Si algo positivo podrá sacarse cuando el coronavirus abandone definitivamente España, será la ola de solidaridad que la crisis ha levantado en, si no todos, casi todos los hogares de nuestro país. Algo que se ha visto, sobre todo, de balcón a balcón y de ventana en ventana. Pero no sólo. Parece que grandes empresas también han querido poner su granito de arena para contribuir a la lucha contra un virus que ya ha dejado más de 6.500 víctimas mortales y casi 80.000 contagiados, que abarrotan y ponen en jaque al sistema sanitario español. Sin manos ni material suficiente y con unas cifras que no le dejan aliento, la sanidad española se ve ahora más necesitada de ayuda que nunca. Por eso grandes compañías como Inditex, El Corte Inglés o Mango ya han anunciado la donación o bien de mascarillas, o bien de ropa de cama para hospitales, o bien de una cantidad de dinero considerable para acometer inversión en material hospitalario. Un gesto que, si bien es de aplaudir, esconde bajo la alfombra una realidad que se ha puesto de manifiesto en otras ocasiones: las grandes empresas aportan un porcentaje muy pequeño de sus beneficios al pago de impuestos. Unos gravámenes que, entre otras cosas, se destinan a la financiación de servicios públicos esenciales como la sanidad. Y algo más: algunas de estas compañías ya han puesto sobre la mesa la posibilidad de realizar expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) a sus empleados. Otras, en lugar de la posibilidad, ya dieron la noticia de que han puesto en marcha esta herramienta.

Desde que el pasado sábado 14 de marzo el Gobierno decidió decretar el estado de alarma y aprobar las medidas de confinamiento para todo el país, las autoridades han insistido en la misma idea: los días que llegan van a ser duros, y por eso no hay que decaer y hay que seguir cumpliendo con lo decretado por el Ejecutivo. Sin ir más lejos, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, hizo hincapié en esta idea hace unos días. Según dijo, llega "lo más difícil de la crisis", por lo que se precisa de "un plus de responsabilidad, energía y fuerza del conjunto de la ciudadanía". Y es que lo peor del ritmo de crecimiento de las cifras de contagiados es la consecuencia que esto trae: más ingresos, más necesidades de hospitalización en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y, por tanto, más saturación de la sanidad pública, algo que ya está experimentando con creces la madrileña. Los que están en primera línea de la lucha contra el Covid-19 ya lo avisaron: si la velocidad con la que avanza el coronavirus es fuerte, y hasta ahora así es, no va a haber recursos suficientes para todos. Eso, sumado a la oportunidad que algunos especuladores han visto para sacar provecho de materiales sanitarios y de higiene, explica esa situación de desborde que se vive día a día en los hospitales de toda España.

La compra de materiales como mascarillas o respiradores a otros países, sobre todo a China, sigue en marcha. Pero su aterrizaje en España es más lento de lo deseable. Así que hacen falta soluciones rápidas. Y en este contexto, algunas grandes empresas ya han anunciado que arrimarán el hombro con lo que puedan. Y no han sido pocas. Según publicó El Confidencial, los pesos pesados del Ibex 35 ya se han unido en una iniciativa que pretende invertir 150 millones de euros en material hospitalario. Quieren hacerlo, por ejemplo, empresas como Telefónica, Iberdrola o BBVA. Pero no solo esas. El Banco Santander, dirigido por Ana Botín, ha donado cuatro millones de euros para instalar camas y respiradores en el hospital de campaña que se ha levantado en Ifema, en Madrid. También para esas instalaciones, El Corte Inglés ha donado ropa de cama. Por su parte, Inditex, el gigante de Amancio Ortega, ha puesto a trabajar a sus fábricas en la elaboración de mascarillas y batas para proteger al personal sanitario, al que Mango también ha prometido dos millones de mascarillas.

¿Cómo pagan impuestos las grandes compañías?

Hay una evidencia: los hospitales están luchando contra el coronavirus con los medios que tienen a su alcance. Y eso no es suficiente. Por eso ya ha habido voces que no han tardado en culpar de la situación a los recortes que ha sufrido la sanidad pública en los últimos años. Los datos también son una evidencia. El gasto sanitario público total, 68.483 millones en 2017, aún no ha alcanzado los umbrales previos al recrudecimiento de la crisis. En 2008 (66.858 millones), 2009 (70.674, techo histórico) y 2010 (69.530) el gasto fue superior. A eso se ha sumado otra evidencia: la sanidad privada española ha ganado terreno en nuestro país mientras la pública se debilitaba. El último informe Sanidad privada, aportando valor, del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), sobre el ejercicio de 2017, presenta unas cifras de récord. La facturación del sector alcanzó los 6.405 millones de euros, un 3,7% más que en 2016. El crecimiento es fuerte y constante. En 2013 la facturación fue de 5.481 millones. Es decir, ha subido en cuatro años 924 millones, un 16,85%, sin dejar de crecer en ningún ejercicio. La facturación basada en conciertos fue de 1.615 millones, un 25,21% del total. También ha crecido año a año desde 2013.

"El sistema sanitario público ha tenido un problema muy importante. Por un lado los recortes económicos, que han sido muy fuertes desde la última crisis, y luego el tema de las privatizaciones, que también hay que tenerlas en cuenta", explica Marciano Sánchez Bayle, presidente de la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp). "Las privatizaciones generan sobrecostes y situaciones insostenibles. Si uno se pregunta por qué pasa lo que pasa en las residencias —uno de los sectores más golpeados por la crisis que ha generado el Covid-19 en nuestro país— solo hay que ver que su gestión ha sido totalmente privatizada", lamenta. 

Y en este sentido, hay otra evidencia. La sanidad pública comenzó a mermarse durante la crisis que comenzó en el año 2008, momento en el que las grandes empresas pagaban una cantidad en impuestos que todavía hoy no se ha recuperado. Los datos lo confirman, tal y como explica José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), a infoLibre. "Es el único impuesto que no ha recuperado su recaudación", asegura. En 2007, tal y como expone, las grandes compañías aportaron a las arcas de Estado más de 44.000 millones de euros por el impuesto de sociedades. En 2018 esa cifra se situó en 24.000 millones. "Todavía estamos muy por debajo. Nos queda mucho por recuperar", lamenta Mollinedo. 

El impuesto de sociedades es el gravamen más conocido al que deben hacer frente las empresas. El tipo general se sitúa en el 25%, pero las exenciones —que el pacto de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos asegura limitar— consiguen que la cantidad que aportan las grandes compañías al final no sea tan elevada. En paralelo, los impuestos de las familias se han visto incrementados desde ese año 2007. El IVA y el IRPF crecieron, entre 2007 y 2017, un 14% y un 6%, respectivamente. 

"Las 738.400 empresas que tienen un saldo positivo en nuestro país han pagado de media un 11,04% en impuestos", detalla Mollinedo. "Todas tuvieron, con datos de 2017, 195.554 millones de beneficio declarado, que se supone que se ha incrementado en 2018 y 2019. De esa cifra, esas empresas han reflejado un pago de impuestos del 11,04% de sus beneficios", explica. Y eso de media, por lo que algunas han incluso adelgazado ese porcentaje. PSOE y Unidas Podemos aseguraron, en el documento que selló la formación de Gobierno, que el impuesto de sociedades sería reformado para garantizar una tributación mínima del 15% de las grandes corporaciones, que se ampliaría hasta el 18% para las entidades financieras y empresas de hidrocarburos.

Por eso Mollinedo es tajante. "Sin duda, cualquier donativo en unas circunstancias como estas viene bien, sobre todo si aportan material que necesitan los hospitales. Lo vemos como algo de agradecer. Pero cuando pase esta situación crítica que estamos viviendo tendremos que hacer una reflexión sobre el pago de los impuestos. El estado del bienestar no tiene la robustez que pensábamos que tenía. Ahora vemos la debilidad en el sistema sanitario público, pero hay otros sectores que también adolecen de esa falta de fortaleza", asegura. Por eso, sentencia, "los técnicos de Hacienda defienden que hay que robustecer el estado del bienestar".

"Es evidente que tenemos que tener un sistema fiscal que garantice que hay una financiación suficiente del sistema sanitario público y de otros servicios públicos. Si existiera ese sistema fiscal, pues ya veríamos si hay o no donaciones. Una vez que la gente pague los impuestos que legalmente tiene que pagar, pues luego con el dinero que le sobra que haga lo que quiera. Que lo done o que no lo done", critica Sánchez Bayle. 

Los ERTE como solución para hacer frente a las consecuencias económicas

Otra evidencia más es que cuando acabe la crisis sanitaria comenzarán las consecuencias más fuertes de la crisis económica que ya se anuncia. El estado de alarma y el confinamiento han traído consigo la casi total paralización de la actividad del país. La pérdida de ingresos por parte de las empresas está ahí. Así que muchas de ellas han recurrido a los despidos o a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). No han sido pocas. A falta de cifras concluyentes, se puede recurrir a los datos que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ofreció la semana pasada. Tal y como dijo, en esa fecha ya había entre 400 y 500 ERTE "en cola" en la Dirección General de Trabajo, cifra a la que habría que sumar los ERTE presentados en las distintas comunidades autónomas. Y eso era la semana pasada. "Es una cifra abrumadora", reconoció Díaz, que pidió a las empresas "responsabilidad" a la hora de utilizar este instrumento, el mejor para evitar despidos ante el cierre de negocios y la caída de actividad derivada de la crisis del coronavirus. 

Los sindicatos han insistido en la necesidad de esa responsabilidad una y otra vez. Los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, lamentaron este pasado jueves que el número de ERTE va a ser "astronómico" y, por ello, pidieron que todos ellos sean examinados a posterioria posteriori. Así, opinaron, podrá valorarse si alguna empresa ha realizado o no algún tipo de fraude con sus trabajadores. 

Algunas de las compañías que anunciaron esos ERTE han sido, además, las mismas que se han mostrado dispuestas a realizar donaciones. La última fue El Corte Inglés. Después de anunciar que dona ropa de cama para equipar el hospital de campaña levantado en Ifema, el miércoles decidió presentar un ERTE para 25.900 empleados, a los que garantizará, dijo, el 100% del salario. La empresa precisó que su objetivo es "mantener el empleo" y que se trata deuna "medida temporal" que tendrá una duración de 14 díascontados desde la fecha de publicación del Real Decreto. La ampliación de la medida, añadió, vendrá determinada por el tiempo que dure el actual estado de alarma. 

Otra ha sido Mango. Tan solo 24 horas después de anunciar que donaría dos millones de mascarillas a los hospitales españoles, la cadena de moda se acogió a otro ERTE que afectará a 4.767 trabajadores, el 78% de los 6.000 empleados de las tiendas que tiene la firma. 

Banco Santander, por su parte, aseguró que no recurriría a esa opción, pero Inditex la dejó encima de la mesa. Aunque todavía en standby. El gigante de Amancio Ortega, que ha registrado un beneficio de 3.639 millones de euros, aseguró que presentará un ERTE preventivo que, sin embargo, no se hará efectivo hasta el próximo 15 de abril y solo en el caso de que el estado de alarma se prolongue más allá de esa fecha. Afectaría, en ese caso, a 25.000 empleados. La firma de moda, por su parte, ha enviado 300.000 mascarillas procedentes de China a la sanidad española. Pero además, la hija de Ortega ha anunciado que donará más mascarillas y trajes protectores para los sanitarios. Y hay más. La empresa baraja la posibilidad de concentrar su capacidad de fabricación en la elaboración de batas con las que proteger a los profesionales. El propio Ortega, que cumplía este sábado 84 años, recibió aplausos y felicitaciones ante su domicilio gallego por su labor filantrópica.

No es la primera vez que el español más rico del mundo, según la revista Forbes, quiere hacer gala de una publicitada solidaridad. En 2017 donó 320 millones de euros a hospitales públicos de todas las comunidades autónomas para renovar equipamientos contra el cáncer como mamógrafos y aceleradores. Y eso levantó una oleada de críticas. Casi todas porque consideraron que sentaba un mal precedente que conseguiría privatizar poco a poco la sanidad. Y también porque, según ha criticado en varias ocasiones el ahora vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno, Pablo Iglesias, ese servicio público tiene que costearse a través de impuestos. "Es como si vas a cenar y decides que no vas a pagar la factura, pero que vas a dar diez euros en propina para tener contento al camarero. Pues Amancio Ortega no paga los impuestos como el resto. Utiliza mecanismos legales, pero injustos. El año pasado facturó 1.600 millones de euros en dividendos y solo pagó un 5% de impuestos. 80 millones, cuando cualquier ciudadano hubiera pagado unos 320-340 por esa cantidad", criticó en una entrevista en El Hormiguero. Desde Inditex aseguran que la empresa "siempre ha cumplido escrupulosamente sus obligaciones fiscales".

Médicos de Brasil han informado este martes de que ha nacido la primera bebé del mundo a través de un trasplante de útero realizado a su madre por parte de una donante muerta.

El caso, publicado en la revista médica The Lancet, ha involucrado la conexión de las venas del útero de la donante con las venas de la receptora, así como el enlace de las arterias, los ligamentos y los canales vaginales.

El nacimiento ha tenido lugar tras diez casos previamente conocidos de trasplantes de útero de donantes fallecidas en Estados Unidos, República Checa y Turquía, que no lograron producir el nacimiento de un bebé vivo.

La niña en el caso brasileño nació por cesárea a las 35 semanas y tres días y pesó 2,55 kilogramos (casi seis libras), según el informe del estudio de caso enviado a The Lancet.

Dani Ejzenberg, médico del hospital de la Universidad de Sao Paulo en Brasil que dirigió la investigación, ha indicado que el trasplante, realizado en septiembre de 2016 cuando la receptora tenía 32 años, muestra que la técnica es factible y podría ofrecer a las mujeres con infertilidad uterina acceso a un grupo más grande de donantes potenciales.

La norma actual para recibir un trasplante de útero es que el órgano provenga de un miembro de la familia vivo que esté dispuesto a donarlo.

"La cantidad de personas dispuestas y comprometidas a donar órganos luego de su muerte es mucho mayor que la de los donantes vivos, lo que ofrece una población potencial de donantes mucho más amplia", ha manifestado Ejzenberg en un comunicado sobre los resultados.

Sin embargo, ha expresado que los resultados y efectos de las donaciones de útero de donantes vivos y fallecidos aún no se han comparado, y ha afirmado que la técnica aún puede ser mejorada.

Cinco meses después del trasplante el útero no mostraba señales de rechazo, las ecografías eran normales y la receptora tenía una menstruación regular. Los óvulos previamente fertilizados y congelados de la mujer fueron implantados tras siete meses, por lo que 10 días después se confirmó que estaba embarazada.

Naciones Unidas ha lanzado este martes un llamamiento por 21.900 millones de dólares con los que busca cubrir las necesidades humanitarias de 93,6 millones de personas en todo el mundo, la mayoría de ellas afectadas por conflictos que se prolongan en el tiempo, según informa Europa Press.

"En 2019, casi 132 millones de personas necesitarán asistencia humanitaria y protección, la mayoría por el impacto de conflictos. Naciones Unidas y la organizaciones aliadas buscan ayudar a 94 millones de personas", ha explicado el coordinador de ayuda de emergencia de la ONU, Mark Lowcock, en el preámbulo del Resumen Humanitario Mundial. "Pero la ayuda humanitaria no puede reemplazar soluciones políticas y de desarrollo a largo plazo que la gente en situaciones de crisis tan desesperadamente ansía", ha advertido, explicando que desde la ONU se trabajará para "movilizarla voluntad, las capacidades y la creatividad de la comunidad mundial para poner fin a las crisis y promover el desarrollo que ayude a la gente a ser más resiliente ante las que no se pueden evitar".

Yemen volverá a ser el país que más fondos necesitará en 2019, con 4.000 millones de dólares. Según la ONU, la situación "ha empeorado significativamente y se ha deteriorado rápidamente". En este sentido, se prevé que el próximo año unos 24 millones de personas necesitarán ayuda humanitaria y protección, lo que convierte al país sumido en una guerra desde marzo de 2015 en la peor crisis humanitaria actual. Las necesidades también serán elevadas en Siria -país para el cual la petición de fondos no se ha concretado aún pero se espera que esté próxima a los 3.500 millones solicitados para 2018-, República Democrática del Congo (RDC), Etiopía, Nigeria y Sudán del Sur. También se ha deteriorado la situación humanitaria en el último año en Afganistán, debido a la grave sequía entre otras cosas, así como en República Centroafricana (RCA) y Camerún, donde se ha recrudecido la violencia, lo que ha generado un aumento de los desplazados.

Por otra parte, Naciones Unidas ha alertado de que existe un 80 por ciento de probabilidades de que se produzca el fenómeno de El Niño a finales de este año, lo que pondría en peligro de sequía, ciclones e inundaciones a un total de 25 países en todo el mundo. Pese a que los donantes han ido aumentando sus contribuciones de fondos en los últimos años, pasando de 10.600 millones en 2014 a 13.900 millones en 2017, la ONU ha advertido de que la brecha entre el dinero que se pide y el que finalmente se recibe sigue situándose en torno al 40 por ciento.

Así, aunque 2018 se encamina a ser un año récord en cuanto a los fondos humanitarios recabados, aún se quedará lejos de los casi 24.900 millones de dólares solicitados. Según el informe, hasta el 19 de noviembre se habían recibido casi 13.900 millones, un 56 por ciento del total. En 2017, para esa fecha se había recibido el 52 por ciento de los fondos solicitados.

Unos 141 millones de personas de un total de 37 países del mundo necesitan asistencia humanitaria, una cifra récord que contrasta, en cambio, con la escasa respuesta que conceden los donantes a los llamamientos de las agencias del sistema de Naciones Unidas: una cuarta parte de lo requerido.

Según informa Europa Press, la ONU y las organizaciones aliadas han cifrado en 23.500 millones de dólares los costes de los programas proyectados para este año, con los que aspiran a asistir a algo más de 100 millones de personas en situación vulnerable.

La cifra de personas necesitadas es todavía mayor —141 millones—, pero la ONU ha denunciado este miércoles que tan sólo ha recibido un 26 por ciento de los fondos requeridos. Todo ello a pesar de los nuevos desastres y del deterioro de situaciones de emergencia que ya se está detectando en ciertas partes, como República Democrática del Congo.

El secretario general adjunto de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios, Stephen O'Brien, ha advertido en Ginebra de que es "una carrera contrarreloj". "Las vidas y el bienestar de las personas dependen de que aumente nuestro apoyo colectivo", ha añadido, en un llamamiento a la "generosidad" para hacer frente a las necesidades récord.

Gracias a estas donaciones, las agencias vinculadas a la ONU han logrado ayudar a 5,8 millones de personas en Yemen y 3 millones en Sudán del Sur, dos países donde existe riesgo de hambruna. El balance también incluye 2,7 millones de personas asistidas en Somalia, 2,3 millones en Nigeria y 2,2 millones en Siria.

"Financiar los planes de respuesta es una inversión relevante ya que se prioriza en base a la evaluación y el análisis. Apoyar los planes también sirve para proporcionar la ayuda más neutral e imparcial", ha argumentado O'Brien.

Cuando se trata de mujeres, ¿practicamos lo que predicamos para combatir el hambre?

En honor al Día Internacional de la Mujer de 2016, varios líderes mundiales reconocieron el papel de la mujer en la sociedad e hicieron declaraciones sobre la desigualdad de género  (Obama, Hollande, Modi y Trudeau, entre ellos). El mismo mes, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas concluyó su sesión número 60 donde los firmantes se comprometían a «integrar en la agenda para el desarrollo una perspectiva de género en las dimensiones económicas, sociales y ambientales».

Por ello, los 17 objetivos que se pactaron para lograr sociedades más inclusivas, igualitarias y prósperas en todo el mundo (conocidos como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS) deben tener en cuenta su impacto en materia de igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.

Entre los distintos objetivos, el número dos se compromete a «poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible» antes del 2030. Un objetivo ambicioso pero alcanzable que requiere invertir en las mujeres, monitorear estos compromisos y asegurar que los actores responsables «practican lo que predican».

Invertir en la igualdad de género para acabar con el hambre no es solo cuestión de alimentar a las mujeres, sino que también significa niños más saludables y granjas más productivas

Los beneficios de invertir en las mujeres para erradicar el hambre se extienden a los niños y las comunidades. Por su parte, la desnutrición sufrida a una edad temprana puede resultar en daño físico y mental y, en última instancia, conduce a una mayor vulnerabilidad ante enfermedades y a la pérdida potencial de ingresos futuros. Además de que las mujeres tienden a dar prioridad a la nutrición infantil por encima de los hombres, una mujer embarazada saludable ayuda a asegurar un bebé sano al nacer. De hecho, algunas estimaciones atribuyen una reducción global del 55 % en la desnutrición infantil entre 1970 y 1995 a las mejoras en la condición de la mujer, incidiendo a su vez en que el 43 % se explica por el progreso en la educación de las mujeres.

Por otro lado, las mujeres se ven desproporcionadamente afectadas por el hambre en comparación con los hombres. Las estructuras sociales a menudo significan que las mujeres comen menos y son las últimas en hacerlo, y tienden a sacrificar sus necesidades nutricionales por encima de las de sus familiares. Asimismo, la anemia (una deficiencia de micronutrientes que puede conducir a la mala salud, la muerte prematura y la pérdida de ganancias) se da predominantemente entre mujeres y es uno de los factores que más contribuye a aumentar la proporción de enfermedades en el mundo. Solo en África, esta deficiencia da lugar al 20 % de las muertes maternas.

Debido a la discriminación y a las normas culturales que impiden el acceso igualitario de la mujer a las tierras, servicios financieros y la educación, las mujeres también tienden a ser económicamente menos productivas que los hombres. No obstante, la mejora de la productividad de las mujeres podría aumentar la producción agrícola hasta un 4 % en los países en desarrollo, y, solo en África subsahariana, la desnutrición podría reducirse en más de un 15 %.

Por último, debido a que millones de mujeres en los países en desarrollo no están representadas en las estadísticas, la toma de decisiones basadas en datos empíricos es una tarea difícil. Así, organizaciones como Data2X están trabajando para colmar las disparidades de género ya que para poder actuar es indispensable tener datos que «describan la circunstancia de la población desglosada por sexo». La buena noticia es que recientemente, entre los ODS, destacaron 16 indicadores relacionados con el género que ya están «listos para evaluar».

Ayudas contra el hambre: ¿Están los donantes tomando acciones en materia de género?

Una forma de asegurar que los países donantes rindan cuentas en materia de género es observar el comportamiento de sus donaciones. Para ello, la OCDE desarrolló un Indicador de Género que rastrea la ayuda destinada a apoyar la igualdad y derechos de la mujer. El proyecto Ending Rural Hunger (ERH), o la erradicación del hambre rural,  utiliza este indicador para evaluar las donaciones destinadas a mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición hechas por países miembros del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) entre 2009 y 2013. En otras palabras, el proyecto ERH utiliza este indicador para determinar la calidad de las políticas y la efectividad de la ayuda internacional en materia de nutrición.

El gráfico 1 correlaciona países donde las inversiones se enfocan en las mujeres (extremo derecho) con los países que tienen una política global efectiva (parte superior). Como se puede observar, existe una correlación positiva entre inversiones con un fuerte enfoque de género y la eficacia de las donaciones.

En materia de nutrición y productividad agrícola, ¿están los donantes prestando la suficiente atención a las cuestiones de género?

En materia de nutrición y productividad agrícola, ¿están los donantes prestando la suficiente atención a las cuestiones de género?

El objetivo número dos de los nuevos ODS presta especial atención a las mujeres en temas de desnutrición y productividad agrícola, pues se entiende que para poder llevar una vida activa, productiva, y alcanzar el pleno potencial, los individuos necesitan dietas diversas y sanas. Por ello, tener sistemas agrícolas productivos es crucial para garantizar la disponibilidad de alimentos para las familias, comunidades y países. La productividad agrícola es también una poderosa herramienta para erradicar el hambre, ya que aumenta los ingresos de los agricultores familiares y reduce los precios de los alimentos locales.

En este contexto, el ERH trata de evaluar si los donantes prestan la suficiente atención a las mujeres en distintos sectores relacionados con nutrición básica como los servicios financieros agrícolas, insumos agrícolas, y la educación / capacitación agrícola.

A nivel agregado, los donantes del CAD prestan atención a la igualdad de género en la lucha para erradicar el hambre. Entre 2010 y 2014, la porción de donaciones totales centradas en las mujeres fue del 28 %, en comparación con 63 % para los servicios financieros, el 61 % para la nutrición, el 48 % para la formación y la educación agrícola, y el 39 % de los insumos agrícolas.

Existen donantes, sin embargo, que tienen menos de la mitad de sus inversiones centradas en temas de género: Países Bajos (4 %), Francia (14 %) y EE.UU. (43 %). En estos países, aunque existen sectores que experimentaron una mayor variación, las intervenciones centradas en suministrar insumos clave, tales como semillas y fertilizantes, están menos enfocadas en las mujeres.

Tanto en términos de volumen como en términos de liderazgo político, Canadá y EE.UU. son los principales donantes en cuestiones de seguridad alimentaria y desigualdades de género (Obama, 2016;   Harper, 2014). Sin embargo, de acuerdo con los datos disponibles, Canadá está transformando las palabras en acción mientras que EE.UU. deja mucho que desear.

Entre 2009 y 2013, Canadá representaba el 6,2 % de la ayuda del CAD para seguridad alimentaria. Entre sus áreas prioritarias, se encuentran las madres, los recién nacidos, la salud de los niños y las prioridades para empoderar a las mujeres y niñas. Así, en 2010, Canadá lanzó la Iniciativa de Muskoka para acelerar el progreso de la nutrición materna e infantil y prevenir la muerte de 1,3 millones de niños y 64.000 muertes maternas. Comprometido con este objetivo, el país ha invertido grandes sumas de dinero en las mujeres a través de varios sectores además de detallar sus inversiones, mejorando por tanto la transparencia de sus donaciones.

Entre 2009 y 2013, EE.UU. representaba más del 22 % de toda la ayuda del CAD. En 2012, bajo la Presidencia del G8 de Estados Unidos, el presidente Obama puso en marcha la Nueva Alianza para la Seguridad Alimentaria y Nutricional, consolidando su liderazgo en la lucha para erradicar el hambre mundial. Dentro de esta iniciativa, el programa Alimentemos el Futuro da prioridad a la integración de género como una de las seis áreas principales de atención y tiene como objetivo mejorar la nutrición infantil durante el embarazo en una ventana de 1.000 días desde su inicio. A pesar de estos proyectos, ninguna de sus donaciones se centraron en las mujeres.

Conclusión

Aunque erradicar el hambre antes del año 2030 es una tarea difícil, parece vislumbrarse cierta voluntad política y acciones que nos permiten ser optimistas. Aun así, tenemos que cambiar el viejo paradigma y asegurar que los compromisos se sostienen y se traducen en un mayor impacto a favor de los más vulnerables.

La mayoría de los países saben que, para tener éxito, es imprescindible tener en cuenta el impacto de las políticas en los hombres y las mujeres. Y, aunque los donantes del CAD están involucrados en numerosos acuerdos globales centrados en empujar la igualdad de género, es importante exigir a nuestros gobiernos que asuman la responsabilidad de sus acciones.

En general, este breve análisis es una buena noticia pues se está empezando a invertir con una perspectiva de género. Con el tiempo, y a pesar de que aún quedan inversiones orientadas a la producción que tienden a estar menos centradas en la disparidad de género, existen otros sectores (relacionados con la nutrición) que empiezan a centrarse más en las mujeres.

A lo largo de este análisis se hace evidente que corremos el riesgo de poner a las mujeres a trabajar para el desarrollo en lugar de averiguar qué puede hacer el desarrollo por ellasponer a las mujeres a trabajar . Cuando se invierte en acción de las mujeres, tenemos que tener cuidado con la carga que impone tener más trabajo y menos tiempo, y, al mismo tiempo, tratar de mantener sus funciones relacionadas con el cuidado de niños.

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 El indicador de políticas de igualdad de género se basa en un sistema de tres categorías: Principal (con un valor igual a 2) significa que la igualdad de género es el objetivo principal de la actividad. Significativa (con un valor igual a 1) significa que la igualdad de género es un objetivo secundario e Insignificante (igual a 0) significa que la actividad no se dirige hacia la igualdad de género.

 La base de datos se actualizará a finales de este año con datos nuevos.

 Se define en ERH como las políticas que se centran en el género, el cambio climático y los principios más amplios de eficacia de la ayuda, como la ayuda que es menos volátil y fragmentada.

 «Meta 2.2: Para el año 2030 fin, todas las formas de malnutrición, […] y atender las necesidades nutricionales de las adolescentes, mujeres embarazadas y lactantes» y «Objetivo 2.3: En el año 2030 el doble de la productividad agrícola y los ingresos de pequeña escala los productores de alimentos, en particular las mujeres».

 Basado en la lista de la OCDE (list of CRS purpose codes).

 Últimos datos disponibles.

* Sinead MowldsSinead Mowldses consultora freelance y candidata al MPhil en Desarrollo de la Universidad de Cambridge.

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Oliver Pérez García, técnico de emergencias de 34 años, acaba de regresar de Grecia, donde ha pasado 15 días como voluntario en el ya desalojado campamento de Idomeni, situado en la frontera griega con Macedonia, y convertido desde hace casi tres meses en una auténtica ratonera para miles de refugiados tras el cierre de la ruta de los Balcanes. Oliver viajó a Grecia tras conseguir un premio en el programa de televisión Ahora Caigo (Antena 3) y está pensando en volver cuanto antes. 

Asegura que, en el desalojo de esta semana, las autoridades griegas han "destrozado" las infraestructuras que los voluntarios habían montado en el campo para prestar ayuda humanitaria a los refugiados. Dice sentir "desasosiego, rabia e impotencia" por lo que está ocurriendo en las fronteras de Europa y reclama para los refugiados, pero también para el país heleno más ayuda por parte de los países comunitarios. "Es que Grecia está desbordada", subraya. 

PREGUNTA: ¿Cómo han vivido los refugiados y los voluntarios el desalojo del campamento de Idomeni? 

RESPUESTA: Ha sido muy triste porque, a pesar del caos, estábamos allí instalados, había una organización y estábamos consiguiendo prestar servicios. Había una cocina, una tienda de campaña en la que prestábamos atención sanitaria, un baby hammam en el que se podían bañar los niños, un beauty center en el que se aseaban las mujeres, un centro cultural... En el puesto médico atendíamos a entre 150 y 170 personas a diario y en hammam se bañaban unos 120 niños cada día. 

Ahora han destrozado, sin avisar, todas las infraestructuras que habíamos montado pequeñas organizaciones. La única gran ONG que estaba en el campo, y solo desde hace un mes, es Médicos Sin Fronteras. Lo que vamos a intentar es que todo ese material que llevamos y que está sin utilizar pueda ser traslado a los campamentos oficiales. Parece que allí, como están desbordados, están haciendo la vista gorda y están dejando entrar material aunque dentro no pueden estar los voluntarios. 

P: ¿El Gobierno griego no prestaba ayuda humanitaria en Idomeni? 

R: La realidad es que no. Las autoridades griegas se dedicaban básicamente a hacer un control de acceso y a poner policías en los cruces previos a la llegada al campo. Tenían, además, un par de autobuses con antidisturbios y poco más. De vez en cuando aparecía alguna autoridad a hacerse cuatro fotos y se marchaba. Pero no había ni griegas ni de ningún otro sitio. No creo que haya que poner el punto de mira sobre el Gobierno griego –que no niego que tenga su parte de culpa– pero es que los griegos también están abandonados... 

P: ¿De qué manera ha notado esa carencia de recursos? 

R: Nosotros derivábamos a algunas personas al hospital de la ciudad de Kilkis, que está a media hora de Idomeni. Pues bien, al llegar allí la primera vez, nos llevamos las manos a la cabeza. Las enfermeras nos decían "no tenemos guantes, esparadrapos, agujas, no podemos poner sondas... Hemos pasado de tener 15 o 20 partos al mes a tener de 70 a 90 con el mismo material y efectivos". Estaban  practicando muchas cesáreas porque no tenían oxitocina para provocar la dilatación. Y esas mujeres tenían que irse a los dos días a una tienda de campaña con unas humedades terribles. 

Nosotros les llevamos mucho material que no habían donado aquí en España, material que no podíamos usar en el campo... Es que tenían los almacenes vacíos. Los que hemos trabajado en cooperación internacional sabemos que hay que apoyar a la región que acoge el conflicto. Es decir, en este caso, no solo a los refugiados. Está claro que se podría hacer mucho más desde Europa no sólo en el tema de la acogida, que también. Los campos de refugiados son nefastos. 

P: Activistas y ONG suelen incidir en el gran número de niños refugiados. ¿Es algo que también ha percibido usted? 

R: Sí. Ver a los niños es más duro, lo que más te desgarra. Hay muchísimos niños, de verdad, y están viviendo cosas que ni un adulto podría soportar. Un día vino una madre con sus hijos –de tres meses y dos años, respectivamente– al hammam para bañarlos. Cuando se iba a marchar nos pidió una mochila. Le preguntamos que para qué lo quería... se quedó pensando unos minutos y nos dijo que iban a intentar saltar la valla esa noche. Intentamos disuadirla diciéndole que era muy peligroso, pero estaba desesperada. Al final sólo pudimos dársela y desearle suerte... 

P: ¿Cómo ciudadano europeo, qué sensación le queda a su regreso tras vivir esta experiencia? 

R: Lo que siento es un gran desasosiego, rabia, impotencia... Pero tengo claro que lo que tenemos que hacer es no quedarnos parados, hay que apretar los dientes y seguir. Lo que estamos intentando ahora, ante la dejadez del Gobierno central, es explorar qué fórmulas legales hay para traer refugiados aquí. En el campo hicimos un censo de personas con patologías que pudieran ser operadas o tratadas en España, como es el caso del pequeño Osman, el niño afgano con parálisis cerebral acogido en Valencia. 

Estamos en contacto con muchos voluntarios de Europa para intentar abrir un pasaje seguro. La situación es tan extrema que quizá tenemos que plantarnos todos allí, intentar que entren a Europa y, si quieren, que nos detengan a todos, a miles, por tráfico de personas, por intentar buscar una solución a esta barbarie... Es una vergüenza que, para Europa, la solución sea llevar a estas personas a un país como Turquía, que no es seguro para ellos, y al que le interesa que esta crisis no se solucione por motivos económicos.

En el manifiesto de la campaña se afirma que, a menudo, hambre y analfabetismo van de la mano. Acción contra el Hambre señala cómo la desnutrición, especialmente en los primeros mil días de vida, afecta al desarrollo cognitivo e intelectual de los niños. Los niños desnutridos tendrán más dificultades para aprender a leer y escribir en la escuela. Por ello, han creado una campaña cuyo objetivo es recopilar palabras inventadas que todo el mundo puede donar, para mejorar y reactivar la sensibilización de la ciudadanía contra el hambre y la malnutrición. La acción estará abierta hasta el próximo mes de junio, y podrán donarse tanto palabras como ilustraciones, que pasarán a formar parte del nuevo diccionario.

“La palabra no es solo la base de la información (clave para desencadenar empatía) y el cambio: es también sinónimo de compromiso. Esta vez estamos pidiendo un donativo muy especial, las palabras, porque estamos seguros que ellas, sumadas al dibujo y al arte, pueden ser un factor desencadenante de la reflexión y movilización ciudadana hacia la erradicación del hambre”,  sentencia la directora de comunicación de Acción contra el Hambre, Carmen Gayo.

Palabras como “comenalty” (Falta grave, penalti, por no ofrecer

acceso a la comida), “hambregeddon” (la lucha final contra el hambre), o “oberso” (persona que palía la falta de comida con exceso de poesía) son algunas de las que entrarán a formar parte de este original glosario. Entre los escritores y periodistas que apoyan la campaña están Forges, Luis Piedrahita, Carmen Posadas, Carles Francino, Rosa Montero, Javier Coronas, José María Merino, Manu Carreño y Juan Ramón Bonet. 

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, donó del sueldo percibido como primer edil el año pasado un total de 3.750 euros a las monjas del Sagrado Corazón de Jesús de la República Democrática del Congo y a la Asociación de Colaboradores con las mujeres Presas (ACOPE) otros 3.500 euros.

Además, desde junio de 2015 (partida de 14.500 euros) a marzo de 2016 (partida de 29.700 euros), Carmena no hizo uso de la partida de gastos institucionales que le corresponden "ni lo va a hacer, cubriendo de su salario estos gastos, lo que supone un ahorro correspondiente al Ayuntamiento de Madrid", señaló Ahora Madrid en su web.

Por su parte, el delegado de Coordinación Territorial, Nacho Murgui, destinó 2.954 euros a proyectos de crowfunding en la plataforma Goteo y otros 11.817 euros a Proactiva Open Arms, una ONG de Badalona que se dedica a salvar vidas en el mar. –A principios de septiembre se trasladaron a la isla de Lesbos para ayudar a los refugiados que llegan a la costa griega–.

11.817 euros por salvar vidas en el mar

La delegada de Medio Ambiente, Inés Sabanés, donó 2.760 euros a proyectos de micromecenazgo, 6.500 a su partido, Equo; 500 al Colectivo de Gays y Lesbianas de Madrid (Cogam), 500 a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), 1.200 a Amnistía Internacional, 1.500 a Médicos del Mundo y 150 euros a ACNUR. En total, 11.550 euros.

Además, otros 44 trabajadores eventuales de Ahora Madrid donaron unos 100.830 euros, sin contar los destinados a proyectos de micromecenazgo, para diversas asociaciones, organizaciones y causas sociales.

El concejal presidente de Chamartín, Mauricio Valiente, destinó el año pasado 1.315 euros a proyectos de crowfunding, 2.631 a IU y 2.631 al PCE. En total, 5.262 euros, informa Europa Press.

Rita Maestre donó 6.000 euros a CEAR

Por su parte, la edil Rita Maestre donó 2.954 euros a proyectos de micromecenazgo, 5.800 euros a Proem-aid, salvamento marítimo a refugiados de Lesbos y 6.000 euros a CEAR.

Asimismo, el concejal Pablo Carmona dedicó 1.605 euros a proyectos vía Goteo, 220 a la asociación Garaldea y 6.200 euros a la Fundación de los comunes, que investiga nuevos paradigmas de intervención cultural y producción de pensamiento.

Por otro lado, la delegada del Área de Equidad, Marta Higueras, donó 10.200 euros a la Asociación para el Desarrollo e Intervención "Abrazo ADI", mientras que Pablo Soto, delegado de Participación Ciudadana, destinó 11.987 euros a Ahora Madrid y casi 3.000 euros a proyectos de crowfunding.

Por su parte, la delegada de Cultura, Celia Mayer, destinó 11.818 euros a la Fundación Goteo; mientras que el concejal presidente de los distritos Centro y Chamartín donó 8.000 euros a su formación, Convocatoria por Madrid, 961 a la asociación Paz con Dignidad y 2.240 euros a proyectos de micromecenazgo.

La concejal presidente de los distritos de San Blas y Barajas, Marta Gómez, dedicó el año pasado de su sueldo 8.970 euros a la Asociación Horuelo (Avivar), 1.667 euros al Colectivo San Blas y 2.216 euros a proyectos vía Goteo. En total, donó 10.637 euros.

Por su parte, el concejal presidente de los distritos Fuencarral-El Pardo y Villaverde, Guillermo Zapata, donó 9.000 euros a Mercado Social de Madrid, 1.500 euros a Municipalia, 1.577 a Ahora Madrid, además de 3.020 euros a proyectos de micromecenazgo.

La concejal presidenta de los distritos de Arganzuela y Usera, Rommy Arce, donó 10.077 euros a Fundación Viento Sur, 2.000 euros a la Asociación de Escritores por el Sáhara-Bubisher, además de 3.019 euros a proyectos vía Goteo.

Igualmente, el delegado de Economía, Carlos Sánchez Mato, destinó 4.500 euros a su partido IU, 680 euros a la Asociación Cultural Emancipación, 500 a la Coordinadora de Barrios y 500 a la asociación Vive y Deja Vivir, además de 1.350 euros a proyectos de micromecenazgo.

Varias donaciones  a la Fundación Goteo

Por su parte, la concejala presidenta de los distritos de Tetuán y Moncloa, Montserrat Galcerán, donó 4.500 euros a la Fundación de los Comunes y 500 a la asociación feminista Amaranta, además de 1.238 euros a proyectos vía Goteo.

El concejal presidente de Vallecas, Francisco Pérez, dedicó 9.876 euros a las asociaciones para el desarrollo comunitario de Vallecas y 1.500 a la asociación de amigos y amigas de Tele K, además de 2.844 euros a proyectos de crowfunding.

También, la concejal presidenta de Latina y Carabanchel, Esther Gómez, dedicó 11.926 euros a Convocatoria por Madrid, y otros 3.049 euros a proyectos de micromecenazgo. Mientras que el delegado de Seguridad, Jesús Barbero, donó 2.000 euros a la Coordinadora de Barrios, otros 2.000 a la asociación Avante3 Parroquia San Hilario Proyecto Becas, 720 al Mercado Social de Madrid y 1.000 euros a la parroquia de San Hilario Proyecto Becas.

Por último, la concejal presidenta de los distritos de Ciudad Lineal y Hortaleza, Yolanda Rodríguez, donó el año pasado 4.827 euros a IU, la misma cantidad al PCE, así como 2.413 euros a proyectos vía Goteo. Por último, el delegado de Desarrollo Urbano, José Manuel Calvo, donó 1.935 euros a Proem-aid, 1.875 euros a Médicos Sin Fronteras, 1.875 en CEAR, 1.875 a Fundación Secretariado Gitano y 4.560 euros a Podemos.

infoLibre trata de resolver algunos de ellos: 

1-. ¿Cuándo empezarán a llegar a los solicitantes de protección?

Una vez que se apruebe el reglamento que establece la cuota de refugiados [consultar en inglés, aquí] este empezará a entrar en vigor y se pondrán en marcha todos los trámites. El primer paso es que Italia, Grecia y Hungría, que son los países desde los que se transferirán solicitantes de asilo a otros Estados, notifiquen a una persona a qué país va ir con acuerdo del de acogida. Desde entonces hay dos meses para efectuar el traslado. En cualquier caso, está previsto que los 17.680 refugiados que acogerá España lleguen en los próximos dos años. 

2-. ¿Cómo se van a distribuir por España?

Ni el Ministerio de Empleo –que se encarga de la fase de acogida– ni las ONG consultadas por infoLibre conocen cómo se van a distribuir los refugiados por España. De forma habitual, la fase de acogida se desarrolla en uno de los Centros de Acogida de Refugiados (CAR) de titularidad pública ubicados en Madrid, Alcobendas (Madrid), Sevilla y Mislata (Valencia); que actualmente cuentan con 426 plazas; o a través de los centros gestionados por las ONG subvencionadas y que contaban hasta el momento con 560 plazas. El Ministerio de Empleo se coordinará en la próxima Conferencia Sectorial de Inmigración –sin fecha prevista por el momento– para determinar cómo se lleva a cabo la acogida. 

3-. ¿Cuánto cuesta acogerlos?

El coste de acoger a un solicitante de protección internacional en España es, de media, de 10.531 euros al año. Esta cifra se obtiene del cálculo que hizo el Ministerio de Hacienda sobre lo que le costaría acoger a las 2.749 personas que le asignó Bruselas en el primer reparto, según el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2016, para lo que consignó una partida de 28,95 millones de euros. Por tanto, según esta estimación, el coste acoger a las 14.931 personas propuestas por la UE ascendería a 157,2 millones de euros. Este miércoles, la Comisión de Presupuestos del Congreso aprobó por unanimidad asignar una partida extraordinaria de 200 millones de euros al Programa de Reasentamiento y Reubicación de Refugiados. 

4-. ¿Quién cubre estos gastos?

No obstante, el Gobierno no tendrá que correr solo con estos gastos. España, como el resto de Estados miembro, recibirá 6.000 euros por cada persona reubicada, con cargo al Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI). Para ello, el presupuesto de la UE proporcionará un importe adicional de 290 millones de euros en financiación específica de estos programas. Eso quiere decir que la Unión Europea asumirá casi el 60% del coste de la acogida de estas personas, pues aportará aproximadamente 90 de los alrededor de los 157 millones de euros que costaría su acogida, según los cálculos del Ejecutivo. 

5-. ¿Quién coordina el acogimiento en España?

El Ministerio del Interior, a través de la Oficina de Asilo y Refugio, es el responsable de la tramitación y las decisiones sobre las solicitudes. Esta institución es la encargada de facilitar la llamada "tarjeta roja" que garantiza la protección internacional y reconoce la condición de demandante de asilo o de protección subsidiaria. Mientras, el Ministerio de Empleo es el que se encarga de financiar los programas y servicios sociales que garantizan la cobertura de las necesidades básicas que les reconoce la ley por su condición de refugiados durante las tres fases que dura el programa de protección (acogida, integración y autonomía) en función del grado de autonomía adquirido por el beneficiario.

6-. ¿A qué prestaciones y derechos tienen derechos los demandantes de asilo?

Con la "tarjeta roja" que les proporciona Interior los refugiados pueden estar legalmente en el país y, seis meses después de haberla obtenido, acceder a un permiso de trabajo. Además, si son beneficiario de asilo pueden acceder a la nacionalidad española a los cinco años de residencia, frente a la plazo general que es de diez años. Por otro lado, los refugiados suelen estar hasta seis meses en los centros de acogida y, durante ese tiempo, se les presta alojamiento, manutención y asistencia psicosocial urgente y primaria así como ayudas monetarias [las de 2015 se pueden consultar aquí] para la cobertura de gastos personales de primera necesidad, transporte, vestuario, escolaridad... Cuando dejan los centros y si están realizando algún tipo de formación pueden acceder a otras ayudas para facilitar su autonomía que son de alrededor de 595 euros por familia de cuatro miembros.

7-. ¿Dónde han quedado las iniciativas de comunidades autónomas y ayuntamientos?

Tras la iniciativa de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de hacer una red de "ciudades refugio" para acoger a refugiados han sido decenas los ayuntamientos y comunidades autónomas que han expresado su apoyo a la idea. Madrid, por ejemplo, que destinará en los próximos presupuestos una partida de diez millones de euros para sufragar la acogida de unas 250 familias refugiadas de Siria y otras zonas de Oriente. No obstante, según explica un portavoz del Ministerio de Empleo, todavía está por ver qué papel puede jugar estas instituciones en la fase de acogida. En el último encuentro de las autonomías con la ministra Fátima Báñez, algunas de ellas criticaron la "falta de concreción" y "lentitud" del Gobierno. La ministra, sin embargo, destacó la importancia de analizar los perfiles de los refugiados que acogerá España antes de concretar su distribución para facilitar la integración,

8-. ¿En base a qué legislación ha articulado la UE el sistema de cuotas?

El artículo 78, apartado 3, del Tratado de Lisboa establece una base jurídica específica para hacer frente a las situaciones de emergencia en las fronteras exteriores de la UE. Dispone que "si uno o varios Estados miembros se enfrentan (...) a la afluencia repentina de nacionales de terceros países, el Consejo, a propuesta de la Comisión, podrá adoptar propuestas provisionales en beneficio de los Estados miembros afectados". En las circunstancias actuales, la Comisión considera que Italia y Grecia, donde entre 2013 y 2014 se registró, respectivamente, un aumento del 227% y del 153% del número de cruces irregulares de sus fronteras se encuentran en esta situación. De ahí estas medidas para reubicar en terceros países a 160.000 solicitantes manifiestamente necesitados de protección internacional. 

9-. ¿Están los Estados miembros obligados a aceptar la cuota impuesta por la UE? ¿Qué países participan en el programa de reubicación?

La mayoría de ellos, sí. No obstante, la cifra que se conoce en la actualidad es sólo una propuesta que tendrá que ser aprobada por el Consejo Europeo. Un portavoz de la Comisión Europea explica que la propuesta abarca, en principio, a todos los Estados miembros de la UE pero que Italia, Grecia y Hungría están exentos del reparto porque se consideran que han recibido gran parte de la presión de los últimos meses y años. Además, el Reino Unido e Irlanda tienen derechos de participación voluntaria en virtud de los Tratados, lo que significa que sólo participarán si quieren. Dinamarca, por su parte, tiene un derecho de exclusión voluntaria de conformidad con el Tratado, así que no participará. 

10-. ¿Qué pasa si algún país no acepta la cuota impuesta por Bruselas?

En un plazo de un mes después de que se adopte el reglamento, un Estado miembro puede alegar "razones excepcionales" para no aceptar la cuota, explica un portavoz de la Comisión Europea. Entonces, la Comisión tiene que valorar si esta excepción tiene la debida justificación. Si es así, ese país tendría que pagar el 0,002% de su PIB en concepto de solidaridad. 

Ahora, un periodista palestino ha dado la vuelta a este reto con el objetivo de denunciar las muertes y la destrucción que asolan Gaza. En el vídeo, se echa por encima un cubo de escombros y polvo, para después decir: "Aquí no tenemos agua; esto es lo que tenemos. Seguramente no encuentre agua en casa cuando vuelva para lavarme, así que si me ven cubierto de polvo en futuras conexiones, traten de perdonarme y de solidarizarse con nosotros".

El vídeo de este nuevo reto se denomina "cubo de los escombros" (Rubble Bucket), aunque también se denomina "cubo de los restos" con un hashtag insertado en la imagen (#RemainsBucket).

Personajes tan dispares como el piloto Fernando Alonso, el futbolista Iker Casillas, el músico Jon Bon Jovi o la actriz Anne Hathaway tienen algo en común: todos ellos han acabado empapados por una buena causa. Y es que ellos cuatro son tan sólo algunas de las miles de personas que se han unido en todo el mundo al Ice Bucket Challenge Ice Bucket Challenge, un fenómeno viral que surgió hace un mes en EEUU –y que se ha extendido exitosamente a otros países, como España– con el fin de recaudar fondos para investigar la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad rara que hoy en día es incurable. 

La campaña fue ideada por la Asociación de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ALSA, en sus siglas en inglés) estadounidense, y se popularizó rápidamente al ser promovida por el exjugador de béisbol Pete Frates, que padece la enfermedad. Su mecanismo es muy sencillo: consiste en que una persona se grabe tirándose encima un cubo de agua helada y suba el vídeo a las redes sociales para, acto seguido, donar diez euros para la investigación de la ELA. Además, el donante retará a tres personas a que hagan lo mismo; si ellas le imitan, deben donar otros diez euros, pero si no lo hacen en un plazo de 24 horas la suma que deben entregar asciende hasta los 100. 

En EEUU la iniciativa parece estar teniendo éxito, ya que en poco menos de un mes los promotores de la campaña han conseguido recaudar casi 80 millones de dólares con donantes tan conocidos como Bill Gates, Lady Gaga o Ben Affleck. En España también son muchísimos los personajes públicos que han subido a Internet su vídeo siendo remojados: los futbolistas Gerard Piqué y Cristiano Ronaldo, el tenista Rafa Nadal, el cantante David Bisbal o el humorista y escritor Juan Luis Cano son tan sólo algunos de los ejemplos.

No obstante, la enorme repercusión de la campaña en nuestro país –amplificada por las redes sociales– no está viéndose reflejada en las cifras económicas, ya que en su primera semana la Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica (AdELA) tan sólo ha logrado recaudar 14.000 euros, si bien su presidenta, Adriana Guevara –que el pasado martes aseguró que el éxito de la iniciativa no estaba suponiendo ingresos extra para la organización–, ha afirmado estar "contenta" por el repunte de los últimos días.

Botín y Amancio Ortega, nominados

De esta manera, si bien Guevara señalaba la semana pasada que "aunque lo importante es que la sociedad se conciencie de los peligros de la enfermedad, a la asociación no le llegan fondos porque la gente no cumple con la segunda parte de la campaña, que es donar", la presidenta ha asegurado este lunes en declaraciones a infoLibre que "últimamente han entrado muchas donaciones de famosos, como también hay muchas a nivel particular". "La campaña está teniendo mucha repercusión mediática, y eso para nosotros es importantísimo, ya que el ELA es una enfermedad casi desconocida si no la padece un familiar o un amigo", remacha Guevara.

No obstante, a raíz de esta circunstancia ha surgido otra forma de cumplir con el reto: el de aquellos que prefieren no calarse para donar los 100 euros y así seguir con la cadena. Es el caso de la diseñadora Alicia Hernández, cofundadora de la firma Dolores Promesas, que ha asegurado que prefiere "no empaparse, pero sí mojarse" y que ha nominado al banquero Emilio Botín y al empresario Amancio Ortega ya que, a su juicio, "lo importante es la recaudación para la enfermedad".

Y es que, si bien los 14.000 euros recaudados en España languidecen frente a los 79,7 millones de dólares (casi 60 millones y medio de euros) conseguidos en EEUU, sí que es cierto que en comparación con el presupuesto total de AdELA la cifra supone un impulso, ya que según su presidenta la asociación cuenta con unos fondos de unos 500.000 euros anuales. Tan sólo el 20% de estos fondos, cifra Guevara, provienen de subvenciones públicas de instituciones como el Ministerio de Sanidad o la Comunidad de Madrid, mientras que el 80% restante se nutre de aportaciones particulares y de empresas, así como del dinero que la organización consigue recaudar a través de eventos, conciertos o fiestas benéficas.

El dinero recaudado, para ayudar a enfermos y familiares

"La campaña del cubo helado simboliza cómo se queda la persona al recibir el diagnóstico", explica la presidenta de AdELA, que cifra en entre 2.800 y 3.000 las personas que padecen esta enfermedad neurodegenerativa en España. El enfermo más famoso de ELA a nivel mundial quizá sea el físico Stephen Hawking, de 72 años y que lleva desde los 21 conviviendo con la afección. No obstante, la mayoría de los pacientes no tienen tanta suerte, ya que su esperanza de vida desde que se detecta la enfermedad suele ser de tres a cinco años, en los cuáles el enfermo va perdiendo progresivamente la capacidad para realizar movimientos voluntarios a la vez que sus músculos se atrofian, si bien su capacidad intelectual y sus sentidos permanecen intactos.

Actualmente no existe ningún tipo de cura para la ELA y el único tratamiento que se conoce es el riluzol, que retrasa levemente la destrucción de las neuronas encargadas del movimiento de los músculos. En este sentido, los fondos recaudados a través de la campaña iniciada en EEUU servirán para financiar la investigación sobre la enfermedad. Sin embargo, en España el objetivo es más modesto, ya que según señala Guevara la capacidad económica de la asociación no les permite colaborar con este tipo de investigaciones, pero sí proporcionar apoyo a los enfermos y sus familias.

"Nosotros, por ejemplo, mandamos a cualquier punto de España fisioterapeutas, apoyo psicológico –que es necesario sobre todo al principio–, y también cuidadores en casos de dificultades económicas, porque es un problema que afecta a toda la familia y es una enfermedad cara", explica la presidenta de la organización. "También enviamos logopedas, porque a veces el enfermo no puede hablar y debe comunicarse con los ojos [que no son atacados por la dolencia], y por eso son necesarios sistemas alternativos para la comunicación", abunda en este sentido Guevara.

Participar en la campaña es muy sencillo: puede ingresarse el dinero en la cuenta de Bankia ES09 2038 1923 15 6200003135 con el concepto "Cubo helado" o bien realizarse la transferencia a través de Internet mediante tarjeta de crédito o Paypal.

Pido desde aquí una médula para Mateo. O, como dice su padre Eduardo, o el padre de Carla, para todos los Mateos y las Carlas del mundo.

Y lo hago, y decido que su imagen encabece esta columna semanal, consciente de que contravengo la ley pero también de que con ello voy a mover conciencias ante una medida incomprensible y altamente dañina: el primer recorte rubricado y conocido de la capacidad solidaria de los españoles.

El pasado día 9 el Boletín Oficial del Estado publicaba una orden del Ministerio de Sanidad en virtud de la cual se evitarán “llamamientos colectivos para la donación a favor de un paciente concreto”. O sea, que pedir médula para Mateo, para Juan, para Carla o para el señor Matesanz –si es que la necesitara– queda prohibido.

Otro quiebro más de la ministra de Sanidad, que es capaz de presentar un Plan Nacional de Donación de Médula Osea (noviembre 2.012) y seis meses después (abril 2.013), recortar su presupuesto en un 20% y apenas ocho meses más tarde (enero 2.014) cargarse el más eficaz de los métodos para conseguir sus objetivos. Esa misma Ana Mato que arrebata el derecho a la Sanidad a los parados que cometan la osadía de salir a buscarse la vida y estar fuera de España más de tres meses. Un primor de coherencia política y generosidad.

La donación en España es universal y anónima, de modo que cuando una persona dona un órgano, sangre o una médula, no lo hace expresamente para otra salvo en casos de relación parental; por ejemplo, un hermano histocompatible con un enfermo de leucemia que le dona la médula. Pero esa realidad ha sido hasta ahora compatible con la existencia de llamamientos o campañas individuales que consiguen concitar solidaridades y movilizar voluntades y conciencias.

Desde la publicación de la orden de Sanidad no se podrá realizar ese tipo de campañas.

Mateo lleva tiempo recorriendo los medios de comunicación y las redes sociales. Hoy se agota ya ese cartucho como se agota también su fuerza. Pues bien, ya no se puede pedir solidaridad para él, aunque esa solidaridad vaya a beneficiar a muchos otros. Si alguien quiere una movilización por un caso concreto deberá acudir a la Organización Nacional de Trasplantes del doctor Rafael Matesanz.

Según la ONT, la medida pretende evitar que empresas privadas como los bancos de médula hagan campañas de captación en beneficio propio. Ahí estamos de acuerdo: creo en la donación universal, en la solidaridad que se extiende a todos, por encima del negocio privado o la generosidad sólo para los amigos. Pero adoptar una determinación tan drástica, dejar al arbitrio de la propia ONT qué se pide públicamente y qué no, como hace la orden de Sanidad, va a extender el daño mucho más allá de las empresas que comercian con la salud. Y al contrario de lo que dice Matesanz no va en beneficio del altruismo: acaba con él.

Tengo respeto al doctor Rafael Matesanz. La última vez que tuve oportunidad de charlar con él fue en el Hotel de la Reconquista, en Oviedo, cuando acababa de recibir su Premio Príncipe de Asturias. Le volví a confesar mi admiración y elogié ante los presentes la magnífica labor que ha realizado en España al frente de la Organización Nacional de Trasplantes que ha permitido que el nuestro sea, en este ámbito solidario, una indiscutible potencia mundial. Pero ahora se ha metido en un jardín.

Sostiene Matesanz, para justificar esta medida que ha impulsado su organización y que le convierte en árbitro supremo y casi absoluto del territorio de la donación en España, que en realidad tampoco se consiguen tantos donantes universales por esas campañas, y que mucha gente se echa atrás cuando se da cuenta de que su donación no va a ir al destino concreto que se pide. Pero lo dice sin fundamento técnico o científico alguno. Como eso de que nunca una campaña consiguió un donante concreto: claro, porque no sólo se plantean de forma individual.

Quienes estamos en organizaciones que impulsan y gestionan la solidaridad ciudadana en materia de sanidad (formo parte del patronato de la Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer) sabemos muy bien que las campañas de solidaridad que arrancan de una persona concreta son mucho más eficaces y movilizadoras que las generales que se realizan en abstracto. Cualquier estudiante de primero de Comunicación sabe que personalizar las historias les da un brío y una fuerza de los que carece la generalización. Pero además, las ONGs comprobamos cada vez que se hace un llamamiento particular cómo aumenta considerablemente la movilización en torno al problema que sufre su protagonista con una intensidad que trasciende el ámbito individual.

Es verdad que la gente quiere donar médula para Mateo, y puedo conceder que algunos ciudadanos cambien de opinión al no tener la certeza de que será para él, pero son tantas las conciencias que se mueven y tanta la gente que activa su músculo solidario que cualquier llamamiento rebasa con mucho la frontera del caso concreto. Lamentablemente no dispongo de cifras sobre ese particular, más allá de la certeza de mi propia experiencia. Pero del mismo modo, tampoco las tiene Matesanz para ponerlo en cuestión; y, francamente, no le veo yo mucho a pie de calle. Son, me temo, excusas de mal pagador.

¿Dónde está el fondo del asunto? ¿Cuál es la razón para este inesperado recorte de solidaridad?. Dos se me ocurren. La primera, el deseo personal y quien sabe si político, de controlar este eficaz territorio de la sanidad. La segunda, un intento escasamente sutil de ocultar la propia incapacidad de la administración para gobernar adecuadamente la poderosa marea solidaria. Dicho de otro modo, Sanidad y Matesanz, que saben de las dificultades crecientes para gestionar las donaciones por la falta de personal y de medios, han decidido cortar por lo insano, cerrar la puerta de la solidaridad para que su fuerza no evidencie lo que están destruyendo los recortes.

Hay que reducir la solidaridad no sea que se vuelva contra el gobierno. Y se decide y se hace aunque se ponga en riesgo la vida de todos los Mateos que hay, ha habido y habrá.

En tan solo 24 horas, miles de personas han compartido la petición con sus allegados y amigos, mientras que deportistas y otras caras conocidas de este país también animan a hacerse donante. Es el lado más humano de las redes sociales.

Las agencias de Naciones Unidas que ayudan a la población civil siria han advertido este viernes de que "están en la ruina" y son incapaces de responder al alarmante crecimiento de las necesidades de los afectados. Los diferentes portavoces de las agencias han recordado al unísono la escasa voluntad demostrada hasta el momento por los donantes internacionales a la hora de proporcionar ayuda económica, que a día de hoy apenas llega a un 30% de la cantidad comprometida inicialmente.

"Las necesidades de los sirios están creciendo de manera exponencial y nosotros estamos en la ruina", ha declarado la portavoz del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Marixie Mercado, durante la comparecencia conjunta realizada en Ginebra, en la que se ha destacado que la cifra de refugiados sirios es de 1.250.000, un 10% más del número anticipado para el próximo mes de junio.

"Desde principios de año, más de 2.000 refugiados han entrado en Jordania todos los días. Esperamos que esta cifra se duplique en julio y se triplique para diciembre. Para esa fecha, Jordania podría albergar a un número de refugiados equivalente a la quinta parte de su población" ha advertido. "Ha llegado muy poco dinero. Estamos haciendo mucho, estamos consiguiendo una enorme cantidad de cosas, pero las necesidades que hay que cubrir son extraordinarias, y están creciendo todos los días", ha afirmado Marixie Mercado.

Hasta el momento, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), solo ha recibido 124 millones de euros, una tercera parte de los 379 comprometidos para la primera mitad de este año. Los principales donantes son Estados Unidos, la Unión Europea y Japón. La ayuda humanitaria aportada por España ascendió el pasado año a 1,7 millones y está previsto que destine tres más en 2013. China solo ha donado un millón de dólares, y Rusia, que hasta ahora era uno de los pocos países que no había contribuido, ha aprobado hoy que realizará su primera donación de un millón de dólares en escasos días.

Pero los problemas no acaban ahí. Las organizaciones humanitarias tienen cada vez más problemas para llegar a los necesitados en Siria debido a la creciente violencia que vive el país, según han denunciado recientemente desde el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas (ONU). Esta organización ha reclamado a todas las fuerzas beligerantes que faciliten el acceso a los miembros de las organizaciones humanitarias.

Según el PMA, en marzo se prestó ayuda a casi dos millones de personas en 14 provincias sirias. Sin embargo, hay problemas en las inmediaciones de Damasco, Kuneitra, Deraa, Deir as Saur y en regiones del Norte del país, sobre todo en Aleppo e Idlib. Los almacenes y camiones se ven afectados cada vez más por el fuego cruzado. En marzo, por ejemplo, tres camiones con alimentos para 17.000 personas fueron retenidos por un grupo armado en la provincia de Deir as Saur.