobre todo la clase política, fracasan”.

Pero no todo el mundo está de acuerdo. Lluís Orriols, profesor de Ciencia Política de la Universidad Carlos III de Madrid, asegura que los estudios disponibles (aquí y aquí) indican todo lo contrario: un aumento de la confianza de los ciudadanos en las instituciones. En todo el mundo y también en España. 

Lluís Orriols: “No estamos viendo el deterioro que vimos hace diez años”

Orriols confirma que las crisis económicas suelen dañar la confianza en las instituciones, pero en este caso asegura que no hay evidencias que confirmen que eso esté pasando. Probablemente, aventura, porque la respuesta de los gobiernos a los problemas económicos está siendo muy diferente a la que tuvo lugar durante la gran recesión. “Las crisis económicas arrastran normalmente la confianza en los gobiernos y en ocasiones incluso al régimen. Pero no estamos viendo ese deterioro que vimos hace diez años”. La prueba, argumenta, es la suerte que han corrido los gobiernos. “Si hubiera un enfado con las instituciones acabaría en terremoto para los gobernantes y no estamos viendo castigo electoral. Así lo vimos en la crisis de hace diez años”.

El profesor de la Carlos III se cura en salud y subraya, no obstante, que esto es lo que se observa “hasta ahora”. Porque “una cosa es lo que se ve en la superficie” y otra muy distinta las “corrientes de fondo” que puedan existir y aún no son visibles. O la posibilidad de que la población tenga “umbrales de tolerancia que puedan superarse” en el futuro.

Sí observa Lluís Orriols una consecuencia negativa: un aumento de las “demandas tecnocráticas” a la hora de tomar decisiones y una tolerancia mayor a las “medidas iliberales”. La gente acepta mejor que “los poderes públicos invadan la esfera privada”, un fenómeno que considera “claramente derivado de que la única forma de luchar contra una pandemia es restringiendo libertades”. Se trata de algo que en sí mismo es inocuo, subraya, siempre que se agote con la pandemia. Otra cosa es que lo aprovechen actores políticos como los populismos de extrema derecha para promover cambios “estructurales”.

Cristina Monge comparte una reflexión que, a su juicio, valdría la pena investigar. “Cada vez confiamos menos en las instituciones, pero cuando viene un problema gordo, ¿a dónde miramos?”. Es una paradoja, “porque cada vez decimos que desconfiamos más, pero seguimos manteniendo” la mirada puesta en “lo público como un elemento central en nuestras vidas, sobre todo cuando vienen mal dadas”, como sucede en un evento como la pandemia o una tormenta de nieve.

Un vecino utiliza sus propios medios para intentar despejar una calle de Madrid invadida durante días por el hielo.

Ha sido al final, pone como ejemplo haciendo referencia a las consecuencias de Filomena, “ha habido gente que después de diez días esperando” y al ver que su calle seguía impracticable, se ha organizado. “Unos han contratado a una empresa y lo han pagado entre los vecinos de la calle. Otros han cogido la pala y se han puesto a quitar nieve como han podido. Pero eso ha sido una reacción posterior, cuando efectivamente se ha visto que las instituciones no hacían su trabajo”.

Es lo que hicieron, por ejemplo, los voluntarios de los cuatro por cuatro,voluntarios los vehículos privados todoterreno que se organizaron para ayudar a trasladar personas que lo necesitaban cuando las calles y muchas carreteras permanecían intransitables para otros vehículos, incluido gran parte del parque móvil de los servicios de emergencias.

Fue uno de estos cuatro por cuatro el que trasladó a Cristina Sanz, médica del centro de salud de Villarejo de Salvanés, para que pudiera dar relevo a una compañera que llevaba 48 horas trabajando aislada por la nieve sin ayuda de ninguna institución pública. Sanz narró hace unos días a la Cadena SER la situación de abandono del centro en el que trabaja, en el que por no tener a menudo carecen hasta de conexión a Internet y línea telefónica, lo que condiciona todo su trabajo, incluida la realización de test PCR y el rastreo de contactos en un área de atención con una incidencia por cada 100.000 habitantes superior a 2.000 personas.

Cristina Sanz: “A las instituciones les damos igual”

“Nos hemos visto desbordados; no damos abasto”, explicó esta profesional sanitaria que desde junio encadena 25 contratos. “La gerencia [sanitaria] no ofreció ninguna solución. A las instituciones les damos igual. Llevamos un año así. Parece que les da igual”. “Estoy muy enfadada con que se lleven años recortando los servicios públicos. Esto no sale de la nada y ahora es lo que tenemos”, lamentó.

Esa queja la comparten todos los ciudadanos con los que ha hablado infoLibre y que de un modo u otro han sentido en primera persona las consecuencias del abandono de “lo público”.

El movimiento vecinal madrileño sabe de esas carencias. Las ha vivido en primera persona desde que comenzó la pandemia —con la puesta en marcha de grupos de apoyo mutuo y despensas solidarias— y ha visto cómo se repetían durante la nevada—teniendo que montar grupos para abrir el paso hacia centros de salud, supermercados y colegios—.

Jorge Nacarino, responsable de la Asociación de Vecinos Puente de Vallecas, confirma que se trata de un debate abierto, aunque en última instancia los vecinos diesen un paso al frente. “Al final lo que nos importaba por encima de todo son nuestros propios vecinos. Somos parte de una comunidad y al final lo importante es que nadie pasara hambre” durante la pandemia o que todo el mundo “pudiera acudir a su centro de salud, al supermercado más cercano o al colegio” a pesar de la nieve y el hielo. “Lo hemos hecho por eso, pero sí que es cierto que hay un debate sobre por qué tenemos que ejercer un papel que debería hacer la propia administración”.

Lo ocurrido, en su opinión, demuestra que “la administración muchas veces no llega a muchos sitios a los que sí que llega el tejido social”. A pesar de que a menudo algunas instituciones o los grupos de la ultraderecha desprecian al movimiento vecinal tachándolo de “chiringuito”. Cuando llegó la nevada, recuerda Nacarino, fueron esos “chiringuitos” los que estuvieron “en la calle haciendo caminos vecinales y asegurando que nuestros vecinos pudiesen ir a su centro de salud o al supermercado para poder comer” mientras “los señoritos que nos acusaban estaban todo el día tuiteando porque a Donald Trump le habían quitado su cuenta de Twitter”.

Jorge Nacarino: “Desmantelar lo público lo que nos hace es perder capacidad de respuesta como sociedad cuando es más necesario”

El debate al que se refiere el dirigente vecinal madrileño versa sobre cómo se han ido debilitando en general los servicios públicos y cómo se delega esa responsabilidad en los ciudadanos. “Cuando nos quejamos de que el servicio público de empleo no nos atiende o que ha habido el problema que ha habido con los ERTE, tiene que ver con una política que durante siete años se ha dedicado a no contratar funcionarios y luego, cuando vienen mal dadas, nos damos cuenta de que la plantilla está envejecida y no tiene capacidad para dar respuesta a una crisis”, explica. “Durante años, nos han venido a decir que la administración sobraba, que los funcionarios sobraban”. Pero “ahora muchos se dan cuenta de que desmantelar lo público lo que nos hace es perder capacidad de respuesta como sociedad cuando es más necesario”.

Nacarino no tiene duda: “Aquellos países que tienen una administración potente, donde no se han desmantelado de la misma manera los servicios públicos y no se ha apostado por una privatización, la capacidad de respuesta es mayor”. Si has tenido una política de“desmantelamiento de los servicios públicos, como es el caso de Madrid, cuando llega un momento de crisis es muy difícil que de la noche a la mañana tengas capacidad de respuesta”.

Manuel Villoria: “Es como pretender hacer una carrera con un motor averiado”

Villoria lo expresa con una metáfora. “Es como pretender hacer una carrera de coches con un motor averiado. Nuestro motor son las administraciones y las instituciones y no funciona como el mundo empieza a demandar. El mundo va a una velocidad y nuestras instituciones todavía no están preparadas para correr esa carrera”. Hoy falta poner “al día” ese motor en una carrera que se basa “sobre todo en el conocimiento, los datos, la investigación y la capacidad de generar previsiones y escenarios suficientemente sólidos”.

Maribel Barreiro vive en Vigo y trabaja en una residencia de mayores, quizá el sector que mejor encarna el abandono de los servicios públicos. Es también portavoz del colectivo Traballadoras de Residencias de Galicia (Trega). Al principio de la pandemia, cuando más temían que el virus entrase en sus centros y “barriese” a los residentes, no se lo podían creer. “Estábamos anonadadas viendo cómo se estaban tirando los trastos en el Congreso y no había ningún tipo de solución. Cada uno tiraba por su lado cuando tú, como ciudadana, estabas diciendo: vamos a ver, os están diciendo que hay que tener un poco de unidad, estamos en plena pandemia, se está muriendo gente todos los días”.

Barreiro cree que aún hoy no se está dando respuesta a las necesidades de los ciudadanos ni mucho menos a las de los trabajadores de su sector. “Te encuentras un poco tirado. Y en el día a día tampoco sabes muy bien cómo actuar: había órdenes contradictorias”.

Maribel Barreiro: “Nadie hizo caso a las carencias. No sé si es porque los viejos no votan o porque somos pocos”

Esa sensación de desatención sigue viva ahora, en plena tercera ola, cuando la incertidumbre vuelve a apoderarse de las residencias. “Sigue habiendo un montón de brotes importantes” y cuando la Xunta interviene un centro no siempre moviliza personal adicional para hacer frente a las bajas de personal que provocan los positivos por covid-19. En la residencia en la que trabaja Barreiro ya les han puesto la segunda dosis de la vacuna, pero sigue habiendo muchos nervios. “Hubo una falsa alarma el fin de semana y la gente estaba histérica. Una con una crisis de ansiedad, otra llorando. La gente está tan nerviosa, tan saturada, que a la mínima saltan. Han sido meses muy duros, con miedo a tener la enfermedad, a contagiar a los residentes o a llevarte el virus a casa”. Muchas de sus compañeras, sin otro recurso a su alcance, optaron por irse a vivir solas para no correr el riesgo de infectar a alguien.

Visto en perspectiva, “lo que hizo la pandemia fue visibilizar unas carencias que son de muchísimos años atrás, pero que hasta ahora nadie les hizo caso”, concluye. “No sé si es porque los viejos no votan o porque somos pocos”.

Cristina Monge confiesa que cuando empezó la pandemia tuvo la esperanza, rápidamente disipada, de que los políticos aprovechasen la crisis para recuperar el valor de lo público. Si se “gestionaba un poquito bien había una oportunidad estupenda de recuperar confianza”, pero “no está siendo así”. Según sus datos, sí ocurrió en otros países europeos, al menos durante la primera ola. Pero ha sido allí donde todo el país ha cerrado filas en torno al Gobierno. Aquí el Gobierno “lo intentó”, reconoce, “con esa metáfora de la guerra”, que buscaba señalar “un enemigo externo común a todos”, pero no funcionó.

La percepción social de lo público está condicionada por la situación personal y la información accesible. Y esta, a menudo, sufre las consecuencias de la polarización política y mediática, así como del efecto resonancia de las redes sociales, que por su propio diseño tienden a extremar las posiciones. La consecuencia es que la opinión de los ciudadanos no necesita una base real sobre la que asentarse: a menudo le resulta suficiente encontrar apoyo en prejuicios y en la necesidad de navegar la realidad con el timón de lo que los psicólogos llaman el sesgo de confirmación: tendemos a buscar y recordar lo que ratifica lo que ya creemos y a descartar o ignorar lo que nos contradice.

De hecho, no tenemos indicadores objetivos que permitan juzgar si la tarea de una administración es eficaz o no. Si ha actuado correctamente o si, aun dando lo mejor de sí misma, se ha visto sobrepasada. Y no existen no porque no sea posible establecerlos sino porque España no dispone de herramientas suficientes de evaluación de las políticas públicas. Lo más parecido que existe es la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), cuyo primer presidente fue José Luis Escrivá, hoy ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Escrivá, en la cuota socialista del Gobierno, ya admitía en octubre de 2019 un “déficit evaluador” en las políticas públicas. La culpa tiene su origen, según la Airef, en cuatro grandes carencias: falta cultura de análisis y seguimiento, cultura de examen basado en la evidencia, un inadecuado seguimiento de las recomendaciones y falta de integración en los presupuestos.

Antes existió la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (Aeval), nacida durante el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y liquidada en 2017 por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Las consecuencias

Es difícil imaginar qué consecuencias puede tener dejar que la confianza en las instituciones siga deteriorándose. Cristina Monge asegura que “se ha analizado bastante mal el populismo”, que “viene precisamente de la desconfianza ciudadana en las instituciones democráticas”. Trump se fue de la Casa Blanca, admite, “pero el trumpismo goza de buena salud”.

En Europa, señala, ocurre “tres cuartos de lo mismo”. Y “es un momento crítico porque ahora, a los ojos de mucha gente, ya hay una alternativa”. Apoyada “en Estados Unidos por 75 millones de votantes que ya no tienen como bien supremo defender la democracia, porque la pueden sacrificar en favor de otras cosas. Tienen otras prioridades”. Algo que es fácil trasladar a España, donde Vox se convirtió en tercera fuerza en las elecciones de 219 y al que las encuestas de las catalanas pronostican un magnífico resultado.

“Hemos vivido con un sistema de democracia liberal muy exitoso en Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta ahora y ese modelo da ya signos de agotamiento”, advierte Monge. ¿Qué hay que hacer? “Profundizar en democracia”, afirma sin titubear. La solución es “más democracia”, nuevos mecanismos de participación y nuevas herramientas de deliberación.

Y hace una última reflexión. “Cuando hablamos de desconfianza en las instituciones, pensamos en los políticos. Pero igual también deberíamos hacer una reflexión desde los medios de comunicación. ¿Qué papel estamos jugando? ¿Estamos ayudando a construir una sociedad más democrática o todo lo contrario?”. Lo mismo debería hacer la sociedad civil. “Porque es muy fácil tener un chivo expiatorio con el político de turno” sin preguntarte si tú, “como sociedad civil, estás asumiendo tu responsabilidad y tus obligaciones para construir una sociedad democrática”.

Estamos en un momento, sostiene, en el que “es muy importante” que todos, el sector público por supuesto pero “también el sector privado —que tiene mucho que decir, por ejemplo, en temas de corrupción—, los medios de comunicación, la gente que nos dedicamos a hacer opinión y análisis, el mundo académico y la sociedad civil nos preguntemos qué estamos haciendo”: aportar para “construir una sociedad democrática” o contribuir a señalar “un chivo expiatorio y quejarnos de lo mal que está todo”.